Derechos Humanos

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Mujeres y niñas en Kenia doblemente golpeadas por la covid-19

Noticias

África/Kenia/27 Agosto 2020/elpais.com

La mutilación genital femenina, los embarazos y los matrimonios infantiles han aumentado de manera alarmante durante la pandemia y no se están aplicando políticas eficaces de protección

“He estado recibiendo cada día llamadas de socorro de las comunidades diciendo ‘muchas niñas están siendo cortadas (mutiladas), por favor haz algo, por favor haz algo, contacta con las autoridades, por favor, rescátalas’”, explica Chesang Domtila en una conversación telefónica que se corta cada dos minutos. Es activista por los derechos de las niñas, fundadora de la organización I_Rep Foundation, y vive en el condado de West Pokot, fronterizo con Uganda, uno de los más golpeados por la mutilación genital femenina (MGF) durante la pandemia.

La MGF es la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos por motivos no médicos. Hay cuatro tipos diferentes de mutilación según el grado de agresividad y se suele practicar entre la infancia y la adolescencia. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Kenia hay un 21% de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido algún tipo de MGF, cifra que se sitúa por debajo de otros países como Somalia (98%), Guinea (97%) o Yibuti (93%), pero que sigue siendo alarmante ya que se trata de una práctica ilegal en el país desde 2011.

Domtila asegura que los casos de mutilación en West Pokot habían bajado mucho, pero durante la pandemia se han disparado y se ha dejado atrás el secretismo para hacerlo en público mediante ceremonias. “Los padres se imaginan que pueden esconderse detrás de la covid-19 para cortar a las niñas y salir impunes; se piensan que el gobierno está demasiado ocupado como para arrestarles”, comenta la activista. La topografía de la zona hace difícil el acceso a muchos de los pueblos pero se ha conseguido arrestar a algunas de las personas responsables gracias a la movilización de líderes locales como Domtila.

A menudo, los rituales de ablación se hacen durante las vacaciones escolares para no llamar la atención y para que las niñas tengan tiempo de curarse. Hay diferentes tradiciones y creencias que envuelven esta práctica y su grado de incidencia varía según el grupo étnico —los somalis tienen un 94% de incidencia, por ejemplo, mientras que los luo tan solo un 0,2%—. Suele ser una práctica más prevalente en las áreas rurales que las urbanas (un 25,9% ante un 13,8%) y entre las comunidades con menor escolarización (un 58,2% ante un 8,6%). Supone un ritual del paso de niña a mujer, aumenta las posibilidades de contraer matrimonio y lleva asociadas una lista de connotaciones culturales de pertenencia a la comunidad que en caso de rechazarlas, acarrea exclusión y estigma.

“Había programas en las escuelas que protegían a las niñas pero ahora estas están cerradas y la comunidad no tiene otra alternativa que celebrar el rito de paso. Las mutilan y así están listas para casarse en dos o tres años”, comenta Domtila, que estima que los casos de ablación femenina en West Pokot han subido a 800 entre marzo y junio. En situaciones de crisis como la actual, el matrimonio es visto como una transacción económica que puede ayudar a la familia de la mujer a mejorar su situación económica gracias a la dote.

En cada comunidad las afectaciones y las medidas están siendo distintas y, de hecho, debido a la limitación de la movilidad por la pandemia y la dificultad de acceder a zonas remotas, no se dispone del número real de chicas afectadas por este o cualquier tipo de violencia. “El impacto actual de la covid-19 se verá realmente cuando las escuelas reabran (en 2021) y todo vuelva a la normalidad; es entonces cuando veremos cuantas niñas regresan al colegio”, dice Tony Mwebia, activista por la igualdad de género y fundador de la organización Men End FGM, centrada en educar a los niños y hombres en torno a la mutilación genital femenina y al matrimonio infantil. Asimismo, cuando se tiene constancia de un caso sigue siendo muy difícil llegar a una condena, ya que depende de la evidencia presentada en el juicio “y eso lo complica porque se supone que las niñas que han sido circuncidadas tienen que testificar y a veces se sienten amenazadas porque quien se lo ha hecho son vecinas o miembros de su propia familia”, añade Mwebia.

Convivencia forzosa con familiares abusadores

Son varios los esfuerzos de la Administración y la sociedad civil para acabar con la incidencia de cualquier violencia contra niñas y mujeres, pero faltan recursos y una mejor organización. “Las estrategias deben ser dirigidas; qué hacer en qué comunidades, ya que no todas tienen las mismas necesidades», explica Eva Komba, investigadora y especialista en género.

“Necesitamos conocer cada casa donde haya niñas entre cuatro y 18 años y ponerlo en una base de datos, de manera que si vas a esa comunidad podrás implementar respuestas específicas”, comenta Komba, que añade que la violencia contra las mujeres forma parte de todo un espectro que debe ser modificado, incluyendo el cambio climático, la seguridad alimentaria, la mejora de la cobertura sanitaria, la escolarización de las niñas, etcétera.

En los últimos meses, Kenia se ha enfrentado no solo a un incremento de la ablación sino también a una subida preocupante de los embarazos adolescentes. En el condado de Machakos, bordeando Nairobi, se registraron 4.000 embarazos  de niñas menores de 19 años tan sólo de enero a abril. Los casos se concentraron sobretodo a partir de marzo cuando los colegios cerraron por el coronavirus, y se especula que puede haber más.

La convivencia forzosa con familiares abusadores ha sido una de las causas, pero también el intercambio de sexo sin protección con hombres mayores por productos de higiene menstrual que antes ofrecía el colegio y ahora son de difícil adquisición para las chicas sin recursos. La menstruación no desaparece ante una pandemia, las ayudas sí.

Recientemente en el condado de Kajiado, el gobierno local junto con organizaciones comunitarias lanzaron una campaña de sensibilización para dar respuesta a este problema. La iniciativa lleva el nombre de “Funga Miguu”, que se traduce en un “Cerrar las piernas”. Y va dirigida exclusivamente a mujeres, hecho que ha generado críticas, ya que, de nuevo, se está responsabilizando a las víctimas del abuso sufrido.

“Involucrar a los hombres en esta lucha es vital”, comenta Tony Mwebia. “Necesitamos transformar la masculinidad de los chicos jóvenes para que puedan entender que las mujeres son seres humanos iguales y que tienen sus derechos y debemos respetarlos y cuidarlos”. Esta es su tarea en la organización Men End FGM, que en situación de normalidad imparte talleres presenciales a grupos de chicos y hombres de todo el país sobre su papel en la desigualdad y la violencia contra las mujeres, y genera un espacio de debate y reflexión.

Iniciativas en red  o puerta a puerta

Las comunidades hace años que trabajan conjuntamente para combatir estas prácticas que amenazan los derechos de las niñas y las mujeres, pero durante la pandemia han visto como su radio de acción ha quedado gravemente afectado y han tenido que extremar sus lazos y buscar alternativas para seguir protegiendo este colectivo.

En algunas localidades rurales los jefes comunitarios van puerta por puerta para controlar que no se circuncide ni se case a ninguna niña, y también se han lanzado campañas de sensibilización por radio, uno de los canales más accesibles para la sociedad. No obstante, hay demandas para una actuación policial más eficaz, ya que parece que todos los esfuerzos van dirigidos únicamente a hacer cumplir las restricciones impuestas por la covid-19.

Las personas que tienen Internet y smartphones disponen de más recursos para hacer frente a estas prácticas durante la pandemia. No sólo es más fácil mantener un contacto directo con líderes locales y centros de rescate sino que también facilita el acceso a aplicaciones como i-Cut, creada en 2017 por un grupo de adolescentes, que permite acceder a ayuda medica y legal antes o después de sufrir la mutilación genital femenina. El principal problema es que aún hay muchas zonas rurales que no tienen acceso a Internet, por lo que cuesta hacer un rastreo o seguimiento de las menores más vulnerables.

