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Irán: Activistas de los derechos de las mujeres, tratadas como “enemigas del Estado” tras reanudarse la campaña represiva

www.amnesty.org/17-08-2016/

Las autoridades iraníes han intensificado su campaña de represión contra activistas de los derechos de las mujeres en el país en la primera mitad del año, llevando a cabo duros interrogatorios y haciendo cada vez más comparaciones entre la delincuencia y toda iniciativa colectiva relacionada con los derechos de las mujeres; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

La investigación de la organización revela que, desde enero de 2016, más de una decena de activistas de los derechos de las mujeres en Teherán han sido citadas para ser sometidas a largos e intensivos interrogatorios de la Guardia Revolucionaria, y amenazadas con la cárcel por cargos relacionados con la seguridad nacional. Muchas habían participado en una campaña lanzada en octubre de 2015 que abogaba por una mayor representación de las mujeres en las elecciones parlamentarias de Irán de febrero de 2016.

“Es una vergüenza absoluta que las autoridades iraníes traten como enemigos del Estado a activistas pacíficas que defienden la participación de las mujeres en pie de igualdad en los órganos decisorios. Defender la igualdad de las mujeres no es un delito. Pedimos que termine de inmediato este aumento del hostigamiento y la intimidación, que no es sino otro revés para los derechos de las mujeres en Irán”, ha afirmado Magdalena Mughrabi, directora adjunta provisional del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“En lugar de abordar el alarmante historial de Irán en materia de derechos de las mujeres, las autoridades han vuelto a optar por la represión, acusando a activistas de los derechos de las mujeres de colusión en tramas conspirativas orquestadas desde Occidente, en un intento de mantener sus prácticas discriminatorias con las mujeres.”

Defender la igualdad de las mujeres no es un delito. Pedimos que termine de inmediato este aumento del hostigamiento y la intimidación, que no es sino otro revés para los derechos de las mujeres en Irán.
Magdalena Mughrabi, directora adjunta provisional del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

Las mujeres citadas para ser interrogadas no recibieron explicación ninguna del motivo de su citación pero, una vez dentro de la sala de interrogatorio, fueron bombardeadas con acusaciones de espionaje y colusión con “movimientos radicados en el extranjero que pretenden derrocar el sistema de la República Islámica”. Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que los miembros de la Guardia Revolucionaria profirieron insultos contra las mujeres, incluidos insultos asociados al género. No se permitió a las activistas estar acompañadas de sus abogados durante los interrogatorios, que, en algunos casos, duraron hasta ocho horas.

Según ha podido saber Amnistía Internacional, los interrogatorios se centraron concretamente en dos iniciativas locales: un sitio web llamado “Escuela Feminista”, que publica artículos y otra información sobre teorías y prácticas feministas y sobre el estado de los derechos de las mujeres en Irán y en todo el mundo, y la “campaña para cambiar el rostro masculino del Parlamento”, lanzada con antelación a las elecciones parlamentarias de febrero de 2016 en Irán para promover una mayor presencia de defensoras de los derechos de las mujeres en el Parlamento.

Miembros de ambas iniciativas han recibido presiones para cerrar o suspender sus actividades y practicar más la autocensura. En la declaración final de la “campaña para cambiar el rostro masculino del Parlamento” se explicaba que los logros de esta campaña –conseguir que se multiplique por cinco el número de mujeres aspirantes a una candidatura, dar resonancia a las reivindicaciones de igualdad de las mujeres, nombrar y poner en evidencia a los candidatos con un historial de comentarios sexistas– han hecho montar en cólera a los cuerpos de seguridad, con consecuencias como citaciones judiciales reiteradas, amenazas, largos interrogatorios y la apertura de nuevos casos relacionados con la seguridad nacional contra miembros activos de la campaña. El sitio web de la escuela feminista no ha vuelto a ser actualizado desde mediados de febrero de 2016.

El objetivo más reciente de estas medidas intensificadas de represión es la reconocida revista sobre derechos de las mujeres Zanan-e Emrooz (Mujeres de Hoy), que el 26 de julio anunció la suspensión de sus actividades.

