La violencia sustituye al derecho internacional

Por: Raúl Zibechi

 

El ingreso por la violencia de policías ecuatorianos en la embajada de México en Quito, marca un punto de inflexión en las relaciones internacionales en América Latina. Ciertamente, no es la primera vez que sucede algo similar. Las embajadas han sido violentadas en varias ocasiones, en particular por regímenes autoritarios como sucedió en Montevideo en 1976, cuando militares de la dictadura ingresaron a la embajada de Venezuela para secuestrar a un presa política que había escapado de sus captores.

Pero es la excepción. Ni siquiera las dictaduras de Pinochet y Videla se atrevieron a invadir embajadas. En las de Chile se refugiaron miles de militantes perseguidos cuyas vidas estaban en peligro. Durante los 17 años del gobierno militar chileno las embajadas fueron respetadas. El ex presidente argentino Héctor Cámpora estuvo tres años asilado en la embajada de México en Buenos Aires, recinto que nunca fue invadido por la genocida junta militar.

La irrupción en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas marca una ruptura, sobre todo por la escasa reacción en la región y el mundo, que se limita a meras declaraciones. Vamos hacia la normalización de la violencia y de la militarización, el modo elegido por los de arriba para resolver todos los problemas, desde los sociales hasta los económicos.

Sin embargo, creo que la gravedad de los sucesos de Quito, de la mano del presidente Daniel Noboa, radican en el contexto geopolítico en el que se producen.

En primer lugar, la proliferación de guerras que ya se venían multiplicando desde la crisis de 2008 y la Primavera Árabe: Libia, Siria, Yemen, Afganistán, entre las más evidentes. Luego, desde la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra de Israel en Gaza, asistimos a una escalada de guerras en las que aparecen directamente involucradas las principales potencias nucleares.

Esto resulta tan evidente como la creciente insensibilidad de las clases dominantes hacia los sufrimientos de las poblaciones, algo que rompe los ojos en relación con el pueblo palestino.

En segundo lugar, América Latina parece estar en el centro de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China-Rusia por la hegemonía en la región. Según el think tank francés Laboratorio Europeo de Anticipación Política (LEAP), Asia y África ya viven una realidad multipolar, en la cual las potencias citadas tienen una presencia importante, además de India en Asia e Irán en Oriente Medio.

Sin embargo, América Latina aún presenta una relación de fuerzas distinta, que favorece el unilateralismo de Washington, por lo que el LEAP concluye que será la principal región en disputa. El editorial de su Boletín 180, de diciembre de 2023, señala sobre América Latina: “Considerada durante mucho tiempo el patio trasero de Estados Unidos, y más recientemente objeto de una activa estrategia de influencia por parte de China, camina ahora en la cuerda floja, a veces intentando forjarse un destino más autónomo, como Brasil, o capaz de inclinarse hacia uno u otro lado. La elección de Javier Milei, un libertario americanista, en Argentina, que debía unirse a los BRICS a finales de año, es la encarnación de este juego de influencias en curso, que se acentuará en los próximos años” (https://geab.eu/es/magazine/geab-180/).

A la elección de Milei debe sumarse al derechista Noboa en Ecuador, la perspectiva de un gobierno también derechista en Chile, la agudización de la disputa interna en el MAS de Bolivia que debilita a las fuerzas progresistas y el posible retorno de Bolsonaro al poder en Brasil.

Lo más notable es la reciente deriva pro-estadounidense del gobierno de Milei. La general Laura Richardson en su reciente vista a Argentina, señaló la necesidad de que ambos países desplieguen sus fuerzas armadas en Tierra del Fuego, por ser una zona estratégica “para el transporte internacional” y como “puerta de entrada a la Antártida”.

De modo que el reposicionamiento de Washington en la región tiende a consolidarla como espacio privilegiado de sus intereses globales, lo que augura una creciente competencia geopolítica pero, sobre todo, una tendencia aún mayor a la militarización.

Es la hora de que hablen los pueblos. En Estados Unidos y en Europa se han registrado contundentes movilizaciones exigiendo un cese el fuego de Israel y Hamas. Esto ha llevado al gobierno de Joe Biden a mostrar una pequeña fisura en sus relaciones con Israel, aunque sigue siendo el primer país en suministrarle armas. Pero lo más notable es la creciente movilización de la sociedad israelí en contra del primer ministro Netanyahu. No debe olvidarse que la movilización de la juventud estadounidense fue decisiva para poner fin a la guerra en Vietnam, en la década de 1960.

Por lo mismo, creo que las sociedades civiles latinoamericanas tienen la llave para frenar la corriente militarista ahora dominante. Sin embargo, para poder jugar un papel decisivo en los escenarios nacionales, regional y global, los pueblos deben superar la dependencia política e ideológica que vienen mostrando respecto a los gobiernos y partidos progresistas.

Fuente de la información e imagen:  https://desinformemonos.org

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El poder y el derecho internacional público

Franklin González*

“El que quiera luchar hoy contra la mentira y la ignorancia difundiendo la verdad, tendrá que vencer al menos cinco dificultades. Deberá encarnar el valor de escribir la verdad aunque se la desfigure por doquier; la inteligencia necesaria para descubrirla; el arte de hacerla manejable como arma; saber a quién confiarla y tener la astucia indispensable para difundirla” (Bertolt Brecht).

Hoy se discute en el terreno de la disciplina de las relaciones internacionales sobre la vigencia y aplicación del conjunto de normas jerarquizadas y coordinadas que se aplican a las relaciones externas entre sujetos soberanos, es decirentre Estados y otros sujetos de derecho internacional como las organizaciones internacionales o en otros términos, lo que se denomina Derecho Público Internacional (DPI), el cual ha atravesado por distintos momentos. Va desde la Paz de Westfalia de 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años en Alemania; pasando por la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945, donde los Estados establecieron las “reglas de juego” en las relaciones internacionales; los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales, piedra angular del derecho internacional en cuestiones humanitarias; la declaración de París de 1856 sobre la guerra en el mar; la Convención de Viena de 1961, que regula las  relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados que establece que todas las controversias internacionales deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad como los principios de la justicia y el derecho internacional. Todos estos acuerdos han sido muy relevantes para sentar las bases de este corpus normativo en la actualidad.

Se parte del principio que el DIP está consagrado, en su máxima expresión, en la ONU, como garante de la igualdad jurídica entre los Estados en independencia de su ubicación, tamaño e importancia.

En estas reflexiones analizaremos las relaciones entre dos variables: el poder y el derecho público internacional y luego establecernos sus conexiones a propósito de las actuales circunstancias que se viven en el mundo.

Pactum societatis o pactum subiectionis

“Entre los individuos, como entre las naciones, el    respeto al derecho ajeno es la paz” (Benito Juárez, 1867

Como sabemos en las relaciones internacionales existen muchas formas de resolver los conflictos entre los países y las naciones.

Una, la hobessiana (de Thomas Hobbes), que partiendo de su visión negativa del ser humano, asume que todo debe resolverse a través de la fuerza y de la imposición del “más fuerte”. Las únicas “reglas de juego” y de convivencia que se respeta es el de la “naturaleza” que vive de la guerra y de un juego de “suma cero”, donde unos ganas -los poderosos-, y otros pierden -los débiles-. Aquí se hablaría de enemigos. Ha existido y seguirá existiendo para siempre y es la que con frecuencia violenta las normas y/o leyes que deben regular el comportamiento de los Estados y gobiernos en el escenario internacional y levanta la máxima de que cada “Estado es libre de perseguir sus fines en relación con otros, sin restricciones morales o legales superiores a las que quiera imponerse el propio Estado” (Rodríguez Hernández, Leyde Ernesto Generalidades de teoría de las relaciones internacionales sobre seguridad internacional: 1).

