Derechos Fundamentales

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Perú: Este viernes 4 distribuirán 17 toneladas de alimentos a escuelas nativas

Noticias

América del Sur/Perú/Noviembre de 2016/Fuente: RPP Noticias

Desde las primeras horas de la mañana de este viernes 4 se iniciarán las labores de traslado aéreo y luego distribución de las raciones alimenticias que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, destina para las instituciones educativas ubicadas en las comunidades nativas más alejadas de las provincias de Bagua y Condorcanqui en la región Amazonas.

“Esta entrega se realiza de forma bimensual por vía aérea gracias al trabajo intersectorial entre el MIDIS y el Ministerio de Defensa, facilita el traslado seguro de los productos que tiempo atrás demoraban hasta una semana en llegar a cada plantel de esta parte de la región por su lejanía e inaccesibilidad” explica a RPP Noticias el jefe de la Unidad Territorial Amazonas, Mauricio Tang Toledano

El funcionario indicó que son 16.17 toneladas de alimentos repartidas en 47 instituciones educativas de los niveles inicial primaria y secundaria, que benefician a dos mil 593 usuarios de las comunidades de Pampa Entsa, Shaim y Wishim en el distrito El Cenepa, provincia de Condorcanqui y Wayampiak en el distrito de Imaza, provincia de Bagua.

“Cabe precisar que en este 2016 se sobrepasó la meta de atención programada para Amazonas por el programa social del MIDIS al atender a 104 mil 511 niños y niñas de 2 mil 452 escuelas beneficiarias” indicó Tang.

Fuente: http://rpp.pe/peru/amazonas/este-viernes-4-inician-ultima-entrega-de-productos-a-escuelas-nativas-awajum-noticia-1007300

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Colombia: campesinos marcharon para exigir el Acuerdo de Paz

Noticias

América del Sur/Colombia/Octubre de 2016/Autor: Hernan Durango/Fuente: Aporrea

El viernes 28 de octubre las calles de Tierralta, sur del departamento de Córdoba, vibraron con la multitudinaria marcha popular llevada a cabo para exigir el Acuerdo de Paz y la implementación de programas de desarrollo para esta región del alto Sinú.

Luis Carlos Herrera, presidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú Asodecas informó que con la vinculación de la Alcaldía Municipal y varias organizaciones sociales y políticas se pudo desarrollar con mucho ambiente de unidad, firmeza y entusiasmo la movilización por la paz con justicia social en el municipio de Tierralta, participando los campesinos de las diferentes regiones rurales y urbanas.

Otro reporte de la majestuosa jornada es el que hace Yorlis Morelo Arcia, periodista, quien destaca que los participantes en el recorrido multicolor gritaban ¡Queremos la paz!, ¡queremos la paz!. Tierralta clama Paz.

El informe de Yorlis Morelo Arcia indica que por el casco urbano de la ciudad de Tierralta, con un coro incesante, ¡Queremos la paz!, queremos la paz!, cientos de personas marcharon por la paz. El rio humano que marcho por la tan anhelada paz, estaba conformado por grupos juveniles, campesinos, estudiantes de diferentes instituciones educativas, docentes, funcionarios de la alcaldía en compañía del alcalde municipal, Fabio Leonardo Otero Avilez, quien encabezaba la marcha, rodeado también de su equipo de trabajo, grupos de socorro, policía nacional y comunidad en general.

La convocatoria la realizó Asodecas, asociación de desarrollo campesina del alto Sinú, con el apoyo de la alcaldía municipal, la cual partió desde la cancha de la bonga en el barrio escolar, recorrió las principales calles y termino en el parque Santiago Canabal. Los líderes de los grupos por la paz en córdoba hicieron intervención y manifestaron que ya está bueno de tanta guerra, que esa cara horrible no la quiere ver más, quieren conocer la cara de la paz.

