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Costa Rica-Defensoria: Recortes al presupuesto de la educación pública genera efectos irreversibles en la niñez y los jóvenes

“Cada colón que no se dirige a la educación y se incumple la obligación constitucional, provoca un deterioro irreversible en el sistema educativo público y afecta sensiblemente los derechos de la niñez y de las personas jóvenes”. Es por ello que la Defensoría de los Habitantes acudió a la Sala Constitucional a presentar una coadyuvancia a un recurso de amparo planteado ante la situación de recortes en el presupuesto destinados a la educación.

Una preocupación importante de esta Defensoría es que, debido al decreciente presupuesto asignado al sector educación a lo largo de los años, ha evidenciado un deterioro en diversos aspectos clave de la educación. Este declive se refleja en los resultados de las pruebas PISA, donde las calificaciones en matemáticas, lectura y ciencias son inferiores al promedio de la OCDE. En términos de infraestructura, 881 centros educativos cuentan con alguna orden sanitaria. Asimismo, se ha registrado una disminución del 30% en el número de personas beneficiadas por el programa Avancemos (transferencias directas del Programa de Equidad), así como una reducción del 1,5% en el número de estudiantes que reciben beneficios como transporte, alimentación y nutrición, becas postsecundarias y apoyo del programa de integración.

De un análisis realizado por la Defensoría de los Habitantes, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2023 del Instituto de Estadísticas y Censos, el número de personas de 5 a 18 años que no asisten a la educación formal aumentó de 46.554 en 2022 a 56.093 en 2023, lo que representa un incremento aproximado del 20%. El principal motivo de no asistencia es la falta de interés en el aprendizaje formal, con un aumento de 7.213 personas en 2022 a 11.875 en 2023, lo que equivale a un crecimiento del 63% en este grupo. Además, las personas menores de edad estudiantes son una de las poblaciones más afectadas por la pobreza y la pobreza extrema, alcanzando aproximadamente un 37% en 2023 (12% en pobreza extrema y 25% en pobreza).

A manera ejemplificante sin que se agoten los supuestos de la afectación a la educación, uno de los programas más afectados ha sido el Programa de Equidad del MEP al experimentar una disminución constante en los últimos años. En 2022, el presupuesto disminuyó en un 11% en comparación con 2021, y en 2023 se registró una reducción adicional del 2% en comparación con el 2022.

La Sala Constitucional desde hace más de una década ha advertido al Estado que los presupuestos asignados año con año a la educación pública han sido inconstitucionales por ser inferiores a lo que dispone el numeral 78 de la Constitución Política. Adicionalmente, con el recorte presupuestario a la Educación, el país incumple también lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sumado a ello, pone en evidencia en su coadyuvancia ante los Magistrados de la Sala IV que el informe presentado a ellos por Hacienda no demostró que dicha cartera haya realizado todas las medidas hasta el máximo de los recursos disponibles, para movilizar y asignar presupuesto al sector educación indicado en la Constitución tal y como lo disponen las normas convencionales de derechos humanos económicos y sociales ratificados por el país como condición para que el Estado justifique medidas que pudieran generar regresividad en el goce de estos derechos.

De ahí que esta Defensoría le planteó a la Sala Constitucional resolver el recurso de amparo antes del 30 de noviembre del presente año, para que, por primera vez en la historia, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa acaten dicha resolución previo a la aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2025.

Oficina de Comunicación Institucional

Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Recortes al presupuesto de la educación pública genera efectos irreversibles en la niñez y los jóvenes

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Costa Rica es el país con mayor porcentaje de casos de bullying reportados en el mundo, según estudio internacional.

Por Monserrat Cordero Parra | monsecorderoparra.mcp@gmail.com
De acuerdo con el estudio, en Costa Rica, 44% de los estudiantes se han sentido acosados en algún momento.  El segundo lugar lo ocupa Kazajistán con 39%, seguido de Marruecos con 37%.

Costa Rica es el país del mundo que reporta más casos de bullying en el mundo. Así lo señala un reportaje publicado en el medio de comunicación DW en español, basado en el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2022 que analiza 80 países.

