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El viejo físico juega con un revólver cargado. Recuerda el día luminoso cuando descubrió la equivalencia entre materia y energía. La una puede ser convertida en la otra con un fulgor inimaginable. Tan inimaginable que quizá la materia no deje nunca de volverse energía y haga desaparecer todo lo creado. Por momentos apoya el arma en su sien, por momentos hace girar el tambor repleto de balas, por momentos apunta a los niños que juegan en el lejano parque de la Universidad de Princeton. No se atreve a apretar el gatillo, tampoco a dejar de hacerlo. Sabe que otros podrían también convertir un trozo de metal en un arma mortífera o una masa crítica de uranio en el Apocalipsis. Albert Einstein. vuelve a su casita y escribe al Presidente de Estados Unidos Franklyn Roosevelt:
“2 de agosto de 1939. Recientes trabajos realizados por Enrico Fermi y Leo Szilard, cuya versión manuscrita ha llegado a mi conocimiento, me hacen suponer que el elemento uranio puede convertirse en una nueva e importante fuente de energía en un futuro inmediato[…] se ha abierto la posibilidad de realizar una reacción nuclear en cadena en una amplia masa de uranio mediante la cual se generaría una gran cantidad de energía[…] Este nuevo fenómeno podría conducir a la fabricación de bombas y, aunque con menos certeza, es probable que con este procedimiento se puedan construir bombas de nuevo tipo y extremadamente potentes.”
Albert Einstein sale de nuevo al parque, entrega a un niño el revólver cargado, y se encierra en la pequeña casa, esperando oir el disparo.
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En 1941 en la Estocolmo ocupada por los nazis se reúnen casi clandestinamente el físico alemán Werner Heisenberg y el danés Niels Bohr para departir sobre deportes invernales y la aniquilación del mundo. Ambos son comisionados desde bandos opuestos para crear un arma nuclear; ambos se comprometen a no producir tal abominación. Heisenberg cumplirá su palabra, obstaculizando y desviando el proyecto alemán. Bohr faltará a la suya, y colaborará en el proyecto de los Aliados. Ese encuentro decide el destino y quizá el fin del mundo.
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Los Messermich, Heinkel y Stukas de la Luftwaffe acribillan eficazmente estaciones de radar y aeropuertos de la Real Fuerza Aérea. De seguir así, pronto dejarán a Inglaterra indefensa y ganarán la guerra. El Comando Estratégico de los Aliados se reúne para decidir convertir las ciudades alemanas en piras funerarias de civiles indefensos, saturándolas con bombas incendiarias en la llamada “Tormenta de Fuego”. La idea es que por cada civil herido cinco deberán dedicarse a cuidarlo, y que así se incitará a Hitler a desperdiciar su Luftwaffe bombardeando a su vez ciudades inglesas. Así son incineradas Dresden, Hamburgo, Bremen, centros sin objetivos militares, con unos 75.000 civiles incinerados por ataque. Lo mismo se realiza contra las ciudades japonesas: Tokio, Nagoya, Kobe. Al final del conflicto, Curtis Le May se jacta de haber cremado un millón de japoneses. “Si hubiéramos perdido, nos habrían juzgado como criminales de guerra”, añadirá Robert McNamara. Hitler se enfurece, desperdicia sus bombarderos contra Londres, Liverpool y Coventry, y comienza a perder la guerra. Posteriormente, Kenneth Galbrait demostrará que la destrucción de ciudades indefensas, lejos de debilitar el esfuerzo bélico, no dejaba a los sobrevivientes más opción que trabajar en industrias militares, prolongando así el conflicto.
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Albert Oppenheimer avanza con reluctancia el dedo hacia el tablero que hará reventar Little Boy, como llaman confianzudamente al rechoncho artefacto armado en Los Álamos, una ciudadela provisional construida en el desierto para acuartelar millares de científicos, técnicos y policías con el único propósito de armar la primera bomba atómica. Los cuerpos de seguridad acosan al director del Proyecto Manhattan. Oppenheimer es izquierdista; su ex amante Jean Tatlock es militante, y se ha suicidado al sentirse abandonada por Albert. El físico se cala los lentes de filtro oscuros, disipa sus dudas musitando: “El científico sólo debe responder ante la ciencia”, y aprieta el botón que desencadena el fulgor de mil soles. Sabe lo que ha hecho: atrapado entre la conciencia y el remordimiento recita un versículo del Baghava Ghita: “Me he convertido en la muerte, que avanza destruyendo mundos”. El padre de la bomba atómica será investigado por la Comisión de Actividades Antinorteamericanas y despojado en 1954 de toda participación en investigaciones nucleares.
