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Camilla Croso: «Fortalecer los sistemas públicos de educación y garantizar la gratuidad educativa son las únicas maneras de superar las desigualdades y discriminaciones estructurales de nuestras sociedades

Por ALER

En el marco de la movilización regional que impulsa la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) “¡Financien lo Justo!: Por una educación pública y gratuita para todas y todos”, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) realiza entrevistas para discutir los retos y avances en el financiamiento educativo de América Latina y el Caribe.

En ese contexto, ALER dialogó con Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación, quien subraya los mensajes clave y demandas principales de dicha movilización, por la cual se insta los Estados de la región a que cumplan sus compromisos con el financiamiento de la Agenda de Educación 2030 y la realización de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación, destinando el 6% de su Producto Interno Bruto (PIB) y el 20% de su presupuesto público total a la educación pública.

Croso señaló, asimismo, la importancia del financiamiento educativo público para garantizar la gratuidad de la educación y asegurar su calidad. “El lucro en la educación no es compatible con el derecho a la educación. Como el lucro es un fin en sí mismo, no hay compromiso de sectores que se orientan por el lucro con la igualdad, ni con la equidad, o la formación ciudadana”.

La coordinadora general de la CLADE también aborda la labor de incidencia promovida por la Campaña y redes de organizaciones de la sociedad civil aliadas, ante las Naciones Unidas y los gobiernos nacionales de la región, con miras a presionar por una mayor inversión en la educación pública. Comenta, además, la importancia de la lucha de la sociedad civil por la justicia fiscal y tributaria, destacando que mucho del dinero que se podría destinar a la educación pública hoy se pierde por prácticas de evasión fiscal o políticas tributarias que favorecen a las personas más ricas y las grandes empresas, en detrimento de los derechos de la mayoría de la población.

Escuche a continuación la entrevista completa.

Entrevista: ALER – María Cianci Bastidas
Producción: CLADE – Fabiola Munhoz y Samuel Grillo
Transcripción: CLADE- Marina González y Samuel Grillo

Fuente: http://semanalatinoamericana.campanaderechoeducacion.org/index.php/noticias/regional/95-fortalecer-los-sistemas-publicos-de-educacion-y-garantizar-la-gratuidad-educativa-son-las-unicas-maneras-de-superar-las-desigualdades-y-discriminaciones-estructurales-de-nuestras-sociedades

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Finocchiaro: «En Argentina concebimos a la educación como un derecho humano esencial»

05 Noviembre 2017/Fuente:elintransigente /Autor:elintransigente

El ministro de Educación se encuentra en la 39° Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Alejandro Finocchiaro, actual ministro de Educación, aseguró, en su discurso en la 39° Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que se desarrolla en París, que «en Argentina concebimos a la educación como un derecho humano esencial«.  «La verdadera inclusión se centra en la posibilidad del acceso al conocimiento», destacó al tiempo que aseveró que «durante mucho tiempo el Estado no dictó las políticas educativas».

En el debate de política general, el titular de la cartera se refirió a los cambios que buscan llevar adelante en materia educativa. «En Argentina concebimos a la educación como un derecho humano esencial. Es por ello que el Estado es quien debe dar cuenta de las políticas públicas educativas. Estamos recuperando la potestad de que el Estado dicte esas políticas», señaló.

«Durante mucho tiempo fueron ocupadas por otros actores del sistema, cuyos intereses y objetivos no siempre coincidían con los del todo social», continuó y detalló que en el país se destina el 6% del PBI a educación y que, pese a la inversión, «no siempre se produjeron resultados significativos». «Nuestro país hizo y continúa realizando esfuerzos para que el debate educativo sea jerarquizado. En este sentido, podemos afirmar que en 2018 tendrá lugar en la Argentina la primera reunión de ministros de Educación del G20, propiciada por nuestro país», anunció.

