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España: 40 años de educación ¿en derechos humanos?

Por: Carlos Sanguino, responsable de Menores, Educación y Diversidad Afectivo-Sexual en Amnistía Internacional, 4 de abril de 2018.

“Soy una niña de doce años, y quiero decir una cosa:
Yo espero que se avance la igualdad entre los hombres y
las mujeres y que los homosexuales tengan más derechos…”

(Carta recibida por Ana, alumna de 12 años en 2010)

«Educación para la Ciudadanía sencillamente hay que suprimirla por inútil»
(Mariano Rajoy, en el 2009)

Allá por las navidades de 2010 llegó una carta a Amnistía Internacional. Apenas cuatro líneas escritas por Ana, una estudiante de 12 años de uno de los cerca de 700 colegios e institutos adheridos a nuestra Red de Escuelas por los Derechos Humanoshttps://redescuelas.es.amnesty.org/index.php. Había cursado uno de los tres cursos que en aquel momento eran obligatorios de la asignatura Educación para la Ciudadanía, y tras realizar un debate en clase sobre discriminación decidió escribirnos.

Un año antes, Mariano Rajoy, líder de la oposición parlamentaria, había manifestado públicamente aquello de «Educación para la Ciudadanía sencillamente hay que suprimirla por inútil» . Claro que quizás no conoció nunca a Ana. O quizás no le parecía importante la igualdad de género y el respeto a la diversidad.

Si esto es malo, es peor comprobar que la educación en derechos humanos no ha preocupado (casi) a nuestros Gobiernos en los últimos cuarenta años.

¿Qué es eso de la educación en derechos humanos?

Fundamentalmente, acciones orientadas a que las personas aprendan qué son los derechos humanos y la manera de reclamarlos. Nos sirve para desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para promover la igualdad, la dignidad y el respeto en tu clase, en tu casa o en tu trabajo. Dicho con un ejemplo práctico, te sirve para darte cuenta de que una compañera de trabajo está siendo acosada o que un compañero de clase está sufriendo bullying y debemos intervenir. Y también para reclamar.

¿Cómo se hace esto? Hay muchas posibles vías: introducir contenidos sobre derechos humanos en asignaturas, utilizar metodologías participativas, generar un ambiente respetuoso y libre de acoso en los centros escolares.

Acto en el centro de Creación Contemporánea Matadero-Madrid en el que participaron distintos colegios. Durante el encuentro se trataron los derechos de las personas refugiadas. © Paco Ruano

Leyes 7 / Derechos Humanos 1

Y no hablamos de un resultado de fútbol. Hemos tenido en estos cuarenta años siete leyes educativas, de las cuales solo una (la Ley Orgánica de Educación de 2006) planteaba una asignatura obligatoria con contenidos sustantivos de derechos humanos.

Su puesta en marcha nació instalada en el conflicto, con la oposición de la Conferencia Episcopal Española que consideraba que adoctrinaba a los estudiantes y la del Partido Popular. Pese a ello, consideramos que era un buen primer paso y que había que profundizar en su implementación, así como adoptar otras medidas complementarias. Esta asignatura significaba cumplir con las recomendaciones de Naciones Unidas, y en la práctica quería decir que cientos de miles de estudiantes trabajarían en clase sobre igualdad de género, no discriminación o la declaración universal de los derechos humanos.

En ese momento nos equiparamos a los 20 países europeos que ya tenían asignaturas similares en el currículo, hasta que posteriormente la actual ley (LOMCE) suprimió la asignatura. Podemos afirmar con claridad que hoy estamos peor que hace unos años.

Trabajando en los materiales que se utilizaron durante el encuentro en que el se debatieron los derechos de las personas en movimiento. © Paco Ruano

¿Y antes?

Antes de eso, hubo algunos intentos que no tuvieron que ver con una asignatura. Y es que pensemos que partíamos de la franquista Ley General de Educación que a partir de 1978 tuvo que adaptarse al nuevo contexto, incluyendo elementos de participación política y ciudadanía democrática.

