Decreto 883

América del Sur/ Ecuador/ 14.10.2019/ Fuente: elpais.com.

Las Fuerzas Armadas anuncian que se levanta el toque de queda en algunas zonas de la ciudad durante unas horas

La noticia llegó en el peor momento de las protestas, en una Quito paralizada y en medio de violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que lleva 10 días encabezando las movilizaciones contra los ajustes del Gobierno, se abrió el sábado a dialogar con el presidente, Lenín Moreno, aunque advirtió de que seguirá en la calle hasta alcanzar un acuerdo. Su propósito, reza un comunicado de la organización, es «evitar un baño de sangre» y «reorientar la política económica del país». Este domingo se mantendrá la primera reunión, informaron Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, que se ofrecieron a mediar entre las partes.

El encuentro, que estaba previsto que comenzara a las tres de la tarde pero que se ha retrasado por los altercados, ocurre un día después de que el mandatario tomara una decisión drástica y decretara el toque de queda y la militarización de la ciudad para, manifestó, facilitar «la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia». Una medida que momentos antes de la reunión ha levantado parcialmente. Las restricción de movimiento serán suspendidas hasta las 20.00 en algunas zonas de la ciudad, han asegurado las Fuerzas Armadas en un comunicado. Durante la mañana, la capital ha sido escenario de escenas de caos que se contuvieron, pero no cesaron a pesar de que esa medida seguía vigente.

Moreno compareció por la noche para culpar de lo sucedido a «fuerzas oscuras vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigidas por [Rafael] Correa y [Nicolás] Maduro en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas y con ciudadanos extranjeros violentos». «Hoy quemaron el edificio de la Contraloría para destruir las pruebas de la corrupción del Gobierno anterior», mantuvo. Agregó que el Ejecutivo revisará el decreto 883 adoptado la semana pasada «para estudiar sus efectos». La fórmula sugiere que no derogará su medida más polémica, esto es, el alza del precio de la gasolina. A cambio, el presidente propuso un bono de 20 dólares mensuales que pagarán las empresas privadas a sus empleados.

Si existe un símbolo que ha acompañado el descontrol de las manifestaciones de los últimos días en el país andino es el humo. Los gases lacrimógenos lanzados por la policía invaden amplios sectores de Quito, mientras los manifestantes anticipan su presencia con enormes hogueras. Este sábado la jornada se salió del carril de la protesta y de la vigilancia policial. Ya se habían producido episodios de violencia y varios organismos internacionales denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes. Sin embargo, la situación ha acabado precipitándose.

Todo esto sucedió mientras la principal organización indígena anunciaba en un comunicado que se abre a una negociación con el presidente. «Luego de un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales hemos decidido participar en el diálogo directo con Lenín [Moreno] sobre la derogatoria o revisión del decreto 883″, aseguró la cuenta del movimiento en las redes sociales. Al mismo tiempo, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, confirmó que el Gobierno había decidido avenirse a debatir los ajustes, conocidos como paquetazo, solicitados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en febrero pactó con Moreno un préstamo de 4.200 millones de dólares.

«Son los narcotraficantes, son los latin kings criminales, son los correístas los que están dedicados a hacer estos actos vandálicos», insistió el mandatario en un mensaje televisado. «He dispuesto al comando conjunto de las fuerzas armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Restableceremos el orden en todo el Ecuador», enfatizó. El Gobierno lleva días responsabilizando de las protestas a los seguidores del expresidente Correa e incluso llegó a señalar a factores externos como el régimen de Maduro, sin mostrar todavía evidencias de ello. Los indígenas han mantenido una movilización eminentemente pacífica, aunque el jueves retuvieron durante horas a un grupo de policías y a casi treinta reporteros. Sin embargo, a las manifestaciones se sumaron también otros colectivos: algunos sindicatos, estudiantes y organizaciones próximas al anterior Ejecutivo, encabezado por Correa. Las autoridades han alertado también de la presencia de delincuentes comunes que buscan aprovecharse de la situación de caos.

La apertura de los dirigentes de Conaie llega después de días de intenso pulso con el Gobierno, que el miércoles presentó una agenda de seis puntos para empezar a negociar. La oferta fue rechazada, en medio de acusaciones de represión, y tildada de «fantochada». Pero este sábado se produjo el primer giro. Es más, los indígenas se han desvinculado rotundamente de la violencia. «Informamos que durante todo este día las bases nos hemos mantenido en el ágora de la Casa de la Cultura en una asamblea para trazar directrices. Nos deslindamos de los hechos ocurridos en Contraloría y Teleamazonas», comunicó la Confederación a través de Twitter en referencia a un asalto a la cadena de televisión. Por otro lado, Telesur aseguró que fueron interrumpidas sus emisiones en Ecuador.

Correa ha negado en varias ocasiones estar detrás de las movilizaciones. Sin embargo, las ha jaleado sin disimulo y ha pedido un adelanto electoral. Hoy está inmerso en una decena de procedimientos judiciales desde que abandonó el país para irse a Bélgica, aunque su objetivo es regresar a la primera línea, quizá con algún delfín como próximo candidato a la presidencia. Lo que está claro es que —como pudo comprobar EL PAÍS en la región amazónica antes de los comicios de 2017— muchas comunidades indígenas estuvieron años duramente enfrentadas al exmandatario. El viernes Conaie llegó a llamarlo «miserable» y a acusarlo de «oportunismo descarado». «El correísmo nos criminalizó y asesinó a compañeros durante 10 años», denunció la organización.

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