Mayas tan cerca del Estado, tan lejos de la modernidad

Por: Ollantay Itzamná

A 380 Km, al nororiente, de la ciudad de Guatemala. A 85 Km de la ciudad de Cobán, por camino de terracería agujereado igual o peor que los caminos bombardeados de Afganistán, se encuentra la comunidad indígena maya q’echí La Cresta, en el Municipio de Cahabón, Departamento de Alta Verapaz. Un mundo desconocido por la modernidad.

Aunque unos kilómetros más abajo, pasamos muy cerca de una de las hidroeléctricas privadas más ambiciosas de Guatemala en el Río Cahabón, La Cresta, al igual que otras comunidades de la zona, no cuenta con el servicio de energía eléctrica.

La oscuridad es radiante. Y el silencio, estridente. No cuentan tampoco con ninguna señal de telefonía o de internet. “Para hablar por teléfono tenemos que ir hasta allá, al cerro para buscar señal”, señala con el dedo hacia la oscuridad infinita, Eliodoro, nuestro acompañante.

El único medio de transporte utilizado para acceder al lugar son los camiones cardamomeros, que suben a la zona dos veces por semana a comprar cardamomo.  Entre abril y agosto, el transporte escasea porque no hay cardamomo.

Eso sí. La hospitalidad y comensalía de las familias maya q’echís suplen cualquier “incomodad” a los recién llegados. Ellos ofrecen todo cuanto tienen al visitante. Nos ofrecieron hasta su propia cama, hecha de palos y tejidas de lazos de plástico.

El promedio común de guatemaltecos, en especial de la ciudad capital, desconocen o no se imaginan que existan comunidades inéditas y contrastantes como La Cresta. Pero, también para las y los maya q’echís de estas comunidades, la modernidad o semi modernidad guatemalteca es casi completamente desconocida. Ambos son mundos diferentes que conviven en el mismo “país” sin conocerse, ni encontrarse entre sí.

Obligaron al terrateniente a venderles la tierra baldía

“Cuando era patojo, salía de la comunidad a las 5 de la mañana a pie, y llegaba a Cahabón a las 6 de la tarde. Todo el día viajando entre lodo y bajo el sol”,  nos describe Eliot, mientras el carro se hamaquea entre piedras y hoyos de la carretera.

La comunidad La Cresta está conformada por ex mozos colonos de fincas vecinas, que en su totalidad conforman 137 familias.

Cuando corría la década de los 60 del pasado siglo, en esos territorios mayas regía la voluntad y el capricho del patrón como única Ley. Hasta que durante el gobierno de Alfonso Portillo las familias maya q’echís lograron ocupar y comparar, mediante Fondo de Tierras, las 32 caballerías (1,429 Ha) de tierras acaparadas y baldías, al terrateniente cervecero Gustavo Herrera Castillo, por el precio de cerca de un millón de dólares.

Y, desde hace 2 años atrás, por decisión comunitaria, definieron parcelar las tierras en títulos privados individuales. Desde entonces, cada familia posee 19 manzanas de tierra (13.3 Ha).

En la comunidad existen cuatro madres solteras, igual ellas son propietarias, en las mismas condiciones que los jefes de familia. Está prohibida la venta de la tierra a foráneos, únicamente se puede transferir la propiedad a los vecinos. Cuentan con predios comunales para la crianza del agua, bosque.

Cultivan un producto que no consumen, ni conocen su destino final

“Esta finca no estaba cultivada cuando la ocupamos. Ahora, tenemos sembrado cardamomo. Pero, por la falta de caminos y mercados no logramos cultivar tampoco la totalidad de la tierra”, indica Don Arturo.

Efectivamente, los inconvenientes para la agricultores de la zona son la ausencia de servicios públicos básicos, el mercado insuficiente para el cardamomo, y la falta de diversificación de productos. Los mayas del lugar desconocen el destino y uso final del producto que cultivan, el cardamomo. Este producto exógeno no tiene mercado interno, ni regional. Viaja para Medio Oriente.

Los coyotes (compradores) acopian el producto en cerezo y en seco, en el lugar, al precio y peso definido por ellos. En la actualidad el precio del cardamomo casi triplica al del café, pero es muy volátil. “Hubo una época en que el cardamomo costaba 2 quetzales… luego, los compradores ya no querían comprar… Entonces tirábamos al monte toda la producción”, recuerda con lamento Eliodoro.