Dos, existe otra forma de resolver los conflictos y las diferencias, fue la se dieron todos los Estados al firmar, el 26/06/1945, la Carta de las Naciones Unidas. Allí bajo la concepción liberal lockeana (de John Locke) o grociana (de Hugo Grocio), se establece el respeto a la soberanía, independencia y autodeterminación de las naciones y se contempla que las controversias deben resolverse de forma pacífica y en correspondencia con los estatutos establecidos para tales efectos. Es decir, se establecieron las “reglas de juego” en el comportamiento internacional bajo los principios del Derecho Público Internacional. Aquí se hablaría de rivales

También se encuentra la visión “idealista” o “universalista” representada por Immanuel Kant, que establece el desiderátum de lo que debería ser el comportamiento internacional entendido desde la cooperatividad y no desde la política del conflicto o del uso de la fuerza. En este sentido, se le dará importancia a los derechos y obligaciones legales internacionales (derecho internacional) y a la armonía natural del interés nacional como regulador de la paz internacional. Aquí se hablaría de amigos.

Estas tres concepciones consideran que los estados buscan el poder en un juego eterno y se inscriben dentro de lo que Robert Cox llamaría “teorías de  resolución de problemas”, esto es, pretenden mantener el statu quo dominante. (Cox, Robert W. “Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales: más allá de la teoría de las relaciones internacionales”:150-159). Pero Robert Cox también habla de las concepciones que buscan el cambio y la transformación y en este sentido se encuentra la concepción marxista que plantea la superación de la tradicional concepción estatocéntrica existente en esta disciplina. A partir de la noción de clase social como actor transnacional, de la noción de la lucha de clases y de la existencia de las contradicciones, se introduce una nueva manera de enfocar los asuntos en la arena internacional. El Estado como producto de las relaciones antagónicas entre las clase sociales, juega papel en la política internacional pero como actor secundario. El nivel de análisis sería el de Sociedad Mundial, es decir, se parte del concepto de totalidad como unidad de los fenómenos de la realidad social considerada globalmente. El marxismo ve a la sociedad en perpetuo cambio, en constante transformación.

Finalmente, en el texto (2017: 17-19) Así se domina el mundo. Desvelando las claves del poder mundial, del Coronel del Ejército español Pedro Baños, se sostiene que el mundo de hoy es como un patio de colegio donde se encuentran los estudiantes que domina y los que son dominados.

Y ciertamente, al recordar los años de estudios en nuestras escuelas y liceos, viene a la mente los alumnos que eran líderes natos e impuestos, los que se aliaban por razones de conveniencias, los que pasaban inadvertidos, los que destacaban por tus talentos académicos, culturales o deportivos y los que gozaba de un respeto por todos sus compañeros.

Como conclusión de esta parte digamos que en la esfera internacional es fácil distinguir entre el pactum societatis (pacto de asociación) o pactum subiectionis (pacto de sumisión). De allí que sea importante conocer las singularidades de los sujetos de estos entornos para poder comprender ciertas actuaciones y escenarios.

El Poder

«Meter a alguien en la prisión, mantenerlo en prisión, privarle de alimento, de calor, impedirle salir, hacer el amor (…) ahí tenemos la manifestación de poder más delirante que uno pueda imaginar» (Michel Foucault).

Maquiavelo considera la política como la búsqueda del poder a cualquier costo, con total independencia de toda consideración moral, lo cual es en gran medida ajustado a la realidad. Es la virtú que en el lenguaje del florentino significa precisamente la voluntad de alcanzar el poder.

El principal aporte de Maquiavelo, para unos estudiosos, fue la separación contextual de la política -a la cual le dio una autonomía plena y total- frente a la moral, sembrando así unas bases sólidas de una ciencia del poder o al menos de una técnica del poder. Para otros, habría fundado una nueva ética social en concordancia con el individualismo moderno; que se pueden encontrar en las lecturas de El Príncipe y también en los Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio.

En todo caso, Maquiavelo abogaría por la preservación del poder político por encima de cualquier consideración de orden ético; sus reflexiones y análisis sobre la naturaleza del poder político y sobre las distintas maneras de conservarlo fueron el producto de su propia experiencia durante la época en que se desempeñó como canciller o diplomático de Florencia. Afirmaba que para que un gobierno sea efectivo, no interesa en modo alguno el Estado deseable, que debiera existir sino el que existe. Expresaba al mismo tiempo que había “que preocuparse de cómo viven los hombres y no de cómo deberían vivir; quien abandona el estudio de lo que se hace para indagar lo que debería hacerse está preparando su ruina más que su preservación”(https://labrecha.me/opinion/escritores-en-la-brecha/fernando-de-la-fuente/y-maquiavelo-que-dice-del-poder-y-la-autoridad/); además insistía en que la fuerza es el origen del poder y pasa por encima de las razones y de los pactos entre pares.

Para Michel Foucault el poder no es simplemente reprimir o prohibir. El poder es algo intrínseco de los vínculos sociales y, por tanto, es algo que está insertado en todas las relaciones sociales que establecemos: padres-hijos, profesor-alumno, médico-paciente, carcelero-preso, etc. De allí que para este autor el poder baja del pedestal del Estado y se establece a través de las relaciones que unas personas ejercen sobre otras en la vida cotidiana.

Así pues, el poder se ejerce y varía dependiendo del rol y la situación. En ocasiones, seremos sujetos que ejerzan poder. Por ejemplo, si somos profesores y lo ejercemos sobre los alumnos y alumnas. En otros casos, estaremos en la otra parte de la relación (como cuando vamos al médico en calidad de paciente y estamos sometidos a su autoridad, pues de ello depende nuestra salud).

En Microfísica del poder señala:

«El poder no es un fenómeno de dominación masiva y homogénea de un individuo sobre los otros, de un grupo sobre otros, de una clase sobre otras; el poder contemplado desde cerca no es algo dividido entre quienes lo poseen y los que no lo tienen y lo soportan. El poder tiene que ser analizado como algo que no funciona sino en cadena. No está nunca localizado aquí o allá, no está nunca en manos de algunos. El poder funciona, se ejercita a través de una organización reticular. Y en sus redes circulan los individuos quienes están siempre en situaciones de sufrir o ejercitar ese poder, no son nunca el blanco inerte o consistente del poder ni son siempre los elementos de conexión. El poder transita transversalmente, no está quieto en los individuos»(https://www.antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=646).

Para este pensador la clave para descifrar y entender el poder debe buscarse no en el plano legal o de la autoridad, sino en sus hogares moleculares de una microfísica del poder. De allí que el poder debe ser interpretado como una especie de propiedad que puede ser adquirida, cedida o dividida y no bajo el argumento único utilizado por Maquiavelo, quien lo pensó en términos exclusivamente de relaciones de fuerza.

El poder no posee ninguna sustancialidad, tampoco es una entidad acumulable ni capitalizable sino que sólo existe en acto, en el tránsito de su ejercicio en la factibilidad de la concreción. En este sentido, Foucault postula que el poder tiene el don de la ubicuidad, es decir, está en todas partes, ya que se produce a cada instante en cualquier relación que venga de cualquier parte. Adiciona que “el poder no es una institución y no es una estructura, no es cierta potencia de la que algunos están dotados: Es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada” (Foucault, 2002: 113).

El pensador francés distingue dos concepciones del poder en la historia: Una, la interpretación jurídica y liberal del poder político, que se encuentra en los filósofos del siglo XVIII y la otra, la concepción marxista, que denomina “economicismo” de la teoría del poder o funcionalidad económica del poder.

En definitiva, Foucault se dedicó prioritariamente a estudiar el poder desde el punto de vista de los “operadores de dominación” de las relaciones de poder. Estudió la relación de dominación en lo que tiene de fáctico, de efectivo y de ver cómo ella misma es la que determina los elementos sobre los cuales recae. Si se quiere captar los mecanismos de poder en su complejidad y en detalle, no se puede uno limitar al análisis de los aparatos de Estado.

Desde la concepción marxista, el poder vendría a ser un elemento o fuerza represiva que ayuda a mantener el sistema de producción de clase y en el caso concreto del capitalismo, se trata de un modo de producción que practica la explotación y dominio de los capitalistas sobre los trabajadores, comenzando por la clase obrera.