De acuerdo con el estudio, en Costa Rica, 44% de los estudiantes se han sentido acosados en algún momento.  El segundo lugar lo ocupa Kazajistán con 39%, seguido de Marruecos con 37%.

Colombia, también de América Latina, se ubica en el puesto 11 con 23%, mientras que Brasil, Perú y Chile, por su parte, se encuentran empatados con el 20%, en las posiciones 16, 17 y 18, respectivamente.

De acuerdo con el medio alemán, existen características de la región que pueden contribuir a que haya más bullying, tales como la desigualdad social, la violencia crónica en algunas comunidades y la falta de recursos adecuados, por ejemplo.

Consultada sobre este tema, la psicóloga y profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica (UCR), Ana María Jurado, indicó que esta posición que tiene el país se debe al alto reporte. Agregó también que el Ministerio de Educación Pública (MEP) tiene herramientas insuficientes para abordar esta problemática.

“Lo que en realidad sale es que Costa Rica es el que país en el que más reportan personas jóvenes haber sufrido bullying. Esto no quiere decir que sea el país donde hay más bullying”, indicó Jurado, quien considera que se ha hecho un trabajo bueno en el país en cuanto a concienciación de esta problemática.

“(…) Tengo la tendencia a pensar de que a pesar de toda esa conciencia, las herramientas que tenemos para abordarla son sumamente limitadas. El MEP tiene un protocolo claramente insuficiente para la atención de la problemática a pesar de que es algo que ha sido común a lo largo de la historia de la educación formal”, añadió.

Aumento violencia y bullying en centros educativos

Los casos de violencia entre pares, adulto-estudiante y bullying reportados a la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública aumentaron significativamente en los últimos dos años, informó este Semanario el mes anterior.

Según datos de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP correspondientes al período que abarca del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2023 (se excluyen los años 2020 y 2021 por subregistro de los reportes debido a la pandemia por COVID-19), en el caso de la violencia estudiante-estudiante, para el año 2019 se presentaron 208 situaciones, mientras que para 2022 y 2023 las cifras llegaron a 587 y 497, respectivamente.

Esto quiere decir que estos casos —en promedio— aumentaron en un 160% entre los años 2019-2022 y 2019-2023.

En cuanto a violencia adulto-estudiante (la cual incluye la participación de personal docente y administrativo de escuelas y colegios), en el año 2019 se reportaron un total de 431 casos, así como 736 para 2022 y 811 en 2023.

Lo anterior significa que estas situaciones —promedialmente— aumentaron en un 79% entre el período 2019-2022 y 2019-2023.

Este mismo crecimiento se presentó en cuanto al bullying. Para el año 2019 se atendieron 197 casos, elevándose esta cifra a 294 en 2022 y 388 para 2023.

Esto quiere decir que para los años 2019-2022 y 2019-2023, las situaciones atendidas por la Contraloría —en la media— incrementaron en un 72%.

Hasta el 31 de julio de este año, esta dependencia contabilizaba un total de 366 casos de violencia adulto-estudiante, 244 de violencia entre pares y 197 de bullying.

En los últimos meses se han dado a conocer en prensa nacional, diferentes casos de violencia entre pares. Uno de los que más se viralizó fue el de una estudiante de San Carlos, quien fue agredida por otra persona menor de edad en el interior de un autobús escolar. Este hecho fue denunciado ante la Fiscalía.

Costa Rica es el país con mayor porcentaje de casos de bullying reportados en el mundo, según estudio internacional

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Costa Rica: Presupuesto de educación para capacitación docente se redujo en más de un 50% en siete años

El presupuesto para invertir en la capacitación del personal docente y administrativo que ofrece el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDPUGS) se redujo en un 55% en los últimos siete años.

Según datos del Ministerio de Educación Pública (MEP), para el año 2018, el presupuesto de este Instituto fue de ₡1.300 millones, pasando a ₡575 millones para el 2024. Estos datos no incluyen el gasto en remuneraciones y conexos.

El presupuesto más bajo de los últimos siete años se presentó el año anterior, cuando alcanzó apenas los ₡512 millones.

Los recortes al presupuesto de capacitación docente y administrativa se dan en medio de una alerta realizada por el IX Informe del Estado de la Educación, presentado en agosto del año anterior, el cual hizo referencia al debilitamiento de los procesos de capacitación y ausencia de acompañamiento a docentes y directores del MEP, situación que tiene impacto en la calidad educativa dentro de las aulas.