La LOGSE de 1990 planteó la idea de transversalidad en valores, incluyendo aspectos relacionados con derechos humanos pero de forma no evaluable, y tras la desaparición de Educación para la Ciudadanía, la actual LOMCE recuperó algunos de sus contenidos (los menos polémicos) en las asignaturas de Valores Sociales y Cívicos, optativas y alternativas a la de Religión.

Cuando las leyes no ayudan, la gente se mueve

Hay una regla constante, que no solo es aplicable a educación: cuando los gobiernos no cumplen con su trabajo, la propia gente se organiza para intentar solucionarlo. Por eso, desde finales de los años setenta comenzaron a surgir en España los llamadosMovimientos de Renovación Pedagógica (MRP), alternativa a los sistemas educativos oficiales y con una profunda relación con diferentes movimientos sociales. Los MRP pretenden la transformación del modelo educativo, incluyendo los derechos humanos como eje central de su planteamiento. Su trabajo ha sido variado y diverso, trascendiendo lo curricular y profundizando en aspectos como las metodologías participativas, la participación de la comunidad educativa, la creación de entornos no discriminatorios y libres de acoso, etc. Su papel ha sido fundamental para el desarrollo de la educación en derechos humanos durante todos estos años.

Los centros adheridos a la Red de Escuelas de AI trabajan temas de derechos humanos. En imagen, un grupo de jóvenes elaboran materiales que posteriormente se usan y se exponen. © Paco Ruano

40 años y mucho por recorrer aún

Y es que después de 40 años y 7 leyes, la realidad es que miles de estudiantes pasan por el sistema educativo en España sin que sea obligatorio que trabajen aspectos de igualdad entre hombres y mujeres, o que no se debe discriminar a nadie por ser de otro color o de otra orientación sexual. Nuestros estudiantes necesitan saber que aún hay al menos 114.000 personas desaparecidas en España, víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, sin que se haya reparado a sus familiares, por poner un solo ejemplo. Esperemos que dentro de diez, cuando hablemos del 50 aniversario de Amnistía Internacional España, podamos contaros que hay vientos de cambio. Mientras tanto, desde Amnistía Internacional seguiremos promoviendo nuestra Red de Escuelas, que tiene como objetivo que centros educativos de todo el Estado trabajen sobre discriminación, refugio o defensores/as de derechos humanos y seguiremos presionando a nuestro Gobierno para que incluya de forma real la educación en derechos humanos en las próximas leyes educativas.

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UNESCO: Derecho a la educación de los refugiados

España/31 de Marzo de 2018/El Ciudadano

La educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, junto a otras organizaciones preparan una serie de eventos sobre el derecho a la educación de los refugiados, que incluyen: una exposición fotográfica sobre la educación de los refugiados; un conjunto de eventos educativos y culturales a lo largo de la semana organizados por el Ayuntamiento de Barcelona; ​​una reunión internacional de expertos, seguida de una conferencia internacional sobre el derecho a la educación de los refugiados.

Esta actividad tendrá lugar en España, Barcelona el 18 y 21 de junio del presente año a las 08:00pm hora local de este país.
Esta reunión internacional de expertos tiene como objetivo alentar y facilitar el aprendizaje entre colegas e  identificar recomendaciones de políticas relevantes al nivel internacional, nacional, regional, local y escolar, en preparación de la Conferencia Internacional que conmemorará el Día Mundial de los Refugiados.

El Derecho a la Educación

Según lo establecido en Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la educación es un derecho fundamental  y está ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos establecidos en 1948.

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Indultar por Semana Santa, esa ‘bonita tradición’ de la que no disfrutará María Salmerón

Este tipo de indultos lanzan un mensaje confuso a la sociedad y, especialmente, desalentador a la población reclusa no católica, la mayoría. El indulto en este formato vincula de manera errónea “puesta en libertad” con ser un buen católico. Algo que para nada responde a los criterios de justicia y equidad que deben valorarse en su concesión.