El grupo de jóvenes rebeldes hizo entrega de una placa conmemorativa en memoria al padre Sergio Restrepo Jaramillo, asesinado hace muchos años en este municipio, quien defendía los derechos de los demás.

Francisco Ozuna, presidente de la asociación de campesinos de Córdoba, dijo “apoyamos el proceso de paz y exigimos que los acuerdos en la habana se cumplan, como campesinos que hemos sufrido de la violencia seguimos en la misma lucha por defender nuestros derechos, con el esfuerzo y la lucha de todos lograremos la paz”.

Luis Carlos Herrera, presidente de Asodecas, manifestó que, “ somos campesinos que hemos sufrido de la guerra, marchamos por la implementación de los acuerdos en la habana, que la paz sea una realidad en nuestro territorio, en nuestro país, que los campesinos podamos vivir tranquilos, que tengamos buenas vías, servicios públicos, viviendas dignas, que tengamos subsidios y tengamos garantías para la ventas de los productos del campo, todo esto está en los acuerdos de paz, queremos que eso no se estanque ahí y por fin nosotros podamos vivir paz” afirmó.

Por su parte el alcalde municipal, Otero Avilez, dijo “ya Tierralta no aguanta más la guerra, hemos puesto los muertos, las víctimas, el secuestro, somos los primeros con más desplazados y víctimas en Córdoba, cosa no nos enorgullece, por el contrario, queremos que este cese definitivamente, que se le ponga freno a todo esto, no queremos ver correr más sangre, es hora que se comience a construir esa tierra anhelada que tanto soñamos”.

Fuente: http://www.aporrea.org/internacionales/n299403.html

 

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Justicia universal

Fernando Ayala Vicente

Por: Fernando Ayala Vicente

Esta semana en la Asamblea hemos debatido sobre los derechos humanos. Sobre la justicia universal. Sobre la no prescripción del dolor. Sobre el acompañamiento a las víctimas.

Queríamos que se reconociera el sentimiento de pérdida de aquellos que sufrieron torturas, ejecuciones, violaciones… de los que aún se encuentran desaparecidos.

Queríamos que el Gobierno de España atendiera a la reclamación del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzosas e involuntarias. Tan simple como que cumpla con las obligaciones de un Estado que es proteger a las víctimas de cualquier tipo de abuso.

Vivimos en un sistema democrático y tenemos que demostrar, una vez más, que no somos iguales que los verdugos de la dictadura franquista. Que respetamos las leyes. Que tenemos, cuanto menos, superioridad moral sobre ellos. Aunque solo fuera por motivos emocionales y de respeto, se lo debemos a los familiares de las víctimas.

Tenemos todavía numerosos temas pendientes por resolver: como son las inhumaciones en contra de su voluntad en el Valle de los Caídos, los obstáculos continuos al cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, la impunidad en las miles de desapariciones, en el robo de bebés, en las dificultades para la retirada de los símbolos franquistas, en el acceso a determinados archivos o en el vaciado de la ley por parte del Partido Popular al despojarla de presupuesto para llevarla a cabo.

Así pues, haremos todo lo posible para poner en valor los ejemplos de tolerancia y respeto que proporciona la vida en democracia. Eso comienza por reconocer y asumir que en la historia reciente de España se cometieron muchos errores que es necesario reparar para conseguir avanzar juntos y no perpetuar los enfrentamientos.

Cuando se apela a la Ley de Amnistía de 1977 o a la prescripción de los delitos, se pretende poner obstáculos a una decisión que podríamos dejar, al menos, en manos de los jueces. Porque los derechos humanos, no son de izquierdas ni de derechas. Tampoco las fosas.

Fuente: http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/justicia-universal_970625.html

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Centros de infamia españoles

Lidia Falcon

Por: Lidia Falcón

Los treinta hombres encaramados al techo de su prisión ilegal llamada CIE en Aluche (Madrid) nos han dado la imagen exacta de nuestra democracia. Gritaban ¡Libertad! y ¡Dignidad! ¡Que términos tan básicos de  la definición de democracia! Este calificativo que todos los días nuestros gobernantes repiten para, como un mantra, ir introduciendo en las mentes ingenuas de nuestro pueblo la convicción de que vivimos en una sociedad demócrata.

