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Federalismo educativo, en camino

Por: David Calderón

En el enfoque de derechos que hoy guía los compromisos internacionales de los que México hace parte, y que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha ido incorporando cada vez con mayor claridad, en oleadas sucesivas, se ha ido superando la idea de que los derechos sociales son sólo algo “deseable”, pero mal distribuido por razones históricas (unos tienen mejor salud, educación o desarrollo porque… pues porque siempre ha sido así).

En una visión sólida y contemporánea, el derecho a la educación ya no es como tal equivalente a “servicios educativos”; eso sería un grave empobrecimiento. Así como el acento en pedagogía ha ido pasando de la “enseñanza” al aprendizaje, el acento ha pasado de una expansión de insumos a una responsabilidad por el logro, es decir, por el alcance progresivo de un ejercicio pleno y universal del derecho. En buen castellano, hay responsabilidades específicas de los gobiernos para asegurar el ejercicio del derecho a la educación.

El último Reporte Global de Monitoreo de la Educación que publica la UNESCO (GEM Report 2017/8, disponible en https://es.unesco.org/gem report/node/1464) tiene precisamente como tema la responsabilidad educativa. El derecho de los niños y jóvenes tiene como titulares de las obligaciones principalmente a los gobiernos, que deben rendir cuentas. Entre las recomendaciones que hace el Reporte está la de propiciar una viva discusión en los medios de comunicación sobre los resultados educativos, la fácil y universal consulta de indicadores relevantes, la participación de las organizaciones de sociedad civil para emplazar a los gobiernos, evaluando los logros y desafíos.

En México, desde 1992 son las entidades de la República las que administran las escuelas; ellas, las instancias que legal y explícitamente son los empleadores de los maestros, las responsables de su formación inicial y las encargadas de sostener su aprendizaje profesional. Mucho de lo que se concreta para bien, la implementación pulcra y puntual de la Constitución y las leyes, corresponde prevalentemente a los estados.

Muchos son los gobiernos que no comenzaron su mandato en 2012, y que continuarán después de la elección federal de 2018. La Constitución y las leyes, la autonomía del INEE, el activismo desde sociedad civil no son sexenales, y no cambian al otro día de la elección o de la toma de posesión. No olvidemos que en la gran mayoría de los planteles de educación obligatoria del país habrá clase el 2 de julio en la mañana. No hay soluciones mágicas, ni cambios unipersonales. Gane quien gane, la implementación principal del currículum en el aula y del aprendizaje profesional de los maestros ocurre en los estados.

Este federalismo efectivo, que se va abriendo paso en la realidad, es justamente un movimiento de progresividad. “Cada vez más, cada vez mejor” es la consigna, porque al mejorar surgen nuevos retos; porque es genial tener mejor permanencia pero pierde sentido si no la acompaña mejor aprendizaje; porque es bueno que la promoción sea por esfuerzo y no por cuotas políticas o gremiales, pero es mejor todavía que la promoción implique un pago superior inmediato, y un apoyo formativo a los directores para su función.

Para identificar e ilustrar esas tareas de las entidades, hoy publicamos la edición 2018 del Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa a nivel estatal (ICRE) -se puede descargar libremente en www.mexicanosprimero.org-. Es un estudio que retoma los factores de inclusión en el derecho (la Permanencia, es decir, la proporción en la que cada estado del país se está logrando que cada generación llegue a la Educación Media Superior, y el Aprendizaje, la proporción en la cual, al final de la educación básica, quienes están incluidos en al escuela alcanzan el umbral mínimo de aprendizajes o más), y las responsabilidades que las leyes vigentes marcan para los gobiernos estatales en el campo educativo en aspectos críticos como preparación inicial de los maestros, inclusión desde primero de preescolar, instalaciones sanitarias y áreas deportivas y recreativas de las escuelas, carga de trabajo para los supervisores o cumplimiento del deber de nombrar y pagar tutores para los maestros que ingresan tras el concurso de selección).

