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Ministro de Educación y catálogo de derechos: “El punto es la señal que se da, cuál es la razón concreta para incorporar algunos derechos y excluir otros”. Chile

“He escuchado expresamente a constituyentes que han señalado están totalmente en contra que el estado financie a través de la subvención proyectos particulares subvencionados”, agregó el secretario de Estado.

Raúl Figueroa, ministro de Educación, se refirió a las discusiones sobre el catálogo de derechos, específicamente respecto a la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a educar a sus hijos.

Esto fue lo que dijo el ministro de Educación:

 

 

Fuente: https://www.duna.cl/programa/nada-personal/2021/09/14/ministro-de-educacion-y-catalogo-de-derechos-el-punto-es-la-senal-que-se-da-cual-es-la-razon-concreta-para-incorporar-algunos-derechos-y-excluir-otros/

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El síndrome de Estocolmo

Por: Carolina Vásquez Araya

Para enfrentar los abusos, es preciso perder el miedo a combatirlos.

Se utiliza el término “síndrome de Estocolmo” para describir una experiencia psicológica paradójica en la cual se desarrolla un vínculo afectivo entre los rehenes y sus captores. A pesar de existir muchos estudios con respecto a sus características, los expertos parecen coincidir en el hecho de calificar el síndrome como una respuesta natural de supervivencia ante una situación en la cual la víctima no solo carece del control sobre su entorno, sino además intenta adaptarse a él. A nivel colectivo, se podría aplicar esta patología a ciertas naciones en las cuales se produce una situación de excesiva violencia desde el poder, contra una población incapaz de reaccionar para defender sus derechos, la cual incluso vuelve una y otra vez a otorgar el mando a quienes la someten.

Quizás el lazo afectivo sea algo que no se desarrolla en el marco de las relaciones pueblo-gobierno, pero sin duda se produce una forma de aceptación pasiva y resignada al comportamiento abusivo, discriminatorio y destructivo de quienes poseen las riendas del poder político-económico y cuyo desempeño en la gobernanza tiene todas las características de un secuestro: apoderarse de los mecanismos jurídicos para cometer toda clase de violaciones a los derechos de la ciudadanía, restándole a esta cualquier posibilidad de defenderlos mediante maniobras espurias y la aplicación de métodos represivos y trampas legales.

Las circunstancias que hacen posible la toma del poder político por parte de individuos corruptos y carentes de visión tienen mucho que ver con la manipulación de los recursos públicos con objetivos ilegales e ilegítimos; pero también con la infiltración de supuestas doctrinas religiosas, cuya misión es impedir el empoderamiento ciudadano y las cuales constituyen un poderoso aliado. De este modo, se consigue rebajar de manera sistemática las expectativas de desarrollo y supervivencia de grandes sectores de la población, quienes al final aceptan como algo natural otorgar no solo su aprobación sino también sus recursos económicos al sistema que coarta sus libertades y se apodera de sus riquezas. Como regalo adicional, alimentan el poder de sus captores con absoluta sumisión.

En sociedades con estas características –en donde predomina la actitud pasiva y resignada ante el abuso sistemático- resulta doblemente complicada la consolidación de movimientos colectivos organizados tendentes a desarticular los mecanismos opresores. Por un lado, por un temor arraigado e instalado en la conciencia colectiva sobre los riesgos implícitos en todo cuanto asemeje a la rebeldía y, por ende, a la destrucción del enemigo, sino también porque el sistema somete a la población a un régimen elemental de supervivencia. Por lo tanto, esta agradece cualquier concesión a sus necesidades, aun si esta no llega siquiera al mínimo establecido en leyes y tratados.

En la actualidad, con un escenario pavoroso de restricciones y pérdidas humanas provocadas por el ingreso de un virus mutante –cuyo origen aún es tema de controversia y manipulación informativa- son muchos los países de nuestro continente los sometidos a regímenes políticos cuyas autoridades se mueven en un terreno pantanoso y contrario a sus marcos institucionales. Ante esto, pocos son los ciudadanos comprometidos a ejercer un papel activo y de fiscalización, lo cual permite los excesos de organizaciones e individuos cuyos objetivos se enfocan en mantener un férreo control sobre pueblos y bienes públicos, ante la mirada cómplice de la comunidad internacional y de sus rehenes dentro de las fronteras.

Agachar la cabeza es una de nuestras peores falencias como sociedad.