 

El poder en las relaciones internacionales

“Vosotros sabéis, como nosotros sabemos, que, tal como suceden las cosas en el mundo, el derecho es un tema del que tratan sólo los que son iguales entre sí por su poder, en tanto que los fuertes imponen su poder, tocándoles a los débiles padecer lo que deben padecer”. (Tucídides en la Historia de la Guerra del Peloponeso).

De la simple observación del escenario internacional se puede evidenciar que la igualdad jurídica de los estados no existe, es una ficción y la razón está en que unos estados tienen más poder que otros, lo cual conduce a decir que el derecho internacional, en palabras de Marcelo Gullo, sería una especie de teleraña que atrapa a la mosca más débil pero que deja pasar a la mosca más fuerte.

Ciertamente los estados existen como sujetos del sistema internacional, pero en tanto y en cuanto poseen poder y sólo aquello que poseen poder puede tener la capacidad de construir su propio destino.

Los estados no son iguales unos a otros, sencillamente, porque algunos tienen más poder que otros. Por la propia naturaleza del sistema internacional, donde rige, en cierta forma, una situación que se asemeja al estado de naturaleza, los estados con poder tienden a constituirse en estados líderes o a transformarse en estados subordinantes y, por lógica consecuencia, los estados desprovistos de los atributos del poder suficiente para mantener su autonomía tienden a devenir en Estados vasallos o estados subordinados, más allá de que logren conservar los aspectos formales de la soberanía.

En el escenario internacional existen señores y siervos. Estados subordinantes y estados subordinados. Y para el ejercicio de su dominio, los estados subordinantes utilizan tanto el poder militar, el económico, y también todo el poder cultural. Para un estado periférico, el querer decidir sobre su propio destino implica, siempre, una tensión dialéctica entre el temor a las sanciones que pueda recibir y el deseo de alcanzar la libertad o la máxima capacidad de autonomía posible que es capaz de conquistar.

En momentos como los actuales, en los cuales las grandes potencias se encuentran en disputa por la hegemonía mundial, se presentan condiciones favorables para que un estado ubicado en la periferia del sistema intente consolidar su poder nacional y alcanzar el máximo de autonomía posible. (“Apuntes para una teoría de las Relaciones Internacionales” de Marcelo Gullo).

Los hechos hablan por sí solo.

“(…) cada gobernante de los Estados Unidos tiene una frase retórica para América Latina o para el mundo: uno habló del buen vecino, otro de la Alianza para el Progreso; ahora la consigna son los derechos humanos. Nada cambió en su política hacia el hemisferio y el mundo, todo quedó igual; siempre prevaleció la diplomacia de las cañoneras y el dólar, la ley del más fuerte. Las frases son tan efímeras como las administraciones. Lo único perdurable en la política yanqui es la mentira” (Fidel Castro en 1978).

Si el poder es la medida de todas las cosas, entonces el Derecho Internacional es, y lo será por un largo período histórico, una hermosa utopía inalcanzable. Como lo demuestran numerosos ejemplos históricos, cuando están en juego los intereses vitales de las grandes potencias el principio de la igualdad jurídica de los estados se transforma en una ficción que apenas sirve a fines decorativos. La política internacional comporta siempre un choque de voluntades –voluntad para imponer o para no dejarse imponer la voluntad del otro- porque está constituida por Estados que pretenden determinarse libremente.

En los últimos años, el Gobierno de EE.UU. ha recurrido a una variedad de medidas coercitivas, incluidas sanciones unilaterales, para presionar a los países que son incompatibles con sus políticas. Incluso, en medio del brote del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, varios países sufren las sanciones unilaterales de Washington, que complican la lucha contra la pandemia.

Es indudable que en las actuales circunstancias internacionales está imperando la política de la fuerza, sobre todo por parte del “estado profundo” de EEUU… No hay país del mundo, incluso de los llamados “aliados”, como los que conforman la Unión Europea, que no hayan sido objeto de amenaza por su política supremacista.

EUU se está comportando como lo que en nuestro país llamaríamos un “guapetón de barrio” y este tipo de personaje no cree en normas, reglamentos ni en leyes, y tampoco respeta la opinión del otro. El derecho público internacional sólo se respeta si favorece su interés

Esa visión es parte de una política hegemónica que no respecta a nada ni a nadie en el campo internacional. Ahora los gobiernos no deben ser electos por sus pueblos. Es el todo poderoso que decide cómo y cuándo cambiar o colocar gobiernos. Sólo necesita que un gobierno no le agrade, lo acusan de dictadura y violador de los derechos humanos y ello justificar cualquier acción negadora del derecho público internacional.

Con Venezuela esa política ha llegado a su máxima expresión y mencionemos sólo dos casos.

Alex Saab

Estuvo en la palestra de noticias la decisión tomada por el gobierno saliente del país africano Cabo Verde, presidido por Jorge Carlos de Almeida Fonseca, quien en una acto de sumisión, permitió que un avión de EEUU, cual pirata, secuestrara al diplomático venezolano Alex Saab y lo trasladara a ese país.

Este empresario fue “sancionado” por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en julio de 2019, por supuestamente tener «contratos sobrevalorados» para la construcción de viviendas de interés social en Venezuela, y por permitir que Maduro se «beneficiara significativamente» de la importación y distribución de alimentos, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Casi un año más tarde, fue detenido cuando hacía una parada técnica en Cabo Verde, a pesar de su condición diplomática como enviado especial de Venezuela.

El gobierno saliente de Cabo Verde hizo caso omiso del llamado por parte de la ONU de liberar al diplomático, y a rendir cuenta sobre «las causas objetivas y la base jurídica de la detención, el arresto y la posible extradición del embajador Alex Saab Morán a EE.UU»

Desde el punto de vista del Derecho Internacional Público se ratifica una vez más que este se convierte en una ficción en tanto el Tribunal Conjunto de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) había declarado, en dos oportunidades, que Alex Saab, era inocente, debía ser puesto en libertad y prohibía su extradición a Estados Unidos.

Organismos de carácter multilateral y regional como las Naciones Unidas y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), además de los gobiernos de Rusia, Irán, China y países africanos, han alzado su voz en denunciar al peligroso precedente que deja para el mundo ésta inédita agresión contra las relaciones diplomáticas.

Es evidente que Venezuela y el diplomático venezolano Alex Saab están siendo víctimas de una guerra jurídica por parte de Estados Unidos (EE.UU.) y sus gobiernos aliados incondicionales.

El robo de gasolina

Con el mayor descaro, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que por un monto de $26.681.397,67 vendió los 1,116 millones de barriles de gasolina que robó a Venezuela en agosto de 2020 al interceptar en el Mar Arábigo cuatro tanqueros, Bella, Bering, Pandi y Luna, que se dirigían a Venezuela con el producto comprado a Irán. Ese “decomiso” se vendería para alimentar un fondo inventado por EDEUU para la lucha contra el terrorismo, argumentando que los negocios de Irán permiten financiar a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, también calificados unilateralmente como terroristas por los mismos Estados Unidos en medio de su enfrentamiento con ese país.

Ese acto de piratería afectó directamente a Venezuela, que ya había pagado ese envío de gasolina para subsanar las fallas en la producción local, originadas en gran parte por el bloqueo que el mismo Estados Unidos ha impuesto al país como medida unilateral.

El bloqueo de EEUU es político, económico-financiero y busca sabotear cualquier comercio de insumos vitales para Venezuela, en su afán de debilitar al Gobierno bolivariano, tarea en la que lo han acompañado sus satélites externos e internos.

Ambos casos evidencian lo que el jurista italiano, Danilo Zolo (2007), en el texto La justicia de los vencedores. De Nuremberg a Bagdad, sostiene en el sentido que la justicia internacional responde a los intereses de los victoriosos, generalmente las grandes potencias.

Zolo afirma que “Estados Unidos posee un poder imperial en un sentido complejo, tanto estratégico como normativo. Un poder imperial por fuera y encima del derecho internacional, público y privado. Es así como la potencia imperial se ha cristalizado en un “policía internacional que justifica su acción con argumentos teológicos y éticos” (142,143).