En la cumbre, que comenzó este martes y se extenderá hasta el próximos lunes, Finocchiaro habló ante 200 funcionarios de las áreas de educación y cultura de distintas partes del mundo. En su alocución se refirió al objetivo de Desarrollo Sostenible 4; garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

«Tiene que estar en el corazón de la agenda global. Es la fuerza de transformación que hará de los ciudadanos actores activos y comprometidos, agentes de cambio. Este es el mensaje que la Argentina trae a la UNESCO», expresó y, para finalizar destacó: «La educación nos acompaña toda la vida, nos atraviesa. Es fuente de libertad, capacidad de elegir, generadora de oportunidades. Nos permite ser protagonistas de la transformación y no simples espectadores, porque hoy la verdadera inclusión se centra en la posibilidad del acceso al conocimiento».

En tanto, se conoció que, antes de subirse al estrado, el funcionario mantuvo una reunión bilateral con la ministra de Educación de Finlandia, Sanni Grahn Laasonen, donde analizaron temas relativos a la cooperación entre los dos países, sobre todo en materia de innovación educativa y de formación docente.

Incluso, consideraron los resultados de los intercambios que se realizaron en septiembre y octubre, en los que equipos técnicos docentes viajaron a Helsinki para integrar el programa Liderazgo Finlandés en el sector educativo. «Tenemos que tener la humildad de observar las buenas prácticas de otros países, no para copiarlas literalmente, sino para ver si algunas de ellas pueden adaptarse a nuestra realidad concreta», aseguró el ministro.

Fuente de la noticia: http://www.elintransigente.com/politica/2017/11/2/en-argentina-concebimos-educacion-como-derecho-humano-esencial-afirmo-finocchiaro-464550.html

Fuente de la imagen: http://www.elintransigente.com/u/fotografias/m/2017/9/4/f768x512-419810_476001_0.jp

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¿Qué tan derecho es el derecho a la educación en México?

México / 8 de octubre de 2017 / Autor: Raquel Ahuja Sánchez / Fuente: Revista Digital Universitaria

 

La educación como un derecho humano

La reforma al artículo 3° constitucional, que se llevó a cabo en 2013, introdujo el reconocimiento de la educación de calidad como un derecho humano que, como tal, debe cumplir con los cuatro principios de los derechos humanos: universalidadindivisibilidadinterdependencia y progresividad. Si bien este artículo no tiene la intención de profundizar en aspectos jurídicos, consideramos importante recordar brevemente su significado.

La universalidad se refiere a que, al ser inherentes al ser humano, los derechos deben garantizarse para todos, sin distinciones de ningún tipo (credo, etnia, ideología, género, etcétera), ya que todas las personas son iguales en dignidad y derechos; la indivisibilidad alude a que no pueden protegerse unos derechos y otros no, pues los derechos humanos son todos derechos, no pueden priorizarse o jerarquizarse; la interdependencia refiere a la relación que existe entre los derechos humanos, por lo que de afectarse uno, se impacta sobre otros derechos (en el caso de la educación, el cual se considera un derecho clave o habilitante (Latapí, 2009), su incumplimiento afecta el acceso a otros derechos como al trabajo, la alimentación, la salud y la vivienda); por último, la progresividad significa que cada vez deben ofrecerse más y mejores condiciones para el ejercicio de los derechos, y en ningún caso debe haber regresividad o reversibilidad.1

Visto así, el derecho a la educación es para todas las personas, independientemente de su contexto o condición, y con su cumplimiento deben protegerse también otros derechos. Como en cualquier derecho humano, es el Estado el responsable de promover, respetar, proteger y garantizar su cumplimiento, esto es, diseñar las políticas públicas y acciones para hacerlos efectivos.

¿Pero qué significa el derecho a la educación? El derecho a la educación no significa solamente el derecho a ir a la escuela –que es la institución del Estado mediante la cual se ofrece educación a la población– ya que si así fuera bastaría con que se dispusieran escuelas suficientes para todos. El derecho a la educación significa tanto el acceso a la escuela como su permanencia en ella y, sobre todo, el derecho a aprender y adquirir las competencias necesarias para que se alcancen las finalidades sociales de la educación. Esto implica que la educación debe tener ciertas características.