Fuente e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com/el-sindrome-de-estocolmo/

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Brasil: Transexuales pueden elegir entre cárceles femeninas o masculinas

América Central/Brasil/04-10-2020/Autor(a) y Fuente: acento.com.do

Justicia de Brasil también sentenció que tienen derecho a decidir si, dentro de los presidios que escojan, conviven con los reclusos en general o en pabellones destinados a la población LGBTI .

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- Los travestidos y transexuales que están presos en Brasil obtuvieron este viernes el derecho a decidir si quieren permanecer en presidios masculinos o si prefieren ser recluidos en cárceles femeninas.

El beneficio fue concedido por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), que aprobó una resolución que obliga a los jueces a consultar a las personas que se declaran transexuales o travestidos sobre el tipo de presidio en el que prefieren permanecer presos.

De acuerdo con la resolución del organismo gestor del Poder Judicial en Brasil, estos presos también tienen derecho a decidir si, dentro de los presidios masculinos o femeninos, quieren convivir con los reclusos en general o permanecer en los pabellones destinados a la población LGBTI (Lesbianas, homosexuales, bisexuales, travestidos e intersexuales).

Según el Consejo Nacional de Justicia, que es comandado por el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Luiz Fux, los presos que se declaran homosexuales y lesbianas sí tienen que ser recluidos en presidios masculinos y femeninos, respectivamente, pero podrán declarar su preferencia por un pabellón o una celda específica para las personas con su opción sexual.

Igualmente tendrán que tener en cuenta si el preso en cuestión no representa riesgo para los demás reclusos de la unidad a la que se les destine.

«El juez tendrá que fundamentar su decisión. Podrá negar, por ejemplo, la petición de un travestido condenado por varios crímenes sexuales que manifieste su deseo de ser recluido en una celta solo con mujeres», según el ponente de la propuesta, el consejero Mario Guerreiro.

El consejero que propuso la medida hace más de un año alegó que la decisión busca garantizar derechos de personas sometidas a situaciones humillantes.

«Esas personas están sujetas dentro de los presidios a un infierno en la tierra. No podemos ignorar lo que está ocurriendo. Son violadas y maltratadas todos los días, y contraen enfermedades», afirmó.

Según el Consejo Nacional de Justicia, el plazo para que jueces y el sistema penal se adapten para implantar la medida es de 90 días.

En la justificación de la decisión, el ponente afirmó que el artículo quinto de la Constitución brasileña garantiza «que nadie será sometido a tortura ni a tratamiento inhumano o degradante».

Igualmente citó artículos de la convención sobre Principios de Yogyakarta, que la comunidad internacional aprobó en 2007 y que buscan garantizar los derechos humanos de las personas en relación a su orientación sexual e identidad de género.

«Con esta resolución, Brasil da un paso importante en el fortalecimiento de la tutela de las minorías y en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana», afirmó Fux.

De acuerdo con los datos analizados por la CNJ, Brasil lidera la clasificación mundial de violencia contra los transgéneros, cuya expectativa de vida no supera los 35 años en el país.

Según los datos del Departamento Penitenciario Nacional (Depen), en Brasil sólo hay 36 unidades carcelarias con pabellones destinados a presos de la comunidad LGBTI, lo que representa el 3 % del total de presidios y cárceles del país. EFE

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/actualidad/transexuales-pueden-elegir-entre-carceles-femeninas-o-masculinas-8867285.html

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El silencio nunca fue la opción de las mujeres iraquíes

Huda Samir/ AMENAS


Por más que se quiera invisibilizarlas, las mujeres en Irak sostienen una lucha constante por sus derechos. Después de sufrir el régimen de Sadam Husein, ahora resisten las embestidas de las política islámicas radicales.

Con la caída de la dictadura de Sadam Husein y del Estado iraquí, las mujeres iraquíes esperaban poder tener más voz sobre su futuro y sus derechos. Sin embargo, desde entonces, se les han arrebatado los limitados derechos que habían conseguido, así como los derechos fundamentales por ser simplemente ciudadanas. No obstante, en general, las mujeres se han negado a permanecer en silencio a la luz de todos los cambios que las rodean.

Han pasado 17 años desde el colapso del gobierno de Sadam y, sin embargo, la lucha y el sufrimiento de las mujeres iraquíes no han variado. Con los cambios políticos es como si, en realidad, les hubieran sacado la alfombra de debajo de los pies. La situación política en Irak se volvió completamente contra ellas, debido a las milicias y los partidos afiliados al gobierno fundamentalista islámico iraní. Las mujeres iraquíes también tuvieron que sufrir la destrucción, causada tanto por la ocupación de Estados Unidos como el hecho de que el Daesh controlara muchas ciudades de Irak. Todos estos desastres son los que han contribuido a la inestabilidad económica, la violencia, la destrucción y el sufrimiento continuado de las mujeres iraquíes.

