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La educación pública universitaria en estado de coma

Colombia / 21 de octubre de 2018 / Autor: Miguel A. Herrera Zgaib / Fuente: Radio Macondo

En este último año, 2018, se incrementó la letanía de la Ley 30 de 1992, que estableció las bases para el estatuto que rige la educación superior en Colombia. Ley que volvió a la liza política, una vez que los estudiantes colombianos, organizados en la Mane impidieron la contra-reforma educativa, pero no tuvieron la fuerza y el consenso suficiente para darle curso, vía Congreso, a una reforma progresista a dicho estatuto.

Este estatuto ya había revelado un diseño financiero inapropiado, en materia de presupuesto para la educación superior, cuando estableció que el incremento de la financiación estatal quedaba atado al incremento anual del IPC, mientras que a partir de 1993, al mismo tiempo se producía un incremento exponencial en la demanda de estudiantes al Sistema Universitario Estatal, SUE, sin que los recursos tuvieran un aumento siquiera proporcional a la nueva población estudiantil in crescendo.

La ley 32 decía corresponder a los primeros años de la reforma del Estado autoritario y excluyente que fue creado en 1886, el que después de guerras intestinas, dirigidas por los señores de la tierra, se reproducía, con poquísimas reformas; ninguna apta para romperle el espinazo a los privilegios socio-económicos celosamente mantenidos desde la colonia por una intelectualidad en su gran mayoría obsecuente y sumisa.

Todo esto a pesar de lo sostenido por Darío Echandía, cancerbero de la reforma del 36, durante los años dorados de “la revolución en marcha” de Alfonso López Pumarejo, un avezado centenarista a quien la Nacional rinde homenaje en un espacio rebautizado con su nombre, que hace parte de las que fueran las residencias Uriel Gutiérrez, cuya parte posterior colapsó hace varios años, disimulada por un improvisado corral de latas de zinc.

Este grotesco cercamiento simboliza bien el abandono presupuestal de la principal universidad de la nación, que empezó llamándose Central, de acuerdo con la Ley de 18 de marzo de 1826, junto a su otras dos hermanas en el fugaz tiempo de la Gran Colombia, la de Quito y de Caracas, que aún conservan el nombre original que le dieron los próceres masones e ilustrados, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, removido de la plaza central de la Ciudad Blanca, para rebautizarla como Ché hasta nuestros días.

La joya de la corona de la educación pública, bajo el cobijo de la sentencia latina “omnium potentior est sapientia”, esto es, que “la sabiduría todo lo puede”, por el contrario, ha estado sometida por largos años a una sequía presupuestal regada por un rosario impenitente, despiadado de años de desidia y olvido gubernamental, que la tienen en literal estado de coma, jugándose sus restos.

Tal abandono y postración se encuentran probados de sobra, hasta el absurdo, para todo el que haga la experiencia de recorrer sus vías, principales y adyacentes, para descubrir con estupor, que la Nacho, como le decimos cariñosamente, es un “fractal negativo”, que copia la situación de la ciudad capital que la aloja.

Este recorrido digno de un camino de herradura, hasta la fecha no lo hizo, ni el atento presidente de Colombia, Iván Duque, formado en el exterior, bajo el generoso cobijo del BID, que paga en parte la riqueza social colombiana, y mucho menos la actual ministra de educación, María Victoria Angulo, salida de las canteras de la administración distrital.

Sin embargo, en el papel, y para la Ley que rige el gobierno antidemocrático de la Universidad Nacional, el presidente es quien encabeza el CSU, la instancia máxima del gobierno universitario, donde el (a) ministr@ del ramo, lo reemplaza casi de manera inveterada.

La saga incumplida de la igualdad social

La educación pública superior era, y pretende seguir siéndolo una de las ventanas para la promoción del principio liberal de la “igualdad de oportunidades”, tantas veces negado en la práctica, que primero exige para su materialización igualdad de condiciones básicas en términos de vida, condiciones que nunca ha ofrecido la maltrecha república nacida en 1819. Para el año 1993, los privilegiados, porque accedían a los pregrados, eran 159.218, que para el año 2016, ascendieron a 611.800.

Entonces, el presupuesto asignado a las universidades públicas era de 1,72 billones, mientras que para el 2016 se incrementó en 2,93 billones, cuando con una operación simple queda claro que la población estudiantil se triplico en 23 años, el presupuesto para la educación superior ni siquiera alcanzó a duplicarse. Un estudiante en 1992, recibía en promedio $10.825.890, mientras que uno que estudiaba en 2016, apenas le correspondía $ 4.785.338.

