El Gobierno del Estado y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) presentaron este miércoles la Ruta de Acceso Escolar para Personas Refugiadas y Solicitantes de Asilo en Chiapas, mediante la que se busca mejorar las oportunidades de acceso a la educación básica para este sector.
Encabezando este acto estuvo Rosa Aidé Domínguez Ochoa, secretaria de Educación en Chiapas, en representación del gobernador Rutilio Escandón Cadenas; Kristin Riis Halvorsen, jefa de la oficina de la ACNUR en Sur de México; y Hefner Barrios Castillo, encargado de la Dirección de Atención y Vinculación Institucional de la Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la entidad
En este marco, la jefa de la oficina de la ACNUR explicó que con este mecanismo se busca garantizar el ingreso a los servicios de educación básica para las personas que llegan a la entidad chiapaneca en búsqueda de la protección internacional como refugiados y de una nueva oportunidad de vida, a través de la educación.
“La educación es una herramienta indispensable para la integración de las niñas, niños y adolescentes refugiados, así como para sus familias en sus comunidades de acogida. La educación representa volver a la normalidad para todos ellos que han tenido que dejar sus hogares y así puedan comenzar a reconstruir sus vidas en su nuevo país», expresó Riis Halvorsen.
Destacó de manera especial, el interés y la voluntad del Gobierno de Chiapas que, dijo, a través de la Secretaría de Educación ha permitido hacer de esta actividad un intercambio muy nutrido y satisfactorio sobre cómo garantizar de la mejor manera este derecho, procediendo a hacer entrega a la titular de la Secretaría de Educación de un reconocimiento para el Gobierno del Estado de Chiapas por su contribución en el acceso a la educación para las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiados.
Por su parte, la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, agradeció a nombre del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la oportunidad de poder participar en este gran proyecto que busca específicamente brindar la atención educativa a niñas, niños y jóvenes que, de manera involuntaria, han tenido que enfrentar el proceso de emigrar de su lugar de origen.
“Los países tenemos que ser sensibles ante estas situaciones y abrigarlos con empatía porque se trata de un acto de humanidad; y tomando en cuenta ello y porque además se trata de una disposición, tanto del Gobierno Federal como del Gobierno Estatal, les comparto que el servicio les será brindado a todos ellos con toda la calidad humana que nos caracteriza a los mexicanos y por supuesto, a los chiapanecos”.
Domínguez Ochoa reiteró finalmente el compromiso del Gobierno de Chiapas con la educación y el bienestar de las niñas, niños y jóvenes, sin excluir raza, lengua y religión, así como para trabajar de manera conjunta a fin de contribuir a trazar las mejores estrategias para irlos integrando a los espacios educativos, tanto públicos como privados, con la finalidad de que no interrumpan sus estudios y de que se atienda esa necesidad tan importante como lo es la educación que beneficiará y enriquecerá a toda la nación.
Los extranjeros sólo deben tener residencia en el país, sin mínimo de tiempo.
“Hemos aprobado la flexibilización total del ingreso de migrantes a la Universidad de la República”, afirmó ayer su rector, Rodrigo Arim, luego de que los 19 miembros del Consejo Directivo Central (CDC) votaran cambiar la normativa vigente (de 1986) sobre el ingreso a los estudios de grado de extranjeros. La modificación más importante implica que los migrantes sólo deberán demostrar la residencia en Uruguay, sin mínimo de tiempo; esta versión primó sobre las otras propuestas de pedir un año o tres de residencia. Otros cambios fueron la habilitación del pasaporte como documento oficial y el pase al CDC en los casos que los servicios nieguen la inscripción excepcional.
Eliminar el requisito de un año de residencia fue una propuesta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), y el consejero Rodrigo Nicolau explicó la decisión: “Mantener el año de residencia es seguir perpetuando desigualdades entre ciudadanos uruguayos y extranjeros”. Además, señaló que para obtener la residencia en el país se requieren controles muy específicos, por lo que “no hay justificación para, además, pedir un año de residencia”. El estudiante agregó que pedir ese tiempo “no toma en cuenta los años lectivos de la Universidad: una persona que consigue su residencia en julio debe esperar no sólo el año que le piden, sino hasta el próximo marzo”.
La mayor discusión sobre este punto giró en torno a los recursos económicos. El decano de Medicina, Miguel Martínez, marcó su preocupación por la falta de recursos para atender el posible aumento de matrícula que surja a partir de los cambios y pidió que se estudie con precisión los efectos que podría tener esta apertura antes de tomar una decisión. Sobre este punto Arim comentó que los estudiantes migrantes son “4% de la matrícula de ingreso de la Udelar. Es bastante irrelevante en el ingreso total, pero se observa un cambio en la tendencia del ingreso”.
