“De las personas que investigan a nivel mundial solo el 30% son mujeres”. Este es el dato que presentó la Organización de Naciones Unidas y que motivó la creación de TeachHER, una iniciativa que empodera a las niñas y adolescentes para optar por carreras en ciencias, tecnología, ingeniería, arte/diseño y matemáticas y disminuir las brechas y el bajo nivel de ingreso a estas carreras por parte de las mujeres.
En este primer taller TeachHER para Centroamérica y República Dominicana participan docentes, administradores y responsables de las políticas educativas de los siete países centroamericanos más República Dominicana, para capacitarse por una semana del 14 al 18 de Noviembre, en métodos y técnicas de enseñanza, inspiradoras, atractivas y con sensibilidad de género.
El taller se realiza en la sede de la Universidad para la Paz.
“Este es un programa que permite superar las brechas existentes en la educación a nivel centroamericano, ya que contribuye a desarrollar competencias certeras en los docentes para empoderar a las niñas y adolescentes y así ampliar sus oportunidades profesionales y académicas, haciendo frente al reto de formar ciudadanas con las capacidades suficientes para desenvolverse en un mundo globalizado, en el cual, es fundamental impulsar la educación en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas”, afirmó Mercedes Peñas, Primera Dama de la República.
Por su parte, el Embajador de Estados Unidos, Fitzgerald Haney, indicó que la iniciativa TeachHER lleva más de un año de preparación.
“De acuerdo con el firme compromiso del gobierno de Estados Unidos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2030 y con el desarrollo sostenible en Centroamérica, este esfuerzo busca fortalecer los sistemas educativos y las oportunidades de empleo para los jóvenes y especialmente para las adolescentes, garantizando la mejor educación posible en ciencias, tecnología, ingeniería, arte/diseño y matemáticas. Estos son los campos críticos para el crecimiento económico sostenido y la inversión, y donde la brecha entre niños y niñas es cada vez más grande, en todo el mundo”.
La ministra de Educación Pública, Sonia Marta Mora, recalcó la importancia que tiene para el MEP el trabajo por la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres.
“Para nosotros ha sido una prioridad el trabajo en este tema, pues las cifras muestran que persiste una brecha importante respecto a la participación de las mujeres en ciencia, tecnología y matemática. Esta es una iniciativa extraordinaria, no solamente porque promueve la participación y abre nuevas oportunidades, sino porque nos pone en el camino correcto para que la región y el mundo aproveche el talento de la mitad de la población, las mujeres, cuyo conocimiento no se está aprovechando. Esto definitivamente limita las posibilidades de desarrollo.
El lanzamiento oficial de la Iniciativa TEACH(HER) se realizó en París, el 14 de junio de este año, por parte de Jill Biden, Segunda Dama de Estados Unidos, e Irina Bokova, Directora General de UNESCO.
A este llamado se sumó la Primera Dama Mercedes Peñas con la firme intención de lograr un Plan Piloto de la Iniciativa Teach(HER) para Centroamérica y República Dominicana, y que la sede fuera Costa Rica, gracias al acuerdo entre los embajadores de la región y el apoyo de la empresa privada.
A nivel nacional, se conforma una comisión interinstitucional de trabajo, donde se establecen los temas prioritarios del programa, de acuerdo con las necesidades de la región en el tema.
Esta comisión está liderada por el Despacho de la Primera Dama de la República e integrada por el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Representación de Estados Unidos ante la UNESCO y la Oficina Multipaís de UNESCO en Costa Rica, además de empresas del sector privado.
En el caso de Costa Rica. Aunque nuestro país es el que maneja las mejores estadísticas en cuanto a educación a nivel centroamericano, y es uno de los mejores ubicados en los rankings latinoamericanos, en cuanto al tema de ciencia, tecnología e ingeniería también evidencian una brecha amplia de género.
Costa Rica ha logrado asegurar el acceso a la educación para nuestras niñas y jóvenes, logrando un acceso igualitario a la educación constitucionalmente obligatoria y gratuita. El reto pendiente es la mejora en las condiciones inclusivas en las que las mujeres estudian.
Según los resultados de las Pruebas Pisa, del 2012, los jóvenes de 15 años alcanzan un rendimiento menor que las mujeres de la misma edad. Sin embargo, la evaluación evidencia que es necesario fortalecer la confianza que las mujeres tienen en sí mismas. En la mayoría de los países participantes en Pisa, entre los alumnos de buen rendimiento, las mujeres tienen peor rendimiento en matemáticas que los hombres.
Además, según el estudio Seguimiento de la Condición Laboral de las Personas Graduadas de las Universidades Costarricenses (Conare, 2015) “ es notorio que en las diferentes áreas se polariza la distribución por sexo, siendo educación (77,7%), ciencias de la salud (72%) y ciencias sociales (69,2%) las áreas con una mayoría femenina contundente. En contraste, con las áreas de ingeniería (73,4%) y ciencias básicas (70%) que son las que presentan mayoría masculina.”
“El tema va más allá de una simple suma de más mujeres a las carreras de Ciencias Básicas e Ingenierías, sino de la forma de abordar cómo mejorar la condición de vida de las mujeres en un marco de respeto a los derechos humanos. Nuestro compromiso es la de brechas de género en ciencia y tecnología. Tenemos el reto de hacer que la ciencia y tecnología sean parte del potencial y el crecimiento humano, de la sociedad basada en el conocimiento. El MICITT es parte de un equipo que mediante alianzas público-privadas logra llevar a cabo iniciativas para mujeres jóvenes como son los Encuentros de Ciencia y Tecnología, que permiten que las niñas y las jóvenes accedan y compartan con profesionales que trabajan en el área”, explicó Carolina Vásquez Soto, viceministra del MICITT.
