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Grupo Sociología de Género-CLACSO: Reconocimiento… y también redistribución del trabajo de cuidados

Este documento, elaborado por el Grupo Sociología de Género (FCS-UDELAR), busca
difundir a la ciudadanía tres puntos sobre las desigualdades de género en el contexto actual, en el marco de la conmemoración de un año más del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo.

Lee el comunicado pulsando en: Comunicado grupo para el 8M 2021

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Ecuador: Pese a la pandemia, diciembre sigue siendo el mes en el que aumenta el trabajo infantil

América del Sur/Ecuador/21-12-2020/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec

Más de 22 mil niños salen a las calles de Quito a buscar un par de dólares. Autoridades realizan más controles en seis zonas.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en Ecuador proyecta que 3.1 millones de niños, niñas y adolescentes vivirán en pobreza multidimensional y 6 de cada 10 serán pobres extremos.

Gabriela Quiroga, secretaria de Inclusión Social del Municipio, manifiesta que hasta 2019 existían 22.090 mil niños que trabajan en las calles de la capital, según el último informe del Consejo de Protección de Derechos, pero considera que este número aumentará, debido a la pandemia de la Covid-19.

“El año pasado evidenciamos que el trabajo infantil disminuyó por las campañas preventivas, pero desgraciadamente este 2020, muchos del servicio de contención cerraron por el peligro de contagio”, manifestó la funcionaria.

Puntos rojos

Quiroga reconoce que existen “pocos” sitios que acogen a los menores, mientras sus padres trabajan, pero progresivamente están implementando estrategias para solventar esta necesidad.

Por ejemplo, en el mercado, San Roque, donde existe la mayor cantidad de menores trabajando, se abrió un centro junto con el patronato San José, para que los niños realicen actividades lúdicas, terminen sus tareas y reciban alimentación.

Los “puntos rojos” donde se realizan más controles en contra del trabajo infantil son: Naciones Unidas, República del Salvador, La Mariscal, La Jota, Guamaní y el sector del centro comercial El Portal, en Carapungo.

Son usados como objetos

Emilio Carrillo, representante de Aldeas SOS, explica que tras el trabajo infantil existen otras problemáticas, como la trata de niños nacionales y extranjerossistemas de explotación e incluso “personas que alquilan a los niños para mendigar”.

Asimismo, existen familias que históricamente han vivido en la calle y las generaciones venideras replican estas acciones. Pero es un círculo de crianza con violencia, entorno inseguro y desprotección.

“Por eso es importante que las acciones no sean sólo para los niños, sino también para la familia y eso podría implicar acciones administrativas o penales”, dijo Carrillo, quien añade que durante los meses de confinamiento recibieron alrededor de 50 niños nuevos en las aldeas a nivel nacional. (KH)

Mendicidad en Navidad 

El Municipio de Quito presentó un proyecto para erradicar el trabajo infantil, durante los festejos de diciembre, cuando la problemática se agudiza debido a las festividades, masificación de eventos y afluencia de personas en centros comerciales.

En Quito, el 66% del trabajo infantil se encuentra en el área urbana; el 34%, en la rural.El principal mensaje es no entregar monedas en la calle, pues “es condenarlos a que se queden en estos espacios y aportar a situaciones de violencia”, dijo Gabriela Quiroga, secretaria de Inclusión Social.

Otra estrategia es la recepción de donaciones (ver recuadro), que servirán para dignificar las condiciones de vida de familias en situación de extrema pobreza. Las contribuciones se entregarán a partir del 28 de diciembre, respetando las medidas de bioseguridad.

Recepción de donaciones

-Desde el 14 de diciembre (ayer), hasta el 24, las personas pueden acercarse a los 13 puntos de acogida que se habilitarán en las Casas Somos de: Chillogallo, Conocoto, Pomasqui, Carcelén Alto, Carcelén Bajo, La Roldós, San Blas, San Marcos, Tumbaco, Bellavista, Solanda, Atahualpa y La Mariscal.
-Los horarios de recepción serán de lunes a viernes, de 08:00 a 18:00 y sábados de 08:00 a 16:30.
-Las donaciones que se recibirán son: alimentos no perecibles (víveres, conservas, granos secos, entre otros), también insumos de aseo y bioseguridad, juguetes en buen estado y fundas de caramelos.
-Se revisará la fecha de caducidad de los productos.
*Aldeas SOS también están recibiendo donativos o vendiendo tarjetas navideñas, que son el resultado de un concurso de dibujo que realizan anualmente entre los infantes.
Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102335594/pese-a-la-pandemia-diciembre-sigue-siendo-el-mes-en-el-que-aumenta-el-trabajo-infantil-
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Ecuador: En Quito, uno de cada cinco trabajadores informales tiene estudios superiores

América del Sur/Ecuador/20-12-2020/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec

La precariedad laboral aumentó con la pandemia. Se estima que solo el 5% recibió el bono de emergencia.

A través de un foro virtual la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el Grupo Faro mostraron los resultados de su estudio sobre la informalidad en la capital, que ha ido en aumento como consecuencia de la crisis económica provocada por la Covid-19.

Las entidades determinaron que solo el 5% de los trabajadores informales de la capital recibió el bono de contingencia emitido por el Gobierno y que era dirigido a familias en subempleo o con ingresos menores a los $400.

El bono fue anunciado el 20 de marzo y representaba dos pagos de $60 para quienes no tenían el Bono de Desarrollo Humano.

¿Por qué no todos recibieron el bono?

El estudio ‘Una mirada al empleo informal en Quito’ se realizó a partir de una muestra tomada a más de 400 trabajadores informales (con 95% de confiabilidad), del norte, centro y sur de Quito.

Entre 18 y 60 años tienen los trabajadores informales de Quito. Así se determinó que hubo errores en la metodología para identificar a personas que necesitaban el bono. Hay que recordar que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), hace la entrega de estos recursos a partir de la información que levanta la Unidad de Registro Social, institución de la Presidencia de la República, que tuvo que detener la actualización de datos debido al confinamiento, pues el mapeo se hace a través de entrevistas presenciales.

Ingresos menores

Otro de los resultados del informe detalla que los ingresos de los trabajadores informales que, antes de la pandemia, no superaba un salario básico ($400), se redujo.

Según la OIT, la tasa de informalidad es del 53% para América Latina y el Caribe, esto quiere decir que cerca de 140 millones de personas. Antes, el promedio de ingresos era de $250 y ahora es de $145. Es decir, solo pueden cubrir un 42% de la canasta básica que cuesta $ 716,14.

Más trabajo, menos paga

Con relación a las horas de trabajo, el estudio muestra que los trabajadores informales laboran hasta 51 horas a la semana. Es decir, 11 horas más de lo que establece la ley para quienes se encuentran en sector formal.