De acuerdo con datos del estudio, existe una disminución en la cantidad, diversidad y tipo de oportunidades de desarrollo profesional disponibles en el MEP a través del Instituto de Desarrollo Profesional. Entre 2019-2022, la cantidad de cursos para funcionarios del MEP se redujo en un 63% y los talleres en un 78%, pese a la implementación de las estrategias de no presencialidad, autoformación y a distancia para atender el cierre de los centros educativos durante la pandemia.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la creación de este Instituto por medio de la Ley N° 8697, el 12 de diciembre de 2008. Esta unidad ofrece cursos, talleres, asesoramientos, webinarios entre otras actividades de carácter formativo tanto para el título I como para el título II (personal docente y administrativo).

Entre la oferta formativa se encuentran competencias básicas y su mediación pedagógica, lectoescritura, formación tecnológica, salud mental y autoestima, gestión por resultados, bilingüismo e interculturalidad.

Instituto debilitado

El papel de este Instituto se ha ido debilitando con el paso de los años. Así lo afirmaron varios expertos consultados por UNIVERSIDAD.

De acuerdo con la diputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, por ejemplo, además de que se ha dado una reducción presupuestaria “tremenda” a esta institución, los funcionarios del MEP tienen limitaciones para acceder a estas capacitaciones, pues estas solo se pueden recibir fuera del horario laboral.

“La gente, aunque quiera capacitarse, tiene limitaciones porque debe ser fuera del horario laboral. Mucha gente lo que dice es que después de laborar toda la jornada, tomar de su tiempo libre para realizar evaluaciones y, asimismo capacitarse, cuando ni siquiera se reconocen…”, mencionó Alfaro.

Esto fue reforzado por la legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), Sonia Rojas, quien indicó que la ministra ha limitado la participación de docentes en capacitaciones.

“Hoy se les pide capacitarse, pero tienen que ver cómo lo hacen fuera de su horario laboral, situación que es compleja también para los que están en zonas rurales o retiradas de la GAM”, añadió Rojas, quien indicó que antes se daban más capacitaciones, porque sí existía permiso del jerarca de Educación para que el personal docente y administrativo asistiera.

Sobre este tema, el último Informe del Estado de la Educación señaló que las posibilidades de convocar docentes a capacitaciones presenciales enfrentan un dilema, pues, según los lineamientos del MEP, ninguna persona docente se puede citar en horario laboral, ni tampoco se puede obligar a participar en horario libre.

Además, agregaron, las capacitaciones no son obligatorias y existe una negativa a ofrecer permisos de asistencia durante la jornada laboral estipulada en la circular IDP-DE-025-2022.

La negativa del MEP para que el personal docente y administrativo asista a capacitaciones en horario laboral, se ajusta, según indicó la cartera, al cumplimiento con los doscientos días lectivos, según lo pactado en el Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación.

El Estado de la Educación agregó, también, que la pérdida de incentivos afecta la asistencia a este tipo de actividades, pues desde la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, algunas capacitaciones ya no tienen valor como puntos de carrera profesional.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), Gilda Montero, señaló que, con el paso de la pandemia, el papel del Instituto varió mucho.

“La ANDE ha reclamado ese tiempo en formación que no se está dando. Las capacitaciones que se han dado este año son mínimas y virtuales”, mencionó Montero.

Según estadísticas del MEP, este año se han realizado 173 capacitaciones, mientras que 153 se encuentran pendientes de ejecutar. Esto representa una disminución respecto al 2023, cuando se realizaron 530 actividades formativas.

“Si tuviéramos una ruta…, hay que empezar a capacitar a maestros líderes, comités de evaluación, pero eso no existe porque no hay ruta educativa. (…). ¿Dónde está la formación continua de los docentes? La formación continua es parte de la mejora y la calidad. Un docente entre más capacitado está, mejor calidad da dentro del aula”, añadió Montero.

Proyectos de Ley

Actualmente existen dos proyectos de ley relacionados con el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez; sin embargo, ambos tienen un objetivo muy diferente.