“Que no sueñen las autoridades iraníes con que el hostigamiento de activistas de los derechos de las mujeres practicando interrogatorios y obligándolas a cerrar sus publicaciones sigilosamente va a pasar inadvertido. Deberían apoyar a las activistas de los derechos de las mujeres, no perseguirlas”, ha afirmado Magdalena Mughrabi.

Las autoridades iraníes deberían apoyar a las activistas de los derechos de las mujeres, no perseguirlas.
Magdalena Mughrabi, directora adjunta provisional del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

La peor manifestación del renovado asalto contra quienes trabajan en favor de los derechos de las mujeres ha sido la detención y reclusión arbitraria de la doctora Homa Hoodfar desde el 6 de junio; con la doble nacionalidad canadiense e iraní, Homa Hoodfar es una prominente catedrática de antropología que ha centrado su labor académica durante varias décadas en asuntos que afectan a las mujeres. Exceptuando una breve reunión con su abogado, la doctora Homa Hoodfar ha permanecido la mayor parte del tiempo recluida en régimen de incomunicación desde su detención, y actualmente está en la prisión de Evín, en Teherán.

Había trabajado con la red feminista internacional WLUM (Mujeres que viven sometidas a leyes musulmanas), cuyo fin declarado es fortalecer la lucha de las mujeres por la igualdad y sus derechos en contextos musulmanes.

El fiscal general de Teherán manifestó, en una entrevista concedida a los medios de comunicación el 24 de junio, que la causa penal de la doctora Homa Hoodfar está relacionada con “su entrada en ámbitos relativos al feminismo y delitos contra la seguridad nacional”. Días antes, varios medios de comunicación vinculados a la Guardia Revolucionaria publicaron artículos en los que se afirmaba que

la doctora Homa Hoodfar era “la responsable en Irán de una operación de establecimiento de redes feministas” y que la Campaña para cambiar el rostro masculino del Parlamento era “su proyecto más reciente”.

En esos artículos también se afirmaba que su trabajo con la red WLUM para promover el feminismo y la igualdad de las mujeres en los países musulmanes y para reforzar la autonomía corporal de las mujeres tenía como fin “alterar el orden público” y “promover cambios socioculturales que en definitiva allanan el camino […] a un derrocamiento blando”.

“Es indignante que las autoridades iraníes equiparen a delitos contra la seguridad nacional la valiosa labor de la doctora Homa Hoodfar relacionada con el feminismo y los derechos de las mujeres en contextos musulmanes. Esta desalentadora evolución pone de relieve los extremos escalofriantes y absurdos a los que están dispuestas a llegar las autoridades iraníes para reprimir a quienes desafían la discriminación autorizada por el Estado”, ha afirmado Magdalena Mughrabi.

“Las autoridades iraníes deben liberar de inmediato y sin condiciones a la doctora Homa Hoodfar y poner fin al acoso incesante de todas las activistas de los derechos de las mujeres en el país.”

Es indignante que las autoridades iraníes equiparen a delitos contra la seguridad nacional la valiosa labor de la doctora Homa Hoodfar relacionada con el feminismo y los derechos de las mujeres en contextos musulmanes.
Magdalena Mughrabi, directora adjunta provisional del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

Decenas de miles de miembros y simpatizantes de Amnistía Internacional han pedido su liberación inmediata e incondicional por tratarse de una presa de conciencia que ha sido encarcelada exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.

Información complementaria

En Irán, las mujeres sufren discriminación generalizada tanto en la legislación como en la práctica, incluidos los ámbitos del matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, la libertad de circulación, el empleo y el acceso a cargos políticos. Mujeres y niñas no reciben protección adecuada frente a la violencia intrafamiliar y de otra índole, incluidos el matrimonio precoz y forzado y la violación conyugal. La legislación sobre el uso obligatorio del velo (hiyab) autoriza a las fuerzas policiales y paramilitares a actuar de manera selectiva y regular contra las mujeres mediante hostigamiento, violencia y prisión.
Documento público

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Entrevista: “La evaluación educativa debe ser desarrollada por docentes en el aula”

