APSE, SEC y ANDE manifestaron su preocupación por la labor que realiza la ministra Anna Katharina Müller
Por Valeria Martínez
Los sindicatos criticaron este martes por la noche, en la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa, la gestión que realiza el Ministerio de Educación Pública (MEP) frente a la crisis educativa que vive Costa Rica.
Para ellos, el MEP se enfrenta a la “emergencia pedagógica más grande y peligrosa” sin ningún liderazgo. Incluso, cuestionaron la llamada “Ruta de la educación” presentada el 2 de febrero por la ministra Anna Katharina Müller y el presidente Rodrigo Chaves y la calificaron como un “show”.
“Si bien la ministra ha planteado ideas sueltas sobre la cuestión educativa, en realidad ninguna de ellas constituye un plan coherente, organizado y estructurado. Recientemente, señaló (la jerarca) que la ruta es un proceso vivo, sin documentos. Es decir, estamos frente al peor de los escenarios educativos”, dijo Ana Doris González, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).
González mencionó, además, que APSE no fue tomado en cuenta para elaborar ningún plan.
El mismo argumento llevó el presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación Costarricense (SEC), Gilberth Díaz. Advirtió que de “no corregirse el rumbo estamos a la puerta de perder varias generaciones de ciudadanos que van a egresar con conocimientos insuficientes para poder laborar”.
“No hemos sido constructores de esa ruta que no existe. Vea lo que pasó con los asesores: es que aquí han desconocido hasta a las universidades públicas; no han construido con ellos la mentada ruta, no existe ruta”, dijo Díaz, quien alertó que la educación del país “va hacia la ruina”.
‘Profesores no dan clases’
Los tres grupos sindicales que se hicieron presentes en el Congreso defendieron a los profesores y su trabajo. Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), adujo que el “apagón educativo” no se inició en el 2018 con las huelgas de profesores.
“Nos dicen vividores, nos llaman de muchas maneras, solo critican, pero no aportan. Hablan de los sindicatos y que somos los que tenemos destruido al MEP, pero no es así. Estos sindicatos vienen a contribuir y son necesarios porque llevan la voz de quienes trabajan en las aulas”, agregó.
APSE criticó la carga laboral de los docentes.
“Nosotros ya no damos clases, nos dedicamos día y noche a llenar papelitos, que hagamos aquí que allá, que las pruebas comprensivas, ¿por qué? Porque necesitan una página de Excel que diga a la par del chiquito que no sabe sumar o restar, pero no nos dejan dar clases, no nos dejan trabajar”, dijo Ana Doris Gonzalez.
Desde el SEC, Díaz alegó que la estabilidad laboral, la carga, la zozobra e inseguridad que tienen los docentes es lo que “viene a causar problemas”.
‘Aulas son tugurios’
Gilda Montero habló sobre la infraestructura de los centros educativos y explicó que existen dos extremos.
“Una infraestructura altamente deficiente, aulas en mal estado, precarizadas, aulas que son tugurios. Un niño en una condición económica baja no tiene condiciones adecuadas en un aula donde las ventanas se tapan con una lata de zinc, donde los servicios sanitarios no son dignos”, afirmó.
Rechazan la propuesta del Ejecutivo de reducir el presupuesto del sector en más de 25 por ciento para el año 2023.
El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) exigió este lunes al Gobierno de dicha nación centroamericana otorgar el ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública del país, como estipula la Constitución del país.
En un comunicado de prensa, el gremio rechazó la propuesta del Ejecutivo de reducir el presupuesto actual del sector en más de 25 por ciento para el año 2023.
Denunció que, según el Gobierno, ese recorte ya se aplica al Ministerio de Educación Pública y procede aplicar el mismo a las universidades públicas.
El bloque sindical precisó que esta propuesta se formuló mientras se negocia el financiamiento que entregará el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves a la educación en el próximo año fiscal.