El proyecto de ley N° 8.697, presentado por la diputada del FA, Priscilla Vindas, pretende, por ejemplo, que se mantenga un registro de información sobre las capacitaciones que se brindan al personal docente y que el Instituto pueda realizar un plan anual en colaboración con el MEP y sindicatos de educación en el que se contemplen las necesidades de los diferentes actores parte del sistema educativo.

La iniciativa, además, prevé que el personal docente pueda atender las capacitaciones en horario laboral o extralaboral, siempre y cuando estas no choquen con el horario en el que imparten lecciones.

A esto se le suma una reforma para que al personal docente del MEP le reconozcan como puntos de carrera profesional los cursos que imparte esta institución.

Esta iniciativa se encuentra en estudio en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa.

Por su parte, el proyecto N° 23.105, denominado Ley de Recuperación de Competencias y Fortalecimiento de las Jerarquías de los Ministros, tiene como objetivo eliminar la desconcentración de algunas instituciones y abocar sus competencias a ciertos Ministerios. Este fue dictaminado en noviembre del 2023 y ya se encuentra listo para pasar al Plenario.

Este proyecto incluye trasladar el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano al Ministerio de Educación Pública como unidad organizacional de este Ministerio.

“Mantendrá sus funciones como institución encargada de la formación permanente del personal docente en servicio, (…). El MEP determinará la estructura administrativa y operativa del Instituto, de conformidad con los objetivos indicados en el presente artículo y lineamientos de Mideplan. El MEP incluirá en sus presupuestos, ordinarios y extraordinarios, los recursos para el funcionamiento del Instituto”, se lee en la iniciativa.

Este proyecto de ley ha sido criticado por diversos actores, quienes aseguran que el Instituto se quedaría sin funciones.

“Va a ser un cascarón sin funciones. Si ahorita tiene una función disminuida, ahora este proyecto pretende eliminar completamente sus funciones”, indicó la liberacionista Sonia Rojas.

A ella se sumó la legisladora del FA, Rocío Alfaro, quien indicó que esta institución se convertiría en un departamento del MEP sin capacidad administrativa.“Simplemente el MEP se lo va a tragar”.

La diputada agregó que no existen estudios que demuestren que sería mejor centralizar su administración.

Presupuesto de educación para capacitación docente se redujo en más de un 50% en siete años

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El principio de no regresividad y la violación al Derecho Humano a la Educación en Costa Rica

Por Nora González Chacón

El gobierno de Costa Rica hace ya varios años ha incumplido con el principio de progresividad propio de los derechos humanos y con sus acciones respecto de su obligación de crear condiciones materiales e inmateriales para el ejercicio de derechos, especialmente en el derecho humano a la educación que al día de hoy está subsumido en una crisis que se manifiesta en varias aristas: crisis material, simbólica e ideológica.

Sobre el derecho humano a la educación

El principio de progresividad en materia de derechos humanos implica un gradual progreso en las acciones estatales en materia de derechos humanos, no pueden ser regresivas.  El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en el artículo 5 señala explícitamente que esta normativa no le da derecho alguno a un Estado, grupo o individuo a realizar acciones tendientes a la destrucción de los derechos y libertades y no  admite restricción o menoscabo en el cumplimiento de los derechos signados. Consecuentemente los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que una vez ratificados por los países se conforman como leyes constitucionales perpetuas porque la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales, Convenciones y demás instrumentos que se derivan de ellos, se basan en el reconocimiento de la persona humana, de su dignidad, igualdad en derechos y libertades y ello no se puede relativizar.

La educación como derecho humano está reconocida en el artículo  26 de La Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 13 de los DESC y ambos la refieren como orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana y de su dignidad, fortaleciendo el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Crisis material

A pesar que nuestra Constitución Política ha sido progresiva en cuanto a crear las condiciones legales para su financiamiento, aplicando medidas como la reforma constitucional del año 2011 al artículo 78 aumentando un 2% del PIB para la educación pasando de un 6% a un 8%, lo cierto es que no se ha logrado financiar la educación con ese 8% y la tendencia a la baja en la educación está en caída libre incluso logrando cifras inferiores al 6% del PIB al día de hoy en un contexto en el que el 40% de estudiantes de entre 4 a 18 años se encuentran en pobreza y en este gobierno (2022-2023) las becas y transferencias condicionadas tuvieron una reducción real acumulada de casi un 30% (PEN, 2023).