16 de agosto de 2016/Por Fabíola Munhoz, de la CLADE

Rasheda Choudhury, de CAMPE Bangladesh y de la CME, comenta la aplicación de pruebas estandarizadas como forma de medir la calidad educativa, así como las contradicciones de los actuales indicadores globales para el seguimiento de la Agenda de Educación 2030

Con miras a impulsar enfoques innovadores de las calidades educativas en la agenda de educación post-2015, invitamos Rasheda Choudhury, representante de CAMPE Bangladesh y de la Campaña Mundial por la Educación (CME), a comentar la aplicación de las pruebas estandarizadas como forma de medir la calidad educativa, así como los límites y contradicciones de los actuales indicadores globales para el seguimiento de la Agenda de Educación 2030. Lea la entrevista completa a continuación.

La aplicación de pruebas estandarizadas en larga escala, como una forma de medir la calidad educativa, ha sido promovida internacionalmente, así como en diferentes países de América Latina y el Caribe. ¿Cuál es el paradigma que está por detrás de este tipo de política y qué intereses lo han movido?

Rasheda Choudhury – Este paradigma se ha desarrollado a lo largo de los años. En el nuevo milenio, la educación ha sido considerada como un tipo de servicio por ciertos grupos. Empresas e instituciones internacionales monetarias y financieras, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos regionales empezaron a promover la educación como una commodity (mercancía), y sus intereses han motivado el desarrollo de políticas en base al concepto particular de la educación como un servicio, y no como un derecho humano, un bien público.

Los intereses que impulsan este paradigma son, en su mayoría, excusos y comerciales, como es el caso de las instituciones financieras internacionales que vienen promoviendo la industria de las pruebas. El Banco Mundial, por ejemplo, no está preocupado con los bienes públicos. Al contrario, está interesado en hacer negocios y obtener lucro con estos bienes.

En Bangladesh, ¿cuáles son las principales consecuencias de la aplicación de este tipo de prueba en la definición de los currículos y en las relaciones interpersonales en las escuelas, particularmente en las vidas de niñas, niños y sus familias? ¿Cómo esto también afecta la profesión docente?

Antes no teníamos este tipo de test en mi país. Solíamos tener pruebas de evaluación regulares y normativas en el interior de las salas de aula, que eran conducidas por las y los docentes. Sin embargo, en 2009, el gobierno introdujo exámenes públicos aplicados al 5º año de la educación primaria, lo que empezó a crear todo tipo de discrepancias e implicaciones negativas en lo que toca a las relaciones interpersonales en las escuelas, especialmente en niñas y niños. Por ejemplo, una/o estudiante del 5º año de la educación primaria en Bangladesh, hoy se despierta en la mañana, va a la escuela, después regresa del aula, tiene que ir a clases de entrenamiento que son ofrecidas por empresas o individuos, y entonces vuelve a su casa, tiene que hacer las tareas y, en seguida, nuevamente prepararse para los exámenes. ¡Pobre niña/o! Toda su jornada ha transcurrido alrededor de los test y del esfuerzo para desempeñarse bien en estas pruebas.

Esto es lo que hemos experimentado en nuestro país y, en este contexto, desde CAMPE Bangladesh, empezamos a desarrollar una jornada de investigaciones con miras a recoger evidencias que pudieran enseñarle a los gobiernos y tomadores/as de decisión que estas pruebas son más nocivas para las y los estudiantes de lo que se imaginan. Las pruebas no son exclusivamente conducidas por el poder público y tampoco su aplicación garantiza la calidad de la educación. Nuestras/os estudiantes no están aprendiendo, están gastando dinero. Esto se ha convertido en un negocio tan grande, que inclusive las madres y padres con menos ingresos son forzadas/os a comprar libros de texto y manuales para que se entrenen en este tipo de test. Asimismo, son forzadas/os a enviar a sus hijas/os a centros de entrenamiento privados, fuera del sistema formal y público de enseñanza.

