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Liberia: lucha renovada contra el aumento de la privatización

Africa/Liberia/PrensaIE

En Liberia, los educadores y sus sindicatos están decididos a luchar contra la privatización y la comercialización de la educación frente a los vínculos fortalecidos entre el gobierno y las empresas educativas.

El gobierno de Liberia ha anunciado que continuará con sus planes de externalizar la educación pública a proveedores privados liderados por Bridge International Academy (BIA). Es probable que el proceso se acelere con un nuevo memorando de entendimiento: Liberia Education Advancement Partnership Schools 2019 (LEAP), que reemplazará el anterior y controvertido acuerdo de 2016 Partnership Schools of Liberia (PSL). Este último había permitido la proliferación de instituciones privadas en el país, con 93 escuelas privadas que pronto aumentaron a 202.
Influencia de BIA para crecer
Esta expansión ocurrió sin ninguna evaluación de su impacto. También fue denunciado por los sindicatos de la educación como una violación de la constitución de Liberia y un intento del gobierno de eludir su responsabilidad constitucional de proporcionar educación pública equitativa para todos. El memorándum LEAP es un nuevo intento de aumentar el número de escuelas públicas bajo proveedores privados con BIA destinado a tener la participación de los leones.
Al enterarse de los planes del gobierno, Education International (EI), con el apoyo de CTF Canadá, UEN Noruega, DLF Dinamarca y Lärarförbundet Suecia, se embarcó en una misión de investigación en julio de 2019. Esto fue seguido por una campaña de respuesta rápida contra BIA y otros proveedores de educación con fines de lucro en septiembre y octubre.
Campaña sindical
La afiliada de la IE en el terreno, la Asociación Nacional de Maestros de Liberia (NTAL), ha formado una fuerte asociación con otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo de la educación. La asociación, llamada ‘Consorcio de Defensores de la Educación de Liberia (COEDEL), realizó una exitosa campaña tanto en las regiones como en la capital, Monrovia. También se envió una petición al Ministro de Educación.
El Ministro ha prometido que el sindicato participará en cualquier discusión relacionada con BIA y otros proveedores de educación. Según fuentes sindicales, el Ministro de Justicia también se comprometió a investigar si el contrato con BIA fue sometido al debido proceso.
IE: fuerte apoyo
La IE «se compromete a continuar en su apoyo para ayudar a NTAL a luchar por una educación pública gratuita y de calidad en Liberia», dijo el Secretario General de la IE, David Edwards.

Fuente: https://www.ei-ie.org/en/detail/16526/liberia-renewed-fight-against-increasing-privatisation

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La inversión del gobierno de Côte d’Ivoire en escuelas privadas: una mala apuesta para el futuro de los jóvenes y del país

Africa/Costa de Marfil/PrensaIE

Un estudio encargado por la Internacional de la Educación y llevado a cabo por dos investigadores destacados muestra que Costa de Marfil debería redirigir sus inversiones en educación hacia el sector público y poner fin a la privatización.

El estudio sobre la privatización de la escolarización en Costa de Marfil («Ética sobre la privatización de la escuela en Costa de Marfil») , del Dr. Claude Koutou N’Guessan y el Dr. Théodore Goi Bi Zamblé, se inició el 5 de abril en Grand Bassam. destaca que, desde la década de 1980, ante la creciente demanda de educación y la insuficiencia de la provisión pública, el Gobierno ha estado facilitando la provisión privada de educación a través de un acuerdo de concesión de servicio público. Esto ha llevado al crecimiento de las escuelas privadas para satisfacer la demanda, pero la provisión se ha desarrollado de una manera casual que ha hecho poco para garantizar una enseñanza de calidad para todos los estudiantes.

La encuesta realizada a 286 estudiantes, 90 maestros y 32 padres, que se llevó a cabo en 18 escuelas, 15 de las cuales estaban en Abidjan y 3 en Daloa, señala que las escuelas privadas no siempre se mantienen limpias. El cincuenta y dos por ciento de los alumnos encuestados indicó que consideraban que sus escuelas estaban muy sucias y los estudiantes incluso afirmaron que no estaban seguros. Y menos de uno de cada cinco estudiantes tiene una biblioteca en su escuela, mientras que aproximadamente el 65% dice que no tiene una sala de informática.