Bajo la nueva situación política impuesta en 2003 y posteriormente, las mujeres iraquíes se vieron ahora obligadas a cubrirse la cabeza. Perdieron el derecho a viajar sin acompañantes. Su seguridad y protección se vio amenazada por las milicias e islamistas políticos que ostentaban más poder en el gobierno. Día tras día, las mujeres continuaron perdiendo sus derechos y esto coincidió con la pérdida de muchos servicios básicos, como la luz y el agua potable. Había una carencia absoluta de oportunidades laborales, lo que hizo aumentar la pobreza y la falta de vivienda para las mujeres.

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Imagen: Hussein Faleh / AFP

El levantamiento de 2019 en Irak no se ha acobardado y continúa exigiendo mejores condiciones de vida. La participación de las mujeres en estas protestas fue muy evidente e inspiradora para muchas mujeres en todo el mundo, aunque tuvieron que pagar un precio: han perdido la vida en una serie de asesinatos sistemáticos. Riham Yaqub es la última víctima de esos asesinatos sistemáticos, que vienen afectando a las mujeres activistas en las últimas dos décadas. Y, por desgracia, tampoco va a ser la última.


Riham Yaqub vivía en la ciudad de Basora, que se encuentra en el sur del país. Ahí es donde la mayoría de las milicias chiíes, respaldadas por Irán, controlan la riqueza y la política de la ciudad. Riham era feminista y activista, y trabajaba como nutricionista. Participó con miles de mujeres en las protestas iraquíes de 2019 y 2020 para pedir el relevo de quienes ocupaban el poder en la gobernación de Basora, para impulsar que las mujeres se levantaran contra las injusticias y protestaran contra el gobierno, para exigir el fin de la división sectaria, los deficientes servicios y el desempleo. Riham fue asesinada por hombres armados desconocidos cuando se encontraba en el interior de su automóvil, el 19 de agosto de 2020.


Hay muchas otras historias parecidas a la de Riham Yaqub. El 29 de octubre de 2019, la activista y periodista Sarah Talib, embarazada de varios meses, fue asesinada junto a su esposo frente a su hija de cuatro años, en su pequeño departamento. El 25 de septiembre de 2018, Suad Al Ali, una de las fundadoras de la organización “Waad Al Aalami”, fue asesinada cuando salía de su casa. Exigía apoyo para las manifestaciones, tomar postura contra el sectarismo y reformas en las leyes civiles iraquíes. Nadie ha rendido cuentas por estos asesinatos ni ha pagado el precio de los crímenes cometidos contra estas mujeres.

Son muchas las mujeres que han perdido la vida a causa de las milicias que quieren impedirles que participen en las protestas. Los asesinos pretenden enviar un mensaje claro a las mujeres de que sus vidas están en peligro si participan. Mujeres como Aliaa Al Saadi, Nur Rahim, Huda Jader, Yinan Al Shahmani participaron en el levantamiento de octubre de 2019, curando a los hombres y a las mujeres heridas. Proporcionaron comida y agua en la plaza Tahrir y, aunque estaban haciendo el bien a los demás, muchas de ellas siguieron siendo secuestradas y asesinadas por grupos de milicias.

El creciente asesinato de mujeres activistas en estos estados fundamentalistas islámicos, bajo gobiernos corruptos, hace que la gente vea que las mujeres ya no aceptan su destino. Estas mujeres son fuertes y empoderadas, y se niegan a guardar silencio sobre su maltrato, sin importar quién o qué gobierno se cruce en su camino para detenerlas. A pesar de estos asesinatos, las mujeres vencerán. Serán escuchadas. Las mujeres en Irak no van a callarse y triunfarán con la esperanza y los sueños puestos en una sociedad mejor.

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Imagen: Ahmad Al Rubaye / AFP

*Por Huda Samir para AMENAS / Foto de portada: Hussein Faleh – AFP  / Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Fuente: AMENAS

Imágenes: La Tinta

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Eutanasia: un derecho fundamental

Por: Víctor Arrogante

LAS COSAS YA NO PUEDEN SER COMO ANTES Y MENOS SI SON SOMETIDAS A PRINCIPIOS MORALES VINCULADOS A LA IGLESIA CATÓLICA, QUE NO SOLO NO PROMUEVE LA FELICIDAD, SINO QUE SIEMBRA EL SUFRIMIENTO PARA ACCEDER AL «REINO DE SUS CIELOS».

