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Habilidades pre-matemáticas que suman

Evaluación de impacto del programa MiMate en Perú

Como parte de una lección sobre cantidades se le preguntó a un grupo de niños de cinco años en Huancavelica, Perú: “Si tú tienes tres caramelos y yo tengo seis, ¿qué significa?” Se esperaba que respondieran algo con “más” o “menos”, pero después de un momento de reflexión, un alumno dijo “es injusto”.

Estos pequeños pupilos forman parte de un nuevo programa preescolar bilingüe llamado MiMate, con el cual se ayuda a los niños a desarrollar habilidades pre-matemáticas esenciales. Estas últimas son las que los niños necesitan como base para las matemáticas de primaria: aprenden secuencias de números, a reconocer formas, a contar objetos y a diferenciar relaciones espaciales (por ejemplo encima ydebajo).

El Ministerio de Educación de Perú decidió lanzar un plan piloto del modelo MiMate en los departamentos de Huancavelica y Ayacucho, con apoyo técnico del BID y financiamiento del Fondo Especial Japonés de Reducción de la Pobreza del Banco. Estas dos regiones del sur son de las áreas más pobres en un país, que en su conjunto, no obtiene buenas calificaciones en las pruebas estandarizadas internacionales.

El programa comienza con una secuencia numérica cantando una canción que cuenta hacia arriba y hacia abajo, seguida de una estructura numérica, para la cual se pide a los niños poner círculos en torno a grupos de insectos, jugar con dados, etc. Las formas geométricas se enseñan con pequeñas baldosas plásticas, bloques de madera y dados, y las habilidades motoras finas se perfeccionan con bolas de arcilla y dibujo. Cada alumno recibe un paquete personal con círculos de cartón, tarjetas con números, un pequeño espejo, baldosas plásticas, bloques de madera y dados. Los juguetes y herramientas están disponibles en un rincón de la clase para que los niños jueguen durante su tiempo libre.

Cada alumno avanza a su propio ritmo, apoyándose en MiMate y en una enseñanza individualizada. Los maestros llevan a cabo evaluaciones formativas de cada estudiante cada dos semanas con juegos de tarjetas innovadores y sencillos que orientan la enseñanza.

La evaluación formativa constituye la base de la enseñanza individualizada. El objetivo no es dar una calificación numérica a los alumnos (lo cual sería una evaluación sumativa), sino lograr una realimentación que contribuya a identificar los puntos fuertes de cada alumno y aquellos aspectos en que requiera un apoyo adicional. Con base en un cuestionario de cinco minutos, el maestro orienta al alumno hacia una actividad apropiada que signifique un desafío para este, sin que al mismo tiempo lo abrume. Esto modifica el papel tradicional de los maestros, pues son ellos quienes responden a los alumnos y no al contrario, algo que exige paciencia y una atención más focalizada.

La enseñanza individualizada y la secuenciación del programa de estudios mantienen a los alumnos en la frontera de su zona de confort, donde el aprendizaje es más rápido. Por ejemplo, los niños aprenden primero a escribir los números como puntos (·, ··, ···, etc.) y progresivamente realizan la transición a la escritura de dígitos.

Los tutores docentes visitan las aulas para perfeccionar las técnicas didácticas. Dado que para los profesores con una larga experiencia un cambio tan profundo en la metodología de enseñanza puede resultar difícil, los tutores docentes ofrecen orientaciones y se aseguran que los maestros se adapten al nuevo programa. Durante el plan piloto de un año de duración, cada maestro recibió un promedio de seis visitas.

Innovaciones para la Acción contra la Pobreza sometió a prueba a más de 2.400 niños en 107 escuelas. Las escuelas fueron divididas aleatoriamente en dos grupos: el de control (53 escuelas) prosiguió con los planes ya existentes, mientras que el grupo de tratamiento (54 escuelas) adoptó el programa MiMate en sus aulas de preescolar durante el año escolar de 2012. En la línea de referencia del plan piloto, solo aproximadamente la mitad de los alumnos podía contar hasta el número 10 y menos de cuatro de cada 10 niños podía escribir su edad. En 2013, los alumnos fueron sometidos a una prueba después de completar un año regular de primero de primaria para medir si los efectos persistían.

