Derechos de la Infancia

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El matrimonio infantil lastra a una de cada cuatro niñas en América Latina

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Una de cada cuatro niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe contrajo matrimonio o formalizó una unión antes de cumplir los 18 años, según un informe que advierte de que, si no se toman medidas, la región será la segunda con peores datos de todo el mundo en el año 2030, sólo por detrás del África subsahariana.

La prevalencia del matrimonio infantil en América Latina apenas ha variado en el último cuarto de siglo, si bien la ausencia de datos completos hace temer que la realidad pueda ser peor, según un grupo conformado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y ONU Mujeres.

La información básica sobre matrimonios y uniones tempranas no está disponible en varios países, especialmente en el Caribe, y la que se conoce refleja una disparidad estadística, ya que mientras que la proporción de niñas y adolescentes casadas es inferior al 10 por ciento en Jamaica, en otros lugares como República Dominicana, Nicaragua, Honduras y Belice el dato supera el 30 por ciento.

El Grupo de trabajo del Programa Conjunto Interinstitucional para Poner Fin al Matrimonio Infantil y a las Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe señala en su informe que estas bodas prematuras «son una realidad» en la región, «a pesar de su falta de visibilidad» y recuerda que eliminar esta práctica nociva es clave para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Fuente: https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-latinoamerica-matrimonio-infantil-lastra-cada-cuatro-ninas-america-latina-20211221113836.html

 

 

 

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El sistema judicial de España no protege a los niños de padres abusivos, afirman expertos de la ONU

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Un grupo de relatores asegura que el sistema judicial español tiene un “sesgo discriminatorio contra las mujeres” y a menudo favorece a los varones en casos de custodia incluso aunque haya antecedentes de violencia doméstica. Los expertos piden al Gobierno que tome medidas.

Los menores en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos, dijeron expertos de la ONU* que pidieron al Gobierno “garantizar que sus tribunales superen los prejuicios contra las mujeres y aplicar un enfoque centrado en los niños y de género”.

“Aún en los casos en los que existen antecedentes de violencia doméstica o pruebas de maltrato, las decisiones judiciales a menudo favorecen a los padres varones, incluso en aquellos casos en los que existen motivos razonables para sospechar que abusan hacia los niños y sus madres”, sostuvieron.

“Una de las causas fundamentales de este problema es la existencia de un sesgo discriminatorio contra las mujeres, que hace que su testimonio se perciba como menos creíble que el de los hombres», dijeron. «Las mujeres tienen aún menos probabilidades de ser creídas cuando denuncian la violencia física y sexual cometida por los padres contra ellas y sus hijos».

Los expertos se mostraron especialmente preocupados por el caso de Diana García M., que recientemente perdió la custodia en primera instancia de su hija de 6 años tras ser acusada de obstaculizar la relación entre la niña y su padre. A pesar de los antecedentes de violencia doméstica y de las pruebas que apuntaban a que había cometido abusos sexuales contra su hija durante años, el padre obtuvo la custodia completa en el juzgado de Pozuelo de Alarcón.

«A pesar de las claras directrices en sentido contrario de la Convención sobre los Derechos del Niño, los tribunales siguen determinando que el interés superior del niño y de la niña es siempre mantener el contacto con uno de sus progenitores, incluso cuando éstos son violentos o abusivos», afirmaron los expertos.

Los relatores aseguran que a lo largo de una década han estado en contacto con el Gobierno para transmitirle sus preocupaciones, pero aún así siguen recibiendo información de nuevos casos de madres que pierden la custodia de sus hijos a manos de padres maltratadores.

La teoría de la “alienación parental”

Las mujeres son acusadas de dificultar el contacto de los padres con sus hijos —fenómeno conocido como «alienación parental»— y son castigadas por los tribunales en lugar de conseguir protección.

La teoría de la alienación parental, aunque carece de apoyo científico creíble, refleja la idea de que cuando un niño teme o evita a su padre o madre, se debe a la influencia del otro progenitor, más que a las propias experiencias del niño.

“Aunque están prohibidas por la reciente legislación española, las teorías sobre la ‘alienación parental’ parecen seguir desempeñando un papel en las decisiones judiciales en España”, aseguraron los expertos que explican que tales teorías “aprovechan las actitudes patriarcales arraigadas en el sistema legal”, así como una “creciente oleada de críticas contra la igualdad de género” en varios países donde los grupos anti-derechos han retratado los derechos de las mujeres como «anti-familia.»

«Guiados por teorías pseudocientíficas y regresivas, como la alienación parental, los tribunales de España y otros países no están garantizando el derecho de los menores a estar libres de violencia, ni el derecho de las mujeres a la no discriminación», dijeron los expertos. Esta “preocupante tendencia” se ha detectado también en otros países de Europa, América Latina y otras regiones.

«España debe hacer más, para que su legislación sea operativa y para que todos los funcionarios del sistema de justicia apliquen un enfoque sensible al género y centrado en el niño en los casos de custodia de los hijos y de violencia doméstica, además de tomar medidas efectivas para prevenir estos actos de violencia que pueden constituir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o incluso tortura», dijeron los expertos. «El Gobierno debe cumplir con su responsabilidad de garantizar que los niños, las niñas y las mujeres puedan vivir y prosperar libres de violencia».

* Las y los expertos: Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Melissa Upreti (Presidenta), Dorothy Estrada Tanck (Vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane, Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho a la salud física y mental; Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Los Expertos y las expertas forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

Fuente: https://news.un.org/es/story/2021/12/1501202

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Honduras define su hoja de ruta para erradicar el trabajo infantil

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La Comisión Nacional para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil en Honduras definió este martes la hoja de ruta para dar cumplimiento al plan 2021-2025 para la prevención y erradicación del trabajo infantil en todas sus formas.

El documento fue aprobado durante la primera sesión ordinaria que celebra ese año la Comisión Nacional, que dirige la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, según un comunicado de la estatal Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).

El subsecretario hondureño de Trabajo, Cristóbal Corrales, destacó la importancia de «unir esfuerzos» para erradicar el trabajo infantil en el país centroamericano.