30% de los comerciantes informales de Quito son extranjeros

Nivel educativo

La crisis ha mostrado que la preparación educativa no es garantía para tener un empleo adecuado.

Trabajadores informales trabajan hasta 11 horas más de lo establecido en la ley y ganan un promedio de $145 mensuales. La falta de oportunidades laborales obliga a muchas personas a trabajar en este sector informal. El estudio detalla que 16% de los trabajadores informales cuenta con estudios superiores universitarios, el 3% con estudios superiores técnicos y el 0,5% tiene estudios de postgrado. Es decir, uno de cada cinco trabajadores informales tiene estudios superiores.

Además, 42% de personas finalizaron sus estudios secundarios. (Ver recuadro)

 

EMPEORA. En Ecuador, desde 2014, se observa una disminución sostenida del empleo adecuado y desde 2018 este es levemente superado por el empleo no adecuado. Se agravó más con la emergencia sanitaria.

Grado de educación

Trabajadores informales

Secundaria completa: 42%
Secundaria inconclusa: 19%
Primaria completa: 16%
Educación superior: 16%
Superior técnico: 3%
Primaria incompleta:2%
Centro de alfabetización: 1%
Posgrado: 0,5%

Fuente: Grupo FARO

Trabajadoras remuneradas del hogar acceden a un programa de profesionalización

En Ecuador, según el último Censo (2010), se registraron 222.495 mujeres que realizan trabajo remunerado del hogar. El 64% tiene educación básica, el 29% tiene educación media y bachillerato; y, solo el 4% cuenta con educación superior.

Con base a esta información, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap), y CARE Ecuador -en el marco del proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo financiado por la Agencia de Desarrollo Francesa AFD-  desarrollaron el Programa de Profesionalización de Trabajadoras Remuneradas del Hogar (TRH).

Dentro del programa se encuentran 105 mujeres de Esmeraldas, Cañar, Imbabura, El Oro, Guayas y Pichincha. Fue una capacitación virtual que duró 240 horas, divididas en cuatro módulos: Sistema de Cuidados de Personas y Autocuidado en el Servicio Doméstico; Técnicas del Servicio de Cocina; Limpieza y Mantenimiento del Hogar y Gestión Administrativa.

La profesionalización del cuidado ha sido reconocida por el Organismo Internacional del Trabajo (OIT), como una de las respuestas de política pública para el mayor reconocimiento, valoración social y económica de las actividades de las trabajadoras remuneradas del hogar.

Las participantes recibieron un certificado en un evento realizado, de forma virtual, el 12 de diciembre.“Las trabajadoras remuneradas del hogar han sido uno de los grupos más afectados por la pandemia. Solo en mayo del 2020 se finiquitaron el 54% de los contratos; por ello, uno de nuestros objetivos a mediano plazo es contar con políticas públicas que garanticen el acceso a la profesionalización de estas mujeres y que así puedan mejorar su calidad de vida”, dijo Alexandra Moncada, directora de CARE Ecuador.

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102335514/en-quito-uno-de-cada-cinco-trabajadores-informales-tiene-estudios-superiores

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Latinoamérica, trabajo infantil y neoliberalismo

Por Hedelberto López Blanch

La pandemia de covid-19 ha destapado con fuerza que las verdaderas causas por las que sobrevive gran parte de la población latinoamericana se debe fundamentalmente a los sistemas capitalistas neoliberales instaurados en la región.

Responsables directos son los regímenes derechistas, muchas veces encabezados por millonarios o por políticos dirigidos desde Washington, que acatan todas las leyes de controles financieros y económicos impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Uno de los sectores sociales que ha sido más golpeado por la crisis económica mundial y las políticas de globalización neoliberal y de privatizaciones que tomaron auge en los últimos años ha sido el de la niñez.

América Latina y el Caribe por sus antecedentes de desigualdad será una de las regiones más afectadas del orbe por la pandemia. Se afirma que América del Sur encabezará esa negativa lista al sumar otros 11 millones de menores que vivirán en la pobreza; América Central y México con casi 4 millones adicionales y el Caribe agregará otro millón.

Como consecuencia directa, en muchos países latinoamericanos, los niños y adolescentes en vez de ir a las escuelas, laboran en minas, fabricas de ladrillos o muebles, limpian cristales de autos, o trabajan en  pedregales a tiempo completo.

Ellos ganan centavos o en el mejor de los casos unos pocos dólares al día para tratar de poner alguna comida en la mesa de sus familias. Además de ser mano de obra clandestina, los menores no tienen ningún respaldo social ni perciben subsidios sociales en caso de enfermedad o accidente.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Educación y la Infancia (Unicef) señala que 600 millones de niños viven en la pobreza; a 131 millones se les niega el derecho a la educación; 352 millones están obligados a trabajar; más de dos millones son forzados a ejercer la prostitución o utilizados en la pornografía, y un altísimo número muere a consecuencia de enfermedades prevenibles o son víctimas del tráfico de seres humanos.

En medio de la crisis de la Covid-19, los estudiantes abandonan sistemas precarios escolares, a la par que el cierre de escuelas ha afectado a más de 1 500 millones de menores en todo el mundo y la Unicef calcula que la cifra puede seguir en aumento.

Esa organización de Naciones Unidas rememora que ya América Latina era una región desigual antes de la llegada de la pandemia, una de las razones del aumento de la pobreza entre menores y que en 2020 la región podría terminar con más de 11 600 000 desempleados que incidirán en mayor discriminación infantil.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puntualiza que en Latinoamérica el panorama es muy complejo si se tiene en cuenta que hasta el 60 % de los niños entre 0 y 4 años pertenece a un hogar donde sus padres no tienen trabajo o padecen mediocres condiciones laborales.

La covid-19, aseguran los expertos de la ONU, ha provocado un retroceso de 10 años en toda la región dando un giro de 180 grados a los pequeños logros que se habían alcanzado en la lucha contra la pobreza infantil.

En el ámbito mundial, la organización No Gubernamental Oxfam indica que la inseguridad que enfrentan muchas familias frente a la pandemia del nuevo coronavirus se debe a que la mayoría de los gobiernos no pusieron en marcha durante las últimas décadas políticas efectivas en materias de salud fiscal y laborales que redujeran la brecha entre ricos y pobres, lo cual hubiera permitido que las economías fueran más resistentes a los choques actuales.

Por esos motivos, se espera que en 2021, entre 300 y 500 millones de personas engrosen las filas de los pobres debido a que la pandemia ha provocado la caída de la inversión extranjera en los países en desarrollo, gran baja en la economía turística, disminución en el precio de las materias primas agrícolas y pérdida de puestos de trabajo.

En este contexto, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), Alicia Bárcena informó que “en 2020 habrá una caída de la inversión extranjera a nivel mundial del 40 % y en América Latina será de entre el 45 % y 55 %, o sea, la región donde bajará más la inversión extranjera directa”.