La primera relatora especial de las Naciones Unidas para el derecho a la educación, Katarina Tomasevski (2004), definió cuatro dimensiones del derecho a la educación, las cuales se conocen como el esquema de las 4 A: asequibilidadaccesibilidadaceptabilidad y adaptabilidad. La asequibilidad se refiere a la disponibilidad de servicios educativos, que es el nivel más básico para garantizar el derecho a la educación; la accesibilidad significa el acceso efectivo a las escuelas, es decir, que no haya barreras de ningún tipo que impidan que alguien llegue y transite por la escuela; la aceptabilidad cualifica los servicios educativos, al señalar que éstos deben cumplir con determinados estándares de calidad (como maestros con formación adecuada, materiales educativos pertinentes, escuelas con infraestructura suficiente y que brinde seguridad a los estudiantes, etcétera); y, por último, la adaptabilidad, significa que los servicios educativos deben adaptarse a las características de la población y no al revés, es decir, tomar las medidas necesarias para atender con pertinencia a estudiantes migrantes, indígenas, a quienes no hablan la lengua de instrucción, a quienes presentan alguna discapacidad, etcétera.

Breve panorama del derecho a la educación en México

En México, la educación se ofrece en los siguientes tipos y niveles educativos.

Esquema 1. Estructura del Sistema Educativo Nacional


Fuente: INEE (2017a).

El sistema educativo mexicano es uno de los más grandes del mundo, con más de 30 millones de estudiantes, 1.5 millones de docentes y poco más de 240 mil escuelas o planteles en la educación obligatoria, esto es, en los tipos básico y medio superior2 (INEE, 2017a). Con estas cifras es posible ver que hemos avanzado en asequibilidad y accesibilidad de la educación obligatoria, sobre todo en educación básica. Las cifras más recientes disponibles (agosto de 2017), advierten que las tasas de matriculación3 a nivel nacional son superiores al 80% para los niños y niñas de 3 a 5 años, de 6 a 11 y de 12 a 14, y de 65% para los de 15 a 17 años; en estos grupos de edad el porcentaje de estudiantes que tiene un avance regular4 es superior a 92% (INEE, 2016a). Aunque los datos son alentadores, como es sabido, la menor cobertura educativa se tiene en las poblaciones en situación de vulnerabilidad social: migrantes, indígenas y personas con discapacidad.5

Donde, sin duda, tenemos los mayores retos –y que es en lo que se pretende enfocar lo que resta de este artículo–, es en la aceptabilidad y la adaptabilidad de la educación, es decir, en la forma como operan y funcionan las escuelas.

Condiciones escolares de las escuelas primarias6

Cuando hablamos de condiciones escolares probablemente pensamos en equipamiento como computadoras, pizarrones electrónicos, materiales multimedia y espacios escolares “de primera”: laboratorios equipados, biblioteca con acervos diversos, auditorios, canchas para practicar múltiples deportes; esto es porque consideramos que otras condiciones básicas “están dadas”. Pero probablemente sorprenda a muchos saber que la mitad de las escuelas primarias del país tienen menos de seis maestros, es decir, no hay maestros para atender en grupos separados a estudiantes de un mismo grado, es más, una de cada ocho escuelas primarias generales o indígenas del país sólo tienen un docente, que es el maestro de todos los estudiantes de los seis grados y además el director de la escuela –este último dato no considera las escuelas de modalidad comunitaria, que son en su gran mayoría unitarias– (INEE, 2016a).7

Otros datos que reflejan las condiciones en que operan las escuelas primarias en México son los siguientes: el 45% de las escuelas tiene los servicios básicos de agua, luz y drenaje; al 13.7% de escuelas les faltan aulas para atender a todos los grupos; el 18.7% no tiene tazas sanitarias para uso exclusivo de estudiantes. A uno de cada cuatro grupos de los últimos tres grados de primaria, les falta pizarrón en su salón de clases o el que tienen no funciona adecuadamente; poco más de un tercio de escuelas cuentan con libreros o estantes adecuados para guardar y exponer los materiales de la biblioteca escolar; en menos de una de cada cuatro escuelas hay acceso a internet para todos los miembros de la comunidad escolar; sólo uno de cada tres docentes que imparten la asignatura de lengua indígena, cuentan con el libro para el maestro de esa asignatura, y sólo en uno de cada cuatro grupos de estudiantes de 4°, 5° y 6° grado que cursaban esta asignatura los estudiantes recibieron el libro de texto (INEE, 2016c, 2016d y 2016e).8