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El 6 de agosto de 1945 se preparaba un free beer party para las 2 p.m. en la base aérea de la isla de Tinian. No se requerirían cartas de racionamiento. Habría limonada para los abstemios. Para los cinéfilos, se proyectaría Ha sido un placer, con Sonja Henie y Michael O´Shea. “Use ropas viejas” suplicaban los cartelones: se debía estar cómodo. Las pancartas anunciaban el WELCOME PARTY FOR RETURN OF ENOLA GAY FROM HIROSHIMA MISSION. No estaba previsto cronista social. Nunca sabremos de las expresiones de los muchachos que bajaron tambaleándose del pesado B-29, encandilados por un fulgor que no ha cesado de arder. Ya no importa tanto distinguir entre Tidbits, que se enorgullecíó de haber aniquilado 90.000 prójimos en una fracción de segundo, Beser, que lamentó no haber arrojado la bomba en Berlín, y Eatherly, que enloqueció de remordimiento. A la larga, en los bancos de esa melancólica fiesta nos hemos ido sentando todos, gozosos o reluctantes, rusos o europeos, chinos e israelíes, sobrevivientes de Hiroshima o de los otros. Porque, hasta nueva orden, nuestra condición oficial es la de sobrevivientes.
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El ex Presidente Jimmy Carter afirma que “EE.UU. es la nación más beligerante en la historia del mundo por haber disfrutado de tan solo 16 años de paz en sus 242 años de historia”. Cada día de esos 236 años de agresión está signado por crímenes de lesa humanidad. Conmemoremos con justicia el 6 de agosto como el Día de los Crímenes contra la Humanidad de Estados Unidos.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) exigió que las autoridades locales así como federales localicen con vida a Dylan Esau
A tres semanas de la desaparición del niño Dylan Esau, de dos años de edad, ocurrida en San Cristobal de las Casas, Chiapas, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) exigió que las autoridades locales así como federales localicen con vida al menor.
La Redim aseguró que la respuesta de las autoridades repitió el patrón de “no atender con celeridad la desaparición y priorizar la carpeta de investigación por encima de la búsqueda de Dylan”.
La organización también aseguró que en este tipo de casos, las autoridades solo responden a presión mediática por lo que, al hacerse conocida la desaparición de Dylan, la familia obtuvo el respaldo para la búsqueda.
“Lamentablemente sólo responden a la presión pública o mediática como en el caso de Dylan Esau que ha tenido el respaldo de su familia y comunidad con un plantón permanente en la presidencia municipal, diversos acciones realizadas por integrantes de la sociedad civil, organismos internacionales y la ciudadanía en general”, indicó.
Hizo un llamado también a responder, de manera urgente, a lo que llamó “la epidemia de Niñez Desaparecida” y que ha dejado como saldo 12 mil 762niñas, niños y adolescentes desaparecidos desde el inicio de la guerra contra el crimen, impulsada por el expresidente Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto y ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Siete niños desaparecen diariamente en México
La Redim dio a conocer que en lo que va de 2020, el total de niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos ha sido de mil 970.
De acuerdo co la Redim, se trata de, en promedio, siete niños desaparecidos diariamente en el país.
#Boletín#DÓNDEESTÁDYLAN ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS 7 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE DESAPARECEN DIARIAMENTE EN MÉXICO?
De enero a julio 1970 niñas, niños y a adolescentes han sido reportados como desaparecidos
— Derechos Infancia (@derechoinfancia) July 23, 2020
El 27 por ciento de ellos, es decir, 532 casos siguen desaparecidos y/o no localizados.
Las cinco entidades federativas que presentaron un mayor número de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en lo que va de 2020 son el Estado de México con 571, Jalisco con 311, Ciudad de México con 308, Morelos con 110 y Durango con 65.
En conjunto suman el 69.3 por ciento del total.
De estas entidades, en el Estado de México el 6.6 por ciento siguen desaparecidos y/o no localizados, el 11.1 por ciento en Jalisco, el 24.1 por ciento en la Ciudad de México, el 5.3 por ciento en Morelos y el 0.4 por ciento en Durango.