Tras el anuncio de la recuperación de otra de las adolescentes secuestradas por Boko Haram en Nigeria, se reavivaron los reclamos para que el gobierno redoble esfuerzos por rescatarlas a todas.
Con esa liberación de otra de las escolares de Chibok, ya son 23 las adolescentes recuperadas, de las 219 secuestradas por Boko Haram en una escuela secundaria del noreste de Nigeria, en abril de 2014.
El último rescate ocurrió un mes después de que la organización islamista liberara a 21 jóvenes tras un acuerdo con el gobierno. A principios de mayo, Amina Ali fue la primera de las adolescentes desaparecidas en ser recuperada.
El anuncio realizado el sábado 12 concentró la atención mundial y se reavivaron los reclamos de los activistas para que las autoridades redoblen esfuerzos para liberar al resto de las jóvenes.
“Es el día 933 desde su secuestro; 197 niñas siguen cautivas bajo su mirada señor presidente @MBuhari. Es hora de traerlas a casa”, tuiteó Maureen Kabrik, integrante de la organización BringBackOurGirls (Devuelvan a nuestras niñas) en un tuit dirigido al jefe de gobierno Muhammadu Buhari, tras la liberación de 21 jóvenes a principios de octubre.
La organización, creada para denunciar la difícil situación de las niñas en el marco del malestar internacional que generó este caso en 2014, anunció que el lunes 14, divulgaría un informe con detalles de las acciones realizadas por las autoridades durante seis semanas para rescatarlas.
Los activistas acusan al presidente Buhari de no hacer todo lo posible para liberar a las jóvenes, en contra de la promesa electoral que hizo hace un año. Junto a otros grupos, la organización convocó a varias marchas en Abuya durante meses.
Entre agosto y septiembre, organizaron una protesta cada 78 horas en la residencia presidencial y amenazó con aumentar el ritmo a 48 horas en noviembre. Actualmente, ya dijo que tomará medidas adicionales para presionar al gobierno por la liberación de las jóvenes.
“Nuestra obligación de reclamar el rescate del resto de las 197 adolescentes de Chibok es más fuerte que nunca”, observó Oby Ezekwesili, exministra de Educación, ejecutiva del Banco Mundial y una de las fundadoras de la organización.
Boko Haram, que desde hace siete años busca crear un califato en el noreste del país, secuestró a más de 276 adolescentes de una escuela secundaria en abril de 2014 porque se opone a la educación occidental. Además, mató a más de 20.000 personas, entre las que había profesores.
En septiembre, la Iniciativa 21st Century Wilberforce, con sede en Estados Unidos, y la Fundación Stefanus señalaron que 611 maestros murieron por los enfrentamientos con el grupo insurgente desde 2009. El informe señaló que 19.000 profesores habían sido desplazados, 1.500 escuelas clausuradas y 950.000 niñas y niños no tuvieron la oportunidad de acceder a la educación.
Boko Haram secuestró a cientos de hombres, mujeres, niñas y niños. Pero el secuestro de las niñas de Chibok concentró la atención internacional, movilizada por la campaña #BringBackOurGirls, en Twitter.
El presidente Buhari basó su campaña electoral en la promesa de combatir la corrupción, derrocar a Boko Haram y rescatar a las adolescentes de Chibok.
En septiembre y bajo presión de activistas, el gobierno divulgó información sobre su intento de intercambiar a las jóvenes por insurgentes. De hecho, el ministro de Información, Lai Mohammed, dijo que las conversaciones comenzaron casi dos meses después de que asumiera Buhari, en mayo de 2015.
Pero el intercambio fracasó a último momento, aun cuando el presidente ya había tomado la “difícil decisión” de liberar a los combatientes. Buhari reafirmó que “la liberación de las niñas sigue siendo fundamental y sacrosanta”, declaró Mohammed.
Otro intento de reanudar el proceso en diciembre de 2015 también fracasó, en parte por la crisis de liderazgo dentro del grupo Boko Haram.
Triste consuelo
Tras la liberación de 21 jóvenes en octubre gracias a un acuerdo logrado por intermedio de la Cruz Roja y de Suiza, el gobierno nigeriano aseguró que “pronto” se recuperarían otras 83. Además, el portavoz de la Presidencia, Garba Shehu, señaló que se había avanzado en las conversaciones.
Pero pasan las semanas, y las jóvenes permanecen en cautiverio, las demandas se intensificaron y la euforia inicial, gradualmente, dio pasó al desencanto.
“Es un triste consuelo pues 197 jóvenes siguen en la guarida de sus secuestradores más de 900 días después”, se lamenta un editorial del diario local The Guardian, publicado el 1 de este mes. “Nadie borrará las marcas del terrible golpe infligido contra las niñas, sus padres, esta nación y sus amigos extranjeros hasta que regresen”, acotó.
La organización BringBackOurGirls opinó que si bien hubo cierta mejora, el gobierno tiene que hacer mucho más para recuperar a las jóvenes.
La organización publica a diario recordatorios en las redes sociales de cuánto tiempo llevan las adolescentes en cautiverio y de cuánto tiempo bajo la Presidencia de Buhari.
