29 de marzo de 2016/ Una crisis política enorme se cierne sobre ese gigante que es Brasil. Una investigación judicial, denominada operación «Lava Jato», ha puesto en evidencia un esquema de corrupción que compromete a altos funcionarios de Petrobras, a grandes empresas constructoras, entre ellas la conocida Odebrecht, y a políticos brasileños de una multiplicidad de partidos.
Todos los grandes partidos están salpicados por la corrupción
Las denuncias de corrupción involucran no solo del Partido de los Trabajadores (PT), como quieren hacer ver los medios de comunicación, sino que incluyen al Partido Progresista (PP) y al Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), ambos de ideología de derecha. Otras investigaciones anticorrupción ya habían señalado a gobernadores del partido socialdemócrata PSDB («tucano»), como Geraldo Alckim en el estado de San Pablo. Con lo cual, todos los grandes partidos del sistema electoral brasileño están manchados por la corrupción.
Pero la derecha, que no ha ganado las elecciones federales durante tres períodos consecutivos, maniobra con ayuda de los medios de comunicación burgueses, encabezados por la red Globo, y el guiño cómplice de la embajada de Estados Unidos, para enfilar las acusaciones únicamente contra la presidenta Dilma Rousseff, contra el ex presidente Ignacio Lula Da Silva y el PT. El objetivo es evidente, sacar a Dilma antes de finalizar su mandato e impedir la nueva postulación de Lula a la presidencia en las próximas elecciones, porque Lula tendría posibilidades reales de ganar según diversas encuestas.
La maniobra golpista de la derecha y los medios de comunicación de masas
El objetivo es imponer un golpe de estado parlamentario, como el que se hizo contra Lugo en Paraguay, forzando el juzgamiento («impeachment») de la presidenta por el Congreso, a cuya cabeza está el evangélico de extrema derecha, Eduardo Cunha, acusado de recibir más de 5 millones de dólares de sobornos («propinas») de Petrobras.
La maniobra golpista consistiría en sacar a Dilma, mediante un juicio amañado del Congreso corrupto, para hacerse con el poder imponiendo al vicepresidente, Michel Temer, del derechista PMDB, aliado al gobierno del PT, sin convocar nuevas elecciones, ni un referéndum revocatorio, ni mucho menos una Asamblea Constituyente, ni ningún tipo de consulta popular.
Este golpe parlamentario contra Dilma embona con la ofensiva de la derecha latinoamericana, teledirigida desde Washington, para sacar del poder o debilitar todo lo posible a gobiernos «progresistas» que ganaron el voto popular durante los últimos 15 años.
La maniobra parlamentaria brasileña hace parte del esquema que se ejecuta simultáneamente en todo el continente: tratar de sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela antes de cumplir su mandato; hacer fracasar el plebiscito por la reelección de Evo Morales en Bolivia; debilitar el gobierno de Rafael Correa en Ecuador; incluso acusar de corrupción a la moderada socialdemócrata Michelle Bachelet en Chile.
¿Cómo operaba la corrupción en el caso brasileño?
La crisis tiene como actores centrales a directivos de la empresa petrolera estatal, Petrobras, nombrados por el gobierno del P.T., Renato Duque (ex tesorero del partido) y Pedro Barusco, y un ex senador de ese partido, Delcidio Amaral, ex director de Petrobras con el gobierno de Fernando Herique Cardoso, pero captado para el P.T. en esos juegos de «alianzas» con la derecha, que tanto gustan a los socialdemócratas y estalinistas.
El esquema corrupto consistía en que la petrolera estatal brasileña, Petrobras, vendía a precios inferiores a los de mercado internacional, principalmente gasolina, a la subsidiaria de Odebrecht, llamada Braskem. Las ganancias millonarias de Braskem y, por contra, la lesión contra el patrimonio de Petrobras, se estima en 6 mil millones de reales, o 1600 millones de dólares, entre 2009 y 2014.