El ICRE es un mapa para regresarnos todos a estudiar y subrayar qué prácticas son eficaces, visibilizarlas, tomarlas como inspiración, pues una práctica efectiva es por definición contextual y pertinente. Es una oportunidad para que los estados aprendan unos de otros, y no esperen que todas las soluciones las provea la SEP desde arriba y desde afuera. El país que soñamos es uno de resultados equivalentes, no de soluciones idénticas. El federalismo educativo auténtico, equidistante del atrincheramiento de caciques abusivos y de la languidez de los que necesitan que todo les digan cómo hacer, está echando raíces, y tiene un rostro creativo, resiliente, prometedor.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/federalismo-educativo-en-camino/

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Estados Unidos: Es decisión de las escuelas reportar a indocumentados, dice la secretaria de educación

América del norte/Estados Unidos/24 Mayo 2018/Fuente: Chicago Tribune

La secretaria de Educación, Betsy DeVos, dijo que las comunidades locales decidirán sobre reportar o no a los estudiantes sin documentos legales con las autoridades.

Durante una audiencia en el Congreso, se le preguntó a DeVos si los maestros o directores deben notificar a las autoridades sobre algún estudiante sin documentos legales.

«Creo que es una decisión de la escuela, de la comunidad local», declaró.

«Tenemos leyes y también somos compasivos y le pido a este organismo que haga su trabajo y atienda el tema y clarifique donde hay confusión».

Pero Lorella Praeli, directora de política migratoria y campaña en la Unión Americana de Libertades Civiles, rechazó la afirmación.

A través de un comunicado Praeli dijo que una escuela que tome dichas medidas violaría las garantías que otorga la Constitución de proveer educación a todos los niños.

«Seamos claros. Cualquier escuela que reporte a un menor con ICE violaría la Constitución», dijo Praeli en referencia al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

«La Corte Suprema ha dejado en claro que todo niño en Estados Unidos tiene derecho a la educación básica, sin importar su estatus migratorio», agregó.

Fuente: http://www.chicagotribune.com/g00/hoy/ct-hoy-es-decision-de-escuelas-reportar-a-indocumentados-dice-la-secretaria-de-educacion-betsy-devos-20180523-story.html?i10c.encReferrer=&i10c.ua=1&i10c.dv=14

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Hacia una escuela pública fraterna

Por: Julio Rogero

La escuela pública fraterna que queremos será posible si cada uno de nosotros y el movimiento social de transformación de la educación nos tomamos en serio la realización efectiva de la fraternidad en todas su dimensiones.

“No es que cada uno sea único y magnífico, sino que, en soledad y sin espíritu fraterno, cada uno de nosotros es bastante poca cosa, y fraternidad, mutualidad, solidaridad resultan imprescindibles para la supervivencia de la especie humana…” (Marta Sanz en La era de la posverdad)

Muchos defendemos, desde hace tiempo, que una de las revoluciones pendientes más urgentes y necesarias en nuestra sociedad es la revolución de la fraternidad y la generosidad. Entendida como nos dice el diccionario de la lengua: “Amistad o afecto entre hermanos o entre los que se tratan como tales”. La que, desde distintas perspectivas, el cristianismo y la Revolución Francesa intuyeron necesarias para la vida digna de todos los seres humanos. La libertad y la igualdad siempre han sido reivindicadas y llevadas a la práctica política y social de forma, con frecuencia, polarizada e irreconciliable entre ellas. Esa polarización enfrentada se sigue manteniendo en la vida sociopolítica de la sociedad actual. Este tema es de vital importancia en un mundo de guerra y competitividad descarnadas. La revolución de la fraternidad humana debería ser el distintivo de la nueva sociedad que hay que construir hoy como salida a la crisis sistémica que vivimos. Como nos dice Ángel Puyol (2017), es necesario llevar el derecho a la fraternidad a las leyes, porque cuando las leyes de una sociedad democrática recogen e incorporan este derecho se avanza hacia la apuesta real de la humanidad por garantizar los derechos humanos de todos y, sobre todo, de los más débiles. Este derecho exige que los seres humanos se traten entre sí como iguales, como hermanos y hermanas, como seres libres. La fraternidad es la argamasa que da cuerpo y hace posible la libertad y la igualdad juntas, sin polarizaciones. Pero vivir esta metamorfosis requiere que ella vaya impregnando la vida cotidiana, y no hay duda de su dificultad, en una sociedad que nos lleva justo a lo contrario.