Evidentemente hay una regresividad del derecho, un incumplimiento del Estado y un retroceso en el ejercicio del derecho humano a la educación por parte de los habitantes del Costa Rica. La gravedad de ello es que la educación en un derecho habilitante de los demás derechos, promueve el ascenso social, combate la pobreza, distribuye la riqueza y disminuye las desigualdades.

Crisis simbólica

Desde el Estado: Declaraciones recientes de Rodrigo Chaves (Ex funcionario del Banco Mundial, y cesado por acoso sexual), quien ostenta la silla presidencial del país, indicó que el porcentaje dedicado constitucionalmente a la educación había sido una medida populista y la ministra de educación Katharina Müller (Ex funcionaria de la UNESCO) señaló recientemente que el 8% para educación era un invento sin bases científica y que se debe enseñar a “los chiquillos” que la lista de los planetas cambia anualmente. (Ver: https://www.telediario.cr/videos/television/piden-renuncia-ministra-educacion-declaraciones-polemicas).

La MINISTRA DE EDUCACIÓN (con mayúscula) desea crear un imaginario social que ponga por fuera de las dimensiones reales de vida y de la existencia humana, las razones por las cuales se afecta la vida  diaria y la salud: ubica el origen de estos males ciudadanos en la relación natural, cósmica, planetaria  (perdón pero no puedo dejar de reírme cuando escribo esto…) y seguro extrasensorial, en la alineación de los planetas viejos, nuevos y futuros de nuestro sistema solar: “La lista de los planetas… porque es lista cambia cada año… queremos que los chicos entiendan como el movimiento de los planetas les afecta su vida diaria y su salud”  (Ver: https://www.teletica.com/politica/expresidente-de-sinart-ordeno-contratar-a-empresa-de-asesor-presidencial_342031 martes 5 de setiembre ).

Es evidente que ambos jerarcas cometen un delito, al atribuirse la potestad de interpretar el contenido y alcance de un derecho humano, así como la inversión en educación y la progresividad del derecho y consecuentemente disminuyen la dignidad de las costarricenses, los costarricenses y sus habitantes. Violentan el artículo 5 de los DESC, citad en el primer párrafo, que prohíbe a un Estado, grupo o individuo a realizar acciones tendientes a la destrucción de los derechos y libertades y no admite restricción o menoscabo en el cumplimiento de los derechos signados.

En el lenguaje: Los nueve informes del Estado de la Educación son el referente académico por excelencia en nuestro país en esta materia, sin embargo, no entienden la educación como un derecho humano ni trabajan con indicadores derivados de estos.  El nombre que se le da al derecho humano a la educación es: inversión social pública en educación o educación como bien público.  Únicamente en el primer informe se hace referencia a la educación como derecho humano. Estos informes miden la calidad de la educación en comparación a los resultados de las prueba PISA de Costa Rica respecto de los demás países que integran este órgano o según índices de desarrollo humano.

La pérdida simbólica, política, académica y de ejercicio de derechos está en vaciar el contenido de la educación como derecho humano.

Crisis ideológica

La avasalladora globalización económica que más que nunca ha generado una concentración de dinero inimaginable para quienes somos pobres, tiende a desaparecer y desprestigiar lo público con el propósito de construir un mercado que brinde todos los bienes y servicios, incluidos los derechos y en especial el derecho humano a la educación que ha tendido a una estandarización de conocimientos y a una concentración de producción del conocimiento científico los grandes polos de poder. Organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de origen privado y ahora intergubernamental promueve el desarrollo económico en base a procesos de formación en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM por su denominación en el idioma inglés) según las necesidades del mercado internacional muy descontextualizada de las realidades latinoamericanas y costarricense. Sin embargo, sus variables e indicadores de medición se nos imponen para que los países mas ricos del mundo sepan que tanto nos parecemos a ellos o no y en cuáles rubros. Pero en nuestras realidades cotidianas crece la pobreza, la evasión fiscal, el desempleo sin seguro de  desempleo, disminuye la cobertura médica, hay permanente crisis políticas, poca inversión en programas sociales para atender embarazo adolescente, poco presupuesto real para dar educación de calidad y contextualizada a nuestra realidad entre muchas otras cosas más (¡Ah! y explicaciones planetarias de las crisis económicas y de salud…).