Luego Odebrecht, a través de sus oficinas y empresas de maletín, en paraísos fiscales, como Suiza y Panamá, pagaba «propinas» a los funcionarios que le habían facilitado estos lucrativos negocios a costa de la empresa estatal. Estas «propinas» servían tanto para enriquecimiento personal de los corruptos, como para financiar a los partidos políticos.
La página 147 de la denuncia del Ministerio Público Federal, muestra el organigrama que seguía el dinero saqueado a Petrobras para beneficio de Odebrecht. A través de varias subsidiarias y luego a «empresas de maletín» en Suiza y Panamá. Con la banderita panameña, aparecen mencionadas, en los niveles de lavado del dinero 2 y 3: «Del Sur», «SAGAR», «QUINUS», «PEXO», «MILZART» y «SYGNUS». Por ayudar a facilitar ese esquema aparece mencionado en Brasil el bufete del abogado Ramón Fonseca Mora, dirigente del Partido Panameñista y hasta hace poco consejero del presidente Varela.
La investigación estima que la «propina» de Duque y Barusco era aproximadamente del 2% del valor de cada contrato. Al ser Duque tesorero del PT, se estima que parte del dinero se usó para financiar al partido. Pero como se ha dicho, la corrupción también salpica al jefe de la oposición derechista del Senado, Eduardo Cunha, acusado por el Supremo Tribunal Federal de recibir coimas por 5 millones de dólares.
También se acusa a los directivos de Odebrecht y al «operador» del PMDB, Fernando Falcón Soares o Fernando Baiano. Al igual que al directivo de Petrobras, relacionado con el Partido Progresista, Paulo Roberto Costa (Hora Do Povo, No. 3.366, 29 a 30 de julio de 2015). Como ya se sabe, Marcelo Odebrecht, cabeza de la empresa, ya ha sido condenado a 20 años de prisión por estos delitos.
Lo que los medios callan: el sistema político es la madre de la corrupción
La descripción de cómo operaba la corrupción en torno a Petrobras es interesante porque podemos suponer que el mismo esquema se utiliza en otros países de Latinoamérica, incluyendo el nuestro. Aquí siempre se ha rumorado acerca del pago de «propinas» a funcionarios por contratos de parte de empresas privadas o pagos a la deuda pública a bancos. Supuestamente, en Panamá eso no es ilegal.
Lo que no dicen los medios de comunicación, es que los sistemas políticos supuestamente «democráticos» requieren millonadas crecientes de dinero para poder participar en los procesos electorales con alguna opción de «ser elegido». Como la médula del sistema «democrático» es la capacidad de gastar millones en publicidad, los partidos y políticos buscan la manera de obtener el financiamiento de sus campañas. Ahí es donde aparecen empresas dispuestas a financiar a cambio de jugosos contratos con el estado.
Dónde más claramente la intromisión del poder económico determina los resultados electorales es en Estados Unidos, donde los políticos son financiados directamente por poderosas empresas y multimillonarios, tanto en las campañas, como en sus funciones mediante el llamado «lobby». Para los medios de comunicación afiliados a la SIP, eso no es corrupción, sino una virtud democrática norteamericana.
En el caso panameño, aunque los partidos y candidatos están obligados a informar de sus fuentes de financiamiento privado, estas se convierten el secreto mejor guardado por los magistrados del Tribunal Electoral, con lo cual se hacen cómplices de este tipo de manejos corruptos. Aquí también entran fuentes de financiamiento que rayan en el delito, como el uso arbitrario y sin control de fondos públicos como el del Programa de Ayuda Nacional (PAN), que regaló 400 millones de dólares entre los diputados de todas las bancadas en las últimas elecciones.
Los medios de comunicación de masas, especialmente los afiliados a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), también esconden que ellos y sus dueños, teniendo el monopolio absoluto sobre los medios de comunicación, e imponiendo los precios sobre las pautas publicitarias, son los principales beneficiaros de los costos millonarios de las campañas electorales y, por esa vía, son cómplices directos de la corrupción.