Bussco calificó de inconstitucional dicha maniobra, recordó que la Carta Magna establece que hay que dedicar al sector el ocho por ciento del PIB y cuestionó que el recorte del gasto público ayude a reducir el déficit fiscal y a sanear las finanzas.
Aseguró que el Gobierno intenta debilitar al sector público y desunir a sus trabajadores, para luego privatizar servicios esenciales que concretan derechos de todos los costarricenses, como la educación y la salud.
Por otra parte, dejó claro que ese intento de atacar y desprestigiar al sector obedece a una estrategia de los sectores neoliberales.
Tras conocerse la intención del Gobierno de seguir adelante con el recorte presupuestario, las universidades públicas anunciaron su rechazo y convocaron a una manifestación este martes frente a Casa Presidencial.
Las agrupaciones buscan alcanzar un voto informado y responsable basada en las respuestas de los candidatos.
En vista de la próxima ronda electoral, una agrupación de ciudadanos y ciudadanas y colectivos sociales, en su mayoría feministas, demandan posturas y respuestas de los candidatos presidenciales José María Figueres (Partido Liberación Nacional) y Rodrigo Chaves (Partido Progreso Social Democrático) sobre los temas de empleo, educación, y estabilidad financiera.
Con el objetivo de tomar una decisión informada y responsable para el voto en las próximas elecciones, las organizaciones sociales recopilaron preguntas que “reflejan preocupaciones cotidianas de la ciudadanía”.
“Estaremos vigilantes de que las instituciones que garantizan el Estado social de derecho no se cierren ni cambien su naturaleza sino, por el contrario, se fortalezcan para que puedan cumplir con sus mandatos para garantizar el bienestar de toda la población”, dicta el documento de iniciativa ciudadana.
El colectivo dictaminó las siguientes preguntas dirigidas a los candidatos, para analizar si existen propuestas viables dentro sus respuestas:
Costa Rica se ha comprometido como país a escala internacional, a lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres, ¿qué medidas concretas hará su gobierno para cumplir con esta obligación? ¿Qué medidas tomará para garantizar que esas obligaciones se incluyan en los programas y planes operativos institucionales?
¿Cómo van a enfrentar el problema del desempleo y del empleo de mala calidad que afecta actualmente a la población costarricense?
Las mujeres presentan los mayores niveles de desempleo, subempleo, empleo informal y mal pagado, y enfrentan enormes limitaciones para salir a trabajar, debido a las labores de cuido, ¿Qué medidas y programas concretos y realizables proponen para que las mujeres tengan acceso a trabajos de calidad y bien remunerados?
¿Qué propuestas tienen para mejorar el acceso a los servicios de salud? ¿Cómo van a asegurar la estabilidad financiera de la CCSS con servicios de calidad para toda la población?
¿Cómo se va a asegurar un proceso de envejecimiento digno para la creciente población mayor?
Nos preocupa profundamente la grave crisis educativa que vive la población estudiantil del sector público, ¿Qué medidas concretas y efectivas tomarán para asegurar una educación de calidad y detener la exclusión educativa?
Ante eventuales descontentos populares por decisiones de gobierno, ¿qué mecanismos utilizarán para considerar las posiciones de sindicatos, organizaciones sociales y demás sectores de la sociedad civil?
¿Cuáles serán sus prioridades en programas y políticas para el sector agropecuario? ¿Fomentarán las plantaciones de piña, banano y melón, productos agrícolas altamente contaminantes junto con la precariedad de la condiciones de estos trabajos? ¿Qué medidas tomarán para fomentar la producción de alimentos para consumo nacional? ¿Qué propuestas tienen en relación al problema del cambio climático en el sector agropecuario?
¿Qué medidas van a tomar para mejorar las políticas y programas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia femicida?
¿Promoverán el cierre, venta o participación privada en instituciones estatales? En caso afirmativo: ¿Cuáles son sus propuestas?
¿Cómo implementarían la regla fiscal para que no afecte los programas sociales?
¿Cuáles son sus propuestas para fortalecer el Estado social de derecho y la institucionalidad pública?