Esto también está afectando a la profesión docente, pues ahora las y los maestras/os están más interesadas/os en trabajar en estos centros privados que en instituciones y escuelas del sistema educativo formal, pues quieren garantizar que sus estudiantes tengan mejor desempeño en las pruebas estandarizadas. En ese sentido, la profesión docente ha sido afectada éticamente, y se ha vuelto un negocio.

¿Nos podrías comentar la relación entre estas pruebas y el mercado que se crea alrededor de su diseño e implementación? ¿En qué medida la ganancia de determinadas empresas promueve su aplicación?

La aplicación de estas pruebas estandarizadas la promueven tomadoras/es de decisión y el Ministerio de Educación de Bangladesh. Inicialmente, se pensó que estaban haciendo un buen trabajo en evaluar a niñas y niños que concluían la educación primaria. Sin embargo, poco a poco, se fue ampliando su comercialización, y las empresas juegan un papel fundamental en el diseño de estas evaluaciones. Con su aplicación, las y los estudiantes son obligadas/os a matricularse en centros particulares de entrenamiento y a comprar libros de texto sobre las pruebas, lo que implica distintas motivaciones de lucro.

Inclusive los gobiernos ya calcularon que hay un negocio de cerca de 100 millones de dólares alrededor de la industria de los test. El propio gobierno de Bangladesh se ha quedado preocupado con esta situación, pues la existencia de centros de entrenamiento privados para las pruebas está generando discrepancias e inequidades entre las y los estudiantes. Aquellas/os que pueden pagar los centros de entrenamiento particulares logran mejores resultados, mientras que las personas con menos ingresos se privan de aprender en el sistema público. Esta situación promueve la segregación en el sistema educativo, y es totalmente impulsada por fines lucrativos.

¿Cómo crees que deberían ser las evaluaciones educativas en un marco de derechos humanos? ¿Qué rol deberían jugar estudiantes y docentes en la definición de estas pruebas?

Los marcos de derechos humanos contienen el entendimiento de que niñas y niños son niñas/os. Ellas/os no son instrumentos de test, no son máquinas, ni robots que pueden ser examinados cada cierto tiempo para que se desempeñen mejor. Esto es algo que debemos respetar en un marco de derechos humanos. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de la ONU ha mencionado, categóricamente, que niñas y niños deben tener tiempo de jugar, de ocio, de diversión, etc.. La industria de los test no está preocupada con esto. Ciertamente deben existir las evaluaciones educacionales, no queremos escaparles. Necesitamos saber si nuestras/os niñas y niños se están desempeñando bien o no, pero este proceso debe desarrollarse en el aula, en una evaluación normativa y regular que sea conducida por docentes, no por instituciones lucrativas o centros privados de entrenamiento.

En lo que toca al papel de estudiantes y docentes, las y los maestras/os son la fuerza orientadora en las salas de aula. En un marco de derechos humanos, deben ser muy cautelosas/os en no violar los derechos de las niñas y niños, además de prudentes respecto a sus propios derechos. En ese sentido, deben estar preparadas/os para la sala de aula, deben estar debidamente motivadas/os y formadas/os para relacionarse con las niñas y niños en la educación primaria, tratándolas/os como niñas/os, no como máquinas. Si están motivadas/os y son profesionales bien preparadas/os, no deben temer las evaluaciones. Deben promover y practicar el marco de derechos humanos en el aula, y a la vez evaluar a sus estudiantes, trabajando para que superen sus dificultades.

Ha habido un intenso debate sobre la definición y el diseño de indicadores globales para el seguimiento de la Agenda de Educación 2030. ¿Cuál es su opinión sobre la inclusión de un indicador global que determina la aplicación de evaluaciones estandarizadas a niñas y niños del 2º y del 3º año de la educación primaria?

Estoy realmente chocada con esta situación. Después de llevar casi dos décadas como activista por el derecho a la educación y otros derechos, me encuentro en medio a este debate, como si fuera correcto aplicar pruebas estandarizadas al 2º y al 3º año de la primaria. Eso no tiene ningún sentido, pues las y los estudiantes de esta franja de edad deben ser evaluadas/os por docentes bien preparadas/os en las salas de aula, no a través de pruebas estrictas conducidas por centros de entrenamiento privados, o exámenes aplicados por el poder público en base a indicadores.