Las brechas del aprendizaje afectan a grupos específicos de alumnos. En las pruebas la línea de base antes de MiMate, los varones obtenían mejores resultados que las niñas, y lo mismo ocurría con los alumnos de entornos socioeconómicos más acomodados versus los estratos socioeconómicos más bajos y con los hablantes del castellano versus los de quechua y los bilingües. MiMate fue diseñado para dar a estos grupos desfavorecidos una oportunidad de cerrar la brecha.

En promedio, los alumnos del programa MiMate mejoraron su desempeño en matemáticas en seis puntos porcentuales más que el grupo de control después de un año escolar. Este efecto positivo general estaba disperso entre numerosos temas de la prueba: comparar cantidades, reconocer formas, contar, seleccionar números y denominarlos, así como en composición aditiva, problemas de sumas y restas, y formas geométricas.

La brecha socioeconómica en las habilidades matemáticas se redujo, mientras que las de género y lengua persistieron. Los niños de un estatus socioeconómico bajo mejoraron su ritmo de aprendizaje hasta alcanzar el de sus pares más acomodados; lo mismo ocurrió con los alumnos rurales en relación con sus pares urbanos. Sin embargo, el programa no tuvo tanto éxito en cuanto a cerrar las brechas de género y de lengua, por lo cual las niñas y los hablantes de quechua avanzaron a un ritmo más lento que los niños y los hablantes de castellano.

Solo los alumnos de los profesores del programa MiMate que registraban los niveles más altos de educación formal siguieron obteniendo mejores resultados que el grupo de control un año después de que concluyera el programa. El hecho de que fueran los maestros mejor calificados —aunque no los más experimentados— quienes enseñaron más efectivamente sugiere que la flexibilidad de los mismos y la educación formal son aspectos cruciales para el éxito del programa.

El programa piloto tiene consecuencias significativas en materia de políticas públicas. Quizás lo más importante es que los resultados indican que existe la necesidad de ampliar los esfuerzos de formación docente y de centrarse en los maestros con un menor nivel de educación formal. Los alumnos de aquellos docentes que solo tenían un título de enseñanza no universitario no exhibieron efectos positivos a mediano plazo. Un programa de formación adicional podría equipar a estos maestros con mejores habilidades en el plano de la interacción con los alumnos y de gestión del aula, ambas necesarias para que el programa tenga éxito.

Por último, el mensaje sobre las brechas de género y de lengua es claro. Es necesario revisar el modelo para añadir ejercicios y mensajes que promuevan las matemáticas como una actividad normal entre las niñas. Por otro lado, si se continúa capacitando a los maestros (todas mujeres en la muestra) para que se desenvuelvan en matemáticas, se puede ayudar a estas niñas a mejorar su relación con esta materia. En cuanto a la brecha del lenguaje, utilizar un modelo bilingüe fue un primer paso importante pero resultó insuficiente. Los alumnos hablantes de quechua necesitarán un apoyo complementario. Cualquier otra cosa sería injusta.

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Suscriben Irán y la UE acuerdos para investigaciones conjuntas

Teherán, 17 abr (Prensa Latina)

Autoridades de Irán y de la Unión Europea (UE) firmaron varios memorandos de entendimiento para activar la cooperación en investigaciones conjuntas y entre universidades, destacaron hoy fuentes oficiales en esta capital.

Durante conversaciones con una delegación que encabezó la jefa de política exterior de la UE, Federica Mogherini, se discutió también la participación de la república islámica en el marco del programa Horizonte UE 2020, con un presupuesto de 80 mil millones de euros para el período 2014-2020.

Igualmente se remarcó la conveniencia de formar un grupo de trabajo para mejorar la cooperación en áreas como energías renovables, temas nucleares pacíficos, manejo de riesgos, planificación urbanística, ingeniería ante terremotos y cambio climático, entre otros.

Fuentes de agua, seguridad alimentaria, economía agrícola y salud destacaron entre los acuerdos de cooperación suscritos por ambas partes, gracias a la presencia aquí de siete comisarios europeos que acompañaron a Mogherini en su segundad visita a Teherán en menos de un año.

La alta representante de Política Exterior y Seguridad de la UE viajó junto a los comisarios de Mercado Interno, Industria, Emprendedores y Pequeñas y Medianas Empresas; Energía y Acción Climática; Ayuda Humanitaria y Manejo de Crisis; Transporte; e Investigación, Ciencia e Innovación.

También llegó a Teherán con los responsables de Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca; y de Cultura, Educación, Juventud y Deportes de la UE, quienes al igual que sus demás colegas sostuvieron pláticas con sus contrapartes iraníes.