Tal y como lo recordó en una conversación histórica, Estanislao Zuleta hablándole a la guerrillerada de clase media y popular, al M-19 reunido en las montañas del Cauca, que preparaba con optimismo el frustrado diálogo nacional de aquel entonces, que la democracia requiere condiciones que la Colombia ni tiene ni obtiene.

Este aserto, la gran brecha de la desigualdad social, no sólo persiste, sino que se amplía. Lo recordó con cifras actualizadas el pasado martes, Alicia Puyana, economista formada en Praga, en interlocución directa con Ota Sick, y en Oxford, en las líneas principales, más sustanciosas, del discurso de aceptación de su ingreso como miembro de número de la Academia Colombiana de Economistas.

Esta realidad se reafirmó en la respuesta que le dio la otra académica, Consuelo Ahumada, para corroborar su decir, a la vez que resaltaba el tremendo drama de las minorías étnicas, que, en número superior a dos millones, prueban que la igualdad social es un “trágico sueño guajiro”.

Es lo que se establece 27 años después de que se inauguró el nuevo orden con optimismo circunspecto de los subalternos, de los trabajadores, de los pobres, de los excluidos, de la insurgencia subalterna. Era el promisorio debut de la nueva estructura constitucional sancionada en 1991, cuya arquitectura normativa definía al orden político de Colombia como un estado social de derecho, con una explícita participación ciudadana, y la protección efectiva de los derechos humanos fundamentales, que han hecho célebres millones de veces el socorrido derecho de amparo, la célebre tutela que por estos días quería suprimirse de un plumazo.

A la muerte de la Constitución de 1886, longeva hasta más no poder, en beneficio de los privilegios decimonónicos del bipartidismo forjado al calor de heroísmo y cálculo de los “patricios” que hicieron la guerra de independencia, al frente de sus peones, el ponente de la Ley 30 era el senador Ricardo Mosquera Mesa, probado antes como rector de la Nacional al final de la segunda mitad de la década del 80.

Ahora, en la crisis más severa en la existencia de la Universidad Nacional, de modo paradójico, le toca liderar su salvación en articulo mortis a una rectora, Dolly Montoya, esposa del rector citado, quien fuera activista estudiantil en el año 1971, como ella misma lo ha recordado, cuando enfrentaba la imposición del modelo Atcon, de reforma universitaria, y la financiación injerencista de los Estados Unidos.

Tal reforma, como la reforma agraria eran parte de la prueba dizque de la Alianza para el Progreso, apuntalada a comienzos de los años 60, por la visita de la pareja destruida por los tristes augurios del reino de Camelot. Aquella vez el anfitrión fue Alberto Lleras Camargo, primer secretario de la OEA, el denominado ministerio de colonias del hegemón estadounidense.

La reforma de la Nacho era prenda de garantía para espantar el fantasma del comunismo, cuya tormenta ya había barrido a la vecina Isla de Cuba, donde pronto se estableció la educación pública gratuita, y se alfabetizó a millones de analfabetos, a pocas millas, con brigadas de voluntarios movilizados de la ciudad al campo.

De la consulta anticorrupción a la defensa de la universidad pública

Cuando el nuevo orden de la participación, cuando la democracia, cuando la paz están detenidos, cuando no corrompido el orden constitucional de 1991, por el repetido incumplimiento de la promesa de promover de manera inmediata que la igualdad sea real y efectiva, y en cambio hacer la guerra de exterminio interno de insurgentes y disidentes, el conjunto de los colombianos, y de modo particular, las minorías, cada vez más excluidas, explotadas y oprimidas, se toman las calles a través del estudiantado universitario, y los demás grupos subalternos.

Unos y otros desfilaron, como multitud abigarrada, sin desmanes el pasado miércoles, en las grandes capitales, Bogotá y Medellín, y en las otras superando de acuerdo a cálculos conservadores el medio millón de personas. Todos reclaman el futuro en términos de presente a cumplirse, sin tretas ni engaños.

Así, los jóvenes de Colombia han tomado, cuando no arrebatado simbólicamente, cuando más lo necesita, la batuta de la mano de los mayores, expectantes ante el triunfo electoral de la reacción, la derecha y los tibios en sordina, pegados como lapa a las vetustas fórmulas bipartidistas ampliadas, que, en la sesión de la cámara, con los rectores a borde, apenas tuvo en el coro de representantes a 8 de ellos.