“Cueste lo que cueste controlar la situación de Boko Haram, lo haremos, porque todavía hay más niñas cautivas”, declaró el ministro de Información Mohammed, en la primera semana de este mes.
“Además de rescatarlas, nos hacemos responsables por sus objetivos personales, educativos y profesionales y sus ambiciones de vida”, declaró el presidente Buhari tras recibir a las 21 jóvenes recuperadas. “Estas queridas hijas nuestras han visto lo peor que tiene para ofrecer el mundo”, acotó.
“Es frecuente que el regreso de las jóvenes al ámbito familiar y a sus comunidades sea el inicio de una nueva situación de dificultad para ellas, pues la violencia sexual que sufrieron les crea un estigma”, explica un comunicado del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Pero el gobierno niega que las jóvenes hayan sufrido abusos o hayan sido violadas durante estos dos años y medios de cautiverio.
La Fundación Thompson Reuters mencionó el miércoles 9 de este mes un informe confidencial realizado a partir de entrevistas con las jóvenes que señala que se promovió su matrimonio con los combatientes, aunque nunca las obligaron, así como tampoco las presionaron a convertirse al Islam.
También detalló que 61 jóvenes se casaron con combatientes de Boko Haram, y que las que no aceptaron, fueron tratadas como sirvientas.
Pero a los analistas de seguridad les preocupan que hayan sido adoctrinadas.
“Nos preocupan que las hayan adoctrinado y no quieran regresar a Chibok”, reconoció Cheta Nwanze, del servicio de SBM Intelligence, que ofrece análisis de la situación sociopolítica y económica nigeriana.
“Somos optimistas de que el segundo grupo de jóvenes recuperadas nos dé más información de inteligencia sobre las condiciones de las que quedan”, acotó.
Centroamérica/Guatemala/Noviembre de 2016/Autora: Grecia Ortiz/Fuente: La Hora
Los altos índices de migración de la comunidad de Quiché de Chuatroj, en Totonicapán, motivaron a un grupo de personas a crear un programa de becas diseñado para niños y niñas guatemaltecos de escasos recursos.
Un estudio efectuado en 2014 con la participación de jóvenes, autoridades comunitarias, educativas y cooperativas llamó la atención sobre la realidad de la comunidad.
Natalia Ortíz, del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (Incedes), explicó que esa asociación civil, fundada en Guatemala en 2005, es la responsable del proyecto, cuya misión es promover la construcción de una región centroamericana en la que se garantice la seguridad humana.
Ortíz destacó que Incedes trabaja con base en varios ejes estratégicos, y uno de ellos es el programa de atención a la vulnerabilidad migrante, cuyo objetivo es dar acompañamiento a las familias en riesgo de migrar.
“Surgió un comité de becas en la comunidad y ahí es donde surge el proyecto Brighten the Barrio. Es un proyecto que busca atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la comunidad, y es ahí en donde evalúa a los posibles candidatos a aplicar a las becas”, dijo.
La organización no solo busca apoyar la educación de los menores, sino también que tengan acceso a servicios médicos.
“En 2015 se becó a diez niños con la ayuda de varios donantes y este año se realizó una campaña de recaudación de fondos, que se llamaba: Hogar dulce Hogar, en la que vendimos Cup cakes –pastelitos- y con los fondos recaudados logramos becar a seis niños más”, apuntó.
Pese a los esfuerzos, el proyecto necesita más apoyo de patrocinadores, por lo que continúan con las campañas de recaudación de fondos y están planificando nuevas actividades para atraer a donantes y voluntarios.
El proyecto además de enfocarse en los niños, también se ocupa del papel de las comunidades que son consideradas como primordiales en el desarrollo de los habitantes, por lo que buscan apoyarse en todo el círculo que rodea a los becarios y que incluye a maestros, autoridades escolares, cooperativas locales y la comunidad.
De los 10 becados en 2015, siete eran niñas. Se estima que un 100 por ciento de ellos viven en condiciones de extrema pobreza, mientras que un 80 por ciento son huérfanos, siendo el promedio de familiares en el hogar de seis integrantes.
Para el próximo año la meta es becar a cinco niñas o niños para garantizar su acceso a una mejor educación, y que puedan desarrollarse en su comunidad y no se vean forzados a migrar.
El costo de cada una de las becas se estima en 360 dólares al año y cada una de las donaciones que se reciben aporta a alcanzar la meta.
En ese sentido, ahora impulsan la estrategia “Un día para Dar”, que llevará las campañas de recaudación de fondos a países como Estados Unidos y México, con la promoción en redes sociales el 29 de noviembre.
El proyecto de becas está en la constante búsqueda de apoyo de quienes deseen aportar ya sea económicamente o con voluntariado según explicó la entrevistada, y en ese sentido realizó la invitación a que se acerquen y se sumen a la iniciativa que apoya a menores principalmente en educación.
“El apoyo puede ser monetario, puede ser de cualquier denominación o puede ser al donar una beca, o si desea puede unirse al grupo de voluntarios que hemos organizado en la comunidad”, dijo.
Si usted desea información, puede escribir al correo brighten.phe.barrio@gmail.com, así también ubicarlos en la red social de Facebook como Brighten the Barrio, y en Twitter al usuario @brighten_barrio.