Irán y la UE expresaron ayer disposición a aprovechar el «nuevo capítulo» abierto para sus relaciones tras la firma del acuerdo nuclear en Viena, el 15 de julio de 2015, y el levantamiento de las sanciones económicas el 16 de enero de este año.

En pláticas con el canciller Mohammad Javad Zarif, la diplomática europea señaló la voluntad de concretar proyectos conjuntos en sectores tan diversos como los de energía, migración, investigación conjunta, seguridad y derechos humanos para ampliar los vínculos.

Zarif y Mogherini dijeron que el bloque comunitario y la nación persa honrarán el Plan de Acción Conjunta Integral (PACI), nombre del pacto nuclear, y señalaron la necesidad de adoptar medidas preparatorias para abrir una oficina representativa del bloque comunitario en Teherán.

La UE e Irán también se pronunciaron por mantener un intercambio regular de puntos de vista y conversaciones y consultas políticas anuales a nivel ministerial y de los respectivos jefes de las diplomacias.

Según Zarif y Mogherini, ambas partes compartieron objetivos que entienden vitales para promover los vínculos, en particular mejorar la cooperación financiera, reconocer la importancia de temas macroeconómicos y alentar el comercio, las finanzas y la inversión para el crecimiento sostenible.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4795831&Itemid=1

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ODS/Objetivo 14: Vida marina

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

Los océanos del mundo, su temperatura, composición química, corrientes y vida son el motor de los sistemas globales que hacen que la Tierra sea un lugar habitable para los seres humanos. La forma en que gestionamos este recurso vital es fundamental para la humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático.

Los medios de sustento de más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera. Sin embargo, el 30% de las poblaciones de peces del mundo está sobreexplotado hasta llegar a un nivel tal que hoy se encuentra muy por debajo del necesario para producir un rendimiento sostenible.

Los océanos también absorben alrededor del 30% del dióxido de carbón generado por las actividades humanas  y se ha registrado un 26% de aumento en la acidificación de los mares desde el inicio de la revolución industrial. La contaminación marina, que proviene en su mayor parte de fuentes terrestres, está llegando a niveles alarmantes: por cada kilómetro cuadrado de océano se encuentra un promedio de 13.000 trozos de desechos plásticos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible generan un marco para ordenar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros de la contaminación terrestre, así como para abordar los impactos de la acidificación de los océanos. Mejorar la conservación y el uso sostenible de los recursos oceánicos a través del derecho internacional también ayudará a mitigar algunos de los retos que enfrentan los océanos.

Proteger los océanos es uno de los 17 Objetivos Globales de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible. Un enfoque integral es crucial para avanzar en los diversos objetivos.

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ODS/ Objetivo 12: Consumo responsable y producción

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Para conseguir un crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. La agricultura es el principal consumidor de agua en el mundo y el riego hoy representa casi el 70% de toda el agua dulce disponible para el consumo humano.

La gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este objetivo. También es importante instar a las industrias, los negocios y los consumidores a reciclar y reducir los desechos, como asimismo apoyar a los países en desarrollo a avanzar hacia patrones sostenibles de consumo para 2030.

El consumo de una gran proporción de la población mundial sigue siendo insuficiente para satisfacer incluso sus necesidades básicas. En este contexto, es importante reducir a la mitad el desperdicio per cápita de alimentos en el mundo a nivel de comercio minorista y consumidores para crear cadenas de producción y suministro más eficientes. Esto puede aportar a la seguridad alimentaria y llevarnos hacia una economía que utilice los recursos de manera más eficiente.

Consumo responsable y producción es uno de los 17 Objetivos Globales de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible. Un enfoque integral es crucial para avanzar en los diversos objetivos.

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ODS/ Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En 2050, esa cifra habrá aumentado a 6.500 millones de personas, dos tercios de la humanidad. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos.

El rápido crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo, en conjunto con el aumento de la migración del campo a la cuidad, ha provocado un incremento explosivo de las megaurbes. En 1990, había 10 ciudades con más de 10 millones de habitantes en el mundo. En 2014, la cifra había aumentado a 28, donde viven en total cerca de 453 millones de personas.

La extrema pobreza suele concentrarse en los espacios urbanos y los gobiernos nacionales y municipales luchan por absorber el aumento demográfico en estas áreas. Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva.