Hoy a las 6 pm se estará realizando el cierre del primer ciclo de foros que todos los viernes realiza el Grupo de Contacto Internacional. En esta oportunidad estaremos connversando sobre las resistencias educativas y pedagógicas en el marco de la pandemia del COVID-19 Pueden verlo a las 6 pm hora de Caracas por el YouTube de Otras Voces en educación
Participarán ponentes de EEUU, México, Venezuela y Brasil
Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático.
La crisis climática es posiblemente la mayor amenaza global a nuestra existencia. A medida que aumenta, muchos de los otros serios problemas en el mundo actual, empeoran – desde la desigualdad económica hasta la injusticia racial y la propagación de enfermedades zoonóticas.
Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático. Una y otra vez, han desafiado a industrias irresponsables que arrasan descontroladamente bosques, cielos, humedales, océanos y zonas de biodiversidad en riesgo.
Sin embargo, a pesar de la evidencia contundente sobre la importancia de su rol y los incesantes peligros que enfrentan, numerosas empresas, financiadoras y gobiernos, fallan en proteger su importante y pacífica labor.
Nuestro informe anual sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de 2019, muestra el número más alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana.
HALLAZGOS RELEVANTES
Asombrosamente, más de la mitad de los asesinatos reportados el año pasado ocurrieron en dos países: Colombia y Filipinas.
Ambos países han registrado un aumento de ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente desde 2018. En 2019 los asesinatos en Colombia alcanzaron los 64 activistas – el número más alto jamás registrado por Global Witness en el país. Informes muestran un aumento drástico de asesinatos a líderes comunitarios y sociales en dicho país en los últimos años.
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado varias razones por las que la ola de violencia ha incrementado, entre ellas, los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, incluyendo la reforma agraria y los programas para incentivar el cambio de cultivos ilegales a cosechas legales. Los movimientos resultantes de las dinámicas de poder interno están impulsando una mayor violencia.
Desde el 2018, Filipinas se ha vuelto cada vez más mortal para los activistas, y ha sido constantemente señalado como uno de los peores lugares en Asia por sus ataques a defensores.
Pero las cosas empeoraron aún más en 2019 con el incremento de asesinatos a 43. El implacable desprestigio de las personas defensoras por parte del gobierno, así como la impunidad generalizada de sus atacantes, podrían estar impulsando dicho aumento.
Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina, clasificada constantemente como la región más afectada desde que Global Witness comenzó a publicar datos en 2012. En 2019 solo en la región amazónica ocurrieron 33 muertes. Casi el 90% de los asesinatos en Brasil fueron en la Amazonía. En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018, a 14 el año pasado, convirtiéndose en el país per cápita más peligroso de 2019.
La minería fue el sector más letal, con 50 defensores asesinados en 2019. Las agro-empresas continúan causando destrucción, con 34 defensores asesinados, 85% de los cuales fueron registrados en Asia. La tala fue el sector con el mayor aumento de asesinatos a nivel mundial desde 2018, con un 85% más de ataques registrados contra defensores que se oponen a dicha industria y 24 personas defensoras asesinadas en 2019.
Europa sigue siendo la región menos afectada, con dos personas asesinadas en 2019 – ambas trabajaban para detener la tala ilegal en Rumania. Los pueblos indígenas siguen estando en mayor riesgo de represalias, con un 40% de víctimas pertenecientes a comunidades indígenas. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de los ataques letales fueron contra pueblos indígenas – a pesar de representar tan solo el 5% de la población mundial.Más de 1 de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres. A menudo, éstas son la columna vertebral de su comunidad, y tienden a asumir mayor responsabilidad de cuidado de la niñez y familiares mayores, a la vez que tratan de ganarse la vida y trabajar como activistas. Las mujeres que actúan y alzan la voz pueden también enfrentar amenazas específicas a su género, incluida la violencia sexual. Si otros miembros de su hogar son defensores, también pueden convertirse en objetivos.
DEBEMOS SEGUIR A LOS LÍDERES EN PRIMERA LÍNEA CONTRA LA CRISIS CLIMÁTICA
En promedio, cuatro defensores han sido asesinados semanalmente desde diciembre de 2015 – el mes en que se firmó el acuerdo climático de París, rodeado de esperanzas por una nueva era de progreso climático. Muchos más son silenciados con ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte, violencia sexual o demandas judiciales.
Las agro-empresas y el petróleo, el gas y la minería han sido los principales impulsores industriales de este conflicto – y, a medida que talan nuestros bosques e inyectan dióxido de carbono a nuestra atmósfera, son también los sectores que nos empujan cada vez más hacia el implacable cambio climático.
Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente juegan un papel vital en la protección de estos bosques y ecosistemas en riesgo climático crítico.
Investigaciones recientes muestran que comunidades indígenas y locales en todo el mundo están a cargo de bosques que contienen el carbono equivalente a 33 veces nuestras emisiones anuales. Incluso si esta cifra es impactante, probablemente sea una subestimación.
Al mismo tiempo, investigaciones indican con claridad que las tierras a cargo de pueblos indígenas tienen menores tasas de deforestación y mejores niveles de conservación que zonas de protección que los excluyen.
El lado oscuro de estos hechos es que las comunidades indígenas también sufren un número desproporcionado de ataques contra defensores. La desprotección en su tenencia de la tierra, las prácticas comerciales irresponsables y las políticas gubernamentales que priorizan las economías extractivas a costa de los derechos humanos, están poniendo en riesgo a estas personas y sus tierras.
El abordaje de estas problemáticas debería encabezar los esfuerzos mundiales para hacer frente al cambio climático. Pero tal como están las cosas, corremos el riesgo de perder una gran oportunidad.La pregunta para todos nosotros es si queremos construir un futuro mejor y más verde, para nuestro planeta y las personas. La respuesta está en las campañas y soluciones que las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han ido mejorando generación tras generación.
RECOMENDACIONES
Debemos escuchar las demandas de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y amplificarlas.
Inspirados en su valentía y liderazgo, debemos presionar a los que están en el poder (empresas, financiadoras y gobiernos) para abordar las raíces del problema, apoyar y proteger a los defensores, y crear normativas que garanticen que los proyectos y operaciones se lleven a cabo con debida diligencia, transparencia y consentimiento previo, libre e informado.
Tú también puedes ayudar.
La agricultura a gran escala, la minería y la tala continúan ocasionando la mayoría de ataques contra personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo.
Pero no tiene por qué ser así – estamos exponiendo a las empresas con prácticas irresponsables y a aquellas que las financian, instándolas a que tomen medidas para garantizar que sus operaciones no dañen nuestro medio ambiente ni a quienes se levantan para protegerlo.
Únete a nuestra campaña, defiende a las y los defensores de la tierra y el medio ambiente, amplifica sus causas y sus voces mientras nosotras trabajamos para el desarrollo de mejores normativas que regulen la actividad destructiva y devastadora del medio ambiente que ocasionan dichas empresas.
Banner image credit: Benjamin Wachenje / Global Witness
Puebla se suma a la lista de otros 10 estados en el país que buscan regular los contenidos educativos por parte de padres, madres o tutores; posibilidad que atentaría con el interés superior del niño, según especialistas, al tener una mirada adultocentrista
PUEBLA, PUEBLA.- El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Oswaldo Jiménez López, anunció que su partido presentará una iniciativa para introducir en la legislación local el llamado pin parental.
A su juicio, tanto la Ley General de Educación de 2019, como su armonización en la entidad, establecen nuevos criterios en cuanto a la educación sexual inicial refiere, toda vez que se intenta “ideologizar o adoctrinar a las nuevas generaciones de acuerdo con el pensamiento del actual régimen”; a ese pensamiento, el diputado y los grupos conservadores que apoyan esta iniciativa, le llaman “ideología de género”.
De ahí que Jiménez López plantee la necesidad de un candado jurídico para que los padres y las madres de familia puedan vetar o consentir los contenidos escolares que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas, de la misma forma que se bloquean los canales de una televisión familiar para que los menores de edad no se expongan a contenidos violentos o sexualmente explícitos.
Aunque todavía no se tiene una fecha exacta para la presentación del proyecto de dictamen ante el pleno, Puebla se coloca a la par de estados como Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Baja California y Chiapas, en donde ya se discutieron o se están discutiendo iniciativas similares, apoyadas indistintamente por el Partido Encuentro Social (PES), el PRI y el PAN.
Para Jessica Pérez Téllez, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Puebla, la iniciativa que pretende facultar a padres y madres de familia para que censuren la educación sexual en las escuelas poblanas, mejor conocida como pin parental, tan sólo refleja un profundo desconocimiento sobre los temas de género, así como la lógica adultocentrista de quienes ven a los menores de edad como una propiedad y no como sujetos de derechos.