Pero ninguno de ellos, y los más de mil doscientos, creo que mujeres incluidas, ya que a ellas nunca se las cuenta aparte, que están prisioneros en nuestro país, disfruta de tan básicos derechos conquistados por la Revolución Francesa, es decir, hace 227 años. No tienen derecho a disponer de asesoramiento legal, no puede visitarlos nadie –a las ONGs que lo han intentado les han negado la entrada-, no conocen las acusaciones que allí los encarcela, si las hubiere.

En los 8 CIES de que disfrutamos en España se amontonan hombres y mujeres, no se si niños –la información a qué he accedido es incompleta, supongo que el señor Fernández Díaz, ese al que los ángeles le aparcan el coche, no desea que pueda utilizarla-, en condiciones de campo de concentración.

Las ONGs que tan compasivamente se ocupan de los internados -¿deberíamos llamarles secuestrados?- denuncian las pésimas condiciones higiénicas y sanitarias, sin privacidad para nadie, en los que las mujeres padecen, como siempre, las peores situaciones. Sin más lugar donde pasar el día que un patio enladrillado, donde no hay ni intérpretes ni asistentas sociales. Y, ¿qué significa que se mantengan retenidas (encarceladas) a personas que no han cometido más delito que el de venir a esta nuestra tierra de acogida, huyendo del hambre, de la guerra, de los bombardeos, de la diáspora que las agresiones imperialistas provocan en los países? ¿Es posible qué tales injusticias se produzcan legalmente?

Los desvergonzados medios de comunicación y los politólogos de las tertulias, lacayos de este gobierno, han sido capaces de defender la afirmación de la policía de que el 50% de los internos son delincuentes con antecedentes. Y supongo que la desinformada población de nuestro país se lo ha creído. Pero hace falta mucho cinismo para aceptar que en un país democrático y avanzado a los delincuentes se les pueda encerrar en unos establecimientos sin categoría de prisiones, sin acusación del fiscal y sin acreditación del delito, como si se tratara de un secuestro. ¿Y qué nos dicen del 50% restante secuestrado igualmente? Secuestro es sin duda, pero aquí avalado por las fuerzas de seguridad del Estado, dirigidas por el ministro del Interior, y consentido por el Poder Judicial, tan sumiso siempre a las órdenes del ejecutivo. Porque el Estado funciona como una mafia.

Una mafia que obedece órdenes de otra que gobierna esta pomposa Unión Europea, en la que se ha aprobado la que ya se conoce como “la directiva de la vergüenza”, por la que los avanzados y democráticos Estados que la componen pueden “retener” a las personas “ilegales” –ya saben que unas somos legales y otras ilegales, como las drogas- hasta ¡dieciocho meses! sin haber cometidos delitos, sin acusación, sin defensa y sin conocer el tiempo de su retención. Como en la Edad Media, cuando la justicia feudal actuaba de la misma manera al servicio del señor.

¿Y por qué y para qué están encerradas en esos “in pace”? Según me han informado, para devolverlos a sus países de origen. Pero todos saben, la policía los primeros, que casi siempre es imposible saber cuáles son sus países de origen. Las víctimas no van a confesarlo, carecen de documentación y los ignorantes y racistas policías y funcionarios de la Administración de Justicia ni conocen los idiomas que hablan ni son capaces de distinguir a un camerunés de un congoleño. ¿Entonces…? Pues después de 60 días, que es lo que nuestra piadosa legislación permite tenerles retenidos, se les deja en libertad, ahí, en mitad de la calle. Como si fueran zapatos viejos que puede venir a recoger el camión de la basura. Y a mendigar en las esquinas, a dormir en los cajeros, a rebuscar comida en los containers.