Si vivir con dignidad es un derecho, también lo es morir dignamente. Un derecho para poder ejercer la última libertad. Hace unos días, el Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas a la totalidad del PP y Vox a la proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. La proposición de ley aún debe pasar por la Comisión de Justicia, ser debatida en la Cámara Baja, ir al Senado y volver al Congreso para la aprobación definitiva; todo está en marcha y espero poder utilizar sus mecanismos cuando llegue la ocasión.

«Quien quiera vivir que viva, pero a los demás que nos dejen morir dignamente». Con estas palabras de Fernando Cuesta, enfermo de ELA, que tuvo que viajar a Suiza para poner fin a su vida, arrancó en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la proposición de ley para regular la eutanasia en España presentada por el PSOE en el pasado febrero. Recibió el apoyo de 201 votos, 2 abstenciones, y 140 en contra (PP y Vox), que acusan al resto de partidos de querer aprobar la norma, para ahorrar en pensiones y tratamientos médicos. Estos grupos siempre han sido indeseables, pero en esta ocasión vuelven a representar las vergüenzas de España

«El sufrimiento no tiene ideología», insistió la diputada socialista y exministra de Sanidad María Luisa Carcedo. El texto aprobado, convierte la eutanasia en un derecho que será incorporado a la sanidad pública, para quienes lo soliciten y sufran una enfermedad grave e incurable o «invalidante», que cause un sufrimiento insoportable. Las cosas ya no pueden ser como antes y menos si son sometidas a principios morales vinculados a la iglesia católica, que no solo no promueve la felicidad, sino que siembra el sufrimiento para acceder al «reino de sus cielos», que no es sino una aberrante idea que avaló la esclavitud y ahora el trabajo precario indigno.

El recuerdo de quienes han muerto en España sin la eutanasia legalizada −Ramón Sampedro, Maribel Tellaetxe o María José Carrasco−, ha sido una constante en un debate que ha tenido momentos con una alta carga emocional y que se ha crispado cuando el indeseable diputado del PP, José Ignacio Echániz, ha acusado a los impulsores de la ley de querer ahorrar a costa de «los más vulnerables».

Pablo Echenique, de Unidas Podemos, ha mostrado su orgullo por participar en la tramitación: «Nadie tendrá que hacer como Ángel Hernández», encausado por ayudar a morir a su esposa, sino que quienes requieran la eutanasia podrán hacerlo en la sanidad pública. Echenique ha calificado a PP y Vox de «gente sin escrúpulos».

El Parlamento holandés viene tramitando un polémico proyecto de ley, por el que los progresistas del D66, defienden el derecho de los mayores de 75 años que, aun estando sanos, opten por solicitar la eutanasia al considerar que han vivido bastante. Esta iniciativa provocó alarma entre los socios conservadores de la coalición de Gobierno, que están en contra de legalizar esta opción. Unos 10.000 holandeses mayores de 55 años mostraron su interés en ello. El problema es cada vez mayor, cuando la diferencia entre la vida biológica y la vida biográfica aumenta gracias a los avances médicos. La gente deja de formar parte del sistema laboral a los 67 años, pero vive más que antes, sin participar en la sociedad y con quejas como la soledad o los achaques de la vejez.

Actualmente la eutanasia está considerada como un homicidio, por lo que el objeto de la Proposición de Ley «es regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse». Esta ley supone una regulación histórica en España y en el resto del mundo.

Eutanasia y muerte digna, no son conceptos idénticos, aunque si conexos. La eutanasia es un derecho individual subjetivo de las personas ante situaciones en las que, sin estar abocadas a un proceso de muerte inminente, deciden, por su situación de invalidez o sufrimiento solicitar ayuda para morir anticipadamente. Esto, según defiende el PSOE, da seguridad jurídica a los profesionales que participan de esta práctica sin obligarles a ello. La muerte digna, en cambio, engloba la serie de derechos y garantías de todas las personas a una asistencia sanitaria y social en el final de sus vidas que respete su autonomía y su voluntad para morir en condiciones dignas. Se trata del rechazo a la obstinación terapéutica, la garantía de unos cuidados paliativos integrales, intimidad, acompañamiento y apoyo. También consiste en establecer un régimen que obliga y dota de seguridad jurídica de todos los profesionales implicados