En cuanto a los profesores, el 50% tiene menos de 5 años de experiencia. Debido a que reclutar personal calificado de instituciones de capacitación docente es costoso para las escuelas privadas, sus fundadores generalmente intentan mantener los costos bajos, reclutando principalmente personas con poca capacitación docente. Además, los maestros se desempeñan en condiciones contractuales precarias, a menudo sin contratos de trabajo detallados, de acuerdo con el 71% de los encuestados. El 29% de los maestros que declaran que tienen un contrato de trabajo dicen que este contrato no siempre se respeta y que el pago depende de la buena voluntad del empleador.

Según el estudio, el principal problema que enfrentan las escuelas privadas en Costa de Marfil es el financiero. Este problema está relacionado con el retraso en el pago de las subvenciones del gobierno o las dificultades para cobrar las cuotas escolares de los padres. Esto tiene un impacto negativo en el buen funcionamiento de las escuelas privadas y reduce considerablemente la calidad de la enseñanza.

Según David Edwards, Secretario General de Educación Internacional, “al comienzo de cada año escolar se están abriendo nuevas escuelas por personas más enfocadas en aumentar sus ganancias que en enseñar la calidad; en una palabra, mercantilización ”.

Él continúa: “junto con nuestros afiliados y maestros de Costa de Marfil, nos negamos a que a los niños del país se les niegue una educación de calidad proporcionada por maestros y personal de apoyo educativo de calidad, en un entorno de calidad con materiales de enseñanza de calidad. «No nos rendiremos y continuaremos explorando otras alternativas para reducir primero y luego detener la mercantilización de la educación».

Por último, destaca el hecho de que «este estudio constituye un primer paso para restaurar la escolaridad en Costa de Marfil a su antigua gloria» y, para lograr este objetivo, invita activamente al gobierno de Costa de Marfil a «reorientar sus gastos de inversión en el sector educativo hacia el la construcción y restauración de escuelas públicas y reducen drásticamente o incluso eliminan los fondos para escuelas privadas por completo ”.

Un resumen del informe está disponible aquí (en francés).

La declaración común de los miembros del sindicato de la IE en Costa de Marfil (IESCI) contra la privatización de la educación se puede descargar aquí (en francés).

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Libro: El colapso de la Educación de Mariano Narodowski

Reseña: El colapso de la educación propone una agenda alternativa para salir de esa crisis y volver a atraer a la escuela pública a los sectores populares y a las clases medias y altas.

El nuevo libro de Mariano Narodowski llega en el momento justo para hacer lo necesario: un análisis tan implacable como original del colapso educativo que condiciona el presente y el futuro de la Argentina. Es, también, una denuncia de las responsabilidades colectivas en esta crisis que amenaza con volverse eterna.
Narodowski, uno de los referentes indiscutidos en este campo, plantea que las políticas educativas que buscaron fortalecer la educación pública terminaron produciendo, en realidad, una brutal privatización de la educación. El vaciamiento de la escuela pública resultó así la política educativa más “exitosa” de los últimos sesenta años. Un lamentable éxito del que nadie se quiere adueñar.
¿Cómo fue que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el proceso privatizador de la educación se profundizó a niveles nunca antes vistos en la historia argentina? ¿Por qué veinte años de gobiernos peronistas en la provincia de Buenos Aires terminaron con un 40 por ciento de educación privada en el conurbano bonaerense? ¿Por qué el gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires tampoco logró revertir la tendencia? ¿Por qué el proceso privatizador de la educación les resulta funcional a todos los actores sociales a pesar de su vociferada indignación ante el abandono de la escuela pública?
El colapso de la educación no se queda en la mera impugnación del presente. Propone una agenda alternativa para salir de esa crisis y volver a atraer a la escuela pública a los sectores populares y a las clases medias y altas.

Descargar en: https://drive.google.com/file/d/1ps00wyF_o1f9q5GvJF5cUqb-dOKbP68g/view

Fuente: https://educooperando.blogspot.com/search/label/Debates%20actuales

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El desmantelamiento de los sistemas educativos públicos

Docentes de América latina expresaron su preocupación por el avance privatizador en la educación regional.