Hace mucho tiempo que reflexiono sobre el papel de la fraternidad en la sociedad, con y entre los pueblos, con la vida y la madre tierra, en el sistema educativo… Pero cada día, cuando veo las noticias y cómo evoluciona nuestro mundo y la educación, me doy cuenta de la distancia entre lo que se vive en la vida cotidiana y lo lejano que queda la práctica de la igualdad-equidad, la justicia social, la libertad y la fraternidad. Entonces me invade la tentación del desánimo y de dejarlo para otro día que, posiblemente, nunca acabaría de llegar. Sin embargo, esa perspectiva utópica del querer vivir y convivir de otra manera, radicalmente diferente a la que nos imponen, me lleva a comunicar la necesidad de caminar hacia otra forma de pensar y de ser. Sabemos que no se dará de la noche a la mañana, pero reconocemos que es la dirección en la que hemos de caminar. Así, se hace necesaria una profunda metamorfosis de la convivencia humana para hacer realidad una sociedad fraterna, basada en el “derecho a la fraternidad”. Reivindicar este derecho es poner en el primer plano las carencias en el cumplimiento de los derechos humanos y de la justicia social en nuestras sociedades.

Porque los seres humanos somos “nudos en una red de relaciones” (R. Panikkar, 2008) aspiramos a que en estas se haga dominante la cooperación, la generosidad, el don, la amistad y la fraternidad. La dimensión ética de esta, junto a su dimensión política son las que nos van a llevar a hacer posible que el derecho a la fraternidad se vaya plasmando en las leyes de nuestro ordenamiento jurídico. Este está hoy al servicio de la clase dominante que no quiere renunciar a sus privilegios. Por eso se hace necesario cumplir las expectativas que genera una sociedad progresiva y profundamente democrática con un régimen político construido por todos y al servicio de toda la ciudadanía. Así se podrán eliminar las desigualdades y defender a los más débiles. La fraternidad humana como derecho es la realización de su dimensión política que exige justicia social, equidad y efectivo respeto a la dignidad humana.

Me parece más que razonable que las políticas educativas estén orientadas también por el derecho a la fraternidad, plasmándose como derecho irrenunciable en las leyes y en las estructuras educativas. Es intrínseco y constitutivo del derecho a la educación y de los derechos de la infancia.

Hacer realidad una sociedad fraterna implica la construcción del espacio educativo de la escuela como espacio de vida en fraternidad. La escuela puede ser hoy, desde una visión radicalmente diferente a la dominante, uno de los ámbitos centrales de recuperación y experimentación de la fraternidad humana como ethos, como actitud y como estilo de vida. Entonces la fraternidad se convierte en el componente esencial del cuidado, del tacto y de la experimentación de la ternura y la compasión (pasión por la vida compartida) en la escuela pública del cuidado mutuo. Es el motor de la pasión por el conocimiento descolonizado y puesto al servicio de la comunidad, de lo colectivo y de lo público. Por eso trabajar la fraternidad y el cuidado en su perspectiva global es una exigencia ineludible del cumplimiento político del derecho a la educación y los derechos de la infancia. Es aprender a vivir y convivir en la comprensión del ser del otro en un “nosotros” fraterno. Sabemos que intentarlo es ir contracorriente y vivir la fraternidad hoy solo se puede hacer en las afueras (Esquirol, 2018) y en los márgenes de lo establecido, exigido, planificado, inspeccionado, burocratizado por el poder en los centros educativos públicos. El ideal de la fraternidad es el dinamizador de la rebeldía necesaria para desescolarizar-descolonizar la escuela, para despatriarcalizarla y hacerla profundamente inclusiva.

Así es más que oportuna la metáfora de la escuela como comunidad abarcadora de toda la humanidad y sus diversidades, donde las relaciones fraternas, no exentas de conflictos, se mantienen y construyen cada día, siempre en la perspectiva del buen vivir colectivo, de la atención plena a los más pequeños y más débiles, más allá de los egos y los intereses individuales y privados de tribus y familias interesadas. Eso lo puede hacer la escuela de titularidad pública que, por ser pública, ha adquirido el compromiso de hacer efectivo el derecho de todas a la fraternidad humana y a ser lo más felices posible en ella.

En esa dirección van las propuestas y realidades que hoy se construyen en la vida cotidiana de los centros educativos cuando elaboran planes de inclusión, de convivencia, de compensación educativa y de éxito de todos, de atención a la diversidad y de transformación emancipadora de todo el contenido escolar. Cuando ponen el cuidado del cumplimiento de los derechos de la infancia en el corazón del derecho a la educación.

La escuela pública fraterna que queremos será posible si cada uno de nosotros y el movimiento social de transformación de la educación nos tomamos en serio la realización efectiva de la fraternidad en todas su dimensiones y prioritariamente en su dimensión la política como derecho.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/05/21/hacia-una-escuela-publica-fraterna/

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España: Nace la Plataforma por la Libertad Lingüística en Educación para «plantar cara al modelo plurilingüe» de la Generalitat.