La regulación de la eutanasia exige una regulación no solo sanitaria, sino también civil y penal, pues exige la derogación parcial del artículo 143 del Código Penal (1.- El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años). La muerte digna, ya contemplada en varias comunidades autónomas, es una cuestión de legislación sanitaria y no demanda cambios en el CP. A día de hoy, la eutanasia, considerada como un homicidio, es ilegal en España, mientras que la sedación terminal sí está permitida. El PSOE ha venido insistiendo en que son dos debates muy diferentes, y por eso han de caminar por carriles distintos.

El PSOE abre la puerta al suicidio médicamente asistido, aunque solo en condiciones de enfermedad incurable o discapacidad crónica (no válido para cualquier situación), y con presencia del facultativo hasta el final. El PSOE calcula que todo el proceso, desde la petición hasta la resolución final, no debería tardar menos de 32 días. En el suicidio médicamente asistido, el médico indica al paciente qué fármaco debe ingerir por sus propios medios para morir. Este supuesto es legal en Suiza (y en algunos estados de EEUU) y ha generado un cierto «turismo de la muerte».

La ley de la eutanasia divide a los partidos entre una medida «garantista» y los cuidados paliativos. Para el PSOE, la Ley es una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista. No solo busca la legalización, sino también controlar todo el proceso, desde la información al paciente hasta la labor del médico. Consideran que de aprobarse la ley, se introduciría en el ordenamiento legal «un nuevo derecho individual». Podemos, que ya había registrado su propuesta sobre la eutanasia antes que el PSOE, respalda de manera casi total la iniciativa. No considera que este cambio tenga que asentarse «en el sufrimiento del paciente», sino en la «libertad de decidir». «No es una competencia para ver quién sufre más, sino cuando alguien dice no puedo más y en el camino me quedo«.

La eutanasia conecta con un derecho fundamental de la persona constitucionalmente protegido como es la vida, pero que se debe conectar con otros derechos y bienes, igualmente protegidos por la Constitución, como son la integridad física y moral de la persona (artículo 15 CE), la dignidad humana (artículo 10), el valor superior de la libertad (art. 1.1), la libertad ideológica y de conciencia (art. 16) o el derecho a la intimidad (art. 18.1). Cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad e integridad, el bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos. No existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida. En estos casos, el Estado está obligado a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica.

Junto con la Ley propuesta por el PSOE, hay que promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla; especialmente el derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimientos, si este es su deseo expreso.

La legalización y regulación de la eutanasia se asientan sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son basamento de los derechos de las personas, y que son recogidos en la Constitución. De un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, bienes constitucionalmente protegidos como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad.

Si el Sistema difícilmente es capaz de proteger mi vida y que se desarrolle dignamente y en bienestar, al menos que me de protección para que el fin de mi vida sea cómo y cuando yo quiera. Vivir puede ser una maravilla, dejar de vivir, hacer desaparecer la vida, es como un acto de magia, que los magos conocemos; como cuando hacemos desaparecer una paloma blanca entre sedas de colores.

Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/eutanasia-un-derecho-fundamental/

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OPINIÓN | Con la cruz de tu ausencia

Por: Tlachinollan

 

Me han obligado a vivir con el corazón roto,

a caminar con la cruz de tu ausencia,

a padecer el tormento de la mentira y el escarnio.

Mi amor de madre es tan grande

que nada impedirá

acariciar tu rostro,

para que brille la justicia.

 

He tenido que regresar al pueblo para guardar la cuarentena. Después de 67 meses ya nada es igual. La familia del padre de mis hijos que vive en Nueva York, se ha empeñado en quitarnos la casa, al culparme de la desaparición de mi hijo. Se han olvidado que cuando estuve en Nueva York mandé también dinero para construir la casa. Tuve que defender mi patrimonio, y al mismo tiempo, buscar a mi hijo. No es tan fácil enfrentar la vida como madre de dos hijas, de dos nietas y de un hijo desaparecido.

Con el apoyo de mis hermanos sembramos maíz y frijol en nuestra parcela. Solo así tenemos segura la comida. En esta temporada no cosechamos frijol porque se quemó con el calor que hizo. De maíz sacamos como 400 kilos y ahorita solo nos queda un costal para comer este mes. El bulto de 50 kilos cuesta 300 pesos, ya ni eso podemos comprar. No se que voy hacer. Antes vendía artesanías y con lo poquito que juntaba lo compartía con mis hijas. En los momentos difíciles mi hijo buscaba trabajo en la ciudad y él veía como nos sostenía. Yo he buscado trabajo aquí en el pueblo, pero todos estamos igual. No hay dinero.