En Latinoamérica para minimizar esa precaria situación se hace necesario que los gobiernos impulsen políticas sociales que beneficien a las grandes mayorías empobrecidas.

Para eso, regímenes como el colombiano, brasileño, chileno, ecuatoriano, paraguayo, guatemalteco, hondureño, salvadoreño, entre otros, deben quitarse las ataduras neoliberales que les imponen desde Estados Unidos a través de los organismos financieros internacionales.

Como colofón se puede afirmar sin equívocos que la aplicación del neoliberalismo ha fracasado en Latinoamérica.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

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Perú ahogado en una crisis que lleva 30 años: ¿se hace camino al andar?

Por: Aram Aharonian

El congresista Francisco Sagasti, del derechista Partido Morado, asumirá la Presidencia peruana luego que el lunes 16 el Congreso aprobara la lista para la Mesa Directiva del Parlamento que lideraba y que completan los parlamentarios Mirtha Vásquez (Frente Amplio) en la primera vicepresidencia, Luis Roel (Acción Popular) y Matilde Fernández (Somos Perú).

Sagasti Hochhausler recibió el inmediato apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). La semana pasada la OEA no reconoció a Manuel Merino como mandatario legítimo y llamó al Tribunal Constitucional a pronunciarse. “Lo que queremos en este momento es encausar este proceso de transición y garantizarlo de la manera más adecuada, correcta y más confiable para la población”, dijo la frenteamplista Mirtha Vásquez.https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2020/11/francisco-sagasti-peru.jpg

Limeño, ingeniero industrial y político, Sagasti es fundador y militante del Partido Morado, y se desempeñaba como presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento. Ha ocupado importantes cargos: fue asesor del canciller Allan Wagner (1985) y fue jefe de la División de Planeamiento Estratégico y asesor principal de los Departamentos de Evaluación de Políticas y de Relaciones Externas del Banco Mundial (1987).

Ha sido docente en la Universidad del Pacífico y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en el exterior en el Instituto de empresa de Madrid y la escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania.

Hartos de estar tan hartos

La sociedad peruana ya no aguanta más la crisis económica, fiscal social sanitaria. Salió a la calle con las añejas banderas del “que se vayan todos”. ¿Y entonces, qué va a pasar en un país que tiene cinco presidentes corruptos presos y uno suicidado y que sumó tres mandatarios en una semana: Martín Vizcarra, Manuel Merino y Sagasti?

A Merino le quitaron el respaldo: Las Fuerzas Armadas aseguraron que pondrán todos su medios y capacidades “en defensa del pueblo y del Estado de Derecho”, tras lamentar el fallecimiento de los dos jóvenes y “reiteró su respaldo y defensa del pueblo y la Constitución”.

Perú vive una emergencia sanitaria y económica remarcada por la pandemia y que ha mostrado la precariedad y la informalidad en la que han vivido y viven millones de ciudadanos, y lo han convertido en el país con más alta letalidad del planeta.

A cinco meses de las elecciones generales, que deberían renovar las instituciones en ocasión del bicentenario de la independencia, con los graves problemas económicos y de salud pública que afligen a la población, parece sumamente irresponsable provocar una crisis política de esta gravedad. Todo por ambiciones e intereses personales.

Marchas iguales o mayores que las que desembocaron en la de los Cuatro Suyos en el 2000, que combinan la alegría y el desenfado con la indignación, donde jóvenes que no habían nacido o que eran muy niños entonces, marchan como veteranos de esas jornadas, con la determinación de no parar hasta la salida del impuesto gobierno de Manuel Merino y Ántero Flóres-Aráoz. No es sólo en la ciudades: los pequeños pueblos más alejados de la Amazonía y del altiplano también se están movilizando.

Y cuatro días después de haber asumido, Merino “el breve” tuvo que presentar su renuncia irrevocable al cargo, tras la dimisión de más de la mitad del gabinete de ministros y luego de una noche de manifestaciones que dejó al menos dos muertos y centenares de heridos. “Ha salido un dictadorzuelo del palacio”, dijo el destituido Martín Vizcarra .

La saga de los presidente corruptos

Hay algo para destacar: la tardía valentía de algunos medios de comunicación llamando las cosas por su nombre, definiendo como «golpe de Estado» lo que la mayoría de la prensa hegemómica y las agencias internacionales han titulado asépticamente «Vacancia del presidente Martín Vizcarra por el Congreso de Perú».

«El golpe no deja de ser golpe. (…)El hecho de que un grupo conspirador se haya apropiado del gobierno poniendo fin a 20 años de democracia, quebrando la Constitución y colocando al país nuevamente en un tránsito aciago gobernado por la codicia y la corrupción», dijo La República.

La operación tuvo un ensayo general, un intento fallido hace dos meses, usando la misma causal de «incapacidad moral permanente», repitiendo el esquema de la acción del anterior parlamento cuando destituyó al presidente anterior Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de 2018.

Vizcarra, en una sesión de tan solo cinco horas, fue acusado de recibir sobornos y coimas del llamado Club de la Construcción –una red mafiosa para ganar licitaciones– cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-14), pero nada ha sido probado por ningún juez o fiscal, y sólo se sostiene en las declaraciones de unos aspirantes a colaborar con la justicia, gente que con tal de salvar el pellejo declararía cualquier cosa.

De un total de 130 congresistas que votaron para destituir a Vizcarra, 68 tienen investigaciones judiciales en curso y denuncias por diversos delitos, pero ninguno de ellos ha dejado el cargo o renunciado a la inmunidad. Al contrario, este Congreso parece más un refugio sagrado que un parlamento.

Merino, un oscuro empresario ganadero del norte y conocido por obtener la condonación fiscal para sí y sus pares de Tuimbes, se sacó las ganas de ser presidente, aunque sea hasta abril próximo cuando se debieran realizar las próximas elecciones generales, aplaudido solo por congresistas. 151 jueves y 183 fiscales involucrados en actos de corrupción.

El golpe encontró un fuerte rechazo popular. El Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado definitivamente sobre la vacancia, pero las ceremonias de investidura ya han sido oficiadas.

Sin embargo, las manifestaciones crecientes de estos días hablan de una sociedad civil harta de políticos y empresarios corruptos. Sin duda, este nuevo eslabón es otra exhibición del desdén de las clases políticas hacia la voluntad popular, cuando las encuestas señalaban, y las movilizaciones callejeras han ratificado, que el Ejecutivo contaba con un respaldo muy superior al del Legislativo.

El gobierno entrante ha respondido con un feroz despliegue represivo a las protestas contra lo que muchos ciudadanos consideran una usurpación y una tentativa para incidir en los comicios presidenciales en seis meses, mientras Merino integraba en su gabinete a personajes tan impresentables como el genocida Antero Flores-Aráoz, ministro de Defensa durante el segundo mandato de Alan García.

