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Filósofos, matemáticos, escritores e historiadores alertan de que la educación “no va por buen camino”

Firman un manifiesto contra lomloe y defienden una enseñanza de calidad

La Lomloe, la ley de educación vigente impulsada primero por ex ministra de Educación Isabel Celaá y luego por Pilar Alegría, ha generado un importante rechazo entre diferentes colectivos. La última crítica proviene de filósofos, matemáticos, escritores, historiadores o catedráticos de universidad como Gabriel Albiac, Arcadi Espada, Fernando García de Cortázar, Jon Juaristi, José María Marco, Fernando Savater, Andrés Trapiello, Darío Villanueva o Horacio Silvestre, entre otros muchos. Creen que la enseñanza reglada en España “no marcha por buen camino”. Y no solo porque las leyes aprobadas hasta ahora no hayan mejorado la educación, sino que normativas como la Lomloe, lo que ha hecho es “empeorar la situación”.

Consideran que la enseñanza, en todas sus etapas, debe aspirar a la calidad y se debe basar en conceptos como el “esfuerzo, mérito y contenidos” mientras que otras cuestiones morales o ideológicas “deben ser desplazados de las aulas. Los alumnos no deben ser objeto de adoctrinamiento pues tal intromisión supone una perversión de lo público al sacrificar, especialmente para los alumnos con menos recursos, su formación técnica, profesional, académica y personal, condenándoles al sometimiento moral y a la incompetencia intelectual”.

El manifiesto propone una serie de cuestiones que creen que se deberían tomar en consideración por las autoridades educativas y que se resumen en los siguientes puntos.

1. Creación de una institución pública, de una suerte de Consejo General de la Función Docente, integrado exclusivamente (o principalmente) por docentes con larga experiencia, académicos y científicos de reconocido prestigio procedentes de las distintas ramas del saber, formal y materialmente independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo, ajeno a cualquier ideología o partido concreto, que sirva de principal referencia a la hora de proponer, o en su caso revisar, las distintas leyes e iniciativas de carácter educativo.

2. Creen que la tasa de fracaso escolar no se debe arreglar “haciendo desaparecer los suspensos y dificultando la repetición”. Todo lo contrario, creen que acrecentará el problema y añadirá más carga burocrática a los docentes.

3. Apuestan por una evaluación, pero por contenidos concretos de cada asignatura.

4. Consideran que deben permanecer las notas numéricas y las Menciones de Honor. Las primeras para conocer con mayor precisión el grado de éxito del alumno en la adquisición de conocimientos; y las segundas para que el esfuerzo y el mérito sean un aliciente más para el alumnado.

5. Exigen libertad para los docentes a la hora de enseñar los contenidos científicos o humanísticos de su materia, “sin ser correa de transmisión de la ideología de turno, y cuyo límite debe ser la Constitución y el Código Penal”.

6. Apuestan por los exámenes externos y comunes en distintas etapas educativas, para poder realizar pruebas diagnósticas sobre la marcha de los distintos centros de enseñanza. En especial, apuestan por una Prueba de Selectividad única en todo el territorio nacional, con contenidos comunes, una forma de garantizar la igualdad de oportunidades.

7. Piden que se garanticen las resoluciones judiciales, como la que obliga a impartir al menos un 25% de las asignaturas en español en Cataluña, sin perjuicio de que continúe habiendo enseñanza en otras lenguas cooficiales del Estado.

El manifiesto, elaborado por un conjunto de profesores de Enseñanza Educativa, ha sido registrado en la plataforma Change.org y cuenta ya con más de un millar de firmas de apoyo.

https://www.larazon.es/educacion/20220502/ybz6zvoekfejxdqdp4g437mcsq.html

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El Salvador | AI denuncia “tormenta perfecta de violaciones de DDHH” en supuesto combate a las pandillas

Amnistía internacional pide evitar crisis de derechos humanos en El Salvador

La organización Amnistía Internacional (AI) exhortó a la comunidad internacional a ayudar a “evitar la incipiente crisis de derechos humanos en El Salvador” y pidió a las autoridades de El Salvador dejar “de cometer abusos” y garantizar “investigaciones independientes sobre las violaciones de derechos humanos que ya se han cometido” durante los primeros 30 días del régimen de excepción que se cumplieron este lunes.

“Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”, expresó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización objeta las penas de cárcel para niños y niñas de entre 12 y 16 años, las detenciones arbitrarias contra personas de comunidades marginadas sin derecho a defensa jurídica, y la reclusión de personas “sin alimentos y aire suficientes”.

