Derechos Humanos

Por: Ángel L. Martínez Cantera

Se estima que hubo cuatro millones de abortos selectivos de fetos femeninos en la última década en India. Expertos hablan de ‘genocidio organizado’ por el uso de técnicas ilegales para determinar el sexo.

Si naciese niña, se llamaría Priya o Anjali; habían dicho sus padres días antes. Apenas hace 24 horas del milagro y sus frágiles dedos de hojas de sándalo agarran con vigor el corazón de su padre. A ciegas, pero con la vitalidad de sus cuatro portentosos kilos y sus 47 increíbles centímetros de existencia. Lo prodigioso del alumbramiento de esta bebé todavía sin nombre no sólo es que respire el aire plagado de microbios. Ni que el embrión sobreviviese antes al vertiginoso viaje celular hasta ser feto. Tan siquiera sorprende que lo que fue un huevo más pequeño que una alubia culminase la peligrosa migración al útero hace nueve meses. Lo extraordinario del nacimiento de esta bebé es que se haya producido aún siendo condenada desde su gestación. A pesar de ser una niña nacida en India; donde —según una investigación publicada en la revista médica The Lancet— cada año medio millón de fetos femeninos desaparecen antes de sujetar el corazón, índice o pulgar de sus padres.

Igualmente insólitas fueron las palabras de Vishal Ashok Mulay horas antes del parto. “Seremos muy felices si tenemos una hija porque sólo hay chicos en nuestra familia. Médicos como Ganesh ayudan a cambiar la mentalidad de nuestra sociedad”, había dicho el padre, de 26 años, en referencia al pediatra que ayudó a dar a luz a su bebé. Desde 2012, Ganesh Rakh ha traído a más de medio millar de niñas al mundo gratuitamente. En vez de cobrar hasta 870 euros, como en un hospital privado, o 130 euros, como en uno público; la pequeña clínica del doctor Rakh no ingresa dinero alguno por dar a luz a las hijas de sus pacientes. De esta forma, las familias que acuden a este centro privado de la ciudad de Pune –en el estado de Maharashtra– no tienen que costear el tratamiento durante y después del embarazo; una más de las cargas económicas que conlleva ser mujer en India.

“Antes, nuestras pacientes sólo querían tener hijos. Muchas acuden a los babas (curanderos) en busca de pociones con las que sólo concebir niños. Incluso doctores profesionales recetan falsos tratamientos de ese tipo”, cuenta Rakh. Su campaña Save the Baby Girl (salvar a las niñas bebé) no sólo ayuda a alumbrarlas sin costes en Pune gracias a los ingresos obtenidos con los nacimientos de varones, sino que también asesora a familias y embarazadas sobre las prácticas y tradiciones que discriminan a la mujer. “Estamos en contra de la dote matrimonial, incluidos los regalos hechos por la familia de la novia durante la boda. Porque ahí está la raíz del problema en todas las culturas indias”, explica. Lo que fue una modesta iniciativa a nivel local se ha transformado en una ambiciosa misión nacional con el objetivo de sensibilizar a la población. Desde el 24 de Agosto y hasta comienzos de 2017, la campaña recorrerá todos y cada uno de los estados del país para concienciar sobre una vileza enquistada en India: el feticidio femenino.

Un lento y silencioso genocidio médico

La dote matrimonial fue abolida en India en 1961, pero su práctica sigue ocurriendo en todos los estados. Bien en la forma más arcaica, o mediante abusivos regalos de boda de la familia de la novia. Estas y otras tradiciones similares de una sociedad marcadamente patriarcal perpetúan la discriminación de la mujer; que es vista como una carga económica y social para las familias. La consecuencia última de estas costumbres son los abortos selectivos de fetos femeninos. Los números hablan por sí solos de una lacra masiva y silenciosa. El último censo, de 2011, muestra un ratio artificialmente desequilibrado: 940 mujeres por cada 1.000 hombres. Los datos concernientes a los menores de seis años en el estado de Maharashtra son más preocupantes. En 1991, la proporción era de 946 chicas por cada mil chicos, pero ha descendido a 883 niñas. Un reciente estudio de la revista médica The Lancet estimó que 12 millones de fetos femeninos habían sido víctimas de abortos selectivos en India en las últimas tres décadas.