Desde los órdenes estudiantil y docente apoyaron la evaluación de los impactos e insistieron en que es aun más importante abrir la Universidad, en el entendido de que es una cuestión de derechos humanos. La consejera Susana Rostagnol sentenció: “Se necesitan más recursos, lo sabemos, pero esto no se va a solucionar cerrándoles la puerta a los extranjeros”.
Resumen: Las condiciones bajo las cuales los migrantes y los refugiados deben abandonar sus hogares y sus países de origen pueden ser extremadamente traumáticas. Ya sea que hayan cruzado el Mediterráneo en un bote saturado e inseguro, hayan sido encerrados en un sótano sirio para protegerse de los bombardeos, o hayan sido expulsados de una aldea en llamas en Myanmar, los acontecimientos de sus salidas y sus viajes pueden dejar cicatrices en los afectados. y nada más que en los niños que han sido testigos y han experimentado muerte, pérdida, violencia, separación de la familia e inseguridad prolongada. Incluso los que tienen la suerte de encontrar un santuario a menudo enfrentan mayores dificultades o discriminación en su anfitriónComunidades que pueden exacerbar su vulnerabilidad.
The conditions under which migrants and refugees have to leave their homes and homelands can be traumatic in the extreme. Whether they have crossed the Mediterranean in an overcrowded and unsafe boat, been barricaded in a Syrian basement for protection from shelling, or been chased away from a burning village in Myanmar, the events of their departures and their journeys can leave scars on those affected – and none more than on children who have witnessed and experienced death, loss, violence, separation from family and prolonged insecurity. Even those fortunate enough to find a sanctuary often face further hardship or discrimination in their host communities that can exacerbate their vulnerability.
Al comienzo del año escolar, mientras la mayoría de los estudiantes de primaria charlaban y comían pasta caliente en la cafetería, casi una decena de niños inmigrantes destapaban emparedados en tres mesas de un salón de clases que estaba desocupado y tenía persianas púrpuras horizontales, muebles monótonos de oficina y un letrero que decía “Estudiantes que traen su almuerzo de casa”.
“Quería regresar a la cafetería”, dijo Khadiga Comaa, una niña egipcia de 10 años.
Khadiga y los demás no pertenecían a un grupo de estudiantes con mal comportamiento. Los habían segregado del resto de los alumnos en la escuela Archinti de Lodi porque habían perdido su subsidio diario para el almuerzo.
Eso se debía a que no lograron cumplir con un nuevo requisito (algunos críticos lo califican de punitivo) que introdujo la alcaldesa de la ciudad, una integrante de la Liga, el partido gobernante y de postura antiinmigrante.
Además de la documentación habitual necesaria para los subsidios del autobús y el almuerzo, la alcaldesa ahora exige que los extranjeros demuestren que no tienen propiedades, cuentas en el banco ni otras fuentes de ingresos en sus países de origen.
Sin esas pruebas, los niños no pueden obtener el subsidio del almuerzo y en cambio tienen que pagar 5 euros al día, una cantidad que muchos padres dicen que no pueden costear. Sin embargo, en las escuelas de Lodi, como en gran parte de Italia, los niños no pueden traer comida del exterior a la cafetería.
Eso implicó que los estudiantes que no habían pagado ni recibido subsidios tenían que ir a casa a almorzar. Para evitarles esa carga a los padres, el director de la escuela permitió que los niños trajeran emparedados de casa y los comieran en un salón aparte.
Los informes de segregación en Lodi —y la violación del ritual sagrado italiano de almorzar juntos— tocaron una fibra sensible en Italia.
Después de la indignación nacional, los italianos recaudaron 80.000 euros para pagar los almuerzos y los autobuses escolares hasta diciembre de casi doscientos niños inmigrantes, muchos de ellos nacidos y criados en Italia. Además, muchos dijeron que el esfuerzo era una primera señal de resistencia a la Liga y a Matteo Salvini, su líder nacional y el poderoso vicepresidente de Italia, quien ha impuesto medidas estrictas respecto a la inmigración, ha endurecido la oposición a la ciudadanía por derecho de nacimiento y ha hablado despectivamente sobre los migrantes.
No obstante, aquí en Lodi, una ciudad en el fértil valle del río Po, con una hermosa plaza cubierta de piedras de río adoquinadas y adornada con una catedral medieval y fachadas neoclásicas, muchos lugareños adoptaron otra postura.