Además, es necesario que exista «voluntad» entre todas las instituciones gubernamentales y organismos involucrados en la construcción de la hoja de ruta, para que «no sólo quede en papel, sino que trascienda a la práctica para que en el 2025 el escenario sea diferente».

Un total de 364.765 niños y adolescentes hondureños de entre 5 y 17 años trabaja en Honduras, principalmente en labores agrícolas, según cifras oficiales.

El 66,8 % se concentra en el área rural y un 33,2 % en el urbana, y la mayoría de los menores trabaja en labores agrícolas, silvicultura, caza y pesca, comercio, industria manufacturera y construcción.

La hoja de ruta comprende diez líneas estratégicas orientadas a «asegurar que antes de la edad mínima permitida para trabajar en el país (14 años), los niños, niñas y adolescentes no se dediquen a una ocupación o empleo, máxime si es perjudicial para su salud, educación, o impida su desarrollo físico, mental o moral», según la información.

El documento contempla el desarrollo de cursos básicos sobre el trabajo infantil y adolescente peligroso, visibilizar las buenas prácticas desarrolladas en la lucha contra el trabajo infantil, así como la elaboración de una guía autodiagnóstico para empresas, organizaciones y micro emprendimientos en cumplimiento a la legislación en trabajo forzoso e infantil.

Las autoridades hondureñas también acordaron realizar un proceso de socialización de la hoja de ruta para prevenir el trabajo infantil en los 298 municipios del país.

Con la hoja de ruta, que demanda «una aplicación y ejecución conjunta», el Estado de Honduras se suma al compromiso de Naciones Unidas de declarar 2021 Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, y fortalecer el Sistema de Garantía de Derechos Niñez y Adolescencia en el país, señala la información oficial.

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-trabajo-infantil_honduras-define-su-hoja-de-ruta-para-erradicar-el-trabajo-infantil/46893556

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14 de agosto: Día de lucha contra la violencia sexual en las aulas

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“…Todas estas formas de violencia vienen de lejos: están enraizadas en las mentalidades y en las desigualdades sistémicas de género. Por lo tanto, debemos abordar las causas fundamentales de esta violencia y de los estereotipos de género para construir la igualdad en la mente de las personas”

Audrey Azoulay

La violencia sexual afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Diversos estudios y documentos han demostrado la urgencia de combatir esta violencia de manera sistemática en el ámbito educativo:  el informe de la organización Human Rights Watch (HRW) plantea que la violencia sexual es “endémica” y de larga data dentro del sistema educativo ecuatoriano, el informe la Comisión AAMPETRA de la Asamblea Nacional del Ecuador exhorta a contar con políticas públicas para la prevención y la atención integral de los casos, y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Paola Guzmán Albarracín establece importantes estándares para prevenir, erradicar y sancionar la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el contexto educativo.

Se entiende a la educación como un derecho humano que permite alcanzar el desarrollo integral de las personas a lo largo y ancho de la vida, así como construir su proyecto de vida y el ejercicio de sus derechos en contextos libres de violencia. Para ello, en el Ecuador se han definido leyes, normativas e instituciones que permitan garantizar y proteger los derechos. Pero ¿qué pasa cuando las instituciones no cumplen con su rol protector, cuando las declaraciones, convenciones y tratados internacionales han sido superados por las actitudes patriarcales basadas en el poder que destruye, que violenta, que vulnera? Frente a la historia de Paola Guzmán Albarracín (adolescente ecuatoriana que se quitó la vida luego de sufrir sistemáticamente violencia sexual por parte de directivos de la institución educativa donde estudiaba), asistimos al temor, la inseguridad, la desprotección, justamente en el lugar que debía garantizar sus derechos y protegerla, su escuela.

La educación no es sólo la formación de conocimientos, es también la construcción de formas de pensar, sentir y actuar. El sistema le falla a niñas, niños y adolescentes cuando mantiene y reproduce patrones estereotipados de comportamiento, cuando las prácticas sociales y culturales se basan en conceptos de inferioridad o subordinación, cuando cosifica los cuerpos como fuente de dominación y explotación.
La educación es también transformadora y es ahí en donde se debe incidir, para eliminar las relaciones de poder que ubican a la niñez como vulnerable frente al autoritarismo, que minimiza sus necesidades, que no escucha su voz.  Es urgente promover el empoderamiento, erradicar normas y estereotipos de género y otras formas de discriminación.

Cada 14 de agosto se conmemora en el Ecuador el “Día contra la violencia sexual en las aulas”. Desde la UNESCO reiteramos nuestro llamado a las autoridades nacionales para combatir de forma estructural la violencia sexual dentro del ámbito educativo y otros ámbitos en los que se desarrollan los niños, niñas y adolescentes.  Nos unimos a las voces que proclaman “No más violencia a niños, niñas y adolescentes en las aulas, ni en ningún otro espacio” y ratificamos el compromiso con el Estado ecuatoriano, y especialmente con el Ministerio de Educación (MinEduc), para aportar a la educación equitativa, inclusiva, libre de discriminación y a la construcción de seres humanos iguales y respetuosos de las diversidades, en contextos libres de todo tipo de violencia.