Esta tendencia hacia lo privado ha llevado a los grupos de personas de negocios a ocupar puestos de poder y de toma de decisiones, gerenciando lo público y dándole “valor” hasta al ejercicio de un derecho. El desprecio por lo público se manifiesta en el ultraje sistemático a los derechos humanos y a la falta de empatía hacia la ciudadanía.

La educación en Costa Rica ya no es un derecho humano:  es un valor público, un bien público, una inversión social y por tanto no le aplican sus principios y se puede ir hacia atrás en las condiciones del cumplimiento de ese bien y valor, por ello además, las luchas populares por ella carecen de fundamento epistemológico sólido y se pierden.

Referencias

CNDH. (2016), Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37023.pdf

ONU. (1948). La Declaración Universal de Derechos Humanos. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

ONU. (1966) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights

PEN. (2023). Noveno Estado de la Educación 2023. https://estadonacion.or.cr/?informes=informe-estado-de-la-educacion-2023

Noticias

Telediario https://www.telediario.cr/videos/television/piden-renuncia-ministra-educacion-declaraciones-polemicas

Teletica.com https://www.teletica.com/politica/expresidente-de-sinart-ordeno-contratar-a-empresa-de-asesor-presidencial_342031).

El principio de no regresividad y la violación al Derecho Humano a la Educación en Costa Rica

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Costa Rica: Tras movilizaciones, MEP anuncia que pruebas estandarizadas se excluirán de nota de presentación y serán más fáciles de aprobar

El MEP estipuló que la cantidad de preguntas de las pruebas estandarizadas aumentó a 35 por componente, lo que implica que cada pregunta tendrá menor valor y por ende, habrá mayor posibilidad de acertar y aprobar.

El Ministerio de Educación Pública prometió a las y los estudiantes de colegio que la nota de la prueba estandarizada no va a influir en la nota de presentación que se remite a las universidades públicas, al tiempo que los exámenes tendrán más preguntas, por lo que serán más fáciles de aprobar.

Así lo anunció el mismo ministerio y lo confirmaron estudiantes.

Tras una serie de movilizaciones por parte de los estudiantes y enfrentamientos la tarde de este lunes frente a Casa Presidencial, tres estudiantes y tres viceministros, junto a algunos funcionarios, negociaron una serie de acuerdos que incluyen cambios en las evaluaciones, temas de comunicación y la promesa de no ejercer represalias contra quienes se manifestaron.

En el documento, firmado por Jorge Rodríguez, viceministro de la Presidencia; Leonardo Sánchez y Melvin Chaves, viceministros del MEP, la entidad reconoce “oportunidades de mejora” es decir errores, en el área de comunicación “y se compromete a trabajar en campañas de divulgación a nivel nacional y de forma continua referente a temas educativos”.

El ministerio prometió además que la prueba estandarizada no va a influir en la nota de presentación que se remite a las universidades públicas sino que dicha nota incluirá todas las asignaturas de la malla curricular y de todo el ciclo lectivo.

Así, para colegios académicos se tomarán en cuenta los dos semestres de décimo y el primero de undécimo; y para colegios técnicos se incluirán los dos semestres de décimo y undécimo, sumados al primer semestre de duodécimo.

Por otra parte, la entidad estipuló que la cantidad de preguntas de las pruebas estandarizadas aumentó a 35 por componente, lo que implica que cada pregunta tenga menor valor y por ende, mayor posibilidad de acertar y aprobar la prueba.

Además, se comprometió a subir a su página web una práctica de ejercicios referentes a la prueba estandarizada en línea y en formato para descargar.

La institución comunicó también que recibió una serie de propuestas por parte de la Federación Nacional de Estudiantes de Secundaria que serán llevadas al Consejo Superior de Educación para su análisis y garantizó que ese organó definirá la propuesta relacionada a los nuevos porcentajes asignados a las pruebas estandarizadas hoy mismo.