El derecho a la rebelión

“Si las sociedades se mantienen y viven, es decir, si los poderes no son “absolutamente absolutos”, es que, detrás de todas las aceptaciones y las coerciones, más allá de las amenazas, de las violencias y de las persuasiones, hay la posibilidad de ese momento en el cual la vida no se canjea más, en el cual los poderes no pueden ya nada y en el cual, ante los cadalsos y las metralletas, los hombres se sublevan”(Michel Foucault en ¿Inútil sublevarse?)

Entender lo que pasa en el mundo de hoy pasa por conocer la historia, la cultura de sus pueblos y su posición geográfica, es decir, entender la geopolítica en pleno desarrollo.

Irán

El Ayatolá Jameneí, dijo el 27/03/2021, lo siguiente: “Para hacer frente al bloqueo hay dos vías. Una, pedir al que bloquea que levante los embargos, que él ponga sobre la mesa sus exigencias arrogantes y que diga que si hacemos esas cosas él reducirá el bloqueo. Esa es una vía: la de la humillación. La otra vía es producir nosotros los bienes sancionados. La parte contraria, al ver que esos bienes se producen, no sabrá qué hacer, porque ella misma se beneficia de ese intercambio de mercancías. Eso hará que las sanciones se vuelvan ineficaces. Irán ha elegido la segunda vía”

Allí, en esas palabras, se resume la posición en relación al derecho a la rebelión del pueblo persa, “hueso duro” de roer para la política imperial. Hoy por hoy Irán es un actor internacional de peso.

La República Islámica anunció el sábado 08/01/2022 sanciones contra 52  funcionarios estadounidenses, entre los cuales se encuentran el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley (uno de los responsables en la muerte de Qassem Soleimani; líder de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, quien fuera asesinado por un ataque con drones estadounidenses en Bagdad el 03/01/2020), el asesor de seguridad nacional de la era Trump, Robert O’Brien, y a Nikki Haley, quien se desempeñó como enviada de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

Ante esas sanciones, el “poderoso” reaccionó y sus voceros manifestaron de inmediato que se negaba a ser amenazado por Irán y advirtió que Teherán enfrentaría “graves consecuencias” si atacaba a los ciudadanos de su país.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo: “No se equivoquen: Estados Unidos protegerá y defenderá a sus ciudadanos” y que “si Irán ataca a cualquiera de nuestros ciudadanos, incluidas a las 52 personas nombradas, enfrentará graves consecuencias”.

Pero “sancionados” se quedaron.

Y pese a las amenazas del “todo poderoso del norte”, en su propio “patrio trasero o delantero”, ha continuado el envío de barriles del hidrocarburo utilizado para diluir el crudo extrapesado venezolano, por parte de Irán. Son cinco tanqueros del país persa que llevan a Venezuela “combustible de resistencia” para hacer frente a las medidas coercitivas unilaterales e ilegales de Estados Unidos.

El año pasado, las dos empresas estatales, ambas “sancionadas por EEUU, intercambiaron unos 4,82 millones de barriles de condensado iraní por 5,55 millones de barriles de crudo pesado venezolano, en su mayoría transportados en buques con bandera del país persa.

 

Nicaragua

El 07/11/2021, en las elecciones presidenciales realizadas en Nicaragua, salió electo por cuarto mandato consecutivo el líder sandinista Daniel Ortega.

Como reacción a la decisión soberana de ese pueblo centroamericano,  EE.UU. de inmediato, con el “garrote en la mano”, procede a realizar lo que hace contra otros pueblos que se resisten a seguir bajo su tutela. Es así como prohíbe la entrada a todos los funcionarios del gobierno sandinista, incluyendo alcaldes, vicealcaldes, ministros y familiares del presidente Ortega y su esposa.

Según una declaración firmada por Joe Biden, el 17/11/2021, se sostiene que las acciones de la pareja, así como las de otros funcionarios nicaragüenses, «socavan o lesionan las instituciones democráticas o impiden el retorno a la democracia» en el país centroamericano.

La medida afecta también a cónyuges, hijos e hijas de las personas descritas.

El texto detalla que las medidas se toman en vista de lo importante que es para EE.UU. «fomentar los procesos e instituciones democráticas en Nicaragua» y «dada la supresión de los derechos humanos y la democracia» en esa nación.

Según la declaración no podrán ingresar a EEUU como inmigrantes o no inmigrantes, todos los miembros del gobierno de Nicaragua, incluidos funcionarios electos, alcaldes, vicealcaldes y secretarios políticos (del partido sandinista) que participaron en «graves abusos o violaciones de los derechos humanos”.

Igualmente, la medida aplica para funcionarios de los servicios de seguridad, militares, miembros de la Policía Nacional y del sistema penitenciario.

Tampoco podrán ingresar a Estados Unidos los funcionarios de alto nivel del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación; así como los miembros de los ministerios, de agencias reguladoras y empresas paraestatales.

La respuesta nicaragüense no se hizo esperar y la dignidad floreció con mucha intensidad.

El gobierno de ese país dijo que quedara constancia que “Nicaragua es cien veces menos poderoso militarmente que EE.UU., sin embargo nosotros somos infinitamente más poderosos en DIGNIDAD, PATRIOTISMO Y MORAL que los gobernantes de ese país podrido y nefasto para la humanidad entera. Así que nos reservamos el derecho de tomar las mismas medidas diplomáticas, políticas y sociales con los ciudadanos estadounidenses Y con todos los malos nicaragüenses y familiares de Nicaragüenses que se hayan involucrados de una manera directa o indirecta, así como aquellos que hayan renunciado a su nacionalidad Nicaragüense y estén coludidos de cualquier forma o pasen cualquier tipo de información sensible, de Nicaragüenses patriotas a los agentes, personal o vendepatrias que apoyan cualquier tipo de agresión a nuestra patria, sea económica, social, política o militar!!. Aplicar sin contemplaciones la ley patriótica contra los traidores”.

Luego, en un acto de soberanía y como respuesta a esas sanciones, el gobierno de Daniel Ortega anunció su decisión de romper sus lazos diplomáticos de larga data con Taiwán para asegurar su lealtad a Pekín y se dijo que: «La República Popular de China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable de todo el territorio chino» y agrega que “Nicaragua rompe a partir de hoy las relaciones diplomáticas con Taiwán y deja de tener cualquier contacto o relación oficial».

 

Cuba

Aprovechándose de la situación interna actual de Cuba, que ha estado pasando por una grave escasez de alimentos y medicinas, los “poderes facticos” de EEUU han puesto en funcionamiento una poderosa maquinaria comunicacional para recrear un escenario inexistente de inestabilidad y violencia, y forzar así un cambio de régimen, al mostrar a Cuba como un estado fallido.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ante anuncios de manifestaciones a principios de diciembre de 2021, afirmó ante el cuerpo diplomático acreditado en Cuba, que para ese momento se había producido más de 29 declaraciones de funcionarios y políticos estadounidenses desde el 22 de septiembre, dirigidas a alentar, orientar e instigar acciones de desestabilización en Cuba, y que ante tales actitudes, Cuba no iba a permitir la agresión persistente de Washington.

El canciller calificó esas acciones de “operación fallida” y afirmó:Algunos de mis colegas en Washington parece que se quedaron vestidos para nada, para la fiesta suya que no ha ocurrido” y agregó: “El guion no ha sido bueno y la puesta en escena ha sido peor”.

El bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU contra Cuba ya cumplió 60 años, pese a que la Asamblea General de la ONU se ha pronunciado en 29 ocasiones consecutivas en contra de estas políticas. Y lo peor es que siguen renovándose y extendiéndose hasta la actualidad. De hecho, más de 240 medidas fueron adoptadas contra Cuba por el Gobierno estadounidense entre 2017 y enero de 2021, de las cuales 55 fueron aplicadas durante la pandemia del coronavirus.

Ahora, lo real y cierto, es que Cuba sigue allí, erguida ante esa arremetida imperial y dejando huella imborrable para la historia.