Por: 20minutos.es/23-05-2018

Asociaciones y organizaciones de madres y padres de la Comunitat Valenciana han creado la nueva Plataforma por la Libertad Lingüística en Educación, que pretende defender la libertad de elección de la lengua vehicular y «plantar cara al modelo plurilingüe de la Conselleria de Educación».

El colectivo está integrado por Concapa Comunidad Valenciana, la Federación de Apas de la provincia de Alicante Escuela y Familia, Fcapa Valencia, Concapa Castellón, Defensa del Castellano, Idiomas y Educación y la Fapa Gabriel Miró de Alicante (integrada en Covapa).

El objetivo es «hacer frente común a la imposición de lenguas en el sistema educativo con un amplio y progresivo calendario de actuaciones», según afirman sus impulsores.

El primer paso, que se concretó este martes, es la creación de un modelo de recurso individual para que las familias puedan recurrir e instar la anulación del Proyecto Lingüístico que se aplicará en su centro. Este documento estará accesible en las páginas web de las asociaciones y organizaciones para que pueda descargarse.

El recurso deberá presentarse en cualquier registro de un organismo oficial o en el Prop antes del 30 de mayo de 2018. Por ello, se insta a madres y padres a que revisen si en su centro de Educación Primaria se cumple la obligación del artículo 6.3.a. de la Ley 4/2018 que establece «y al mismo tiempo, como mínimo, otra asignatura troncal» en castellano.

En el modelo de recurso, una de las alegaciones argumenta jurídicamente la no existencia de asignaturas «análogas» a las troncales en Educación Primaria, de conformidad con la legislación vigente, detallan. COMISIÓN BILATERAL Asimismo, la plataforma ha acordado, ante la creación de la Comisión Bilateral que el Gobierno ha activado sobre el articulado de la Ley 4/2018 de Plurilingüismo, reclamar a la administración central que inste a la mayor brevedad la modificación de todos los artículos que impiden el ejercicio de los derechos constitucionales de las familias y la perpetuación de los vicios del Decreto 9/2017.

En caso contrario, advierten, no se descartan actuaciones sociales y movilizaciones «más contundentes encaminadas a defender el derecho de las familias a elegir la lengua vehicular de sus hijos en la escuela, tal y como avalan las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en esta materia».

*Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3348206/0/nace-plataforma-por-libertad-linguistica-educacion-para-plantar-cara-al-modelo-plurilingue-generalitat/#xtor=AD-15&xts=467263

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Países de menos ingresos concentran esfuerzos de ONU en educación

ONU/ 22 de mayo de 2018/ Fuente: Prensa Latina

Una nueva iniciativa de la ONU, que apenas da sus primeros pasos para recaudar fondos destinados a mejorar la enseñanza en todo el mundo, se concentra hoy en los países de menos ingresos.
Por ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe una de las prioridades es Haití, donde si bien persisten numerosos problemas, los retos en términos de acceso a la educación van cambiando y ahora se trata también de aumentar la calidad de la enseñanza.

Así explicó a Prensa Latina el director del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, quien habló de cómo los avances en la educación contribuirán además a elevar el nivel en términos de fuerza laboral y mercado de trabajo.

El Fondo Internacional de Finanzas para la Educación (Ifeed, por sus siglas en inglés) busca, precisamente, cerrar las brechas que existen en ese sector entre diferentes países, indicó.

La semana pasada, en el lanzamiento de la iniciativa, Moreno destacó la necesidad de acelerar acciones para evitar que más generaciones pierdan las oportunidades de educación.

En ese sentido, enfatizó cómo millones de latinoamericanos han sido dejados atrás, por ello resulta vital centrarse en las brechas e intentar cerrarlas.

Las áreas rurales de ese continente merecen especial atención, dijo, pues allí se encuentran las mayores necesidades.

Moreno también llamó a invertir más en educación para asegurar el futuro, salir de la pobreza y aumentar las posibilidades de acceso de mujeres y niñas.

Actualmente, 260 millones de niños en todo el mundo no asisten a la escuela y si se mantienen las actuales tendencias, en 2030 unos 400 millones no tendrán acceso a la educación más allá de los 11 años, según alertó el enviado de Naciones Unidas para la Educación Global, Gordon Brown.