¿Cómo resguardarán los recursos económicos de las instituciones que protegen los derechos de las mujeres en toda su diversidad, los derechos humanos en general y el medio ambiente?
¿Cómo resolverán los conflictos por usurpación de tierras en los territorios indígenas?
La redacción de las interrogantes cuenta con el apoyo de los colectivos Observatorio de Medios de comunicación y Género (GEMA), Diásporas feministas, Universidad Bíblica Latinoamericana, Foro de Educación Religiosa en Costa Rica, Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense, Arte para Volar, Colectiva Hijes del Mar, Informa-tico periódico digital, Profesionales para la ciudadanía, Quinta Esencia, Rosarce Consultoría, Colectivo Picos Rojos Feministas CR, Alianza de Mujeres Costarricenses, Mujeres en Acción y Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA); junto a más de 160 firmas independientes.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, destacó hoy la importancia de retomar el curso escolar porque la pandemia de Covid-19 evidenció grandes brechas en conectividad y no quiere que algún estudiante se quede atrás.
‘En una época tan difícil como esta pandemia, hemos tenido claro que una de nuestras prioridades ha sido proteger la educación porque estas niñas y niños se encargarán del futuro de Costa Rica. Es importante que vuelvan a las clases’, afirmó Alvarado.
En el acto oficial de reanudación del curso lectivo 2021, realizado en la Escuela Sarchí Norte, el mandatario aprovechó para insistir en la necesidad de que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de ley para la alfabetización digital, ya que permitiría dotar de dispositivos e internet a los estudiantes en sus hogares.
Al respecto, resaltó que ‘si logramos aprobar este proyecto, sería un legado que mejoraría la vida de miles de costarricenses en todos los rincones del país’.
De su lado, la ministra de Educación Pública (MEP), Guiselle Cruz, aseguró que demostrado por estadísticas en tiempo de pandemia, los centros educativos siguen siendo espacios seguros y de protección para los educandos gracias a la estricta aplicación de los protocolos sanitarios.
‘Esta mañana, arrancamos con un nuevo esfuerzo para terminar el ciclo lectivo 2021, y volvemos con confianza porque hemos fortalecido nuestros procesos para nivelar la asimilación de contenidos, monitorear el avance con un sistema informático de evaluación y para estar más seguros’, subrayó Cruz.
De acuerdo con el MEP un millón 287 mil 749 estudiantes retomaron este lunes el curso lectivo 2021 en el modelo combinado presencial-a distancia (virtual), el cual estuvo en pausa desde el 24 de mayo pasado para reducir el incremento de los nuevos casos de la Covid-19, con más de dos mil positivos diarios y más de 30 fallecidos al día.
Cuando el 17 de mayo pasado la titular del MEP Giselle Cruz anunció la suspensión del curso lectivo, adelantó que la interrupción implicará una extensión del año escolar, el cual debía finalizar a principios de diciembre de 2021, pero ahora lo hará en enero de 2022 para en esos dos meses recuperar las clases que no se impartieron en esta pausa.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, reiteró hoy su compromiso con una educación de calidad para todas las personas e insistió en la urgencia de aprobar el proyecto de ley para la alfabetización digital.
Costa Rica sí puede, Costa Rica cree en sus nuevas generaciones y el futuro que está construyendo, apuntó Alvarado en el acto de inauguración del curso escolar 2021, efectuado en el Colegio Técnico Profesional de Purral, en el capitalino cantón (municipio) de Goicoechea.
El mandatario tico sostuvo que este regreso seguro a clases, con todos los protocolos sanitarios requeridos y con una modalidad de educación combinada (presencial y a distancia), es parte de nuestro compromiso por luchar por una educación de calidad para todas las personas sin distinción en todo el país.
‘Creemos en el derecho a la educación y creemos que debemos seguir adelante de la mejor manera posible’, subrayó y resaltó la importancia de regresar a las aulas no solo para desarrollar lo académico, sino también para promover la interacción y el ámbito emocional.