Finalmente, el ministerio se comprometió “a que no se tomarán medidas en contra de los estudiantes que participaron en el movimiento del día 7 de agosto del 2023”.

Ángel Membreño, del Movimiento Estudiantil de Secundaria dijo que con esto dan por cerrado el tema de las pruebas estandarizadas pero anunció que aún quedan temas pendientes por atender, como el aumento del presupuesto y la declaratoria de emergencia nacional.

Tras movilizaciones, MEP anuncia que pruebas estandarizadas se excluirán de nota de presentación y serán más fáciles de aprobar

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Costa Rica: Inteligencia artificial en la educación, oportunidad o amenaza

Por: Leiner Vargas

La reciente noticia en la Universidad de Costa Rica acerca de la penalización de estudiantes por utilizar Inteligencia Artificial (IA) en sus exámenes ha generado un debate importante: ¿Debemos prohibir o aprender a utilizar estas herramientas tecnológicas emergentes?

La IA, y en particular las herramientas de lenguaje regenerativo como ChatGPT de OpenAI, han experimentado avances exponenciales en los últimos años. Los sistemas de lenguaje artificial han demostrado una capacidad extraordinaria para procesar y generar contenido, desde responder preguntas basadas en una amplia gama de información hasta mantener conversaciones fluidas. Prohibir algo que resulta tan útil y que en medio de la mediocridad de muchas de nuestras clases y exposiciones, resulta claramente superior, generará algo aún peor, el uso abusivo de la misma.

Pero aquí yace la paradoja de nuestro tiempo, aunque estos sistemas pueden ser mal utilizados para eludir el aprendizaje y el trabajo personal, también pueden ser una herramienta poderosa para mejorar y expandir nuestra educación. En lugar de rechazarlas por completo, deberíamos explorar maneras de incorporarlas en nuestras aulas de manera responsable. Primero, es importante reconocer que cualquier tecnología tiene potencial para el abuso. En el caso de la IA, uno de los usos indebidos más evidentes es utilizarla para generar respuestas en pruebas o tareas, como se vio en la UCR. Sin embargo, la respuesta a estos desafíos no debería ser la prohibición, sino la educación sobre el uso adecuado de la tecnología y la adaptación de nuestras metodologías de enseñanza y evaluación.

Podemos hacer que las evaluaciones sean menos susceptibles a la ayuda de la IA. Podemos diseñar pruebas que evalúen el pensamiento crítico, la solución de problemas y otras habilidades que las máquinas aún no pueden replicar completamente. Podemos incorporar componentes de presentación oral y discusión en clase para evaluar la comprensión del estudiante de los temas de estudio.
https://www.mundiario.com/articulo/costa-rica/inteligencia-artificial-educacion-oportunidad-amenaza/20230711205436273765.html
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Costa Rica: Marcha multitudinaria por la educación

Texto y fotografías: Nora González

Este martes 20 de junio de 2023, las rectorías de las universidades públicas, maestros, maestras de primaria y secundaria, estudiantes y los sindicatos de educadores, convocaron a una marcha nacional para luchar contar la disminución del presupuesto para la educación y el quebrantamiento acelerado de la democracia institucional de Costa Rica. Nora González, directiva de CLADE, estuvo allí y nos comparte este relato.

La movilización masiva que tuvo lugar en el territorio nacional es la respuesta organizada de organizaciones, colectivos y sujetos del derecho humano a la educación a una serie de medidas que se han venido dando, complejizando la situación y acelerando el deterioro de la educación en este país de Centroamérica.

Entre tales medidas cabe mencionar:

a) Tres años de congelamiento de salarios del sector público sin pago de anualidades.

b) Aprobación de la Ley Marco Público -10159, que le permite al Estado injerencia sobre las universidades violentado la autonomía universitaria y que, desde el Ministerio de Hacienda y desde la Dirección General de Servicio Civil, impulsa el salario global, entre otras afectaciones. Atenta además contra la autonomía constitucional de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Poder Judicial, las municipalidades y el Tribunal Supremo de Elecciones. Esta estrategia se implementa para cumplir con el requisito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir la planilla estatal y girar posteriormente la suma de $1778.000.000, además de concordar con el objetivo de “modernización” de la normativa nacional y la “eficiencia” del sector público según los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que pertenece Costa Rica.