Así mismo, la organización reclamó porque los periodistas “pueden ser encarcelados por el solo hecho de informar de actividades relacionadas con las pandillas”. “El gobierno debe cesar en su actitud hostil contra la sociedad civil y la comunidad internacional y reconocer los terribles efectos de sus políticas para los derechos humanos”, expresó la AI.

Marzo 25 de 2022

Inició el alza de homicidios sangriento de tres días que costó la vida de 87 salvadoreños en apenas tres días. El 28, hubo baja drástica.

Marzo 27 de 2022

La Asamblea decretó régimen para suspender el derecho a la reunión y a la defensa, permitir arrestos prolongados e intervenir teléfonos.

El Salvador | AI denuncia “tormenta perfecta de violaciones de DDHH” en supuesto combate a las pandillas

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Piden a la ONU garantías de DDHH en tratado sobre “ciberdelincuencia”

Entre el 17 y el 28 de enero de 2022 se realizará la primera reunión del Comité ad hoc de las Naciones Unidas encargado de elaborar una convención internacional exhaustiva contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos.

La idea ha levantado varias alarmas, especialmente entre la sociedad civil. Actualmente no existe una definición común de “ciberdelincuencia” ni tampoco consenso sobre cómo abordarla a nivel mundial. Todavía más grave es que las legislaciones locales sobre ciberdelincuencia a menudo son utilizadas para coartar derechos fundamentales y perseguir a periodistas, activistas, investigadores, comunidades LGBTQ+ y disidentes.

Por ejemplo, las leyes que penalizan el acceso no autorizado a redes o sistemas informáticos se han utilizado para atacar a investigadores de seguridad digital, denunciantes, activistas y periodistas. Por su parte,  aquellas regulaciones que buscan combatir fenómenos como la desinformación y la glorificación en línea de posturas extremistas pueden ser utilizadas de forma indebida para encarcelar blogueros o bloquear plataformas enteras en un país determinado.

Esta es una situación conocida por las Naciones Unidas. En su informe de 2019, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, observó: “Un aumento de la legislación y las políticas destinadas a combatir la ciberdelincuencia también ha abierto la puerta a castigar y vigilar a activistas y manifestantes en muchos países del mundo.” En 2019 y una vez más este año, la Asamblea General de la ONU expresó su grave preocupación por el hecho de que la legislación sobre ciberdelincuencia se esté utilizando indebidamente para atacar a los defensores de los derechos humanos, obstaculizar su trabajo y poner en peligro su seguridad.

Es por ello que hoy más de 120 expertas, expertos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo han enviado una carta a Faouzia Boumaiza Mebarki, Presidenta del Comité Ad Hoc, pidiendo que el proceso incluya activamente a las organizaciones de la sociedad civil en todas las etapas de desarrollo y redacción de la convención, y que se incluyan savaguardas de  derechos humanos a la propuesta, aplicables tanto a sus disposiciones sustantivas como de procedimiento.

“La lucha contra la ciberdelincuencia no debe hacerse a expensas de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas cuyas vidas se verán afectadas por esta propuesta de convenio” señala la misiva, en cuya redacción Derechos Digitales participó activamente. Además, nuestra organización participará de la reunión de enero y estará acompañando al comité durante las próximas sesiones, con una perspectiva de derechos humanos.

La carta está disponible en castellano y en inglés.

Fuente de la informaciòn e imagen:   Rebeliòn

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Organismos de DDHH denuncian ante ONU 327 desapariciones en Colombia

POR: HISPAN TV /INTERNACIONAL

 

Organizaciones de DD.HH. denuncian “graves violaciones” contra manifestantes en Colombia y piden a la ONU condenar la “brutal represión” de la fuerza pública.

En un comunicado dirigido este miércoles a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las organizaciones colombianas de derechos humanos, con el respaldo de otros 300 organismos de todo el mundo, han denunciado las “torturas” y “cientos de desapariciones” entre los manifestantes que, desde hace más de dos meses, protestan contra el Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque.

Desde el 28 de abril y hasta el 28 de junio se han reportado 83 homicidios, 327 personas desaparecidas y miles de detenciones arbitrarias”, se lee en el informe, que se entregará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza), donde se reúne el organismo entre el 21 de junio y el 13 de julio.

El documento señala que 27 de los fallecidos fueron “víctimas” del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y otras muertes fueron provocadas por “civiles armados sin identificar, que a menudo actúan con la complicidad de los agentes de las Fuerzas Armadas del Estado”.

Asimismo, el reporte detalla que “unos 3200 manifestantes” han sido detenidos “arbitrariamente” sin garantías a su derecho a un debido proceso, lo que los ha expuesto a “torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”. “Otro hecho particularmente preocupante es la práctica de la desaparición forzada […] A la fecha, 327 personas continúan desaparecidas”, indica.