Ciudades sostenibles es uno de los 17 Objetivos Globales de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible. Un enfoque integral es crucial para avanzar en los diversos objetivos.

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China: Protestas laborales en el sector público: ¿retorno a los noventa?

Fuente Viento Sur/ Kevin Lin /16 de abril de 2016

En el primer trimestre de este año, una huelga de una semana de duración en una renqueante empresa siderúrgica estatal de Guangzhou, una manifestación de mineros en Heilongjiang para denuncar al gobernador por una declaración engañosa sobre sus salarios y una convergencia cargada de simbolismo de mineros del carbón en la antaño revolucionaria zona de Anyuan, en Jiangxi, hacen temer a algunos que estemos ante una nueva oleada de movilizaciones de los trabajadores del sector público.

Ha pasado más de un decenio desde la última oleada importante de movilizaciones de estos trabajadores: entre 1997 y 2003, el sector público cerró y privatizó un gran número de empresas estatales, condenando al paro de forma temporal o permanente a un total de 25 a 40 millones de trabajadores, diezmando comunidades obreras enteras y propiciando que decenas de miles de trabajadores salieran a la calle. Sin embargo, justo cuando los trabajadores chinos emigrados del mundo rural y empleados en el sector industrial orientado a la exportación empezaban a mostrar su malestar y a organizarse a comienzos de la década de 2000, la resistencia de los obreros industriales del sector público a la implantación de criterios de mercado encajó una derrota histórica. Esta se debió a una combinación de supresión pura y dura, compensaciones selectivas y el abandono gradual del proceso de implantación de criterios de mercado en estas empresas.

La conflictividad actual recuerda en muchos aspectos a la tumultuosa ola de protestas en el sector público a finales del siglo pasado y comienzos del actual. El parecido es asombroso: ante la caída de la rentabilidad y el exceso de mano de obra, los trabajadores del sector público exigen una vez más salarios dignos e indemnizaciones suficientes en caso de despido. Las imágenes familiares de trabajadores industriales del sector público manifestándose refuerzan la sensación de déjà vu. Pero ¿de verdad está repitiéndose la historia?

El sector público ha cambiado profundamente en muchos sentidos. Décadas de reforma han convertido la economía planificada china en un sector público modesto, pero estratégicamente significativo. El mismo proceso que condujo al cierre y a la venta de fábricas también trajo una restructuración radical de las relaciones laborales y del proceso de producción, sentando las bases para un decenio de rápida recuperación y expansión. Esto convirtió a su vez a las empresas públicas en los conglomerados más grandes de sus respectivos sectores industriales, asegurando una década de relativa paz laboral.

Consecuencias de la crisis financiera mundial

Sin embargo, poco después del estallido de la crisis financiera mundial aparecieron signos de tensión. Durante algunos años, la desaceleración del crecimiento de los beneficios del sector público no parecía ser amenazante, pero comenzó una batalla ideológica en torno a la idea de que era necesario y deseable introducir nuevas reformas. Las instituciones financieras internacionales, economistas neoliberales y cámaras de comercio extranjeras criticaron duramente la ineficiencia y la corrupción de la empresa pública china y propugnaron repetidamente la supresión de los subsidios del Estado y una nueva reducción del sector público. A finales de 2015 parecía que volvían a plantearse reformas del sector público, pero para decepción de los críticos, estas reformas estaban destinadas a reforzar y no seguir privatizando las empresas de este sector.

Recientemente, los apuros económicos de China han comenzado a precipitar una crisis de sobrecapacidad industrial que muchos habían anticipado. Los márgenes de beneficio de la industria siderúrgica son sorprendentemente bajos y los salarios y condiciones de los trabajadores son muy precarias en lo que se ha calificado de economía “zombi”. Dicen que las fábricas de acero y las minas de carbón llevan retrasos de meses en el pago de salarios y muchos trabajadores ya han sido despedidos. Cuando visité una acería en la ciudad meridional de Kunming en 2012, pude comprobar que apenas sobrevivía con un magro beneficio, y en ella los trabajadores cumplían largos turnos y cobraban poco más que el salario mínimo.

En los últimos dos años ya ha habido varios casos de protestas en el sector público, pero hasta ahora no hemos podido ver toda la magnitud de la sobrecapacidad industrial y de la caída de la rentabilidad en los sectores del acero y el carbón, además de toda la carga que esto supone para los trabajadores. Por tanto, no es extraño que estos emprendan acciones colectivas. Sin embargo, ¿es probable que esto se convierta en una repetición de la ola de protestas de finales de los noventa?