Todavía no creo que eso se haya incluido entre los indicadores globales de la Agenda de Educación 2030. Sin embargo, sigue el debate al respecto, pues muchos países, entre ellos Francia y los integrantes del Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac), se han posicionado en contra de la aplicación estas pruebas estandarizadas. Estamos hablando de niñas/os de 6 a 8 años de edad, que no deberían ser examinadas/os de esta manera. Debería haber un indicador respecto a la necesidad de crear evaluaciones regulares que se apliquen a las/os estudiantes en el aula, apoyando su aprendizaje y facilitando el proceso de enseñanza.

Aún podemos incidir para modificar los indicadores temáticos de la Agenda 2030. Tenemos un largo camino en lo que toca a convencer a las/os líderes mundiales de que un indicador como ese no debe estar en el marco de la Agenda 2030, pues vulnera los derechos humanos. Y empezaremos esa labor de incidencia a nivel nacional, no apenas luchando en los planes ético o ideológico, sino confrontando también los intereses económicos involucrados.

¿Cuáles son, en tu opinión, las dimensiones centrales de una educación de calidad?

La educación de calidad para nosotras/os es el completo bien-estar de las niñas/os, especialmente en la primaria. Las niñas y niños deben tener acceso a conocimientos y desarrollar las habilidades que se requieren para que puedan avanzar a la próxima etapa de estudios. Pero la educación no significa solamente aprendizaje. Un ser humano completo debe tener valores y conocimientos necesarios para ejercer su ciudadanía en este siglo, para ejercer su ciudadanía global. Estamos hablando de niñas y niños de la educación primaria, que tienen derecho a un tiempo de diversión y ocio, y deben practicarlo para que puedan ejercer su ciudadanía global, adquiriendo conocimientos y habilidades y desarrollando el placer por aprender.

Fuente:http://www.debatebuenaeducacion.org/index.php/entrevistas/45-la-evaluacion-educativa-debe-ser-desarrollada-por-docentes-en-el-aula-no-por-instituciones-que-buscan-el-lucro

Imagen: http://www.debatebuenaeducacion.org/images/Bangladesh.jpg

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Inocencia interrumpida: La realidad del matrimonio infantil en el mundo

África/Asia/16 de agosto de 2016/Fuente y autor: publimetro/Irene Ayuso Morillo

Una de cada tres niñas se casan antes de cumplir los 18 y una de cada nueve antes de los 15. Esta práctica las priva del derecho a la educación y expone su salud a peligros como embarazos y partos precoces, VIH y violencia sexual y doméstica.

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Brasil: Lula expondrá ante la ONU “nuevos hechos” de la persecución judicial en su contra

América del sur/ Brasil/Noticias/www.hispantv.com

La defensa legal del expresidente brasileño presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ‘nuevos hechos’ que prueban la ‘persecución judicial’ que sufre.

Los abogados de Luiz Inácio Lula da Silva estiman que tanto él, investigado por supuesta corrupción, como su familia, sufren represalias por haber denunciado a finales del mes pasado, también ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “abusos” cometidos en las pesquisas por el escándalo de la petrolera estatal Petrobras.

El pasado miércoles, el expresidente brasileño denunció ya en su país que los fiscales que se ocupan del caso inventan pruebas “inexistentes” para precipitar un juicio apresurado antes de que las pesquisas hayan llegado a su término.

Fuente:

http://www.hispantv.com/noticias/brasil/284853/lula-denuncia-persecucion-judicial-onu

Fuente:

http://217.218.67.233/hispanmedia/files/images/thumbnail/20160814/17384047_xl.jpg

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organismo de la ONU corrobora informes Nauru pide a Australia para intervenir

Oceanía/Australia/Agosto del 2016/www.australianherald.com

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha expresado su preocupación por las condiciones de los refugiados en Nauru, centro de detención en alta mar de Australia.