Cuentan hasta con un Consejo de Vigilancia para sus autoridades electas

Esta pequeña comunidad maya q’echí, reconstruida luego de la emancipación del colonaje de la finca, cuenta con un entramado organizativo envidiable para propios y extraños.

Existe y funciona un Comité de Tierras, cuya función es el cuidado de los predios comunitarios, y el saneamiento de la propiedad y tenencia de la tierra. Cuentan con un Consejo de Desarrollo Comunitario (COCODE) cuya función es gestionar proyectos de desarrollo ante el gobierno municipal y ante otras instancias. Funciona un Comité de Mujeres que fortalece y transfiere conocimientos y prácticas de cuidado de abuelas a madres e hijas. Además, existe un consejo de ancianos conformado por 18 mayas longevos.

La comunidad cuenta con un Consejo de Vigilancia que controla/fiscaliza el funcionamiento y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por todas las autoridades y representantes electos en la comunidad. Todos los y las representantes son electos en asambleas.

Ejercen y aplican su sistema judicial, según sus normas

La comunidad reunida en asamblea, bajo la dirección de sus autoridades, ejerce justicia y sanciona a los culpables que infringen las normas de convivencia comunitaria.

La máxima pena aplicada al culpable es la expulsión de la comunidad bajo acta firmada. La pena intermedia es la multa pecuniaria. La sanción elemental, la reprimenda pública bajo acta.

Por ejemplo, quien faltare a las reuniones o asambleas comunitarias pagará Q. 50 de multa. Quien vendiere alcohol en la comunidad será sancionado con multa de Q. 2 mil. El ladrón habitual, será expulsado de la comunidad.

Repelieron el conflicto armado interno sin disparar un solo tiro

“Recuerdo yo cuando era patojo, la comunidad se organizaba para evitar que gente armada entrara a nuestra comunidad. 20 a 30 personas salían a vigilar. Así fue cómo la violencia no entró aquí”, narra Eliodoro.  Y añade, “simplemente no se obedecía la orden militar que venía desde Cahabón para organizar las patrullas de auto defensa civil”.

Y, efectivamente, la violencia armada del Ejército tuvo su frontera en la comunidad Xebas, a 8 Km de distancia de La Cresta. Hasta allí los militares irradiaron y sembraron violencia, miedo y zozobra. Al grado que aquella comunidad maya q’echí, carece de estructuras organizadas y autoridad propia como consecuencia de la violencia.

“Ellos no salen a manifestar, a protestar contra las hidroeléctricas, ni contra el Alcalde, por miedo a ser calificados como guerrilleros”, comenta uno de los presentes.

Enviado por el autor a OVE

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El indígena, aquel que debe morir

Leonardo Boff

La cuestión indígena es un problema nunca resuelto en las políticas públicas brasileras. Una gran parte fue exterminada desde el tiempo de la colonización y hoy componen solamente el 0,4% de la población, lo que equivale a 817 mil personas que conforman 300 pueblos. Viven muy concentrados en solo 200 municipios de los más de cinco mil que existen en Brasil.

Prácticamente ellos no cuentan. Sólo a partir de 1991 comenzaron a entrar en el censo poblacional efectuado por el IBGE.

La cuestión se ha agudizado este año, como lo ha estado siempre, con el asesinato de Clodiode Aquileu Rodrigues de Souza, un guarani-kaiowá, de 26 años, agente de salud, muerto a tiros en la hacienda Yvu, en Caarapó, a 273 km de Campo Grande en Mato Grosso del Sur. Otros cinco miembros de la comunidad fueron heridos, entre ellos un niño de 12 años. Cerca de 200 camionetas y automóviles rodearon las tiendas de los indígenas que habían hecho una “retomada”, como ellos dicen, de tierras que les pertenecían desde siempre. Llegaron y fueron disparando balas de goma y balas letales.

Los guarani-kaiowá vivían en esa región desde tiempos inmemoriales, pero a partir de 1882 empezaron a ser expulsados para dar lugar a la plantación de yerba-mate.

Posteriormente, el gobierno comenzó a vender las tierras con la intención de crear haciendas para plantaciones de soja y cría de ganado. Los indígenas quedaron recluidos en 8 pequeñas áreas, pero a medida que la población crecía se sentían forzados a salir. Entonces comenzó a ganar fuerza la idea de retomar las tierras que siempre fueron suyas.