América del Sur/Bolivia/

Docentes de Latinoamérica expresaron su preocupación ante el avance de la privatización y comercialización de la educación que se vive en la región. Aseguran que estos procesos son promovidos por la mayoría de los gobiernos de la región, asociados a los sectores empresariales y las organismos financieros mundiales. La manifestación quedó plasmada en lo que se conoce como la Declaración de Cochabamba, acordada tras la reunión regional de la Internacional de la Educación América Latina (IEAL), realizada en Bolivia en julio pasado.

El encuentro se llamó «Tendencias de la educación en América latina: privatización y comercio», participaron organizaciones sindicales de diez países latinoamericanos, que integran la IEAL, entre ellas la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). Al final de las deliberaciones —se extendieron el 22 y 23 de julio pasado en la ciudad de Cochabamba— acordaron un documento en el que ponen la voz de alerta sobre la vulneración del derecho a la educación.

En la Declaración de Cochabamba —disponible en www.ei-ie-al.org— los sindicatos afiliados a la IEAL se manifestaron en defensa de «la educación pública como un derecho social que debe ser garantizado, administrado y financiado por el Estado». Señalan que «el discurso neoliberal pretende naturalizar la lógica del lucro en las políticas educativas», de allí la preocupación «ante la creciente influencia de los organismos multilaterales y de los grupos empresariales, que promueven el desmantelamiento de los sistemas educativos públicos». Afirman que, conformes con esta visión, muchos gobiernos regionales «insisten en convertir a la educación en un servicio transable y no un derecho» y de esta manera, «no son pocos los Ministerios de Educación que terminan actuando como administradores de los procesos de privatización y desnacionalización de todos los niveles del sistema educativo».

Alianzas público-privado

También alertan que como parte de este panorama, «las Naciones Unidas, la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y las instituciones financieras internacionales, han incorporado las modalidades de alianza público privado y el uso de fondos públicos para comprarle servicios a diferentes grupos privados, debilitando al sistema educativo estatal». La mercantilización denunciada se profundiza —dice el texto— con el endeudamiento en materia de educación: «Un conjunto importante de los préstamos contraídos con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que los gobiernos pagan durante décadas, cargados de intereses de deuda, se usan para contratar servicios externos de empresas privadas y otras organizaciones no gubernamentales vinculadas a éstas». Son los grupos privados que luego «definen, gestionan y evalúan la política educativa pública en la mayoría de los países de América latina». Intervienen directamente en los contenidos que se enseñan, en los planes de estudio, en las formas de gestión educativa, en la formación docente y hasta en la medición de resultados.

En la declaración recuerdan que los ministros de Educación de América latina y el Caribe, en la última reunión mantenida de cara a cumplir con la Agenda 2030, se comprometieron a desarrollar políticas inclusivas y aumentar los fondos destinados para el sector, entre otros objetivos. Sin embargo, al igual que ocurrió con las metas de Jomtiem (1990) y de Dakar (2000), «los compromisos definidos en torno a la Agenda 2030 están siendo incumplidos reiteradamente».

«Calidad educativa»

También alertan sobre cómo las políticas de libremercado, las instituciones financieras y otras que actúan en el plano internacional como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Ocde, entre otras «han logrado instalar con el concurso de los grandes medios de comunicación masivos, su propia concepción de lo que significa calidad educativa». Una idea atada a la privatización de la enseñanza y de los aprendizajes. Un ejemplo son las pruebas estandarizadas como las Pisa, consideradas por los sindicatos docentes como «un hecho externo al proceso de aprendizaje». Algo similar se observa sobre «la promoción de rankings universitarios y de la evaluación productivista de la actividad académica».

El documento revela que «en una región como América latina, donde el mayor desafío es cerrar la brecha de la desigualdad y promover la inclusión social, el llamado debe ser, entre otras cosas, a fortalecer los derechos», como el de la educación pública. También que «el Movimiento Pedagógico Latinoamericano (impulsado por la IEAL) hace un llamamiento a los ministros de Educación de la región para reafirmar el insoslayable papel que debe cumplir el Estado garantizando los niveles adecuados de inversión presupuestaria» señalada en acuerdos previos.