Fuente: https://es.unesco.org/news/14-de-agosto-dia-de-lucha-contra-la-violencia-sexual-en-las-aulas

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México: Lanzan maestr@s petición en Change.org para que se investigue el abuso sexual infantil en escuelas y se tomen las medidas oportunas para erradicarlo

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-La petición se puede leer y firmar a través de la liga https://www.change.org/p/a-la-secretaría-de-educación-pública-debe-investigarse-el-abuso-sexual-infantil-en-las-escuelas-maestras-y-maestros-de-méxico?recruiter=254170001&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition&recruited_by_id=f7cc4650-ca58-11e4-ac60-11007c56b52d

Chihuahua, Chih.- Después de que el pasado 31 de mayo la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) AC diera a conocer la terrible problemática de “explotación sexual” de menores en planteles escolares de algunos estados, un importante número de reconocidos maestras y maestros de toda la República lanzaron a través de la plataforma Change.org una petición solicitando a las autoridades federales y estatales investigar los hechos denunciados, esclarecer los hechos y adoptar las medidas y protocolos necesarios para evitar su repetición. Y es que en la petición, cuya organización estuvo encabezada por el Doctor Manuel Gil Antón, profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos, y Noel Antonio García Rodríguez, integrante del ResISSSTE- CNTE de Chihuahua, exigen a las autoridades educativas federales y estatales “que manifiesten, de manera pública y clara, su compromiso con la investigación que se requiere realizar en todas las entidades para erradicar tanto el abuso sexual infantil aislado”, igual a las autoridades y dueños de planteles particulares, pero también que establezcan protocolos adecuados de supervisión en las escuelas y resolución de casos detectados mediante la vía judicial, y la dotación de recursos económicos para adecuar las escuelas “a la máxima transparencia en cuanto a los espacios escolares, evitando sitios en los que se puedan ocultar los delincuentes para realizar sus crímenes”.

A continuación el contenido íntegro de la petición

Debe investigarse el abuso sexual infantil en las escuelas: maestras y maestros de México

Nosotras y nosotros, maestras y maestros de diversas partes de México que laboramos desde la educación inicial al posgrado, hemos leído con enorme dolor y preocupación el informe “Es un secreto” La explotación sexual en planteles escolares,[1] que dio a conocer la ODI (Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, AC.) el 31 de mayo de 2021. (Puede consultarse en: https://dispensariodi.com/es-un-secreto/

Luego de tener el privilegio de ejercer la profesión magisterial y trabajar en escuelas durante años, o a lo largo de nuestra vida, sostenemos con absoluta seguridad que la educación, para ser tal, ha de basarse en una relación de profundo respeto y afecto a las niñas y niños en su proceso de aprendizaje, por lo que cualquier vejación que sufran en los espacios escolares constituye el peor perjuicio que se les pueda ocasionar y la mayor contradicción de la escuela.

Esta forma de entender nuestra labor, que se finca en la relación pedagógica basada en la ética, es, sin duda, el más importante aspecto de lo que se concibe como educación. En la escuela, más allá de los contenidos que establecen los planes y programas de estudio, a través del vínculo cotidiano entre docentes y aprendices, entre los propios aprendices e incluso en el lazo que nos une con las y los colegas y las familias que nos confían a sus hijos e hijas, se aprende un valor central en la construcción de la sociedad a la que aspiramos: que el otro, la otra con la que nos relacionamos, es la condición que hace posible ser un “nosotros” cimentado en el respeto y el aprecio mutuos a nuestro valor esencial como personas: la integridad física, emocional e intelectual, la cual tiene que ser asegurada, especialmente a las niñas y los niños, en el espacio educativo que se cristaliza en la escuela.

El abuso sexual infantil es, donde quiera que ocurra, uno de los actos más reprobables que podemos imaginar; pero se agrava si sucede en el ámbito de la escuela, pues esta institución, la escuela, nuestras escuelas, deben ser los sitos sociales más seguros para la convivencia armónica y respetuosa en la que se construye la identidad ciudadana, entendida como la irrenunciable exigencia de los derechos que nos amparan, y el cumplimiento solidario de nuestras obligaciones para con las y los demás.

El “secreto”, al que se refiere  el informe de la ODI, ya no lo es: con base en su trabajo de acompañamiento a las víctimas en los procesos jurídicos que devienen de la adecuada denuncia, y una investigación más amplia, esta organización ha encontrado una serie de patrones, de procedimientos semejantes, en los que en distintas escuelas, públicas y privadas, en diferentes estados de la república, se añade a la terrible experiencia del abuso sexual que niñas y niños padecen, la probable existencia de redes en las que este delito se torna parte de una modalidad del crimen organizado.

Del  informe de la ODI se deriva una inexcusable obligación para las autoridades educativas y de procuración de justicia en los distintos órdenes de gobierno: debe ser desterrada de inmediato la infiltración de delincuentes que, usurpando los puestos de maestras, maestros, directivos, asesores o empleados en la administración o cuidado de los espacios escolares, realizan de manera concertada, según se revela en el informe, formas de abuso sexual que resultan inenarrables por la perversidad y crueldad con las que se llevan a cabo.

Junto al dolor sin medida de las niñas y niños –y sus familias- que se desprende de haber sufrido esas experiencias, al que se añaden procesos judiciales que vuelven a ubicar como víctimas a quienes ya lo han sido, se pone en riesgo a la escuela como una institución que siempre podrá mejorar en la pertinencia de sus procedimientos para generar ambientes de aprendizaje, pero que nunca puede ser tolerada como un espacio en donde estén en riesgo la seguridad y el más absoluto respeto a quienes asisten a ella en procura de educación.

No podemos permanecer indiferentes a lo que se ha desvelado como la posible captura de algunos planteles escolares, por parte de delincuentes que, de manera coordinada, no solo causan daños irreparables al cometer abusos sexuales a niñas y niños, sino que medran con la venta de imágenes y grabaciones de los actos perversos que perpetran.

Por el valor y responsabilidad que implica nuestro trabajo, por el afecto y aprecio por cada niña o niño que asiste a las escuelas en el país, el silencio no es opción. Por lo tanto, exigimos:

1.A las autoridades educativas federales y estatales que manifiesten, de manera pública y clara, su compromiso con la investigación que se requiere realizar en todas las entidades para erradicar tanto el abuso sexual infantil aislado, como el que puede tener ya características de organizado, tanto en el sector público como en el privado que también está en el ámbito de sus competencias.

2.A las autoridades educativas de los planteles y sistemas escolares particulares y sus dueños (ya sean asociaciones civiles, empresarios o denominaciones religiosas de distinto tipo), que expresen, también de manera pública y clara, su compromiso con las tareas que es preciso realizar para erradicar estas prácticas.