Este es uno de los obstáculos con los que se ha encontrado la activista Selina Nkoile desde que empezó la pandemia. Gestiona un internado para niñas llamado Naning’oi en la ciudad masai de Mosiro (Kajiado), el mismo al que ella acudió siendo pequeña y que la salvó de un matrimonio ya pactado. La institución tuvo que cerrar en marzo y Nkoile ha enviado a casa de su madre a las niñas más vulnerables que no podían volver con sus familias y ha intentado mantener contacto telefónico con el resto. Asimismo, trata de tejer una red de colaboración con los líderes locales y las autoridades, pero es un trabajo duro y lento para una sola persona y reconoce estar preocupada porque “las niñas saben que Naning’oi es un sitio seguro donde pueden acudir en caso de violencia o si las van a casar, pero (…) ahora no hay ningún sitio donde puedan escapar si hay un problema, están encerradas en casa con los mismos padres abusivos”.

Para coordinar esfuerzos entre activistas, Tony Mwebia ha creado un ciclo de conversaciones en línea llamado “End FGM Live” en el que participan activistas de todo el país y ponen en común los problemas y las estrategias de sus comunidades. Las llamadas se comparten en directo a través de las redes sociales. «Y de esta forma amplificamos sus voces e intentamos responsabilizar al Gobierno”, explica.

Acabar con la ablación en 2022

Kenia había fijado el año 2022 para la eliminación total de la MGF, y el 2030 para la de todas las formas de violencia de género, pero parece que las actuaciones no están yendo por ese camino, siendo el coronavirus un importante obstáculo. Se realiza mucho trabajo por parte de la sociedad civil pero se necesita más compromiso y apoyo gubernamental para amplificar su incidencia. “No hemos visto los sistemas ni los recursos ni la movilización para asegurar que este objetivo se consiga”, comenta Mwebia.

Se trata de un proceso complejo que requiere la unión de fuerzas de todos los sectores de la sociedad para conseguir una infraestructura externa eficiente que responda a un cambio de mentalidad de la comunidad. La activista Masai Selina Nkoile no duda en su valoración: “En vez de aplicar normas duras desde arriba, introduzcamos medidas en la comunidad para que un padre no llegue ni a plantearse la idea de cortar a su hija”.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/08/12/planeta_futuro/1597247467_508576.html

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Palestina, ¿vencedores o vencidos?

Daniel Seixo

Por: Daniel Seixo

«Tras 63 años de sufrimiento: basta, basta, basta. Es hora de que el pueblo palestino consiga su libertad y sus derechos. Ha llegado la hora de la primavera palestina, de la independencia.«

Mahmud Abbas

«Voy con la corriente de la historia, y aquellos que van con la corriente de la historia ganarán. Los que van en contra desaparecerán.»

«El sionismo es una encarnación del neo-nazismo …, terrorismo intelectual y explotación racial.»

Yasser Arafat

«El objetivo de la operación es que Gaza vuelva a la Edad Media. Sólo entonces Israel mantendrá la calma durante 40 años.«

Eli Yishai, ministro del Interior de Israel

«Traigo en una mano la rama de olivo y en la otra el arma de los que luchan por la libertad»

Aviones de combate, helicópteros de ataque y tanques son usados como represalia por el supuesto lanzamiento de múltiples globos incendiarios desde Palestina. La sobreactuación y la crueldad del ejército israelí contra la Franja de Gaza, hace tiempo que han dejado de resultar un acontecimiento digno de ocupar los grandes titulares de la prensa occidental, pero tras 8 días consecutivos de bombardeos indiscriminados contra distintos puntos de la franja, el dolor, la desesperación y la barbarie siguen siendo tan reales como el primer día de esta interminable pesadilla para los dos millones de palestinos que resisten heroicamente el desmedido envite del ejército sionista.

Asegura el gobierno israelí que la acción responde a las provocaciones del movimiento islamista Hamás, argumenta que las acciones militares se deben a la necesidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y tras esto pretende con grandilocuentes declaraciones y orquestadas presiones económicas y diplomáticas, hacer olvidar al mundo la realidad de un pueblo acosado, humillado y ocupado. Los cantos de sirena que procuran que Trump establezca a Jerusalén como capital de Israel ante el mundo a cambio de unos acuerdos de paz que suponen simplemente una rendición impuesta sobre el pueblo palestino o los recientes acuerdos con Emiratos Árabes Unidos para intercambiar reconocimiento por una supuesta «ocupación comedida», responden a la misma lógica que la que se oculta tras el uso de la violencia y el terror por parte del ejecutivo sionista.

Tras el asesinato de Mohamed Al-Dura y las continuas campañas de manipulación y desprestigio sobre el joven asesinado y la causa palestina, el inevitable futuro del conflicto quedó totalmente constatado para todo aquel que quisiera abrir sus ojos a la total locura en la que se ha transformado el proyecto nacional israelí. Ningún acuerdo va a evitar que salga adelante el mega plan de asentamiento para lograr conectar los principales bloques de asentamientos ilegales en la región y tampoco eso supondrá el fin del plan de anexión de Netanyahu. El radicalismo extremo de la teocracia capitalista del sionismo, no se detendrá hasta que ningún palestino se atreva a defender como propia la tierra que legítimamente hoy habitan. La verdad apenas oculta es que no hay espacio real para el acuerdo o la paz, Israel siempre encontrará un motivo para atacar de forma desproporcionada al pueblo palestino y bien sea por agotamiento o por el poder de las armas, confían en la total eliminación de Palestina. Las puntuales negociaciones con las diversas delegaciones árabes, las fotos tras raquíticos acuerdos o los brindis al entendimiento con las autoridades palestinas, no son para ellos sino una necesidad tediosamente inevitable de cara a no perder definitivamente el rédito que la comunidad internacional les ha otorgado por el sufrimiento injusto e innecesario de sus antepasados. Un rédito que debemos percatarnos hace ya mucho tiempo resulta inmerecido y ha sido dilapidado por la sed de sangre de los falsos herederos políticos de las víctimas del holocausto.

No se trata de explicar una vez más la diferencia entre ser antisionista y antisemita, no pienso entrar aquí en esas burdas manipulaciones dialécticas a estas alturas únicamente interesantes para los propios sionistas en su campaña de manipulación o para aquellos cercanos proyectos independentistas trasnochados que llegarían a acostarse con el diablo por una pizca de reconocimiento fútil, se trata por tanto simplemente de lograr discernir entre verdugos y víctimas y no me salgan con evasivas en este caso intentando comprar dos extremos inexistentes, porque pocos conflictos sobreviven en la actualidad con una desproporción de fuerza y violencia tan clara como el que tiene lugar en Palestina.

Más de 50 000 niños palestinos detenidos desde 1967, viviendas arrasadas, asesinatos selectivos, un férreo bloqueo económico sumado al boicot diplomático internacional, un asedio digno de las campañas medievales y la brutal e incomprensible capacidad de encadenar violaciones a los Derechos Humanos sin apenas consecuencias legales para un estado que parece vivir al margen de la justicia, aun cuando inmerso en el delirio de la violencia se considera digno heredero de la atención de Dios. Personalmente no llego a comprender que clase de Dios podría aceptar en su seno a aquellos que bombardean una escuela de la ONU o paralizan infraestructuras básicas para el desarrollo de la vida diaria de la población civil. No logro comprenderlo y no creo que me equivoque cuando por ello me atrevo a asegurar que ningún Dios más allá del puro dinero se mostraría capaz de aceptar tal afrenta a nuestra humanidad más básica.