Diversos factores confluyen en esta crisis que creo va más allá de lo político institucional y compromete al régimen instaurado en 1992 con el golpe de estado de Alberto Fujimori y la Constitución de 1993 que fue su producto y el marco en el cual se han regido el Estado, la economía y la sociedad en los últimos 30 años.

Pero se vino el declive del boom económico producido por los extraordinarios precios de los minerales que evidenció que lo vivido había sido una “prosperidad falaz”. Las evidencias de corrupción estimuladas por el caso Odebrecht y otros en el que estuvieron involucrados los presidentes, pero también los grupos de poder económico, dejó al desnudo la captura corrupta del Estado, que se acentuó con el gobierno de Kuczynski.

La disputa entre fracciones de los grupos de poder económico y su representación política de derecha por el control del Estado expresada entre el grupo más liberal, lobista y ligado al gran capital de Kuczynski y el más emergente, mafioso y conservador expresado por Keiko Fujimori, que implicó como hasta hoy un enfrentamiento de poderes entre el ejecutivo y el legislativo.

¿Por un gobierno popular?

Los sectores populares son los más afectados por esta crisis ya que la descomposición política, la crisis sanitaria y social, que no logran encontrar una salida en los actuales marcos políticos y económicos, continúan excluyendo a las grandes mayorías y beneficiando a los grupos de poder económico.

Hoy quedó demostrada la necesidad de garantizar la lucha contra la corrupción, fortalecer el sistema de justicia para que no haya borrón y cuenta nueva y reactivar la economía en función de las grandes mayorías, junto a la necesidad de una reforma política que democratice realmente el sistema político y lo libere de las mafias y el gran poder económico.

En la izquierda se considera que se debe avanzar hacia una refundación del país, partiendo de una reforma constitucional. Este no es solo el problema del Estado neoliberal y su modelo económico, es el fracaso del Estado fundado hace 200 años que una y otra vez ha sido reactualizado y que en esencia ha sido patrimonializado por los sectores dominantes.

Mientras, la crisis generada por las grietas del consenso construido desde 1992 se llena con discursos reaccionarios y muy conservadores. Lo que hace falta son cambios de fondo, estructurales que deben expresarse a todo nivel y deberían estar contenidos en un nuevo pacto constitucional donde el centro deben ser los derechos de las personas, y un Estado y economía al servicio de ello, señala el politólogo Álvaro Campana.

Desde los sectores populares se tiene conciencia de que antes serán necesarios otros pasos como pelear por una respuesta popular a la emergencia sanitaria y social y una reactivación económica que no repita lo ocurrido en desastres anteriores, favoreciendo solo los negocios particulares de los privados. Politizar y movilizar a la ciudadanía en este proceso es vital, que obligue a abrir un momento de transición al que Vizcarra se negó y que el actual gobierno ilegítimo también niega.

Con la pandemia ha quedad desnudo un gobierno, el de Vizcarra, en el mismo rumbo con lo cual el Perú tiene ya la misma cantidad de muertos por Covid que los que hubo en el Conflicto Armado Interno que ocupó una década. Los trabajadores, los productores agrarios, los pequeños empresarios, las mujeres y los pueblos indígenas han sido los más golpeados.

Hay una especie de piloto automático económico y un fracaso del Estado neoliberal para garantizar derechos carcomidos por la corrupción de lobbys y mafias, así como un avance importante de discursos reaccionarios y conservadores que cabalgan y crecen en la desesperación de la ciudadanía. Mientras, “los políticos” siguen abocados a las disputas de parcelas del poder y garantizar los intereses a los que representan, añade Campana.

Perú da señales de haber entrado a un proceso de reconstitución popular y de ruptura con la partidocracia que lo somete desde hace años y desde la calle se hace protagonista; una de las expresiones populares que acompañan la movilización y la lucha es el movimiento Nuevo Perú, fundado en 2017 que, hasta ahora, no ha logrado conformar una alianza más grandes sobre propuestas consensuadas y realizables para un país en crisis ¿terminal?.

Se trata de una organización en la que convergen diversos espacios de izquierda provenientes de los sectores históricos, pero también de las luchas recientes en el Perú y que participaron en las elecciones de 2016 en el marco de lo que fue el Frente Amplio y que llevó a Verónika Mendoza como candidata a la presidencia, quien ahora será candidata. para las próximas elecciones de abril de 2021, por la coalición Frente Político Juntos por el Perú.

Una gran tarea para los sectores populares es construir una gran plataforma político social y ciudadana que permita alcanzar un gobierno de mayorías y que posibilite los cambios estructurales y otra es  avanzar hacia un proceso constituyente que concluya en una nueva constitución.

Lo cierto es que se requiere de una profunda reconstrucción del Estado con una perspectiva descentralizadora y garante de los derechos de la ciudadanía, con capacidad de planificación, regulación y participación estatal en las actividades económicas estratégicas y servicios fundamentales.

El combate a la corrupción no es sólo como un asunto moral, sino la expresión sistémica de un estado puesto al servicio de intereses particulares. Se necesita una economía diversificada, con una perspectiva territorial y centrada en potenciar y mejorar las condiciones de la pequeña agricultura, las pequeñas y medianas empresas, en vincular la economía con la innovación tecnológica y la planificación ecológica.

Los sectores populares reclaman, asimismo, una reforma tributaria que permita una redistribución económica y sea la garantía del ejercicio de los derechos sociales. Deben ser respetados los derechos de los trabajadores, los productores del campo y la ciudad, los ciudadanos, los pueblos indígenas, las mujeres, la comunidad LGTBI, señalan desde las calles, caminos y carreteras del Perú..

*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) y susrysurtv.

Fuente e imagen: http://estrategia.la/2020/11/17/peru-ahogado-en-una-crisis-que-lleva-30-anos-se-hace-camino-al-andar/

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Un “gran confinamiento” devastador en el Tercer Mundo

Por: Por Gilbert Achcar

Con la pandemia de la covid-19, el planeta está sufriendo la peor crisis económica desde el periodo de entreguerras. Desempleo, inseguridad alimentaria, abandono escolar… los efectos del «gran encierro» se hacen sentir en todas partes, pero es en los países pobres donde sus repercusiones afectan con más dureza. Con una estructura laboral en la que predomina el sector informal, muchos trabajadores carecen de protección social alguna.

Así como las consecuencias del cambio climático se sienten en todas las latitudes, la pandemia de covid-19 no perdona a nadie, rico o pobre, jefe de Estado o refugiado. Sabemos, dicho esto, que esas crisis planetarias no afectan por igual a todos los humanos. Además de suponer diferentes vulnerabilidades según la edad y diversos factores de riesgo, la pandemia, al igual que el calentamiento climático, tiene una incidencia muy diversa a escala mundial, así como dentro de cada país, en función de las tradicionales líneas divisorias entre ricos y pobres, blancos y no blancos, etc. La infección de Donald Trump confirmó, desde luego, que el virus no tenía consideración con el rango político, pero el excepcional tratamiento que recibió el presidente de Estados Unidos, con un coste estimado que supera los 100.000 dólares por tres días de hospitalización (1), demuestra que, si bien todos los seres humanos son iguales ante la enfermedad y la muerte, algunos, como escribió George Orwell en Rebelión en la granja, son “más iguales que otros”.