Más adelante, Alvarado insistió en la urgencia de aprobar en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la alfabetización digital, al constituir una herramienta crucial de inclusión e igualdad para que estudiantes de todas las regiones puedan acceder a las tecnologías y a los conocimientos para su mayor aprovechamiento.
De su lado, la ministra interina de Educación Pública, Melania Brenes, indicó que por medio de la estrategia Regresar capacitaron a estudiantes y docentes en el área tecnológica, buscaron mecanismos para ejercer el derecho a la educación y a la alimentación y promovieron la seguridad de la comunidad educativa.
Al respecto, explicó, prepararon insumos de limpieza y desinfección para este año; sin embargo, lo más importante, como lo dice la campaña Yo me cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida, es una responsabilidad de todas las personas para volver a compartir en la presencialidad.
Después de nueve meses de enseñanza a distancia por la Covid-19, hoy volvieron a los centros escolares un millón 196 mil 152 estudiantes bajo un modelo combinado, el cual alterna clases presenciales y a distancia, tanto de forma virtual como con materiales didácticos para quienes aún no pueden acceder a la tecnología.
El Ministerio de Educación Pública señaló que los docentes brindarán acompañamiento al estudiantado para construir procesos guiados, de acuerdo con las necesidades cognitivas y mejorar el nivel de logro en sus aprendizajes.
América Central/Costa Rica/06-12-2020/Autor(a) y Fuente: surcosdigital.com
El miércoles 02 de diciembre, en el marco de la conferencia de prensa “Costa Rica, amenazas de muerte a Pablo Sibar y demás recuperadorxs de territorios indígenas”, el Secretario General del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), Trino Barrantes Araya, compartió las siguientes palabras:
Principios para una política a favor de los pueblos y territorios indígenas costarricenses
Trino Barrantes Araya
tbarrantesa@gmail.com
San Pedro de Montes de Oca
Miércoles 2 de diciembre de 2020
Un pequeño preámbulo:
Debieron pasar 427 años, después de la conquista, para que el tema indígena se pusiera en el tapete de los organismos internacionales. Efectivamente, es a partir de 1919 que el tema indígena procura la atención de los Estados-nacionales.
De igual forma es importante tener presente el papel del Tribunal Russell, pues con todas sus variables, es una primera de las instancias que posicionó el tema del respeto a los Derechos Humanos a los pueblos ancestrales. Aunque ciertamente el tema había sido considerado desde 1943, será en el año 1966, con el filósofo y literato Jean Paul Sartre, que el tema logra dimensionarse de manera universal.
Señalemos que ya, a partir del Convenio 107, la Organización Internacional del Trabajo presta una atención permanente a incorporar a los pueblos indígenas como actores de una realidad socio histórica y cultural de la cual son parte.
En el caso de Costa Rica, existe un buen cúmulo de leyes en torno a este eje. Así, de manera sucinta indicamos lo siguiente:
1973 – Ley 5251 Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas-CONAI
1977 – Ley 6172 Se sanciona la Ley Indígena.
1992 – Ley 7316 El gobierno de Costa Rica, ratificó el Convenio 169 de la OIT.
No es, sin embargo, este el tema que nos ocupa en este momento. Nos interesa sobre todo llamar la atención a favor de la integridad física y psicológica de Pablo Sibar Sibar, las lideresas indígenas y otros miembros de los territorios indígenas que son permanentemente amenazados de muerte.
Algunas ideas para una política indigenista:
1.- En enero de 1971, en Barbados se da una declaración que adquiere hoy en día una validez universal. “El derecho de los indígenas es previo al Estado”. No significa lo anterior que dichos derechos sean superiores al Estado, ni que la protección de la ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas deba considerarse como una independencia absoluta del conjunto de normas, leyes y valores en que se sustenta el Estado. Pero la propuesta que estuvo en discusión hace unos años en la Asamblea Legislativa en el Proyecto Ley 14.352, precisaba que los derechos indígenas sobre sus tierras y territorios anteceden en mucho al cuerpo legal que dio la estructura jurídica al Estado costarricense.