Desde que en 2007 Hamás se hiciese con el poder político en Gaza, Israel mantiene sobre el territorio palestino un bloqueo por tierra, mar y aire que sigue cobrándose vidas inocentes al tiempo que enquista irremediablemente un conflicto mucho más terrenal de lo que ambas partes se podrían llegar a permitirse reconocer, sin con ello poner sobre la mesa la inhumanidad y la responsabilidad tras cada nueva víctima. Hasta el momento, no se han registrado heridos o pérdidas materiales considerables en lado israelí por esta nueva escalada de tensión, mientras que las autoridades palestinas oficialmente reportan numerosos heridos e importantes daños materiales en la Franja de Gaza. Una desproporción demasiado habitual en este conflicto y que curiosamente señala a todo aquel que lo quiera llegar a ver, que hace tiempo que la víctima se ha convertido en el peor reflejo posible del verdugo.

Fuente e imagen:  https://nuevarevolucion.es/palestina-vencedores-o-vencidos/

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Mundo: Países Garantes de paz piden frenar muertes de líderes en Colombia

Noticias

Mundo/23-08-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

224 excombatientes han sido asesinados desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz en Colombia, según el partido FARC.

Las naciones garantes de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, Cuba y Noruega, llamaron este jueves al Gobierno de Iván Duque a reforzar medidas que contribuyan a frenar el asesinato de excombatientes y líderes sociales.

“Cuba y Noruega (…) comparten la preocupación de muchos actores políticos en Colombia -gubernamentales y no gubernamentales-, del Sistema de Naciones Unidas y de la comunidad internacional, por el creciente número de excombatientes de las FARC asesinados desde la firma del acuerdo; así como de líderes sociales y defensores de derechos humanos”, afirma el documento.

El texto hace referencia al continuo exterminio de excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo,(FARC-EP), situación que ha empeorado desde la firma del Acuerdo de Paz.

También, alude a los asesinatos que le han cobrado la vida a centenares de líderes sociales y defensores de derechos humanos y a la población en general, de lo cual es una muestra las tres masacres contra jóvenes y menores de edad ocurrida en los últimos días.

El documento fue firmado por Javier Camaña, representante garante por Cuba ;y por Jon Otto Brødholt, por Noruega, quienes dejaron manifiesta su posición con respecto a la crisis de violencia que vive Colombia  y pone en peligro la implementación del Acuerdo de Paz.

De acuerdo con información publicada en la cuenta oficial del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, (FARC), en la red social Twitter, 224 exguerrilleros han sido asesinados desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano

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Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/garantes-paz-piden-frenar-muertes-lideres-colombia-20200820-0033.html

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Rutas africanas de personas migrantes y refugiadas: una travesía mortífera

Enric Llopis

En busca del paraíso europeo 16.724 personas migrantes y refugiadas llegaron al viejo continente por mar entre enero y abril, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, un 16% más que en el mismo periodo de 2019; de las 256 muertes registradas en las tres rutas del mediterráneo, 146 corresponden a la denominada central, cuyo destino es Italia y Malta. Pero no se trata de balances contables ni de gélidas estadísticas. El pasado 7 de agosto la OIM y ACNUR dieron cuenta del fallecimiento en el mar de 27 personas que habían partido de Dakhla (Sáhara Occidental) rumbo a las Islas Canarias; tuvieron problemas con el motor de la embarcación, “los pasajeros a bordo –la mayoría de origen subsahariano- quedaron varados en alta mar y empezaron a sufrir deshidratación extrema”, destacaron las citadas fuentes.

Es el contexto en el que ACNUR presentó a finales de julio un informe –En este viaje a nadie le importa si vives o mueres– realizado junto al Centro de Migración Mixta (CMM) del Consejo Danés para los Refugiados, sobre la muerte y “abusos extremos” en las rutas (terrestres) entre los países del África Oriental y Occidental así como en la costa mediterránea africana. Basado en cerca de 16.000 entrevistas, principalmente a personas que se desplazaron por estas rutas, el documento detalla que un mínimo de 1.750 migrantes y refugiados habrían muerto durante 2018 y 2019 en estas travesías (un promedio de 72 decesos mensuales). Pero la cifra no ha de considerarse el número absoluto de víctimas.

“Se trata de una de las rutas más mortales para migrantes y refugiados en todo el mundo”, concluye ACNUR. En el itinerario occidental, los migrantes transitan por Mali, Burkina Faso o Níger antes de cruzar el desierto; en la ruta oriental y el Cuerno de África pasan por Sudán (ciudades como Gadarif y Kasala) y atraviesan el desierto en dirección a Egipto y Libia; en cuanto a la ruta del norte –Egipto y Libia-, uno de los rasgos principales es la dependencia de los contrabandistas (en Libia las personas migrantes pueden estar durante dos años en manos de los traficantes).

El foco principal de las muertes (28%) fueron los territorios del desierto, según el reporte, principalmente entre Níger y Libia, pero también en el desierto entre Sudán y Libia, y entre Sudán y Egipto. Otros puntos con elevado número de muertos son Sabha, Bani Walid y Trípoli (Libia), Agadez (Níger), la ciudad de Tamanrasset, en el sur de Argelia, y Bamako (Mali); los entrevistados (42%) señalaron como principal causa las enfermedades y la falta de acceso a medicamentos, muchas veces sumados a la deshidratación, el hambre y la falta de un refugio adecuado; además el 19% apuntaron como factor determinante el accidente de los vehículos y el 13% los disparos y apuñalamientos. “Asesinados 30 migrantes en Libia en venganza por el linchamiento de un traficante de personas”, tituló Europa Press el pasado 28 de mayo, respecto a la matanza de migrantes bangladesíes en la ciudad libia de Mizda.

ACNUR ha dado cuenta de otras escabechinas. En junio de 2018 los tratantes asesinaron en Bani Walid, al sureste de Trípoli, a más de una docena de personas después que un grupo de migrantes eritreos, etíopes y somalíes intentaran escapar de la cautividad (algunos de ellos permanecían en esta situación durante tres años). En julio de 2019 el escenario de los ataques fue el centro de detención de Tajoura (cerca de la capital libia), “que albergaba al menos a 600 personas refugiadas e inmigrantes”; así, el bombardeo al centro de Tajoura, en el contexto del conflicto interno en Libia, causó decenas de muertos.

Y atravesando el desierto –sobre todo desde Níger a Libia, y entre Sudán y Egipto- también se produjeron el mayor número de agresiones y actos de violencia sexual (18%), seguido de Trípoli, Jartum y Bamako, según el reporte En este viaje a nadie le importa si vives o mueres; los entrevistados atribuyeron la autoría principal de estos ataques –consideradas las tres rutas- a los contrabandistas (45%), seguido de policías y militares (19%), individuos desconocidos (12%), bandas criminales (11%) y otros migrantes (10%). Se da la circunstancia que el 31% de las personas entrevistadas fueron testigo o sufrieron la violencia sexual en más de una ocasión. En el este de Sudán, ACNUR registró –entre 2017 y 2019- más de 630 casos de trata de refugiados y cerca de 200 mujeres y niñas que sobrevivieron a los ataques machistas.

La agencia de la ONU y el CMM han recogido testimonios sobre torturas, trabajos forzados y personas obligadas a prostituirse durante el periplo hacia el Mediterráneo Central; también de quemaduras con aceite caliente, plástico derretido y objetos metálicos; electroshocks o personas atadas en “posiciones estresantes”. El recorrido por el desierto, principalmente de Níger a Libia (11%), constituyó el eje de la violencia física, además de Bamako, Trípoli, la región de Segú, en Malí, y Agadez; a las fuerzas de seguridad, ejércitos, oficiales de inmigración y guardas de frontera se les atribuyó el 47% de los casos, mientras que a los contrabandistas, el 29%. Por el contrario fueron los traficantes quienes perpetraron la gran mayoría de los secuestros (79%), con epicentro en la ruta de Sudán a Egipto.