Venezuela

Ante las sanciones de todo tipo contra la República Bolivariana de Venezuela por parte de quienes mandan en EEUU, el gobierno bolivariano no se ha quedado de “brazos cruzados”. Es así como en el marco de la resistencia e insurgencia, interpuso, el 13/02/2020, ante la Corte Penal Internacional de La Haya una denuncia contra las autoridades de EE.UU. por «crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano» y emprendió una campaña que busca darle visibilidad a esa realidad, puertas adentro, con el lema «las sanciones son un crimen”.

Pero también la República Bolivariana de Venezuela convocó en septiembre del año 2021, en el marco del 76° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU y en su sede diplomática ante el máximo organismo internacional en Nueva York, a la primera Reunión Ministerial del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, en la que los 18 países miembros adoptaron una declaración política a favor del respeto al instrumento fundacional de la máxima instancia del multilateralismo mundial.

A este encuentro fueron invitados los ministros y representantes de Argelia, Angola, Belarús, Bolivia, Camboya, China, Corea del Norte, Cuba, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Laos, Nicaragua, Palestina, Rusia, San Vicente y las Granadinas, y Siria.

En la declaración adoptada, los Estados firmantes ratifican que la Carta de la ONU y sus propósitos y principios permanecen atemporales, universales, y que todos son indispensables, no solo para preservar y promover la paz y la seguridad internacionales, el Estado de derecho, el desarrollo económico y el progreso social, sino también los derechos humanos y para lograr una mundo más pacífico, próspero, justo y equitativo.

Asimismo, expresan la determinación de expandir el trabajo del Grupo de Amigos más allá de la sede central de la ONU en Nueva York, particularmente a sus Oficinas en Ginebra, Nairobi y Viena, así como en la sede de otras agencias especializadas de la Organización.

Los Estados miembros además manifiestan su seria preocupación por la creciente tendencia a recurrir al unilateralismo, en detrimento de no sólo el multilateralismo, sino también de la cooperación y la solidaridad internacionales, las cuales deben profundizarse más que nunca a fin de forjar soluciones colectivas, inclusivas y efectivas a los desafíos y amenazas comunes del siglo XXI, incluida la pandemia de COVID-19.

En la declaración, renuevan el firme compromiso con un multilateralismo revitalizado y transmiten el apoyo a las naciones y pueblos sometidos a enfoques unilaterales y arbitrarios, a la vez que invitan a otros países a que consideren unirse al Grupo de Amigos o respalden esta Declaración lo antes posible.

Debe recordarse que el Grupo de Amigos de la Carta es una iniciativa venezolana, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, trabajada de manera estrecha, desde el año 2020, con las delegaciones de Bolivia, China, Cuba, Irán, Nicaragua, Siria y Rusia, a la que se han ido sumando Estados de distintas regiones del mundo. El 6 de julio de ese año se celebró la Reunión de Representantes Permanentes ante la ONU de los Estados Miembros del Grupo de Amigos de la Carta, preparatoria de su lanzamiento por parte de los Ministros de Relaciones Exteriores, en la que se aprobó la Declaración Conjunta de la iniciativa multilateral.

Quienes no se doblegan, sino que más bien se resiste y, sobre todo, se revelan ante el poder de los «fuertes», son los que han acordado desarrollar este grupo de amigo de los principios que dieron lugar a la ONU.

Y para rematar, el 06/12/2021, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aprobó con el voto mayoritario de los países miembros, el reconocimiento de las credenciales del presidente Nicolás Maduro Moros, como único representante legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.

Los países que no votaron a favor de esta decisión fueron: Australia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Georgia, Guatemala, Islas Marshall, Israel, Paraguay, Reino Unido,  Corea del Sur y Hondura.

De ello debe desprenderse no sólo el conocimiento de los países que son incondicionales a la política intervencionista gringa, que cada vez son menos, sino también la necesidad de seguir luchando por el respeto al Derecho Internacional Público y en la profundizando de la “Diplomacia de Paz” que, tarde o temprano, terminan dando buenos resultados.

En definitiva, el gobierno bolivariano es el principal obstáculo para que Estados Unidos logre su verdadero objetivo: apoderarse de Venezuela por lo que ella significa, geoeconómica y geopolíticamente y recuerda mucho lo dicho por el General Norman Schwarzkopf de EEUU, al mando de la coalición durante la Primera Guerra del Golfo (1990-1991), que habla por sí mismo: «Si todo Kuwait hubiese tenido zanahorias en lugar de petróleo, nunca me habrían enviado aquí»(https://www.nodo50.org/redoesteparia/CitasLa%20ganader%C3%ADa%20Elegida-3-Imperio,%20primac%C3%ADa%20y%20gobierno%20global.html).

Parece claro que a ninguna administración estadounidenses -ni demócrata ni republicana-, le conviene la existencia de un Estado que desafíe su statu quo, ya sea que lo hagan directamente, como en los casos de China y Rusia, o lo hagan enarbolado una idea alternativas a su hegemonía, respeto por la soberanía y autodeterminación y la defensa de un multilateralismo en plena construcción.

Por eso, Venezuela es un tema difícil de ignorar para los EE.UU y todo indica que continúa y continuará la estrategia de desestabilización.

Sin embargo, Venezuela como país “débil”, sigue en pie de lucha, en resistencia activa, insubordinado y sublevado, porque escogió el camino de no seguir siendo objeto de una historia hecha por otros, sino más bien ser sujeto de la misma

Conclusión

  1. Hoy más que nunca se necesita de soluciones comunes y no unilaterales, en un nuevo orden mundial más equilibrado y más equitativo. Con menos injusticia y diferencias entre los pueblos, donde se respeten las diferencias ideológicas, políticas y culturales. Donde la tolerancia sea base de los acuerdos y las conversaciones y las imposiciones sean cosa del pasado. Sin embargo, como sabemos todas las administraciones gubernamentales de EEUU han hecho todo lo contrario; han actuado al margen del Derecho Internacional Público, violentado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y desconocido cualquier principio de respeto a las reglas de juego internacional. Esa visión es parte de una política hegemónica que no respecta a nada ni a nadie en el campo internacional.
  2. En el pluralismo jurídico transnacional, representado por EEUU, se considera que los gobiernos no deben ser electos por sus pueblos. Es el “todo poderoso” que decide cómo y cuándo cambiar o colocar gobiernos. Sólo necesita que un gobierno no le agrade, lo acusan de dictadura y violador de los derechos humanos y ello justifica cualquier acción negadora del derecho público e incluso privado internacional.
  3. Pero los pueblos, cuando son dignos, no sólo se resisten sino que se sublevan.

Referencias bibliográficas

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*Franklin González es Sociólogo, Profesor Titular, Jubilado. Ex Director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV. Doctor en Ciencias Sociales. Con dos Postdoctorados. Profesor de Postgrado en la UCV,  la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en el Instituto de Altos Estudios “Pedro Gual” del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y en el Instituto de Investigación y Postgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. Fue Decano de Postgrado de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG) y embajador en Polonia, Uruguay y Grecia. framongonzalez@gmail.com

 

Fuente: El Autor escribe para el Portal Otras Voces en Educación

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Entra en vigor el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares

Desde el 22 de enero el mundo será un poco más seguro: entra en vigor el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, tres meses después de la ratificación del mismo por 50 países.

Este tratado intenta paliar el fracaso del anterior Tratado de No Proliferación Nuclear, que se ha mostrado incapaz de frenar el desarrollo armamentístico nuclear.

El uso de armas nucleares quedará prohibido, como lo está el uso de armas biológicas (1975), químicas (1997), las minas antipersonas (1999) o las bombas de racimo (2010).

Hiroshima y Nagasaki mostraron al mundo hace más de 75 años la catástrofe que supone el uso de las armas nucleares. Una amenaza impulsada durante la guerra fría posterior, en la que varios países impulsaron la fabricación de ojivas nucleares (Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia y China), mientras otros como el Estado español estaban intentándolo. Ante esta realidad, el 1 de julio de 1968 se firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear con la intención de lograr lo antes posible el fin de la carrera armamentística nuclear y emprender medidas eficaces encaminadas al desarme nuclear. Dicho tratado ha sido ratificado por 191 países, entre ellos España, que lo hizo el 5 noviembre 1987.