2.- Aunque los derechos de los pueblos indígenas no hayan estado escritos en papel o en un cuerpo de leyes previamente articulado, estos existían previos a la conformación de los Estado-nación, que son construcciones sociohistóricas que se dan más tarde.
3.- Existe un principio que une y acerca a la lucha indígena con otro gran sector que es el campesinado. Hacemos referencia en este apartado al trabajo como fuente de derecho sobre la tierra. Sobre los grandes territorios indígenas los blancos no tenían ningún derecho. “La tierra es para quien la trabaja” y 2000 años antes de la conquista y el mal llamado descubrimiento, los pueblos ancestrales, nuestros pueblos originarios habían desarrollado una gran cultura productiva. El indígena exige, no por capricho, la tierra para sus pueblos, porque lo recurrente es ese largo derecho a lo que les pertenece.
4.- Convenio No.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Sin lugar a dudas este apartado es clave: Parte I. Política General, Artículo 1, 1. Este convenio es sin duda un instrumento legal que valida lo que anteriormente hemos venido señalando, pues el mismo refiere a las condiciones sociales, culturales y económicas propias de los territorios indígenas que los distingue de la colectividad nacional, pero además este artículo refiere con gran convicción que en dichos pueblos se reconoce un principio ancestral de sus propias costumbres y tradiciones bajo una legislación propia y especial.
5.- En el Congreso referido anteriormente celebrado hace ya medio siglo, se reconoce al territorio y al grupo social indígena como verdaderas unidades políticamente viables e independientes del Estado. No obsta lo anterior, sin embargo, para eximir al Estado de sus obligaciones de apoyar y contribuir con el desarrollo de sus pueblos ancestrales, respetando, eso sí, su independencia y autonomía.
6.- El desarrollo nacional no puede entrar en contradicción con el desarrollo de los pueblos ancestrales, pero lo anterior exige por parte del Estado respetar la armonía de los pueblos con su naturaleza y el buen vivir.
Para finalizar, cuento con algunos recortes, tal vez del diario más reaccionario y mediático de este país, hago referencia al periódico la Nación. De la lectura del contenido de estos artículos, podemos arribar a importantes conclusiones. El abogado Carlos Tiffer, en su artículo: Crimen sin castigo, del domingo 6 de setiembre del 2020, página 28, es enfático en señalar que estamos en un “estado de impunidad”. Por eso, crímenes como el de Sergio Rojas Ortiz y el de Jehry Rivera, se deslegitiman y los actores materiales de dichos crímenes quedan impunes. Por su parte los periodistas Katherine Chaves y Carlos Arguedas, en su artículo: “Fiscalía pide desestimar causa contra sospechosos en crimen de indígena”, La Nación, sábado 26 de octubre de 2020, P.11. dejan claro a la opinión pública nacional e internacional, el juego sucio y el manipuleo en estos crímenes perpetrados contra las dirigencias históricas de los pueblos ancestrales.
Más insultante aún son los argumentos que logra descubrir el comunicador Arguedas en su artículo: “Fallo de tribunal agrario frena plan de indígenas para rescatar sus tierras”, La Nación, domingo 11 de octubre de 2020, p. 10.
Termino diciéndoles, a todas y todos los que estamos hoy participando de esta conferencia de prensa, que tenemos que convertirnos en abanderados en la defensa de la integridad física y psicológica de Pablo Sibar Silbar y de todas y todos los recuperadores de sus tierras ancestrales.
Fuente e Imagen: https://surcosdigital.com/principios-para-una-politica-a-favor-de-los-pueblos-y-territorios-indigenas-costarricenses/
Centro América/ Costa Rica/ 28.04.2020/ Fuente: www.horacero.com.mx.