No son historias que puedan insertarse en la última hora mediática, ni en la actualidad al rojo vivo. Hace menos de un año la OIM detallaba que entre 2014 y 2019 habían muerto, en las rutas de tránsito a través de África, 7.400 personas, aunque la cifra podría ser muy superior; la información se complementaba con el testimonio de Patrick, de origen Nigeriano y entrevistado en Dirkou (Níger): “Tras una semana en el desierto, no pude seguir más, de modo que le dije a mi grupo que me dejaran ahí… Después de hallar a 23 sobrevivientes, ellos me encontraron, un poco alejado del montón de cadáveres…”. Los “terribles abusos”, concluyen ACNUR y el CMM, tal vez hayan quedado ensombrecidos por otro hecho: la reducción –desde mediados de 2017- del número de migrantes y refugiados que han logrado franquear el Mar Mediterráneo, de Libia a Europa (ruta del Mediterráneo Central).

Los atropellos y las penalidades no terminan en el desierto ni en las rutas terrestres. Tras ser rescatados en el mar o interceptados por los guardacostas libios, muchos de los migrantes son retornados al país norteafricano (14.300 refugiados y migrantes fueron desembarcados en Libia entre enero de 2019 y junio de 2020); ACNUR explica en un comunicado la continuación del itinerario: “Estas personas a menudo son recluidas de forma arbitraria en centros de detención oficiales, donde se enfrentan a abusos diarios y condiciones deplorables. Otros terminan en centros ‘no oficiales’ o almacenes controlados por los traficantes y redes de trata, que los someten a abusos físicos para sacarles más dinero”.

La Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos han señalado que Libia no es un país “seguro” para las personas rescatadas en el mar,  ante el riesgo de que se violen los derechos humanos (informe Desperate and dangerous, diciembre 2018); añaden que los países de la UE aplican políticas “para impedir que alcancen las costas europeas, lo que contribuiría a atrapar en Libia a miles de personas desesperadas”.

Es la llamada externalización de las fronteras de la Unión Europea (UE). ¿En qué consiste? Más allá de los programas oficiales de formación, asistencia, protección y fondos fiduciarios, los 50 colectivos sociales que organizaron una concentración el pasado 23 de noviembre en Madrid (Fronteras en venta) difundieron la siguiente definición: “Se traduce en pagar a los países del sur para que hagan el ‘trabajo sucio’: la UE transfiere fondos y hace favores políticos a terceros países (Libia, Turquía, Marruecos) para la construcción de muros, concertinas y centros de detención, formación de policía fronteriza y suministro de barcos”. Y de ese modo –con la apariencia de la cooperación internacional- blindar las fronteras.

Fuente: https://rebelion.org/rutas-africanas-de-personas-migrantes-y-refugiadas-una-travesia-mortifera/
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México: Organizaciones de derechos humanos inician campaña «43 días por los 43»

Noticias
Ciudad de México | Desinformémonos

Están por cumplirse 6 años de la desaparición forzada de los jóvenes de Ayotzinapa, es por esto que a partir del 14 de  agosto y durante 43 días los nombraremos junto con el colectivo @letrasmarchando, para exigir justicia y verdad.

 

Como cada año, organizaciones defensoras de derechos humanos iniciaron el pasado viernes la campaña «43 días por los 43», esta vez con el lema «Ay6tzinapa: Hacia la verdad», en el marco del sexto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

Este año, la campaña eligió como símbolo una espiral en representación de un atecocolli o caracol marino, para referir «la integralidad de dos movimientos en ambas direcciones: hacia el centro profundo (conocer la verdad) y hacia el exterior (los efectos de saberla)». Al mismo tiempo, el símbolo figura un 6 por el aniversario de los hechos.

La campaña, que inició este 14 de agosto y concluirá el 26 de septiembre, se compondrá de videos animados, ilustraciones, artículos de opinión, podcasts y música, así como incluirá las demandas de otros colectivos de búsqueda de desaparecidos.

Desde el primer aniversario de la desaparición de los normalistas, el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Fundar y Serapaz han impulsado la campaña para unirse a la exigencia de los familiares de los normalistas de dar con el paradero de los 43 y tener acceso a la verdad y la justicia.

Fuente:  https://desinformemonos.org/organizaciones-de-derechos-humanos-inician-campana-43-dias-por-los-43/

Foto: Notimex

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Centros de educación en EE.UU cierran nuevamente a causa del Covid-19

Noticias

Por: https://evtvmiami.com

A poco tiempo de comenzar las clases en algunas escuelas de EE.UU  algunos recintos educacionales están cerrando de nuevo debido a brotes de COVID-19, el último desafío a medida que el país intenta reabrir cuando el nivel de nuevos casos diarios se mantiene alto en la mayoría de los estados.

Las escuelas en Estados Unidos deben reabrir para el inicio del año académico este mes o a inicios de septiembre. Algunas, particularmente en centros urbanos, han optado por una enseñanza en línea solamente, mientras que otras han optado por clases presenciales, o incluso un híbrido entre ambas.

Pero los brotes o la falta de personal han obligado ya a algunas recintos a detener la enseñanza presencial.

La Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, uno de los recintos educacionales más grandes que abrió con clases de manera presencial, dijo el lunes que cambiaría a instrucción sólo en línea para los estudiantes, después de que pruebas mostraron una rápida propagación del virus.

Actualmente, 177 estudiantes se encuentran aislados y 349 están en cuarentena, de un total de alrededor de 19.000.

En Georgia, una tercera escuela secundaria en el condado de Cherokee cerró para clases presenciales, dijo el distrito escolar del condado, citando un incremento en el número de casos positivos en la escuela secundaria Creekview a 25, con casi un tercio de los estudiantes en cuarentena.

“Como hemos dicho desde que anunciamos nuestra reapertura, no dudaremos en poner en cuarentena a los estudiantes y cerrar las aulas en un esfuerzo por continuar operando la escuela de manera presencial el mayor tiempo que sea posible”, dijo el distrito en un comunicado el domingo, posponiendo el plan para clases presenciales desde el lunes al 31 de agosto.

Las escuelas del condado de Cherokee aparecieron en medios de comunicación nacionales este mes después de que los estudiantes publicaran imágenes en redes sociales que mostraban a los alumnos agrupados en los pasillos, muchos de ellos sin utilizar mascarilla.

Los nuevos casos de Georgia han bajado ligeramente desde su punto álgido, pero el estado informó más de 20.000 nuevas infecciones la semana pasada y una tasa de positividad del 12%, lo que sugiere que hay más casos en la comunidad que aún no se han descubierto.

Un distrito escolar de Arizona tuvo que cancelar sus clases después de que personal dijo que no era seguro regresar y se reportó enfermo. Mientras, un distrito escolar de Nebraska dijo el sábado que había cancelado clases después de que tres miembros del personal dieron positivo y 24 más estaban en cuarentena por exposición.

A nivel nacional, los nuevos casos de COVID-19 cayeron por cuarta semana seguida, pero las infecciones se mantienen en niveles altos en la mayoría de los estados y las muertes siguen estando en un promedio de 1.000 personas por día. Según un recuento de Reuters, en total ha habido más de 170.000 muertes en Estados Unidos a causa de la enfermedad.

*Fuente: https://evtvmiami.com/centros-de-educacion-en-ee-uu-cierran-nuevamente-a-causa-del-covid-19/

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Colombia: Niños indígenas en riesgo de desnutrición y muerte

Noticias

Por: hrw.org

Se debe mejorar el acceso de los wayuu a alimentación, agua y atención en salud durante la pandemia.