“El censo recoge 26 millones de nacimientos anuales. La mitad deberían ser niñas. Pero la realidad es que perdemos al 5% de nuestras hijas”, explica Varsha Deshpande, abogada defensora de los derechos de la mujer en Mumbai. Sólo en esta ciudad, los abortos registrados se han duplicado en cinco años. Sin embargo, el problema no es el número oficial., sino la mala praxis de los médicos que registran interrupciones de embarazos como masculinos cuando son de niñas, o los abortos no registrados. “Ni abortar ni la determinación del sexo del feto son delitos en India. Pero la revelación del sexo sí lo es. Ese es el origen de la eliminación de fetos femeninos”, argumenta Deshpande, miembro de la Comisión Nacional para la Supervisión de la Ley de Técnicas y Diagnósticos Prenatales (PCPNDT Act, en inglés); que castiga los exámenes de determinación del sexo de los fetos mediante sonografías y otras técnicas, así como el aborto selectivo. Deshpande organiza operaciones señuelo en clínicas que ofrecen estos servicios ilegales y ha presentado casos contra medio centenar de doctores acusados de quebrantar la ley.

La PCPNDT fue aprobada hace dos décadas, pero ni siquiera la mitad de los estados indios han registrado juicios por el incumplimiento de la misma pese a que la desproporción de niñas respecto a niños es clamorosa en casi todo el país. De hecho, la ley no se ejecuta en Bihar o Uttar Pradesh; dos de los estados más grandes del país, donde la práctica de la dote está muy extendida y donde sólo una de cada tres niñas concebidas acaban por nacer.

Por su parte, Maharashtra se ha convertido en adalid de la cruzada contra el feticidio femenino. El mayor cumplimento de la PCPNDT en este estado, movilizó a 450 radiólogos en contra de la norma el pasado junio. Diversas asociaciones médicas nacionales la critican por injusta y solicitan su revisión. Pero sus defensores sostienen que las quejas de los colectivos de la salud son una muestra de que algunos profesionales actúan ilegalmente. “La ley lleva vigente en Maharashtra desde 1988 y en India desde 1994, pero sólo ahora exigen su enmienda. ¿Por qué? Porque antes se saltaban la ley, cuando ahora muchos son enjuiciados gracias a nuestras operaciones”, razona Deshpande, también miembro de la comisión encargada de revisar la ley. “Estos organismos no quieren salvar a las hijas de India, sino a sus colegas los doctores. No estamos en el comité para cambiar la ley, sino para protegerla. Es la mejor norma que hemos tenido para prevenir una forma abyecta de violencia. La ley no se cambiará”.

A pesar de que las cifras de los abortos selectivos describen una aberración de dimensiones abominables, Varsha Deshpande insiste en no usar el término feticidio femenino. Según la experta, esto presupone el asesinato de un ser viviente, mientras que los fetos sólo se pueden abortar; reiterando que su misión no tiene que ver con los colectivos pro-vida: “El feticidio femenino también implica la responsabilidad de las embarazadas y no es cierto. Nuestro objetivo legal no son las cientos de miles de mujeres indias, sino los profesionales médicos, delincuentes de cuello blanco. Las embarazadas son nuestros iconos y las embajadoras de nuestra lucha contra el mal uso de la tecnología [sonografías y otras técnicas] y los doctores que violan la ley”.

Siguiendo este principio, Deshpande y otros colectivos de mujeres firmaron un manifiesto conjunto en contra de las declaraciones de sindicatos médicos y la propia Ministra de Desarrollo de la Mujer y la Infancia, Maneka S. Gandhi; quienes afirmaban que la ley tenía mecanismos para identificar a familias y doctores que consienten la revelación del sexo de los bebés. “No creemos en la vigilancia del embarazo de una mujer. Mi obligación es regular el uso de la tecnología. Supervisar la vida privada de alguien es violar los derechos humanos”, zanja la abogada quien alega que tales propuestas restringen el libre acceso a servicios seguros y legales de interrupción del embarazo.

