Condena del ataque a una escuela por el ejército de Myanmar

El Secretario General de la ONU, António Guterres, critica los ataques aéreos contra Let Yet Kone, que la junta militar afirma estaban dirigidos a rebeldes escondidos en la zona.

Al menos 11 escolares han muerto tras un ataque aéreo contra una aldea en Myanmar, según la agencia de Naciones Unidas para la infancia, en lo que podría ser el ataque más mortífero contra menores desde que la junta militar tomó el poder el año pasado.

El Secretario General de la ONU, António Guterres condenó el ataque el martes, según su oficina, que afirmó que el número de víctimas mortales se había elevado a al menos 13 personas fallecidas, incluyendo a los 11 niños cuya escuela fue atacada.

El país del sudeste asiático está sumido en el caos desde que los militares tomaron el poder en un golpe de estado en febrero de 2021, con cerca de 2.300 civiles asesinados en la represión de la disidencia, según un grupo local de monitoreo. La junta afirma que el ataque mortal del viernes tenía como objetivo a rebeldes escondidos en la zona.

La región de Sagaing, en el noroeste del país, ha experimentado algunos de los combates más intensos, y los enfrentamientos entre combatientes antigolpistas y los militares han provocado la destrucción de pueblos enteros.

La agencia de la ONU para la infancia, UNICEF, condenó la violencia del viernes en el municipio de Depeyin, en Sagaing.

«El 16 de septiembre, al menos 11 menores murieron en un ataque aéreo y por fuego indiscriminado en zonas civiles», informó UNICEF en un comunicado emitido el lunes.

Añadió que las escuelas deben ser seguras y nunca deben ser un objetivo.

«Al menos 15 menores de la misma escuela siguen desaparecidos», dijo UNICEF, pidiendo su inmediata y segura liberación.

Guterres, que el martes recibía a los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, «condena enérgicamente los ataques de las fuerzas del ejército de Myanmar contra una escuela en Let Yet Kone» y ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas, informó en un comunicado su portavoz Stéphane Dujarric.

Este tipo de ataques a escuelas, que contravienen el derecho internacional humanitario, constituyen «graves violaciones contra la infancia en tiempos de conflicto armado que el Consejo de Seguridad condena de forma enérgica», declaró la portavoz de Guterres, quien pidió que los autores rindieran cuentas.

Un video obtenido de un grupo comunitario local muestra un aula con sangre en el suelo, daños en el techo y una madre llorando sobre el cadáver de su hijo.

La junta militar dijo que había enviado tropas en helicópteros a Let Yet Kone tras recibir un aviso de que combatientes de un grupo rebelde de las minorías étnicas, el Ejército para la Independencia Kachin (KIA, por sus siglas en inglés), y una milicia antigolpista local estaban transportando armamento en la zona.

El ejército acusó a la resistencia rebelde de utilizar a civiles como escudos humanos, y dijo que había incautado minas y explosivos en la aldea.

«Los miembros de seguridad dieron el tratamiento médico necesario y se encargaron de enviar a los pacientes a un hospital cercano», dijo el ejército en un comunicado.

El portavoz de la junta, Zaw Min Tun, acusó el martes al KIA de llevar a la población local a un monasterio y disparar desde allí a las tropas.

Una persona de la aldea contactada por la Agencia France Press rechazó las insinuaciones de los militares de que había combatientes en la zona.

«Acaban de atacar la escuela. Dicen que alguien les atacó y que luego se defendieron, pero eso no es cierto», dijo, hablando bajo condición de anonimato por su propia seguridad.

También comentó que los militares se habían llevado algunos de los cuerpos y detenido a varias personas, entre ellas menores y profesores.

El director regional de Save the Children en Asia, Hassan Noor, señaló que nunca se debe atacar escuelas durante conflictos.

«¿Cuántos incidentes más como éste tienen que producirse para que se tomen medidas?» pregunta Noor, instando al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) a tomar medidas con rapidez.

Hasta el momento, los esfuerzos diplomáticos de la ASEAN han sido infructuosos para resolver la crisis de Myanmar. Los líderes de la agrupación regional se reunirán en Phnom Penh en noviembre.