Lo dicho no pretende justificar los manejos corruptos de funcionarios de ningún partido, los cuales, comprobados los cargos deben ser sancionados, pero sí pretende explicar las dimensiones extraordinarias del fenómeno de la corrupción, que atraviesa todos nuestros países y partidos políticos. En el caso de Odebrecht, se rumora la posibilidad de que pronto salgan a relucir nombres de políticos financiados con esquemas semejantes en otros países del continente, incluyendo Panamá.
Lula y Odebrecht
Ha trascendido recientemente, la relación estrecha entre el ex presidente Lula Da Silva y las empresas constructoras brasileñas Odebrecht, Camargo Correa y OAS. Las investigaciones han sacado a la luz que, entre 2011 y 2013, Lula recibió «patrocinios» de esas empresas y donaciones de hasta 20,7 millones de reales (unos US$ 5 millones) al «Instituto Lula» (fundación) y 10 millones de reales (US$ 3 millones) le fueron pagados en regalías por sus conferencias en el extranjero.
Lula aduce que esos pagos son legales, y que otros ex presidentes también viajan por el mundo promoviendo empresas de sus países y cobran fuertes emolumentos por dictar conferencias. Esto lo hacen desde Clinton hasta Álvaro Uribe. Pero los medios de comunicación también callan sobre este asunto y solo atacan a Lula.
No sólo es creíble la versión de Lula de la legalidad de esos emolumentos, sino que es público que él no se ha negado nunca a declarar ante los jueces sobre el tema. Por eso es repudiable el manejo político del juez que lo mandó a conducir detenido para escarnecerlo ante la jauría derechista y para beneplácito de sus enemigos políticos.
Sin embargo, desde el punto de vista de clase obrera, a la que Lula ha representado por décadas, la relación tan estrecha con una empresa transnacional como Odebrecht, sí presenta dilemas ético – políticos que pueden y son debatidos en Brasil.
Desde el primer gobierno encabezado por Lula, hacia 2003-2004, se produjeron en el Partido de los Trabajadores varias rupturas de los sectores más consecuentes y revolucionarios, que acusaban a la dirección del partido y a Lula de traicionar sus compromisos con la clase trabajadora y gobernar para beneficio de los grandes bancos, empresas constructoras y el agronegocio.
De esa manera surgieron partidos ubicados a la izquierda del PT, como el Partido del Socialismo y la Libertad (PSOL), y otras rupturas posteriores, como por ejemplo la de Marina Silva, antes Partido Verde y ahora Partido Socialista Brasileño (PSB).
La política económica de Dilma le enajena la base social obrera de su electorado
Aplastada entre una creciente crisis capitalista, la caída de los precios de las materias primas, las crecientes luchas sociales, en especial de los jóvenes y estudiantes, que salieron a las calles con fuerza previo al Mundial de Fútbol de 2014, así como la campaña mediática en su contra, la presidenta Dilma Rousseff y el PT, en vez de ir hacia la izquierda, ceden a las políticas neoliberales, con lo cual debilitan su base social. Ese mirar a la derecha en busca de respaldo lo demuestra su alianza con el PMDB.
Si bien el gobierno del PT inauguró en América Latina las llamadas políticas sociales de «transferencias» con el «Plan de Hambre Cero», de Lula, como una forma de atenuar los males sociales de 20 años de neoliberalismo, lo cierto es que no ha habido cambios de fondo en ninguno de los aspectos que se esperaban de un gobierno que decía ser de los trabajadores. Por el contrario, el gobierno de Dilma se inclina cada vez más hacia medidas de carácter neoliberal.
La situación social se deteriora: en 2015, se perdieron millón y medio de puestos de trabajo. En 2016, la tasa de desempleo nacional es del 7,6% y creciendo. El desempleo juvenil en la zona metropolitana de San Pablo supera el 28%. La inflación el año pasado bordeó el 11%.