Los dos hermanos que tengo en Nueva York, se enfermaron del coronavirus. Uno de mis hermanos sigue encerrado en su cuarto para no contagiar a sus tres hijos. Su esposa tuvo que ser hospitalizada, pero gracias a Dios a los tres días fue dada de alta. Mi otro hermano siguió trabajando como repartidor de comida y el se encargó de atender a los sobrinos. Me da gusto que mi hermana haya salido adelante, ya tiene varios años trabajando en McDonald’s, por el momento, solo trabaja dos días a la semana, porque todo el servicio es para llevar. Ella a veces se compadece de mí y me manda para algunos gastos, pero ahorita también tiene problemas con el pago de la renta, por eso me da pena molestarla.

Desde que regresé al pueblo con mis hijas, en el mes de marzo, he tenido que enfrentar varios problemas con la familia paterna. Ellos siguen sin aceptar que viva en la casa que construimos con el papá de mis hijas. Por eso, han tratado de molestarnos diciendo a la gente que nosotras traemos el coronavirus, que mejor nos regresemos donde estamos viviendo. Hemos tenido que aguantar y fingir que no escuchamos.

El martes pasado tuvimos una asamblea para ver si quitábamos los filtros que desde hace tres semanas se pusieron en la entrada del pueblo. El comisariado y el consejo de vigilancia han estado al frente de este trabajo y con su grupo se han organizado para vigilar las entradas y salidas de la gente. Por su parte, el comisario ha tratado de convencer a la gente de que se quiten los filtros. A él con su gente le toca vigilar la entrada donde está la antena. Yo pedí la palabra y dije que estaba bien lo que hacía el comisariado y el consejo de vigilancia, porque es para el bien de todo el pueblo. Les recordé que para eso los pusimos, para que velen por nuestra seguridad y ahora por nuestra salud. Al final comenté que, si la mayoría de la gente decide que sigan cerradas las entradas, que así se cumpla. Mi comentario no le gustó al comisario, porque la mayoría de la gente decidió que continuáramos con los filtros sanitarios.

Este fin de semana tuvimos otro problema y se lo planteamos al comisario. Ahí noté que estaba enojado porque se puso a favor de la otra parte. En lugar de conciliar, se fueron contra nosotras. No nos escucharon por ser mujeres. La otra familia se siente con dinero, porque uno de sus hijos acaba de llegar de Nueva York. A los señores de la comisaria les molesta que las mujeres participemos y nos pongamos al tú por tú con ellos. Siempre les dan el lado a los hombres y luego no nos dejan hablar. Como no me deje, el comisario impuso su decisión y le dio la razón a la otra familia, además nos multó con 700 pesos, y nos pidió 100 pesos para pagar el acta y otros 100 pesos para los refrescos.

Como mujeres hemos dicho que los usos y costumbres del pueblo, no quieren decir que solo los hombres van a mandar y que nada más ellos, deben de estar en la mesa para aplicar justicia. Ya les demostré que como mujer tengo derechos y que me tienen que respetar. Así fue con el problema que tuve con la familia del padre de mis hijas.  Me querían quitar la casa y otro comisario también apoyo a la otra familia. En esa fecha, andaba muy triste porque tenía poco que mi hijo había desaparecido. Me sentí desamparada. Gracias al apoyo de los abogados y abogadas de derechos humanos logré ganar una demanda. Lo que me hicieron fue para demostrarme que lo que deciden los hombres es la del pueblo.

La verdad es muy pesado tener que pelear en todo momento para que respeten nuestros derechos. No me cansaré de hacerlo. En esta lucha que llevo con los 43 padres y madres de familias que buscamos a nuestros hijos, he aprendido como mujer y como madre a exigirle al gobierno que garantice la vida de nuestros hijos. Ellos tienen la obligación de buscarlos y decirnos donde están.

Ahora soy una madre que aprendí a luchar, por mi hijo. Él me enseñó a hacerlo. Ya nada me detendrá, y lo que más me da esperanza es que en medio de tanta pobreza, mis hijas también han descubierto que existe otra manera de vivir, cuando se pierde el miedo y se lucha por la justicia. Aunque estamos solas en el pueblo, sabemos que en todo México y en varios países del mundo están con nosotras, que sienten nuestro dolor y que también están dispuestos ha seguir caminando al lado nuestro, hasta conocer la verdad.