Un grupo que merece especial atención son los refugiados. De acuerdo con Gordon, de los fondos humanitarios de la ONU dirigidos a cubrir las demandas de esa población, solo un dos por ciento se destinan a las labores educativas.

Debemos tratar de cambiar esa situación: los refugiados no necesitan solo de techo y comida, señaló al presentar el proyecto del Ifeed la semana anterior.

Asimismo, se refirió a la situación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa, por sus siglas en inglés), una de las que priorizaba la atención y la enseñanza de los menores de edad.

Pero el recorte de fondos realizado por parte de Estados Unidos a esa entidad pone en riesgo ahora su importante trabajo, advirtió.

Según datos de la ONU, el mundo enfrenta una crisis educativa que crea en estos momentos una división amplia y persistente entre los niños que poseen acceso a las oportunidades, y aquellos que no lo tienen.

arc/ifb

Fuente de la Noticia:
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=180389&SEO=paises-de-menos-ingresos-concentran-esfuerzos-de-onu-en-educacion
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El malentendido de la gratuidad

Por: Jose Joaquín Brunner
Estamos envueltos plenamente en los malentendidos de la gratuidad que el gobierno Bachelet inscribió orgullosamente en la página de cierre de su administración, creyendo que sería la portada hacia su legado histórico. En efecto, la gratuidad heredada por la administración Piñera está llena de contradicciones y defectos, es inviable económicamente y confusa en su base ideológica.

La gratuidad se ha convertido en un agujero negro de cuyo campo gravitacional nada parece escapar.

Así, la primera medida del gobierno Piñera referida al sector educacional ha consistido en extender la gratuidad de la educación superior técnico-profesional en favor de los estudiantes pertenecientes a los hogares del séptimo decil, según la distribución del ingreso a partir del año 2019.

Para este efecto ha debido dejar sin efecto una disposición de la Ley de Educación Superior, aún antes de ser promulgada, de acuerdo con la cual sólo podía otorgarse la gratuidad a los jóvenes de dicho séptimo decil una vez que los ingresos estructurales del fisco representen al menos un 23,5% del PIB tendencial durante los dos años inmediatamente anteriores. Dado que esto no ha ocurrido, el gobierno optó por eliminar este requisito. ¡Así de simple! Y su compromiso es continuar extendiendo la gratuidad para los estudiantes de IP y CFT hasta incluir a los jóvenes del 90%.

¿Significa esto que el gobierno, y su coalición política de derechas, han descubierto repentinamente las virtudes de la gratuidad?

No parece ser así. Se trata, más bien, de una medida cuyo costo (alrededor de $20 mil millones de pesos, o 33 millones de dólares) ha sido considerado inferior a los beneficios que se espera cosechar. ¿Cuáles son éstos?

En lo inmediato, mantener el delicado balance de fuerzas en torno al Presidente dentro de la coalición oficialista. De hecho, el senador Ossandón y su corriente de la ”derecha social” declararon victoria tan pronto se anunció esta medida. Los demás partidos de la coalición gubernamental se alinearon tras la consigna presidencial —“La gratuidad ha llegado para quedarse”—, con excepción de Evópoli, que consistentemente viene postulando un modelo diferente de gratuidad.

Tácticamente, además, el gobierno anuncia esta política 48 horas antes de que los estudiantes salgan a ocupar las calles del centro de Santiago, no para proclamar su victoria con respecto a la expansión del modelo de gratuidad de la Nueva Mayoría y la administración Bachelet, sino para impugnar una gratuidad en la cual alegan ahora no sentirse representados, posición asumida también por sectores del Frente Amplio.

Evidentemente, con esta maniobra simbólica el gobierno no espera detener la movilización estudiantil, ni siquiera incidir en un menor número de movilizados. Sin embargo, a los dirigentes del movimiento les eleva la dificultad para explicar los motivos de la protesta. Ahora deberán convencer a la opinión pública de que no es esta gratuidad por la que han luchado, sino por otro modelo de gratuidad, seguramente más difícil de legitimar ante la sociedad civil.

Y en este punto ya estamos envueltos plenamente en los malentendidos de la gratuidad que el gobierno Bachelet inscribió orgullosamente en la página de cierre de su administración, creyendo que sería la portada hacia su legado histórico. En efecto, la gratuidad heredada por la administración Piñera está llena de contradicciones y defectos, es inviable económicamente y confusa en su base ideológica. Pero tiene un efecto no-buscado, imprevisto si se quiere, para sus autores y detractores: refuerza uno de los pilares del régimen mixto de provisión, al tratar por igual a todos los estudiantes e instituciones de educación superior a la hora de estructurar un nuevo modelo de costos compartidos para financiar a estas instituciones.

