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Venezuela: Rectores universitarios temen que déficit presupuestario lleve a las universidades a una paralización en 2021

Un presupuesto deficitario o inexistente; salarios de miseria; carencia de tecnología para la educación a distancia y la ausencia de planes de previsión social y un seguro HCM son los puntos que solicita la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, sean considerados para la asignación de los recursos correspondientes para la ejecución fiscal 2020-2021

Cumaná. Para la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) la compleja crisis humanitaria que vive el país impide la continuidad de la función rectora de las universidades como centros de formación del capital humano y la generación del conocimiento. Condiciones ineludibles para el desarrollo y progreso de la nación.

En virtud de ello, Averu envió una comunicación a César Trompiz, ministro para la Educación Universitaria, en la cual exponen las necesidades tanto de los docentes como de las casas de estudios, así como las conclusiones a las cuales llegaron luego de revisar el presupuesto asignado a cada universidad.

Mencionan entre los problemas: los bajos salarios que perciben los profesores universitarios, lo deficitario del estimado de ingreso de las casas estudios y también, las carencias en cuanto a tecnologías para la educación a distancia y la ausencia de planes de previsión social y de un seguro HCM.

Las peticiones al titular de Educación Superior están recogidas en el comunicado que divulgaron el 9 de octubre, en el cual expresan que: “Todas estas deficiencias del sector universitario venezolano hacen imposible alcanzar el sostenimiento, desarrollo y progreso que permita cumplir con la función rectora en la educación, la cultura y la ciencia y, por el contrario, se continúa así el decaimiento de la educación superior”, señala el documento.

Acota que “la devastación presupuestaria-financiera impuesta a la educación superior, solo permite que nuestras instituciones cuenten con los recursos para pagar salarios que no se ajustan a la realidad económica y social del país”, lo que, a su juicio, afecta las condiciones en que se desarrollan las actividades académicas, de investigación, extensión, administrativas y estudiantiles.

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La falta de presupuesto repercute en la investigación. Foto: Mónica Salazar

En ese sentido, Averu insiste en señalar que el presupuesto deficitario asignado a las universidades repercute en la falta de financiamiento para la investigación, desarrollo tecnológico, previsión social y la asignación de las providencias estudiantiles, transporte, así como las renovaciones de equipos de laboratorios, insumos e infraestructura.

A este complejo panorama nacional que conduce a la educación en 2021 hacia una paralización por insuficiencia de recursos, se suma la imperiosa necesidad de adecuar, afirman los rectores, la educación universitaria presencial a la formación a distancia, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, para lo cual se requiere “una importante inversión que permita afrontar esta única alternativa”.

La Averu destacó que el salario mensual del personal universitario es de menos de cinco dólares y por ello, “ante la dolarización de hecho y de derecho, debido al proceso de hiperinflación en espiral, a la cual la economía está sometida, ha pulverizado el salario del trabajador y destruido su calidad de vida, exige con toda firmeza un incremento salarial que cumpla con la dignificación del salario previsto en el artículo 91 constitucional, y los artículos 96 y 98 de la Ley Orgánica de las Trabajadoras y Trabajadores, en tabla salariales diseñadas en dólares estadounidenses”.

Los rectores puntualizaron que: “En ellas se consideraron las normas de homologación, aprobadas por decreto presidencial N.° 93.500 y publicado en Gaceta Oficial N.° 32.539, en fecha de 17 de agosto de 1982 y se tomaron en cuenta las interescalas para el personal docente de 18 % y 19 % para los docentes de dedicación a tiempo completo y de 23 % y 25 % para los docentes a dedicación exclusiva; para los auxiliares docentes a dedicación de tiempo completo 13 % y para los auxiliares docentes a dedicación exclusiva 16 %”.

La institución explicó que las interescalas para el personal administrativo son de 18 %, para el técnico son de 10 % y de 12 % para el profesional. Mientras que las interescalas para el personal Administrativo son del 8 % para el personal de apoyo, 10 % para el personal técnico y 12 % para el profesional. En cuanto al personal obrero la interescala es de 10%.

Fuente: https://cronica.uno/rectores-universitarios-temen-que-deficit-presupuestario-lleve-a-las-universidades-a-una-paralizacion-en-2021/

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El gobierno italiano prevé desviar aún más su déficit hasta el 11,9 % del PIB en 2020

La intención del Ejecutivo es aprobar un nuevo paquete de estímulos para ayudar a empresas y familias afectadas por el COVID-19

El Consejo de Ministros italiano aprobó hoy una nueva desviación del déficit del país que se situará en el 11,9 % del producto interior bruto (PIB), frente al 10,4 % calculado en abril y al 2,2 % pronosticado en septiembre pasado.