Estas minorías del país político siguen saboteando el tránsito de toda la nación envilecida y desplazada, por millones, de la guerra civil interna, regionalizada a la paz incluyente con las reformas exigidas. Prueba fehaciente de ello fue la actitud del presidente del senado, Macías, del CD, cabeza del bloque reaccionario, hoy dominante, quien descalificó la intervención de la estudiante Jennifer Pedraza, representante al CSU de la Universidad Nacional, para sabotear y cortar su intervención, durante el mismo día en que algo más de 50.000 personas llenaban las principales vías, y copaban la plaza de Bolívar.

El actual presidente y sus coequiperos, de manera descarada, vienen aplazando el avance real de los acuerdos propios de una paz incluyente, porque la paz de Santos, con todo, quedó encerrada en los postulados neoliberales, que le señalaron una suerte de muerte prematura a éstos, y a la educación pública superior, desangrando sus presupuestos; aplicándole el préstamo gota a gota.

En la comisión del presupuesto actual, la senadora Aída Abella se enteró que los anunciados $500.000 millones para la educación superior no serían ejecutados, entregados para la vigencia presente de 2018, donde las universidades públicas están estranguladas, empezando por la Universidad Nacional. El plan era que esto ocurriera para el año 2019, y con una orla de exigencias múltiples para su desembolso.

La denuncia pública de la senadora electa por la lista de la decencia, sobreviviente de la masacre de la UP, y sobre todo, la multitudinaria presencia estudiantil en las calles, hicieron que al día siguiente el gobierno de Duque/Uribe cambiara los planes y anunciara que dicha partida, sin afectar el presupuesto tendrá ejecución inmediata.

Hoy, más que nunca con el estudiantado movilizado quedó más que claro, que los acuerdos de paz de La Habana, en sus más de 400 páginas guardaron silencio sobre la suerte del SUE, y la educación pública estatal, porque en ellos no tuvo la comunidad universitaria una vocería real, una representación en las negociaciones.

Todo lo cual prueba que la disputa hegemónica de los subalternos, sociales e insurgentes, adolecía para entonces de una propuesta que encare el agujero negro de la reforma intelectual y moral, de la que es pieza maestra la reforma educativa integra, herencia abandonada, por una modernidad contrahecha como la de Colombia, “conducida” casi sin excepción por una intelectualidad cosmopolita, separada de los grupos y clases subalternas, con notables excepciones.

Saldando una deuda histórica

Tal divorcio histórico, entre intelectuales y pueblo que Jorge E. Gaitán, advirtió para los tiempos de la generación de los nuevos, se mantiene. A él han respondido los herederos del grito de Córdoba de 1918, cuando organizaron el paro nacional universitario del año 1971, que acordó un Plan Mínimo.

Era la respuesta a la reforma Patiño, que no pocos alaban, porque aclimató en últimas la universidad de entonces a los imperativos de la modernización capitalista, como antídoto al socialismo triunfante en la Cuba de entonces.

De nuevo, en 2011, el estudiantado en lucha recogió y amplió con lucidez las banderas de 1971, pero sucumbió ante un Congreso reaccionario, que impidió la prosperidad de una reforma progresiva de la Ley 30 de 1992, a la cual respondieron en el clímax del movimiento con un proyecto que quedó sepultado en los cajones del Congreso entonces controlado por el bloque en el poder del reformista neoliberal, Juan Manuel Santos.

Esta contra-reforma siguió, sin embargo, avanzando, a través de la asfixia al presupuesto de las universidades públicas, drenándolas con el “invento” del programa “ser pilo paga”, que utilizó a los pobres inteligentes y aprovechados, en número superior a 40.000, para subsidiar groseramente a la universidad privada de elite.

Ahora, siete años después, con renovadas banderas, y dos organizaciones estudiantiles nacionales, animadas por dos proyectos políticos de signo diverso, la responsabilidad con la reforma y la salvación de la universidad colombiana, experimentan su prueba de fuego en público y en privado.

En la plaza pública, ante una imponente movilización, se dieron dos indicios contraproducentes, el intento de impedir la intervención de Jennifer Pedraza, militante del proyecto organizativo de la OCE, del que es animador político el PDA/MOIR. Ella hablaba en nombre del estudiantado como representante electa ante el CSU, de la U. Nacional.

El segundo fue la censura, a posteriori, de la participación de Gustavo Petro, el candidato presidencial de la oposición, senador comprometido con la causa de la educación pública; a la que se sumó la imposibilidad que interviniera la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, que apenas le fue permitido subir a la tarima.