Este tratado frenó en gran medida el aumento del peligro de guerra nuclear, pero no ha logrado en los 50 años desde su entrada en vigor en 1970 cumplir su compromiso explícito de lograr el desarme nuclear total, ni frenar el aumento del número de países con armas nucleares.

Por ello, en 2017 Naciones Unidas inició la negociación de un nuevo tratado: el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN), con el objetivo de llegar a la eliminación total de las mismas. Un acuerdo aprobado por 122 naciones en la Asamblea General en 2017, que entraría en vigor tres meses después de que lo ratificaran 50 estados parte, lo que sucedió el 22 de octubre de 2020, cuando lo ratificó Honduras.

El tratado representa el primer instrumento multilateral jurídicamente vinculante para el desarme nuclear, donde cada Estado parte se compromete a nunca y bajo ninguna circunstancia desarrollar, ensayar, producir, fabricar, adquirir de cualquier otro modo, poseer o almacenar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares. Tampoco permite el emplazamiento, la instalación o el despliegue de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares en su territorio o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control, entre otras disposiciones.

La iniciativa surge en 2007, con la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), una coalición de organizaciones civiles de más de 100 países. En 2017, ICAN recibió el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su trabajo “para llamar la atención sobre las catastróficas consecuencias humanitarias de cualquier uso de armas nucleares” y por sus “esfuerzos pioneros para lograr una prohibición basada en tratados de tales armas”.

Ecologistas en Acción señala la gravedad y su preocupación porque que las potencias nucleares no sean parte del tratado, ni los países de la OTAN, la organización señala que son precisamente estos países los que deberían estar obligados al cumplimiento del acuerdo, así como, señalar la obligación de la comunidad internacional de establecer los mecanismos necesarios para que se produzca la desnuclearización mundial. Señala además que de no ser la actitud contraria de los países a la desnuclearización es una amenaza a la seguridad mundial y a los Derechos Humanos.

En cuanto al Estado español, al igual que el resto de participantes en la OTAN, no lo ha firmado. De hecho, de Europa sólo han ratificado Austria, Irlanda, Malta, San Marino y la Santa Sede, que no pertenecen a la OTAN. El Gobierno español persiste así en su actitud de no participar en la negociación inicial del Tratado por las Naciones Unidas en 2017, siguiendo la directriz que había marcado EE UU. Para Ecologistas en Acción está en una actitud  muy decepcionante en un país donde la mayoría de la población se declara antinuclear.

Las ciudades y los pueblos pueden ayudar a generar apoyo para el tratado al respaldar el llamamiento de ICAN, registrando mociones en los ayuntamientos. El llamamiento se ha aprobado en: Alcoi, Alzira, Barcelona, Binissalem, Cádiz, Canovelles, A Coruña, Castelldefels, Ferrol, Granollers, La Garriga, Guadalajara, Masllorenç, Vallromane y Zaragoza.

La firma del tratado es uno de los temas de los que se ha hablado y negociado mucho, y debatido varias veces en el Parlamento estatal, pero en ninguna ocasión, siguiendo las directrices de la OTAN, los grandes partidos han dejado llegar a un acuerdo y hacer la firma efectiva, la última de ellas en diciembre de 2020. Incluso desatendiendo la carta abierta que Ana Palacio, Javier Solana y Carlos Westendor, extitulares de la cartera de Exteriores, firmaron junto a numerosos exdirigentes de aliados de EE UU en septiembre de 2020 pidiendo a los líderes actuales que “demuestren coraje y audacia, y se unan al tratado”.

Es muy decepcionante que en este momento, donde además el tratado ya va a empezar su andadura y con tantos apoyos sociales y políticos, el propio PSOE no vote a favor de  la iniciativa presentada esta vez por ERC, teniendo la posibilidad de desmarcarse de la OTAN y ser el primer país de la organización en firmar el acuerdo, como ya valoró ICAN animándonos a ello. Hasta que finalmente se haga efectiva la adopción por el estado, seguiremos insistiendo para sumar al estado  en la lucha contra las armas nucleares.

Ecologistas en Acción celebra la entrada en vigor del TPAN. Desde este momento las armas nucleares son ilegales según el derecho internacional, una victoria para todo el movimiento antinuclear mundial.

Fuente: https://rebelion.org/entra-en-vigor-el-tratado-de-prohibicion-de-armas-nucleares/

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Ecuador – No Intervención: un tema latinoamericano

No Intervención: un tema latinoamericano

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Ecuador, lunes,  14 de Diciembre, 2020

Después de la independencia de los EEUU (1776), América Latina fue la primera región del mundo en romper con el coloniaje europeo en los albores del sistema capitalista, pues en Asia y África la liberación anticolonial solo se logró durante el siglo XX.

Las nacientes repúblicas latinoamericanas del siglo XIX se desarrollaron en una época de nuevos conflictos e intereses entre las potencias occidentales por dominar el mundo y en la cual también los EEUU requirieron de zonas de influencia. Para ello sirvió la “Doctrina Monroe” (1823), orientada en sus orígenes a detener cualquier intento europeo de reconquista colonial en el continente, pero que se transformó en una guía de la conducta exterior de los EEUU frente a Latinoamérica. Por eso, en 1896, convocado por iniciativa del caudillo liberal ecuatoriano Eloy Alfaro, se reunió en México el primer Congreso de naciones del continente -boicoteado por los EEUU-, que apenas pudo reunir a 8 países, pero que emitió un contundente documento en el cual, además de cuestionar el uso del “monroísmo” para la expansión de los intereses norteamericanos, acordó la necesidad de sujetar a esa doctrina a un verdadero orden jurídico continental.

De este modo, la urgencia de preservar la soberanía de cada país y la independencia nacional, hicieron de América Latina la región pionera en impulsar el principio de no intervención como política internacional, precisamente con el avance del siglo XX, en el cual la fase del imperialismo capitalista crecientemente afirmó un nuevo tipo de disputas económicas entre las grandes potencias, que derivó en dos guerras mundiales (1914-1918 y 1939-1945) y en constantes intervenciones sobre los países del “Tercer Mundo”.

Las propuestas contra el intervencionismo de las grandes potencias ya se encuentran en el chileno Andrés Bello, los argentinos Carlos Calvo y, sobre todo, Luis María Drago, quien en 1902 se lanzó contra la incursión armada de Alemania, Gran Bretaña e Italia sobre Venezuela, para cobrar sus deudas (“Doctrina Drago”). También el mexicano Isidro Fabela escribió sobre el intervencionismo, mientras su compatriota, el presidente Venustiano Carranza (1917-1920), al calor de la cultura radical y nacionalista que incubó la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917 -una Carta de enorme importancia mundial, que inauguró el derecho social en América Latina- proclamó la no intervención como política del Estado y como fundamento para respetar la soberanía de los pueblos y sus formas autónomas de gobierno (“Doctrina Carranza”).

Pese a esos iniciales y visionarios conceptos sobre la no intervención, fue la VII Conferencia Internacional Americana, reunida en Uruguay en 1933, la que adoptó la “Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados” (https://bit.ly/3qPnEkf), estableciendo: Art. 8- Ningún Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otro. Además, en la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, realizada en Buenos Aires en 1936 (a la que asistió Franklin D. Roosevelt, presidente de los EEUU) igualmente se acordó: Art. 1º.—Las Altas Partes Contratantes declaran inadmisible la intervención de cualquiera de ellas, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos interiores o exteriores de cualquiera otra de las Partes. // La violación de las estipulaciones de este artículo dará lugar a una consulta mutua, a fin de cambiar ideas y buscar procedimientos de avenimiento pacífico (https://bit.ly/3nbxJWG).

Todo parecía advertir que el principio de no intervención quedaba históricamente consagrado en América. De modo que al nacer la OEA, su Carta constitutiva, aprobada en Bogotá el 30 de abril de 1948, simplemente se acogió y ratificó lo siguiente: Art. 19- Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen (https://bit.ly/2IEILoi).