O se compra las voluntades de los gobiernos sátrapas y corruptos de diversos países del Tercer Mundo para que admitan a los expulsados, sean de donde sean. Entonces se les droga, se les esposa y se les mete un avión camino de Nigeria o del Congo o de Benín. Como hizo José María Aznar cuando nos gobernó, y después presumió de haber resuelto un problema.

Pero que nadie crea que solamente aquel presidente actuó de tal manera. La policía en nuestro país tiene un poder omnímodo. Puede detener en la calle a cualquier persona que le parezca sospechosa, y por supuesto los negros siempre lo son, llevársela a la comisaría y después a un CIE, mientras el juzgado lo piensa. Y nadie, ni el Ministro ni los altos mandos ni los políticos responden.

Quizá habrá quien no quiera creer que esta es exactamente la actuación de nuestras policías, nuestros jueces, nuestros servicios sociales, dirigidos por los correspondientes ministerios y consejerías autonómicas, cuyos responsables pertenecen a los partidos políticos democráticos. Les aconsejo que se dirijan a los valerosos voluntarios que cada día entregan parte de su tiempo en intentar auxiliar a los emigrantes “ilegales”, en las ONGs: ACNUR la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Save de Children, Pro Activa Open Arms, Accem, Rescate, UNICEF, y se enterarán con más detalle de estas atrocidades y muchas más.

Refugiados, emigrantes económicos, demandantes de asilo, hombres y mujeres, que provienen de países donde las potencias europeas entraron a saco desde principio del siglo XIX para robarles y expoliarles de sus materias primas, para secuestrarlos y venderlos como esclavos, y convertirse en sus amos. Y cuando esos gobiernos no tuvieron más remedio que retirarse de las tierras ocupadas y permitir que los colonizados declararan la independencia de su país, han mantenido su dominio económico, arrebatándoles las riquezas, apropiándose de los sectores de producción más importantes, petróleo, gas, oro, diamantes, coltán, y organizando las sucesivas guerras que han esquilmado y diezmado a sus poblaciones.

Cuando la miseria y los bombardeos obligan a huir a miles de sus hombres y mujeres, estas tantas veces arrastrando consigo a los niños, y cuando después de una horrible travesía a través de África y Oriente Medio, si no se han ahogado en el Mediterráneo llegan a nuestras avanzadas, ricas y cómodas ciudades los encerramos en los CIES: Centros de Infamia Españoles.

Fuente: http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2016/10/21/centros-de-infamia-espanoles/

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Gobierno de Ecuador ha ejecutado 721 millones de dólares en obras de reconstrucción, a seis meses del terremoto

Noticias

América del Sur/Ecuador/Octubre de 2016/Fuente: Andes

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, envió este domingo un “abrazo fraterno” a las familias de las víctimas mortales y a damnificados al cumplirse seis meses del terremoto de magnitud 7,8 que la noche del 16 de abril azotó varias poblaciones de las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas.

“La reacción ante la tragedia ha sido ejemplar. La reconstrucción, impresionante. En lo material, quedaremos mejor que antes”, escribió el jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter, y agregó que “¡Nada ni nadie detendrá al nuevo Ecuador!”.

Hasta el momento, para la reconstrucción el gobierno ecuatoriano ha asignado 1.500 millones de dólares con recursos, proyectados hasta mayo de 2017 y con recursos provenientes de la Ley de Solidaridad y de las líneas de crédito de organismos multilaterales.  Solo por la Ley Solidaria se han recaudado cerca de 900 millones de dólares.

De estos recursos 721 millones ya se han ejecutado. En el caso del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, se han cubierto 196 millones con la emisión de 44 mil bonos a favor de las familias albergadas.

En el marco de la reactivación económica, la banca pública ha entregado más de 100 millones de dólares en crédito. La Corporación Financiera Nacional ha colocado 56 millones de crédito, el BanEcuador, 53 millones “de manera que ya tenemos negocios funcionando”, dijo Bernal.