Fuente original en inglés: https://www.theguardian.com/world/2022/sep/21/myanmar-junta-attack-on-school-condemned-as-child-death-toll-rises-to-11

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Condenan a dos mujeres periodistas en Bielorrusia por cobertura de protestas contra Lukashenko

Las mujeres fueron detenidas en noviembre luego de filmar la violenta represión policial de una manifestación en homenaje a un activista de oposición asesinado unos días antes.

Dos periodistas bielorrusas fueron condenadas este jueves (18.02.2021) a dos años de prisión, acusadas de haber incitado incidentes durante su cobertura del movimiento de protesta de 2020 en el país, una nueva muestra de la represión orquestada por el régimen.

Apoyado por Rusia, el presidente Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994, se ha esforzado por frenar este movimiento histórico, a pesar de las condenas y sanciones internacionales.

Daria Shultsova y Katerina Bakhvalova, corresponsales del canal de televisión opositor Belsat, con sede en Polonia, fueron detenidas por la policía antidisturbios el 15 de noviembre en un apartamento desde el que acababan de filmar la violenta dispersión de una manifestación en homenaje al activista de la oposición Roman Bodarenko, asesinado unos días antes.

Todas las figuras de la oposición están encarceladas o en el exilio en Bielorrusia y miles de manifestantes han sido detenidosTodas las figuras de la oposición están encarceladas o en el exilio en Bielorrusia y miles de manifestantes han sido detenidos

«Mostré estos hechos y me meten en la cárcel por ello, inventando acusaciones», dijo Bakhvalova el miércoles en su última intervención antes de que el tribunal se retirara a deliberar.

La fiscalía acusaba a las dos periodistas de haber incitado a la población a manifestar de manera ilegal a través de su reportaje, lo que «atentó de manera grave contra el orden público». Las dos mujeres se declararon inocentes y se consideran víctimas de la represión del régimen bielorruso.

Lukashenko enfrentó protestas sin precedentes por meses, que fueron reprimidas y reducidas al silencio a fuerza de detenciones y violencia policial, con testimonios coincidentes de torturas.

Todas las figuras de la oposición están encarceladas o en el exilio y miles de manifestantes fueron detenidos.

Fuente: https://www.dw.com/es/condenan-a-dos-mujeres-periodistas-en-bielorrusia-por-cobertura-de-protestas-contra-lukashenko/a-56612351

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Bahréin: Los derechos humanos al borde de la crisis

Bahréin/Enero de 2017/Fuente: Amnistía Internacional

Las autoridades de Bahréin deben conmutar inmediatamente las condenas a muerte impuestas a dos hombres que corren riesgo inminente de ejecución, ha declarado hoy Amnistía Internacional, advirtiendo de que la dura respuesta a las protestas contra tres ejecuciones llevadas a cabo mediante pelotón de fusilamiento el 15 de enero podría sumir al país en una crisis de derechos humanos.

Amnistía Internacional insta a las autoridades bahreiníes a que conmuten inmediatamente las condenas a muerte de Mohamad Ramadhan y Husain Ali Moosa, impuestas en diciembre de 2014 tras un atentado con explosivos cometido en febrero de ese año en el pueblo de Al Deir en el que murió un policía. Ninguno de los condenados tuvo acceso a un abogado durante su interrogatorio. Mohamed Ramadhan dijo que los interrogadores del Departamento de Investigación Criminal lo habían sometido a incomunicación y le habían infligido golpes y descargas eléctricas en un infructuoso intento de obtener una confesión forzada. Hussain Ali Moosa afirmó, por su parte, que su “confesión”, en la que incriminaba a Mohamed Ramadhan, fue obtenida tras colgarlo del techo por las extremidades y golpearlo reiteradamente durante varios días. La fiscalía general de Bahréin rechazó las denuncias de tortura sin ordenar una investigación, y la “confesión” de Hussain Ali Moosa se utilizó para declarar culpables a ambos hombres.

“Además de conmutar estas condenas a muerte, las autoridades de Bahréin deben decretar inmediatamente una moratoria oficial de las ejecuciones. La pena de muerte es el castigo cruel e inhumano por antonomasia, y no tiene cabida en un país que afirma estar comprometido con los derechos humanos”, declaró Lynn Maalouf, directora adjunta de Investigación en la oficina regional de Beirut de Amnistía Internacional.