En cuanto al volumen de los despidos, mientras que a finales de los noventa las autoridades chinas aplicaron recortes en empresas públicas de todos los sectores, ahora los despidos parecen afectar mayormente a dos sectores: las fábricas de acero y las minas de carbón. No hay pruebas de que el gobierno esté interesado en una reconversión de todo el sector público como hace dos decenios. Los despidos previstos van de 1,8 millones de trabajadores (alrededor del 10 % de la mano de obra en la siderurgia y un 20 % de los mineros de carbón) a 5 o 6 millones, unas cifras que de por sí son devastadoras, pero que no tienen ni punto de comparación con los 25 a 40 millones de trabajadores que perdieron su empleo durante la anterior oleada de reformas. De hecho, hoy en día, el conjunto del sector público –sin incluir servicios públicos como la enseñanza y la sanidad– emplea a menos de 40 millones de trabajadores.

¿Un nuevo volcán social en ciernes?

En cualquier caso, 1,8 millones de trabajadores serán también una fuente considerable de inestabilidad social. Además, por su propia naturaleza, las protestas del sector público plantean un desafío más directo al Estado que las del sector privado. Para hacer frente a esta amenaza, el partido único parece haber aprendido las lecciones del pasado. Ha destinado preventivamente 100 000 millones de renmimbis (unos 15 000 millones de dólares) a recolocar y ayudar a los trabajadores despedidos a encontrar un nuevo empleo. Sin embargo, pese a que estos fondos ya han quedado reservados para compensar a los trabajadores despedidos, si las recientes protestas indican algo, es que la irresponsabilidad y la imprudencia de las direcciones de las empresas serán más la norma que no los arreglos pacíficos. Puede que los conflictos en las fábricas sean inevitables.

¿Se extenderán los despidos a otros sectores a causa del agravamiento de la crisis económica? No cabe descartarlo. Los sectores del carbón y el acero no son los únicos que tienen un exceso de capacidad, y es posible que la economía china se contraiga fuertemente. No obstante, gracias a los subsidios del Estado, el acceso al crédito de los bancos públicos y la protección industrial, hoy en día las empresas públicas chinas están más pertrechadas que hace dos decenios para absorber los reveses y las pérdidas. Además, es probable que el Estado recurra al presupuesto para apoyar al sector público y limitar los despidos a los dos sectores señalados.

Claro que las protestas de los trabajadores del sector público se producen en un periodo particularmente difícil, cuando ha habido movilizaciones de decenas de miles de trabajadores migrantes del sector exportador, un factor que era mucho menos significativo que a finales de los noventa. Esto sin duda puede hacer que la situación sea más explosiva. No obstante, es posible que la localización de las protestas del sector público no coincida significativamente con la de las luchas del sector exportador. Aunque una huelga reciente de trabajadores de la siderurgia tuvo lugar en Guangzhou, las minas de carbón y las grandes plantas de acero suelen estar concentradas en el interior del país, en el norte y nordeste de China, lejos de las regiones costeras del sur. Esta diferencia de ubicación de los distintos sectores no ha cambiado en las dos últimas décadas.

Tal vez una de las mayores incógnitas sea la disposición de los trabajadores del sector público. ¿Quiénes son? ¿En qué se diferencian de los trabajadores del Estado maoístas? ¿Son más propensos a protestar? Durante los dos últimos decenios, las generaciones que guardaban la memoria del maoísmo y conservaban un vínculo sentimental con él y que vivieron la ola de despidos de los años noventa han sido en gran medida sustituidos por una mano de obra más joven. A resultas de este cambio generacional, los trabajadores del sector estatal ya no emplean el discurso maoísta, que había sido uno de los ejes del repertorio de protesta de los trabajadores de este sector en los anteriores periodos de agitación.

Sin embargo, los trabajadores del sector público se enfrentan hoy a sus propios retos. Dos décadas de intensificación del trabajo, de alargamiento de la jornada y de aumento de la brecha salarial entre los trabajadores y los directivos, han incubado el resentimiento y una profunda insatisfacción. Debido a las reformas laborales, los obreros del sector público pueden identificarse más que sus predecesores con los compañeros del sector privado. Es posible que esto dé pie a que estos obreros entren en contacto con sus homólogos de las empresas privadas, desarrollando de este modo una conciencia de clase y superando la divisoria entre unos y otros.