Se han creado cerca de 30 mil empleos directos nuevos. “El terremoto se han convertido en una oportunidad para disponer de infraestructura educativa, vial,  de salud y vamos a estar mejor que antes”, sostuvo el secretario de la reconstrucción.

En todas las zonas rurales del terremoto más de 8.000 familias que han podido regresar a sus hogares por que se han reparado sus viviendas o han recibido una nueva. En total son 44 mil casas en construcción y reparación. Según explicó el Secretario de Reconstrucción, Carlos Bernal, se ha contratado la construcción de unas 22 mil casas, mientras que ya se han entregado cerca de 4.000 casas y otras 4.000 están en construcción.

A decir del secretario técnico para la reconstrucción, Carlos Bernal, se ha invertido más de 2,6 millones de dólares en la construcción de casas en terrenos propios y reasentamientos, sobre todo para reubicar a las familias que vivían en zonas de riesgo. Esto ha permitido reducir el número de albergues de 30 a 24 bajando el número de personas albergadas de 12.000 a 7.000 aproximadamente.

Adicionalmente, se han dispuesto 25 reasentamientos para personas que viven en sectores de riesgo.

En cuanto a demoliciones se han superado los 3,7 millones de metros cúbicos que corresponde a cerca de 6.000 edificaciones demolidas, muchas de las cuáles se destruyeron producto de las réplicas, tras el sismo de 7,8 grados de magnitud que produjo pérdidas por unos 3.300 millones de dólares.

Asimismo, se han construido 26 unidades educativas provisionales cada una de las cuales acogen a 1.500 estudiantes de las zonas afectadas.

Correa aseguró que “es impresionante” el trabajo realizado hasta el momento ya que se ha avanzado en todos los frentes y en todos los rincones de las zonas afectadas por el devastador terremoto. “Hemos construido, viviendas, escuelas, mercados, esto nos debe llenar de sana satisfacción”, dijo el martes pasado tras su visita a poblaciones de Manabí.

Reconstrucción en Bahía de Caráquez

Solo en bahía existen 42 familias en albergues, otras 42 ya fueron trasladadas al conjunto habitacional acuarela.  En esta localidad también se construye la vía Chone-Bahía de Caráquez) de 28 kilómetros cuya inversión supera los 41 millones de dólares y que se complementa con la vía de cuatro carriles que llega a la entrada a Bahía con un costo de 24 millones de dólares.

Bahía es una de las poblaciones más golpeadas por el terremoto y, con la construcción del eje vial, se pretende promover la producción y el turismo.  Al respecto, el presidente Rafael Correa anunció “un plan agresivo de ayuda” para esta población, una de las más turísticas de Manabí.

Indicó que se están preparando líneas de crédito con la Corporación Financiera Nacional con subsidios de hasta 400 mil dólares con el fin de que los dueños de los edificios y condóminos afectados por el terremoto los reconstruyan.

Esta ayuda, dijo Bernal, es fundamental para la ciudad pues sin la reconstrucción de las edificaciones, la ciudad dejaría de percibir más de 25 millones de dólares anuales.

Sin embargo, los propietarios de las edificaciones afectadas tendrán un mes de plazo para acogerse al programa, caso contrario se procederá a derrocarlas ya que “no se puede dejar a bahía como ciudad fantasma, con terrible aspecto, perjudicando al turismo y la economía local”.

Solo en esta población se ha dispuesto la demolición de 18 edificios de más de cinco pisos (14 ya fueron demolidas). Bernal explicó que, incluso, se han derrocado edificios afectados por el terremoto de finales de la década de los 90.

Decreto de excepción se mantiene por réplicas

Durante los seis meses del terremoto, según datos del Instituto Geofísico, se han registrado más de 2.600 réplicas, de ellas 45 han tenido una magnitud superior a los 5 grados lo que mantiene en zozobra a las poblaciones afectadas.