La pandemia de Covid-19 y las medidas de aislamiento dispuestas para contenerla están provocando que les resulte aún más difícil sobrevivir a los wayuu, un pueblo indígena que habita en Colombia y Venezuela, señalaron Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins en un informe conjunto y una publicación multimedia que se dieron a conocer hoy.

A causa de la pandemia y el aislamiento, a los miembros del pueblo wayuu en el departamento de La Guajira, Colombia, les resulta sumamente difícil acceder a alimentos, agua y atención médica en un momento en que estos servicios son más necesarios que nunca. El gobierno colombiano debería adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de los niños y las niñas wayuu.

“Las comunidades indígenas de La Guajira no tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo para lavarse las manos, y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Esta situación ha contribuido a que durante años los wayuu hayan sufrido uno de los niveles más altos de desnutrición infantil en Colombia, y resulta sumamente preocupante en el contexto actual del Covid-19”.

La publicación multimedia, “Un pueblo resiliente: El pueblo indígena wayuu de Colombia enfrenta una crisis de desnutrición en medio de la pandemia”, deja al descubierto las dificultades que enfrentan las familias wayuu en una región marcada por la inseguridad alimentaria e hídrica y un acceso limitado a la atención en salud. La mala administración y la corrupción gubernamental generalizada, la crisis humanitaria en Venezuela y los efectos del cambio climático han agudizado los problemas de inseguridad alimentaria y desnutrición. La Corte Constitucional de Colombia ha concluido que las actividades mineras en la región también han degradado la calidad del agua y el acceso a esta para algunas comunidades wayuu.

En enero de 2020, investigadores de Human Rights Watch y del Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins, basado en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, entrevistaron a más de 150 personas en La Guajira y en Bogotá, incluyendo miembros y autoridades del pueblo wayuu, exiliados venezolanos, funcionarios de Naciones Unidas y del gobierno colombiano, representantes de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, funcionarios de organismos humanitarios, personal de atención de la salud, docentes y científicos ambientales. Entre enero y junio, investigadores de Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria llevaron a

cabo otras 42 entrevistas telefónicas. También analizaron información y datos proporcionados por numerosos organismos gubernamentales, hospitales y organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, así como varios documentos judiciales y de la Fiscalía General de la Nación sobre investigaciones en materia de corrupción.

Con una población de al menos 270.000 personas, los wayuu son el grupo indígena más numeroso de Colombia. La gran mayoría vive en el departamento de La Guajira, que tiene un territorio parcialmente desértico. Casi todos viven en áreas rurales o poblados pequeños; sus fuentes de alimentos y de ingresos tradicionalmente han sido la agricultura de subsistencia, la búsqueda estacional de alimentos, la cría de cabras o la pesca. Muchos otros trabajan en el sector de turismo o en la minería de sal o carbón, elaboran artesanías y las venden, o dependen del comercio con Venezuela. Según un censo llevado a cabo por el gobierno en 2018, el 90 % de las personas en La Guajira trabajan en el sector informal, incluyendo los sectores de turismo, hotelería y comercio transfronterizo.

Si bien Colombia ha reducido la tasa nacional de mortalidad de menores de cinco años en los últimos cinco años, la tasa en La Guajira ha incrementado en ese periodo. En 2019, la tasa oficial de muertes por desnutrición entre niños menores de 5 años en La Guajira fue casi seis veces la tasa nacional. Es posible que la tasa real sea aún más alta, según señalaron médicos, enfermeros, funcionarios gubernamentales y trabajadores de organizaciones humanitarias. El gobierno no registra todas las muertes, en parte porque muchos niños y niñas mueren en sus hogares. Si bien la tasa de mortalidad infantil por desnutrición en Colombia ha disminuido notablemente en los últimos años, este índice tampoco ha mejorado en el departamento de La Guajira, que actualmente registra el mayor número de muertes infantiles por desnutrición en el país.

Este alto número de muertes responde en gran parte a la inseguridad alimentaria e hídrica y los obstáculos para el acceso a la atención de la salud. Estadísticas oficiales indican que solo el 4 % de los wayuu que viven en zonas rurales de La Guajira tienen acceso a agua limpia y los que residen en zonas urbanas reciben un servicio irregular. La última encuesta gubernamental sobre nutrición, realizada en 2015, concluyó que el 77 % de las familias indígenas de La Guajira están afectadas por la inseguridad alimentaria; es decir, que no cuentan con un acceso seguro y permanente a alimentos de calidad en cantidades suficientes para una vida saludable y activa.

Los centros médicos en La Guajira suelen estar a gran distancia de las comunidades indígenas y acceder a ellos resulta costoso para muchos wayuu, que en algunos casos deben viajar varias horas para recibir atención médica. Muchos niños y niñas enfermos no sobreviven el viaje o experimentan una recaída después de abandonar el centro de atención.

Solamente 3 de los 16 hospitales de La Guajira ofrecen atención en salud especializada para manejar casos complejos de desnutrición aguda. La Alta Guajira, una región del norte del departamento donde vive la mayor cantidad de población wayuu, tiene solamente un hospital que ofrece atención básica. Los niños que requieren atención más especializada deben ser transportados a Riohacha, la capital de La Guajira, lo cual suele requerir un viaje de varias horas desde las comunidades, siempre y cuando las condiciones de la carretera permitan la circulación.

En los últimos años, las autoridades gubernamentales han implementado una amplia gama de programas y políticas para abordar la crisis de desnutrición, incluyendo intentos de ampliar el acceso al agua. No obstante, Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins concluyeron que estos programas han presentado graves deficiencias y generado resultados limitados.

La corrupción gubernamental generalizada en La Guajira, especialmente en los contratos públicos y su ejecución, también está menoscabando los proyectos hídricos, los programas de alimentación escolar y los servicios de salud en el departamento. A través de 14 auditorías oficiales de programas de alimentación escolar en La Guajira, se determinó que se perdieron 30.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 10 millones) como consecuencia de la corrupción o una administración deficiente de los recursos. A pesar de los esfuerzos significativos de algunos funcionarios, en general las autoridades han logrado muy pocos avances para que los funcionarios corruptos de La Guajira rindan cuentas por sus delitos, lo cual prácticamente garantiza que continúe la corrupción, señaló Human Rights Watch. Un obstáculo importante es la cantidad limitada de fiscales, jueces e investigadores con que cuenta el departamento para perseguir la corrupción.

El Covid-19 introduce un nuevo desafío para los wayuu y para los limitados programas y servicios públicos en el departamento. Al 10 de agosto, las autoridades colombianas habían confirmado más de 2.700 casos de Covid-19 en La Guajira, incluidos 65 casos entre indígenas wayuu. En el contexto de acceso limitado a alimentos y agua, los efectos económicos y sanitarios de la pandemia de Covid-19 podrían ser devastadores para los wayuu si el virus alcanza una mayor expansión en la región, señalaron Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins. Las autoridades habían confirmado más de 397.000 casos de Covid-19 y 13.000 muertes en todo el país por esta enfermedad hasta el 10 de agosto de 2020.

El Covid-19 podría ser transmitido fácilmente dentro de las comunidades wayuu, muchas de las cuales carecen de acceso a un suministro continuo y suficiente de agua que les permita seguir las pautas básicas de higiene para prevenir la propagación del virus. Si se contagian, muchos wayuu no tendrán acceso seguro a un hospital.

A su vez, profesionales médicos, funcionarios y residentes locales afirman que las medidas de aislamiento en Colombia, que comenzaron en marzo y continúan al menos hasta el 30 de agosto, así como otras restricciones a la movilidad, limitan gravemente el acceso de los wayuu a alimentos.

De conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, el gobierno de Colombia tiene la obligación de asegurar, sin discriminación alguna, que todas las personas en el país gocen de un estándar de vida adecuado. Esto incluye como mínimo un suministro suficiente —físicamente accesible y asequible— y seguro de agua, acceso a alimentos nutritivos y a otros bienes esenciales que permiten una vida digna. Las normas internacionales de derechos humanos también protegen el derecho al disfrute del nivel más alto de salud posible y obligan a Colombia a asegurar que la atención médica sea accesible y asequible. Estos servicios deberían brindarse de modo que resulten culturalmente apropiados y tomen en cuenta las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas.

“La corrupción gubernamental en La Guajira, que en general queda impune, ha sido un factor clave en los problemas de acceso a agua, alimentos y servicios de salud que son esenciales para la supervivencia de muchos wayuu”, señaló Vivanco. “Las autoridades colombianas deben llevar ante la justicia a los responsables de la corrupción, así como asegurarse de manera urgente que la asistencia gubernamental llegue a los wayuu, especialmente durante la pandemia”.

A continuación, se presentan recomendaciones y un análisis de las medidas gubernamentales para abordar la crisis en La Guajira y combatir la corrupción.

Avances limitados en las acciones para garantizar el acceso a alimentos, agua y servicios de salud

En toda América Latina, la pobreza extrema, la degradación ambiental y la pérdida de tierras, territorios y acceso a alimentos tradicionales han contribuido a que las tasas de desnutrición entre los niños y las niñas indígenas dupliquen las de la población general. Durante años, informes sobre La Guajira han sugerido que el impacto desproporcionado de la desnutrición para los wayuu es incluso más agudo.

En La Guajira vive alrededor del 7 % de la población de Colombia, pero el departamento registra más del 20 % de las muertes por desnutrición en niños y niñas menores de 5 años. Según datos del gobierno, más del 75 % de las muertes por desnutrición en La Guajira corresponden a niños y niñas indígenas, aunque la población indígena representa el 42 % de la población del departamento.

La llegada masiva de ciudadanos venezolanos desde 2015 ha agravado la situación de los muy limitados sistemas de salud, agua y alimentos en el departamento, conforme lo señalaron médicos, docentes y funcionarios gubernamentales. La Guajira alberga al menos a 161.000 de los 1,8 millones de venezolanos que han migrado a Colombia, escapando de la crisis humanitaria y de derechos humanos en su país. Cientos de miles de exiliados venezolanos en Colombia atraviesan situaciones de inseguridad alimentaria. El gobierno colombiano y organizaciones humanitarias han adoptado medidas para brindarles apoyo en La Guajira, entre otras cosas, creando un albergue del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y otorgando algunos permisos de residencia temporal, pero estas medidas resultan insuficientes ante los enormes desafíos en el departamento.

En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno colombiano a adoptar medidas urgentes para garantizar al pueblo wayuu el derecho a acceder a alimentos, agua y atención de la salud en varios municipios de La Guajira. En sentencias de 2016 y 2017, la Corte Constitucional de Colombia ordenó al gobierno que abordara la crisis. En la sentencia de 2017, la corte determinó que, en parte por la inacción gubernamental, los wayuu habían experimentado una “vulneración generalizada, desproporcionada e injustificada de los derechos al agua, a la alimentación y a la salud”, y ordenó al gobierno que tomara medidas “urgentes y prioritarias” para asegurar que los niños y niñas wayuu tengan disponibilidad de alimentos, agua y servicios de atención de la salud accesibles y de calidad.

En febrero de 2017, el gobierno nacional intervino las entidades departamentales responsables del suministro de agua y de los servicios de salud y educación en La Guajira y nombró autoridades temporales del gobierno nacional para que se hicieran cargo de su administración y brindaran “orientación técnica”. El 2 de julio de 2020, el gobierno nacional restituyó la supervisión en materia de salud a las autoridades departamentales, pero los servicios de educación, alimentación y agua continúan bajo “intervención” hasta 2022.

El gobierno ha realizado esfuerzos para mejorar el acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios para los wayuu en el marco de la llegada masiva de exiliados venezolanos a La Guajira, pero ha tenido resultados limitados.

En los últimos cuatro años —salvo por una breve mejora en 2017— las estadísticas sobre niños y niñas de La Guajira que sufren desnutrición aguda no han registrado mejoras significativas. Según datos del gobierno, hubo 1.607 casos de desnutrición grave en La Guajira en 2019; 1.647 en 2018; 993 en 2017 y 1.661 en 2016. En 2019, se registraron 64 muertes relacionadas con la desnutrición, mientras que en 2018 hubo 105; en 2017, 50; en 2016, 85 y en 2015, 48. La tasa de desnutrición y de muertes por desnutrición en comparación con los nacimientos en el departamento tampoco ha mejorado significativamente desde 2016.

Las muertes de niños y niñas de menos de 5 años a causa de diarrea —a menudo vinculadas con acceso a agua contaminada o insuficiente para una buena higiene— han aumentado en los últimos años, según datos del gobierno. En 2019, 46 niños y niñas de menos de 5 años fallecieron por diarrea en el departamento; en 2018, 33; en 2017, 13; en 2016, 23 y en 2015, 6. Las muertes a causa de diarrea, al igual que las muertes por desnutrición, son en gran medida prevenibles. La desproporcionada tasa de muertes por desnutrición en La Guajira, que es cinco veces más alta que el promedio nacional, resalta el pobre acceso a agua y a saneamiento en el departamento.

Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins identificaron graves deficiencias en numerosos programas y políticas gubernamentales para abordar la desnutrición en La Guajira.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha establecido dos centros de recuperación en La Guajira para niños y niñas con desnutrición aguda. Además, ha creado unidades móviles para evaluar a los niños y niñas, en cada una de las cuales trabajan un profesional médico, un profesional de enfermería, un trabajador social y un promotor de atención de la salud. Entre 2015 y 2018, el gobierno amplió la cantidad de unidades de 4 a 10. Según cifras aportadas por el gobierno, en estas unidades se evaluaron 27.000 niños en 2018.

No obstante, una autoridad de salud local entrevistada en enero señaló que aproximadamente la mitad de los niños y las niñas con diagnóstico de desnutrición en el departamento no reciben asistencia en el marco de los programas de alimentos o tratamientos de ese organismo. A su vez, las unidades móviles del ICBF solamente funcionaron durante tres meses de 2019, y no han operado al menos entre enero y julio de 2020 debido a la falta de presupuesto, según señalaron funcionarios del organismo a Human Rights Watch.

La falta de familiaridad con los centros de salud y de conocimiento del idioma, así como antecedentes de discriminación y desatención, son otros factores que obstaculizan y limitan el acceso de los wayuu a los servicios de salud. Muchos wayuu hablan únicamente wayuunaiki y no dominan el español, no todos los trabajadores de atención de la salud hablan wayuunaiki y no siempre hay intérpretes disponibles.

El tratamiento por desnutrición puede requerir hospitalizaciones prolongadas, en particular para los niños que tienen tanto desnutrición aguda como otras enfermedades. Es posible que los padres y madres no estén habituados a permanecer en hospitales o en ciudades, o no estén a gusto con la idea de dejar a sus hijas e hijos enfermos con personal médico en el cual no confían, según señalaron autoridades de salud y residentes. Asimismo, residentes y personal médico destacaron que el costo que deben afrontar las familias para permanecer cerca de los hospitales mientras sus hijos se encuentran hospitalizados suele ser prohibitivo.

Las brechas en la cobertura de atención médica también provienen de las dificultades logísticas para llegar a comunidades remotas. Las opciones virtuales como los servicios de telesalud son difíciles de implementar debido a las limitaciones en el acceso a internet en el departamento.