Después de la movilización del 10 de octubre, las 32 universidades están deliberando, y más de 10 han decretado como resultado, un paro hasta el 21 de octubre, al ser notificados de los $500.000 millones que entregará el gobierno nacional para paliar la crisis, cuando el funcionamiento de las universidades públicas requiere $ 4,5 billones para el año 2019.

Todas las universidades en paro, o en asamblea permanente han convocado a una mega manifestación nacional para el 17 de octubre. Las direcciones del movimiento estudiantil, y en particular, dos, la UNES, y la ACRES, tienen que rescatar la pluralidad, y corregir los errores del inmediato pasado, ahora cuando han vuelto a la calle con cientos de miles de estudiantes, profesores y padres de familia. Ellos que encarnan, la parte de los sin parte, tienen que convocar con el ejemplo, sin exclusiones.

Para mostrar la madurez del conjunto del movimiento estudiantil, y el empuje de la democracia subalterna. Y convencer a la gran mayoría de la nación que los respalda como respuesta a su efectiva pedagogía ciudadana, azotada como está, por demás, por las afujías producto la crisis del modelo minero energético y agro-exportador impuesto por la vulgata neoliberal.

El curso de este y los siguientes días nos probarán a todos si la intelectualidad joven corrige con audacia e ingenio propositivo el mundo de los mayores, y que está preparada para hacer las reformas urgentes, así como para convocar, si la negativa gubernamental se empecina en quemarle billones a la guerra, en vez de invertirlos en desmontar la desigualdad social, a una Constituyente Educativa.

Ella será el portal de entrada a la Constituyente Social que le de concreción a los acuerdos de paz, que la reacción y la derecha quieren “festinarse” impunemente, como si la nación colombiana aguantara otra guerra. Mientras hacen sonar en contravía de la paz los tambores a somatén.

Fuente del Artículo:

https://www.radiomacondo.fm/columna/la-educacion-publica-universitaria-en-estado-de-coma/

ove/mahv

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Educación, una fábrica de destilación social

Por Jose Darwin Lenis Mejía 

Históricamente el sistema educativo colombiano ha operado de forma similar a como funciona un sistema industrial de destilación por goteo, donde  gota a gota un producto líquido pasa por una serie de etapas o filtros de diferentes características hasta lograr la calidad requerida por el fabricante. En Colombia, el proceso educativo tiene el mismo propósito, actúa como destilador del conocimiento y por consiguiente margina principalmente a los estudiantes más vulnerables, aquellos que no cuentan con las condiciones mínimas para estudiar y que terminan por distintas situaciones en fracaso escolar al desertar de la escuela o no lograr adquirir las competencias académicas exigidas en el estándar internacional orientado por la banca mundial a través de la OCDE.

Desde la misma oferta en, programas, costos, pruebas, horarios y otras condiciones el sistema depura y excluye a los más pobres. Separando continuamente competentes, de incompetentes, hasta dejar para el final, los más refinados, cualificados y eficientes. Dicho de otra forma, el sistema escolar colombiano dispone intencionalmente los mejores ambientes, contextos y circunstancias solo para quienes tienen el medio socio económico de acceso a una educación de calidad previamente determinada. Hacer parte de esta calidad educativa, es un exclusivo privilegio de un poco más del 4% de la población que en Colombia llega según DANE a casi 49,5 millones de habitantes.

Al revisar críticamente la organización y las realidades educativas en el país, se ve claramente como en los primeros años de estudios el número de estudiantes matriculados es alto, mientras al entrar al bachillerato la permanencia disminuye drásticamente. Cifras de Mineducación reportan un porcentaje de retención en primaria del 96%, mientras que en secundaria apenas alcanza el 67%. Es decir,  en la primaria el filtro es generoso, opera en forma de zaranda con agujeros grandes donde todo pasa y poco se queda. Ya en la educación básica secundaria y la media se instalan una serie de dispositivos “purificantes” que poco a poco como coladores más sensibles seleccionan mejor las competencias de estudiantes que van a estudios superiores, van a trabajar, o simplemente ni trabajaran, ni estudiaran. Peor aún es en la educación superior, la situación de deserción universitaria y postgradual es aterradora.