Las autoridades de Bahréin deben asimismo adoptar medidas inmediatas para impedir que el país quede sumido en una crisis de derechos humanos después de las protestas desencadenadas por la ejecución de tres hombres mediante fusilamiento el 15 de enero. Las autoridades han respondido con el uso de fuerza excesiva y la imposición de restricciones arbitrarias crecientes a los medios de comunicación, ha declarado hoy Amnistía Internacional. La organización ha advertido también de que otros dos condenados a la pena capital,Mohamed Ramadhan Issa Ali Hussain y Hussain Ali Moosa Hussain Mohamed, corren asimismo riesgo inminente de ser ejecutados.

“Bahréin está en plena ebullición. Los centenares de bahreiníes que han salido a la calle a protestar por estas escandalosas ejecuciones, que se llevaron a cabo en medio de denuncias de tortura y después de juicios injustos, se han encontrado con el uso excesivo de la fuerza de las fuerzas de seguridad, así como con la escalada de las medidas de represión en curso contra la libertad de expresión”, prosiguió Lynn Maalouf.

“Instamos a las autoridades de Bahréin a que respeten el derecho de reunión pacífica y a que ordenen a las fuerzas de seguridad que se abstengan del uso de fuerza excesiva contra los manifestantes. El uso arbitrario y abusivo de la fuerza por la policía y las medidas draconianas contra la libertad de expresión sólo agravarán un deterioro ya peligroso de la situación de los derechos humanos.”

Centenares de personas salieron a la calle para protestar por las ejecuciones el 15 de enero de Ali Abdulshaheed al Sankis, Sami Mirza Mshaima y Abbas Jamil Taher Mhammad al Samea, condenados en un juicio injusto en relación con la muerte en marzo de 2014 de tres policías.

Testigos presenciales de Bahréin dijeron a Amnistía Internacional que aunque algunas de las protestas habían sido pacíficas, otras se tornaron violentas. Las mayores protestas estallaron en Sanabis, localidad natal de los tres ejecutados, y fueron seguidas de grandes protestas en los pueblos de Duraz, Sitra y Al Daih, a las que respondieron las fuerzas de seguridad con el uso de gas lacrimógeno y escopetas de perdigones. Testigos presenciales dijeron a Amnistía Internacional que habían visto a agentes de seguridad en Sanabis lanzando gas lacrimógeno directamente a los manifestantes, causando heridos. En Duraz, numerosos manifestantes resultaron heridos por los perdigones de las fuerzas de seguridad.

Un testigo presencial dijo a Amnistía Internacional que los agentes amenazaron a los manifestantes con “ejecutarlos como a los tres hombres”. Al menos dos policías y decenas de manifestantes resultaron asimismo heridos en los enfrentamientos, y se incendió un edificio municipal de Shamalia, al sur de la capital, Manama.

Munir Mshaima, hermano de Sami Mshaima, uno de los tres ejecutados, fue detenido junto al cementerio de Al Mahouz inmediatamente después del funeral de su hermano e interrogado por “insultar al rey” durante la ceremonia. Quedó en libertad al día siguiente.

El 16 de enero, el Ministerio de Información ordenó la suspensión de la edición en Internet del periódico independiente Al Wasat debido a sus “reiteradas emisiones incitando a la discordia en la sociedad y al espíritu de sedición, perturbación de la unidad nacional que afecta a la paz pública.”

Información complementaria

Las autoridades de Bahréin intensificaron su represión de la libertad de expresión y de asociación en 2016. Encarcelaron al destacado defensor de los derechos humanos Nabeel Rajab y disolvieron el principal partido de oposición, Al Wefaq, cuyo secretario general, Sheikh Ali Salman fue condenado a nueve años de prisión y a cuyo líder espiritual Sheikh Issa Qassem le fue retirada arbitrariamente la nacionalidad.

El Tribunal de Casación de Bahréin confirmó el 9 de enero las condenas a muerte de Ali Abdulshaheed al Sankis, Sami Mirza Mshaima y Abbas Jamil Taher Mhammad al Samea. Asimismo, confirmó las condenas a cadena perpetua de otros siete hombres y la revocación de la nacionalidad de ocho de ellos. Los 10 habían sido declarados culpables, en un juicio injusto, del homicidio de tres policías acaecido en marzo de 2014.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida.

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/01/bahrain-human-rights-on-the-brink-of-crisis/

Imagen: https://www.protocolo.org/paises/asia/bahrein/

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