Se creó un conflicto peligroso entre los nuevos propietarios que mostraban su documentación de compra y los indígenas que argumentaban ser los dueños originales de aquellas tierras.

Hubo varios enfrentamientos. Especialmente Mato Grosso del Sur fue escenario de varias muertes. A finales de agosto de 2015, Semião Fernandes Vilhalva, de 24 años, fue bárbaramente ejecutado con un tiro en la cabeza.

En 2013, Ambrósio Vilhalba, de 52 años fue asesinado a puñaladas cerca de Dourados.

En 2001 ocurrió algo más grave. El cacique Nísio Gomes de 59 años fue cercado y eliminado por hombres armados al mando de hacendados.

Lo que sucedió en Caarapó es la continuación de los enfrentamientos por tierras que el Gobierno tarda en delimitar. Apenas un tercio de las tierras están delimitadas, otro tercio se encuentran en estudio y el último tercio ni siquiera ha entrado en la agenda todavía.

Pero la decisión de los indígenas es clara: «Nuestro futuro depende de nuestro territorio, de nuestra tierra. Pretendemos hacer cada vez más “retomadas” porque estamos cansados de la demora del gobierno brasilero en delimitar nuestra tierra. Tomamos una posición y decidimos que esa era nuestra única salida», dice Gomes, el líder indígena del área donde está la hacienda Yvu.

Hay una cuestión mal planteada por parte del gobierno que hace compleja la delimitación y es fuente de conflictos permanentes. Por legislación, los indígenas no integrados son considerados como relativamente incapaces (artículo 8º del Estatuto del Indio). Ellos no tienen derecho de propiedad privada sobre las tierras delimitadas, consideradas colectivas y tuteladas por la FUNAI. Además la Constitución prohíbe la comercialización de estas tierras (art. 231, §4º), considerándolos menores de edad.

Si tuvieran ese derecho, podrían tener otra relación con los latifundistas que, sabiendo que los indígenas no son propietarios, invaden sus tierras para la plantación de soja o la cría de ganado. Más prudente sería considerarlos adultos y entregar títulos de propiedad privada de la tierra a la que los pueblos indígenas tienen derecho y dejarlos organizarse en las formas de producción que les son peculiares e incorporando las formas modernas.

Esta ausencia de una solución definitiva para esos pueblos originarios, genera en ellos inmenso sufrimiento, inseguridad y hasta desesperación. Hay un número significativo de suicidios. El organismo de la Iglesia católica que trabaja la cuestión indígena, el CIMI, computó en la última estadística de 2014 un suicidio cada tres días. La mortalidad infantil es altísima. En 2014, 785 niños menores de 5 años murieron por enfermedades evitables. Esto ocurre especialmente entre los xavantes de Mato Grosso.

Esto nos recuerda la denuncia hecha por algunos obispos misioneros que publicaron un impresionante documento: “y-juca-pirama. El indio: aquel que debe morir”. Guarda permanente actualidad y traduce la situación actual de los pueblos originarios de nuestro país.

Fuente del articulo: http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=777

Fuente de la imagen:  http://www.impactony.com/wp-content/uploads/2012/08/19422.png

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Michuakani: el derecho testamentario a la educación superior

Bertha Dimas Huacuz

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán debe ser entendida como un “bien comunal”, antes que un “bien público”, en el contexto de una economía solidaria y los procesos autonómicos de acción-investigación, enseñanza-aprendizaje y libre discusión de las ideas

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado cada 9 de agosto por iniciativa de las Naciones Unidas desde 1994, estuvo dedicado este año al tema distintivo del derecho de los pueblos indígenas a la educación, resguardado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

A pesar de los preceptos de este instrumento internacional cardinal, y de la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el “derecho a la educación” no ha favorecido totalmente –como debería–, a los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Esto es innegable, lamentablemente, por la existencia de amplias brechas en el acceso a las escuelas, en todos los niveles, aunado a la escasa calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes indígenas.

Además de que el analfabetismo entre la población indígena no ha sido eliminado, severa es en sí misma la secuela de rezago educativo que se presenta entre el total de los indígenas que acceden al sistema educativo nacional. Mientras que en México un joven, hablante de alguna lengua indígena, alcanza solamente 5.7 años de escolaridad (en promedio), la educación de un joven no indígena es de 9.4 años.