Ser madre de un hijo desaparecido es vivir con el corazón roto, es caminar en los bordes de la muerte, es cargar con la pesada cruz de un dolor que quema el alma. De una espada que atraviesa el corazón, de un sufrimiento que no permite tener reposo. He aprendido lo que mi hijo sería como maestro, de ser la voz de los niños y las niñas indígenas que crecen con el estómago vacío y que desde pequeños tienen que trabajar en el campo. De mostrar la realidad que se vive en las comunidades indígenas, donde las mujeres seguimos cargando con el estigma de la inferioridad y de ser arrinconadas para vivir en el silencio. Como madre estoy dispuesta a seguir caminando en estas montañas y a seguir trabajando en los surcos del hambre, que son los que me dieron fuerzas para procrear 2 hijas y 1 hijo. Estas pruebas son de fuego, porque mi única ilusión es encontrar a mi hijo. Para muchas madres y padres de familia, que estamos marcados por esta tragedia, somos ahora la esperanza de un México con justicia.

La cuarentena que estamos haciendo para evitar la transmisión del coronavirus, nos ha colocado en una situación extremadamente crítica, porque en el momento en que el presidente de la república había convocado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al fiscal general de la república para impulsar las investigaciones, continuar con las búsquedas y concretar las órdenes de aprehensión contra altos funcionarios que fabricaron la verdad histórica, la amenaza de la pandemia vino a interrumpir este movimiento en pos de la verdad, obligándonos al repliegue y al confinamiento.

Nos preocupa mucho que la pandemia desactive todos los esfuerzos realizados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, y que la parálisis de las instituciones no sea motivo para que se estanquen las investigaciones y se mantengan intocados los pactos del silencio.  Es muy alentadora la noticia publicada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de que el pasado 6 de mayo firmó el acuerdo internacional para la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que prestará asistencia técnica para el caso Ayotzinapa. Nos anima saber que los expertos y expertas estarán muy atentos para participar en la elaboración de planes de búsqueda y en la coadyuvancia de las investigaciones. Su presencia nos da confianza, sobre todo que haya el respaldo del Estado Mexicano y que la Comisión Interamericana, siga comprometida con nuestros hijos.

En mi casa no solo acecha la amenaza del coronavirus, sino también el fantasma del hambre que nos angustian y causan desesperación, sin embargo, esta pesadilla sería llevadera sino cargáramos la cruz de la ausencia de nuestros hijos. Para nosotras ese es el virus que nos mata, la desaparición de nuestros 43 hijos. Es la pandemia que asfixia a más de 60 mil familias de México, que luchamos a brazo partido para que haya verdad y justicia. Somos los #CorazonesenMarcha.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-con-la-cruz-de-tu-ausencia/

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De la seguridad al coronavirus

Por: Raúl Zibechi

Desnudos ante el poder: Si aceptamos el confinamiento y la decisión unilateral del ejecutivo de restringir libertades y de imponer formas de conducta como el distanciamiento social; si las mayorías las aplauden mientras condenan a quienes las transgreden, es porque la sociedad ha sido ablandada y modelada por décadas de políticas de seguridad.

Los institutos de opinión pública uruguayos detectaron un cambio abrupto en la percepción de la población respecto a los problemas principales que enfrenta. Así, el diario La República titula en su edición del 23 abril “La salud desplazó a la inseguridad y ahora es la primera preocupación de los uruguayos”

La directora de Equipos Consultores, Mariana Pomiés, asegura. “Nos llevamos una sorpresa porque hace años la principal preocupación era la inseguridad y ahora se desplomó”. En su evaluación, la preocupación por la seguridad cayó del 58 al 5%, siendo desplazada por la salud y la economía, por ese orden.

La serie histórica que Equipos presentó el 14 de abril de la mano de Ignacio Zuasnábar, en canal 12, no deja lugar a dudas. Desde 2008 la seguridad y la delincuencia desplazaron a la desocupación como tema excluyente de los uruguayos. El año pasado, el 72% lo consideraron el problema principal en sus vidas.