3.A las autoridades educativas federales y estatales, que establezcan protocolos adecuados en la supervisión de las relaciones en las escuelas, incluyendo previsiones en las formas de contratación y la solución de eventuales casos de abuso, no como asuntos a resolver al interior de las burocracias educativas o sindicales, sino dando vista inmediata – de contar con elementos suficientes – a las instancias de procuración de justicia que corresponda.

4.Al Estado mexicano, y en especial al Poder Legislativo, que asigne los recursos necesarios con el fin de que todas las escuelas, además de contar con infraestructura suficiente para el cuidado de la salud y el mejor ambiente para el aprendizaje, se adecuen a la máxima transparencia en cuanto a los espacios escolares, evitando sitios en los que se puedan ocultar los delincuentes para realizar sus crímenes.

5.A la Fiscalía General de la República y sus homólogas estatales, que de inmediato se den a la tarea de realizar una investigación exhaustiva que descarte, o en su caso descubra y destierre, la probable existencia de formas organizadas para la comisión de abusos sexuales en los planteles, empleando para ello todos los recursos a su alcance, en especial la Policía Cibernética que indague el destino del material gráfico que se está generando.

Quienes firmamos somos parte del magisterio en México, profesoras y profesores de escuelas públicas y privadas; en nuestro nombre y seguramente en el de miles de colegas más, queremos expresar a la comunidad toda, de manera enfática, nuestro rechazo absoluto a las prácticas que se han denunciado y la urgencia de llevar a cabo las acciones necesarias para evitarlas y erradicar la posible presencia de mafias que capturan espacios escolares para cometer delitos.

(A continuación aparecen, en orden alfabético por primer apellido, las y los firmantes iniciales de esta petición. Las personas que la apoyen a través de esta plataforma, aparecerán, del mismo modo, en la versión impresa que se entregará a la SEP Federal y a la Fiscalía General de la República.)