Lo anterior ocurre porque no se han distribuido de la misma manera los recursos, porque contrario a un principio de equidad que llevaría a que el Estado ofreciera los mejores recursos a las poblaciones más desfavorecidas, ha tendido a concentrar las mejores condiciones en las zonas urbanas, donde en efecto hay más estudiantes, pero también es donde los niños y niñas tienen más oportunidades extraescolares para aprender. En cambio, en el campo, en las localidades pequeñas y dispersas y en las comunidades indígenas, es donde hay las mayores carencias educativas, incluso en algunas regiones no hay ni siquiera escuelas, por lo que los niños tienen que caminar diariamente a otras localidades para poder estudiar. Mostremos tres gráficas para apreciar estas diferencias.

Gráfica 1. Porcentaje de grupos de 4°, 5° y 6° de primaria donde todos los estudiantes tienen mueble en buenas o regulares condiciones para sentarse y escribir: nacional y por tipo de escuela


Fuente: INEE (2016c).
Informante: Docente/LEC.

 

 

Gráfica 2. Porcentaje de grupos de 4°, 5° y 6° de primaria según la proporción de estudiantes que cuenta con un juego completo de libros de texto: nacional y por tipo de escuela

Fuente: INEE (2016c).
Informante: Docente/LEC.

 

 

Gráfica 3. Porcentaje de escuelas que reportaron estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales y escuelas donde se informó que se cuenta con apoyo de personal especializado* para su atención: nacional y por tipo de escuela**

Fuente: INEE (2016c).
Informante: Director.
*Psicólogo, terapeuta de lenguaje, especialista en discapacidad, asesor pedagógico, apoyo de USAER.
**Se excluyen de la gráfica las escuelas comunitarias.

 

Las gráficas anteriores permiten notar que las mayores carencias de condiciones escolares están en las escuelas comunitarias, indígenas y generales multigrado, y que las brechas entre los distintos tipos de servicio son amplias, lo que muestra la manera tan desigual con que opera la educación en nuestro país.

Con la finalidad de orientar políticas educativas que aseguren un “piso mínimo común” de oportunidades educativas para todos los estudiantes del país, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) diseñó la Evaluación de condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje (ECEA), la cual utiliza como referente un marco básico de condiciones sobre cómo y con qué deben funcionar mínimamente todas las escuelas en México, con base principalmente en lo que la misma normatividad y la política educativa establecen. Este marco básico está conformado por siete ámbitos y 21 dimensiones (ver tabla 1).

Tabla 1. Ámbitos y dimensiones que incluye la ECEA


Una descripción muy sucinta de lo que evalúa la ECEA se puede encontrar en: http://www.inee.edu.mx/images/stories/2015/ecea2015/ECEA21201.pdf.

Los cuatro primeros ámbitos se refieren a recursos que, en el caso de las escuelas públicas del país, el Estado provee, es decir, corresponde a la autoridad educativa la responsabilidad de asegurar su cumplimiento. Los últimos tres ámbitos son procesos cuya responsabilidad principal recae en las propias comunidades escolares, aunque se reconoce que existe una interrelación entre ellos (por ejemplo, si la escuela no cuenta con espacios físicos para el trabajo colaborativo entre docentes, que es una condición de infraestructura, se afectará el trabajo colegiado, que alude a una condición de organización escolar). Al referirse a condiciones básicas o mínimas, el marco básico de la ECEA es indivisible, lo que significa que debe asegurarse el cumplimiento de todas y no sólo de algunas de las condiciones.

Reflexiones finales

El derecho a la educación es más que el acceso y disponibilidad de servicios educativos; incluye la calidad de las condiciones y servicios con que se ofrecen. Ir a la escuela es necesario, pero no suficiente para el ejercicio pleno de este derecho, que implica en última instancia el derecho a aprender cosas relevantes para la vida.