Europa/España/Noviembre de 2016/Autor: Raúl Limón/Fuente: El País
El PSOE no se conforma con una suspensión de las pruebas de reválida, la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su investidura. Los socialistas tienen previsto llevar este martes al Congreso una proposición de ley para anular los «perjuicios» de la norma de educación del PP (Lomce) y comenzar, con la participación de toda la comunidad de la enseñanza, un texto de consenso, según ha anunciado el secretario de Organización de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, en un acto con Juventudes Socialistas.
El texto pretende, según Jiménez, «poner fin a la Lomce» y cuenta con el apoyo de Ciudadanos en los términos de la proposición que se llevará a la Cámara, pero el PSOE reclama a la formación de Albert Rivera que lleve hasta el final este principio de acuerdo y vote a favor.
Jiménez ha afirmado que no les vale con medidas provisionales y que la Lomce ha generado un amplio rechazo entre los estudiantes, que secundaron mayoritariamente una huelga a finales del pasado mes. De esta forma, ha anunciado la iniciativa parlamentaria para suspender el calendario de aplicación y convocar al Consejo Escolar estatal para iniciar una reforma completa que garantice la más amplia participación posible. Para aprobar esta propuesta, Jiménez ha reclamado el apoyo de Ciudadanos y Podemos. «Juntos podemos cambiar las cosas y recomponer una parte muy importante de los daños que el Gobierno del PP ha hecho a este país», ha señalado.
En su primer acto público del partido como dirigente de la gestora nacional, celebrado en Sevilla, el responsable de Organización ha afirmado que su formación se encuentra en estos momentos «en periodo de reflexión» para ofrecer el «mejor proyecto al país». En este sentido, ha instado a los socialistas a no «amedrentarse» ni a admitir «la superioridad moral de nadie».
El dirigente socialista ha hecho esta clara alusión a Podemos, partido del que ha esperado que el resultado de las primarias, que han ganado los sectores más cercanos a su actual líder, Pablo Iglesias, no suponga el triunfo de la «facción más antisocialista».
Jiménez también ha pedido al Gobierno central que no recurra al Constitucional para «recortar derechos de Andalucía y de los funcionarios de la Junta», en relación con la aprobación de la reducción de jornada para los trabajadores públicos que depende ahora de que el Gobierno central no la suspenda por la vía judicial, como ha hecho en Castilla-La Mancha.
«Que digan claramente que no van a volver a las 35 horas, que no van a ampliar las ofertas de empleo público, que lo digan claramente, que se lo digan a los funcionarios públicos de toda España», ha instado el dirigente socialista al PP, con cuya abstención se ha aprobado el decreto de reducción de jornada en Andalucía.
En este sentido, el secretario de Organización ha replicado a la vicepresidenta, Soraya Saenz de Santamaría, quien cuestionó la medida por suponer un agravio con otras comunidades donde se mantiene el horario laboral establecido por el Gobierno central. Jiménez, respondió que la igualdad se consigue con un sistema de financiación justo, en alusión a las demandas andaluzas de renegociar el reparto de fondos estatales.
La propuesta del PSOE
Articulado de la proposición de ley sobre suspensión del calendario de implantación de la Lomce:
Artículo único. Queda suspendido el calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, previsto en su Disposición final quinta, así como la entrada en vigor de las normas reglamentarias dictadas en su desarrollo que no hubieran tenido aún vigencia o aplicación efectiva.
Disposición derogatoria. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.
Disposición final primera. El Gobierno, tras llevar a cabo un proceso de negociación y diálogo con las administraciones, la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas dirigido a alcanzar, con el máximo consenso, un acuerdo político y social sobre las medidas necesarias para la mejora de nuestro sistema educativo, remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley básica de educación que suponga la derogación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y contenga las medidas acordadas.
Disposición final segunda. Se habilita al Gobierno para dictar en el ámbito de sus competencias las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en la presente Ley.
Disposición final tercera. La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
América del Norte/México/Noviembre de 2016/Fuente: El Siglo de Torreón
La presidenta de la organización, Consuelo Mendoza García, argumentó que varios tratados internacionales protegen el derecho de los padres a escoger el tipo de educación para sus hijos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La unión considera que su colaboración es importante porque los padres y las madres son los principales educadores de los hijos, y el tema de educación sexual involucra aspectos no sólo biológicos sino también afectivos, que impactan en la personalidad del educando, por lo tanto no se puede tocar “nada más como si fueran matemáticas o geografía”, opina.
Desde su punto de vista los libros de texto actuales dejan a un lado opciones como la abstinencia, o la afectividad y la madurez de los menores de edad, y privilegian “de manera insistente el uso de anticonceptivos como medida para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual”.
Luz del Carmen Flores, coordinadora pedagógica, coincide con la presidenta de la UNPF al señalar que “en estos textos, donde se educa para el control natal y no para el control de la sexualidad, como el libro de Ciencias Naturales de sexto de primaria, los padres pueden intervenir promoviendo la educación integral, abarcando todos los aspectos de la persona”.
LA PROPUESTA
La unión propone que el nuevo modelo educativo incluya la presencia de los padres y madres de familia en las clases relacionadas con la educación sexual, y se abarquen aspectos más allá de la instrucción.
El nuevo modelo educativo demandará la edición de libros de texto que deberán incluir aspectos de formación humana basada en valores, sentimientos, inteligencia, voluntad, libertad y no solo aspectos biológicos, concluyen los integrantes de esta organización de padres de familia.
La medida consiste en que los propios padres de familia estén presentes en las clases supervisando lo que enseñan los maestros, con el objetivo de “avalar” la información que los menores reciben, e incluso participar cuando se aborden los temas relacionados con la educación sexual.