En este mismo sentido, el 60 por ciento de la población de hablantes indígenas de México, en general, no terminó su educación primaria, en tanto que apenas 33 por ciento cuenta con la primaria completa. Por su parte, sólo el 5 por ciento de este mismo universo poblacional terminó la secundaria; y, aproximadamente, sólo el 2 por ciento alcanzó estudios completos de educación superior.

Esta situación no es nada alentadora, especialmente si se piensa que la educación debería ser el detonador del desarrollo del país en general; y de nuestras comunidades indígenas y rurales, en particular.

Rezago social en Michoacán

Una característica socioeconómica que hace resaltar a Michoacán en el ámbito nacional e internacional, es el elevado número de personas que año con año emigran a los Estados Unidos de América en busca del mínimo sustento y bienestar familiar. Este fenómeno afecta directamente a los habitantes de las diversas regiones indígenas de nuestro estado, a consecuencia de las precarias condiciones en que se encuentran nuestras comunidades, incluyendo la falta de fuentes de empleo y de oportunidades de acceso a la salud, educación y vivienda.

Otra característica de Michoacán es el alto porcentaje de jóvenes rurales e indígenas que por múltiples razones –incluyendo principalmente carencia de recursos económicos y los elementos educativos fundamentales–, no fueron aceptados en alguna escuela, y se quedaron sin acceder a la educación preparatoria. Este porcentaje es también muy alto para los jóvenes que se quedan sin ingreso a cualquier carrera o institución de educación superior, aun contando con la intención, motivación, inteligencia y capacidad.

Muchos de estos jóvenes, recurrentemente, ni siquiera alcanzan “ficha” para presentar examen de admisión a las diversas carreras universitarias, en tanto que la proporción de mujeres rurales e indígenas que tienen acceso a las aulas universitarias, es todavía mucho menor como consecuencia de las desfavorables barreras sociales y culturales existentes.

De la misma manera, apenas una proporción muy baja de jóvenes indígenas y de origen humilde y campesino que tienen acceso a la educación preparatoria y universitaria, finalmente completan una educación de nivel superior en Michoacán.

En resumen, muchos de nuestros jóvenes indígenas inician el ciclo vital de adolescentes como rezagados escolares, lo continúan como rechazados universitarios y, en consecuencia, engrosan forzadamente las filas del desempleo y la emigración.

Educación superior y el Colegio de San Nicolás

Por lo que corresponde específicamente a Michoacán, la cobertura estatal de educación superior es del orden del 24 por ciento, mientras que ésta alcanza aproximadamente al 34 por ciento de los jóvenes a nivel nacional. Y se debe enfatizar que sólo entre el 1 y el 2 por ciento de los indígenas de la entidad llegan a estudiar una carrera profesional.

Esta situación no debería de ser así. No en el pasado, menos ahora. La educación superior en Michoacán fue concebida a través de la semilla intelectual plantada en el Colegio original de San Nicolás Obispo, creado por Vasco de Quiroga en Pátzcuaro en 1540; colegio construido, físicamente, con la mano de obra de nuestros antecesores de las comunidades de la región.

Está escrito y enunciado claramente en el testamento del Obispo Vasco de Quiroga, que los indígenas del lago de Pátzcuaro, y los hijos de sus hijos, podrían ser educados gratuitamente en dicho colegio perpetuamente, como recompensa y satisfacción en tanto “dichos indios”…“trabajaron en los edificios del colegio y aposentos y capillas”. Para esto, Tata Vasco hace entrega de una gran parte de sus bienes al Colegio de San Nicolás, institución pilar fundamental sobre la que se edifica institucionalmente, a partir de 1917, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

El testamento de Don Vasco literalmente expresa:

 “…con cargo que en recompensa y satisfacción de lo que allí los indios de esta dicha ciudad de Michoacán y barrios de la laguna trabajaron, pues ellos lo hicieron y a su costa, sean perpetuamente en él gratis enseñados todos los hijos de los indios vecinos y moradores de esta dicha ciudad de Michoacán y de los dichos barrios de la laguna, que también ayudaron en los dichos edificios, que quisieren y sus padres enviaren allí a estudiar y ser allí enseñados en todo lo que allí se enseñare y leyere, y esto gratis, como es dicho, sin que para ello den ni paguen ni se les pida ni lleve cosa alguna, mayormente en la dicha doctrina cristiana y moral que le dejo impresa para ello en el dicho colegio, en que han de ser así enseñados gratis, como es dicho, en satisfacción y recompensa de lo que allí y en otra cualquier parte y obras hubieren trabajado los dichos indios, pues otra mejor ni mayor satisfacción al presente no se les puede hacer, atenta su manera, calidad y condición, porque ésta es y ha sido la intención del fundador que nos habemos sido…”

