Derechos Humanos

Por: Marea Verde Morón

 El curso 2016-2017, a punto ya de finalizar, ha sido uno de los más vibrantes e intensos en lo que a lucha por la educación pública se refiere. Tres huelgas educativas se han materializado a lo largo del curso, dos de ellas generales, mostrando la formidable capacidad de la comunidad educativa española para no ceder ni un milímetro en sus conquistas en educación.

No obstante, también ha habido movimientos sociales que han reclamado la defensa íntegra de la escuela concertada, haciendo referencia a la libertad de educación. Este concepto es sumamente abstracto, idílico y elegante sobre el papel. Pero en la práctica debemos plantear preguntas concretas ¿libertad para quién? ¿enseñanza de calidad para personas con qué nivel adquisitivo?

En el sistema capitalista en el que vivimos, todo reside en la cuestión económica. Y la escuela pública es la única que puede garantizar una formación educativa a la mayoría de la población, que no tiene poder adquisitivo para costearse una escuela privada. Por lo tanto, su predominio debe ser una prioridad en una sociedad cada vez más precarizada, con paro masivo y servicios públicos bajo constantes ataques por parte del Gobierno.

El sistema educativo actual nace de un modelo Neoliberal, el cual el economista Milton Friedman decía lo siguiente: “Esta [La Educación] debe ser un mercado como cualquier otro, porque no se justifica que exista un monopolio estatal de la educación ya que esto es un perjuicio a los consumidores”. Marea Verde rechaza este modelo, apostando por una educación de calidad, la cual no sea un mercado que se venda al mejor postor. Donde tengamos una educación pluralista e igualitaria, asegurada materialmente por el estado como derecho humano básico y universal que es.

Los colegios privados no son competitivos, sus precios reales son absolutamente desorbitados para el poder adquisitivo real de la mayoría de la población. Si tienen una demanda elevada se debe a las subvenciones que reciben por parte del Estado, que reducen las cuotas a un precio relativamente barato. Mientras tanto, el desmantelamiento de los centros públicos debido a la falta de medios es apabullante. En Gerena, en nuestra misma provincia, podemos encontrar un centro con alumnado disgregado en 4 edificios, 800 estudiantes, clases dobles, sin gimnasio, sin escalera de incendios, humedades y filtraciones e incluso cubiertas de amianto. Algunas de estas condiciones son un denominador común dentro de todos los centros públicos. Mientras tanto, el dinero público que debería cubrir el centro nuevo en Gerena es destinado a aumentar los beneficios de los propietarios de la educación privada. Es inadmisible que convirtamos la educación, un derecho básico y universal, en una forma de lucro fácil y rentable. Y eso es lo que se consigue mediante los centros concertados.

La educación pública de calidad consiste, sencillamente, en que existan medios materiales para ejercer la enseñanza. Y no hablamos ni siquiera de que estos medios estén adaptados al desarrollo tecnológico actual, sino de que simplemente existan. Marea Verde nace de la herencia directa del 15M como movimiento que aglutina todos los colectivos, personas u opiniones por la defensa de la escuela pública. Exigimos, en términos materiales, que la educación pública concentre todos los fondos públicos destinados a educación, y que ésta sea un medio eficaz para garantizar un sistema educativo con diversidad de alumnado, profesorado y opiniones, debido a la composición social heterogénea que se deriva de esta concepción material igualitaria. ¿No existe acaso libertad de ideas en la pública, donde

pueden confluir el hijo del obrero con el primogénito de un gran empresario? La educación privada se encuentra a años luz de favorecer una libertad de pensamiento y una diversidad de opiniones como garantiza la pública.