La vigilancia y persecución de las embarazadas y sus familias fuerza a las encintas a acudir a curanderos y profesionales que les inducen abortos ilegales que ponen en riesgo sus vidas. “En los estados en los que la ley no se cumple, los tratamientos son baratos, 700 rupias (9,4 euros). Pero el pack de determinación del sexo más aborto se ha encarecido en Maharasthra, donde los doctores cobran hasta 70.000 rupias (940 euros) por considerar que toman más riesgos al estar más vigilados”, explica el doctor Sabu Matthew George, quien lleva décadas investigando acerca de los abortos selectivos. El experto señala, además, que aunque el número de embarazos interrumpidos se hayan podido reducir en los estados que persiguen a los médicos delincuentes, éstos no han dejado de ganar grandes sumas de dinero ya que ahora cobran por un sólo aborto lo que antes ganaban después de realizar decenas de ellos.

También ex miembro del Comité Nacional para la Inspección y Supervisión de la ley PCPNDT, George describe la situación actual como un genocidio organizado que no sólo beneficia a profesionales médicos, sino a grandes empresas multinacionales también. “Nos enfrentamos a crímenes médicos organizados, en los que compañías como Google o Microsoft violan nuestras leyes sólo por hacer dinero mientras contribuyen al genocidio. La ley condena taxativamente los anuncios de tecnologías modernas para la determinación del sexo de los fetos, pero estas empresas se creen en el derecho de publicitar lo que sea en cualquier sitio de la red”, clama en referencia a la acusación por parte del Tribunal Supremo indio a compañías como Google, Yahoo o Microsoft por la promoción online de técnicas de selección del sexo consideradas ilegales bajo la legislación india.

Pese a los avances conseguidos por la ley en Maharashtra y otros estados, los expertos prevén que la proporción nacional de chicas respecto a chicos continuará disminuyendo en futuros censos. Sabu M. George reconoce los esfuerzos de Rakh y su campaña Salvar a las niñas bebé, que ha conseguido el respaldo de otros 10.000 pediatras de todo el país, así como de medios de comunicación o celebridades. Pero piensa que el apoyo verbal no es suficiente y que los médicos deberían denunciar a sus compañeros de profesión ante el Tribunal de Ética Médica por un genocidio contra la mitad de la población del país.

Si naciese niña, se llamaría Priya o Anjali; habían dicho sus padres días antes. Apenas hace 24 horas del milagro y sus frágiles dedos de hojas de sándalo agarran con vigor el corazón de su padre. A ciegas, pero con la vitalidad de sus cuatro portentosos kilos y sus 47 increíbles centímetros de existencia. Lo prodigioso del alumbramiento de esta bebé todavía sin nombre no sólo es que respire el aire plagado de microbios. Ni que el embrión sobreviviese antes al vertiginoso viaje celular hasta ser feto. Tan siquiera sorprende que lo que fue un huevo más pequeño que una alubia culminase la peligrosa migración al útero hace nueve meses. Lo extraordinario del nacimiento de esta bebé es que se haya producido aún siendo condenada desde su gestación. A pesar de ser una niña nacida en India; donde —según una investigación publicada en la revista médica The Lancet— cada año medio millón de fetos femeninos desaparecen antes de sujetar el corazón, índice o pulgar de sus padres.

Igualmente insólitas fueron las palabras de Vishal Ashok Mulay horas antes del parto. “Seremos muy felices si tenemos una hija porque sólo hay chicos en nuestra familia. Médicos como Ganesh ayudan a cambiar la mentalidad de nuestra sociedad”, había dicho el padre, de 26 años, en referencia al pediatra que ayudó a dar a luz a su bebé. Desde 2012, Ganesh Rakh ha traído a más de medio millar de niñas al mundo gratuitamente. En vez de cobrar hasta 870 euros, como en un hospital privado, o 130 euros, como en uno público; la pequeña clínica del doctor Rakh no ingresa dinero alguno por dar a luz a las hijas de sus pacientes. De esta forma, las familias que acuden a este centro privado de la ciudad de Pune –en el estado de Maharashtra– no tienen que costear el tratamiento durante y después del embarazo; una más de las cargas económicas que conlleva ser mujer en India.