Este año, la presidenta Dilma Rousseff, adoptó dos acuerdos que le han ganado repudio sindical: por un lado, en acuerdo PT, PSDB y PMDB decidió entregar al sector privado reservas petroleras de PETROBRAS; por otro, decidió el congelamiento del salario mínimo y de los sueldos de los empleados públicos, si primero no se superaba el mínimo para garantizar el pago de la deuda a la banca.
Por una salida democrática y popular a la crisis
Para hacer frente a la crisis social, algunas corrientes de izquierda han propuesto la necesidad de un Plan de Emergencia, de grandes inversiones públicas para recuperar el empleo, así como un ajuste salarial acorde con el costo de la vida, y la ruptura del PT con las medidas neoliberales.
Frente a la crisis política de envergadura que se cierne sobre Brasil y frente a la maniobra de la derecha que pretende un golpe parlamentario para sacar a Dilma y sustituirla por su vicepresidente, importantes sectores de la oposición de izquierda denuncian la jugada contra la democracia y contra el pueblo, proponiendo que no puede haber ninguna salida que no contemple la participación popular.
Por eso algunos han empezado a denunciar que el Congreso no tiene moral para juzgar a la presidenta y que en todo caso habría que convocar a nuevas elecciones generales (Partido Patria Livre). Incluso se habla de la convocatoria a una Asamblea Constituyente Popular (MES-PSOL), a la que el PT se había comprometido, y que junto con otras cosas olvidó por el camino.
Algunas lecciones de la crisis brasileña
1. La «democracia» burguesa es profundamente corrupta ya que su base es el poder económico. La corrupción es el alma de los sistemas electorales basados en campañas multimillonarias.
2. Los medios de comunicación de masas hipócritamente se disfrazan de adalides morales de la sociedad, pero son los principales beneficiarios del sistema político corrupto por la vía de las pautas millonarias en publicidad política.
3. La izquierda que aspiramos a ejercer nuestros derechos democráticos de participación política y electoral, debemos ser especialmente cuidadosos con la manera en que financian los proyectos electorales, so pena de ser escarnecidos en público al menor error, incluso los que los medios y las autoridades perdonan en partidos de derecha.
4. Como principio, nadie que se defina como progresista, de izquierda o revolucionario puede justificar ninguna forma de corrupción y robo al estado, por ende, debemos exigir investigación y esclarecimiento total, junto con la debida sanción penal a los responsables, sin importar la procedencia política de los involucrados.
5. Pero lo anterior no significa que avalemos ningún intento de golpe de estado parlamentario en Brasil, menos para beneficio de un Congreso y unos partidos de derecha demostradamente corruptos y al servicio de los intereses del imperialismo yanqui.
6. Con diferencias o sin ellas, hay que partir por reconocer que Dilma Rousseff es la presidenta legítima de Brasil, electa por el pueblo. Si la investigación y las circunstancias forzaran su dimisión, es inaceptable que sea sustituida por una jugarreta de políticos venales, encabezados por su vicepresidente, Michel Temer.
7. Si la presidenta Dilma debe o no renunciar debiera salir de una consulta democrática al pueblo brasileño, mediante un referéndum revocatorio, como únicamente se hace en la Venezuela bolivariana, y al que en su momento se sometió Hugo Chávez, saliendo victorioso en unas circunstancias golpistas semejantes. Y, en caso de caer el gobierno de Dilma Rousseff, la única alternativa legítima sería la participación del pueblo brasileño mediante la convocatoria de nuevas elecciones o una Asamblea Constituyente Popular.
8. La experiencia latinoamericana en general, y la brasileña en particular, demuestran que la única manera de salvar procesos políticos progresistas de los embates de la derecha y el imperialismo, no es tratando de pactar y ceder a sus requerimientos, sino convocando la movilización popular y radicalizando las medidas de carácter socialista.
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