«Estamos muy preocupados por las graves acusaciones de violencia, asalto sexual, trato degradante y las autolesiones contenida en más de 1.000 informes de incidentes de centros de procesamiento en alta mar en Nauru, muchos de los que al parecer los niños involucrados», dijo Ravina Shamdasani, portavoz de la ACNUDH.

El organismo de la ONU ha intervenido después de 2000 informes sobre los refugiados que viven en el centro de detención fueron puestos en libertad por el Guardián Australia.Los informes escritos por activistas de derechos humanos que visitaron la isla durante 2013-2015 casos entrañan de acoso, abuso sexual, condiciones de vida terribles y el trauma mental.

Shamdasani también confirmó la veracidad de los informes que decían que hacían juego con los testimonios de los refugiados a los funcionarios del organismo de derechos humanos de la ONU durante su visita a la isla.

El organismo de derechos internacionales también ha pedido a Australia y Nauru a «rápidamente fin a la detención de inmigración de los niños, y» instituir alternativas humanos que respeten los derechos «.

En declaraciones a los medios de comunicación, la organización dejó en claro que las violaciónes se compraron varias veces para el aviso del gobierno australiano y la policía de Nauru «, pero no está claro en qué medida se investigaron los hechos alegados.»

Los informes implican siete casos de asalto sexual, 59 de asalto, 30 de las autolesiones y 139 casos de refugiados que amenazaban con dañar a sí mismos.

La indignación por las terribles condiciones en las que se mantienen los refugiados, está siendo expresada por los ciudadanos y los grupos australianos también.

El arzobispo de la Iglesia Anglicana de Melbourne, Philip Freier, salió en fuertes críticas al gobierno por su silencio e inacción. «Siempre es incorrecto utilizar las personas como un medio para otro fin. Sin embargo, el Gobierno ha hecho esto bajo secreto estricto, porque sabe que la mayoría de los australianos repudiar esos malos tratos atroz», dijo Freier. El cura también reiteró el ofrecimiento de la iglesia anglicana para ayudar a los refugiados.

El Servicio Jesuita a Refugiados de Australia, otra organización que trabaja por el bienestar de los solicitantes de asilo, instó al primer ministro para ejercer el liderazgo y cerrar el centro de detención en alta mar. Se llamó al gobierno a «mover los solicitantes de asilo a condiciones humanas con el apoyo y servicios adecuados.»

Otras ramas de la ONU, incluyendo el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, el Comité de la ONU contra la tortura, el relator especial de la ONU sobre la tortura, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, y el alto comisionado de la ONU para los refugiados también han criticado Australia por pasar por alto la difícil situación de los solicitantes de asilo que viven en Nauru.

Como la política del país en materia de inmigración es atacada, ex primer ministro Tony Abbott ha dicho Australia podría haber considerado «Solución Malasia» anterior del gobierno laborista al problema Nauru. La solución consiste en Australia el envío de 800 de los refugiados que llegan en barcos a Malasia a cambio de 4.000 refugiados registrados CDH.

Australia tiene una postura dura sobre la inmigración con el gobierno el gasto de $ 1 mil millones en la ejecución de un centro de detención en alta mar en las dos islas de Nauru y Manus en el Pacífico Sur. El gobierno australiano dice que ha estado dirigiendo los refugiados a las islas para evitar la pérdida colosal de vidas que se puedan producir se debe permitir a los solicitantes de asilo para atravesar el mar para llegar a Australia.

Amnistía Internacional ha publicado recientemente un informe que describe las terribles condiciones que enfrentan los refugiados en Nauru. Los incidentes de informe que aparece de abuso sexual, intentos de suicidio, auto-inmolación y el comportamiento inducido por trauma, especialmente en los niños. También describe las condiciones de vida patéticas en Nauru – refugiados mentira hacinados en carpas de vinilo bajo altas temperaturas sin acceso a ayuda médica.

Fuente: http://www.australianherald.com/index.php/sid/246685743

Fuente imagen: http://cdn.bignewsnetwork.com/cus1471080426.jpg

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Perú: Miles de peruanos marchan contra la violencia de género

América del Sur/Perú/Noticias/www.hispantv.com

Miles de peruanos tomaron el sábado las calles de las principales ciudades del país en una marcha nacional para rechazar la violencia contra la mujer.