El Gobierno italiano informó en un comunicado de que ya ha transmitido su voluntad de dilatar aún más del déficit a la Comisión Europea y de que someterá la decisión a una votación en el Parlamento.

«El nuevo nivel de déficit se establecerá en el 11,9 % del PIB en 2020. El nuevo nivel de deuda pública será del 157,6 % del PIB en 2020», se lee en la nota oficial.

La intención del Ejecutivo que dirige Giuseppe Conte es aprobar un nuevo paquete de estímulos para ayudar a empresas y familias afectadas por la crisis del coronavirus que será de 25.000 millones de euros y que se sumará a los dos ya impulsados en los últimos meses por valor de 80.000 millones de euros.

Roma pedirá al Parlamento permiso para desviar el gasto público este año y también en los próximos años: 6.100 millones de euros para 2021; 1.000 millones para 2022; 6.200 millones en 2023; 5.000 millones en 2024; 3.300 millones en 2025 y 1.700 millones a partir de 2026.

Italia, tercera economía de la zona euro, es uno de los países europeos más afectados por la pandemia del coronavirus y registra ya 245.032 casos de contagios totales desde que comenzó la emergencia en el país el 21 de febrero y 35.082 fallecidos.

Para paliar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia, el Gobierno italiano está dando luz verde a una serie de ayudas económicas entre las que se encuentra también un esquema de garantías públicas de hasta 400.000 millones de euros en créditos para empresas.

«En esta etapa, es esencial continuar asegurando el apoyo al sistema de producción, los ingresos de los ciudadanos, la recuperación e intervenir cuando sea necesario para preservar el empleo», explica la nota, que subraya que el Ejecutivo ve esencial extender aún más el llamado sistema de «caja de integración», que es similar al expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) español, si bien no especifica por cuánto tiempo.

Se asistirá también a las empresas y a los sectores más golpeados por la crisis de la COVID-19 y se facilitará el acceso a la liquidez, «incluso mediante una reprogramación de los vencimientos fiscales de los próximos meses».

Roma garantiza también asistencia a las autoridades locales, cuyos recursos se han reducido por la falta de ingresos fiscales en los últimos meses, y al sector de la educación para permitir la vuelta a las aulas de los alumnos a partir de septiembre en condiciones de seguridad.

A pesar de ampliar aún más sus márgenes de déficit y de deuda pública, Italia se compromete a reducirlos progresivamente en la próxima década, «a través de una estrategia que, además de perseguir un superávit primario adecuado, se basará en el relanzamiento de las inversiones públicas y privadas».

Italia tiene previsto solicitar a la Unión Europea el acceso a ayudas del fondo contra el paro SURE, del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Fondo de Recuperación, este último aprobado el pasado martes por los líderes de los países europeos.

Fuente: https://www.elperiodico.com/es/economia/20200723/italia-desviar-deficit-pib-2020-coronavirus-8051119

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Universidades con ánimo de lucro en Colombia: ¿riesgo u oportunidad?

Redacción: Semana

¿Deberían las universidades privadas tener la opción de ser entidades con ánimo de lucro? Es la posibilidad que propone un representante a la Cámara por el Centro Democrático. Y aunque la iniciativa no es nueva, esta vez tendría implicaciones en los claustros públicos.

Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, presentó esta semana su intención de reformar la ley 30 de 1992, la que regula la educación superior. Ante la crisis financiera de las universidades públicas, Hoyos propuso que la reforma le permita a las universidades privadas ser entidades con ánimo de lucro y que los impuestos que le paguen al Estado sean dirigidos exclusivamente a saldar el déficit de las universidades públicas.

De inmediato la iniciativa generó cuestionamientos por las intenciones y las implicaciones de un proyecto de ese calibre. Por un lado, Hoyos valida su propuesta al decir que, de hacerse realidad, deberá ser regulada por el Gobierno. Además, es una alternativa para generar ingresos que contrarresten la crisis de la educación pública, una que se da mientras el país enfrenta un hueco fiscal que tiene a todos los sectores en aprietos.

La propuesta del representante Hoyos es darle un golpe mortal a la calidad de la educación privada», Jorge Robledo..