Luego, el argumento del Presidente Piñera sobre la gratuidad que “ha llegado para quedarse” tiene una segunda lectura menos obvia y más correcta que la del mero oportunismo ideológico o, incluso, de rendición frente al argumento del adversario.

En efecto, ese argumento dice que la naturaleza mixta de la provisión, y su economía política subyacente, están aquí para quedarse, precisamente en virtud de la gratuidad parcial establecida por la Nueva Mayoría. ¡Este es, pues, el legado! Que en la confusión creada por este malentendido, el Presidente levanta ahora frente a la oposición, elevando incluso la apuesta para incluir en este beneficio a los jóvenes de clase media que deseen estudiar en la educación técnico-profesional.

Sin embargo, el propio gobierno se halla envuelto también en este malentendido del cual nadie parece poder librarse. ¿Cómo entender, si no, su apuro por consagrar un principio de gratuidad que ha sido mal diseñado y que, en el contexto de una Ley de Educación Superior heredada de la anterior administración, representa una seria amenaza para el desarrollo sustentable de aquel sistema?

Pues seamos claros. Más allá del debate ideológico sobre el valor y significado de la gratuidad bajo diversos modelos, el actual, contenido en dicha Ley, está subfinanciado, produce daños colaterales, tiene graves problemas de sustentabilidad y necesita urgentes correcciones. Fue mal diseñado y aprobado a la carrera. Y su implementación —tal como está— amenaza con agravar todos los aspectos negativos. Partiendo por la gradual pérdida de autonomía de las instituciones, que irían haciéndose cada vez más dependientes de la voluntad de poder de los gobiernos, cualquiera sea su orientación.

Estos defectos necesitan corregirse. Por ejemplo, en el corto plazo (4 años), mientras dure este gobierno, la gratuidad cubrirá a una cuarta parte de la matrícula total de educación superior, debiendo por lo mismo establecerse un robusto y equitativo esquema masivo de becas y créditos para el 75% restante de la matrícula. De hecho, tal debió ser la primera medida que el gobierno anunciara, no una mera extensión suplementaria de una gratuidad que urge enderezar.

En seguida, el gobierno debió —y debe todavía— dar a conocer una estrategia coherente para el financiamiento mixto de la educación superior, con sus componentes de gratuidad, créditos y becas; sus fondos públicos y privados, de corto, mediano y largo plazo, destinados a las instituciones y los estudiantes.

En suma, todos nos hemos adentrado un paso más en este malentendido. El gobierno gana un punto táctico e incrementa su respaldo interno en la coalición, pero al mismo tiempo aumenta la confusión respecto de cuáles son sus propósitos.

La antigua Nueva Mayoría recién comienza a darse cuenta del verdadero desaguisado que provoca una política que, por un instante, creyó podía ser su más ilustre legado.

El movimiento estudiantil vuelve a la calle con banderas confundidas y ahora debe ir en contra de la gratuidad que un día soñó pondría en jaque al sistema.

Por último, el Frente Amplio, algunos de cuyos cuadros dieron forma a esta anómala gratuidad desde sus posiciones de influencia en el Ministerio de Educación a comienzos del gobierno Bachelet, harían bien en recordar aquella admonición de un ciudadano en la obra Ricardo III: “¡Desgraciada la tierra que gobierna un niño!”

Fuente: http://www.brunner.cl/?p=17248
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El avance contra la educación no formal (Audio)

Argentina / 20 de mayo de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: La Mar en Coche

La educación No Formal es un área creada en 1983 y funciona en casi todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo de esta área educativa fue siempre la inclusión y la formación de los ciudadanos de todas las edades garantizando el derecho a la educación permanente, pública y gratuita.

En el año 2012, la legislatura porteña aprobó la Ley de Educación No Formalque garantiza los derechos de sus trabajadores y de aquellos ciudadanos que participan de este proyecto educativo. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad aún no cumplió con la reglamentación de dicha ley.

Esta situación se vio agravada en el último tiempo, debido a la decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires de recortar la oferta educativa.

Conversamos con José López Emprin, integrante del Cuerpo de Delegados de Educación No Formal sobre la situación actual de los centros y de los trabajadores.

 

Fuente de la Entrevista:

EL AVANCE CONTRA LA EDUCACIÓN NO FORMAL

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