Organizaciones civiles, activistas de derechos humanos y mujeres maltratadas participaron en la marcha nacional a la que también se sumó el presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski, después de una polémica sobre recientes sentencias judiciales contra agresores machistas. Según estimaciones, al menos 50.000 peruanos tomaron parte en la movilización, que se celebró bajo el eslogan «Ni una menos, Perú».

Los manifestantes en Lima, capital, iniciaron su acto desde el Campo de Marte y partieron hacia la plaza del Paseo de los Héroes Navales frente a la sede del Poder Judicial.

«Lo que no queremos en el país es la violencia, sobre todo contra las mujeres y los niños. Vamos a promover la cultura de paz, de tolerancia», aseguró el mandatario.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, (con camisa blanca) en medio de los manifestantes en Lima, capital, 13 de agosto de 2016.

 

La marcha fue convocada durante las últimas semanas mediante las redes sociales, luego de que los medios se hicieran amplio eco de sentencias judiciales consideradas benévolas contra agresores de mujeres.

En el primer semestre del año, 54 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas en Perú y otras 118 fueron víctimas de intento de feminicidio, tal como indican datos oficiales.

Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, siete de cada diez mujeres han sufrido maltrato físico o psicológico por parte de sus parejas. Una reciente encuesta arrojó que un 78 por ciento de los peruanos aseguraba vivir en una sociedad machista.

tmv/ctl/hnb

Fuente: http://www.hispantv.com/noticias/peru/284807/peruanos-marchan-violencia-genero-feminicidio

Fuente imagen: http://217.218.67.233/hispanmedia/files/images/thumbnail/20160814/0103072_xl.jpg

 

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The Ethiopian model is breaking, but it’s not too late to fix it

África/Etiopia/Agosto del 2016/Noticias/www.geeskaafrika.com

El modelo Etíope se esta Fragmentando, pero no es Demasiado tarde para Solucionarlo

Resumen:

Por Simon  Alisson

Expresa que por mucho que Etiopía merece elogios por su impresionante crecimiento económico, ha sacado a millones de la pobreza, su historial de derechos civiles y políticos, siempre ha sido pobre. señala también que la disidencia no es simplemente una opción, y un sin número de periodistas, activistas y organizadores comunitarios se han visto en el lado equivocado del estado – con brutales consecuencias, a veces mortales. En este sentido el primer ministro Haile Mariam Desalegne dice que la construcción de una cultura democrática requiere tiempo, pero que Etiopía está trabajando en ello. En privado, los funcionarios etíopes admiten a los abusos, pero dicen que los derechos políticos sin restricciones serían descarrilar el proyecto de construcción del Estado.  según señalan que las libertades sin restricciones son un lujo occidental; un lujo que un país tan grande, diversa e históricamente divididos como Etiopía, simplemente no puede permitirse. De esta forma los defensores de la democracia liberal también deben reconocer que el modelo occidental ofrece algunos ejemplos, al menos en África, donde los derechos socioeconómicos se han entregado con éxito junto a las libertades básicas. «¿De qué sirve la libertad de expresión para el hambriento?» El político indio Piloo Mody una vez que se le pide. democracias occidentales mismos estaban casi todas fundadas en lo que se considera ahora ser graves abusos contra los derechos humanos, tales como la privación de los derechos de la mujer, o la esclavización de los diferentes grupos raciales – los abusos que empequeñecen los pecados de hoy en día Etiopía. Para finalizar Los gobernantes de Etiopía se enfrentan ahora a una dura elección. Doblar en el despotismo, y el riesgo de una revolución – deshacer lo que la gran parte del crecimiento económico del país (los donantes ya están bajo una intensa presión para tirar hacia fuera). O reconocen que los derechos civiles y políticos no son un lujo, sino una condición necesaria para el desarrollo sostenible, a largo plazo – y la reforma del estado en consecuencia.

By SIMON ALLISON. Dark clouds have long loomed over Ethiopia’s stunning development story. Now, in the face of unprecedented protests, and the government’s typically brutal response, those clouds threaten to turn into a perfect storm – with chilling consequences.