En la reunión regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) participaron el secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards; y el presidente del Comité Regional de la IEAL, Hugo Yasky. También la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso; y el ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, Roberto Aguilar. En ese encuentro, Yasky denunció la complicidad entre los intereses de sectores empresariales y los gobiernos de algunos países latinoamericanos, con la implementación de medidas orientadas a deshacer los avances alcanzados en la última década por los gobiernos progresistas, particularmente en Brasil y Argentina. «Hoy está en debate en América latina, o mejor dicho, está entre signos de interrogación, porque así lo quieren plantear a través de los grandes medios de comunicación los dueños del poder corporativo, la subsistencia de la educación entendida como un derecho social», afirmó.

Fuente: https://www.lacapital.com.ar/educacion/el-desmantelamiento-los-sistemas-educativos-publicos-n1651724.html

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América Latina: La educación pública es un derecho social fundamental para construir igualdad

America del Sur/Bolivia/Prensa IE

 

La educación pública es un derecho social que debe ser garantizado, administrado y financiado por el Estado y es fundamental para construir igualdad, es el mensaje de los educadores/as convocados en la Reunión Regional de la Internacional de la Educación América Latina (ILEAL) en Cochabamba, Bolivia.

Según los participantes, este derecho se ve amenazado por las tendencias de privatización y comercialización que promueven grupos empresariales multinacionales, quienes ven la educación como un negocio y buscan el desmantelamiento de los sistemas educativos públicos.

“Ellos ven a nuestros estudiantes como clientes, no como personas con derechos, no como seres humanos…Quieren eliminar las escuelas y los docentes”, expuso David Edwards, Secretario General de la Internacional de la Educación durante la reunión auspiciada por el Ministerio de Educación de Bolivia.

No somos robots. Sí tenemos propuestas

Los sindicatos de la educación son fundamentales para enfrentar estas tendencias de comercialización, privatización y desprofesionalización. La participación efectiva de las y los profesores de todos los niveles debe ser parte de la definición de políticas educativas, recomienda la “Declaración de Cochabamba”,  suscrita por los/las líderes sindicales, quienes hicieronun llamado a las autoridades educativas de la región para consolidar el derecho a la educación pública, como un instrumento estratégico para construir sociedades más justas.

Como profesionales, como sindicatos, como luchadores/as por la justicia social “nosotros sí tenemos propuestas”, exhortó Edwards, pero tenemos que “llevar la solidaridad a otro nivel” atando los hilos de “nuestra profesión, nuestra lucha sindical y la justicia social”, enfatizó.

Los derechos humanos son un norte inamovible

EduInternational

@eduint

Nos quieren convertir en robots, que producen un servicio, como McDonalds. La desprofesionalización es un ataque a los docentes. Es una amenaza que debemos enfrentar: @daveswords @intEducacion @minedubol @soniaalesso1 HugoYasky

“A los docentes nos quieren convertir en robots, que producen un servicio, como McDonalds. Es una amenaza que debemos enfrentar”, agregó ante los representantes de organizaciones afiliadas de 10 países latinoamericanos e integrantes del Comité Regional de la IEAL que reflexionaron durante 2 días bajo el tema de: ‘Tendencias de la Educación en América Latina: privatización y comercio’.

“Las luchas que tenemos ahora exigen mayor conocimiento, mantener siempre nuestros principios y los derechos humanos como norte inamovible”, señaló por su parte Fatima Silva, Vicepresidenta de la IEAL y Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de Brasil (CNTE).

Hugo Yasky, Presidente del Comité Regional de la IEAL,denunció la complicidad entre los intereses de sectores empresariales y los gobiernos de algunos países latinoamericanos, con la implementación de medidas orientadas a deshacer los avances alcanzados en la última década por gobiernos progresistas, particularmente en Brasil y Argentina. “Hoy, la subsistencia de la educación entendida como un derecho social está en debate en América Latina, o mejor dicho, está entre signos de interrogación, porque así lo quieren plantear a través de los grandes medios de comunicación los dueños del poder corporativo”, afirmó Yasky.

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IEAL@intEducacion

@HugoYasky Presidente del Comité Regional de la IEAL: Cuando decimos que la educación es un derecho social, lo decimos en la idea integral de que tiene que existir acceso a la educación gratuita y con calidad para todos y todas. No una educación para ricos y otra para pobres.

Angelo Gavrielatos, Director de la campaña de la IE frente a la privatización educativa, explicó que la retórica que desprestigia la educación pública es impulsada por gobiernos neoliberales y sus aliados en todo el mundo, y por ello es necesario articular una respuesta global a las tendencias privatizadoras. Gavrielatos señaló que los sindicatos docentes y de trabajadores/as de la educación representan el principal obstáculo contra la agenda privatizadora de gobiernos y empresarios.