A bordo de una canoa artesanal, unos indígenas costarricenses se lanzaron a un río del sureste de Costa Rica a cumplir una misión humanitaria de su etnia bribri: donar un saco con limones, 970 racimos de bananos y 150 kilos de yuca para solidarizarse con sus compatriotas que sufren una escasez de alimentos por las secuelas productivas del coronavirus.
Los hombres entregaron la carga en una orilla del río a la Fundación Lloverá, de este país, a nombre de una comunidad que vive en áreas remotas y enfrenta penurias cotidianas por la falta de centros de salud y servicios básicos.
Los bribris enviaron la ayuda pese a sus carencias diarias y a que, como el resto de los pueblos nativos de América Latina y El Caribe, están entre las poblaciones más vulnerables al ataque del Covid-19.
Registros oficiales precisaron que al menos 8% de los 660 millones de habitantes latinoamericanos y caribeños son indígenas y que una mayoría todavía apenas sobrevive tras siglos de marginación, desamparo, exclusión y olvido.
Para el indígena guatemalteco Amílcar Pop, diputado al Parlamento Centroamericano, “los indígenas durante los últimos 500 años, y en especial en los últimos 200 de vida republicana en América Latina, han sido víctimas de las políticas de Estado para empobrecerlos y alejarlos de los sistemas de salud y de educación (…) Como sujetos colectivos alejados de cualquier beneficio, por supuesto que son los más vulnerables”, dijo.
“Por la pandemia podemos perder nuestra memoria histórica. Pueblos enteros pueden desaparecer. No sabemos todavía las dimensiones de lo que esto implica. Se vislumbra un golpe muy fuerte en contra de su vida colectiva y la pérdida de su sabiduría, de diezmar a las comunidades desde sus ancianos”.
“Con el virus, la situación de nuestros pueblos es de exterminio, alto riesgo de extinción”, advirtió el senador indígena colombiano Feliciano Valencia, vocero de la (no estatal) Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
“Antes de la pandemia ya sufríamos una dramática situación por los rigores por los asesinatos de nuestras autoridades, guardias y líderes, del desplazamiento [forzado] y del constante asedio de grupos armados ilegales. Cuando llegó la emergencia sanitaria, aumentó el riesgo con el que ya vivíamos”, narró Valencia a El Gran Diario de México.
“Nuestra población es muy vulnerable. Tiene enfermedades multidimensionales por desnutrición, pobreza, abandono estatal, conflicto armado, narcotráfico, [penetración de] multinacionales y falta de políticas públicas para atender estas emergencias constantes. Esto ha hecho que el virus nos golpee con más fuerza”, contó.
Al anunciar que “encendimos las alertas” con casi 100 casos del padecimiento, Valencia lamentó que a los aborígenes “no nos llegan asistencia médica ni materiales de bioseguridad, alimentos, recursos. Agotamos los recursos. Vivimos en las periferias y en selvas, montañas y ríos con difícil acceso”.
Vieja factura. A juicio del indígena ecuatoriano Carlos Sucuzhañay, presidente de la Confederación Kichwa de Ecuador, la “factura” de guerras y epidemias “siempre las pagan los más pobres, que son los indígenas”.
“Somos los más vulnerables. Los gobiernos nunca invirtieron en salud o educación en nuestras comunidades”, dijo Sucuzhañay.
La carencia en alimentos y en atención a la salud también azota a unas mil 800 comunidades nativas de Perú por efecto del Covid-19.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) denunció ayer ante las organizaciones de Estados Americanos y de Naciones Unidas un peligro de “etnocidio” por las políticas nacionales y regionales contra el virus.
Hay “desatención evidente” y “reiterada discriminación” de los pueblos autóctonos, recalcó AIDESEP.
“Nos sentimos discriminados”, denunció el indígena peruano Lizardo Cauper, presidente de la Asociación. “Tenemos derecho a ser atendidos como todo peruano”, exigió.
Fuente de la noticia: https://www.horacero.com.mx/internacional/coronavirus-pone-a-pueblos-de-costa-rica-en-riesgo-de-extincion/
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