Como es costumbre, el Tercer Mundo es el que más sufre los embates de la actual crisis económica, denominada “Gran Confinamiento” por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe semestral de abril de 2020 (2), una crisis que ya es la más seria desde la Gran Depresión del periodo de entreguerras. El Tercer Mundo es el tercer estado mundial del que solo unos pocos países de Asia oriental han logrado salir desde que el economista Alfred Sauvy acuñó el término en 1952. Lo definiremos aquí como el conjunto de países de ingresos bajos, añadiéndoles los países de ingresos intermedios (franja inferior y superior), según la clasificación del Banco Mundial, exceptuando a China y a Rusia, que, aunque son países de ingresos medios superiores, sí son potencias mundiales.

A escala internacional, el Gran Confinamiento ha acarreado una fuerte agravación del desempleo. Ahora bien, el impacto social de este desempleo es mucho mayor en los países del Tercer Mundo que en los países ricos, que a menudo han implementado costosas medidas con el fin de mitigar sus consecuencias. A lo largo de los tres primeros trimestres de 2020, se ha destruido en todo el mundo el equivalente prorrateado a 332 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, es decir una merma del 11,7% en comparación con el último trimestre de 2019. De ellos, 143 millones se perdieron en los países de ingresos medios inferiores (-14%), 128 millones en los países de ingresos medios superiores (-11%) y 43 millones (-9,4%) en los países ricos, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (3). Y si bien los países de ingresos bajos perdieron “solo” el equivalente a 19 millones de puestos de trabajo (-9%) durante el mismo periodo, esta cifra no da un reflejo adecuado del impacto socioeconómico de la crisis que han sufrido. Y es que, en estos países, al igual que en los países de ingresos medios inferiores, la gran mayoría de empleos y actividades por cuenta propia se sitúan en el sector informal, que absorbe el 60% de la mano de obra mundial y, por definición, carece de cualquier tipo de protección social.

En un informe reciente, el Banco Mundial estima que la pobreza extrema –definida como el hecho de tener que sobrevivir con menos de 1,90 dólares al día– aumentó en 2020, como resultado de la pandemia, por primera vez desde 1998, tras la crisis financiera asiática de 1997 (4). En términos absolutos, Asia meridional es la región más afectada: entre 49 y 56,5 millones de personas más de lo previsto antes de la pandemia deberían de caer por debajo del umbral este año, o no superarlo. En el caso del África subsahariana, serán entre 26 y 40 millones, confirmándose así el estatus del subcontinente como región con la tasa de pobreza extrema más alta del mundo. La variación será de entre 17,6 y 20,7 millones de personas para los países en desarrollo de Asia oriental (5); podría alcanzar los 4,8 millones en América Latina y los 3,4 millones en el área que forman Oriente Próximo y Norte de África. En suma, según el Banco Mundial, entre 88 y 115 millones de personas caerán o permanecerán en 2020 bajo el umbral de 1,90 dólares como resultado de la pandemia. El incremento neto del número de personas muy pobres en comparación con 2019 será de entre 60 y 86 millones.

Desde 2013, la aceleración del cambio climático, del que las poblaciones más pobres son las primeras víctimas, y nuevos conflictos armados, como los de Siria, Yemen y Sudán del Sur, provocaron que se frenara la disminución de la pobreza. El Gran Confinamiento ha hecho definitivamente inalcanzable el “objetivo de desarrollo sostenible” sobre la extrema pobreza que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fijó para 2030, con miras a reducir la tasa mundial de extrema pobreza al 3%. La tasa seguía siendo del 10% en 2015, lo que corresponde a 736 millones de personas. Mientras que el Banco Mundial la sitúa en alrededor del 7% en 2030.

La pandemia ha agravado las hambrunas

En julio, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) hizo sonar la alarma. Mark Lowcock, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, resumió así la situación en el prólogo del informe: “Estimaciones recientes sugieren que hasta 6.000 niños podrían morir cada día por causas evitables, como consecuencia de los efectos directos o indirectos de la covid-19. La derivación de recursos sanitarios podría provocar una duplicación del número de muertes por sida, tuberculosis y malaria. El cierre de escuelas erosionará la productividad, reducirá los ingresos a lo largo de toda la vida y acrecentará las desigualdades. La desaceleración económica, el aumento del desempleo y una menor asistencia a la escuela aumentan la probabilidad de guerra civil, con consiguientes hambrunas y desplazamientos de poblaciones” (6).

Aun sin nuevas guerras, ha habido una gran extensión de la hambruna. Según el informe de la OCHA, la pandemia la ha agravado en zonas ya castigadas y ha creado nuevos núcleos donde no existía. A falta de una asistencia masiva y rápida por parte de los países ricos, el número de personas en situación de inseguridad alimentaria extrema se incrementará hasta los 270 millones a finales de año, frente a los 149 millones de antes de la pandemia. En septiembre, no obstante, solo se habían desembolsado 2.500 de los 10.300 millones de dólares solicitados por la OCHA, según el informe anual del secretario general de la ONU (7). Y esa diferencia no la va a tapar el millón de dólares del Premio Nobel de la Paz otorgado al Programa Mundial de Alimentos. ¿Será porque la hambruna no se contagia ni cruza las fronteras con los migrantes, a diferencia del virus? El pasado 13 de octubre, el Banco Mundial asignó 12.000 millones de dólares a los países en desarrollo para un programa de vacunación y pruebas de detección de covid-19.

El programa “Todas las mujeres, todos los niños”, puesto en marcha por la ONU en 2010 y gestionado conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), advierte por su parte en su último informe que el cierre de escuelas por la pandemia hace que muchos niños y adolescentes probablemente nunca vuelvan a ellas en los países del Tercer Mundo (8). Se encontrarán consiguientemente expuestos a mayores niveles de violencia doméstica y a un riesgo alto de embarazo precoz. En el mismo informe se estima que el Gran Confinamiento podría reducir en un tercio los progresos conseguidos en la eliminación de la violencia de género de aquí a 2030, y causar 13 millones de matrimonios infantiles adicionales en la próxima década.