En general en México, las escuelas en los contextos más pobres son las que tienen condiciones más precarias y ofrecen menor bienestar y oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes; a estas escuelas no sólo no se les provee de mayores apoyos para subsanar las desventajas sociales, sino que ni siquiera se les da lo mismo que a otras ubicadas en contextos más favorables. Esto muestra la inequidad y la desigualdad en la oferta educativa.

Las escuelas deben ofrecer igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, cuando menos deben asegurar condiciones básicas para funcionar. Las condiciones básicas son “irreductibles”, y por tanto necesarias para la enseñanza y el aprendizaje; por ello deben atenderse en conjunto y para todas las escuelas. De lo contrario el derecho a la educación seguirá siendo un privilegio de algunos y no un derecho de todos.

 

1 Existe múltiple literatura sobre este tema, en la bibliografía se incluyen dos referencias con acceso digital tanto para una lectura ligera sobre el tema (texto de la CNDH) como para una más especializada (Vázquez y Serrano, s/f).

2 En 2012 se declaró obligatoria la educación media superior en el país.

3 La tasa de matriculación es un indicador que se refiere al porcentaje de niños, niñas y adolescentes de cada grupo de edad que está matriculado en la escuela, independientemente del nivel educativo y grado.

4 El avance regular es un indicador que considera los niños, niñas y adolescentes matriculados en el grado escolar ideal de acuerdo a su edad o en uno inferior o uno superior.

5 Muestra de ello es que, en tanto a nivel nacional, la escolaridad de la población de 15 años y más es de 9.4 años, para ese mismo grupo de edad en la población jornalera agrícola migrante es de 4.5, para la población hablante de una lengua indígena de 5.7 y para las personas con discapacidad de 5.1 (INEE, 2016b2017b y 2017c).

6 El nivel educativo de primaria es el que tiene el mayor número de escuelas, docentes y estudiantes del sistema educativo mexicano.

7 Esto no necesariamente es así por insuficiencia de docentes, pero sí porque se anteponen criterios de eficiencia (número de estudiantes por docente) a los pedagógicos y de justicia social.

8 Para las poblaciones indígenas es un derecho humano recibir educación en su propia lengua.

Bibliografía

Meet the Dolls. Camry (2017). Naturally Perfect Dolls. Recuperado de <https://www.naturallyperfectdolls.com/pages/camryn>.

Comisión Nacional de Derechos Humanos (2016). Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. México: autor. Disponible en: <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-Principios-universalidad.pdf>.

INEE (2016a). Panorama Educativo de México 2015. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación básica y media superior. México: INEE. Disponible en: <http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/114/P1B114.pdf>.

INEE (2016b). Directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes. México: INEE. Disponible en: <http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/F/103/P1F103.pdf>.

INEE (2016c). Reporte general de resultados de la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA) 2014 / Primaria. México: INEE. Disponible en: <http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/ecea/resultadosECEA-2014actualizacion.pdf>.

INEE (2016d). Infraestructura, mobiliario y materiales de apoyo educativo en las escuelas primarias. ECEA 2014. México: INEE. Disponible en: <http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/244/P1D244.pdf>.

INEE (2016e). La Educación Obligatoria en México. Informe 2016. Capítulo 2: Condiciones escolares para la enseñanza y el aprendizaje en la educación primaria. México: INEE. Disponible en: <http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/241/P1I241.pdf>.

INEE (2016f). Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje desde la perspectiva de los derechos humanos. Documento conceptual y metodológico. México: INEE. Disponible en: <http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/E/201/P1E201.pdf>.

INEE (2017a). Principales cifras. Educación básica y media superior. Inicio del ciclo escolar 2015-2016. México: INEE. Disponible en: <http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P2/M/108/P2M108.pdf>.

INEE (2017b). La educación obligatoria en México. Informe 2017. Capítulo 3: Oportunidades educativas de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. México: INEE. Disponible en: <http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/242/P1I242.pdf>.