La otra opción es que al ser “los primeros educadores de los niños”, los padres de familia dialoguen con los docentes y acuerden los tipos de contenidos que se van a impartir a los menores, lo que se va a decir y la manera en que se va a hacer.
“Que los padres de familia participen dentro de las aulas, incluso que pudieran dar las clases, y la otra es que estén de manera presencial, avalando lo que está diciendo el maestro cuando se toquen estos temas (sobre sexualidad)”, explicó Consuelo Mendoza.
Se propone que en el nuevo modelo educativo se adopte esta medida de supervisión de los padres de familia, debido a lo “delicado” de los temas y porque que esta organización considera que son contenidos “sesgados” los que se imparten en las escuelas primarias.
Se está demandando que no se incluya en el nuevo modelo, lo que sectores conservadores del país han dado a conocer como “ideología de género”, que para ellos implica que no se reconozca la diversidad sexual en los contenidos ni en los programas oficiales.
PLANES EDUCATIVOS
Gracias a la insistencia de la Organización Mundial de la Salud, en los últimos se ha reconocido a nivel mundial la importancia de impulsar la educación sexual desde los sistemas de educación pública, como una estrategia para evitar embarazos no planeados y por ende reducir todas las problemáticas que de él derivan, así como disminuir la propagación de contagios de enfermedades de transmisión sexual.
Una gran parte de los países europeos, a excepción de España y Portugal, han constituido la educación sexual como asignatura en sus planes de estudio. En México existe un marco jurídico que reconoce que la educación sexual es una responsabilidad de Estado inscrita en el derecho a la educación así como los conocidos derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, ello no ha sido suficiente para incluirla como materia independiente en los planes de estudio, donde se aborda desde asignaturas como Ciencias Naturales, donde efectivamente se limita al plano biológico, no obstante, en otras como Formación Cívica y Ética o equivalentes se le da un tratamiento más integral y reflexivo.
La SEP señala en su Programa de formación Curso-Taller Educación integral de la Sexualidad en la Escuela para Formadores de Docentes (http://www.dgespe.sep.gob.mx/esege/educacion_sexual_escuela) que en el Programa de Formación Continua para Maestros de Educación Primaria en la asignatura de Formación Cívica y Ética, el estudio de la sexualidad se incorpora como una línea de formación cuando se trata el conocimiento de los niños, niñas y adolescentes. Se destaca la necesidad de generar espacios para que los docentes fortalezcan el conocimiento sobre el desarrollo social y moral de sus alumnos. En este marco la sexualidad es materia de estudio como parte de la reflexión ética y su relación con el desarrollo en la infancia y la adolescencia, además de la prevención y factores de riesgo como lo estipula el programas de estudio.
Esto exige que los docentes estén altamente calificados para abordar los temas de sexualidad en la escuela y que cuenten con las herramientas necesarias para responder a las inquietudes y retos de la comunidad escolar. Que los programas de formación de maestros se articule con las necesidades reales en la escuela.
Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia
El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
El artículo tercero de la constitución señala que “Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado (Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios), impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. Este texto es el resultado de una reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la federación el 29 de enero de 2016. Tres años antes, en junio del 2013, se había incluido en el carácter de la obligatoriedad a la educación media superior. Esta condición de obligatoriedad, visibilizada desde el gobierno casi como un derecho inalienable, no implica sólo asegurar una simple escalera de grados y niveles educativos, sino que principalmente se trata de asegurar la construcción de un modelo educativo de calidad. Esto mismo se señala en uno de los artículos de la Carta Magna, añadido en 2013, “el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.”
En este sentido, se entiende que para que algo pueda ser exigido por una disposición normativa nacional, el Estado deberá contar con las condiciones para hacerlo exigible. De otra manera se caería en una contradicción flagrante, dado que no se estaría considerando a la obligatoriedad como un paso real hacia la consolidación del derecho a la educación de calidad, tal como se manifiesta desde 2013 en la Constitución.
El estudio llamado “La educación obligatoria en México, Informe 2016” (INEE, 2016), da cuenta de la situación en que se encuentra México en esta materia. Este instituto nacional tomó para el análisis de los datos una perspectiva de derechos basada en Tomasevski (2004) y su esquema de las cuatro A (Asequibilidad (disponibilidad), Accesibilidad, Adaptabilidad y Aceptabilidad), planteando para ello que los niños y jóvenes deben ser respetados, al menos en tres grupos de derechos: a) de acceso a la educación, b) de permanencia y c) de logro de aprendizajes.
Las cifras con que se cuenta hablan de un sistema educativo nacional muy grande, de casi 31 millones de niños y jóvenes que deben cursar la educación obligatoria. Un repaso muy rápido del sistema educativo nacional muestra que el año pasado había 30´793,313 de alumnos, atendidos en sus necesidades educativas por 1´499,070 docentes en 244,362 escuelas o planteles. Esto habla de un sistema educativo nacional muy grande, variado y complejo que presenta retos enormes para funcionar de manera articulada en lo operativo y pertinente en lo social.
La tasa neta de asistencia a la escuela por nivel educativo marca un promedio de 71.9% en prescolar, 98.6% en primaria, 87.6% en secundaria y 57% en media superior. Esto, en pocas palabras representa un déficit social muy grande en todos los niveles con excepción de la primaria. Si bien es cierto que numéricamente el perfil de cobertura ha mejorado en los lustros recientes, también es claro que falta mucho para lograr que la totalidad de los niños y jóvenes (y sus tutores) cumplan con lo que es un derecho y una obligación: recibir educación de calidad.