“No es inevitable. Se puede prevenir con dinero y con voluntarismo por parte de las naciones más ricas –asevera Lowcock–. Estimamos que el coste de proteger al 10% más pobre de los peores efectos de la pandemia y de la recesión supone 90.000 millones de dólares, es decir, menos del 1% del plan de estímulos que los países ricos han puesto en marcha para proteger sus economías”. De hecho, según el FMI, el monto total de los paquetes de estímulos anunciados en el mundo entero alcanzaba los 11,7 billones de dólares en septiembre, es decir, el 12% del producto interior bruto (PIB) mundial, la mayoría de ellos en países de altos ingresos (9). El nivel global de deuda pública real en estos países ha superado ya el 120% del PIB, un nivel que solo se había alcanzado una vez en la historia del capitalismo: al final de la Segunda Guerra Mundial. Y frente a eso, según la OIT, con 937.000 millones de dólares se compensaría la pérdida de puestos de trabajo en los países de ingresos medianos inferiores, y 45.000 millones de dólares bastarían para los países de ingresos bajos, lo que supone un total de 982.000 millones de dólares para un grupo de Estados que constituyen la gran mayoría de la población mundial.

Modesta en comparación con las medidas adoptadas por los Estados más ricos, la ayuda que requieren los países pobres también es urgente. Tres investigadores del FMI han advertido de los efectos a largo plazo de la crisis en los países de bajos ingresos. Usan el término scarring (literalmente: “dejar cicatrices”) para designar una pérdida permanente de capacidad productiva. “El scarring ha sido el legado de pandemias anteriores: mortalidad [más alta]; deterioro en salud y educación que reduce los ingresos futuros; extinción del ahorro y de los haberes que conduce imparablemente al cierre de empresas –especialmente las pequeñas empresas sin acceso a crédito– y provoca trastornos irreversibles en la producción; y un sobreendeudamiento que pesa en los préstamos del sector privado. De esta manera, tras la pandemia por el virus del ébola en 2013, la economía de Sierra Leona nunca volvió a la senda de crecimiento anterior a la crisis” (10).

El temor a morirse de hambre

La India, el país más poblado del Tercer Mundo, es también uno de los más afectados por el Gran Confinamiento. Su PIB ha caído en casi una cuarta parte (23,9%) en el segundo trimestre de 2020, lo que ha supuesto un duro golpe para su “ambición de convertirse en potencia mundial, salir de la pobreza y modernizar sus fuerzas armadas”, explica Jeffrey Gettleman, jefe de la corresponsalía de The New York Times en Nueva Delhi. Mucho ha tenido que ver en ello la errática gestión del primer ministro de extrema derecha, Narendra Modi, evidenciándose así los riesgos que entraña el reproducir tal cual unas medidas adoptadas en países con características sociales y demográficas muy diferentes.

Cuenta Gettleman: “El 24 de marzo, a las 8 de la tarde, tras dar a todos los habitantes la orden de permanecer confinados, Modi cerró la economía –oficinas, fábricas, carreteras, trenes, fronteras interestatales [de la Unión India], casi todo– con cuatro horas de preaviso. Decenas de millones de indios perdieron su trabajo inmediatamente después. Muchos trabajaban en fábricas, obras de construcción o como empleados domésticos en la ciudad, pero eran migrantes de la India rural. Con el temor a morirse de hambre en las chabolas, millones de ellos abandonaron los centros urbanos a pie, en bicicleta o haciendo autoestop, en un intento desesperado por volver a sus pueblos; una migración épica de la ciudad al campo, al revés de lo que suele suceder, que la India nunca había conocido, y que propagó el coronavirus hasta el lugar más recóndito de este país de 1.300 millones de habitantes” (11).

Tampoco la clase media india quedó a salvo, con 6,6 millones de oficinistas abocados al paro y un aumento de la tasa de suicidios entre ejecutivos y profesiones liberales (12). El Gobierno de Modi respondió a esta colosal crisis con un plan de recuperación de… 10.000 millones de dólares, anunciado el 12 de octubre (como punto de comparación, el plan de 2 billones de dólares adoptado en marzo en Estados Unidos, cuya población es cuatro veces menor).

El pasado 6 de octubre, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, celebró que las medidas excepcionales hayan permitido a la economía mundial resistir el impacto del confinamiento mejor de lo previsto. Consideró que si hasta la fecha se ha podido evitar lo peor “es en gran parte gracias a las medidas extraordinarias que han permitido mitigar la caída de la economía mundial. Los Gobiernos han destinado aproximadamente 12 billones de dólares en respaldo fiscal a hogares y empresas. Asimismo, se han aplicado medidas de política monetaria inauditas para mantener los flujos de crédito y evitar que millones de empresas tuviesen que cerrar” (13). Con todo, la directora gerente del FMI añadió a continuación: “No obstante, algunas intervenciones tuvieron mejores resultados que otras. En las economías avanzadas se trata de hacer todo lo necesario. Los países más pobres se esfuerzan por hacer todo lo posible”.

Su diagnóstico para los países del Tercer Mundo es el siguiente: “Los mercados emergentes, los países con ingresos bajos y los Estados frágiles siguen enfrentándose a una situación precaria. Sus sistemas de salud tienen más carencias, y están muy expuestos a los sectores más afectados, como son el turismo y las exportaciones de materias primas. Además, dependen enormemente de la financiación externa. La abundante liquidez y las bajas tasas de interés ayudaron a muchos mercados emergentes a recuperar el acceso al crédito, pero desde marzo ni un solo país del África subsahariana ha emitido deuda externa”.

En efecto, y una vez más, el continente africano es el peor librado. Según el Banco Africano de Desarrollo (BAFD), la contracción de crecimiento prevista en 2020 podría suponer para África unas pérdidas de entre 145.000 y 190.000 millones de dólares, con relación a los 2,59 billones de dólares de PIB previstos antes de la pandemia (14). El BAFD calcula que el año 2021 podría cerrarse con una pérdida de ingresos de entre 28.000 y 47.000 millones de dólares en comparación con las estimaciones anteriores. Son especialmente vulnerables los Estados “muy endeudados y cuya economía depende en gran parte de aportes financieros internacionales hoy por hoy volátiles”.

Dichos Estados sufren de hecho una atrofia considerable. Además de los efectos mundiales del Gran Confinamiento en las propias economías, el Tercer mundo en su conjunto sufre de lleno los efectos derivados de la crisis que afecta a los países ricos. Cabe señalar la súbita caída de los flujos monetarios e inversiones hacia los países en desarrollo, y especialmente las remesas de los trabajadores migrantes. Uno de los efectos de la globalización, considerando el doble movimiento de personas y dinero, es que estos envíos –conocidos como “remesas migratorias”– han ido creciendo de forma sostenida desde el cambio de siglo. Con una cifra récord de 554.000 millones de dólares en 2019, superaron por primera vez la inversión extranjera directa (IED), que ha ido decayendo en los países en desarrollo a lo largo de la década, tras culminar en más de 700.000 millones de dólares (15). Valga decir que, desde el cambio de siglo, las remesas migratorias han superado sistemáticamente tanto los flujos privados de inversiones de cartera en préstamos y acciones hacia los países del Tercer Mundo como la ayuda pública al desarrollo, con mucha diferencia en este caso, por más que alcanzó un máximo histórico de 152.800 millones de dólares en 2019 (16).