Marea verde no se opone a la educación privada. Lo único que denunciamos  desde Marea Verde respecto a esta es el hecho de que sea subvencionada con dinero público, el cual debería ir destinado a (como su nombre indica) la educación pública.  Según datos del año 2014, la Administración aporta el 57% de los ingresos de los colegios concertados y estos centros recibieron 6.332 millones de euros de ayuda pública en el curso 2012/2013. Esto produce unos daños colaterales claramente intencionados que derivan en el denominado efecto filtro, que consiste en el bloqueo de la educación superior a los estudiantes sin recursos económicos. Esto se concreta en los siguientes puntos:

1º. Esta falta de fondos unida a las leyes educativas en la secundaria (como la LOMCE) están encaminadas a desprestigiar la escuela pública a través de acciones enfocadas a echar al estudiante del sistema educativo hacia el mundo laboral, un mundo laboral que en general precariza la situación para obtener más beneficios (en nuestra comarca se manifiesta con la actual situación de Procavi). El estudiante debe enfrentarse a un proceso de filtrado condicionado por su capacidad económica.

2º. La Universidad: El incremento de las tasas universitarias, unido a lo expuesto anteriormente, genera en España una educación de corte elitista, sobre todo en estudios universitarios. Esto se debe a que los precios altos, en general, no podrán ser asumidos por las familias con menos poder adquisitivo a menos que perciban becas. El problema de las becas son los recortes ejercidos por el Gobierno, lo que supone que el estudiante no pueda alcanzar con todo a pagar las tasas y, por ende, tenga que pagar de su propio bolsillo.

3º. Aquel estudiante que haya llegado a la fase universitaria y consiga su título, se encontrará  con otro problema que actúa como “filtro”. Hablamos del máster, el cual es necesario para especializarse o, por ejemplo, cualificarse para la enseñanza. En universidades públicas, el precio medio suele superar los 2.000 euros por máster para los que habilitan a ejercer la profesión,  y de 2.500 en adelante para el resto de másteres de especialización. No obstante, en algunos centros como la Universidad Complutense los másteres públicos pueden alcanzar los 4.000 euros. Si el decreto 3+2 llegase a materializarse, sería la consolidación de este elitismo en la educación pública.

Por lo tanto concluimos en este punto que bajar la calidad de la educación pública es un beneficio para el poder económico que recibirá obreros escasamente cualificados o con una formación orientada exclusivamente al mercado laboral, favoreciendo su explotación. De esta manera usan a las personas como medio y nunca como un fin en sí mismas atentando contra su dignidad reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acordémonos de Kant, que decía: “Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio”. Pero nunca dijimos que el dinero entendiera de moral.

No obstante, sabemos que el sistema educativo público actual tiene numerosos defectos en los que se basan sus merecidas críticas. Pero debemos analizar la situación e ir más allá. Somos realistas y sabemos que el Estado es una maquinaria a favor de los intereses de los grandes propietarios. ¿Cómo se expresa esto? En la destrucción de los servicios públicos, tanto educación como sanidad, a la que venimos asistiendo en los últimos años, que coincide directamente con la parte más aguda de la crisis del sistema.

Esto implica que la educación gratuita, desde la lupa del sistema capitalista actual, es algo muy diferente a su concepción inicial. El propio Thomas Jefferson creía que la educación de la gente era una buena manera de establecer una sociedad organizada y creía que la escuela debía ser pagada en común, para que la gente menos rica pudiera obtener la condición de estudiante. Incluso creó la primera universidad pública en Virginia donde cualquier ciudadano del Estado podía asistir a la escuela con el único criterio de su capacidad. Pero el capitalismo ya ha agotado totalmente su papel progresista en la sociedad, y esto se manifiesta en su incapacidad actual para proporcionar este servicio básico y universal a toda la población.

Además, el modelo educativo sigue estando totalmente subordinado a los intereses de la única clase dominante, por lo que este no ha llegado a ser la panacea igualitaria que todos deseamos, derivando en que parte de sus críticas sean bien merecidas. ¿Qué educación podemos esperar de un Estado que rescata a los bancos antes que a las personas y que aprueba las devoluciones masivas de refugiados? La lucha por la educación debe tener como objetivo final la expropiación de los sectores económicos estatales que garanticen un control democrático de la economía por parte de la mayoría de la población, y en consiguiente, la soberanía real de ésta para elaborar un sistema educativo acorde a sus necesidades. Sólo de esta forma podremos conseguir materializar el derecho a una educación pública de tod@s y para tod@s.

Fuente: http://moroninformacion.es/defensa-la-educacion-publica-marea-verde-moron/