El 16 de octubre por la mañana, mientras el comité que había recaudado dinero para los niños sostenía un mitin en una pequeña plaza justo debajo de las oficinas de la alcaldía, Adriana Bonvicini, de 60 años, compraba gladiolas en la florería de la plaza.
“Están aprovechándose de los sentimientos de la gente y los niños para obtener lo que quieren”, dijo, señalando la plaza, llena de mujeres con hiyabs y vestidos africanos.
“Están intentado que parezcamos descorazonados”, continuó. “Ellos son los crueles. Es una cuestión de justicia. Cada familia tiene cinco hijos y quieren todo gratis. Recuerden lo que dijo Erdogan”.
Esa era una referencia a Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, quien ha animado a la gente turca que vive en Europa a que “no solo tenga tres sino cinco hijos”. Lo citó inexactamente: “Invadiremos Europa a través de los vientres de nuestras mujeres”.
Las mujeres que rodeaban a Bonvicini estuvieron de acuerdo.
Argumentaron que no era tan difícil que los extranjeros obtuvieran pruebas de sus embajadas y que se aprovechaban de la generosidad de la ciudad para después quejarse.
Para acabar pronto, pensaban como la gente que votó por la Liga en la ciudad y en todo el país.
“Déjenlos gobernar”, dijo Bonvicini, refiriéndose al gobierno.
Sin embargo, las madres que habitan en Lodi y vienen desde Túnez y Egipto dijeron que regresaron a casa para obtener los documentos pero que no existía ninguno. Una madre de Nigeria dijo que su esposo fue a la embajada en Roma y envió los documentos requeridos a la ciudad, pero aún no le habían respondido y tenía problemas para pagar el costo total del transporte de su hijo.
La alcaldesa Sara Casanova tenía el apoyo de Salvini (“¡¡¡TIENE RAZÓN!!!”, escribió él en Twitter). El 16 de octubre nadie podía encontrarla.
Rechazó una solicitud de entrevista de The New York Times, pero dijo a La Verità, un diario favorecido por el gobierno, que no les exigía la documentación a las personas provenientes de países destrozados por la guerra: “No somos racistas y aquí no hay ningún apartheid”.
Las regiones del norte controladas por la Liga también han exigido que los inmigrantes demuestren su estatus financiero a través del mismo requisito burocrático usado en Lodi cuando intentan obtener vivienda pública de bajo costo y subsidios para comprar libros de texto. La ciudad de Lodi, que alguna vez fuera un famoso campo de batalla para Napoleón, ahora para los manifestantes es un frente contra el racismo progresivo y el fascismo resurgente del gobierno.
“Lo siento por Italia si creen que esto es igualdad”, dijo Imen Mbarek, de 30 años, quien dijo que regresó a Túnez para obtener los documentos adecuados pero que simplemente no existían. Ahora está pagando el costo total del almuerzo para la escuela; el año pasado, dijo, pagó 1,65 euros al día.
Eugenio Merli, el director de la escuela de Archinti —que lleva el nombre de Ettore Archinti, un exalcalde de Lodi que fue enviado por los fascistas a morir en un campo de concentración nazi —defendió su decisión de poner a los niños en un salón de clases aparte para comer.
“Comer en el salón de clases generaba un tipo de separación, pero era una manera para ayudar a los padres”, comentó. Además, agregó que se preocupaba de que, si obligaban a los niños a irse a casa para almorzar, quizá no regresarían.
Este mes, forzó a quienes atienden la cafetería a que dejaran entrar a los estudiantes, donde comieron sus emparedados en mesas aparte.
“Los niños tienen el derecho de estar con sus amigos, de que no los segreguen”, comentó. “No solo vienen a la escuela a estudiar. También están aprendiendo cómo vivir juntos”.
Afuera de la escuela, saludó a Khadiga Gomaa, quien se mostró de buen humor. Dijo que había comido su primer almuerzo caliente con sus amigos desde que comenzó el año escolar.
“Comí pasta penne, bacalao y ensalada”, dijo. “Estaba rico”.
La III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018) “es un evento que se hace cada 10 años previo a la Conferencia Mundial de Educación Superior en París. Ahí se reúnen los actores más importantes de la educación superior regional y debaten sobre los distintos aspectos que van configurando el fortalecimiento y desarrollo de la educación superior. El propósito es debatir cómo enfrentar desde las instituciones temas como la tecnología y estos avances tan rápidos del conocimiento”, aseguró Pedro Henríquez Guajardo, director del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe.
Para el evento se han recibido más de 4700 inscripciones de las cuales esperan la asistencia de 3500. “51 países están representados, siendo la delegación más amplia la de Argentina, seguida por Colombia, México y Brasil respectivamente. En el caso de Venezuela únicamente hay inscritos de manera privada, pero no se contará con ninguna representación institucional”.