Comparto con los representantes de Compromís en el Congreso que “la concesión de indultos por la Semana Santa nos acerca más a las dictaduras o regímenes teocráticos que a un Estado de Derecho” y que “por muy mayoritaria sea la religión y costumbre católica en España, otorgarle el privilegio de proponer a quién indultar y que el Gobierno lo acate, nos retrotrae al nacionalcatolicismo más negro”. Pero, en cambio, no puedo compartir su visión de que esta medida es partidista y no responde a criterios objetivos. Es cierto que la actual regulación del indulto necesita importantes mejoras (como prohibir que se conceda a condenados por corrupción o por alguna de las violencias de género), pero los principios en los que se inspira (justicia y equidad) son pilares fundamentales para la construcción de la política penitenciaria restaurativa que recoge nuestra Constitución. De ahí que esta sea una medida que deba tomarse en serio y no como parte del folclore religioso y/o popular o como una forma de devolver favores a las instancias de poder.

Precisamente, en estos días, el protagonismo de estos “indultos” avalados por las cofradías contrasta con el gran fiasco que ha resultado ser el indulto con el que “avaló” el Gobierno a María Salmerón. Acabamos de conocer como el Tribunal Supremo ha anulado el indulto parcial que se le concedió a esta mujer víctima de violencia de género. Medida que la eximía de entrar en la cárcel a cumplir la condena de seis meses de prisión que se le había impuesto por desobedecer la medida de custodia que compartía con el padre de su hija, un hombre condenado a 21 meses de prisión por maltratarla.

La decisión que ahora adopta el Supremo nace de un recurso interpuesto por el propio hombre condenado y por una asociación que dice defender a los perjudicados por la Ley de Violencia de Género. La sentencia sostiene que el Gobierno, cuando concedió el indulto parcial, no acreditó suficientemente las razones de justicia y equidad que son necesarias para su concesión. También añade el Supremo que, al no ser un indulto total, María Salmerón debía cumplir la condena sustitutoria (30 días de trabajos en beneficio de la comunidad) y pagar a su maltratador la cuantía correspondiente a la responsabilidad civil. Algo que al parecer no ha hecho. En su defensa, María Salmerón, afirma que de lo primero no ha recibido notificación y que a lo segundo no ha podido hacer frente, pero que su ex ya está cobrando la indemnización se le han embargado las cuentas a tal efecto. A todo esto, la hija común, de 17 años, se niega a ver al padre.

Dos hechos bien distintos ante la misma hipotética medida de gracia. Frente a ellos, el Gobierno actúa desde miradas y creencias muy dispares. Mientras que, a la Iglesia Católica, año tras año, le otorga el privilegio de solicitar indultos que le sirven para dar cumplimiento a sus tradiciones y dogmas; a una mujer víctima de violencia de género le perdona a regañadientes y de forma parcial, dejándola expuesta al hostigamiento del hombre que la maltrató y condenándola a la ruina económica que implican el laberinto judicial en el que se tiene que embarcar para defender algo que las leyes dicen proteger: el interés del menor.

No es nuevo el distinto rasero que usan los poderes a la hora de velar por la justicia y la equidad pero nunca está de más anotar en el margen como se arraigan privilegios y desgastan derechos. Esto sí que viene siendo una tradición en el Gobierno de Rajoy.

Fuente: https://www.eldiario.es/zonacritica/Indultar-Semana-Santa-Maria-Salmeron_6_754934526.html

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Más de 3,5 millones de niños sirios solo conocen el sonido de la guerra

Asia/Siria/Fuente: El plural

La población siria lleva 7 años de sufrimiento, desesperación y violencia. Aldeas Infantiles SOS recuerda el terrible impacto que el conflicto ha tenido en toda una generación de niños.

