Contra la privatización y mercantilización

Si bien naturalizamos esta situación y no la visualizamos ni la vivenciamos a diario como un derecho conquistado, en determinado contexto, a través de ciertos discursos (y las representaciones sociales que ellos construyen) y fundamentalmente con consecuentes políticas públicas, el espacio público “la plaza” podría sencillamente dejar de serlo. Para ello bastaría que el Estado no invierta en ella, los juegos se deterioren, el pasto crezca, se ensucie, la luminaria no funcione, se acreciente la inseguridad. Poco a poco, los vecinos dejarían de concurrir, y se replegarían en sus hogares privados o el algún otro espacio que les brinde, por un precio módico, lo que antes les daba la plaza en forma gratuita. También podría suceder que el Estado proponga que los vecinos que quieren usar la plaza paguen un “precio bajo” por dicho uso. En este caso bastaría con ponerle rejas y un molinete. En muchas plazas las rejas ya son una realidad. ¿Qué vecino no estaría dispuesto a pagar unos pocos pesos por un rato de plaza limpia, segura y e iluminada? Horas de programas de televisión, debates acalorados, páginas de diarios, eternas reuniones vecinales se llevarían a cabo discutiendo cuál es el precio de una buena plaza y quién debe pagarlo. ¿Por qué pagar por lo que no uso? ¿Por qué los que la usan no pagan?

Cualquier semejanza con los discursos actuales sobre el financiamiento del sistema sanitario público no es pura coincidencia. Todo puede mercantilizarse, todo puede volverse precio, todos podemos dejar de ciudadanos para ser sólo consumidores si dejamos que así suceda.

El neoliberalismo propone su utopía de mercantilizar todo y lo traduce en proyectos políticos acordes a tal fin. Bajo un discurso de competencia y meritocracia (que sólo sufren las clases populares) se esconde el mundillo de los privilegios, las herencias, los círculos rojos, las posiciones dominantes y las empresas offshore, de las elites.

En el discurso ante la Asamblea Legislativa del Congreso Mauricio Macri afirmó si pruritos que: “La calidad en la educación es un compromiso que tenemos que asumir juntos, familias, docentes y toda la comunidad educativa. Los padres no podemos desentendernos, no podemos dejar a los maestros solos en esto. Todos tenemos que ser parte de este proceso de mejora. Y para poder involucrarnos, tenemos que poder saber cómo le está yendo a la escuela donde van nuestros hijos. Hoy, está prohibido por ley que se publiquen los resultados de las evaluaciones por escuela y eso no tiene sentido. Les pido que este año legislativo avancemos para cambiar esta norma”.

Sin mencionarla, cuando el presidente dice “esta norma” se refiere a la Ley 26.206 de Educación Nacional sancionada en 2006. Dicha norma reemplazó a Ley Federal de Educación (1993), sancionada durante el gobierno neoliberal menemista y que, junto a la Ley de Transferencias de los servicios educativos (1992) y la Ley de Educación Superior (1995) estructuraron el paquete de reformas educativas pro mercado recomendadas por el Banco Mundial a cuya implementación condicionaba los créditos a un gobierno que, como el actual, se propone vivir, mientras pueda, de la especulación, la deuda y la timba financiera.

El artículo en cuestión, que le “molesta” al presidente, es el número 97 de la Ley de Educación Nacional que determina que “la política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.

Dicho artículo, como tantos otros de la mencionada Ley, intenta evitar situaciones como la presente, en la que un gobierno neoliberal busca utilizar los resultados del operativo nacional de evaluación (a pesar de haberlo negado cuando los sindicatos docentes lo advirtieron al momento de implementación del operativo aprender 2016), para generar competencia entre las escuelas públicas, hacerles perder su matrícula, justificar el cierre de secciones y bajar el presupuesto educativo. La publicación de un “ranking” de escuelas (en los noventa el ranking se confeccionó y llegó a las escuelas pero no a las familias) en función de los resultados del operativo nacional de evaluación, reduce la calidad educativa al rendimiento académico y este al resultado obtenido en una evaluación estandarizada, desconoce el contexto institucional y de las familias, desresponsabilizada al Estado y culpabiliza a las escuelas y, en especial, a los docentes, responsables, según el Banco Mundial (2015), de la “baja calidad educativa” en la región.

No sería extraño, como se ha propuesto en otros países, que la idea final sea la de financiar la demanda (por ejemplo a través de bouchers que se entreguen a las familias carenciadas para que estas los utilicen como pago de cualquier escuela (pública o privada)) disminuyendo la inversión en educación, es decir, dejando de financiar la oferta. Dicho de otro modo, el paulatino reemplazo de políticas públicas universales por políticas focalizadas. La reforma previsional, el fin de la moratoria y su reemplazo por una pensión a la vejez, son un claro ejemplo reciente.

En definitiva, lo que está en juego son visiones opuestas de lo que es la educación y el conocimiento. O es un bien más de mercado y como toda mercancía cuánto más escasa mejor para quienes la poseen, o la educación y el conocimiento son, como establece la Ley Nacional de Educación, un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.

Como mencionaba Bordieu, el proyecto neoliberal se propone crear las condiciones bajo las cuales la “teoría” puede realizarse y funcionar: un programa de destrucción metódica de los colectivos. Las paritarias a la baja, el ataque sistemático al sindicalismo, el cierre de escuelas, la culpabilización del docente, los incentivos para quienes no falten y los premios para quienes no hagan huelga, son la versión vernácula de esa destrucción metódica de los colectivos de la que nos hablaba el sociólogo francés a fines de la década del noventa. Pero los colectivos resisten.