Violencia y transgresión de los derechos humanos en centros de detención estadounidenses

Por: Guillermo Castillo Ramírez

“ … No podemos permanecer en silencio cuando los migrantes son deshumanizados y encerrados en prisiones con fines de lucro; cuando los niños son puestos en jaulas y denegado el acceso a jabón, cepillos de dientes, e incluso pañales; y cuando nuestros colegas y los trabajadores de derechos humanos son procesados ​​en tribunales federales (estadounidenses) por proporcionar alimentos, agua y refugio a personas necesitadas…. (Swanson, 2019)”.

En memoria de Carlos Gregorio Hernández Vázquez, quien falleció en mayo de 2019, en un centro de detención migratoria en Texas, Estados Unidos. A él, como a muchos otros migrantes, los mató el desprecio y la violencia de un gobierno racista.

Violencia, migración y racismo

En el actual contexto de migración irregular hacia Estados Unidos (EU), el racismo como política migratoria promueve la criminalización (social y legal) de los migrantes forzados (principalmente centroamericanos y mexicanos), y esto funciona como motor y justificación de serias y generalizadas violaciones de los derechos humanos de los migrantes; en especial esto acontece en los centros de detención de la border patroll y de ICE. En dichos centros de detención la situación es tan grave y hay una violencia generalizada y estructural tan acentuada, que varios migrantes menores de edad han perdido la vida en dichos lugares.

El racismo, caracterizado por ser un proceso de exclusión y violencia (por tipo físico y origen étnico nacional), se ha vuelto el eje de varias decisiones en materia migratoria. A esto hay que añadir que la violencia no sólo tiene un carácter extralegal y fáctico, sino también que la ley se ha vuelto un dispositivo de discriminación utilizado para institucionalizar la criminalización del migrante. Esto se da en el marco de la política de tolerancia cero del actual presidente de EU, que se ha distinguido en los últimos años por una creciente embestida caracterizada, entre otras medidas, por los intentos reiterados de construir/expandir el muro fronterizo, el crecimiento de ICE y la border patrol, la criminalización mediática y legal de los migrantes y el aumento de las detenciones al interior de EU.

Violaciones de derechos humanos en centros de detención en EU

Para el presente año, hubo un récord en el número de migrantes detenidos durante el actual gobierno de EU. De acuerdo con datos de la ONU, para el 2019 se registraron más de 100 mil menores migrantes detenidos en EU (la mayoría de ellos centroamericanos). Y a la fecha han sido separados de sus familias más de 5,400 niños migrantes, en el contexto de los más de 200 centros de detención migratoria que hay en EU. Las violaciones a los derechos humanos en dichos centros son variadas y pueden comprender desde la alimentación precaria (con frecuencia comida rancia y echada a perder), hasta la carencia de condiciones de higiene y aseo (no hay jabón, ni pañales, las duchas no son frecuentes, en muchos centros no hay no camas y son lugares muy fríos). Tampoco cuentan los migrantes detenidos con acceso a servicios médicos, ni son atendidas sus enfermedades previas o las ocasionadas ahí debido a las adversas condiciones de vida. Asimismo, se ha documentado que los migrantes no tienen acceso al procedimiento de petición de asilo, ni a asesoría jurídica.

No obstante, las agresiones más graves son las que tienen que ver con el abuso y maltrato físico, la separación de familias, la detención de niños y menores, y sobre todo la muerte de migrantes y niños migrantes en centros de detención, derivado de la falta de atención médica. Esto es resultado del desprecio generalizado y las agresiones hacia los migrantes.

Construcción sociopolítica de la violencia

Lo previamente descrito se produce debido a varias causas. Como lo han señalado autores como Hansen (2019), los centros de detención son y funcionan como cárceles de facto, y se distinguen por unas pésimas condiciones de vida para los detenidos. Eso es debido y justificado por la condición irregular de los migrantes. Lo anterior se deriva de una percepción estigmatizada de migrantes indocumentados (estimulada por el racismo y la desinformación), percepción que contribuye a la criminalización y a volver más rígidas/punitivas las leyes.

Además, esto acontece en contextos económico/políticos de privatización de los centros de detención, que últimamente se han distinguido por severas y estructurales deficiencias en el funcionamiento (esto con la finalidad de abaratar costos). Continuando con la línea de reflexión de Hansen (2019), a esto se suman las cuestionables políticas internas y externas de los centros de detención, que se caracterizan por no cumplir los estándares normativos básicos/indispensables, la no supervisión, la no transparencia y por estar sobrepoblados. Finalmente, tampoco garantizan las condiciones para la defensa legal y el reconocimiento de los derechos de los detenidos

Todo lo anterior, tiene impactos en las condiciones de vida de los detenidos. En el rubro de la salud, la situación física y mental de los detenidos es alarmante y deplorable, no hay atención médica, tienen malos alimentos y habitan en contextos antihigiénicos e insalubres. Las enfermedades y muertes de los migrantes han sido una prueba de ello. En lo psicosocial, la separación de las familias y los menores aislados y detenidos, detonan condiciones y daños psicológicos muy graves, que pueden tener repercusiones permanentes. Y en lo económico, buena parte de los detenidos son el principal sustento económico de sus familias en sus países de origen.