La contribución de los trabajadores expatriados ronda o supera el 10% del PIB en muchos países africanos, como Senegal, Zimbabue y Sudán del Sur (por encima del 34% en este último). También en las antiguas repúblicas soviéticas del Cáucaso y Asia central, que carecen de riquezas en hidrocarburos (casi el 30% en Kirguizistán y Tayikistán), así como en Jordania, Yemen, el Líbano y los territorios palestinos de Oriente Próximo. En Asia meridional alcanza el 27% en Nepal y cerca del 8% en Pakistán y Sri Lanka. Añádanse Filipinas, en Asia oriental, y varios Estados de Centroamérica, entre ellos, El Salvador y Honduras (más del 20%) y Haití (37%) (17).

La realidad de la deuda y las «buenas intenciones»

Ocurre que, según el Banco Mundial, las remesas a los países en desarrollo van a caer un 20% en 2020, es decir, en más de 110.000 millones de dólares debido a que los migrantes son los más afectados por los despidos y los recortes salariales. Además, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) calcula que en 2020 la IED hacia los países africanos habrá caído entre un 25 y un 40%, tras sufrir ya un descenso de un 10% en 2019 (18). En el caso de los países en desarrollo de Asia, especialmente sensibles a la alteración de las cadenas mundiales de suministro, se prevé que la caída de la IED alcance entre el 30 y el 45%, y hasta el 50% para América Latina.

A todo eso se añade el creciente problema de la deuda, cuyos pagos por parte de los países en desarrollo han alcanzado el nivel más alto desde el cambio de siglo (19). En promedio, deberían de representar en 2020 el 14,3% de los ingresos de los Estados concernidos, frente al 6,7% en 2010. Pero muchos se enfrentan a situaciones dramáticas, como Gabón, cuyos reembolsos absorben el 59,5% del total de ingresos públicos, Ghana (50,2%), Angola (46%) o Pakistán (35%). Actualmente, 52 países dedican más del 15% de sus ingresos a este reembolso, frente a 31 en 2018, 27 en 2017, 22 en 2015…

Ante esta situación de emergencia, los responsables financieros internacionales multiplican las declaraciones de buenas intenciones, y proclaman la necesidad de aliviar la deuda de los países del tercer mundo por mor de la pandemia. Entre ellos están el presidente del Banco Mundial, David Malpass, o su economista jefe, Carmen Reinhart, quien aboga por condonar deudas para que los países en desarrollo puedan contraer otras (20). Pero la realidad es menos alentadora, como lo explica el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM, por su nombre anterior: Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo): “A raíz de la pandemia, los países del G20 concedieron una moratoria sobre los reembolsos de la parte bilateral de la deuda para el periodo entre mayo y diciembre de 2020. […] Si bien 73 países resultaron elegibles, en realidad solo 42 consiguieron un acuerdo con el Club de París” (21). ¿Por qué tan pocos? Una explicación podría ser el “chantaje de los acreedores privados y de las agencias de calificación”. Dichos acreedores “indicaron que los países que solicitaban moratorias se arriesgaban a que las agencias rebajaran su nota, cerrándoseles así el acceso a los mercados financieros”. En resumidas cuentas, “estos países van a encontrarse en la tesitura de tener que reembolsar una cantidad mayor con menos recursos” (22).

Los países del Tercer mundo, acorralados por la crisis, piden un alivio de la deuda más consecuente (23). Se está gestando la revuelta. En un artículo publicado en el Financial Times, el ministro de Finanzas de Ghana, Ken Ofori-Atta, hizo un llamamiento a los Estados africanos para que “se adelantaran y crearan una dirección coordinadora de los distintos grupos de interés y centros de poder, con el fin de proponer una reestructuración de la arquitectura financiera mundial” que se adaptase “a las necesidades de África y demás países en desarrollo, en esta circunstancia en que tenemos que gestionar la recuperación pos-covid-19” (24). También hay quienes, a imagen del filipino Walden Bello, profesor universitario de izquierdas, abogan por que los países del Tercer mundo se salgan colectivamente de las dos instituciones fundamentales de la arquitectura financiera mundial, el FMI y el Banco Mundial (25).

A fin de cuentas, el Gran Confinamiento no ha hecho sino reafirmar la posición subordinada del Tercer mundo dentro del sistema político y económico del mercado mundial. Asimismo, habrá frustrado aún más las esperanzas de poder salirse de él sin romper con la lógica neoliberal, cuya incompatibilidad con las necesidades de una humanidad enfrentada a una catástrofe resulta más patente cada día.

Gilbert Achcar, profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres. Autor, entre otras obras, de Symptômes morbides. La rechute du soulèvement arabe, Actes Sud, París, 2017 y, junto a Noam Chomsky, de Estados peligrosos: Oriente Medio y la política exterior estadounidense, Paidós, Barcelona, 2007.

Notas

(1) Sarah Kliff, “How much would Trump’s coronavirus treatment cost most Americans?”, The New York Times, 7 de octubre de 2020.

(2) “The Great Lockdown”, World Economic Outlook, FMI, Washington, DC, abril de 2020.

(3) “ILO Monitor: Covid-19 and the world of work. Sixth edition”, OIT, Ginebra, 23 de septiembre de 2020.

(4) “Reversals of fortune – Poverty and shared prosperity 2020”, Banco Mundial, Washington, DC, 2020.

(5) “From containment to recovery: Economic update for East Asia and the Pacific”, Banco Mundial, octubre de 2020.

(6) “Global Humanitarian Response Plan: Covid-19 (April-December 2020)”, OCAH, Ginebra, julio de 2020.

(7) “Informe del secretario general sobre el trabajo de la Organización / 2020”, ONU, Nueva York, 2020.

(8) “Protect the progress: rise, refocus, recover”, OMS y UNICEF, Ginebra, 2020.

(9) “Fiscal Monitor: Policies for the recovery”, FMI, octubre de 2020.

(10) Daniel Gurara, Stefania Fabrizio y Johannes Wiegand, “Covid-19: Without help, low-income developing countries risk a lost decade”, IMFBlog, 27 de agosto de 2020.

(11) Jeffrey Gettleman, “Coronavirus crisis shatters India’s big dreams”, The New York Times, 5 de septiembre de 2020.

(12) Stephanie Findlay, “Suicides rise after virus puts squeeze on India’s middle class”, Financial Times, Londres, 6 de octubre de 2020.

(13) Kristalina Georgieva, “Un largo camino cuesta arriba: cómo superar la crisis y construir una economía más resiliente”, FMI, 6 de octubre de 2020.

(14) “Perspectives économiques en Afrique 2020” (PDF), BAFD, Abiyán, 30 de enero de 2020.