INEE (2017c). Breve panorama educativo de la población indígena. Día Internacional de los Pueblos Indígenas. México: INEE. Disponible en: <http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P3/B/107/P3B107.pdf>.

Latapí, P. (2009). El derecho a la educación: su alcance, exigibilidad y relevancia para la política educativa. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 14(40). Disponible en: <http://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php?idm=es&sec=SC03&&sub=SBB&criterio=ART40012>.

Tomasevski, K. (2004). Indicadores del derecho a la educación. Revista IIDH, 40. Disponible en: <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-instituto-interamericano-dh/article/view/8220/7368>.

Vázquez, L. D. y Serrano, S. (s/f). Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3033/7.pdf>.

Fuente del Artículo: 

http://www.revista.unam.mx/vol.18/num7/art52/index.html#sdfootnote0sym

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CLADE lanza sistema de monitoreo del financiamiento del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe

PRENSACLADE

La plataforma virtual compila datos del financiamiento educativo público en 20 países de la región referentes al período 1998 a 2015. La información disponible está organizada en tres dimensiones de análisis (esfuerzo financiero público, disponibilidad de recursos por persona en edad escolar y equidad en el acceso escolar)

Para que la ciudadanía pueda exigirle a los Estados una inversión en educación pública continua y suficiente, es importante tener a mano datos y análisis de cómo se da el financiamiento de la educación a lo largo del tiempo. Pensando en esa necesidad, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) pone a la disposición el Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe.

Esta plataforma, que cuenta con el apoyo de Oxfam Novib, Oxfam IBIS y la Alianza Mundial por la Educación (GPE, por su acrónimo en inglés), presenta datos comparativos y análisis sobre el financiamiento educativo público en 20 países de la región. La información recopilada puede ser consultada de manera individual para cada país, o de modo comparado a nivel regional. Asimismo, se organiza en tres dimensiones de análisis: esfuerzo financiero público, disponibilidad de recursos por persona en edad escolar y equidad en el acceso escolar.

La primera dimensión (esfuerzo financiero público) se refiere a la cantidad global de recursos que cada país asigna al sistema educativo público, como parte del presupuesto total del gobierno y de la riqueza nacional (Producto Interno Bruto – PIB). La segunda dimensión (disponibilidad de recursos) se centra en observar los recursos públicos disponibles para cada persona en edad escolar. Es una medida per cápita del presupuesto educativo disponible, teniendo en cuenta no solamente a quienes se encuentran en la escuela, sino también a aquellas personas que aún no han sido incorporadas al sistema educativo, considerándose la pre-primaria, primaria y secundaria.

La tercera dimensión, a su vez, aborda la perspectiva de la equidad en el acceso escolar, en particular observando la diferencia entre las tasas de asistencia escolar del quintil de ingresos más altos y del quintil de ingresos más bajos de la población de cada país. Esta dimensión trata de aproximarse a las desigualdades históricas que han operado en nuestros sistemas públicos de educación, debido, entre otras razones, a una inadecuada disponibilidad de recursos que garanticen el acceso a la educación en condiciones de igualdad para todas las personas.

Explorar la distancia entre los valores de un determinado país y los valores de referencia internacional, en indicadores concretos sobre el financiamiento de la educación, puede ser una herramienta útil de reivindicación y presión política ante los gobiernos nacionales. “Con esta iniciativa queremos contribuir a realizar una incidencia política desde la sociedad civil en base a evidencias y datos concretos, y así abrir caminos para lograr una financiación adecuada para la educación pública, gratuita, laica y de calidad en nuestra región”, explica Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE.

Los datos utilizados provienen de organismos internacionales – Banco Mundial, Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL), Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – y son los más recientes disponibles en esas bases de datos. Sin embargo, es de lamentar que algunos países de la región no reporten sus datos de los últimos años en algunas de las dimensiones analizadas o, incluso, no permitan que la población tenga acceso a la mayoría o la totalidad de la información necesaria para realizar un seguimiento del financiamiento del derecho humano a la educación.