En este nivel el colador o tamiz es mucho más refinado, selectivo y desagregador porque filtra hasta los más finos detalles educativos, intensificándose la exclusión basada en los conceptos “excelencia y calidad educativa” entendidos desde las competencias específicas de saber hacer, saber conocer, saber expresar y saber ser con las cuales el grupo seleccionado puede acceder a un mayor capital cultural en bienes y servicios. Según el SPADIES 2016, la tasa de deserción universitaria es de 46,1%  cuyo factor principal radica en las bajas competencias académicas, en aspectos tales como leer comprensivamente, argumentar, escribir, inferir, analizar, interpretar, estimar, proponer o pensar críticamente. Criterios que, para quienes los apropian  definen a posteriori un mayor estatus en calidad de vida, empleabilidad, recreación o garantías en derechos humanos y sociales.

Comparativamente la tasa de desempleo de egresados universitario esta cerca del 20%, mientras para toda la población según DANE, hoy el desempleo llega a 9,1%. Claro está, que aquí se incluyen como empleados los trabajadores de sectores informales o todos aquellos que generen un ingreso que le permita la subsistencia básica.

Contrastando estos datos estadísticos con el refinado sistema colombiano de destilación académica, los estudiantes educados para asumir las altas gerencias se fabrican principalmente en exclusivos colegios y universidades privadas según lo indican los resultados de las pruebas Saber 11°, Saber Pro y los análisis de empleabilidad de egresados. Por lo general los egresados de la Universidad de los Andes en Bogotá, EAFIT en Medellín, del Norte en Barranquilla o ICESI en Cali, se emplean en grandes empresas nacionales, multinacionales o cargos públicos de alta responsabilidad; mientras los egresados de las universidades públicas tienen menos posibilidades de liderar estos mismos espacios.

Es totalmente cierto, que las condiciones en ambientes escolares, materiales de apoyo, calidad de profesores, alimentación o acceso a bienes culturales influyen muchísimo en potenciar las capacidades, talentos e inteligencia de los estudiantes e igualmente marcan la tendencia de su posicionamiento exitoso y de futuro social.

A pesar de que la Ministra de Educación, Yaneth Giha, diga lo contrario, desde el mismo diseño estructural y de funcionamiento, el sistema educativo es inequitativo y excluyente con los más pobres. Las primeras marcas de lo que será el futuro en condiciones de vida las determinan el lugar de nacimiento y la situación sociales de la familia a la que se pertenece. Por ello, tiene gran valor el programa nacional Ser Pilo Paga que hoy atiende a 31940 estudiantes de estratos 1,2 o 3 cuyos destacados desempeños en la prueba saber 11° les han permitido obtener estas becas créditos condonables. Programa que finalmente, requiere ampliarse o generar estrategias complementarias para fortalecer su cobertura o por qué no pensar en ofrecer gratuidad en el nivel técnico profesional para todos los jóvenes que egresan de los colegios públicos y privados de estratos populares.

Congresistas y ministra Giha, invocar la realización de una gran constituyente educativa, es una vía para decidir la educación como derecho fundamental para todos-as. Es equivocado seguir construyendo planes decenales como el actual 2016-2026 “El camino hacia la calidad y equidad” porque ya se sabe que su aplicación en el territorio nacional es discrecional y su complimiento un mero lineamiento de política educativa. No más educación destilada/segregada o planes simplemente indicativos, Colombia necesita  iniciar la gratuidad gradual en la educación superior y definir el derecho a la educación como bien común y principio fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Fuente: https://www.elespectador.com/opinion/educacion-una-fabrica-de-destilacion-social-columna-720701

Imagen tomada de: https://rikowski.files.wordpress.com/2014/02/education-system.gif

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Venezuela: ANC abre debate nacional para blindar la educación como derecho constitucional.

América del Sur/Venezuela/26.09.2017/Autor y Fuente: http://www.avn.info.ve

Este martes se activó el proceso de debate por la Constituyente Educativa que tiene como objetivo fortalecer el sistema público de educación a través de la recolección de demandas y necesidades de los estudiantes, docentes y trabajadores de este amplio sector del país.

Este proyecto busca integrar todos los sectores educativos del país, desde la educación inicial hasta la universitaria para blindar la próxima Constitución Bolivariana, que será mejorada y reforzada al calor del pueblo.

Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de este martes, fueron aprobados los primeros pasos de la Constituyente Educativa, instrumento que tiene como principales propósitos amparar la educación venezolana, consolidar de la soberanía de la República ante amenazas imperiales, promover el bienestar del pueblo ante cualquier circunstancia y forjar nuevas espiritualidades, valores y principios de la educación venezolana.

