CLACSO.org/16 de julio de 2016
Declaración del Comité Directivo de CLACSO
Repudio a la condena de los campesinos y campesinas de Curuguaty
El juicio al que fueron sometidos campesinos y campesinas juzgados por los hechos de la “Masacre de Curuguaty”, del 15 de junio de 2012, tuvo un desenlace injusto y vergonzoso: los 11 acusados fueron condenados, en un proceso colmado de irregularidades, a duras penas privativas de libertad sin haberse arrimado una sola prueba que amerite tan siquiera la imputación penal de dichas personas. De los once procesados, cuatro de ellos recibieron condenas de entre 18 y 35 años de cárcel mientras que los demás recibieron penas de entre 4 y 6 años.
El proceso judicial en cuestión presentó faltas aberrantes e inaceptables, que ameritaron desde un inicio la desestimación de la causa de haberse contado con un tribunal ecuánime e imparcial. La acusación de la fiscalía, carente de elementos probatorios para sustentar las acusaciones, la negligencia en la protección del lugar de los hechos y de las personas concernidas, así como las groseras actuaciones en el proceso de investigación tales como la omisión de autopsias o la pérdida de evidencias claves, desnudaron el uso arbitrario y discrecional de los aparatos del Estado para socavar derechos.
Además de toda la irregularidad en torno a este proceso, un hecho inusitado y grave lo constituyó desde un inicio la omisión de la investigación sobre la muerte de los once campesinos, de los cuales se presume cinco fueron ejecutados extrajudicialmente posteriormente a los tiroteos. El juicio trató solamente la muerte de los seis policías fallecidos en los hechos, lo que pone de manifiesto su propósito de desatar una persecución política. En efecto, los hechos de la “Masacre de Curuguaty” sirvieron como excusa espuria para la destitución ilegal e ilegítima, el 22 de junio del 2012, de un gobierno democráticamente electo.
Con este veredicto el poder judicial paraguayo demuestra de forma contundente su complicidad con los poderes fácticos de este país y su connivencia con un sistema corrupto que promueve la desigualdad, la exclusión y la pobreza, en detrimento de la vigencia de los Derechos Humanos y de la existencia de un Estado social de Derecho.
La vigilia de la ciudadanía democrática paraguaya continuará frente a la sede del Poder Judicial en apoyo a los familiares de los campesinos y campesinas así como a los abogados de la causa. Éstos últimos comunicaron que apelarán el veredicto y se sostendrá la lucha legal así como las movilizaciones ciudadanas hasta lograr el esclarecimiento de los hechos y la libertad de los condenados.
El Comité Directivo de CLACSO declara su firme repudio a la condena de la que fueron víctimas injustamente los acusados en esta causa y exhorta a las autoridades competentes a revisar el veredicto por las vías constitucionales pertinentes. Asimismo, este Comité emite su solidaridad con las campesinas y campesinos de Curuguaty, con los colegas de los centros miembros de CLACSO-Paraguay que acompañan este proceso y con toda la ciudadanía paraguaya que apuesta por una sociedad más justa y democrática.
15 de julio de 2016
Comité Directivo
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO
Declaración del Comité Directivo de CLACSO
Libertad a los campesinos y campesinas de Curuguaty
Ante la inminente culminación del juicio llevado adelante contra campesinos y campesinas, acusados por los hechos relacionados a la tragedia ocurrida el 15 de junio del 2012, conocida como la Masacre de Curuguaty, cuando en una intervención judicial-policial en una ocupación campesina en tierras del Estado murieron once campesinos y seis policías, y ante la proximidad de la decisión del Tribunal que juzga el caso, el Comité Directivo de CLACSO y los Centros Miembros de Paraguay, expresamos lo siguiente:
La Masacre de Curuguaty fue, en la historia social reciente del Paraguay, la expresión más violenta de la histórica lucha por la tierra emprendida por el campesinado y las comunidades indígenas, a raíz de la extrema concentración de la misma existente en el país, resultado de procesos de despojo histórico y acaparamiento de tierras efectuados por capitales privados con la abierta complicidad del Estado, que los ha transformado en extranjeros en su propio país, invasores en sus propias tierras, excluidos de su propio modo de ser;
La criminalización de la justa lucha campesina ha sido un patrón constante en las últimas décadas, llevada adelante por las instituciones estatales en complicidad con los poderes fácticos, resultando en el asesinato de más de un centenar de dirigentes campesinos, el apresamiento e imputación de miles de hombres y mujeres del campo, el abarrotamiento de las cárceles con gente trabajadora, excluida por el sistema económico y estigmatizada por los medios de comunicación;
Las tierras de Curuguaty donde ocurrieron los hechos eran tierras públicas, conocidas como Marina Kue por haber sido ocupadas años anteriores por la Armada Nacional, habían sido destinadas a la reforma agraria por decreto presidencial en el 2005; sin embargo, un poderoso dirigente político y empresario, amigo del dictador Stroessner, se apropió ilegalmente de las mismas con la abierta complicidad del Estado paraguayo, al extremo de realizar un irregular procedimiento de desalojo con el resultado conocido;
El desarrollo del juicio oral y público que va llegando a su fin, ha demostrado tanto al interior del país como a los ojos de la comunidad internacional, las enormes deficiencias en la acusación de la fiscalía, con total falta de elementos probatorios para sustentar dichas acusaciones, las groseras irregularidades en el proceso de investigación, como la pérdida de placas radiográficas de los fallecidos, la no realización de autopsias a sus cuerpos o la pérdida de evidencias como las filmaciones realizadas por las fuerzas intervinientes;
La irregularidad más grave que ha cometido la fiscalía en su labor, y por la cual el Estado paraguayo se expone a severas sanciones en los tribunales internacionales, es la omisión de la investigación de la muerte de los once campesinos, cinco de ellas denunciadas como ejecuciones extrajudiciales posteriores a la balacera, solo habiéndose ocupado en investigar la muerte de los seis policías. Las vidas de campesinos y policías son iguales en dignidad y derechos, por lo cual conforme al marco constitucional del Paraguay y a los convenios internacionales sobre DDHH, la investigación fiscal debía buscar la verdad en relación a la muerte de las diecisiete personas;
En función a lo expuesto y, ante la importancia del resultado de este juicio para el Paraguay y los demás países de América Latina, los firmantes exigimos la protección y vigencia de los derechos humanos, la búsqueda honesta de la verdad y la construcción de una sociedad más justa, por lo cual hacemos votos para que el tribunal resuelva la ABSOLUCIÓN de los campesinos y campesinas injustamente acusados en este proceso.
Al mismo tiempo exhortamos al Estado paraguayo a recuperar las tierras de Marina Kue, y destinarlas a la reforma agraria y la población campesina, como debió haber sido desde antes de los trágicos sucesos del 2012.
30 de junio de 2016
Comité Directivo
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO
Tomado de: http://www.clacso.org/declaraciones_paraguay/index.php#n2
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