“Antes, nuestras pacientes sólo querían tener hijos. Muchas acuden a los babas (curanderos) en busca de pociones con las que sólo concebir niños. Incluso doctores profesionales recetan falsos tratamientos de ese tipo”, cuenta Rakh. Su campaña Save the Baby Girl (salvar a las niñas bebé) no sólo ayuda a alumbrarlas sin costes en Pune gracias a los ingresos obtenidos con los nacimientos de varones, sino que también asesora a familias y embarazadas sobre las prácticas y tradiciones que discriminan a la mujer. “Estamos en contra de la dote matrimonial, incluidos los regalos hechos por la familia de la novia durante la boda. Porque ahí está la raíz del problema en todas las culturas indias”, explica. Lo que fue una modesta iniciativa a nivel local se ha transformado en una ambiciosa misión nacional con el objetivo de sensibilizar a la población. Desde el 24 de Agosto y hasta comienzos de 2017, la campaña recorrerá todos y cada uno de los estados del país para concienciar sobre una vileza enquistada en India: el feticidio femenino.

Un lento y silencioso genocidio médico

La dote matrimonial fue abolida en India en 1961, pero su práctica sigue ocurriendo en todos los estados. Bien en la forma más arcaica, o mediante abusivos regalos de boda de la familia de la novia. Estas y otras tradiciones similares de una sociedad marcadamente patriarcal perpetúan la discriminación de la mujer; que es vista como una carga económica y social para las familias. La consecuencia última de estas costumbres son los abortos selectivos de fetos femeninos. Los números hablan por sí solos de una lacra masiva y silenciosa. El último censo, de 2011, muestra un ratio artificialmente desequilibrado: 940 mujeres por cada 1.000 hombres. Los datos concernientes a los menores de seis años en el estado de Maharashtra son más preocupantes. En 1991, la proporción era de 946 chicas por cada mil chicos, pero ha descendido a 883 niñas. Un reciente estudio de la revista médica The Lancet estimó que 12 millones de fetos femeninos habían sido víctimas de abortos selectivos en India en las últimas tres décadas.

“El censo recoge 26 millones de nacimientos anuales. La mitad deberían ser niñas. Pero la realidad es que perdemos al 5% de nuestras hijas”, explica Varsha Deshpande, abogada defensora de los derechos de la mujer en Mumbai. Sólo en esta ciudad, los abortos registrados se han duplicado en cinco años. Sin embargo, el problema no es el número oficial., sino la mala praxis de los médicos que registran interrupciones de embarazos como masculinos cuando son de niñas, o los abortos no registrados. “Ni abortar ni la determinación del sexo del feto son delitos en India. Pero la revelación del sexo sí lo es. Ese es el origen de la eliminación de fetos femeninos”, argumenta Deshpande, miembro de la Comisión Nacional para la Supervisión de la Ley de Técnicas y Diagnósticos Prenatales (PCPNDT Act, en inglés); que castiga los exámenes de determinación del sexo de los fetos mediante sonografías y otras técnicas, así como el aborto selectivo. Deshpande organiza operaciones señuelo en clínicas que ofrecen estos servicios ilegales y ha presentado casos contra medio centenar de doctores acusados de quebrantar la ley.

La PCPNDT fue aprobada hace dos décadas, pero ni siquiera la mitad de los estados indios han registrado juicios por el incumplimiento de la misma pese a que la desproporción de niñas respecto a niños es clamorosa en casi todo el país. De hecho, la ley no se ejecuta en Bihar o Uttar Pradesh; dos de los estados más grandes del país, donde la práctica de la dote está muy extendida y donde sólo una de cada tres niñas concebidas acaban por nacer.

Por su parte, Maharashtra se ha convertido en adalid de la cruzada contra el feticidio femenino. El mayor cumplimento de la PCPNDT en este estado, movilizó a 450 radiólogos en contra de la norma el pasado junio. Diversas asociaciones médicas nacionales la critican por injusta y solicitan su revisión. Pero sus defensores sostienen que las quejas de los colectivos de la salud son una muestra de que algunos profesionales actúan ilegalmente. “La ley lleva vigente en Maharashtra desde 1988 y en India desde 1994, pero sólo ahora exigen su enmienda. ¿Por qué? Porque antes se saltaban la ley, cuando ahora muchos son enjuiciados gracias a nuestras operaciones”, razona Deshpande, también miembro de la comisión encargada de revisar la ley. “Estos organismos no quieren salvar a las hijas de India, sino a sus colegas los doctores. No estamos en el comité para cambiar la ley, sino para protegerla. Es la mejor norma que hemos tenido para prevenir una forma abyecta de violencia. La ley no se cambiará”.