Legado Quiroguiano

Las dimensiones sociales, económicas, y sobre todo ideológicas y de gobernabilidad del “modelo quiroguiano” de acción social comunitaria están reflejadas en las Ordenanzas que elaboró Vasco de Quiroga para los Indios de Santa Fe de México, y en las prácticas de trabajo, educación y cooperación establecidas por él mismo en los hospitales-pueblo de Santa Fe de México y de Santa Fe de la Laguna (Michoacán).

Don Vasco anhelaba que el trabajo comunal solidario de hombres y mujeres, jóvenes y mayores, así como la utilización de los recursos productivos de los territorios de la comunidad cubrieran ampliamente las necesidades para el cuidado de la salud, la alimentación además de la atención respetuosa –digna–, de los enfermos, los pobres, los necesitados, los indios que habitaban en los montes huyendo de los españoles, los visitantes de otros pueblos y comarcas, la gente con capacidades diferentes (“tullidos”, “ciegos”), los niños con malformaciones, los huérfanos, los viudos, las mujeres solas, los damnificados, y los ancianos.

Don Vasco sabía que tenía que existir planeación (sin olvidar la tranquilidad social) para que su deseo se convirtiera en realidad, tanto en las épocas de buena cosecha como en aquellos años de crisis productiva o catástrofe natural. Y se procuraba la limpieza e higiene; y que los edificios destinados a cumplir funciones de hospitalidad fueran amplios y debidamente organizados (“para los enfermos de males contagiosos y para los de enfermedades no contagiosas”); y mantenidos y reparados con oportunidad y bajo una racionalidad económica práctica.

Las Ordenanzas fomentaban, para que esto ocurriera, que los jóvenes fueran educados y prestaran servicios a la sociedad, dentro y fuera de las comunidades de origen; y que los médicos fueran debidamente remunerados.

Aunque las Ordenanzas se enmarcan históricamente en un contexto de conquista benevolente y conversión religiosa forzada, dichos preceptos constituyeron una cabal y congruente legislación para la convivencia, el trabajo comunal, la salud, la seguridad social, la moral y la educación además del bien de toda la comunidad. Si bien es cierto que los resultados no fueron extensos y que la viabilidad de la expansión física y material del modelo estaba constreñida por el sistema dominante español, este experimento social merece tomarse en cuenta, sobre todo si lo revisamos de manera crítica y creativa ante nuestra situación actual.

Este legado quiroguiano es parte de nuestros activos tangibles e intangibles, como capital histórico-cultural. Este patrimonio heredado es dual: (a.) es material —i.e., el Colegio de San Nicolás de Pátzcuaro; los Hospitales-Pueblo de Santa Fe; y (b.) es del pensamiento —i.e., el modelo humanista reflejado prácticamente en las Ordenanzas de Santa Fe.

La herencia de Vasco de Quiroga, aunada a los elementos de capital social y humano con los que contamos –incluyendo nuestra organización social comunal; las prácticas y saberes tradicionales sobre la naturaleza; y los activos materiales (tierras, bosques, aguas) del entorno territorial medioambiental–, constituyen los componentes físicos y principios normativos que han sustentado los sistemas organizacionales, propios de nuestra sociedad hasta nuestros días.

Educación intercultural en Michoacán

Es así que bajo los principios fundamentales de equidad social, autodeterminación, y respeto de los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas, la educación intercultural, bilingüe, debe expandirse  –en todos los niveles– y consolidarse en nuestro país tanto para el provecho intelectual como la realización profesional de los jóvenes indígenas, hombres y mujeres de México y Michoacán. Ésta es una condición necesaria, irrenunciable, para el ejercicio de su derecho, igualmente consagrado, de acceso igualitario a los nuevos conocimientos, científicos y tecnológicos del siglo XXI.