Hugo Aboites, Abril Acosta, Rocío Acosta Jaimes, José Antonio Acosta Sebastián, Diana Addauto, Norma Adriana Moreno, María Silvia Aguirre Lares, Mayra Georgina Aguirre Ortiz, Mónica Tatiana Alba Romero, Ana Alberro, Armando Alcántara Santuario, Elsa Saraí Alfaro Camarillo, Juan Alfonseca, Atocha Aliseda, Placido Alonso Méndez, Rogelio Javier Alonso Ruiz, Guadalupe Alonso Segura, Elva Gabriela Alvarado Rodríguez, Laura Álvarez Manilla, María Fernández Álvarez Gil, Marina Jocabed Alvídrez, Adriana Andrade Frich, Andrea Angulo Menassé, Liliana Aniles Muñiz, Gabriela Antúnez Álvarez, José Luis Anzures García, Irma Yazmina Araiza Delgado, Erika Melina Araiza Díaz, Mónica Arredondo Pérez, Paola Arteaga, Karla María Arteaga, Tomás Armando Ávila Rodríguez, Roberto Ávila Vázquez, Imelda Denisse Avilés Domínguez, Ana Ayala, Héctor Eduardo Bañuelos Ruíz, Natalia Barberá, Andrea Bárcena Molina, Carlos Germán Barraza Cedillo, Juan Antonio Barrera Ángeles, Oscar Barrera Sánchez, Concepción Barrón, Adriana Cristina Bátiz Rochin, Raquel Beato, María Reyes Bencomo Gómez, Israel Benegas González, Adolfo Benítez Narváez, Benjamín Berlanga, Minerva Araceli Betancourt Bravo, Elisa Bonilla, Rosa Gabriela Borja Neri, Teresa Bravo, Francisco Nicolás Bravo Herrera, Maite Brosa, Angélica Buendía, Mario Adalberto Buitimea Verdugo, Ana Buquet Corleto, Claudia Cabrera Sánchez, Cecilia Cadena, Tania Calderas Romero, Eréndira Calderón González, Esther Caldiño Mérida, Anaid Caletti González, Beatriz Calvo Pontón, Salvador Camacho, Salvador Camacho Sandoval, Siddharta Camargo Arteaga, Alma Delia Camarillo Ramírez, Nadia Campos Rodríguez, Reyna Campuzano Salinas, Alejandro Canales, Antonia Candela, Martha Elvia Candela Reyes, Paola Guadalupe Caraveo Renova, Anel Carbajal Montalvo, Gloria Careaga, Abelardo Carro Nava, Estela Casados González, Hugo Casanova Cardiel, Patrícia Castañeda, Blanca Margarita Castañeda Díaz, Carmen Castillo Sosa, Marco Castillo, Nithia Castorena Sáenz, Nina Castro Méndez, Jorge Cázares Torres, Alicia de Alba Ceballos, Fernando Iván Ceballos, Alfredo Ceballos Lozano, Lluvia Elizeth Cervantes Contreras, Ma. Eugenia Chauol, Ana María Chávez Hernández, María Isabel Chávez Hernández, Lorena del Socorro Chavira Álvarez, Lourdes Chehaibar, Oscar Emmanuel Cisneros Juárez, Alicia Civera, Roberto Civera, Tatiana Coll, Concepción Company, Zyanya Contreras Campos, Elizabeth Contreras Colin, Sharon Córdova García, María José Corona Burch, Yolanda Correa Castro, Pilar Cosculluela, Minerva Cruz García, Nataly De Jesús Cruz Vargas, Miguel Ángel Cuevas Cuevas, Carmen Curcó, Marisol de Diego Correa, Jimena de Gortari, Celina De La Rosa Fong, Andrea de Vizcaya Ruiz, Celia del Palacio Montiel, Joaquín Fernando del Río Mateo, Mónica del Valle Magdaleno, Gabriela Delgado Ballesteros, Isidra Delgado Solís, Noemí Díaz Marroquín, Ma. Pascuala Díaz Plata, Paulette Dieterlen, Esmeralda Dionicio, Nayeli Domínguez Vega, María Magdalena Duarte Godoy, Silvia Dutrenit, Ana Graciela Ek Dzul, Lourdes Enríquez, Martha Inés Enríquez Lechuga, Julia Esther Enríquez Martínez, Miguel Ángel Escalona Aguilar, Ana Escoto, Carolina Espina Santos, José Javier Espinosa Berber, Martha Gabriela Espinosa Pichardo, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Etty Estévez, Catherine Ettinger, Edna Fabian Rojas, Lilia Nieto Fernández, Alonso Fernández Guasti, Dora Alicia Fernández Urbalejo, Juan Guillermo Figueroa Perea, Adriana Flores Alonso, Karina Flores Cordero, Ana Edith Flores Delgado, Juana Manuela Flores García, Ernesto Flores Morales, Aymara Flores, Diana Fuentes, Mario Luis Fuentes, María Guadalupe del Carmen Fuentes Cardona, César Fuentes Hernández, Lucias Gajá, Jesús Francisco Galaz Fontes, Eugenia Galicia, Ana Laura Gallardo, Jesús Manuel Gallegos Trevizo, Manuel Fernando Gamboa Márquez, Yahir Gamón, Nancy Judith Gandarilla Baldenegro, Aleida García Aguirre, Jacqueline García Balderas, Jacqueline García Balderas, David García Cárdenas, Saúl García Guerrero, Martha Leticia García Hernández, Maricela García Magaña, Lorena Yazmín García Mendoza, Alejandra García Pardiñas, Yolanda García Pavón, Rubén García Rangel, Noel Antonio García Rodríguez, Susana García Salord, Rafael García Sánchez, Celia García Valdivieso, Guadalupe García Valdivieso, Citlali García Villaseñor, Javier Gaytán Hernández, Manuel Gil Antón, María Asunción Gil González, Andrés Gómez De Teresa, Araceli Gómez Hernández, Valentín Alfredo Gómez Hernández, Paloma Gómez Mino, Martha Gómez Panana, María Elena Gómez Tagle, Teresa Gómez Tress, Fernando M. González, Edgar Oswaldo González Bello, Erika Gabriela González Gaytán, Lydia González González, Erandi Siratzeni González Kañetas, Arturo Manuel González Rosas, Cynthia Patricia González Santoyo, Tamara Isabel Granja Garzón, María del Pilar Lilián Guevara López, Griselda Gutiérrez, Norma Georgina Gutiérrez, Ana Lorena Gutiérrez Escolano, Rebeca Gutiérrez Estrada, Ana Paulina Gutiérrez Martínez, Luis Gualberto Gutiérrez Novelo, Lucía Guzmán López-Figueroa, Leticia Guzmán Palacios, Lourdes Guzmán Pizarro, Ewald Hekking Sloof, Álvaro Hernández, Pedro Hernández, Claudia Cecilia Hernández Castro, Daniel Hernández del Ángel, Ramón Hernández González, Claudia Berenice Hernández Hernández, Claudia Leticia Hernández Hernández, Pedro Hernández Morales, Daniel Hernández Rosete, Jaqueline Itzel Hernández Ruiz, Margarita Hernández Sánchez, Ma. Magdalena Hernández Sema, Noemí Hernández Suárez, Cristina Herrera, Luz Yazmin Herrera Cruz, Gerardo Herrera, Darío Hidalgo Morales, Romelia Hinojosa Lujan, Rosa María Huerta Mata, Raúl Hurtado, Luis Alexis Ibáñez Aguilar, Fidel Ibarra López, Catalina Inclán, Guadalupe Jiménez Hidalgo, Georgina Jiménez Vidiela, Ana Jiménez, Mariana Juárez Moreno, Yvette Julián Lendeche, Clara Jusidman, Cecilia Kissy Guzmán, Jose Antonio Kuh y Lopez, Sara Ladrón de Guevara González, Lucía Landa, Froylán Lara Escudero, Antonio Lara Magallanes, Estela Leñero, Nayeli Limón Ríos, Alejandro Limón Robles, Itzel