Marzo es el mes que nos recuerda el inicio de este sangriento conflicto que comenzó con el arresto de un grupo de adolescentes por  pintar en las paredes de su escuela en Deraa “es tu turno, Doctor”, “la gente quiere que el régimen caiga”, en referencia a Asad; tras la detención y tortura de los que eran solo unos críos, comenzaron las manifestaciones que clamaban más democracia y derechos para la población, era el comienzo de una guerra civil que ya se ha cobrado con la vida de más de 20.000 niños.

Se calcula que 3,3 millones de niños dentro del país están expuestos a artefactos explosivos

Hay una necesidad pospuesta de abordar la atención a largo plazo de los niños que han sufrido la violencia, la pérdida y separación de su familia, la interrupción de su educación y que no han podido disfrutar de una infancia pacífica”. afirma Alia Al-Dalli, directora internacional de Aldeas Infantiles SOS para Oriente Medio y el Norte de África.

Más de 3,5 millones de niños sirios menores de siete años no conocen otra realidad que la guerra, carecen de servicios básicos, de educación y de protección. Siete años después de que estallase el conflicto, Aldeas Infantiles SOS continúa apoyando a niños y familias en situación de riesgo a través de Programas de Respuesta de Emergencia de Aldeas, ubicados en Alepo, Damasco y Tartús, y donde han prestado ayuda a 93.000 niños y 52.000 familias afectadas por la contienda. “No debemos perder de vista el efecto que este conflicto ha tenido en toda una generación de niños»Alia Al-Dalli.

 En 2017 fue el año en el que mataron a más niños y niñas desde el comienzo del conflicto y más de 360 niños resultaron heridos, dejando a muchos de ellos con discapacidad, según Naciones Unidas.

Se estima que más de 8,5 millones de niños en Siria y los países vecinos continúan necesitando ayuda humanitaria

 

Aldeas Infantiles SOS

Aldeas Infantiles SOS, recientemente galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2016, es una organización internacional, privada, de ayuda a la infancia, sin ánimo de lucro y con presencia en 134 países.

Su labor se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a ser una persona autosuficiente y bien integrada en la sociedad. Trabaja para fortalecer a las familias vulnerables, de modo que puedan atender adecuadamente a sus hijos; protege a los niños que se han visto privados del cuidado parental, a los que brinda un entorno familiar protector en el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados, y acompaña a los jóvenes en su proceso de maduración e independencia.

Fuente: https://www.elplural.com/tech/2018/03/23/mas-de-35-millones-de-ninos-sirios-solo-conocen-el-sonido-de-la-guerra

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Philippines: Criminalisation of indigenous leaders and human rights defenders

Asia/Filipina/PrensaIE

Resumen: La Internacional de la Educación se une a su afiliada Alliance of Concerned Teachers para expresar su alarma por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Filipinas, ya que el fiscal del país busca que profesores, líderes de pueblos indígenas y defensores de los derechos humanos sean declarados terroristas y forajidos. La lista de presuntos terroristas incluye líderes indígenas reconocidos a nivel nacional e internacional y defensores de los derechos humanos de las regiones de Cordillera y Mindanao. Entre ellos se encuentran Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y Jeanette Ribaya Cawiding, Coordinadora Regional en la región Cordillera de la Alianza de Maestros Preocupados (ACT), una afiliada de la Internacional de la Educación (EI).


Education International joins its affiliate the Alliance of Concerned Teachers in expressing alarm about the deteriorating human rights situation in the Philippines, as the country’s State Prosecutor is seeking to have teachers, Indigenous peoples’ leaders and human rights defenders declared terrorists and outlaws.

The list of alleged terrorists includes nationally and internationally renowned indigenous leaders and human rights defenders from the Cordillera and Mindanao regions. Among them are Victoria Tauli-Corpuz, UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, and Jeanette Ribaya Cawiding, Regional Coordinator in the Cordillera region of the Alliance of Concerned Teachers (ACT), an Education International (EI) affiliate.