Los cálculos del INEE establecen que el año pasado “únicamente” se quedaron fuera del sistema educativo: 1´870,490 niños en edad de asistir al preescolar, 184,202 en educación primaria, 837,709 en secundaria y 2´897,287 en media superior. En números redondos, se puede decir que hay 5´789,688 niños y jóvenes que tienen el derecho y la obligación de recibir educación y que por distintas razones no acceden a ella.
Por otra parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) de 2014 señala que el Estado en sus diferentes órdenes de gobierno debe garantizar la provisión de servicios educativos de calidad. Esto está lejos de cumplirse para quienes sí asisten a la escuela. El sistema educativo nacional presenta muchas y muy variadas carencias en términos de infraestructura, equipo, materiales, mobiliarios, organización, personal y medios para la convivencia. Por poner un ejemplo de infraestructura básica, 6 de cada 100 escuelas no cuentan con sanitarios y 5 de cada 100 no tienen agua. Esta proporción se incrementa a casi una cuarta parte cuando se trata de escuelas indígenas o comunitarias.
En lo referente a la capacidad para atender a la diversidad del alumnado, dos terceras partes de las escuelas (67%) reportaron tener algún alumno con necesidades educativas especiales (NEE) pero sólo un tercio (34%) señaló contar con apoyos para estos estudiantes, lo que representa un alto nivel de incumplimiento a la LGDNNA.
Por último, tomando en consideración los resultados de la aplicación de la prueba PLANEA del 2015, la proporción nacional de niños cuyo logro fue elemental (o Nivel I) en lenguaje y comunicación fue de 49.5%, llega a 68% cuando se trata de escuelas comunitarias o incluso a 80% cuando son indígenas. En matemáticas en el nivel I, las cifras se incrementan hasta 60.5% el promedio nacional, 69.2% el comunitario y 83.3% el indígena.
En síntesis, el Estado mexicano a través del sistema educativo nacional, no ha logrado cumplir con la tarea autoimpuesta de atender el derecho de sus niños y jóvenes para recibir una educación de calidad. México está lejos de lo que se desea y se obliga pues, ni todos los niños acceden a la educación, ni todos permanecen durante su formación, ni todos tienen logros de aprendizaje relevantes. En este sentido, la obligatoriedad es meramente retórica pues en los hechos, las carencias y la organización se han traducido en una educación que no llega a todos y, en el caso de quienes sí la reciben, ésta es bastante débil. Los niños indígenas y habitantes de comunidades rurales pequeñas son quienes han tenido la mayor merma y, por qué no decirlo, a quienes se les han vulnerado sus derechos.
Ante este panorama, la respuesta no está en evadir las metas ni modificar los marcos, sino en reconocer que:
1) Las decisiones políticas no operan con la eficacia que plantean las necesidades actuales y, dadas las condiciones estructurales, no se ve viable que se logren en el mediano y corto plazo.
2) Las condiciones materiales, demográficas y geográficas en México hacen necesario que se busque atender las necesidades formativas de los niños desde una perspectiva que responda a sus características desde un ámbito más cercano a su realidad.
3) El estado, con su modo de operar, no parece ser ya el actor idóneo para dar cumplimiento a las metas educativas que se ha autoimpuesto.
En otras palabras, ante la realidad que se presenta todos los días en las comunidades, ¿No es tiempo ya de pensar en otra manera de “hacer educación pública”? ¿no será prudente iniciar un diálogo que nos lleve a esquemas que sí cumplan con los derechos educativos y de bienestar de los niños? ¿qué pasaría si en vez de convertir en obligatorio algo que no se puede cumplir, nos centramos en generar esquemas educativos que sí vinculen la realidad local con la formación? ¿Podemos los ciudadanos ser el motor de las decisiones relativas a la educación? Y finalmente ¿por qué no comenzar un diálogo acerca de cómo necesitamos que sea la educación en México, incluyendo a la misma Secretaría de Educación Pública?
Referencias
DOF (2013a) Decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288919&fecha=26/02/2013
DOF (2013) DECRETO por el que se reforman los artículos 3o., 4o., 9o., 37, 65 y 66; y se adicionan los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301832&fecha=10/06/2013
DOF (2016) Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016
INEE (2016) La educación obligatoria en México, Informe 2016”. México DF: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/publicaciones/agosto/Informe2016-290816.pdf
INEGI (2015). Encuesta Intercensal 2015. Recuperado de: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014). Recuperada de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf
Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/la-educacion-obligatoria-se-cumple-entre-la-letra-y-la-realidad-de-las-escuelas-mexicanas/
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Sierra Leona debe levantar la prohibición profundamente discriminatoria de que las niñas claramente embarazadas asistan a la escuela y se presenten a pruebas académicas, una prohibición que continúa afianzando la desigualdad de género en el país y que pone en peligro el futuro de miles de adolescentes, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, cuando se cumple un año de su informe sobre este asunto.
“La prohibición de que las niñas claramente embarazadas asistan a escuelas públicas y se presenten a pruebas académicas es profundamente desacertada y no contribuye a que se aborden las causas profundas del alto índice de embarazos adolescentes en Sierra Leona, que aumentó durante la devastadora crisis del ébola y que sigue siendo elevado pese a la prohibición”, ha declarado Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
La prohibición fue declarada política oficial del gobierno en abril de 2015, poco antes de la reapertura de los centros escolares tras la crisis del ébola. Más de un año y medio después, Amnistía Internacional siente honda preocupación por que la prohibición sigue vigente a pesar de las críticas nacionales e internacionales.