(15) “Covid-19 crisis through a migration lens”, Migration and Development Brief, n.° 32, Banco Mundial y Asociación Mundial de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (Knomad, por sus siglas en inglés), Washington, DC, abril de 2020.

(16) “ODA 2019 preliminary data” (PDF), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), www.oecd.org

(17) “Covid-19 crisis through a migration lens”, op. cit.

(18) “Informe sobre las inversiones en el mundo 2020: la producción internacional después de la pandemia”, UNCTAD, Ginebra, 2020.

(19) “Debt Data Portal”, Jubilee Debt Campaign, data.jubileedebt.org.uk. Léase también “Faut-il payer la dette?”, Manière de voir, n.° 173, octubre-noviembre de 2020.

(20) Larry Elliott, “World Bank: Covid-19 pushes poorer nations ‘from recession to depression’”, The Guardian, Londres, 19 de agosto de 2020, y Jonathan Wheatley, “Borrow to fight economic impact of pandemic, says World Bank’s chief economist”, Financial Times, 8 de octubre de 2020.

(21) El Club de París es un grupo de acreedores públicos que reúne a la mayor parte de los miembros de la OCDE, así como Brasil y Rusia.

(22) Éric Toussaint y Milan Rivié, “Les pays en développement pris dans l’étau de la dette”, CADTM, Lieja, 6 de octubre de 2020.

(23) Jonathan Wheatley, David Pilling y Andres Schipani, “Emerging economies plead for more ambitious debt relief programmes”, Financial Times, 12 de octubre de 2020.

(24) Ken Ofori-Atta, “Ghanaian finance minister: Africa deserves more Covid help”, Financial Times, 12 de octubre de 2020.

(25) Walden Bello, “The Bretton Woods twins in the era of Covid-19: Time for an exit strategy for the global south?”, Focus on the Global South, Bangkok, 10 de octubre de 2020.

Fuente: https://mondiplo.com/

Fuente de Réplica: https://rebelion.org/un-gran-confinamiento-devastador-en-el-tercer-mundo/

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Uno de cada seis niños vive en la pobreza extrema y la cifra aumentaría con la pandemia de COVID-19

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Grupo Banco Mundial publicaron este martes un informe que revela cifras alarmantes de la situación de millones de niños que viven paupérrimamente.

Ya antes de que la pandemia de COVID-19 golpeara las economías de todos los países, uno de cada seis menores de edad, o 356 millones, vivía en condiciones de pobreza extrema.

Según el estudio, dos tercios de esos niños habitan en África subsahariana en hogares que luchan por sobrevivir con un promedio de 1,90 dólares al día o menos por persona, mientras que el sur de Asia aloja a casi una quinta parte de estos chicos.

El análisis muestra que el número de personas que viven en la pobreza extrema disminuyó 29 millones entre 2013 y 2017. Sin embargo, agrega que el avance de los últimos años ha sido “lento y desigual, además de que se encuentra en riesgo” debido al impacto económico de la pandemia.

Urge un plan de recuperación para los niños

El director de Programas de UNICEF afirmó que el número de niños que debe luchar para sobrevivir debería escandalizar a cualquiera.

“Y la escala y la profundidad de las dificultades financieras provocadas por la pandemia solo están destinadas a empeorar las cosas. Los gobiernos necesitan con urgencia un plan de recuperación infantil para evitar que muchos más niños y sus familias alcancen niveles de pobreza que no se habían visto durante muchos, muchos años”, apuntó Sanjay Wijesekera.

Aunque los niños representan cerca de un tercio de la población mundial, son casi a mitad de la población extremadamente pobre. Además, tienen más del doble de probabilidades de ser paupérrimos que los adultos.

Los niños más pequeños son los que están en peor situación: el 20% de ellos es menor de cinco años y vive en hogares extremadamente pobres del mundo en desarrollo, destaca el informe.

“El hecho de que uno de cada seis niños viviera en la pobreza extrema y que el 50% de los pobres extremos del mundo fueran niños antes de la pandemia de COVID-19 es motivo de gran preocupación para todos”, recalcó Carolina Sánchez-Páramo, directora global de la División de Pobreza y Equidad del Banco Mundial.

Agregó que la pobreza extrema priva a cientos de millones de niños de la oportunidad de alcanzar su potencial en términos de desarrollo físico y cognitivo, y amenaza su capacidad para conseguir buenos trabajos en la edad adulta.

“A raíz de la desorganización económica masiva causada por la pandemia, es más crucial que nunca que los gobiernos apoyen a los hogares pobres con niños ahora y reconstruyan su capital humano durante la recuperación”, enfatizó Sánchez-Páramo.

PMA/Isheeta Sumra
La familia de Rani vive por debajo de la línea de la pobreza y depende de un programa alimentario para ayudar a mejorar la nutricón de los niños.

Más niños que adultos pobres

La pobreza extrema entre los niños ha disminuido menos que entre los adultos, y una mayor proporción de los pobres del mundo eran niños en 2017, en comparación con la cifra de 2013.

Todas las regiones del mundo experimentaron distintos niveles de disminución de la pobreza extrema entre los niños, excepto en África subsahariana, que registró un aumento de 64 millones en el número absoluto de pequeños que luchan por sobrevivir con 1,90 dólares al día, de 170 millones en 2013 a 234 millones en 2017.

La pobreza infantil es más frecuente en países frágiles y afectados por conflictos, donde más del 40% de los niños viven en hogares extremadamente pobres, en comparación con el 15% de los niños de otros países. Además, el 70% de los niños en situación de pobreza extrema vive en un hogar donde el jefe de la familia trabaja en el campo.

Medidas de largo plazo

La crisis del COVID-19 seguirá afectando de manera desproporcionada a los niños, las mujeres y las niñas, y amenaza con revertir los avances logrados en materia de igualdad de género, prevé el informe, y señala que hace falta protección social para mejorar los mecanismos de supervivencia de la población pobre y vulnerable tanto en la respuesta inmediata a la pandemia, como en la recuperación a largo plazo.

Los datos del Banco Mundial y UNICEF sugieren que la mayoría de los países han respondido a la crisis ampliando los programas de protección social, en particular las transferencias de efectivo, que brindan una plataforma para inversiones a más largo plazo en capital humano.

Sin embargo, muchas de las respuestas son a corto plazo y no son adecuadas para responder a la magnitud esperada a largo plazo de la recuperación, dice el estudio.

Es más importante que nunca que los gobiernos amplíen y ajusten sus sistemas y programas de protección social para prepararse para futuras crisis, incluidas las innovaciones para la sostenibilidad financiera. También precisan fortalecer los marcos legales e institucionales; proteger el capital humano; ampliar los beneficios para niños y familias a largo plazo; e invertir en políticas favorables a la familia, como la licencia parental remunerada y el cuidado infantil de calidad para todos.

Fuente: https://news.un.org/es/story/2020/10/1482662

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