El ministro para la Educación, Elías Jaua, en su intervención desde el Palacio Legislativo, indicó que entre mayo y agosto el sector educativo realizó 335 asambleas municipales, 28 estadales y 1.453 en circuitos educativos, para un total de 1.816 en todo el país, lo que permitió la conformación de 41.917 comité constituyentes a nivel nacional y la participación de las siete columnas del Congreso de la Patria del sector educativo.

Señaló que la Constituyente Educativa motivará una mayor fuerza para continuar con el debate, y hacer que el país siga promoviendo una educación autónoma, soberana y en consonancia con los retos de la patria.

En ese mismo orden de ideas, el ministro para Ciencia, Tecnología y Educación Universitaria, Hugbel Roa, instó a los estudiantes universitarios a asumir el fortalecimiento de la investigación e incrementar la capacidad de ingenio para potenciar la creación de una industria de independencia económica para estar a la altura de los retos que tiene el país.

Por su parte, estudiantes que participaron en la sesión propusieron a la ANC transformar el sistema de educación con el propósito de adaptarse a las nuevas necesidades de la comunidad estudiantil y reimpulsar las carreras apegadas al desarrollo de la nación, así como aprobar una ley de retribución de la Patria.

 Fotos: Juan Carlos La Cruz, AVN

Ciudades educativas

La construcción de ciudades integrales educativas serán retomadas por el Ejectuivo Nacional, informó el pasado lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro, tema que debe ser abordado en el debate constituyente.

En primera instancia se levantarán cinco ciudades educativas en Bolívar, Táchira, Nueva Esparta, Mérida y Miranda. Otros seis estados se encuentran en estudio. Estas ciudades están ideadas para dar respuesta al crecimiento poblacional de la nación y a la migración del sector privado hacia el sistema público nacional de educación.

Las ciudades contarán de manera integrada con educación especial, inicial, básica, media, diversificada, así como escuelas técnicas y un complejo cultural. Adicionalmente funcionarán las misiones Robinson, Ribas, Sucre para cursar carreras universitarias y contarán con el apoyo de profesionales venezolanos y chinos.

Para este proyecto se aprobaron 558 millones de bolívares.

Fuente: http://www.avn.info.ve/contenido/anc-abre-debate-nacional-para-blindar-educaci%C3%B3n-como-derecho-constitucional
Imagen: http://www.avn.info.ve/sites/default/files/imagecache/index4-nodos-noticia-centro/fotografia/201709/l_11631505862905.jpg
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En Venezuela: Aprobado decreto de instalación de la Constituyente Educativa

América del Sur/Venezuela/panorama.com.ve

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este martes por unanimidad el decreto de instalación de sector educación para contribuir con la calidad educativa.

Previo a la aprobación, la presidenta de esta instancia, Delcy Rodríguez, tomó la palabra para expresar que la educación en Venezuela es uno de los logros más grandes del Gobierno.

«La educación liberadora y emancipadora es el camino, es nuestro camino», agregó.

Asimismo, miembros del sector de educación propusieron este martes a la ANC  la transformación del sistema universitario, con el fin de adaptarse a las nuevas necesidades del pueblo venezolano.

Así lo indicó el estudiante de la Universidad Centroccidental «Lisandro Alvarado» (Ucla), Diego Pérez, quien reiteró: «Tenemos que apostar por la transformación universitaria».

Pérez propuso la revisión de la calidad académica, con el fin de reimpulsar las carreras apegadas al desarrollo de la nación, así como aprobar una ley de retribución de la Patria.

Al respecto, instó al personal de la universidades a trabajar para abocar el pénsum al desarrollo económico y a la consciencia social.

Por su parte, el profesor de la Universidad Simón Bolívar José Ruiz planteó la necesidad de crear una cultura científica «para aumentar la productividad y el desarrollo social del pueblo».

El ministro de Educación, Elías Jaua, presidió la tarde de este martes 19 de septiembre la Constituyente Educativa, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas.

Fuente: http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Aprobado-decreto-de-instalacion-de-la-Constituyente-Educativa-20170919-0072.html

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La Asamblea Nacional Constituyente en clave de Educación Universitaria, ciencia y tecnologías para la consolidación del poder popular

Por: Luis Bonilla-Molina

A continuación publico un articulo colectivo, en cuya elaboración participé y con el cual estoy en un 100% de acuerdo.


Desde todos los lugares y en cada uno de los territorios de la patria de Bolívar y Chávez, millones de jóvenes estudiantes, profesores, trabajadores, personal que coadyuva al hecho educativo, tecnólogos, científicos y académicos, expresamos de viva voz, nuestro compromiso con la transformación radical de la sociedad y la educación venezolana. Al unísono dijimos ¡¡¡Presentes¡¡¡ cuando el Presidente Maduro decidió convocar al proceso constituyente para seguir haciendo revolución permanente en nuestro país.