El Director de Proyectos de la IE señaló que el Banco Mundial y la OCDE han reconocido en reportes recientes que la educación privada no presenta mejores resultados y más bien puede mantener la desigualdad.

Defendemos nuestra profesión y la educación pública

Combertty Rodríguez, Coordinador Principal de la IEAL, hizo un repaso sobre los procesos de privatización, mercantilización y comercio educativo en América Latina. Señaló además el destacado papel de los sindicatos de la educación al oponerse a las reformas educativas perjudiciales para la educación pública.

Luis Dourado, investigador de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil, profundizó en su exposición sobre las complejidades actuales de la relación sociedad, democracia y educación. “Debemos avanzar en políticas de Estado que posibiliten la organización de la educación a través de la colaboración, con un sentido político muy claramente definido, para garantizar el derecho a la educación para todos y todas”, afirmó Dourado.

Fernando Carrión, Director de Formación Docente del Ministerio de Educación de Bolivia, expuso sobre la evaluación en su país. “No podemos hablar de evaluación sin pensar en la educación que queremos”, afirmó Carrión, destacando el modelo educativo boliviano y su papel en la construcción de la sociedad, orientada hacia el buen vivir.

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Sonia Alesso, Integrante del Ejecutivo Mundial de la IE y Secretaria General CTERA, Argentina: En este contexto de avanzada neoliberal necesitamos sindicatos fuertes. Con el Movimiento Pedagógico Latinoamericano debemos defender nuestra profesión y la educación pública.

Heleno Araújo, Presidente de CNTE, explicó el escenario político actual en Brasil, con la encarcelación sin pruebas del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y la política de recortes impulsada por el gobierno del golpista Michel Temer. Frente al contexto hostil para líderes sociales y sindicalistas, Araújo reivindicó un modelo educativo “que promueva la garantía del pleno acceso a la escuela” y que permita la permanencia en la escuela.

Sonia Alesso, Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), expuso sobre la situación de su país, con los ajustes impulsados por el gobierno conservador de Mauricio Macri. Alesso afirmó que en el actual contexto de avanzada neoliberal es necesario contar con sindicatos fuertes para hacer frente a las reformas y defender la educación pública. “Con el Movimiento Pedagógico Latinoamericano debemos defender nuestra profesión y a la educación pública”, concluyó Alesso.

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IEAL@intEducacion

La reunió se desarrolló el 22-23 de julio La Reunión de la Internacional de la Educación América Latina se realizó previo al encuentro de jerarcas y representantes de los Ministerios de Educación de América Latina y el Caribe, a realizarse a partir del 25 de julio en Cochabamba, Bolivia. La Internacional de la Educación tendrá un espacio para exponer sus posiciones en la Conferencia organizada por la UNESCO.

Para más información vea los siguientes enlaces:

Reportaje de la conferencia de la ILEAL

Fuente: https://www.ei-ie.org/spa/detail/15922/am%C3%A9rica-latina-la-educaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-es-un-derecho-social-fundamental-para-construir-igualdad

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El neoliberalismo en Educación: Mercantilizar la escuela

Existen visiones opuestas de lo que es la educación y el conocimiento. Es un bien más de mercado, como promueve el Gobierno, o un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.

Si bien naturalizamos esta situación y no la visualizamos ni la vivenciamos a diario como un derecho conquistado, en determinado contexto, a través de ciertos discursos (y las representaciones sociales que ellos construyen) y fundamentalmente con consecuentes políticas públicas, el espacio público “la plaza” podría sencillamente dejar de serlo. Para ello bastaría que el Estado no invierta en ella, los juegos se deterioren, el pasto crezca, se ensucie, la luminaria no funcione, se acreciente la inseguridad. Poco a poco, los vecinos dejarían de concurrir, y se replegarían en sus hogares privados o el algún otro espacio que les brinde, por un precio módico, lo que antes les daba la plaza en forma gratuita. También podría suceder que el Estado proponga que los vecinos que quieren usar la plaza paguen un “precio bajo” por dicho uso. En este caso bastaría con ponerle rejas y un molinete. En muchas plazas las rejas ya son una realidad. ¿Qué vecino no estaría dispuesto a pagar unos pocos pesos por un rato de plaza limpia, segura y e iluminada? Horas de programas de televisión, debates acalorados, páginas de diarios, eternas reuniones vecinales se llevarían a cabo discutiendo cuál es el precio de una buena plaza y quién debe pagarlo. ¿Por qué pagar por lo que no uso? ¿Por qué los que la usan no pagan?