Conforme al texto, los abusos contra los manifestantes incluyen “golpizas, puñetazos con objetos contundentes, descargas eléctricas, amenazas de desaparición forzada, desnudez forzada y violencia sexual y de género, incluida la violación”.

Es más, el informe detalla que los abusos han sido dirigidos especialmente contra grupos indígenas y minorías, defensores de los derechos humanos, personal médico y periodistas.

El martes, se cumplieron 60 días del estallido social en el marco del paro nacional en Colombia, por lo que la ciudadanía salió otra vez a las calles de las principales ciudades, bajo la consigna “Por la vida, paz, democracia y contra las políticas neoliberales del Gobierno de Iván Duque”.

Los indignados exigieron justicia para los asesinados, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas con lesiones oculares a manos de la policía y el Esmad, que arremetió violentamente contra los manifestantes colombianos.

La oenegé pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) para las Américas ha informado, esta misma jornada, que ha recibido 81 denuncias “creíbles” de muertes ocurridas en el marco de las protestas en Colombia.

Fuente e imagen: https://www.tercerainformacion.es

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Los crímenes del sionismo contra la humanidad: Una breve selección

Por Edgar Isch L

El Sionismo, nacido en Europa bajo el lema de “Una Patria para el pueblo judío”, se convirtió en una orientación de corte fascista, xenófoba y responsable de verdaderos crímenes contra la humanidad. La mayoría de ellos están tipificados en las normas internacionales, incluso en las que pretenden frenar acciones brutales en medio de una guerra entre Estados, aunque no es el caso concreto de nuestros días, porque a Palestina se le niega su existencia como Estado y no tiene ejército, ni refugios antiaéreos.

Una aclaración importante: la condena al sionismo y su gobierno en Israel, aunque éste tenga apoyo mayoritario de la población que se identifica como judío, tal como Hitler tuvo apoyo en su país en un momento de su historia, no involucra ni puede involucrar un rechazo a todos los integrantes de la cultura hebrea ni a todos los que responden al judaísmo como religión. Se podría poner por ejemplo a la Red Internacional de Judíos Antisionistas que sostienen que son: “una red internacional de judíos incondicionalmente comprometidos con las luchas de emancipación humana, de las cuales la liberación de los habitantes de Palestina y de su tierra es una parte primordial. Nuestro compromiso es el desmantelamiento del apartheid israelí, el retorno de los refugiados palestinos, y el fin de la colonización israelí de la Palestina histórica”[i].

Crímenes de odio y racismo

Si se lee frases de prominentes sionistas, se encuentran muchas que desconocen la condición de seres humanos para árabes y particularmente palestinos. Un solo ejemplo de uno de los gobernantes israelíes, Menahim Begin,que en el parlamento dirá que: «Los Palestinos son bestias sobre dos patas.»[ii]

Ese trato es un crimen de odio permanentemente expresado. Hoy se manifiesta en las camisetas del Movimiento Juvenil Sionista EZRA pidiendo “Quemar a los árabes”[iii], así como en los cánticos por matar a los árabes que gritan en Jerusalem los sionistas.

Discriminación

La discriminación contra los palestinos es practicada por el gobierno de Israel todo el tiempo. Esto, incluyendo a los que viven dentro de territorio israelí y tienen formalmente esa nacionalidad. Según Amnistía Internacional (2021), “Israel seguía discriminando a los ciudadanos y ciudadanas palestinos de Israel en materia de urbanismo, asignaciones presupuestarias, control policial y participación política. Según el Centro Jurídico para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel Adalah, Israel mantenía más de 65 leyes que discriminaban a la población palestina”[iv].

En la decimotercera Ley Básica israelí (de un país sin Constitución), aprobada en 2018, se entrega una licencia a la discriminación. En ella se define al hebreo como el idioma oficial, rebajando el árabe y al yidish (hablado por un sector de judíos ortodoxos) a un estatus especial y define a Israel como «el hogar nacional del pueblo judío», es decir de una sola nacionalidad, excluyendo a cualquier otra.

Apartheid

El apartheid es una organización social territorial nacida en Sudáfrica y contra la que lucharon por mucho tiempo, contando con líderes como Nelson Mandela. Se trata de la segregación étnica y “racial” en pequeños territorios empobrecidos y separados entre sí, que dependen del Estado colonizador y cuya población ve negados todos sus derechos.

Esto es lo que hoy se vive en Israel, los Territorios Ocupados y Palestina. Si se mira los mapas históricos, se observa como cada vez los palestinos tienen menos tierra, aislada, bajo control de Israel. Un buen ejercicio es imaginar ese proceso en cada uno de nuestros países y cuál sería nuestra reacción ante semejante agresión sistemática. Para ir de un territorio palestino a otro, deben pasar, si les permiten, por varios controles militares. Eso incluso las ambulancias, imposibilitando muchas veces atención de emergencia.