Desde 1999 la revolución Bolivariana tiene rostro de pueblo trabajador, juventud, mujeres, indígenas, sexo diversos, adulto mayor, empresarios nacionalistas, afrodescendientes, tecnólogos populares, innovadores, científicos y, por ello, en una segunda oportunidad se nos convoca a pensar, debatir y elaborar la redacción de una Carta Magna que exprese la nueva realidad nacional y construya el marco jurídico que fundamente el pacto social del presente. Todos los universitarios vamos decididos a participar en la elección de nuestros constituyentes, la elaboración colectiva de su agenda ciudadana y la redacción del texto que regirá el destino colectivo de todos y todas.

Esta es una oportunidad, sólo posible gracias al legado del Comandante Chávez, al heroico compromiso transformador de la alianza cívico-militar que hoy dirige nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y al ímpetu rebelde de nuestro pueblo. En consecuencia iniciamos una discusión abierta, respetuosa, tolerante y comprometida con el destino nacional para que en el texto constitucional que emane de la Asamblea Nacional Constituyente queden reflejadas los avances conceptuales y la experiencia de toda la academia en la perspectiva de construir una patria libre, soberana, independiente y productiva.

Una primera sistematización de aspiraciones que recogen el anhelo de hacer una revolución universitaria

En una primera recolección de ideas, propuestas, expectativas y aspiraciones de la sociedad en su conjunto y de los actores del sector, hemos construido una agenda temática que posibilite la apertura del debate. No es una agenda cerrada, por el contrario, estamos conscientes que son muchos los temas y propuestas que surgirán en el debate que redimensionaran lo que aquí se les presenta hoy.
Entendemos este esfuerzo, no como iniciativas para colocar visiones individuales, sino como una dinámica para construir consensos republicanos respecto a la universidad, la ciencia y la tecnología que necesitamos para seguir avanzando en la revolución Bolivariana. Estas ideas, en permanente construcción, nos permiten hoy delinear algunas líneas gruesas para el sector de la educación universitaria, la ciencia y la tecnología asociadas al poder popular, de cara a los próximos años. Estas son:

Generales:

  1. Ratifiquemos la autonomía universitaria responsable, como filosofía de una universidad que sirve de cobijo a un proyecto colectivo de independencia nacional, soberanía económica y productiva, así como de autodeterminación desde la democracia participativa que emana del poder popular.
  2. Demos rango constitucional a la aspiración ciudadana de un Consejo Nacional de Educación como máxima expresión colegiada de la política para el sector universitario, ciencia y tecnología. Consejo que sería presidido por los Ministros del sector y que tendría en igualdad de condiciones a las máximas autoridades de nuestras casa de estudio universitarios, a los lideres de los centros de investigación existentes en el país, a representantes de los poderes existentes, incluidos del poder popular y, voceros del mundo productivo. Este Consejo no sólo delinearía las políticas públicas del área sino que ejercería la contraloría social de una de sus herramientas fundamentales: los planes decenales de educación universitaria, ciencia y tecnología.
  3. Plasmemos el 9% del PIB y el 25% del presupuesto público nacional como mínimo para la educación en Venezuela, dentro de cuyo cálculo se incluyan las misiones educativas.
  4. Una de las aspiraciones ciudadanas más sentidas es la obligación del sector universitario, ciencia y tecnología de impulsar una ambiciosa política pública detransparencia de gestión, pasa por la divulgación en la plataforma digital y en tiempo real de todo acto administrativo y las decisiones que se tomen en cada institución del sector. Ni una caja negra mas en el sector. Ello pasa por el profundización de la democracia participativa y la contraloría social en el sector, mediante la trasmisión en vivo en la Web de las sesiones de cada uno de los consejos universitarios, órganos de co-gobierno institucional y de las propias reuniones de las organizaciones académicas y gremiales.
  5. En un momento en el cual es urgente relanzar el mundo productivo en una apuesta por un socialismo actualizado del siglo XXI, es urgente que se contemple con rango constitucional que todo proyecto productivo debe ser rentable y sus ganancias deben ser repartidas al menos en un 50% entre los actores que participen directamente en su ejecución. La mentalidad socialista se construye en la gestión compartida y el control colectivo del destino de las ganancias. No podemos seguir permitiendo el desarrollo de proyectos que solo arrojen saldos rojos y no enseñen con el ejemplo la importancia del trabajo productivo.
  6. A casi cien años de la reforma de Córdoba necesitamos pensar una nueva universidad para el siglo XXI. Ello pasa por abrir un debate en el marco de la constituyente respecto a temas como 1) Universidad con origen en la docencia expresadas en carreras ó Universidades que se funden a partir del trabajo de centros de investigación? 2) Necesidad de un modelo de planificación de las carreras, basado en las necesidades del país y posibilidades de desarrollo profesional y laboral de los egresados, que contemple no solo la apertura sino también el momento de cierre de cada de ellas; (3) Avanzar a un modelo de financiamiento, que como lo señala el Banco Mundial en su mas reciente informe, pueda contemplar impuestos para aquellos que más tienen recursos para garantizar su sostenimiento ; (4) la revisión del concepto de universidades nacionales propio de los siglos precedentes; hoy la democratización de la información y el conocimiento con expresiones territoriales concretas pareciera apuntalar la idea de un modelo de universidades pequeñas, universidades de la ciudad como paradigma del siglo XXI. Las universidades nacionales y extra territoriales se corresponden a un modelo de instituciones para el siglo XIX y XX. Las universidades del siglo XXI se deben y justifican en relación con sus comunidades directas.
  7. Uno de los grandes desafíos del debate educativo mundial está asociado a la calidad educativa. Nuestro proceso Bolivariano tiene un concepto de la calidad educativa vinculado al desarrollo integral de la personalidad, la construcción de ciudadanía y la pertinencia social de la formación profesional; en oposición al modelo de calidad basado en competencias desarrollado por los organismos económicos globales.Para desarrollar un monitoreo permanente de nuestro modelo de calidad educativa, se plantea la urgencia de contemplar, con rango constitucional, la creación del Instituto Nacional de la Calidad Educativa.Tenemos que evaluar el impacto y los resultados de lo que hacemos en el sector.