Cualquier semejanza con los discursos actuales sobre el financiamiento del sistema sanitario público no es pura coincidencia. Todo puede mercantilizarse, todo puede volverse precio, todos podemos dejar de ciudadanos para ser sólo consumidores si dejamos que así suceda.

El neoliberalismo propone su utopía de mercantilizar todo y lo traduce en proyectos políticos acordes a tal fin. Bajo un discurso de competencia y meritocracia (que sólo sufren las clases populares) se esconde el mundillo de los privilegios, las herencias, los círculos rojos, las posiciones dominantes y las empresas offshore, de las elites.

En el discurso ante la Asamblea Legislativa del Congreso Mauricio Macri afirmó si pruritos que: “La calidad en la educación es un compromiso que tenemos que asumir juntos, familias, docentes y toda la comunidad educativa. Los padres no podemos desentendernos, no podemos dejar a los maestros solos en esto. Todos tenemos que ser parte de este proceso de mejora. Y para poder involucrarnos, tenemos que poder saber cómo le está yendo a la escuela donde van nuestros hijos. Hoy, está prohibido por ley que se publiquen los resultados de las evaluaciones por escuela y eso no tiene sentido. Les pido que este año legislativo avancemos para cambiar esta norma”.

Sin mencionarla, cuando el presidente dice “esta norma” se refiere a la Ley 26.206 de Educación Nacional sancionada en 2006. Dicha norma reemplazó a Ley Federal de Educación (1993), sancionada durante el gobierno neoliberal menemista y que, junto a la Ley de Transferencias de los servicios educativos (1992) y la Ley de Educación Superior (1995) estructuraron el paquete de reformas educativas pro mercado recomendadas por el Banco Mundial a cuya implementación condicionaba los créditos a un gobierno que, como el actual, se propone vivir, mientras pueda, de la especulación, la deuda y la timba financiera.

El artículo en cuestión, que le “molesta” al presidente, es el número 97 de la Ley de Educación Nacional que determina que “la política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.

Dicho artículo, como tantos otros de la mencionada Ley, intenta evitar situaciones como la presente, en la que un gobierno neoliberal busca utilizar los resultados del operativo nacional de evaluación (a pesar de haberlo negado cuando los sindicatos docentes lo advirtieron al momento de implementación del operativo aprender 2016), para generar competencia entre las escuelas públicas, hacerles perder su matrícula, justificar el cierre de secciones y bajar el presupuesto educativo. La publicación de un “ranking” de escuelas (en los noventa el ranking se confeccionó y llegó a las escuelas pero no a las familias) en función de los resultados del operativo nacional de evaluación, reduce la calidad educativa al rendimiento académico y este al resultado obtenido en una evaluación estandarizada, desconoce el contexto institucional y de las familias, desresponsabilizada al Estado y culpabiliza a las escuelas y, en especial, a los docentes, responsables, según el Banco Mundial (2015), de la “baja calidad educativa” en la región.

No sería extraño, como se ha propuesto en otros países, que la idea final sea la de financiar la demanda (por ejemplo a través de bouchers que se entreguen a las familias carenciadas para que estas los utilicen como pago de cualquier escuela (pública o privada)) disminuyendo la inversión en educación, es decir, dejando de financiar la oferta. Dicho de otro modo, el paulatino reemplazo de políticas públicas universales por políticas focalizadas. La reforma previsional, el fin de la moratoria y su reemplazo por una pensión a la vejez, son un claro ejemplo reciente.

En definitiva, lo que está en juego son visiones opuestas de lo que es la educación y el conocimiento. O es un bien más de mercado y como toda mercancía cuánto más escasa mejor para quienes la poseen, o la educación y el conocimiento son, como establece la Ley Nacional de Educación, un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.