Analizando los datos que se presentan en el Sistema, se puede resaltar que entre los 20 países de América Latina y el Caribe, solo Bolivia (desde el 2002), Brasil (únicamente en el año 2013, luego de un incremento constante de inversiones en el período 2004-2013), Costa Rica (desde 2009), Cuba (en todos los años con datos disponibles, o sea, de 1998 a 2010) y Venezuela (2009) han logrado que su gasto educativo alcance el 6% de su PIB, que es el valor de referencia acordado para este indicador en la Agenda de Educación 2030 y confirmado por los Estados de América Latina y el Caribe en la Carta de Lima (2014). Con relación al compromiso firmado por los Estados de la región, en estos mismos documentos, de dedicar como mínimo el 20% de su presupuesto público total a la educación, de acuerdo a los datos disponibles, apenas seis países (Bolivia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua y Venezuela) superaron este monto en algunos de los trienios del período analizado. Costa Rica es el único país que lo superó en todo el período observado.

Respecto a la dimensión de la disponibilidad de recursos públicos por persona en edad escolar, es importante mencionar que ocho países de América Latina y el Caribe han incrementado de forma importante sus recursos en el período considerado en el estudio, presentando los valores más altos: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, todos están muy por debajo del valor de referencia establecido para esta dimensión, que es de US$7.221,6 por persona en edad escolar al año. Ese valor representa el promedio de inversiones por persona en edad escolar de la mitad de países de menores ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2010.

El país mejor situado en esta dimensión es Costa Rica, que destinó US$3.860,11 por persona en edad escolar al año, en el trienio 2013-2015, suma que apenas supera la mitad de la referencia establecida para la dimensión. Los demás países de América Central están en una banda de muy bajas inversiones por persona en edad escolar, llegando al extremo caso de Nicaragua, donde fueran destinados US$371 por persona en edad escolar al año (alrededor del 5% del valor de referencia) entre 2010 y 2012.

Finalmente, en la dimensión de equidad en el acceso escolar, sobresale la situación de Bolivia, República Dominicana y Perú, donde casi no hay diferencia entre las tasas de asistencia escolar de los dos quintiles analizados. A su vez, los países con una desigualdad más marcada son El Salvador, Honduras, México y Uruguay.

Además de los datos y análisis disponibles en el Sistema de Monitoreo, la CLADE preparó un documento que invita a reflexionar sobre elementos de la coyuntura de la región que preocupan y apuntan hacia retrocesos respecto a la movilización de recursos en los países, para la garantía de la educación pública. Ese escenario se presenta pese a que en el 2015 los Estados hayan adoptado las Agendas de Desarrollo Sostenible y de Educación 2030, con las cuales se comprometieron a incrementar los recursos dedicados a la educación, con miras a cumplir las metas educativas acordadas.

El lanzamiento del Sistema de Monitoreo ocurre en el marco de la primera Semana Latinoamericana por el Derecho a la Educación, que tiene como lema “¡Financien lo justo! Por una educación pública y gratuita para todos y todas”. Esa movilización se inicia en el marco de la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas y del aniversario de adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda de Educación 2030, y tendrá actividades de movilización e incidencia por más recursos para la educación pública, gratuita y de calidad para todas y todos hasta julio de 2018, cuando se realizará en Nueva York el Foro Político de Alto Nivel de la ONU, la plataforma internacional para el seguimiento y revisión del cumplimiento de los ODS.

Para acceder al Sistema de Monitoreo, visite: http://monitoreo.campanaderechoeducacion.org/

Fuente: Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación –CLADE

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Justicia paraguaya rechaza prisión para estudiantes

Paraguay / 24 de septiembre de 2017 / Autor: Juan Cáceres Troche / Fuente: HispanTV

Estudiantes secundarios de Paraguay muestran su descontento con el actuar de la Fiscalía. Dirigentes juveniles fueron imputados tras la toma de colegios.

De esta forma, alumnos secundarios festejaban que el juzgado de la ciudad de Fernando de la Mora, una de las ciudades más pobladas de Paraguay, rechazaba el pedido de prisión a dos alumnos presentado por la Fiscalía. El Ministerio Público imputó a dos dirigentes por coacción, resistencia y privación de libertad tras la toma de colegios.