Muchos organismos de DDHH han denunciado este Apartheid. El Centro Israelí de Información sobre Derechos Humanos es uno de ellos, que resalta cuatro políticas colonizadoras, basadas en el divide, separa, decide y gobierna: normas que permiten migración solo a los judíos; apropiación de tierra para los judíos, aumentando la sobrepoblación en los enclaves en los que se encierra a los palestinos; restricción de la libertad de movilización a los palestinos; negación del derecho político de participación[v].

Hay que considerar también el muro de separación, planificado para 626 kilómetros según fuentes oficiales, dejando aislada la Rivera Occidental. Esta es una de las medidas para tener a los palestinos encerrados en una inmensa cárcel a cielo abierto.

Limpieza étnica

Este crimen de lesa humanidad busca «limpiar» a un territorio de habitantes de otro grupo étnico, nacional o religioso, para lograr la monoculturalidad y “pureza”. Se trata de una eliminación sistemática o la expulsión forzada de una población, negándole sus derechos humanos.

En esa dirección, los sionistas no dudan en proponerse e impulsar este crimen: «Debemos utilizar el terror, el asesinato, la intimidación, la confiscación de tierras y el corte de todos los servicios sociales para expulsar de Galilea a su población Árabe.» (Israel Koenig, «The Koenig Memorandum»).

También hay que considerar que incluso personas con abuelos judíos pueden pedir la nacionalidad israelí, ir allá y seguramente ser alentado a vivir en uno de los asentamientos ilegales con los que siguen quitando la tierra a Palestina, pero la misma Ley de Retorno excluye a todo palestino de la posibilidad de regresar a su tierra.

La destrucción de viviendas y de servicios básicos, como la realizada por los bombardeos de Israel en este mes, implican que miles deben buscar refugio, salir de allí.Soloen el año pasado, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU, Israel demolió 848 estructuras residenciales y dedicadas al sustento palestinas en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, desplazando a 996 personas.

Hoy la violencia inició con la política de expulsar a familias árabes de sus viviendas en un histórico barrio de Jerusalén para darlas a judíos, rodeando y aislando el tercer templo de importancia para el Islam.La matanza en Gaza ha tenido esas características en este mes, sin tener una evaluación final de cuánto se dañó en infraestructura y edificios. La masacre de familias enteras no es casual, está aprobada por autoridades civiles y militares, haciendo de éste, nuevamente, un crimen sistemático.

Hoy la mayoría de quienes se reconocen palestinos vive en refugios. La historia demuestra que allí tampoco han tenido la seguridad que debe ser garantizada en su condición, ni condiciones dignas de existencia. Lo que se encuentran fuera del territorio son impedidos de retornar y rehacer sus vidas.

Territorios ocupados

La ocupación significa someter a un territorio y sus habitantes a las determinaciones de un ejército extranjero. La ilegalidad de la ocupación israelí, desde 1967, abarca los territorios palestinos de Cisjordania (incluida Jerusalén Este) y la Franja de Gaza; las alturas del Golán de Siria; y, hasta 1982, en la Península del Sinaí de Egipto. La Corte Internacional de Justicia y la Asamblea General de las Naciones Unidas catalogan por ello a Israel como «Potencia Ocupante».

Se mantiene el ilegal bloqueo aéreo, marítimo y terrestre israelí sobre la Franja de Gaza y otros territorios. Incluye el control de la entrada y salida de personas y bienes, impidiendo, en múltiples ocasiones, elingreso de ayuda humanitaria, materiales de construcción y combustibles (HRW, 2021)[vi].Hoy mismo, tras la tregua pactada, la falta de medicinas es un problema fundamental.

La “anexión” de nuevos territorios mediante “asentamientos” es igualmente señalada por parte de la ONU, la Unión Europea y otros como contraria a la legislación internacional. Una vez más hay que denunciar la hipocresía de Estados Unidos, que con Trump pretendió el reconocimiento de estos territorios, así como imponer que Jerusalem es la capital de Israel.

Nuevamente, no siempre niegan este proceder. Moshe Dayán, famoso jefe militar israelí lo dirá en estos términos: «Las villas judías están construidas en el lugar de las villas Árabes. Ustedes no saben incluso el nombre de estas villas Árabes… No hay un sólo lugar construido en este país en el que no hubiera previamente una población Árabe.»[vii]. Esto además desmantela la ficción de que se trató de asentamiento de “un pueblo sin territorio dentro de un territorio sin pueblo”.