El viernes pasado, mediante decreto ejecutivo 1215, el presidente también dispuso la extensión del estado de excepción en las provincias de Manabí y Esmeraldas, considerando que tras el terremoto del 16 de abril se han presentado réplicas de gran intensidad lo que mantiene la tensión.

El decreto dispone la movilización de las entidades públicas, especialmente de las Fuerzas Armadas, Policía y gobiernos seccionales, para coordinar esfuerzos con el fin de evitar más riesgos e impulsar la reconstrucción de los sitios más afectados.

En su artículo 3, el documento establece suspensión del ejercicio del derecho de la inviolabilidad de domicilio y de libre tránsito de los afectados por el terremoto del 16 de abril y sus réplicas, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, “por cuanto algunos ciudadanos pretenden retornar a sus hogares situados en inmuebles que precisamente constituyen un riesgo para su vida e integridad física».

Tras la tragedia, el presidente declaró un primer estado de excepción en seis provincias por un período de 90 días; posteriormente emitió un nuevo decreto extendiendo el estado de excepción hasta el 13 de octubre y, luego lo amplió por 60 días más a partir del 14 de octubre para las provincias de Manabí y Esmeraldas. 

 

Fuente: http://www.andes.info.ec/es/noticias/gobierno-ecuador-ejecutado-721-millones-dolares-obras-reconstruccion-seis-meses-terremoto

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Estados Unidos: CIDH llama la atención sobre constantes desafíos que las niñas y las adolescentes enfrentan en la región

Noticias

América del Norte/Estados Unidos/Octubre de 2016/Fuente: CIDH

En el Día Internacional de la Niña la CIDH recuerda que existen múltiples problemáticas en la región que dificultan a diario el ejercicio pleno de los derechos para las niñas y las adolescentes. La magnitud y las consecuencias de estas problemáticas en muchos casos siguen siendo poco analizadas y conocidas, insuficientemente atendidas, e incluso aceptadas como normales por la sociedad. La CIDH hace un llamado a los países de la región a que presten mayor atención a los diversos retos que enfrentan las niñas y las adolescentes. Para ello exhorta a los Estados a que fortalezcan la perspectiva de género en el funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Proteccion de la Niñez y a que consulten directamente y de forma periódica a las niñas y a las adolescentes sobre su realidad y sus propuestas para mejorar sus circunstancias, empoderándolas y haciéndolas partícipes del diseño de políticas públicas para garantizar sus derechos.

El contexto en el cual crecen las niñas y las adolescentes en nuestra región está profundamente marcado por la violencia y la discriminación contra ellas. Un alarmante número de niñas y adolescentes son víctimas de abusos, acoso, violencia física, psicológica y sexual, explotación y negligencia, en muchos casos por parte de personas cercanas a ellas como familiares, vecinos, conocidos, profesores y compañeros. La violencia contra ellas y las dificultades en el ejercicio de sus derechos están íntimamente vinculadas con las condiciones de discriminación estructural hacia las mujeres y por los estereotipos de género presentes en todos los países del hemisferio.