Para aumentar la seguridad alimentaria para los niños y niñas en riesgo, el gobierno también ha invertido millones de dólares en programas de alimentación escolar desde 2014, incluyendo aproximadamente USD 18 millones en 2019. Pero los alimentos proporcionados a veces han sido demasiado escasos o no han estado en buenas condiciones, según señalaron autoridades de la comunidad wayuu, fiscales locales y trabajadores de asistencia regionales. En algunas oportunidades, los contratistas a cargo de alimentos no han tenido en cuenta a los cientos de niños y niñas provenientes de Venezuela y los docentes han tenido que fraccionar las comidas para cubrir las necesidades de esos niños.

Las iniciativas gubernamentales para llevar agua a las comunidades indígenas de La Guajira se están llevando a cabo a un ritmo lento, a pesar de que el agua se está volviendo progresivamente más escasa y su acceso es cada más importante. Las autoridades gubernamentales han creado pozos, puntos provisorios de suministro público de agua y acueductos para mejorar el acceso al agua de las comunidades. Como parte de un programa en el que participan múltiples organismos, la Alianza por el Agua y la Vida en la Guajira, que comenzó en 2015, el gobierno informó que había construido o reparado 249 “soluciones de agua” hasta fines de 2019, incluidos pozos que funcionan con energía solar y eólica, instalaciones para el almacenamiento de agua y algunos pozos entubados profundos.

Sin embargo, los residentes manifestaron que muchas “soluciones de agua” se han contaminado o dejado de funcionar debido a falta de mantenimiento y que algunas solo funcionan de modo intermitente, puesto que el funcionamiento de sus bombas depende de que haya viento. Indígenas wayuu, funcionarios gubernamentales y funcionarios de organismos humanitarios señalaron que el agua de estos pozos a veces está sucia, tiene color amarronado o verdoso, o un sabor salado. Human Rights Watch visitó varios pozos y jagüeyes—reservorios indígenas de agua a cielo abierto— en diversas comunidades y encontró que, si bien algunos funcionaban y eran accesibles, el agua era turbia en ciertos casos y había presencia de animales como cabras o perros, lo cual representa un riesgo de contaminación.

El Ministerio de Vivienda ha comenzado a instalar pilas públicas —puntos provisorios de suministro público de agua— como parte del proyecto Guajira Azul, que comenzó en 2018. Aunque estas pilas pueden brindar acceso al agua en este contexto de urgencia, no son soluciones permanentes. En lugar de establecer medidas provisorias, se deberían construir y mantener fuentes de agua potable seguras y sostenibles.

Las soluciones provisorias también están siendo implementadas a un ritmo lento: al mes de marzo, el Ministerio de Vivienda había finalizado solo uno de los 19 puntos provisorios de suministro de agua que planeaba construir con financiamiento de la cooperación internacional antes de 2022. También había obtenido financiamiento para otros cuatro, según informó un funcionario gubernamental de alto rango de La Guajira. Un funcionario local informó que el plan se encuentra interrumpido en la actualidad a causa de la pandemia.

Otra medida temporal que beneficia a algunas comunidades es la entrega de tanques de agua suministrados por el gobierno. No obstante, la entrega plantea dificultades porque las comunidades wayuu tienden a encontrarse dispersas en zonas rurales. Residentes y autoridades locales explicaron que las entregas a veces son infrecuentes y que en ocasiones deben caminar varias horas para obtener agua. Este sistema no puede garantizar la calidad del agua ni la ausencia de contaminación en los puntos de recolección o de uso, dada la falta de presupuesto suficiente para realizar un monitoreo y tratamiento del agua.

Las autoridades colombianas —incluyendo la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo— también han señalado graves falencias en la respuesta del gobierno ante la crisis. Un funcionario de la Procuraduría, un órgano independiente responsable de proteger los derechos humanos y supervisar las decisiones de los funcionarios gubernamentales, manifestó que “existe incumplimiento por parte de la mayoría de las entidades” para adoptar “medidas adecuadas y necesarias” para abordar la situación de La Guajira. De manera similar, la Defensoría del Pueblo concluyó en un informe de diciembre de 2019, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, que “[n]o se evidencian avances significativos en las medidas de largo plazo” que se necesitan para enfrentar la crisis.

Obstáculos al juzgamiento de hechos de corrupción

En 2016 y 2017, la Corte Constitucional de Colombia concluyó que la corrupción fue uno de los principales factores que afectaron el acceso de los niños y las niñas al agua, a los programas de alimentación escolar y a los servicios de salud en La Guajira. La corte determinó que la contratación de estos servicios fue realizada con poca transparencia y señaló que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría debían priorizar las medidas para sancionar la corrupción en el departamento.

En los casos sobre programas de salud y de alimentación que se encuentran actualmente bajo investigación, la Fiscalía estima que se han perdido más de 13.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 5 millones) desde el año 2014 a causa de la corrupción en el departamento. A través de 14 auditorías realizadas a programas de alimentación escolar en La Guajira, la Contraloría determinó que se habían perdido cerca de 30.000 millones de pesos (casi USD 10 millones) por razones de corrupción o mala administración. En la mayoría de estos casos, la corrupción se produjo en la ejecución de contratos de prestación de servicios de alimentación y atención de la salud. Dado que estas cifras solo reflejan investigaciones de un grupo limitado de casos, es probable el valor total de los fondos perdidos a causa de la corrupción en La Guajira sea mucho más alto.

En abril de 2020, la Fiscalía, que lleva adelante investigaciones penales, informó a Human Rights Watch que estaba adelantando al menos 28 investigaciones en La Guajira por apropiación indebida de fondos públicos que estaban destinados a servicios de alimentación y salud. Estas incluyen tres contra exgobernadores y cuatro contra exalcaldes. Al mes de marzo, 21 personas habían sido imputadas en casos de corrupción y al menos 13 —incluyendo un exgobernador y cinco contratistas privados— habían sido condenadas, según manifestó la Fiscalía.

Por ejemplo, en dos investigaciones relacionadas con programas del ICBF llevadas a cabo en 2015 y 2016, los investigadores determinaron que funcionarios de gobierno y empleados de un proveedor de salud privado se apropiaron indebidamente de aproximadamente 3.712 millones de pesos (cerca de USD 1,2 millones) destinados a planes para proporcionar alimentos y atención médica integral a más de 28.000 niños y niñas menores de 5 años y mujeres embarazadas o lactantes en 2015. Los fiscales comprobaron que se habían utilizado facturas falsas, inventado nombres falsos y realizado pagos de alquileres por el doble del valor real. Al mes de marzo, la Fiscalía había acusado a 17 personas, incluyendo funcionarios de alto rango del ICBF, algunos de los cuales actualmente están a la espera de un juicio.

En 2017, el entonces alcalde de Riohacha, un municipio de La Guajira, y su entonces secretaria de educación fueron imputados en otro caso por la apropiación indebida en 2016 de más de 1.000 millones de pesos colombianos (USD 385.000) de un plan para alimentar a más de 16.000 niños y niñas de escuelas en comunidades rurales e indígenas de Riohacha. La Fiscalía comprobó que se les había pagado dos veces a algunos contratistas y que había sobrecostos en el  transporte. Algunos alimentos no habían sido entregados y otros no eran “aptos para el consumo humano” o eran de “mala calidad”, según los fiscales a cargo del caso. La Fiscalía informó a Human Rights Watch que el exalcalde y la exsecretaria fueron imputados y enviados a prisión preventiva en febrero de 2017. Otras personas todavía están siendo investigadas como parte del caso.