Uno de los objetivos a tratar es que las universidades logren un desarrollo sostenible a través de “un sistema de financiamiento razonable que vaya más allá del financiamiento del estado y de las personas (…) El crecimiento de los últimos 30 años ha sido caótico, especialmente por la incorporación del sector privado y buscar caminos para que la educación superior no sea lucrativa, sino que se asuma como un derecho”.
Otro de los temas será el de “los derechos de las patentes que en América Latina no es protegido, independientemente de que tengamos una serie de disposiciones, pero no son reconocidos mundialmente” añadió Guajardo.
Las universidades regionales vienen trabajando desde el 2008 a través de diferentes redes para coordinar cada uno de los planes establecidos.Con el éxito de las conferencias anteriores diferentes gobiernos se han interesado en participar en el evento. “Ocho países se han sumado a la iniciativa para hacer una presentación de ministros. Los gobiernos van a decir lo que están pensando. La conferencia busca articular el dialogo entre los gobiernos y las instituciones”.En comparación de la edición del 2008 destacó el “incremento de las matrículas y las instituciones, además de la tecnología, donde hay que buscar el equilibrio entre lo presencial y lo virtual”.“En el sector tecnológico hay brechas importantes entre instituciones. Pero va a costar mucho igualarlas porque las actualizaciones son muy caras todavía y las instituciones no tienen recursos para hacer adelantos tan importantes en tan poco tiempo”, explicó.
Acerca de las universidades en Venezuela señaló que “hay muchas dificultades para adecuarse a lo que se está demandando debido a La escasez, la falta de orientación, la falta de recursos para financiar a los docentes, los profesionales que se han ido y la ausencia de debates de planificación”.“En el año 2011 se paralizó la discusión sobre la transformación universitaria de Venezuela por un veto presidencial, ahora sería momento de reiniciar una discusión, ya que las instituciones del país necesitan dialogar sobre a donde tienen que dirigirse” consideró.
Entre los aspectos positivos de la educación superior de Venezuela destacó que se cuenta con “la mayor cantidad de estudiantes en el sistema público, además se incorporaron instituciones que no eran universitarias, aunque hay que lograr que lleguen al nivel que se espera”.
Aislamiento en la región“Debido a la situación del país no puede haber un intercambio mayor con Venezuela de todas las demás universidades, tecnológicamente no se asocian con otros países para desarrollar proyectos, además tienen rectores con más de ocho años porque no hay elecciones”, señaló Pedro Henríquez Guajardo.
El estancamiento de la educación viene a que “hay poca participación porque cuesta mucho salir de aquí y los niveles de remuneración se redujeron. Es muy difícil que un académico venezolano logre vincularse. Eso provoca un retraso para el desarrollo científico”.Profesionales en otros paísesComo resultado de la crisis Venezuela ha perdido a muchos de los mejores profesionales del continente quienes han decidido ejercer en países en el que puedan tener una buena calidad de vida. “Entre los migrantes que van a Chile hay un alto porcentaje que son de alta formación. La fuga de cerebro ha sido dramática porque el país no está ofreciendo las garantías mínimas de desarrollo. Forman a un médico por siete años para que se vaya y es una perdida para el país”.Los profesionales venezolanos están muy bien posicionados en el extranjero. El año pasado en Chile hubo exámenes de gran exigencia para reconocimientos de equivalencias en medicina y el 62 % logró aprobar para ejercer. Ellos ganaron el 62 % de médicos y ¿Qué pasa aquí? El país los pierde”, reflexionó.
La misma situación ocurre con miles profesionales en diferentes áreas. “Expertos químicos de petróleos están repartidos en todo el mundo”.
Para promover la continuidad de la educación en los migrantes, “la Unesco ha hecho un convenio en el que uno de los aspectos más innovadores es la actualización de reconocimientos de estudios para el desempeño académico y profesional, para incorporar a los desplazados”.“El documento se está terminando de aprobar por los países para que sea aplicado. Incluso incorpora estudios parciales. Por ejemplo, si te vas en cuarto año de periodismo para otro país y quieres que te reconozcan lo aprobado, con el tratado se podrá gestionar el proceso, aunque sea por un examen de equivalencia, pero se podrán reconocer los cuatro años anteriores” explicó.En el acuerdo estarán participando los 33 países de la región y esperan que empiece a aplicarse a mediano plazo.La Cres 2018 podrá ser seguida a través de si página oficial, así como por sus redes sociales. En ambas plataformas estarán compartiendo los documentos que se aprueban en el encuentro.
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