Limón Robles, Isabela Lobato Quesada, Oresta López, Jorge López, Maricela López Arroyo, Adriana López Catalán, Sarahí M. López García, Ricardo López Morales, Claudia Alicia López Ortíz, Miguel Lotfe, Irma Lucila Loya López, Carmen Griselda Loya Ortega, Marion Loyd, Andrés Lozano Medina, Daniela Luiselli Garciadiego, Luis Fernando Macías García, Raquel Macías Hinojos, Nancy Verónica Mancera González, Federico Julián Mancera Valencia, Laura Elena Marín Martínez, Betzabé Márquez, Noemí Díaz Marroquín, Nelly Azalia Martínez, Blanca Laura Martínez Belmares, Martha Rocío Martínez Carrera, Paola Martínez Castro, Rigoberto Martínez Escárcega, Sandra Martínez González, Consuelo Patricia Martínez Lozano, Jesús Martínez Ramírez, Felipe Martínez Rizo, Jorge Martínez Stack, Verónica Mata García, Martha Alba Mata Uribe, Brenda Victoria Maya, Ángeles Marisol Mayen Verdiguel, Nayhely Raquel Medel Hernández, Alejandra Medina Medina, Mónica Mendoza Madrigal, Javier Mendoza Rojas, Efraín Mendoza Zaragoza, Tatiana Mendoza, Gerardo Meneses Díaz, Marcela Meneses Reyes, Miriam Moramay Micalco Méndez, Paulina Michel, María del Carmen Mier Bello, Juan Pablo Miquirray, Juan Carlos Miranda Arroyo, Lenia Mireles Chávez, Mariana Molina, Sabine Mondié Cuzange, Mario Vladimir Monroy, Nayade Soledad Monter Arizmendi, Minor Mora Salas, Jesús Morales Bermúdez, Hallier Arnulfo Morales Dueñas, Alejandro Morales Herrera, Rosalío Morales Vargas, Maribel Moreno Ochoa, Juan Morúa Torres, Norma Concepción Muñoz, Humberto Muñoz García, Laura del Carmen Muñoz Guzmán, Jéssica Nájera, Emma Liliana Navarrete, María Lucero Navarrete Ordóñez, Manuel Alberto Navarro Weckmann, Alejandro Negrete Torres, Sandra Nievsky Iszaevich, Dybs Eugenia Núñez Castañeda, Roberto Aurelio Núñez López, María del Carmen Núñez Martínez, Alba Rosalía Núñez Soto, Silvia Ochoa, Aarón Ocón, Victoria Adriana Ojeda Santiago, Alberto Javier Olvera Rivera, Amaya Ontañón, Imanol Ordorika, Teresa Ordorika, Eber Enrique Orozco Guillén, Natividad Orozco Méndez, Fernando Ortiz Lachica, Sandra Areli Pacheco Itzá, Laura Padilla, Yolanda Padilla Rangel, Evangelina Palomar Morales, Ana Laura Pascual, Ana Laura Pascual, Neyda Aracelly Pat Dzul, Mercedes Pedrero, Mercedes Pedrero, Rubí Peniche Cetzal, Claudia Elena Peña Antillón, Felipe de Jesús Perales Mejía, Laura Peredo, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, José Antonio Pérez Islas, Ana Rosa Pérez Ransanz, Edgar Pérez Ríos, Claudia Pérez, Rodrigo Perujo De La Cruz, Leticia Pogliaghi, Liliana Pondelek, Claudia B. Pontón Ramos, Guadalupe Preciado Brizuela, Rosendo Proaño García, Anel Punzo, Rosa Isela Quintana Palomino, Susana Quintanilla, Columba Quintero, Judith Ramírez Martínez, Mayari Elizabeth Ramírez Méndez, Minerva Ramírez Meza, Ligia Beatriz Ramírez Moguel, Roberto Ramírez Romero, Norma Ramos Escobar, Juan Mario Ramos Morales, Karla Rangel, Yésica Rangel Flores, María Christiansen Reaud, Juan Federico Reina Proaño, Juan Manuel Rendon, Arturo Rentería Duarte, Yoscelina Rentería Villalobos, María Eugenia Reyes Jiménez, Betzabeth Reyes Pérez, Sergio Reyna Velázquez, Marina Ribó, Ernesto Rico, Alejandro Guadalupe Rincón Castillo, Norma Guadalupe Ríos Agreda, Francisco Ríos Agreda, Francisco Ríos Ágreda, Jazmín Ríos Correa, Isadora Ríos Correa, Diana Rebeca Ríos Patiño, Julio Ubiidxa Ríos Peña, María Rivera, María de los Ángeles Rivera López, Sinaí Rivera Martínez, Martha Patricia Rivera Torres, Ignacio Jesús Rivero Ávila, José Ricardo Robledo Carmona, Claudia Rocha Valverde, Elsie Rockwell, Raúl Rodríguez, Sonia Rodríguez Acosta, Daniel Guillermo Rodríguez Barragán, Roberto Rodríguez Gómez, Andrea Guadalupe Rodríguez López, Tania Libertad Rodríguez Núñez, Regina Rodríguez Reta, Mónica del Rocío Rodríguez Sánchez, Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte, Teresa Rojano, Eugenia Roldán, Patricia Román Reyes, Rosa Isela Romero Gutiérrez, Marlene Romo Ramos, Norma Rondero López, Roselia Rosales Flores, Sergio Rosas Riviera, Mónika Guadalupe Rosas Torres, María Alejandra Rosete Vergés, Guadalupe Ruiz Cuelar, Claudia Soledad Saavedra Méndez, Isabel Sacristán, Javier Sacristán, Berna Karina Sáenz Sánchez, Juan Carlos Saint-Charles, Araceli Salazar, Víctor Hugo Salcido Barrón, Abril Saldaña Tejeda, Ana María Salmerón, Celeste Sánchez Alcaraz, Mireya Sánchez Garza, Edgar Sánchez Martínez, María Teresa Sánchez Mier, Oscar Sánchez Rangel, Tizoc Fernando Sánchez Sánchez, Karla Sandoval, Olivia M. Santos Ruiz, Danelia Savage Rodríguez, Jesús Manuel Sepúlveda Hernández, Armando Serrato González, Fernando Giovanni Sierra Olmos, Sergio De Jesús Solórzano Puga, Raissa Somorrostro López, Viridiana Sosa Márquez, Sofia Efigenia Soto Márquez, Liora Stavchansky Slomianski, María Herlinda Suárez, Paola Suárez, Héctor Tejera, Olivia Tena, María Lilia Tenorio, Ana María Tepichin Valle, Karine Tinat, Blanca Trujillo, Teresa C. Ulloa Ziáurriz, Gustavo Urbina, Dante Valdez Jiménez, Iván Valdez Jiménez, Sandra Valenzuela Arellano, Patricia Valladares, Rosa Asteria Valle Bejarano, Sharon Magali Valverde Esparza, Andrés Octavio Varela Enríquez, Itzá Varela Huerta, Amarela Varela Huerta, María Guadalupe Vargas Blanco, Luz Adriana Vargas Fuentes, Dulce María Vargas Paredes, Lady Vázquez López, Yolanda Vázquez Rentería, Pável Raúl Vázquez Sosa, Sandra Vega Villarreal, Lev Moujahid Velázquez Barriga, Bruno Velázquez Delgado, Rafael Velázquez Hernández, Arturo Velázquez Jiménez, Rosaura Venegas Reyes, Héctor Vera, Varinia Vilar Landa, Haidé Araceli Villa Domínguez, Cecilia Lorena Villa Zapién, Érika Villafuerte Negrete, Cuitláhuac Alberto Villagrán Medina, Claudia Teresa Villagrán Novelo, Mayra Isela Villagrán Quintana, Paula Villanueva, Francisco Javier Villanueva Badillo, Victoria Yolanda Villaseñor López, Stephanie Weiss, Juan Carlos Yáñez Velazco, Eumelia Yerena Cerdán, Víctor Hugo Zamora Mendoza, Carmen Zapata Flores, Aura Zarauz, Adriana Zavala, Valentina Zendejas, Judith Zubieta, Mariana Zúñiga García.