Como mencionaba Bordieu, el proyecto neoliberal se propone crear las condiciones bajo las cuales la “teoría” puede realizarse y funcionar: un programa de destrucción metódica de los colectivos. Las paritarias a la baja, el ataque sistemático al sindicalismo, el cierre de escuelas, la culpabilización del docente, los incentivos para quienes no falten y los premios para quienes no hagan huelga, son la versión vernácula de esa destrucción metódica de los colectivos de la que nos hablaba el sociólogo francés a fines de la década del noventa. Pero los colectivos resisten.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/102189-mercantilizar-la-escuela 

Imagen: Jorge Larrosa
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Pay of Australian university heads called into question after UK protest

Australia/Enero de 2018/Fuente: The Guardian

Resumen:

Los australianos deberían cuestionar cuánto ganan los vicerrectores de la universidad, ha declarado el ministro de educación, en medio de la controversia en el Reino Unido sobre el «escandaloso» salario del vicerrector de la Universidad de Bath, que era solo la mitad del equivalente mejor pagado de Australia.

Simon Birmingham dijo el jueves que las universidades deberían reconsiderar los pagos de sus altos ejecutivos, algunos de los cuales ganan más de un millón de dólares al año en beneficios salariales y de alojamiento.

El miércoles, la vicerrectora de la Universidad de Bath, Dame Glynis Breakwell, se retiró después de la controversia sobre su salario de £ 468,000 al año ($ 812,500). El furor provocó una conversación nacional y llevó a los estudiantes a las calles en señal de protesta.

Australians should question how much university vice-chancellors earn, the education minister has declared, amid controversy in the UK over the “outrageous” salary of the University of Bath’s vice chancellor that was only half that of Australia’s highest-paid equivalent.

Simon Birmingham said on Thursday that universities should reconsider the pay packets of their senior executives, some of whom earn more than a million dollars a year in salary and accommodation benefits.

On Wednesday, the University of Bath vice-chancellor, Dame Glynis Breakwell, retired after controversy over her salary of £468,000 a year ($812,500). The furore led to a national conversation and drove students to the streets in protest.

According to the Australian, 12 vice-chancellors in Australia took home more than a million dollars in 2016, and the University of Sydney’s Michael Spence nearly doubled Breakwell’s total pay at $1.44m.

Breakwell was paid less than UNSW’s Ian Jacobs ($1.25m) and the Australian Catholic University’s Greg Craven ($1.24m), among others. The vice-chancellor of Oxford, Louise Richardson, made even less at £350,000 ($600,000), putting her below the heads of Newcastle University, James Cook University, and the University of Southern Queensland.

Birmingham said the international comparison should prompt taxpayers to ask if they were “getting value for money”.

“While Australians recognise the high level of skills needed to run a university, many taxpayers would question why remuneration should exceed global benchmarks.”

Vice-chancellor salaries are set by each university’s board or senate without government input.

The president of the National Tertiary Education Union, Jeannie Rea, said the salaries were “extremely embarrassing” and “out of proportion”.

“It used to be the case that a vice-chancellor would be paid some proportion, or related to that of a senior professor, plus some. They saw themselves as leaders of an academic institution, now they see themselves as CEOs.”

Belinda Robinson, the chief executive of Universities Australia, said the minister’s attack on salary was an attempt to distract from the government’s recent $2.2bn cuts to university funding.

“This distraction strategy will not hoodwink the community,” she said.

Rea agreed: “It’s somewhat flippant to say you can redistribute vice-chancellor’s salary and be able to pay for a whole lot of things. The underfunding of university places is a much bigger problem than that.”

Guardian Australia contacted several universities about the salaries of vice-chancellors.

The ACU’s deputy vice-chancellor, Stephen Weller, said Craven’s salary included the accommodation costs of managing a national, multi-campus university.

The University of Sydney, UNSW and the University of Queensland similarly said the million-dollar sums included superannuation and a housing allowance.

A spokesman for the University of Queensland, whose vice-chancellor Peter Høj earns $1.15m a year, said “the combined annual salaries of all Australia’s vice-chancellors comprise about 2% of the government’s latest cuts to the university sector”.

“UQ has 52,000 students and is ranked in the top 50 of more than 10,000 universities globally. As a point of comparison, the University of Bath has 17,308 students enrolled.”

Fuente: https://www.theguardian.com/australia-news/2018/jan/22/pay-of-australian-university-heads-called-into-question-after-uk-protest

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