Cuando se creó la ONU (1945) y sobre la experiencia sufrida por la II Guerra Mundial (1939-1945), la idea de la paz pareció un mensaje de valor universal, de modo que el “Proyecto de Declaración de Derechos y Deberes de los Estados” (1949) incluyó varios principios sobre la soberanía e independencia de los Estados y acordó: Art. 3- Todo Estado tiene el deber de abstenerse de inter­venir en los asuntos internos o externos de cualquier otro Estado; y en el Art. 9: Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recu­rrir a la guerra como instrumento de política nacio­nal, y de toda amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquiera otra forma incompatible con el derecho y el orden internacionales (https://bit.ly/33ZlwwL).

Parecía un progreso civilizatorio de la humanidad. Sin embargo, contrariando todos estos marcos históricos y jurídicos, el desate de la guerra fría en el mundo desde la década de 1950 y su introducción en América Latina a raíz de la Revolución Cubana (1959) alentaron nuevos intervencionismo de las grandes potencias. El combate al “comunismo” en nuestra región se convirtió en pretexto y justificación para el intervencionismo norteamericano en todos los países latinoamericanos y mediante diversos mecanismos. Entre tantos casos, podría anotarse la invasión a Guatemala (1954) para derrocar al presidente Jacobo Arbenz y garantizar los intereses de la United Fruit Co.; el ilegítimo bloqueo económico a Cuba (que continúa hasta el presente pese a las condenas mundiales); el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en Chile (1973) para instaurar la terrorista dictadura de Augusto Pinochet; o el financiamiento y apoyo a los “contras” en Nicaragua para derrocar al Sandinismo, que logró tomar el poder por las armas en 1979 y dar fin a la sanguinaria dinastía de los Somoza. De nada sirvió que la Corte Internacional de Justicia emitiera, en 1986, un inédito y contundente fallo, que dice: La Corte. Por 12 votos contra 3. Decide que los Estados Unidos de América, al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas contras o al estimular, apoyar y ayudar por otros medios las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua han actuado, en perjuicio de la República de Nicaragua, infringiendo la obligación que les incumbe con arreglo al derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado (https://bit.ly/3qMKr0c). Imposible dejar de señalar la guerra de las Malvinas en 1982, que enfrentó a Gran Bretaña con Argentina.

Pero el sentido hegemónico y perdurable en el continente ha sido el intervencionismo dirigido exclusivamente contra gobiernos que los EEUU han considerado que perjudican a sus intereses y que no terminó con el derrumbe del socialismo de tipo soviético. Se ha mantenido y revivió específicamente durante el ciclo de los gobiernos progresistas latinoamericanos, siempre sospechosos por “socialistas” o “izquierdistas”. Su mayor expresión ha sido Venezuela, país contra el que se ha instaurado el segundo bloqueo económico norteamericano en el continente, que es la raíz de los enormes problemas que ahora tiene ese Estado.

Lo más grave en América Latina no es solo el hecho de que el principio de la no intervención, que nació aquí, en esta región, se usa en función de la geoestrategia continental, sino que una serie de gobiernos se han inclinado por el desconocimiento o manipulación del mismo con fines exclusivamente de conveniencia política. Así ha ocurrido con los integrantes del “Grupo de Lima” (nació en 2017 y Ecuador se vinculó a él en septiembre de 2018), unilateralmente enfocado contra Venezuela. Se llegó al insólito caso, sui géneris en la historia republicana de Latinoamérica, de reconocer al autoproclamado Juan Guaidó como presidente de un país que solo existía en las mentes y declaraciones de quienes lo reconocieron.

El gobierno del Ecuador, por su parte, tuvo recientemente un doble y paradójico comportamiento. Mientras, por un lado, en un comunicado oficial que se hizo público a través de Twitter el 5 de diciembre (2020), resolvió, como política de Estado (y aún antes de que se realizaran las elecciones): “el gobierno del Ecuador no reconocerá los resultados del proceso electoral venezolano, que violan la Constitución y está viciado de toda legalidad” (https://bit.ly/37Ufv5z); por otra lado, en un nuevo comunicado del siguiente día, 6 de diciembre, la Cancillería se refirió a un Twitt de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández (opinaba sobre la ausencia de “democracia” en el país, ante la falta de legalización de la candidatura presidencial de Andrés Aráuz – https://bit.ly/3ncvXEP) y sostuvo que rechazaba esta “inaceptable intervención en los asuntos internos del Ecuador” (https://bit.ly/3a2Lmnt).

 

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/no-intervencion-un-tema-latinoamericano/

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Protesta de Éric Toussaint frente a la desinformación de la cual deberían hacerse responsables varios medios de comunicación

Protesta de Éric Toussaint frente a la desinformación de la cual deberían hacerse responsables varios medios de comunicación

Por Eric Toussaint

Varios medios de comunicación argentinos afirmaron el día 17 de abril de 2020, que «Referentes y personalidades políticas, sindicales,…» de las cuales hago parte

«…firmaron una amplia convocatoria de respaldo a la decisión de la Argentina de ir a fondo en la negociación con los acreedores externos.»

Página 12 escribió: «También se destaca la firma del belga Éric Toussaint, portavoz de la Red Internacional CADTM» (https://www.pagina12.com.ar/260244-respaldo-a-la-renegociacion-de-la-deuda)

El portal digital Ámbito.com tituló: «Deuda: la propuesta del Gobierno sumó apoyo de personalidades» (https://www.ambito.com/economia/deuda/deuda-la-propuesta-del-gobierno-sumo-apoyo-personalidades-n5096275) y mencionó mi firma: «También se destaca la rubrica del belga Éric Toussaint, portavoz de la Red Internacional CADTM ».

Protesto contra esta campaña de desinformación. Ninguna lectura seria de la convocatoria en cuestión puede concluir que se trata de apoyar la manera en que el gobierno de Alberto Fernández lleva a cabo la negociación con los acreedores http://www.cadtm.org/Llamamiento-La-deuda-prioritaria-es-con-la-salud-de-los-pueblos

La convocatoria dice muy claramente que es necesario declarar «la suspensión inmediata del pago del capital y de los intereses de todas las deudas soberanas». Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández no cumplió con esa acción. Por lo tanto, afirmar, como lo hacen algunos medios de comunicación, que los firmantes apoyan la estrategia de negociación del gobierno es instrumentalizar una convocatoria con el objetivo de sostener al gobierno. Y es inaceptable.

La convocatoria anuncia que después de la suspensión de pagos, se tratará de «Impulsar acciones internacionales consensuadas para legitimar aplazamientos de pagos y quitas imprescindibles en las deudas públicas, ante organismos multilaterales y acreedores privados.»

Firmé esa convocatoria como tantas otras personas que había consultado como Julio Gambina y María Elena Saludas de ATTAC-CADTM Argentina o Jorge Marchini porque el texto afirmaba la necesidad de suspender, inmediatamente, todos los pagos de todas las deudas públicas soberanas. Para nosotros es una pre-condición, una cuestión previa a cualquier negociación.

Pero el gobierno de Alberto Fernández negocia sin haber declarado, previamente, una suspensión total de pagos, lo que repruebo al 100% ya que es contrario a los intereses del pueblo y de la Nación Argentina.

Y agrego un argumento muy importante: la convocatoria que firmé afirma que «« los países periféricos deberán generar decisiones —basadas en investigaciones y auditorias públicas previas, meticulosas y transparentes— que lleven al necesario control de legalidad y legitimidad de los compromisos financieros, los eventuales requerimientos vinculados a la anulación de los mismos, la condonación total o parcial de deudas, las reestructuraciones y reprogramaciones de pagos de la deuda declarada legítima.»

No obstante, el gobierno de Alberto Fernández se niega a apoyar la instauración de una comisión de auditoria de la deuda con participación ciudadana. Cuestión que también denuncio.