Amnistía Internacional ha hablado con 68 niñas de entre 15 y 20 años embarazadas o que habían dado a luz recientemente en zonas urbanas y rurales del oeste de Sierra Leona. También ha hablado con 26 agentes nacionales e internacionales de la sociedad civil, profesores y profesoras y autoridades gubernamentales para evaluar el impacto de la prohibición.
La mayoría de las niñas entrevistadas quedaron encintas durante el brote de ébola, momento en el que hubo un aumento de los embarazos adolescentes junto con un incremento de la violencia sexual. El impacto económico negativo de la crisis del ébola dio lugar a un aumento de las relaciones de explotación y de abuso.
La mayoría de las niñas entrevistadas quedaron encintas durante el brote de ébola.
La mayoría de las niñas afirmó que esta política les hizo sentirse abandonadas y desanimadas por no poder ir a la escuela. Describieron su frustración por no poder presentarse a pruebas académicas para las que se habían preparado.
Una niña contó a nuestro equipo de investigación: “Podría haber hecho el examen. Estudié bastante. Aunque estés embarazada, si has estudiado, deberías poder examinarte.”
Las niñas también hablaron de su frustración al tener que repetir curso después de dar a luz, por haber perdido la oportunidad de hacer el examen cuando estaban embarazadas:
“Tengo que repetir curso. Me siento mal porque veo que mis amistades pasarán de curso el año que viene”, contó una niña de 17 años a Amnistía Internacional.
La estigmatización que existe en torno al embarazo adolescente en Sierra Leona conlleva que se haga sentir vergüenza a las niñas por estar embarazadas y que a veces sufran el ostracismo o incluso abusos por parte de sus familias y profesores.
Una niña con la que habló Amnistía Internacional afirmó que había abandonado voluntariamente la escuela tras ver el trato que habían recibido sus compañeras en el pasado: “Un profesor anunció […] que la niña estaba embarazada delante de toda la escuela, le quitó la mochila (con la que la niña se estaba protegiendo el vientre) y la golpeó con una vara”.
Tengo que repetir curso. Me siento mal porque veo que mis amistades pasarán de curso el año que viene.
En mayo de 2015, ante la presión internacional y nacional, el presidente de Sierra Leona, Ernest Bai Koroma, anunció el establecimiento de un sistema educativo “puente” alternativo que permitiría a las niñas embarazadas seguir acudiendo a la escuela, pero en locales u horarios diferentes los de sus iguales.
A pesar de que este sistema paralelo ofrece a las niñas acceso a una forma limitada de educación, el presidente Koroma, en su discurso del Día de la Mujer de marzo de 2016, pareció confirmar que, en parte, se fundamentaba en estereotipos negativos de las niñas embarazadas cuando afirmó: “Continuarán recibiendo una educación formal pero no se les permitirá estar en la misma clase con otras niñas que también van a la escuela. Volvamos a lo básico y protejamos nuestros valores y nuestra cultura.”
Autoridades del ministerio de Educación contaron a Amnistía Internacional que, inicialmente, 14.500 niñas se inscribieron en el plan y que alrededor de 5.000 habían regresado al sistema público ordinario tras dar a luz. Las clases se impartían tres veces por semana, entre dos y tres horas al día. El plan de estudios era distinto al de las escuelas regulares y sólo se impartían asignaturas troncales. También se ofrecía a las niñas información y servicios de salud, tales como planificación familiar.
La mayoría de las niñas con las que habló Amnistía Internacional hicieron comentarios positivos sobre el sistema puente. Algunas niñas afirmaron preferirlo al de su escuela regular por la estigmatización a la que allí se enfrentaban.
Una niña dijo a Amnistía Internacional: “Me sentía avergonzada, en la escuela regular todo el mundo se reía de mí.”
Sin embargo, varias niñas afirmaron que, de haber podido elegir, hubieran preferido permanecer en el sistema escolar ordinario.
“Sólo nos enseñaban matemáticas e inglés, pero yo estudiaba comercio en la escuela, y eso no nos lo enseñan”, contó una niña a Amnistía Internacional.
Otra niña dijo: “Yo preferiría ir a mi escuela, porque allí me dan resultados [calificaciones de los exámenes]. Cuando dé a luz, seguiré estudiando en mi escuela; el centro de aprendizaje es sólo para cuando estoy embarazada.”
El plan puente concluyó en agosto de 2016, pero las clases alternativas para niñas embarazadas continuarán con el nuevo plan —gestionado por el ministerio de Educación, con el apoyo de UNICEF y del gobierno del Reino Unido—, que se centrará también en las niñas que hayan abandonado la escuela por diferentes motivos así como en intervenciones para ayudar a las niñas a que sigan yendo a la escuela. El nuevo plan tendrá una duración de 17 meses y empezará a aplicarse en noviembre de 2016.
Amnistía Internacional y expertos nacionales han aplaudido la atención permanente a la educación de las niñas a través de este programa. Con todo, sigue suscitando preocupación la falta de opciones para las niñas embarazadas debida a la prohibición y a que no pueden presentarse a pruebas académicas, lo que supone un incumplimiento de las obligaciones de Sierra Leona de proporcionar igualdad de acceso a una educación de calidad para todos los niños y todas las niñas.