“La sexualidad no es algo que se pueda apagar en una persona y es lo que mucha gente piensa, que podemos decidir no tenerla (o quitársela a los menores de edad); ‘no les hables de sexualidad para que no se las despiertes’. La sexualidad está ahí, y nada de lo que se haga (desde la ley) va a eliminar la sexualidad de una persona”.
La propuesta impulsada por el PAN, sostiene por su parte María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, se contrapone además al principio de progresividad de los derechos humanos, pues no sólo pasa por alto reformas constitucionales y tratados internacionales en la materia, sino que obvia las reformas recientes a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, que explícitamente facultan a la Secretaría de Educación Pública para que incorpore contenidos con perspectiva de género en los programas educativos.
Ni discrecional ni absoluta, responsabilidad de padres y madres
Mientras que el pleno del Congreso de Nuevo León desechó la propuesta el 29 de mayo, el Legislativo de Aguascalientes aprobó por unanimidad, ocho días antes, una serie de reformas a la Ley de Educación; el pin parental, a decir del presidente de la mesa directiva del Congreso, Heder Guzmán Espejel, se coló entre las modificaciones. “Nos metieron un golazo”, dijo días después, una vez que la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
En un comunicado conjunto con fecha 16 de junio, diversas agencias de Naciones Unidas, entre ellas la Unicef, la Unesco y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, externaron su preocupación por el caso Aguascalientes.
Con base en la Convención de los Derechos del Niño y las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño –que también deben ser observadas por las legislaturas estatales–, las agencias internacionales concluyeron que si bien las madres, los padres y los tutores tienen una responsabilidad fundamental en la crianza y el desarrollo de los menores de edad bajo su protección, esta “no es discrecional ni absoluta”.
La responsabilidad de los padres, sostienen, está condicionada a que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer “plena y prioritariamente” sus derechos. En ese sentido, una educación que tenga por objetivo la protección de estos derechos, incluyendo el de recibir una educación integral en materia de salud sexual y reproductiva, no puede estar supeditada “al consentimiento o la autorización de terceros”, ni a “las consideraciones éticas o morales de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia o custodia”.
Estado, único rector de contenidos educativos
El 5 de julio, las secretarías de Gobernación, Salud y Educación, así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se pronunciaron al respecto.
Esto en vista de que cada vez son más los congresos locales que abren la discusión en torno a lo que el Gobierno Federal considera “una injerencia de padres y madres” en los contenidos educativos, asunto sobre el que tiene rectoría exclusiva y constitucional el Estado Mexicano; entonces eran cinco entidades, ahora son once, con Puebla.
Advirtieron que cualquier reforma que se apruebe en la dirección contraria de los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos, el marco internacional a favor de lo que se conoce como el Interés Superior de la Niñez, así como el artículo tercero sobre la rectoría del Estado, podrá ser considerada por la autoridad competente –la SCJN– como inconstitucional. Un documento de análisis jurídico vigente quedó de ser enviado a todos los congresos locales a fin de evitar la presentación de este tipo de iniciativas.
Jason Goh | Pixabay.
Grupos conservadores, detrás del pin parental
El Frente Nacional por la Familia, Iniciativa Ciudadana, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Alianza Nacional de Padres de Familia, son algunas de las organizaciones que abiertamente promueven la introducción del pin parental en México, y que han seguido de cerca las discusiones en las legislaturas locales.
A esta plataforma se han sumado integrantes del Senado, como Manuel Añorve (PRI), Lily Téllez (PAN) y Víctor Fuentes (PAN). Este último presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación a finales de febrero, a la que denominó “Con mis hijos no te metas” y que va en el mismo sentido que las iniciativas estatales; a la fecha, sigue sin ser discutida por la comisión respectiva.
Los senadores participaron incluso en un foro virtual auspiciado por las organizaciones antes mencionadas, el 13 de julio, donde además de defender la propuesta del pin parental, se pronunciaron en contra de las supuestas presiones ejercidas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que los congresos locales den marcha atrás a las discusiones sobre el pin parental.
“La secretaria de Gobernación no tiene por qué derribar la puerta de las casas, entrar, y quitarle a los papás la forma en la que quieren educar a sus hijos”, dijo Lily Téllez, en tanto que Víctor Fuentes, senador por Nuevo León, acusó a Sánchez Cordero de inclinar la votación en aquel estado, en contra de la iniciativa.