Concretamente, se debe materializar, en la práctica, el derecho a una educación básica, media-superior y superior de calidad, enteramente gratuita, dotada con la infraestructura y el equipamiento necesarios, que sea además cultural y lingüísticamente relevante. Consideración se hace, por lo tanto, de que la educación media-superior es el eslabón más débil de la cadena escolar y educativa en el estado de Michoacán. Esto por lo que corresponde a la calidad y relevancia educativa y la eficiencia terminal. Los “telebachilleratos”, intrínsecamente de baja calidad pedagógica, no podrán responder efectivamente a la reducción del rezago y la deserción al no contar con el abanico de instrumentos potenciales de la educación presencial.

En este contexto, la educación superior intercultural debe valorarse, ante todo, como lo que es: un instrumento de integración social, multicultural, reconquista (recuperación) de los pueblos indígenas; elemento cardinal de equidad étnica, de género e intergeneracional. No se trata de un gueto colorido o un “subsistema” más, burocrático-educativo de segunda clase, orientado a la simple expansión rural de cobertura.

Los enfoques distintivos de esta educación indígena intercultural bilingüe –entre los que se encuentran el fomento activo de la riqueza biocultural del país, la promoción del desarrollo comunitario, y la conservación de la biodiversidad– son determinantes, en su conjunto, tanto para el mantenimiento de la seguridad y soberanía agroalimentarias como para la eliminación de la discriminación, la violencia y la injusticia en todos los aspectos y ámbitos de nuestra sociedad nacional.

Finalmente, se debe garantizar el respeto a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), institución que debe ser entendida como un “bien comunal”, antes que un “bien público”, en el contexto de una economía solidaria y los procesos autonómicos fundamentales de acción-investigación, enseñanza-aprendizaje, creación-difusión de la cultura y libre discusión de las ideas. La UIIM, entidad que debe ahora renovarse de manera integral, en sus aspectos académicos y de gestión orgánica interna, no puede seguir siendo considerada como una “unidad administrativa” adicional de la estructura gubernamental, como se ha manejado, discrecionalmente, por el Ejecutivo estatal.

En su carácter universitario y escolástico superior, la UIIM debe consolidarse como una institución autónoma del pensar y del hacer; generadora de nuevo conocimiento y de la mayor relevancia para nuestra sociedad. Auténtica impulsora de la movilidad social comprometida, el avance profesional responsable y la realización ciudadana comunal de los jóvenes indígenas de la entidad, en beneficio del desarrollo de nuestros pueblos y comunidades. (Ponencia presentada en el acto de celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, bajo el título “El derecho testamentario de los jóvenes de Michuakani a la educación superior”. Morelia, 9 de agosto de 2016. Este trabajo es componente del estudio Transformación estructural incluyente en México: El papel estratégico de la educación superior indígena intercultural).

 

Fuente del articulo: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/09/01/michuakani-el-derecho-testamentario-a-la-educacion-superior/

Fuente de la imagen: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/wp-content/uploads/2016/08/educacion-indigena-600.jpg

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Costa Rica: Defensoría llama la atención sobre educación a indígenas

Costa Rica/Agosto de 2016/Diario Extra

La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado al gobierno costarricense para que continúe robusteciendo la educación a la población indígena en el marco del Día internacional en que se conmemora a estos grupos.

Para la entidad, el subsistema de educación indígena creado hace siete años es un importante esfuerzo realizado por el Estado para garantizar este derecho a dichas poblaciones, pero debe continuar mejorándosele para que logre cumplir su objetivo.

“Considera la Defensoría, que es necesario continuar en la consolidación de este Subsistema a través del Departamento de Educación Intercultural del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Consejo Nacional de Educación Indígena y la designación de los Comités Locales de Educación Indígena y los Supervisores Educativos Indígenas: tal y como lo establece el propio plan de creación del Subsistema”, indicaron en un comunicado oficial.

Asimismo, para esta  institución es indispensable llevar programas específicos de alfabetización a los Territorios Indígenas, dirigidos a la población que se encuentra fuera del sistema educativo, independientemente de la edad.

Por otra parte, llamó la atención la Defensoría sobre la importancia de que el MEP atienda con celeridad e investigue a fondo las denuncias por actos de discriminación.
El 9 de agosto fue declarado Día Internacional de la Población Indígena por la Organización de las Naciones Unidas.

Fuente: http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/303089/defensoria-llama-la-atencion-sobre-educacion-a-indigenas-

 

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