Son datos relevantes ya que la serie histórica recorre más de una década, desde 2007, atravesando casi todo el período de los gobiernos progresistas. La seguridad es el dato central que permite explicar los resultados electorales de octubre y noviembre, o sea la derrota del Frente Amplio y el triunfo de una coalición multicolor que llevó a Luis Lacalle a la presidencia, pese a no existir nada que se parezca a una crisis económica en Uruguay, a diferencia de otros países de la región.

Aunque los datos son reales e indiscutibles, el enfoque me parece desacertado. La pandemia de coronavirus no desplaza a la seguridad como tema principal, porque se trata del mismo fenómeno social. El coronavirus es la expresión, en este período, de la preocupación ciudadana por la inseguridad, excusa para la aplicación de las políticas de seguridad desplegadas en los últimos 20 años, no sólo en Uruguay sino en toda América Latina.

Estamos ante una construcción política que está íntimamente ligada a lo que el filósofo Giorgio Agamben denomina como “estado de excepción”, devenido en el “paradigma de gobierno” en el período actual*. En su estudio sobre el origen el estado de excepción se remonta al “estado de sitio” durante la revolución francesa, ligado a la guerra contra enemigos externos que enfrentaba la Asamblea Constituyente en 1791. Posteriormente, a lo largo de los siglos XIX y XX, el estado de sitio se emancipa de la situación bélica que lo generó, “para ser usado como medida extraordinaria de policía frente a desórdenes y sediciones internas, deviniendo así de efectivo o militar en ficticio o político” (p. 29).

Insiste, mal que nos pese, en que fue la tradición democrático-revolucionaria y no la absolutista, la creadora del estado de excepción. Los “plenos poderes” que asume el poder ejecutivo supone en los hechos un vacío de derecho. Lo sucedido durante las dos guerras del siglo XX, con el ascenso del nazismo en el seno de regímenes democráticos, llevó a Walter Benjamin a decir que “el estado de excepción…ha devenido la regla”.

Agamben registra que la ampliación de los poderes del ejecutivo va mucho más allá de las conflagraciones bélicas, cuando todos los países en guerra aplicaron el estado de excepción. Bajo esa tendencia inexorable, “es la totalidad de la vida político-constitucional de las sociedades occidentales lo que comienza progresivamente a asumir una nueva forma, que quizá sólo hoy ha alcanzado su pleno desarrollo” (p. 43).

¿Cuáles son los mecanismos que llevaron a que el estado de excepción se haya convertido en el paradigma de las democracias? La mutación principal, consiste en que “la declaración del estado de excepción está siendo progresivamente sustituida por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica normal de gobierno” (p. 44).

El filósofo sostiene, en una reciente entrevista, que el control a través de videocámaras y teléfonos celulares, “excede, por mucho, cualquier forma de control utilizada bajo regímenes totalitarios como el fascismo o el nazismo” y que las medidas que limitan nuestra libertad “nunca se habían aplicado en la historia de nuestro país”.

Si aceptamos el confinamiento y la decisión unilateral del ejecutivo de restringir libertades y de imponer formas de conducta como el distanciamiento social; si las mayorías las aplauden mientras condenan a quienes las transgreden, es porque la sociedad ha sido ablandada y modelada por décadas de políticas de seguridad.

Porque nos hemos acostumbrado a que el poder decida, con la sola aprobación de “técnicos” y “especialistas”, una gama cada vez más amplia de decisiones: quiénes son pobres y quiénes indigentes, quiénes pueden recibir ayudas y subvenciones, qué empresas están exentas del pago de impuestos y cuáles pueden vulnerar la soberanía nacional, y un largo etcétera. Hasta llegar a decidir en qué lugares debo usar tapabocas, cuántos pueden estar en un almacén y a qué distancia de otras personas debo sentarme.

¿Quién decidió que la pandemia es una guerra que debe ser enfrentada con métodos y modos militares? Los gobiernos, sin el menor debate público, argumentando la urgencia, la salvación de la población, el bien público, y otros similares. Todo ello sin que mediara el menor debate en la sociedad. Porque la fruta de la militarización de la sociedad fue madurando durante décadas de gestión de la seguridad con políticas de control policial.

El Estado/policía toma las decisiones y aplica las penas luego de marcar la falta, aunque en muchos casos el policía sea sustituido por un asistente social. La sociedad queda, de ese modo, desnuda ante el poder. Una desnudez, como dice Agamben, que es “una producción específica del poder y no un dato natural”.

* Giorgio Agamben, Estado de excepción, Adriana Hidalgo, 2004.

Fuente  : https://zur.uy/de-la-seguridad-al-coronavirus/

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