“Actualmente la Ley 30 prohíbe que las Instituciones de Educación Superior privadas sean de ánimo de lucro. Todas son fundaciones, corporaciones, cooperativas, sin ánimo de lucro. Eso dice el papel. Pero en la realidad esa figura ha servido para que estas instituciones sean grandes negocios exentos de impuestos. Dicen no repartir utilidades, pero de pronto el rector tiene casa en Miami, la universidad es dueña de una isla, paga viajes carísimos a Europa o reconoce gastos de sus miembros fundadores casi a manera de honorarios”. El representante dice que si el Estado no tiene la capacidad de garantizar la cobertura y calidad para todo el país, el rol de las universidades privadas es fundamental. Y si entonces, agrega, estas instituciones desean ser más que todo empresas con libertad para lucrarse, que legalmente sean consideradas como tal.

Por otro lado, personas como el senador del Polo Jorge Robledo rechazaron la idea de Hoyos. Robledo dice que avalar que las universidades sean entidades con ánimo de lucro cambia por completo el sentido de la educación y lo convierte en un negocio más. Y eso va en detrimento de su esencia formadora de la sociedad.

“La educación superior en Colombia es un derecho y un bien común. Entonces, la propuesta del representante Hoyos es darle un golpe mortal a la calidad de la educación privada. Es válida para él porque su mirada es neoliberal y en la economía de mercado todo es y debe ser un negocio. Pero es absurdo pretender eso con la educación”.

El argumento principal del senador recae en que aceptar la ganancia económica de estas instituciones amenaza la calidad de la educación por completo: “Recordemos que las universidades privadas se financian con el dinero de los estudiantes y de los padres de familia. Si una parte de ese recurso se sale de la reinversión que la institución debe hacer, esa plata deja de traducirse en mejores bibliotecas, educadores y planta física, entre otros. Es decir, esas utilidades las utilizarán las universidades en otras cosas que no tienen nada que ver con el beneficio de las universidades. La educación que sirve es la de alta calidad”.

La propuesta es polémica, pero no es nueva. Hace siete años el Gobierno Santos quiso adelantar un proyecto para reformar toda la educación superior y entre los cambios incluyó también dar vía libre a las universidades con ánimo de lucro para solucionar la alta demanda de futuros estudiantes universitarios. Pese a los casos de éxito en otros países que el expresidente y su entonces ministra María Fernanda Campo intentaron traer a colación para convencer a la población, fue más el malestar causado. Los rectores, profesores y estudiantes constituyeron un paro nacional indefinido. El movimiento estudiantil MANE hizo historia al lograr que se retirara el proyecto del gobierno el 11 de noviembre de ese año.

La educación superior genera bienes públicos como investigación, avances en el conocimiento, crítica social. ¿Volverla negocio pone en riesgo esto?

Pese al marcado antecedente, la propuesta vuelve a sonar en el Congreso, aunque esta vez sea presentada como un único aspecto a reformar. Entre los argumentos Hoyos resalta que la libertad de competencia e incluir más actores en el mercado de la educación es algo positivo. “Si el problema es un negocio, entonces habría que prohibir que los colegios sean entidades con ánimo de lucro, como actualmente lo son”.

Según Francisco Piedrahita, rector de la universidad Icesi, esa idea no tiene cabida en esta discusión. Piedrahita es una de las personas que más se ha interesado por el tema y fue uno de los detractores del proyecto de 2011. La educación básica y media, y la superior son dos costales de distinta harina y por eso no se pueden comparar, es lo que dice.

“El colegio no produce conocimiento en términos de bienes públicos, sino como bienes privados: la formación que ofrece va más orientada al desarrollo de la persona y sus competencias. Es algo que se lleva cada muchacho y por eso se puede rentabilizar. La universidad también produce esos bienes privados, pero al mismo tiempo produce bienes públicos y es ahí donde la cosa se complica: cuando la educación es negocio lo que importa es generar utilidades, pero no investigación, avances en el conocimiento, crítica social. Y eso es lo que se hace en el nivel universitario”, explica.

Pero no solo eso. Decir que permitir que las universidades se lucren impulsará la calidad de las instituciones privadas y aportará a resolver el lío financiero de las instituciones públicas es erróneo para Piedrahita.