This latest attack against indigenous leaders and human rights defenders is taking place in the context of widespread extrajudicial executions and attacks against critics of the  Government. Indigenous peoples in Mindanao have also been massively impacted by military operations since the implementation of martial law in May 2017. Martial law has recently been extended by the Congress until December 2018. Last July, President Rodrigo Duterte threatened to bomb Lumad schools in Mindanao who he accused of “teaching children to rebel against the government”.

United Nations human rights independent experts have called on the Philippine authorities to immediately drop unfounded accusations against UN Special Rapporteur Tauli-Corpuz. They consider the accusations to be an “act of retaliation” after public comments made by UN Special Rapporteurs about attacks on and killings of indigenous Lumad peoples by members of the armed forces in Mindanao.

“Indigenous peoples and their leaders are, in fact, the victims of the terrorism of the State which sponsors the plunder of their homes and violence against their people,” stressed ACT representative Antonio Tinio.

“Our indigenous peoples have been in the forefront in the struggle to protect the rich lands of our country from exploitative mining corporations and agri-business plantations. These acts are not acts of terrorism. They are not terrorists,” insisted another ACT Teachers representative, France Castro.

Indigenous and human rights organisations have launched a petition calling on the Government of the Philippines to remove indigenous peoples’ leaders and human rights defenders’ names from the list of alleged terrorists, and ensure the protection of their physical safety, human rights and fundamental freedoms.

President Rodrigo Duterte announced that the Philippines was withdrawing from the international criminal court after the court opened an investigation into his brutal war on drugs as a crime against humanity.Philippines: End attacks against indigenous teachers, students and schools

Fuente: https://www.ei-ie.org/en/detail/15776/philippines-criminalisation-of-indigenous-leaders-and-human-rights-defenders

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Violación a menor cataliza debate sobre educación sexual en Panamá

Centro América/Panamá/29 Marzo 2018/Fuente: Prensa Latina

Un sonado caso de abuso lascivo a una menor, que estremece actualmente a la sociedad panameña, puso sobre el tapete hoy el debate sobre educación sexual y la certeza del castigo en un análisis de expertos.
El programa de opinión televisivo Radar examinó este domingo el problema desde la prevención y el proceso judicial, además de concluir que, postergar por razones ideológicas la discusión sobre impartir educación sexual en los programas escolares, creó una deuda en la formación de las nuevas generaciones.

‘Fundamentalmente, estamos inmersos en un debate que muchas veces ni siquiera toca el fondo del problema, sino solamente los aspectos superficiales que no contribuyen a encontrarle una verdadera solución’, expresó en el espacio el analista político, Jorge Eduardo Ritter.

Por su parte, la doctora Melina Mancuso afirmó que ‘es obligación de los padres aprender algunos aspectos del desarrollo humano’, es decir, lo que se espera que un niño haga a medida que crece.

‘Estamos en una sociedad donde actualmente los padres no están y cuando están, no están ciento por ciento en el hogar. Entonces, pueden pasar por alto algunas señales’, dijo.

En el programa se resaltó la necesidad de legislar sobre el tema, tomando como base la información científica y datos reales, porque la implementación de estudios permitiría que los menores identifiquen una intención inadecuada y alertar así a padres y autoridades.

‘No todo pedófilo llega a ser un pederasta. Ser pedófilo no es un crimen, es una enfermedad. Pero ser pederasta es un crimen’, explicó doctor Álvaro Gómez, quien exhortó a que se deben atender adecuadamente a los individuos con trastornos, porque de lo contrario, irá a la cárcel y al salir, tendrá la misma actitud.

A principios de marzo una multitudinaria marcha organizada por iglesias panameñas enfrentó el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de considerar discriminatorio el rechazo al matrimonio igualitario, y al mismo tiempo mostraron su rechazo a la educación sexual en escuelas.

Según Juan Francisco de la Guardia, uno de los promotores de la convocatoria, la protesta fue en defensa de la vida, la familia, la libertad de religión y el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus principios y creencias.