As much as Ethiopia deserves praise for its stunning economic growth, which has lifted millions out of poverty, its record on civil and political rights has always been poor. Dissent is simply not an option, and countless journalists, activists and community organisers have found themselves on the wrong side of the state – with brutal, sometimes fatal consequences.

In public, Prime Minister Hailemariam Desalegn says that building a democratic culture takes time, but that Ethiopia is working on it. In private, Ethiopian officials admit to the abuses, but they say that unrestricted political rights would derail the state-building project. They insist that unfettered freedoms are a western luxury; a luxury that a country as large, diverse and historically divided as Ethiopia simply cannot afford.

There is some merit to this argument. It is no coincidence that Africa’s two most successful developmental states, Ethiopia and Rwanda, are both tightly-controlled one party states. Perhaps a firm hand and a coherent long term vision make it easier to implement policy, distribute aid and maintain political stability (although this is not always the answer, as the continent’s many failed dictatorships illustrate).

Proponents of liberal democracy must also acknowledge that the western model offers few examples, in Africa at least, where socio-economic rights have been successfully delivered alongside basic freedoms. “What good is freedom of speech to the hungry man?” the Indian politician Piloo Mody once asked. Western democracies themselves were almost all founded on what would be considered now to be gross human rights abuses, such as the disenfranchisement of women, or the enslavement of different race groups – abuses that dwarf the sins of modern-day Ethiopia.

But here’s the catch: as Ethiopia’s economy slows, and the glaring inequalities of its growth become more apparent, it’s becoming harder and harder to keep a lid on that dissent. While it might have been effective, Ethiopia’s authoritarian model of development is inherently fragile – and those fragilities are being exposed by the recent spate of anti-government protests. The unprecedented scale of these protests means that, for once, the government can’t make the problem disappear, no matter how ruthless its response.

The troubles began in November 2015, when affected communities began to demonstrate against the government’s plan to expand Addis Ababa, the capital, into surrounding farmlands. This tapped into wider discontent among the Oromo, Ethiopia’s largest ethnic group but also its most marginalised, and solidarity marches broke out across the region.

The protestors won, eventually – the expansion plans were cancelled – but at an enormous cost. An estimated 400 people were killed, and hundreds more imprisoned. This in turn fuelled more protests, and this year tensions have remained high across Oromia.

More mass demonstrations broke out in early July, but this time from a completely different source. A long-standing regional boundaries dispute in Amhara catalysed local resentment against the government, and huge rallies erupted in the region’s main cities, Gondar and Bahir Dar. Anger was directed at the government but also at the political dominance of another ethnic group, the Tigray, who occupy most senior government positions. Solidarity rallies were held across Amhara, Oromia and even in Addis Ababa.

The government responded the only way that it knows how: with lethal force. Amnesty International estimates that nearly 100 people were killed this weekend as security forces tried to disperse countrywide protests. In Bahir Dar alone, the police shot live rounds into the crowd, claiming 30 lives.

If the last nine months are anything to go by, the deaths will not stem the dissent. If anything, the more people the government kills, the louder and more widespread the protests seem to get.

For Ethiopia, the implications of this are deeply unsettling: the state can no longer stifle opposition by force. The authoritarianism which has underpinned the country’s development isn’t working any more.

Ethiopia’s rulers are now faced with a stark choice. Double down on the despotism, and risk a revolution – thereby undoing much of the country’s economic growth (donors are already under intense pressure to pull out). Or acknowledge that civil and political rights are not just a luxury, but a necessary condition for sustainable, long-term development – and reform the state accordingly.

The Ethiopian model of development may be buckling under the strain of the recent protests, and the government’s brutal response. But the model can, and must, be fixed. Before it’s too late. DM.

Fuente:

http://www.geeskaafrika.com/wp-content/uploads/2016/08/Ethiopian-security-forces-680×400.jpg

Fuente Imagen:

http://www.geeskaafrika.com/wp-content/uploads/2016/08/Ethiopian-security-forces-680×400.jpg

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