La plata de los impuestos no resolverá el déficit. En cambio, lo que sí hará es tirarse el sistema. Las universidades con ánimo de lucro no tienen problema en invertir más en mercadeo que en profesores, con tal de lograr inscribir a más estudiantes. Es un modelo con problemas. Así pasa en Estados Unidos y es un fracaso: da cobertura en centenares de miles, pero la tasa de deserción es altísima y los resultados de los graduandos es muy pobre. Algunas de estas son multinacionales como Laureate, Apollo Global y Whitney University System. En Colombia ya hay de este tipo de universidades, pero todas son de pésima calidad. Un ejemplo es la Autónoma del Caribe. Ninguna está entre las 15 primeras en los resultados del Saber Pro y tampoco en investigación”.

Por el momento, la propuesta del representante Samuel Hoyos no ha sido presentada como un proyecto de ley ante el Congreso, solo como una intención del representante. Sin embargo, lo más probable es que la discusión sobre cobertura, calidad y rentabilidad en las universidades privada no sea bien recibida por una parte de la comunidad de educación superior. Tampoco se prevee una atmósfera proclive al apoyo de la iniciativa en momentos en los que se desarrolla un paro.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/universidades-con-animo-de-lucro-en-colombia-una-discusion-vieja-que-reaparece-en-el-congreso/588042

 

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¿Qué piden los universitarios colombianos al gobierno?

Colombia / 21 de octubre de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: Notimérica

La Universidad Nacional de Colombia decretó paros desde el pasado 11 de octubre debido al déficit presupuestario para las universidades colombianas. Una decisión que llegó después de que siete facultades de la Universidad anunciasen el cese de sus actividades.

Además, a través de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), los estudiantes de las universidades públicas colombianas presentaron un pliego de peticiones dirigido al presidente de la República, Iván Duque, y la ministra de Educación, María Victoria Angulo.

De manera generalizada, piden un incremento presupuestario, generación de planes de pago históricos de las instituciones, así como apoyo sostenido para entidades como Colciencias y el Sena.

Esta petición se suma a la de varios rectores que, también, demandan mayor cupo presupuestario para las universidades a través del Gobierno.

PUNTOS CONCRETOS

Solicitan que el presupuesto ascienda a 4,5 billones de pesos (más de 1,2 billones de dólares), el congelamiento de las matrículas en las instituciones académicas de carácter privado, cambios en los criterios de medición y asignación de recursos de Colciencias para que fortalezcan todas las agendas investigativas incluyendo las de Humanidades, Arte y Ciencias.

A su vez, demandan que se genere un plan que permita pagar la deuda de las Universidades Públicas en menos de 10 años, así como derogar la Ley 1911 de Financiación Contingente al Ingreso y elaborar una nueva que asigne los recursos para las instituciones públicas y ajustar el coste de matrículas de las privadas.

Instan, también, a la reliquidación de las deudas de los estudiantes con la entidad del Estado que promueve la Educación Superior mediante la concesión de créditos educativos (ICETEX) con tasa real de interés en 0%, la condonación para los estudiantes del programa Ser Pilo Paga, incluyendo a quienes hayan desertado del programa y garantías de permanencia, y la graduación a los estudiantes que accedieron a dichos créditos.

Fuente de la Noticia:

https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-piden-universitarios-colombianos-gobierno-20181015194821.html

ove/mahv

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Paraguay: Cerrarán escuelas nativas por falta de presupuesto

Paraguay/21 septiembre 2017/Fuente: 2do Enfoque

Cerca de quinientas escuelas nativas, que son dependencia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), podrían cerrar por falta de presupuesto, debido a que el sector conserva el mismo monto desde hace ocho años.

Según reseñó el portal Paraguay.com, esto afectaría directamente a más de treinta mil alumnos. Los dirigentes nativos pretenden pautar una reunión con los integrantes del  MEC para conversar sobre esta problemática.

Ellos reciben cada año dos mil millones, por lo que solicitan que este dinero se eleve a seis mil millones. Este reclamo se viene impulsando desde el año 2016.

Desde el ente ministerial aún no se dio una respuesta, informó el portal Última HoraEn el 2008 se abrió la Dirección General de Educación Escolar Originaria para avalar la educación inicial, básica y media para las corporaciones; así se contribuye a su fortalecimiento y el progreso cultural.

Ayala sustentó que desde el año 2016 viene solicitando infructuosamente que haya una apertura de rubros para convenir a docentes y capacitar más escuelas.