La violencia sexual es una de las formas de violencia más graves debido a que atenta contra la dignidad de las niñas y las adolescentes e impacta de forma severa en su vida, integridad física, psicológica y en su desarrollo personal. Esta forma de violencia tiene efectos en la salud reproductiva y frecuentemente resulta en embarazos no deseados y de alto riesgo, en abortos ilegales e inseguros e incrementa el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Los niveles de prevalencia de la violencia sexual en la región son abrumadores, con países con algunas de las cifras más elevadas a nivel mundial, siendo las principales víctimas las niñas y las adolescentes, quienes representan un promedio de entre el 70% y el 80% de todos los casos de violencia sexual que son denunciados. Las cifras sin embargo no reflejan la magnitud de la problemática dado que existe un importante subregistro de los casos de violencia sexual contra las niñas y las adolescentes debido a la falta de denuncia a causa del estigma asociado con esta forma de violencia, por desconocimiento, por temores o engaños, por ser usualmente el agresor un familiar o una persona cercana o con una relación de superioridad con la víctima, o debido a presiones de los familiares. Existen además barreras estructurales para el acceso a la justicia para las niñas debido, entre otros motivos, a la carencia de servicios de asesoría legal gratuita para el tratamiento de sus casos, por el hecho que en algunos países se establecen limitaciones a quien puede interponer la denuncia, y por los plazos de prescripción de este tipo de delitos. Para la CIDH es motivo de profunda preocupación el reducido número de casos que son efectivamente investigados, enjuiciados y sentenciados, lo cual contribuye a que la violencia contra las niñas siga proliferando. Algunas legislaciones no han regulado correctamente algunos de los tipos penales, como por ejemplo el delito de trata con fines de explotación sexual, ni los protocolos de investigación de dichos delitos. Es fundamental además adaptar los procedimientos para no re-victimizar a las niñas y las adolescentes, así como facilitar el acceso a servicios integrales de apoyo que incluyan asesoría legal y la atención médica necesaria y adaptada. En lo tocante al acceso a los servicios médicos para las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, la CIDH ha recibido información preocupante sobre la ausencia de protocolos adecuados para la interrupción legal de los embarazos resultado de violencia sexual en niñas, lo cual lleva a que se  desarrollen embarazos indeseados y de alto riesgo para la vida, especialmente cuando se trata de niñas de corta edad.

En el marco de las estrategias para enfrentar la violencia y la discriminación es fundamental empoderar a las niñas y a las adolescentes en el conocimiento y el ejercicio de sus derechos. Entre las medidas debe considerarse el acceso a una educación sexual de calidad adaptada a la edad, y a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles para las adolescentes. Un alto número de adolescentes no cuentan con el acceso a la información y a los servicios en materia de salud sexual y reproductiva, de manera oportuna, adecuada, accesible y sostenible para que puedan evitar el embarazo precoz o no deseado, prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual, y ejercer su derecho a decidir si desean entrar en una relación de pareja y con quien. La iniciación temprana a la actividad sexual de las adolescentes sin una adecuada información sobre su salud sexual y reproductiva resulta en muchos casos en embarazos no deseados, con riesgos para la salud, o en abortos ilegales e inseguros. En los casos de embarazos, frecuentemente las presiones familiares y sociales empujan a las adolescentes a matrimonios o a uniones precoces con impactos en sus oportunidades de desarrollo personal, educativo, profesional, y de tomar decisiones importantes sobre sus vidas, lo cual las hace más vulnerables. Las niñas y las adolescentes embarazadas son todavía discriminadas en centros educativos y no se les permite asistir a clases durante su embarazo.

En la región, las niñas y las adolescentes provenientes de familias de muy escasos recursos económicos o de grupos tradicionalmente excluidos y discriminados todavía enfrentan dificultades en la vigencia de su derecho a la educación, acceden solo a los niveles educativos básicos o bien abandonan los estudios porque deben colaborar con las tareas en el hogar, en el cuidado de familiares o en la obtención de recursos económicos para la familia. Los problemas de acceso y permanencia en el sistema educativo en los diversos niveles perpetúan la situación de vulnerabilidad en el ejercicio de los derechos de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres en la región, así como su dependencia de otros. El nivel educativo tiene una influencia determinante en las oportunidades de acceso a un empleo formal en el futuro, y por tanto al acceso de recursos económicos para llevar una vida digna, autónoma, y permitir el ejercicio de otros derechos.