En muchos casos, promueven abiertamente el despojo territorial. «Es un deber de los líderes Israelíes explicar a la opinión pública, claramente y con coraje, un cierto número de hechos que se olvidan con el tiempo. El primero de ellos es que no hay sionismo, colonización o Estado Judío sin el desahucio de los Árabes y la expropiación de sus tierras.» (Yoram Bar Porath, Yediot Aahronot, 14 de julio de 1972).

El reconocimiento de lo que hacen viene de otro líder histórico judío, David Ben-Gurion: «Si yo fuera un líder Árabe nunca haría la paz con Israel. Es natural: hemos ocupado su tierra.» (citado en The Jewish Paradox, por Nahum Goldmann, Weidenfel y Nicolson, 1978, p.99).

Homicidio ilegítimo y excesivo uso de la fuerza

Estos crímenes son frecuentes y ya vimos que están ligados a lograr que la gente huya. Hay asesinatos selectivos a dirigentes políticos y muchas veces a sus familias, a manifestantes contra los que se usa armas de fuego de manera intensiva, prisiones arbitrarias y también ataque a las formas de vida. Para el año anterior, Amnistía Internacional recoge que “Las fuerzas israelíes abrieron fuego a menudo contra pescadores y agricultores en Gaza; según el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, resultaron heridos 12 pescadores y 5 agricultores”. Nuevamente, en mayo de 2021 se ha denunciado esta misma agresión contra civiles y el derecho a la alimentación del pueblo.

Tortura y prisiones arbitrarias

Los organismos dederechos humanos señalan que los malos tratos y torturas se realizan con total impunidad. Para el año pasado no existía una contabilidad, pero se estimaba en miles de presos detenidos arbitrariamente. Las autoridades israelíes realizaron cientos de operaciones en toda Cisjordania para detener a palestinos, por lo general en sus viviendas y por la noche. Las personas detenidas eran recluidas en prisiones de Israel, junto con miles de palestinos más de los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) detenidos en años anteriores, lo que constituía una violación del derecho internacional humanitario, que prohíbe el traslado de detenidos al territorio de la potencia ocupante (Amnistía Internacional, 2021).

Muchas veces, las víctimas son niños y niñas. Son arrestados continuamente, sometidos a inspecciones en las calles. En octubre de 2020, según Defensa de Niñas y Niños Internacional, Israel tenía a 157 palestinos menores de edad en prisión, dos de ellos sometidos a detención administrativa. Eran interrogados sin la presencia de sus padres y permanecían recluidos junto con adultos. El tiempo de prisión es indefinido.

Castigos colectivos

El control de servicios y derechos básicos permite a la potencia ocupante realizar castigos colectivos, que han sido denunciados en diversos momentos de la historia de la ocupación. Corta el agua, la electricidad o simplemente impedir el libre tránsito, impedir el ingreso de productos necesarios para la población, son medidas habituales.

Un piloto militar israelí, identificado únicamente por la inicial de su nombre, D, durante una entrevista con el canal de televisión israelí, Channel 12, reveló que el derribo de los edificios altos en la Franja de Gaza se produjo “como desahogo” “por la frustración generada a raíz de los golpes que los grupos (de resistencia) en Gaza nos estaban asestando”[viii]. Muchos de esos edificios, eran viviendas de familias enteras que hoy no tienen nada.

Castigar a toda una población o familiares por lo que se acusa a un grupo a un individuo, es también considerado un crimen de guerra. Nuevamente, aquí los sionistas y los nazis se parecen.

Ataques a los defensores de derechos humanos

Hace poco, la Federación Internacional de Derechos Humanos denunció los métodos usados por el gobierno sionista: “Calumnias, campañas para disuadir a los donantes, un arsenal legislativo restrictivo, obstáculos judiciales… Hace 20 años que se multiplican las maniobras de desprestigio y de acoso orquestadas por el gobierno israelí contra las ONG y las personas defensoras de los derechos humanos de Israel, el Golán y Palestina”[ix].

Dos expertos de la ONU en Derechos Humanos explicaron“que la condena de Israel el pasado 6 de enero a Issa Amro, un defensor palestino de las garantías fundamentales y fundador de un grupo con sede en Hebrón que se opone a la expansión de los asentamientos mediante la resistencia civil no violenta, ‘forma parte de un patrón claro y sistemático de detención, acoso judicial e intimidación’ en ese país”[x].

Que se trate de un patrón sistemático demuestra que setrata de un crimen de Estado y no de acciones aisladas. Y se niega así la protección a los defensores de derechos humanos a la que los Estados realmente democráticos se comprometen.Israel además continúa negando la entrada en los TPO a organismos de derechos humanos, incluido el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en los TPO.