La víspera del día en que algunos medios de comunicación argentinos manipularon e instrumentalizaron mi firma y la de muchas personas totalmente sinceras, el diario suizo Le Courrier publicaba una entrevista que me hicieron en la que sostenía críticas muy claras a propósito de la orientación del gobierno de Alberto Fernández: https://lecourrier.ch/2020/04/16/le…. La entrevista finaliza con mi opinión en relación a la política del gobierno de Alberto Fernández con respecto a la deuda. A continuación está la traducción fiel de mi declaración publicada el 16 de abril de 2020 en respuesta a la pregunta del periodista del diario publicado en Ginebra:

«Argentina acaba de decidir posponer el pago de su deuda hasta 2024-2025. ¿Está dando el ejemplo?»

Éric Toussaint: «Esta es una medida totalmente incompleta. El nuevo presidente antineoliberal Alberto Fernández, que asumió el cargo en diciembre pasado, tenía todas las cartas en la mano para poner en marcha una auditoría de la deuda argentina controlada por los ciudadanos. No lo ha hecho. Los nuevos préstamos de su predecesor, Mauricio Macri, de 44.000 millones de dólares al FMI, fueron fuertemente impugnados, incluso mediante procedimientos legales, alegando que violaban la constitución.

El propio Alberto Fernández los había denunciado durante su campaña. Una vez en el gobierno, habría sido perfectamente legítimo que denunciara los acuerdos firmados. Pero prefirió entrar en negociaciones con el FMI y así, en efecto, reconocer la deuda contraída por Mauricio Macri. Desde entonces, la situación de la Argentina se ha deteriorado y ha entrado en una suspensión selectiva de pagos.»

También debo decir que el día 8 de abril envié a la redacción de Página 12 una propuesta de artículo de opinión pidiendo su publicación. El titulo era: ¿Por qué y cómo se ha de suspender inmediatamente el pago de la deuda para combatir el Covid-19?

Página 12 decidió no publicar este artículo de opinión [1], que luego fue publicado por el diario español Publico.es, el día 10 de abril:
https://blogs.publico.es/dominiopublico/31944/por-que-y-como-se-ha-de-suspender-inmediatamente-el-pago-de-la-deuda-para-combatir-el-covid-19/

Está claro que en mi artículo demuestro que considero como una absoluta necesidad la suspensión inmediata de todos los pagos de deuda soberana [2]

Página 12 tiene por supuesto el derecho de seleccionar las opiniones que publica pero su decisión de no publicar mi opinión para luego instrumentalizar mi firma a favor del gobierno se aparenta a una manipulación de la opinión pública. Espero que esto sea corregido porque el público de Página 12 lo merece.

Por supuesto, varios firmantes del http://www.cadtm.org/Llamamiento-La…, apoyan al gobierno de Alberto Fernández, pero no pueden instrumentalizar las firmas de los demás en una operación que es contraria al contenido de llamamiento.

Reafirmo lo siguiente: La extensión geográfica de la epidemia del coronavirus produjo una crisis sanitaria mundial y creó una situación totalmente nueva.

Existe un medio simple de liberar recursos financieros: consiste en suspender inmediatamente el pago de la deuda pública. Las sumas economizadas podrán ser canalizadas directamente hacia las necesidades prioritarias en materia de salud. Otras medidas muy fáciles que se pueden tomar para liberar recursos financieros son: establecer un impuesto de crisis sobre las grandes fortunas y los ingresos muy altos, imponer multas a las empresas responsables de los mayores fraudes fiscales, congelar los gastos militares, poner fin a los subsidios a los bancos y a las grandes empresas…

Los Estados pueden decretar de manera unilateral la suspensión del pago de la deuda, respaldándose en el derecho internacional y especialmente en tres argumentos: el estado de necesidad, el cambio fundamental de circunstancias y la fuerza mayor.

Cuando un Estado invoca un estado de necesidad, el cambio fundamental de circunstancias o la fuerza mayor para suspender el pago de la deuda, el carácter legítimo o ilegítimo de esa deuda no tiene ninguna importancia. Aunque la deuda reclamada al país fuera legítima, eso no impide, en absoluto, que suspenda su pago. Pero hay algo fundamental: la población de dicho país debe estar segura de que el dinero, efectivamente, liberado por el impago de la deuda, sea utilizado en beneficio de la lucha contra el coronavirus y contra la crisis económica. Eso implica que la población ejerza un control estricto sobre la acción del gobierno, que se movilice y que esté preparada para expresar enérgicamente su descontento si el gobierno no actúa a favor de los intereses del pueblo y debe estar preparada también para derrocarlo si fuera necesario.

Por otra parte, desde el punto de vista de la mayoría de la población, es fundamental que se organice una auditoria de la deuda con activa participación ciudadana con el fin de identificar las partes ilegítimas, odiosas e ilegales que deben ser anuladas en forma definitiva.

Las declaraciones de los jefes de Estado actuales o de los responsables de las organizaciones internacionales, sobre las necesarias anulaciones de las deudas, no hay que tomarlas en serio, y es evidente. Su único objetivo es de quedar bien ante la opinión pública. Los jefes de Estado siempre podrán decir a sus pueblos que trataron de obtener la anulación de la deuda pero que no lo consiguieron. Así que será necesario continuar pagando. En cuanto al FMI, también con la vieja cantinela desde hace décadas: afirma periódicamente que los acreedores deben anular una parte de las deudas pero, precisando, que como institución internacional, no puede renunciar a recuperar todo lo que se le debe. No es la primera vez que los más poderosos pronuncian amables discursos y, todos los casos, los efectos sobre el bienestar de las poblaciones son prácticamente nulos. En general, más bien son nefastos o funestos.

Actos y no discursos: suspensión inmediata y unilateral del pago de la deuda

Es el primer medio que un Estado puede utilizar con el fin de encontrar, bajo la presión y el control popular, los recursos financieros necesarios para combatir el coronavirus y los brutales efectos de la cada vez más grave crisis económica mundial.

Reorientar los gastos destinados al pago de la deuda y a otros gastos (militares, suntuarios, correspondientes a mega-infraestructuras que deben ser abandonadas o pospuestas) dando prioridad a la salud pública, estas medidas pueden conducir a un comienzo de cambio fundamental y saludable.

En efecto, un aumento radical de los gastos en salud pública tendrán, también, efectos benéficos muy importantes para combatir otras enfermedades.

Es el momento más adecuado para actuar, utilizando prioritariamente el poderosísimo instrumento de la suspensión del pago o la anulación de la deuda.

En cuanto al interés del pueblo argentino, es necesario señalar que los acuerdos firmados con el FMI son nulos, porque son contrarios al interés del pueblo y de la Nación. Hay que romper definitivamente con el FMI.

Notas

[1] El diario Le Monde de Francia lo publico https://www.lemonde.fr/idees/articl…

[2] Yo expresé la misma posicion respecto a la deuda de Mexico y al gobierno de AMLO: https://www.jornada.com.mx/2020/04/…

Eric Toussaint  es doctor en Ciencias políticas de la Universidad de Lieja y de la Universidad de París VIII, es el portavoz del CADTM Internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. Es autor de diversos libros, entre ellos: Sistema Deuda. Historia de las deudas soberanas y su repudio, Icaria Editorial, Barcelona 2018; Bancocracia Icaria Editorial, Barcelona 2015; Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria, 2010; La Deuda o la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002. Es coautor junto con Damien Millet del libro AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, París, 2012. Coordinó los trabajos de la Comisión de la Verdad Sobre la Deuda, creada por la presidente del Parlamento griego. Esta comisión funcionó, con el auspicio del Parlamento, entre abril y octubre de 2015. El nuevo presidente del Parlamento griego anunció su disolución el 12 de noviembre de 2015. A pesar de ello, la comisión prosiguió sus trabajos y se constituyó legalmente como una asociación sin afán de lucro.

Fuente: http://cadtm.org/Protesta-de-Eric-Toussaint-frente-a-la-desinformacion-de-la-cual-deberian

Autor: Eric Toussaint

Fuente de la Información: https://rebelion.org/protesta-de-eric-toussaint-frente-a-la-desinformacion-de-la-cual-deberian-hacerse-responsables-varios-medios-de-comunicacion/

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