Definió que la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, que preside, se ‘opone a la imposición de la ideología de género por parte de organismos internacionales (ONU, CIDH y otros) a través de la justicia, mediante interpretaciones amañadas de nuestra Constitución Política de la República’.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=163010&SEO=violacion-a-menor-cataliza-debate-sobre-educacion-sexual-en-panama
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Por una educación inclusiva

Por Sara García de Blas

A pesar de que hace 70 años se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos –tratado internacional que recoge en sus dos primeros artículos el derecho a la igualdad y a la no discriminación–, es fundamental celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, debido a que millones de personas siguen sufriendo discriminación en todo el mundo.

Ľuboš, de solo siete años, vive con su madre Angelika en Prešov, la tercera ciudad más grande de Eslovaquia. El padre de Ľuboš, eslovaco no romaní, matriculó a su hijo en una de las mejores escuelas del centro de la ciudad. Pero cuando Angelika, eslovaca romaní, empezó a ir al colegio, la situación cambió. La profesora comenzó a tener problemas con Ľuboš y le dijo a Angelika que no era adecuado que su hijo permaneciera en la escuela. “Dijo que mi hijo no pertenecía a esa clase por ser romaní, que debería llevarlo a la escuela romaní”, recuerda Angelika, que terminó teniendo que sacar a Ľuboš del colegio, por lo que el niño perdió un curso escolar.

El de Ľuboš no es un caso aislado en Europa, donde países como Eslovaquia y la República Checa discriminan a niños y niñas romaníes dentro del sistema educativo. En el reciente informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa se recoge que la segregación en el colegio es una forma preocupante de discriminación que sufren en Europa especialmente tres colectivos: niños y niñas con discapacidad, migrantes y romaníes.

Un ejemplo es la ciudad minera de Krompachy, en Eslovaquia. Uno de los cuatro colegios de la ciudad es de educación especial y tiene, en dos turnos, 145 alumnos diagnosticados con discapacidad. La totalidad de esos 145 alumnos son romaníes, algo que impacta al saber que la población romaní es sólo el 10% del total de los habitantes de la ciudad.

En la ciudad hay alrededor de 500 niños y niñas romaníes. Aparte de los 145 que acuden al colegio de educación especial, 315 estudian en un colegio mainstream (colegio en el que el alumnado es tanto romaníe como no romaníe) que, en cambio, también cuenta con  tres clases de educación especial. Teniendo en cuenta estas cifras, un tercio de los estudiantes romaníes en Krompachy han sido diagnosticados con discapacidad intelectual y siguen un currículo educativo especial. Además, en estos colegios los alumnos y alumnas no tienen permitido llevarse los libros a casa y no tienen deberes.


Niños y niñas romaníes atendiendo a clase. En países como Eslovaquia y la República Checa son discriminados dentro del sistema educativo. © Jiri Pasz

Parte del profesorado muestra los prejuicios que ellos mismos tiene sobre los romaníes. “En otras familias (no romaníes), los padres empujan a sus hijos a educarse lo suficiente, a ir a la Universidad o, por lo menos, a encontrar un trabajo. Los padres romaníes no se preocupan. La discapacidad intelectual puede jugar algún papel al colocarles en el colegio de educación especial, pero el factor familiar es crucial”, comenta uno de los profesores del colegio de educación especial.

Con este tipo de prácticas, Eslovaquia no sólo viola la legislación nacional, sino también las normas internacionales y regionales de derechos humanos. Las autoridades eslovacas deben introducir en todas las escuelas la clara obligación de eliminar la segregación en el sistema educativo y proporcionarles un apoyo eficaz. También deben implementarse medidas adecuadas de apoyo a los niños y niñas romaníes y no romaníes que necesiten ayuda adicional, de modo que puedan desarrollar al máximo su potencial dentro de las escuelas de educación general.

Fuente del Artículo:

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/por-una-educacion-inclusiva/

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