Ataque al ejercicio del periodismo

El 15 de mayo tres misiles pesados de origen israelí destruyen el edificio de departamentos y oficinas, en el cual estaban las oficinas agencia estadounidense AP y Al-Jazeera,más otras entidades de prensa. Aunque se llamó para que salga la gente, no se permitió el tiempo para que la gente y los periodistas rescaten la mayoría de sus materiales.

Sin ofrecer pruebas hasta hoy, se dijo que allí estaban objetivos militares de Hamás. Eso es desmentido por los periodistas que por muchos años usaban ese edificio y dejaron ver que con ello el mundo tendría menos información sobre la realidad en Gaza, callando la destrucción y muerte que el sionismo genera.

Violación del derecho a la salud

Las restricciones de Israel a la libertad de circulación siguieron dificultando el acceso de la población palestina a la atención sanitaria, con el consiguiente aumento del riesgo para las personas vulnerables durante la pandemia de COVID-19.

Sea castigo colectivo o no, se ha denunciado la enorme distancia entre proveer de vacunas para la COVID-19 a la población israelí y negarla para los palestinos. Incluso, con los bombardeos a precisión destruyeron el único centro de detección de la pandemia que existía en Gaza. En otros momentos, se han destruido incluso escuelas.

La necesidad de un juicio a los ocupantes y sus crímenes

Así como se realizó un Juicio de Núremberg, para juzgar los crímenes de guerra de los nazis, algún día deberá realizarse otro para poner ante la justicia a gobernantes sionistas y jefes militares de Israel. Se puede decir que para ello está la Corte Penal Internacional, lo cual es cierto de manera que ese podría ser el escenario adecuado, pero las acciones de Israel y Estados Unidos contra las capacidades reconocidas a esa Corte y su independencia, son ataques que dificultan su accionar.

La legislación internacional sobre derechos humanos y contra los crímenes de lesa humanidad y los de guerra, de be aplicarse sin que, sobretodo, Estados Unidos se convierta en una barrera que impida la justicia. La humanidad requiere la verdad, la aplicación de normas fundamentales de convivencia y el reconocimiento a los derechos palestinos y la existencia de su Estado.


Referencias

[i]Red Internacional de Judíos Antisionistas: Carta Abierta al Mundo. https://piensachile.com/2009/01/27/red-internacional-de-judasos-antisionistas-carta-abierta-al-mundo/

[ii]Begin, Menahim.Discurso al Parlamento, citado en Amnon Kapeliouk, «Begin y las ‘Bestias’», New Statesman, 25 de Junio de 1982.

[iii]SOTT, 2013. ‘Quemar Arabes’, es el nuevo slogan del Movimiento Juvenil Sionista EZRA. En : https://es.sott.net/article/21185-Quemar-Arabes-es-el-nuevo-slogan-del-Movimiento-Juvenil-Sionista-EZRA

[iv]Amnistía Internacional (2021). Informe 2020-2021. La situación de los Derechos humanos en el mundo. Reino Unido.

[v] Centro Israelí de Información sobre Derechos Humanos (2021). A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is apartheid. En: https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid

[vi]HRW (2021). World Report 2021. Human Rigths Watch. New York.

[vii]Dayan,Moshe (1969).Comunicado a Technion, Haifa, citado en Haaretz, el 4 de Abril de 1969.

[viii]Agencia Anadolú (2021). Piloto israelí revela que derribaron edificios en Gaza al no poder impedir el lanzamiento de cohetes. 23 de mayo de 2021. https://www.aa.com.tr/es/mundo/piloto-israel%C3%AD-revela-que-derribaron-edificios-en-gaza-al-no-poder-impedir-el-lanzamiento-de-cohetes/2251388

[ix]FIDH, 2021. Israel: campañas para acallar a defensores de derechos humanos de Israel, el Golán y Palestina. https://www.fidh.org/es/region/magreb-y-medio-oriente/israel-y-palestina/israel-campanas-para-acallar-a-las-personas-defensoras-de-los#

[x]Noticias ONU, 2021. Las detenciones de activistas en Israel buscan silenciar a los defensores de los derechos humanos, denuncian expertos.

  *Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuentes: Estrategia

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¿Por qué el cierre de colegios afecta más a las niñas?

Por: Semana.com

El matrimonio infantil y el embarazo adolescente son solo algunas de las dificultades adicionales que enfrentan millones de niñas en todo el mundo debido al cierre de escuelas por la pandemia.

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha es la representación simbólica de la lucha de las mujeres por reclamar las mismas condiciones y oportunidades que los hombres.

En el ámbito educativo, las mujeres han logrado grandes conquistas, las cuales se pueden ver amenazadas por cuenta de la pandemia.

Cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) indican que desde 1995 se han matriculado 180 millones más de niñas en la enseñanza primaria y secundaria.

Sin embargo, a pesar del aumento en todos los niveles de educación, las menores siguen teniendo más probabilidades de sufrir exclusión que los niños, un fenómeno que podría acentuarse significativamente con la crisis sanitaria.

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¿Necesitamos un curso de DDHH en la educación chilena?

Chile / 21 de octubre de 2018 / Autor: Paulina Morles e Isabel Plaza / Fuente: El Mostrador

Por estos días se ha presentado un proyecto de ley que busca incorporar un curso sobre memoria y derechos humanos, de carácter obligatorio, en la educación básica y media. La iniciativa fue presentada por la diputada Carmen Hertz y ha recibido el respaldo de un espectro parlamentario que va desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana. Desde el gobierno, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, consideró dicho proyecto como innecesario, debido a que “eso ya es parte de lo
currículums y mallas que establece el Ministerio de Educación y no es necesario establecerlo a través de una ley”. El ministro tiene razón en parte, debido a que efectivamente el tema de los derechos humanos se encuentra contenido en los principios que fundamentan las bases curriculares de la enseñanza parvularia, básica y media, emanadas del Mineduc. Sin embargo, se equivoca al afirmar que no es necesaria una ley. Basta observar que sólo para la enseñanza básica y media se integra este contenido como parte de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT), y si bien estos promueven que cada docente pueda vincularlos directa o indirectamente a su asignatura, ello no implica la incorporación de una didáctica adecuada para la formación docente. Vale decir, que los gobiernos de nuestro país han dejado en manos de sus educadores -a título individual- la responsabilidad de cumplir con las obligaciones contraídas por el Estado en materia de educación y derechos humanos, sin entregarles las herramientas necesarias para su aplicación.

 

 

Toda esta discusión nos remite al campo de la Educación en Derechos Humanos (EDH) y como Observatorio de Educación en Derechos Humanos, nos parece importante precisar algunas ideas al respecto. Esto, tanto en términos jurídicos como teórico-conceptuales, metodológicos y ético-políticos.

En primer lugar, ¿qué es la EDH? En el Manual de Educación en Derechos Humanos, Nancy Flowers la define así: “todo aprendizaje que desarrolle el conocimiento, las habilidades y los valores referentes a los derechos humanos”. En términos generales, se remite a ella como una práctica pedagógica que posibilita ejercer derechos propios, además de incorporar herramientas para el desarrollo integral de las personas y de las sociedades democráticas. En este sentido, se comprende esta educación como una expresión de los diversos aprendizajes que constituyen a los sujetos, que va más allá de un modelo universal de enseñanza, por lo que exige una perspectiva amplia para su abordaje.

«En primer lugar, ¿qué es la EDH? En el Manual de Educación en Derechos Humanos, Nancy Flowers la define así: “todo aprendizaje que desarrolle el conocimiento, las habilidades y los valores referentes a los derechos humanos”. En términos generales, se remite a ella como una práctica pedagógica que posibilita ejercer derechos propios, además de incorporar herramientas para el desarrollo integral de las personas y de las sociedades democráticas. En este sentido, se comprende esta educación como una expresión de los diversos aprendizajes que constituyen a los sujetos, que va más allá de un modelo universal de enseñanza, por lo que exige una perspectiva amplia para su abordaje.»

En segundo término, cabe señalar que la EDH ha sido reconocida por Naciones Unidas como parte de los derechos consagrados a todo ser humano. En efecto, en 2011 se promulga la Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en materia de Derechos Humanos, que establece en su artículo 1° que: “Toda persona tiene derecho a obtener, buscar y recibir información sobre todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y debe tener acceso a la educación y la formación en materia de derechos humanos”. Junto con ello, esta Declaración establece que la educación y la formación en materia de DDHH engloba tres líneas de acción: 1) La educación sobre los derechos humanos, que incluye facilitar el conocimiento y la comprensión de las normas y principios de derechos humanos, los valores que los sostienen y los mecanismos que los protegen; 2) La educación por medio de los derechos humanos, que incluye aprender y enseñar respetando los derechos de los educadores y los educandos; 3) La educación para los derechos humanos, que incluye facultar a las personas para que disfruten de sus derechos y los ejerzan, y respeten y defiendan los de los demás (art. 2º, inciso 2).