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La legislación que creó la Dirección General de Educación Escolar Nativa se efectuó en el año 2008. Su propósito es avalar una educación para todos y todas en educación inicial, básica y media que considere las conveniencias de ser y aprender, asó como los códigos socioculturales y lingüísticos de los pueblos originarios para favorecer su fortalecimiento y el progreso cultural.

De acuerdo con una investigación realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre los años 2006 y el 2011 se proyectó como resultado que la tasa de analfabetismo en las poblaciones nativas de la República de Paraguay supera al cuarenta por ciento, al tiempo que el promedio nacional se encuentra cerca del cinco por ciento.

De esta forma, se determinó que los jóvenes y adultos estudiaron y valoraron en promedio solo tres años, en tanto que la cantidad mínima requerida para alcanzar con más posibilidad un empleo es de doce años, de acuerdo con el referido informe.

Fuente: http://segundoenfoque.com/paraguay-cerraran-escuelas-nativas-por-falta-de-presupuesto-09-382535/

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La Universidad Juba en Sudán del Sur en riesgo de cierre por falta de financiación

Sudán del Sur/29 junio 2017/Fuente: africafundacion

La Universidad de Juba, una de la principal institución de educación superior de Sudán del Sur , corre el riesgo de cerrar debido al aumento de los costos operativos, según la administración de la universidad.

El aumento continuo del tipo de cambio del dólar en el mercado ha llevado al aumento de los precios de los productos básicos en la nación más joven del mundo, que depende en gran medida de los artículos importados.

El Dr. John Apuruot Akec, vicerector de la Universidad de Juba, declaró a Radio Tamazuj que podrían ser forzados a cerrar antes del final de este año académico debido a la falta de fondos si el creciente costo en electricidad, combustible y otros productos persiste .

No podemos subsistir con lo que pagan los estudiantesl en sus matrículas . Por ejemplo, los estudiantes de ingeniería están pagando $ 40, mientras que los estudiantes de economía están pagando $ 14 solamente que es equivalente a 2.200 Libras de Sudán del Sur . Así que con este dinero no se puede hacer nada porque necesitamos combustible, necesitamos materiales de oficina , necesitamos agua y mantenimiento «, dijo Akec.

El vicerrector hizo sonar la alarma por los crecientes costos operacionales de este año, mientras buscaba la aprobación del gobierno para apoyar a la institución.

«No estamos recibiendo apoyo de ninguna parte porque somos una universidad pública. Pero el ministro de educación superior está trabajando con el ministerio de finanzas en el tema, declaró .

Akec instó al gobierno a elaborar un plan sobre cómo apoyar a todas las universidades públicas de Sudán del Sur. El vicerrector señaló que cuando el Ministerio de Finanzas no apoye a la universidad, la administración pedirá a los estudiantes que paguen por realizar los exámenes o cierren la institución indefinidamente.

La universidad de Juba tiene alrededor 9.000 estudiantes a través de 13 facultades

Fuente: http://www.africafundacion.org/spip.php?article27973

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Puerto Rico: Educación transformará procesos ante los recortes

Puerto Rico/26 junio 2017/Fuente: El Nuevo Día

La agencia enfrenta un recorte de $163 millones y ha sido notificada por varios municipios que dejarán de atender planteles.

El Departamento de Educación se apresta a completar una nueva reestructuración de las rutas de transportación escolar en busca de generar ahorros en este servicio y aún evalúa cómo atender las necesidades más apremiantes de la infraestructura de los planteles para hacer frente al millonario recorte presupuestario que tendrá el próximo año fiscal. Y en medio de todo, la crisis económica del Gobierno podría hacer que la agencia se quede sin la ayuda que le dan los municipios.

Sin ofrecer detalles sobre los acercamientos que ha recibido, la secretaria de Educación, Julia Keleher, señaló que varias administraciones municipales le han enviado cartas informando que ya no podrán hacerse cargo de los servicios que brindan a las escuelas. Según un inventario trabajado por Educación, los municipios ofrecen a las escuelas servicios como mantenimiento de la planta física, recogido de basura y transportación escolar (para lo cual sí reciben fondos).

“Por la crisis, con los recortes que ellos también tendrán, pues se les hace difícil”, expresó la secretaria.

Aunque típicamente no reciben fondos para atender escuelas, es harto conocido que es común que los municipios sean quienes se encarguen de realizar arreglos menores en la infraestructura de los planteles ubicados dentro de sus límites geográficos, así como darles mantenimiento durante el verano o resolver imprevistos que surjan en el día a día.