Nuevos retos y nuevas oportunidades

Es imposible predecir si la historia se repetirá o no. Las acciones del gobierno chino tanto a escala nacional como provincial desempeñarán un papel fundamental en la concreción de la respuesta de los trabajadores. Recientes iniciativas como el intento de congelar el salario mínimo y desmontar la seguridad social a discreción de las direcciones provinciales y locales, así como la posibilidad de suavizar la Ley de contratos de trabajo, considerada “excesivamente protectora”, acentuará muy probablemente los efectos dañinos de la restructuración para los trabajadores y tal vez provoque protestas más numerosas e indignadas.

Por los motivos señalados, esta vez quizá veamos dinámicas muy distintas de las que caracterizaron la última oleada de movilizaciones obreras. Esto sería un cambio positivo. Con todo el valor y la determinación de los trabajadores del sector público implicados en las rebeliones anteriores, es importante reconocer las limitaciones de estas movilizaciones. No cabe duda de que se avecinan tiempos difíciles para los trabajadores chinos del sector público, pero los nuevos retos también traen oportunidades para el desarrollo de un movimiento obrero más fuerte y unido.

1/4/2016

Kevin Lin es investigador de políticas laborales y sociedad civil en China.

Traducción: VIENTO SUR

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Informe «Un peligroso dúo regulador» : reflexiones sobre los riesgos del Acuerdo TTIP entre la UE y EE UU

5 de abril| Antiglobalización |

El informe ’Un peligroso dúo regulador’, editado por Corporate Europe Observatory, Lobby Control y Ecologistas en Acción, explica cómo los grupos de presión de las principales multinacionales influyeron en las negociaciones del tratado comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Un aspecto crucial de las negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión entre la UE y EE UU (TTIP por sus siglas en inglés) consiste en adaptar la legislación a ambos lados del Atlántico, por medio de la llamada cooperación reguladora. Esta parte de las conversaciones implica el desmantelamiento de las «barreras reguladoras» existentes y la prevención del surgimiento de otras nuevas, al hacer que la legislación en favor del interés público tenga que pasar por largos procedimientos de aprobación, que incluyen el posible veto empresarial por los impactos sobre el comercio. La preocupación porque el acuerdo comercial derive en ataques contra la protección ambiental, la seguridad en el trabajo, la sanidad pública o la calidad de los alimentos está más que justificada: el informe ’Un peligroso dúo regulador’, recientemente traducido al castellano, revela que los mecanismos de cooperación reguladora ya han sido utilizados por los grupos de presión empresarial para retrasar, diluir y evitar la legislación en favor del interés público.

El informe examina los orígenes y efectos de las propuestas del TTIP en materia cooperación reguladora y muestra que, desde sus comienzos, el proceso ha estado dominado por las grandes empresas. Los ejemplos resaltados en el estudio son el debilitamiento de la ambición de la UE sobre la gestión de residuos electrónicos peligrosos, la falta de supervisión de la gigante de los seguros AIG en los años previos a la crisis financiera de 2008, la exención que se ofreció a las empresas estadounidenses en el Acuerdo de Puerto Seguro, lo que les permitió hacer caso omiso de las normas sobre la protección de datos personales, y propuestas que retrasaron o debilitaron las propuestas de legislación sobre los ensayos con animales, las sustancias que dañan la capa de ozono y las emisiones de la aviación.

El enfoque preferido de la UE –para asegurar leyes son similares en ambos lados del Atlántico– es exactamente el tipo de «cooperación regulatoria» que ya ha dado lugar al debilitamiento de los estándares sociales y ambientales en la UE.

El informe también muestra que, aunque las negociaciones sobre el TTIP se iniciaron oficialmente en 2013, los preparativos para el acuerdo comenzaron décadas antes, en secreto y con acceso privilegiado para los representantes de las grandes empresas. Con la cooperación reguladora del TTIP se pretende cubrir todo el espectro de políticas públicas, que abarcan desde la regulación de los productos químicos a las política laborales, la protección de datos o la agricultura, lo que convierte al tratado en uno de los objetivos fundamentales de los grupos de presión empresariales.

Para leer el informe: http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/regulatoryduet_sp_web.pdf

Fuente del documento: http://www.ecologistasenaccion.org/article31940.html

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