En concordancia con estas orientaciones globales, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 (el primero que ha tenido Chile en toda su historia republicana) incorporó como segundo eje de acción a la educación en DDHH, la que deberá cumplir con el siguiente objetivo: “Promover y garantizar la sensibilización, formación y capacitación en derechos humanos para desarrollar una cultura de derechos humanos que contribuya a la prevención de sus vulneraciones”. Cabe destacar además que el primer eje de este plan es la promoción de la investigación, sanción y reparación de los crímenes de lesa humanidad, y de la memoria histórica. Lo anterior puede ser claramente leído en relación con la necesidad de que la EDH incorpore entre sus contenidos nucleares el respeto por los derechos humanos, pero también la pasada experiencia dictatorial como ejemplo nítido de irrespeto a aquéllos. Cabe precisar que este plan fue presentado al país en diciembre de 2017, cuando ya finalizaba el gobierno anterior, correspondiendo su ejecución a la actual administración. Tarea ineludible si se tiene en cuenta el derecho internacional de los DDHH, que establece la existencia de sujetos de derechos y sujetos de obligación, esta última categoría aplicable a los Estados.

Un tercer aspecto a remarcar apunta a la pregunta que da título a esta columna, acerca de si requerimos o no un curso de DDHH en la educación formal. Teniendo en cuenta los elementos antes enunciados, la respuesta es afirmativa. Pero no sólo lo es en virtud de esas referencias. Nuestro quehacer como Observatorio de Educación en Derechos Humanos -en las áreas de docencia, investigación y extensión- nos ha permitido arribar a algunas constataciones preocupantes. Por una parte, que pese a estar DDHH incorporado como tópico obligatorio en las bases curriculares, ello no implica que se los aborde efectivamente en las aulas. Por otra, que en los espacios educativos en que así ocurre, tampoco se produce -necesariamente, aunque suene paradojal- como enseñanza de los derechos humanos, sino muchas veces enmarcado (¿enmascarado?) o indirectamente tratado en temáticas afines como ciudadanía, educación en valores, ética, entre otros. Más aún, que los dos puntos antes referidos se deben, en buena medida, a la discrecionalidad con la que se abordan los derechos humanos en la escuela (cuando se hace), muchas veces dependiendo de las cosmovisiones ético-políticas de los directivos y/o de los profesores. La formación en DDHH en las carreras de pedagogía es una tarea urgente e ineludible; por cierto, no sólo en áreas afines como historia y geografía o ciencias sociales, sino en todo el espectro de las pedagogías, de manera tal que los futuros educadores y educadoras puedan incorporar los derechos humanos en disciplinas como las matemáticas, la biología, las artes, los idiomas, entre otros.

Tal y como enunciamos al inicio de esta columna, la presencia de estos contenidos en las bases curriculares no conlleva una obligación de incorporar una didáctica ad hoc durante la formación docente, que permita a las y los futuros profesores experimentar un saber sobre, por medio y para los derechos humanos. De esta forma, es insuficiente de parte del Estado, a través del Mineduc, promover un objetivo para el que no se disponen las metodologías pertinentes.

En cuarto lugar, que los hechos conocidos y debatidos estos últimos meses, en torno a la violencia en los espacios educativos, son una muestra de lo urgente que es -hoy más que nunca- educar en DDHH. Para ello, es necesario trascender a las visiones punitivas y a las explicaciones cortoplacistas, como las contenidas en el Proyecto Aula Segura, que se agotan en los casos particulares. Estamos frente a manifestaciones de violencia estructurales -por cierto, no sólo por parte de estudiantes- que responden a una forma de interacción social amparada en profundas condiciones de desigualdad y exclusión. Frente a todo esto, un curso obligatorio sobre derechos humanos permitiría supervisar su efectivo cumplimiento, revisar los contenidos trabajados a su amparo y contribuir a una cultura de la paz. Y a este respecto cobra sentido la propuesta de la destacada educadora peruana Rosa María Mujica, quien atribuye a la educación en derechos humanos los siguientes objetivos, entre otros: i) Promover el desarrollo de actitudes, valores, conductas y comportamientos como el respeto a la persona, la solidaridad, justicia, libertad, igualdad, tolerancia, participación y otros, para contribuir a la construcción de una cultura democrática; ii) Promover la participación responsable en la vida social y política y en las instituciones y organizaciones sociales.

Entonces, decimos sí a una asignatura obligatoria sobre DDHH. Pero requerimos mucho más. No solo
necesitamos enseñar DDHH en la educación formal, sino también en la informal y en todos los espacios posibles donde los derechos humanos requieran ser conocidos, difundidos y promovidos como requisito indispensable para una sociedad democrática, en donde para cada sujeto la dignidad humana sea una realidad. Requerimos, en definitiva, de una ley integral en materia de educación y formación en derechos humanos.

Fuente del Artículo:

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/10/16/necesitamos-un-curso-de-ddhh-en-la-educacion-chilena/
ove/mahv
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