Las niñas y las adolescentes son también víctimas de explotación laboral e inclusive de formas modernas de esclavitud. En la región, uno de los fenómenos preocupantes y que tiene todavía implantación y aceptación social es el trabajo doméstico de niñas y adolescentes. De acuerdo con la información recibida por la CIDH, existe un alto número de niñas realizando trabajo infantil para contribuir a la economía familiar, en particular como empleadas domésticas, lo cual les dificulta el ejercicio de una serie de derechos, entre ellos su derecho a la educación, a pesar que muchas familias envían a sus hijas como empleadas domésticas a las ciudades en la creencia que tendrán un mejor acceso a la educación. Esta condición también las expone a malos tratos, abusos, violencia, negligencia y explotación, facilitado todo ello por la vulnerabilidad producida por la distancia y la falta de contacto habitual con su familia y el limitado contacto con personas de confianza de la niña. Un porcentaje alto de víctimas de trata tienen como antecedente el trabajo doméstico desde temprana edad.

Las niñas y las adolescentes con discapacidad, o de grupos indígenas, afrodescendientes, migrantes, así como de grupos tradicionalmente excluidos y discriminados, enfrentan mayor discriminación y obstáculos para acceder al ejercicio de sus derechos, tales como la educación, la salud, la cultura, y la participación social, y suelen ser más vulnerables a ser víctimas de diversas formas de violencia y de explotación, sexual y laboral. Los motivos radican en pertenecer a grupos tradicionalmente excluidos y discriminados, respecto a los cuales el Estado no ha tomado medidas adecuadas para garantizar un efectivo goce y ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades.

La CIDH urge a los Estados a que pongan en marcha las medidas de todo tipo que sean necesarias para romper el círculo de tolerancia e impunidad hacia la violencia y discriminación contra las niñas y las adolescentes, que tome en consideración su empoderamiento, y refuerce los servicios locales de protección de la niñez que puedan identificar tempranamente los riesgos y las violaciones, y responder adecuadamente.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/147.asp

Imagen: http://www.oas.org/es/cidh/actividades/visitas.asp

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CEPAL: Situación de las niñas y las adolescentes será abordada en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer en Montevideo

Noticias

América del Sur/Uruguay/Octubre de 2016/Fuente: CEPAL

Un férreo compromiso de parte de los Estados con la generación y análisis de información desagregada por sexo y grupos de edad, así como con la construcción de una agenda de políticas públicas para enfrentar las desigualdades de género que se gestan y reproducen desde la infancia, pidió hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el marco del Día Internacional de la Niña, cuyo lema este año es “Progreso de la niñas = progreso de los Objetivos: Datos sobre la situación mundial de las niñas”.

“La urgencia de identificar, visibilizar y abordar la situación específica de las niñas y las adolescentes se hace patente con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que no solo dedica el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 5 a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas, sino que incluye de forma transversal este enfoque en los 17 ODS”, recordó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

Este será uno de los temas que animarán los debates de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL, que congregará a representes de Gobierno, de la sociedad civil y de organismos internacionales del 25 al 28 de octubre en Montevideo, Uruguay.

Según el nuevo documento de CEPAL y UNICEF Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad, las niñas y las adolescentes entre 0 y 19 años en la región suman 107 millones de personas, 17% de la población total.

De acuerdo con la publicación, las encuestas de uso del tiempo en nueve países de la región muestran que las adolescentes de 15 a 17 años dedican más horas promedio semanales al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los adolescentes. En cinco países, el tiempo dedicado por las adolescentes a este trabajo es igual o mayor a las 20 horas semanales. Esto da cuenta de la temprana segmentación de los roles de género, observa la CEPAL.

Los avances que se evidencian en salud y educación se ven desafiados por las barreras para el ejercicio de la autonomía económica que afectan a niñas y adolescentes en diversos ámbitos y que se expresan en las cifras de maternidad infantil y adolescente, matrimonio infantil, violencia y uso del tiempo, remarca el organismo regional de las Naciones Unidas.

Fuente: http://www.cepal.org/es/noticias/situacion-ninas-adolescentes-sera-abordada-la-xiii-conferencia-regional-la-mujer-montevideo

Imagen: http://www.freepik.es/foto-gratis/poco-ninas-corriendo-en-el-campo_35536.htm

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