Juventud estudiantil

  1. Para Chávez y Maduro los jóvenes han sido y son, el centro de la atención y la preocupación social. Venezuela ha vivido enormes alegrías de su generación de oro en deporte, producto del esfuerzo en democratizar el acceso al deporte y focalizar la formación deontológica en los más talentosos. Esta experiencia debe tener diversas expresiones y adquirir rango constitucional. Por ello se recoge la aspiración: (a) que cada joven profesional egresado universitario, tenga derecho a una asignación mensual equivalente a un salario mínimo, una vez obtenido su titulo, mientras es asignado a un puesto de trabajo en el sector público o privado; (b) la creación del plan nacional de investigadores e innovadores juveniles que posibilite que miles de venezolanos y venezolanas, con inclinación por la investigación, sean aprendices de científicos consagrados recibiendo como apoyo becas trabajo mientras dure su periodo de formación acompañada;
  2. Venezuela ha dado un salto cualitativo en su soberanía comunicacional. Los dos satélites en circulación y los otros programados abren posibilidades de democratizar la información para el desarrollo productivo, industrial y educativo. Por ello, se propone que quede plasmado con rango constitucional, que toda innovación tecnológica, comunicacional y productiva, tenga una expresión de su desarrollo en las universidades y centros de investigación

Docentes y trabajadores del sector

  1. Una sociedad que se revoluciona para lograr la suprema felicidad tiene en la educación y la investigación su eje vertebrador central. Por ello, la labor de los docentes en general y de los universitarios en particular resulta sustantiva en una estrategia de pedagogía política colectiva. Por ello, se propone que tenga rango constitucional la aspiración ciudadana que sus educadores tengan el reconocimiento en sus condiciones de trabajo propias de la digna labor que realizan. En este sentido, se recoge la aspiración de contemplar, con rango constitucional, que (1) un 5% del PIB, dentro del que corresponde al sector de educación, sea destinado a garantizar salarios dignos y condiciones de trabajo conforme a la labor que realizan los docentes e investigadores del sector; (2) la asignación de una alícuota del 10% de todos los impuestos al lujo, gastos suntuarios y ganancia, para garantizar un mejora permanente de las condiciones salariales de los trabajadores del sector educación, ciencia y tecnología.

Estas son solo algunas ideas en proceso de construcción para alcanzar un Venezuela en paz y con justicia social para todos y todas.

*Fuente:https://luisbonillamolina.wordpress.com/2017/07/19/la-asamblea-nacional-constituyente-en-clave-de-educacion-universitaria-ciencia-y-tecnologias-para-la-consolidacion-del-poder-popular/

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