c) La reducción del presupuesto para la educación bajando en términos reales al 6% del PIB atentando contra el 8% que señala la Constitución Política de Costa Rica. El Gobierno se niega a honrar el acuerdo del año anterior para el financiamiento de las universidades públicas por medio del Fondo Especial para la Educación (FEES) según el cual, para este año de 2023 se debe reconocer un incremento del 1% por inflación (inferior a la real), que equivale a poco más diez millones de dólares (cinco mil quinientos millones de colones). Todo ello en el marco de una campaña de desprestigio de la función pública y del trabajo universitario de generación de conocimiento.

d) El intento de trasladar casi seis millones de dólares (tres mil doscientos millones de colones) del presupuesto para educación, sumando un poco más de cinco millones de dólares (dos mil ochocientos millones de colones) del Ministerio de Obras Públicas y Transporte,s para la contratación de doscientos policías y cien agentes contra el narcotráfico, en el marco de la política “Costa Rica Segura”, dado al aumento criminalidad en el país.

e) El impulso feroz de la jornada laboral 4X3 (cuatro días laborados por doce horas y tres de descanso) que elimina el pago de horas extras que se discute en la Asamblea Legislativa. Este proyecto atenta contra todas las luchas que durante años han llevado adelante de trabajadores y trabajadoras y contra el trabajo digno que debe procurar el Estado según la normativa internacional que ha signado y a la que se debe.

Colegio Humanístico Costarricense. Foto  cortesía Darío Fragomeno

Colegio Humanístico Costarricense. Foto cortesía Darío Fragomeno

La marcha convocó a todo el país, y se hicieron presentes estudiantes de secundaria y universitarios, trabajadores docentes, administrativos del sistema educativo en todos sus niveles, sindicatos de trabajadores públicos y de la educación, ciudadanía, jubilados, jubiladas. Por otra parte, al menos 30 diputaciones de 57 apoyan la marcha y el presupuesto para la educación.

Enlaces de interés

Ley Marco de Empleo Público: https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=96521&nValor3=129344&strTipM=TC

Voz de estudiantes del Colegio Humanístico Costarricense: https://www.dailymotion.com/video/x8lwvj2

La Ley de Empleo Público: desaparición de incentivos y debilitamiento de la capacitación del personal https://www.ucr.ac.cr/noticias/2022/5/09/la-ley-de-empleo-publico-desaparicion-de-incentivos-y-debilitamiento-de-la-capacitacion-del-personal.html

Sindicatos y estudiantes convocan a marcha para exigir a Gobierno respetar presupuesto de Educación: https://radios.ucr.ac.cr/2023/06/interferencia/noticias/convocan-marcha-fees/

Organizaciones piden un «pacto por la educación pública”:
https://delfino.cr/2023/06/sindicatos-estudiantes-y-rectores-llaman-a-marcha-por-la-educacion-el-proximo-20-de-junio

Gasto social de Costa Rica entre los más bajos de la OCDE:
https://www.larepublica.net/noticia/gasto-social-de-costa-rica-entre-los-mas-bajos-de-la-ocde#:~:text=Costa%20Rica%20tiene%20uno%20de,y%20ocupa%20el%20puesto%2035.

Presupuesto 2023 para educación es el más bajo desde 2015 según Contraloría: https://www.larepublica.net/noticia/presupuesto-2023-para-educacion-es-el-mas-bajo-desde-2015-segun-contraloria

Treinta diputados apoyan marcha en defensa de la educación pública y hacen llamado al Gobierno a garantizar fondos constitucionales: Treinta diputados apoyan marcha en defensa de la educación pública y hacen llamado al Gobierno a garantizar fondos constitucionales • Semanario Universidad

Pronunciamiento de las universidades públicas contra la ley Marco de Empleo Público:

Universidad Estatal a Distancia: Manifiesto_UNED_proyecto_Ley_Marco_de_Empleo_Público.pdf

Universidad Nacional de Costa Rica: https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/junio-2021/3494-pronunciamiento-contra-del-proyecto-de-ley-marco-de-empleo-publico-expediente-legislativo-numero-21336

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