Al reconocer la importancia de estas labores, Keleher sostuvo que buscará la forma de establecer alianzas con municipios de modo que puedan asignarle fondos para cubrir los gastos en los que deben incurrir.

“Estamos buscando los sobrantes que tenemos, que podemos identificar, para ver cómo le podemos dar dinero a los municipios porque las quejas de los alcaldes es que no tienen los fondos para hacerlo”, destacó Keleher.

Educación enfrentaría una reducción de $163 millones para el próximo año fiscal en las asignaciones que recibe del Fondo General, de acuerdo al presupuesto recomendado por el gobernador Ricardo Rosselló. En total, el presupuesto del Departamento de Educación sería de $1,474,297,000, precisó el subsecretario de Administración de la agencia, Pablo Muñiz.

No obstante, la cifra podría ser diferente en la versión final de las resoluciones presupuestarias aprobadas por la Legislatura este fin de semana.

De hecho, ya algunas de las partidas designadas para aspectos educativos han sido modificadas, entre ellas las asignadas para la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori, los fondos para instituciones de educación alternativa y para la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), adelantó la secretaria. Al momento de esta entrevista, Keleher no tenía detalles sobre la cantidad exacta de fondos asignados, luego que en las vistas públicas celebradas en la Legislatura saliera a relucir que las partidas destinadas para las escuelas Montessori y el mantenimiento de escuelas estaban en cero o habían sido reducidas.

Ante los retos económicos que enfrenta, Educación ha optado por dar prioridad al mantenimiento de las 210 escuelas identificadas como receptoras tras el cierre de 167 escuelas. Estas tareas requerirán de unos $20 millones, estimó Keleher.

De nuevo cambiarán rutas

En el 2014, se transformó el proceso de contratación de transportación escolar, luego que se revelara que no se celebraban subastas para estos servicios desde el 2003 y que los mismos contratos estuviesen vigentes desde el 2012.

En ese año también se formalizaron acuerdos con 26 municipios, a través de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), para que estos se encargaran de contratar la transportación escolar en un intento de generar ahorros y descentralizar los servicios que ofrece la agencia.

Este verano se completará una nueva reestruturación de las rutas -tanto de los servicios que reciben los alumnos de corriente regular como los de Educación Especial que requieren acomodos adicionales- con el objetivo de reducir en un 10% los gastos de transportación escolar, precisó Keleher.

El monto total que se generaría en ahorros se definirá una vez se establezca cuál es el presupuesto exacto que manejará la agencia a partir del 1 de julio, sostuvo la funcionaria.

Bajo la administración anterior, la revisión de las rutas que recorren los porteadores escolares fue realizada por personal de la misma agencia. Esta vez, Educación usará los servicios de un “asesor” que se encargará de esta revisión.

“Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que sabemos dónde están los estudiantes, dónde viven. Lo vamos a hacer por geocodes (coordenadas geográficas) porque no estoy segura que tengamos las direcciones más actualizadas de los estudiantes. Eso lo tendremos cuando se pueda hacer la matrícula en línea, pero ahora tenemos que buscar alguien con la experiencia en transportación y en las direcciones como son aquí, que es algo que yo no tengo”, señaló Keleher.

La entrada en escena de un intermediario entre Educación y los proveedores de servicios de transportación para revisar los proceso crea suspicacia y malestar entre porteadores consultados por este diario, quienes solicitaron no ser identificados pues los procesos de contratación para el próximo año escolar aún no han comenzado.

Al menos tres de estos proveedores cuestionaron cómo la agencia escogió a este asesor externo, pues aseguraron que las empresas e individuos que tienen la experiencia que Educación detalló que necesita también tienen lazos con empresas de guaguas escolares.

“No sería una competencia justa si viene una compañía, reestructura las rutas y luego se benefician porque consiguen las rutas que más pagan. ¿Ellos también van a subcontratar a las demás compañías?”, comentó un transportista escolar.

Sin embargo, la secretaria respaldó el uso de un experto externo, al asegurar que ya se han identificado decenas de rutas que estaban mal diseñadas. En algunos casos, los porteadores viajaban por la misma carretera en múltiples ocasiones para recoger a alumnos, lo cual pudiera haber causado que se pagara más por esa ruta ya que se recorrían distancias mayores a las necesarias, sostuvo Keleher.

Fuente: https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/educaciontransformaraprocesosantelosrecortes-2334642/

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