A pesar de que las cifras de los abortos selectivos describen una aberración de dimensiones abominables, Varsha Deshpande insiste en no usar el término feticidio femenino. Según la experta, esto presupone el asesinato de un ser viviente, mientras que los fetos sólo se pueden abortar; reiterando que su misión no tiene que ver con los colectivos pro-vida: “El feticidio femenino también implica la responsabilidad de las embarazadas y no es cierto. Nuestro objetivo legal no son las cientos de miles de mujeres indias, sino los profesionales médicos, delincuentes de cuello blanco. Las embarazadas son nuestros iconos y las embajadoras de nuestra lucha contra el mal uso de la tecnología [sonografías y otras técnicas] y los doctores que violan la ley”.

Siguiendo este principio, Deshpande y otros colectivos de mujeres firmaron un manifiesto conjunto en contra de las declaraciones de sindicatos médicos y la propia Ministra de Desarrollo de la Mujer y la Infancia, Maneka S. Gandhi; quienes afirmaban que la ley tenía mecanismos para identificar a familias y doctores que consienten la revelación del sexo de los bebés. “No creemos en la vigilancia del embarazo de una mujer. Mi obligación es regular el uso de la tecnología. Supervisar la vida privada de alguien es violar los derechos humanos”, zanja la abogada quien alega que tales propuestas restringen el libre acceso a servicios seguros y legales de interrupción del embarazo.

La vigilancia y persecución de las embarazadas y sus familias fuerza a las encintas a acudir a curanderos y profesionales que les inducen abortos ilegales que ponen en riesgo sus vidas. “En los estados en los que la ley no se cumple, los tratamientos son baratos, 700 rupias (9,4 euros). Pero el pack de determinación del sexo más aborto se ha encarecido en Maharasthra, donde los doctores cobran hasta 70.000 rupias (940 euros) por considerar que toman más riesgos al estar más vigilados”, explica el doctor Sabu Matthew George, quien lleva décadas investigando acerca de los abortos selectivos. El experto señala, además, que aunque el número de embarazos interrumpidos se hayan podido reducir en los estados que persiguen a los médicos delincuentes, éstos no han dejado de ganar grandes sumas de dinero ya que ahora cobran por un sólo aborto lo que antes ganaban después de realizar decenas de ellos.

También ex miembro del Comité Nacional para la Inspección y Supervisión de la ley PCPNDT, George describe la situación actual como un genocidio organizado que no sólo beneficia a profesionales médicos, sino a grandes empresas multinacionales también. “Nos enfrentamos a crímenes médicos organizados, en los que compañías como Google o Microsoft violan nuestras leyes sólo por hacer dinero mientras contribuyen al genocidio. La ley condena taxativamente los anuncios de tecnologías modernas para la determinación del sexo de los fetos, pero estas empresas se creen en el derecho de publicitar lo que sea en cualquier sitio de la red”, clama en referencia a la acusación por parte del Tribunal Supremo indio a compañías como Google, Yahoo o Microsoft por la promoción online de técnicas de selección del sexo consideradas ilegales bajo la legislación india.

Pese a los avances conseguidos por la ley en Maharashtra y otros estados, los expertos prevén que la proporción nacional de chicas respecto a chicos continuará disminuyendo en futuros censos. Sabu M. George reconoce los esfuerzos de Rakh y su campaña Salvar a las niñas bebé, que ha conseguido el respaldo de otros 10.000 pediatras de todo el país, así como de medios de comunicación o celebridades. Pero piensa que el apoyo verbal no es suficiente y que los médicos deberían denunciar a sus compañeros de profesión ante el Tribunal de Ética Médica por un genocidio contra la mitad de la población del país.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/08/17/planeta_futuro/1471435190_492078.html?rel=lom