Las escuelas especiales para niñas embarazadas no son la solución para abordar el elevado índice de embarazos adolescentes de Sierra Leona. A pesar de las recomendaciones formuladas por Amnistía Internacional, el Comité de los Derechos del Niño y organizaciones nacionales, la información sobre salud sexual y reproductiva todavía no forma parte del plan de estudios oficial. La mayoría de las niñas contaron a Amnistía Internacional que antes de quedar embarazadas no tenían conocimientos sobre planificación familiar y que habían recibido muy poca o ninguna educación sexual.
La mayoría de las niñas contaron que antes de quedar embarazadas no tenían conocimientos sobre planificación familiar y que habían recibido muy poca o ninguna educación sexual.
Una de la niñas dijo a nuestro equipo de investigación: “En la escuela, realmente no nos enseñan planificación familiar. Creen que somos demasiado pequeñas, o que es malo, o que nos animará a tener relaciones sexuales.”
Las niñas también tenían mucho miedo y recibían información errónea sobre la planificación familiar.
Una niña de 19 años que estaba embarazada de cuatro meses afirmó:
“Me puse la inyección durante uno o dos años, pero no me llegaba el periodo. Alguien nos dijo que la inyección mató una niña porque evita que tengas el periodo. Pensé que debía dejar de ponerme la inyección hasta que me llegara el periodo. No sabía dónde preguntar sobre este tema. Luego quedé embarazada.”
Las niñas que quedan embarazadas pueden enfrentar obstáculos complejos y entrecruzados para proseguir con su educación. Además de la prohibición del embarazo, los gastos escolares también preocupaban enormemente a la mayoría de las niñas con las que habló Amnistía Internacional.
En un país en el que el 72 por ciento de la población vive en una situación de pobreza extrema, esos gastos y el costo de tener un hijo o una hija pueden ser abrumadores. Además, la estigmatización relacionada con el embarazo adolescente implica que muchas familias les retiren su apoyo económico, lo que dificulta aún más a muchas niñas poder regresar a la educación regular, incluso después del nacimiento de sus hijos.
Como una niña dijo a Amnistía Internacional:
“No puedo volver a mi escuela porque no puedo pagar los gastos. Intento buscarme la vida e ir a clases particulares. Nadie me ayuda.”
“A no ser que se eliminen los obstáculos a la educación, el gobierno de Sierra Leona está dejando en la estacada a sus niñas y poniendo en peligro su futuro. De conformidad con sus obligaciones internacionales, el gobierno debe dar pasos concretos para garantizar progresivamente el acceso de todas las niñas a la educación —incluso con subvenciones para aquellas que las necesiten— como parte de su estrategia educativa”, ha declarado Alioune Tine.
A no ser que se eliminen los obstáculos a la educación, el gobierno de Sierra Leona está dejando en la estacada a sus niñas y poniendo en peligro su futuro.
“También es fundamental erradicar la estigmatización que existe en torno a las niñas embarazadas. Sierra Leona ha hecho grandes esfuerzos para abordar la estigmatización de las personas supervivientes de ébola, y debe garantizar que las adolescentes en situaciones de gran vulnerabilidad reciban la protección y el apoyo de sus profesores, familias y comunidades; en vez de que las avergüencen y las culpabilicen.”
Información complementaria
En noviembre de 2015, un informe de Amnistía Internacional estimó que hasta 10.000 niñas resultaron afectadas por la prohibición de que las niñas claramente embarazadas asistieran a la escuela y se presentaran a pruebas académicas. Diversos estudios han concluido que durante el brote de ébola se produjo un incremento de los embarazos adolescentes. Un estudio realizado en 2016 por Secure Livelihoods Consortium afirmó que las encuestas del Fondo de Población de las Naciones Unidas indicaban que 18.119 adolescentes quedaron embarazadas durante el brote de ébola.
Incluso antes de que se produjera el brote, a finales de 2013, Sierra Leona tenía uno de los índices de embarazos adolescentes más elevados del mundo, con un 28 por ciento de las niñas de entre 15 y 19 años embarazadas o habiendo dado a luz al menos una vez.
El Comité de los Derechos del Niño, en su reciente examen de octubre de 2016, instó a Sierra Leona a levantar inmediatamente la discriminatoria prohibición de que las niñas embarazadas asistan a la escuela y se presenten a pruebas académicas, y a garantizar que tanto ellas como las madres adolescentes reciben apoyo y ayuda para proseguir con su educación en escuelas regulares. Muchos otros países formularon recomendaciones similares durante el examen periódico universal llevado a cabo por el Consejo de Derechos Humanos en enero de 2016, pero Sierra Leona no las aceptó. La Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona, la coalición Educación para Todos, el Colectivo de la Sociedad Civil sobre Matrimonio Precoz y Embarazo Adolescente y el equipo de las Naciones Unidas en Sierra Leona emitieron declaraciones en 2015 en contra de la prohibición.
Excluir a las niñas embarazadas de la educación regular y de las pruebas académicas ha sido práctica habitual en Sierra Leona durante más de un decenio; no obstante, la declaración oficial de la prohibición en abril de 2015 convirtió una práctica informal y esporádica en una política gubernamental que formalizó y exacerbó el problema. Hace más de 10 años, tras el final de la guerra civil, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación formuló una recomendación imperativa, afirmando que la práctica de expulsar a las niñas embarazadas de las instituciones educativas era discriminatoria y retrograda.
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