Abogados de grupos de derechos humanos siguen de cerca el caso. Ellos afirman que el fiscal interviniente no presentó las pruebas. Los estudiantes no confían en el trabajo de la Fiscalía y exigen una investigación más trasparente. Asimismo siguen exigiendo a las autoridades de educación que aumenten el presupuesto.

El conflicto educativo no llega a un acuerdo total entre estudiantes y autoridades. Analistas afirman que el más reciente aumento debía ser destinado a calidad educativa y no a salarios.

Las protestas estudiantiles seguirán, según los dirigentes. Los alumnos insisten en sus pedidos de aumentar el presupuesto para mejorar la calidad de educación paraguaya, considerada como una de las más bajas en la región.

https://www.youtube.com/watch?v=Ikrc8rsNYBQ

 

Fuente:

http://www.hispantv.com/noticias/paraguay/353979/estudiantes-secundarios-justicia-paraguaya-prision

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Unión Europea: Bruselas elevará a 86 millones su ayuda humanitaria para facilitar la educación a menores en conflictos

Europa / 24 de septiembre de 2017 / Autor: Europa Press / Fuente: Cuatro

La Comisión Europea se ha comprometido este miércoles a destinar más de 86 millones de euros de su ayuda humanitaria para facilitar la educación, formal e informal, a menores en conflictos en 2018, elevando así del 6 al 8% el presupuesto humanitario europeo para esta prioridad, frente al 3% destinado de media a nivel mundial.
«Apoyando la educación, estamos haciendo la mayor inversión que podemos hacer en el futuro de los más vulnerables. Estamos invirtiendo en la paz», ha justificado el comisario de Ayuda Humanitaria y Respuesta a Crisis, Christos Stylianides, que ha anunciado el nuevo compromiso europeo durante un acto de alto nivel sobre Educación organizado en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.
Alrededor de 75 millones de niños que viven en países afectados por los conflictos y los desplazamientos forzosos no tienen acceso a una educación de calidad.
Stylianides ha insistido en que se trata de «dar a los niños en algunas de las situaciones más difíciles en el mundo una oportunidad para el futuro» y ha defendido que la educación «es mucho más que un derecho humano o una necesidad básica». «Es seguridad, dignidad y un escudo frente a la radicalización», ha esgrimido.
La partida de 86 millones de euros que el Ejecutivo comunitario destinará a facilitar la educación a menores en situaciones de crisis tanto formal como informal –incluido la Formación Profesional, la adquisición de destrezas, actividades recreativas y apoyo psicológico–, se canalizarán a través de las ONG, las agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales para apoyar a los más vulnerables.
Varios proyectos se centrarán específicamente en dar acceso a la educación a las niñas y también se facilitará de material escolar para alumnos y nuevos espacios de aprendizaje, así como apoyo y formación para profesores y padres.
La UE ha venido aumentando en los últimos años la partida de ayuda presupuestaria que destina a la educación en emergencias, que ha pasado del 1% en 2015, al 6% en 2017 y subirá al 8% en 2018.
La ayuda comunitaria ha beneficiado a cuatro millones de menores y profesores entre 2012 y 2016 en 50 países en África, Asia, Oriente Próximo, Latinoamérica, entre ellos, Venezuela, Colombia, Haití, El Salvador, Afganistán, Somalia, Libia, Jordania, Líbano, Turquía y Siria.
La UE puso en marcha en marzo su mayor programa humanitario para apoyar la educación en países en conflicto, dotado de 34 millones de euros y que condiciona transferencias de ayuda a que los refugiados sirios en Turquía vayan a la escuela. Se espera que beneficie a 230.000 menores refugiados ir a la escuela.
Fuente de la Noticia:
http://www.cuatro.com/noticias/internacional/Bruselas-humanitaria-facilitar-educacion-conflictos_0_2438626135.html
Fuente de la Imagen:
http://www.semana.com/educacion/articulo/el-peligro-de-los-ninos-sirios-para-estudiar/445458-3
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