Medidas para reducir la violación de los derechos humanos

Frente a esta situación, es indispensable que:

1) Los centros de detención deben ceñirse a los marcos jurídicos y estándares prescritos por la ley. Esto implica de manera urgente y obligatoria el mejoramiento de las condiciones de vida de los detenidos.

2) Se debe disminuir la detención como política migratoria y fronteriza, hay otras alternativas para los migrantes irregulares.

3) Hay que detener la criminalización socio mediática, política y jurídica.

4) Se necesitan políticas migratorias diferentes, no de seguridad nacional y basadas en el racismo, sino políticas con un eje de seguridad humana.

5) Finalmente hay que reconocer el carácter forzado de la migración irregular. Los migrantes no son criminales, sino personas en precariedad expulsadas de sus países.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=263677

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Las vidas de las niñas destrozadas por los ataques a escuelas en la República Democrática del Congo

Redacción: Allafrica

Las niñas sufrieron violencia sexual y otros abusos cuando grupos armados atacaron cientos de escuelas durante el conflicto de 2016-2017 en Kasai, según un informe de la Coalición Global para Proteger la Educación del Ataque.

Alumnas de la República Democrática del Congo fueron violadas, forzadas a contraer matrimonio y usadas como escudos humanos por milicias que creían que tenían «poderes mágicos» durante la violencia hace más de un año, dijo el lunes una investigación de un grupo de organizaciones benéficas.

La Coalición Global para Proteger la Educación del Ataque (GCPEA) dijo que su investigación sobre la violencia de un año en la región central de Kasai en el Congo, que terminó en gran parte en 2017, encontró que las estudiantes sufrieron múltiples abusos por parte de grupos armados.

Basado en entrevistas con más de 55 estudiantes y maestros, el informe documenta testimonios de sobrevivientes y testigos de cómo los milicianos atacaron cientos de escuelas, secuestrando a niñas para la esclavitud sexual, el matrimonio forzado y para servir como niños soldados.

«Las milicias creían en los poderes mágicos de las niñas y, a menudo, las usaban como la primera línea de defensa para sacudir sus faldas para alejar a los soldados con armas», dijo Diya Nijhowne, directora ejecutiva de GCPEA, en un comunicado.

Armado solo con una escoba o un utensilio de cocina, las niñas fueron colocadas en el frente, dijo el informe, ya que se creía que poseían poderes que detendrían las balas y protegerían a toda la unidad en combate. Muchos niños fueron asesinados de esta manera, agregó.

El conflicto en Kasai, que enfrentó al ejército congoleño y alió a la milicia Bana Mura en contra de la milicia Kamuina Nsapu, mató a hasta 5,000 personas y obligó a 1,5 millones de personas a abandonar sus hogares, según Naciones Unidas.

Los investigadores de derechos humanos de la ONU dijeron en un informe de junio que los rebeldes y las tropas del gobierno cometieron atrocidades como la violación masiva y el canibalismo en Kasai, y agregaron que había «un grave problema de impunidad».

En julio de 2017, un tribunal congoleño condenó a siete soldados por el asesinato de presuntos miembros de la milicia en Kasai después de que un video mostraba a soldados disparando a personas, algunas de ellas mujeres jóvenes, a quemarropa.

«Los líderes de la milicia nos dieron a las niñas una escoba, que se consideraba mágica. Me dieron un (utensilio de cocina) de madera que se suponía que era una pistola mágica», dijo Lucia N., una estudiante de secundaria en el territorio de Dibaya, según se cita en el informe.

«Después de eso, fui con ellos dondequiera que iban y participé en varias batallas. Luego me di cuenta de que no podríamos derrotar a los soldados con la magia. Nos estaban matando en gran número».

Los grupos de derechos humanos instaron a las autoridades congoleñas a investigar y procesar a los responsables de las atrocidades, y pidieron que se brindara apoyo a los sobrevivientes.

«Encuentro que los casos documentados en el informe de niñas violadas por milicianos, y las que se ponen indefensas en el frente, son absolutamente horripilantes», dijo Bede Sheppard, subdirectora de derechos de los niños de Human Rights Watch, miembro de la GCPEA.

«Los estudiantes que sufrieron estos terribles ataques merecen acceso a asistencia médica, psicológica y social, incluida la asistencia para continuar sus estudios».

Fuente: https://allafrica.com/stories/201905210014.html

 

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