(Responsables de la organización de la petición: Manuel Gil Antón y Noel Antonio García Rodríguez)

Liga para la lectura y firma de la petición: https://www.change.org/p/a-la-secretaría-de-educación-pública-debe-investigarse-el-abuso-sexual-infantil-en-las-escuelas-maestras-y-maestros-de-méxico?recruiter=254170001&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition&recruited_by_id=f7cc4650-ca58-11e4-ac60-11007c56b52d

Fuente: https://elpuntero.com.mx/inicio/2021/06/25/lanzan-maestrs-peticion-en-change-org-para-que-se-investigue-el-abuso-sexual-infantil-en-escuelas-y-se-tomen-las-medidas-oportunas-para-erradicarlo/

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Estados Unidos: Hambre, intentos de suicidio y brotes de Covid: así viven los niños en los centros para migrantes

Noticias

Los testimonios de adolescentes que pasan semanas e incluso meses en estos centros construidos por la Administración de Joe Biden denuncian las duras condiciones en las que viven.

Los niños migrantes retenidos en refugios de emergencia dentro de Estados Unidos han descrito condiciones de hacinamiento, comida en mal estado, falta de ropa limpia y trastornos como depresión, según 17 testimonios presentados ante la justicia. Estos niños, de entre nueve y 17 años y en su mayoría procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, en algunos casos contaron que habían permanecido muchos meses dentro de estos centros para migrantes supervisados por el gobierno de los Estados Unidos mientras luchaban por vivir en estas condiciones, incluidos problemas para dormir por estar siempre en zonas con focos permanentemente encendidos o con llamadas muy poco frecuentes a sus familiares.

Los testimonios ofrecen una visión detallada de las condiciones dentro de esta red de refugios de emergencia erigidos apresuradamente por la administración del presidente estadounidense Joe Biden, para hacer frente a un fuerte aumento en el número de niños migrantes no acompañados que llegan a la frontera entre este país y México. En los últimos meses, los niños han sido trasladados más rápidamente de las atestadas estaciones de la Patrulla Fronteriza a los refugios como parte de los esfuerzos para conectarlos con familiares en otros lugares de Estados Unidos.

Los testimonios de los niños, registrados entre marzo y principios de junio, sugieren que la administración Biden, que ha prometido un enfoque más humano de la inmigración, en algunos casos no brindó una atención óptima a los niños. Aproximadamente 14,500 niños no acompañados están actualmente bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EEUU, frente a los 22,000 a fines de abril.

El HHS no estuvo disponible para realizar comentarios. En un testimonio, una niña de 13 años de Honduras dijo que había sido incluida en una lista de vigilancia de suicidios mientras estaba en un refugio de emergencia en Fort Bliss en El Paso, Texas. La niña, que había pasado casi dos meses en las instalaciones hasta el 4 de junio, dijo que fue separada de su padre cuando cruzó un río hacia Estados Unidos. «La comida aquí es horrible», escribió. «Ayer nos dieron hamburguesas, pero no pude comerlas porque había un olor fétido proveniente del pan … Realmente solo como trozos de hielo y zumo porque esa es la única comida en la que puedo confiar».

Según una investigación de la BBC hecha pública este miércoles, a través de entrevistas con el personal y los niños retenidos en el campamento de la base militar Fort Bliss en El Paso (Texas), en éste se suceden las acusaciones de abusos sexuales, brotes de covid, hambre o niños que deben esperar durante horas para ser atendidos por un médico cuando enferman.

De hecho, los niños que permanecen en Fort Bliss han rebautizado el centro como «ciudad covid», por el gran número de niños enfermos de coronavirus. «Cientos de niños dieron positivo», dijo un empleado que pidió permanecer en el anonimato porque el personal tiene prohibido hablar sobre esta cuestión.

La BBC recoge por ejemplo el caso de un joven de 15 años que fue liberado en mayo tras pasar 38 días detenido. Éste relató que contrajo el covid al poco de ingresar en el centro. «Cuando íbamos a pedir medicinas nos miraban mal y siempre se reían entre ellos«, dijo el niño, que prefirió permanecer en el anonimato.

Una niña guatemalteca de 14 años que fue detenida en un centro de emergencia en Houston en abril dijo que hacía mucho calor y que a menudo tenía sed. Relató que las niñas tenían que beber leche caducada cuando se les acababa el agua. Vio a ocho niñas desmayarse por el calor y la falta de agua, por lo que el personal del centro las llevó a un hospital cercano. Una niña de 17 años de Guatemala detenida en Fort Bliss describió haber dormido en una gran carpa blanca con unas trescientas niñas, en catres apilados uno encima del otro. Dijo que le costaba dormir debido al traqueteo que hacían las vigas metálicas de la carpa por la noche, según una declaración fechada el 28 de abril. Contó que hacía frío y que entraba suciedad en la carpa y que había tenido problemas para conseguir una cita con un psicólogo para hablar sobre su depresión. «Muchas de las chicas aquí lloran mucho», dijo. «Muchos de ellos terminan teniendo que hablar con alguien porque tienen pensamientos de matarse».

Un adolescente de 17 años de Honduras relató que dormía en un área grande en el centro de convenciones de Dallas, en la que le habían dicho que había 2.600 niños. «Me siento asfixiado por tener tanta gente a mi alrededor», dijo el adolescente en una declaración fechada el 29 de marzo. «No hay nadie aquí con quien pueda hablar sobre mi caso. Tampoco hay nadie aquí con quien pueda hablar cuando me siento triste. No hay nadie aquí; solo hablo con Dios. Me ayuda y lloro. Me ayudaría si pudiera tener una Biblia «.

Fuente: https://www.elmundo.es/internacional/2021/06/23/60d30603fc6c83a45c8b45cf.html

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Los Derechos de la Infancia en estado de alarma

El Diario la Educación

Por: Mª Guadalupe Palau – Josep Ramon Torres

  • La pandemia pasó por aquí, como por el resto del planeta, y con una infancia enormemente afectada, no pudimos obviar la actualidad. Con la ayuda de Francesco Tonucci decidimos hacer un balance de la situación y tratar el tema en el Encuentro de la Confederacion de MRP del 2021.