Nuevo León, cabe recordar, fue el primer estado de la República en poner a discusión el pin parental, el 22 de enero de este año, de la mano del diputado Juan Carlos Leal, del Partido Encuentro Social, quien fue expulsado de Morena en junio de 2019 tras publicar un comentario transfóbico en Twitter.
Sin embargo, la propuesta de que sean los padres y las madres de familia quienes autoricen los contenidos educativos que involucren, por ejemplo, cuestiones de identidad de género, feminismo, aborto y diversidad, no surgió en México.
El intento de trasladar al campo educativo el concepto bloqueo (pin), que suele activarse en las televisiones y otros dispositivos electrónicos para que los menores de edad no se expongan a contenidos violentos o explícitamente sexuales, viene de España, del partido de ultraderecha Vox.
En marcha, agenda nacional antiderechos
El pin parental, es preciso señalar, es tan sólo un punto que se inscribe en una agenda nacional conservadora mucho más amplia, a veces referida como agenda antiderechos. En ella se conjuntan dos líneas de acción para el terreno legislativo: por un lado la intención de bloquear proyectos que busquen ampliar el catálogo de derechos obtenidos y, por otro, la promoción de iniciativas que empaten con ciertos valores familiares tradicionales.
Estas líneas de acción se identifican, por ejemplo, en el análisis que realiza el Frente Nacional por la Familia a través de su observatorio legislativo “Observaxion”, en donde se califican positiva o negativamente, distintas propuestas a nivel estatal y federal.
Iniciativas en materia de despenalización del aborto, identidad de género, matrimonio igualitario, adopción homoparental o lesbomaternal, muerte asistida, uso de anticonceptivos, baños públicos neutros, uso lúdico de la marihuana, lenguaje inclusivo y prohibición de las terapias de conversión, tienen una calificación negativa, identificada con el color rojo y con lo que llaman “ideología de género”.
En tanto que aquéllas en materia de protección de la vida desde el momento de la concepción, representación legal para no nacidos (fetos en gestación), licencias de maternidad o parternidad, creación de institutos municipales de familia y desde algunos meses, censura de contenidos educativos (pin parental), están coloreadas de verde.
Información confiable, necesaria para decidir y prevenir abusos
Cuando la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Puebla acompaña casos de violencia sexual, embarazos no deseados o embarazos adolescentes, explica para LADO B su coordinadora, Jessica Pérez Téllez, es común advertir una educación sexual deficiente en casa y hasta un sesgo moral o religioso intencional.
“Podemos creer que si yo no le digo nada [a mi hijo o hija] no va a saber [sobre sexualidad] y no le voy a levantar inquietudes, cuando la realidad es que recibimos información sobre sexualidad todo el tiempo y por todos los medios […] Lo que le toca a la escuela y a las instituciones es filtrar esa información para que la que reciban sea real y confiable”.
Pensar en una educación sexual integral desde la educación inicial, sostiene Jessica, es ir más allá del acto sexual. No se trata de hablar de métodos anticonceptivos o enfermedades transmisibles por esta vía, sino adentrarse en temas de género e identidad, y de que niños, niñas y adolescentes puedan reconocer su propio cuerpo y los límites inherentes al mismo.
La aprobación de una iniciativa como el pin parental, advierte, sólo tendría consecuencias negativas: desde embarazos adolescentes y proyectos de vida truncados, hasta un aumento en los casos de abuso sexual infantil y abortos clandestinos. “[Los promotores de estas iniciativas] dicen que buscamos ideologizar […] [pero lo único] que buscamos es que las niñas y los niños puedan decidir, que tengan conocimiento sobre su cuerpo”.
María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), concuerda con Pérez Téllez, pues considera que los argumentos que están detrás de este tipo de iniciativas no sólo exponen un desconocimiento profundo de lo que realmente es la perspectiva de género –que tiene que ver con el análisis de las desigualdades históricas y estructurales–, sino un desinterés por los problemas que aquejan directamente al país y al estado de Puebla, como los feminicidios, las muertes maternas o la violencia sexual. “Se requiere una educación con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género desde temprana edad para prevenir estas situaciones”.
*Con información de Natasha Konzevik y Enrique López
La acreditación y certificación de la Especialización y del Curso Internacional será realizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
COORDINACIÓN GENERAL:
Isabel Piper Shafir (Universidad de Chile)
Pilar Calveiro Garrido (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)
COORDINACIÓN ACADÉMICA:
Belén Rojas – Universidad de Utrecht (Países Bajos)
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