«No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la
supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana».
Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990

Cabe destacar hasta qué punto las restricciones propuestas por las autoridades durante la pandemia han puesto de relieve la necesidad de retomar la Convención de los Derechos de la Infancia que la comunidad internacional aprobó en 1989 y que aún distan mucho de ser respetados. Una Convención que, según reza en su preámbulo, es de obligado cumplimiento por parte de todos los estados que la firmaron pero que carece de medios físicos, económicos y jurídicos para actuar sobre aquellos estados que no la cumplen. Unicef, una institución que necesita de la caridad internacional para actuar, es en principio la encargada de proteger dichos derechos. En realidad, tiene muchas más dificultades para sancionar a los países que no cumplen que el FMI o el Banco Mundial. Las autoridades económicas disponen de todos los medios a su alcance para castigar a los países que no siguen sus directrices y poco les importa el efecto que esas sanciones tengan sobre de los derechos de la infancia de los países afectados. El derecho a la educación, a la sanidad o a una familia se ven a menudo cercenados por los poderes monetarios cuando se trata de defender, sobre todo y ante todo, sus beneficios económicos.

Pero no hace falta ir a un campo de refugiados para encontrar esos atropellos a los derechos de la infancia.

En el último Encuentro de MRP celebrado telemáticamente los días 29 y 30 de enero pasados, Francesco Tonucci insistió en tres derechos reconocidos en la Convención como fundamentales que no se cumplen.

El primer derecho fundamental está enunciado en el artículo 12: “Los estados garantizaran a la infancia el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten”. Y para ello, el artículo 13 dice: “Niños y niñas tendrán derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido.”

Esto no se ha tenido en cuenta para nada a nivel general. Se considera a la infancia como una etapa de preparación para la ciudadanía. Según Tonucci, si se les considerara como ciudadanos de pleno derecho, niños y niñas habrían tenido la posibilidad de expresar sus opiniones respecto a la situación en la que estaban durante el confinamiento. Se hizo un llamamiento a los consejos del proyecto internacional “La ciudad de los niños y niñas” para que se expresaran y el resultado ha sido muy interesante. Se ha hecho evidente el exceso de carga escolar a la que se veían sometidos. Las tareas escolares no contribuían a su desarrollo individual sino a un supuesto incremento de los conocimientos académicos. Con la contribución de las familias, la infancia confinada hubiera podido aprovechar la situación para trabajar otros aspectos más o menos curriculares. Os recomendamos la lectura del libro de Tonucci ¿Puede un virus cambiar la escuela?, con muchas propuestas imaginativas.

Otro derecho fundamental lo encontramos en el artículo 28 en donde se reconoce a la infancia el derecho a la Educación, y en el 29 se insiste en que ha de estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física.

Como insiste Tonucci, no se trata de educar para responder a las expectativas de padres, madres y profesorado. La educación, ha de centrarse en la persona, individualmente, como ser con unas características propias que se tienen que respetar. Un currículum “uniformatizador” no responde a ese derecho.

Es absolutamente necesario modificar el currículum para que pueda responder a la formación de los individuos. No se puede cumplir el artículo 29 con las directrices educativas que se han dado durante la pandemia. Sin un contacto presencial e individual no puede haber educación individualizada.

El tercer derecho lo encontramos en el artículo 31. En él se reconoce el derecho de la infancia al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas, así como a participar en la vida cultural y en las artes.

Dichas actividades han de ejercerse en libertad. Tonucci insiste en el verbo dejar en lugar de verbos como acompañar o estimular y está completamente en contra de verbos como vigilar o supervisar. El espacio del juego puede ser cualquiera siempre y cuando puedan jugar en libertad y sin la presencia del adulto. El juego ha de ser un espacio de autonomía en el cual tienen la posibilidad de equivocarse y de transgredir las normas. En el juego podrán experimentar y adquirir conocimientos que les permitirán enfrentarse de forma personal ante situaciones nuevas a medida que vayan creciendo. Si no les damos esos espacios, se inhibirán ante cualquier dificultad dependiendo en todo momento de los adultos o los otros para resolver situaciones problemáticas.

A pesar de todo, el confinamiento ha permitido vivir experiencias positivas que deberían considerarse. Todas ellas tienen un denominador común y es la recuperación del espacio familiar. Todos los niños y niñas encuestados destacaban que estarían dispuestos a seguir en la pandemia para seguir gozando de la presencia de sus padres. Por otra parte, también han sido muchos los adultos que han valorado la posibilidad que les ha ofrecido la pandemia de pasar más tiempo con su familia.

La reflexión de los MRP sobre estos derechos nos ha llevado a enunciar una serie de propuestas que debe asumir el sistema educativo, teniendo en cuenta que, cuando hablamos de sistema educativo, no solo nos referimos a la escuela sino a todos los que intervienen en la educación de la infancia:

  1. Tomar a la persona como centro de la educación.
  2. Tener en cuenta la infancia a tiempo completo (escolar y no escolar).
  3. Construir un modelo escolar dirigido a la consecución de la igualdad.
  4. Desarrollar al máximo las posibilidades de la infancia sin obsesionarse por los resultados prefijados por la sociedad.
  5. Acompañar a los menores en su maduración a su ritmo, con suficiente atención, confianza y cuidados y con tiempo.
  6. Formar personas capaces de enfrentarse al futuro por incierto que sea.
  7. Dar especial importancia a las relaciones informales entre iguales para experimentar su propio yo.
  8. Considerar los espacios educativos como lugares en los que pueden convivir todas las personas que comparten un mismo espacio de vida.
  9. Conjugar lo individual, lo colectivo y lo diverso de forma que la infancia pueda ejercer su autonomía en espacios específicos diferentes de aquellos en los que le toca vivir.
  10. Respetar el derecho al juego como espacio de libertad y de construcción de la personalidad.

Ello implicará un compromiso por parte de la sociedad para que cada uno, desde su responsabilidad social, contribuya a la educación de la infancia y al cumplimiento de sus derechos.

Fuente e imagen: eldiariodelaeducacion

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