También se han producido casos de corrupción relacionados con los servicios de agua en La Guajira. Por ejemplo, en noviembre de 2016 la Fiscalía logró la imputación de 11 personas, incluido un exalcalde de Riohacha, por corrupción en la construcción de un acueducto entre 2012 y 2014. El acueducto nunca funcionó y los fiscales estiman que se perdieron más de 12.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 3,9 millones) a causa de la corrupción.

Si bien los fiscales han iniciado y llevado a cabo muchas investigaciones sobre corrupción en La Guajira, estas y futuras investigaciones sobre corrupción en el departamento enfrentan grandes obstáculos.

Un obstáculo fundamental es la cantidad limitada de fiscales que se ocupan de la investigación y el procesamiento de casos de corrupción en La Guajira y el número excesivo de casos que tienen a su cargo, según manifestaron los fiscales a Human Rights Watch. De los 47 fiscales que actualmente trabajan en La Guajira, solamente dos se encargan de casos de corrupción de funcionarios públicos, ambos de ellos en Riohacha. Cada uno tiene más de 400 casos a su cargo, según señaló la Fiscalía.

La cantidad de investigadores que apoyan a los fiscales en su trabajo también es insuficiente. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el área de la Fiscalía que se encarga de brindar apoyo investigativo y forense a los fiscales en procesos penales, cuenta con aproximadamente 60 investigadores en La Guajira. Pero solamente tres de ellos trabajan en los más de 900 casos de corrupción que se encuentran en investigación en este momento. Solamente uno de los tres ha recibido alguna capacitación para llevar adelante investigaciones sobre corrupción. Ninguno tiene formación en contabilidad ni análisis financiero, habilidades que, según señalaron los fiscales, son necesarias para adelantar estas investigaciones.

Los riesgos de seguridad que enfrentan los fiscales e investigadores también han menoscabado su capacidad de investigar delitos. Varios fiscales manifestaron a Human Rights Watch que han recibido amenazas por llevar a cabo investigaciones en la región. En 2016, al menos seis fiscales y cuatro investigadores que manejaban casos de corrupción en La Guajira fueron transferidos a Bogotá porque su seguridad estaba en riesgo, según señalaron los fiscales.

Numerosas investigaciones se llevan a cabo en Bogotá, donde hay muchos más fiscales e investigadores, algunos de los cuales se especializan en investigar la corrupción. De hecho, muchos de los casos en que la Fiscalía de la Nación ha logrado avances sustanciales contra la corrupción en La Guajira han sido investigados por la Unidad Nacional Anticorrupción basada en Bogotá. No obstante, como regla general el derecho colombiano obliga a los fiscales en Bogotá a presentar estos casos ante los tribunales de La Guajira, que también son escasos y enfrentan importantes demoras y problemas por la carga de trabajo atrasado.

El Consejo Superior de la Judicatura, que tiene la responsabilidad de supervisar el trabajo de los jueces en todo el país, señaló que solo hay seis juzgados en La Guajira que se pueden ocupar de casos de corrupción. Al mes de junio, los juzgados manejaban un promedio de 1.000 casos y tenían solamente entre tres y cinco funcionarios cada uno. El departamento tiene un tribunal con dos salas penales, cada una con dos funcionarios, incluyendo al juez. Debido a la abrumadora cantidad de casos, las audiencias de casos de corrupción son programadas aproximadamente cada siete meses, lo cual causa demoras significativas, según señalaron fiscales, autoridades de la Fiscalía y un funcionario de la Procuraduría a Human Rights Watch.

Otros tipos de investigaciones sobre corrupción en La Guajira también han producido avances muy limitados.

La Procuraduría, que está a cargo de llevar adelante investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios públicos, ha logrado avances muy limitados —si es que alguno— en la investigación de hechos de corrupción en La Guajira. La Procuraduría informó a Human Rights Watch que ha iniciado 92 casos de corrupción en La Guajira desde 2016. Dos funcionarios gubernamentales han sido acusados, pero ninguno ha sido sancionado en procedimientos disciplinarios hasta el momento. Una razón clave que explica las demoras es la falta de personal suficiente. Un funcionario de la Procuraduría manifestó en marzo a Human Rights Watch que solo había un procurador a cargo de los casos de corrupción. Al mes de marzo, tenía aproximadamente 1.000 casos bajo su cargo, así como varias otras tareas.

La Contraloría, que puede sancionar a los funcionarios gubernamentales o a particulares que realicen una mala administración de los recursos públicos, también ha logrado resultados muy limitados. La Contraloría señaló en abril que había iniciado 28 investigaciones sobre corrupción en La Guajira desde 2016, incluyendo 21 que estaban relacionadas con programas de alimentación. En marzo, de esas 28 investigaciones, 23 seguían en curso y 3 se habían archivado.

En otros tres casos, la Contraloría archivó las investigaciones porque las personas investigadas devolvieron parte del dinero presuntamente robado o mal administrado. Entre las personas que están siendo investigadas hay 7 funcionarios gubernamentales, incluyendo dos exalcaldes, y al menos 21 contratistas, incluyendo varios de comunidades indígenas. En relación con casos de presuntas irregularidades en contratos de alimentación y atención en salud ocurridos 2016, la Contraloría había recuperado, hasta marzo de 2020, solamente 8 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 2.719) de los casi 6.400 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 2,1 millones) que esta entidad estima que se han perdido a causa de desmanejos y corrupción.

Recomendaciones

Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins instan al gobierno del presidente Iván Duque a adoptar medidas concretas para garantizar los derechos de los niños y niñas indígenas wayuu de La Guajira a tener acceso a alimentos, agua y atención de la salud, liderando iniciativas orientadas a lo siguiente:

  • Aumentar y orientar, de manera urgente, los esfuerzos para brindar alimentos, agua potable segura y elementos de higiene suficientes a las familias de La Guajira que están expuestas al mayor riesgo de desnutrición, particularmente mientras las escuelas estén cerradas debido a la pandemia o por otros motivos.
  • Asegurar que, en coordinación con autoridades indígenas, las comunidades wayuu reciban la ayuda financiera nacional y local prometida por el gobierno como parte del paquete de estímulo fiscal por el Covid-19 para Colombia. Los requisitos para la solicitud de asistencia deben ser comunicados de manera clara, en idioma wayuunaiki y en español, y deben ser diseñados de manera apropiada para evitar las barreras técnicas o burocráticas.
  • Brindar pruebas de Covid-19 y atención médica que sean accesibles y asequibles para todas las personas de La Guajira.
  • Garantizar a las comunidades wayuu el acceso inmediato a servicios de salud, lo cual incluye aumentar los fondos para reactivar las unidades móviles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para detectar y tratar la desnutrición; ofrecer asistencia, incluyendo subsidios al transporte de ida y vuelta a los hospitales; y brindar apoyo económico para que las personas accedan a servicios de salud y compren los medicamentos necesarios.
  • Integrar las creencias, las costumbres y los métodos tradicionales de las comunidades wayuu en las prácticas médicas y los centros de atención de la salud. Esto incluye trabajar junto con sanadores tradicionales, asegurar la disponibilidad de intérpretes de wayuunaiki y emplear servicios culturalmente apropiados en los centros médicos; por ejemplo, utilizar hamacas, en las cuales muchos wayuu están habituados a dormir, cuando resulte posible.
  • Priorizar planes para crear establecimientos de atención de la salud permanentes en comunidades wayuu o cerca de ellas, especialmente en la Alta Guajira.
  • Priorizar planes para fortalecer la conectividad del servicio de internet en zonas rurales a fin de implementar servicios de telesalud y mejorar el acceso a información y la consulta de servicios de salud, en coordinación con sanadores locales en quienes la comunidad confía y de conformidad con las normas culturales de los wayuu.
  • Ampliar las iniciativas relacionadas con medios de subsistencia en las comunidades wayuu, así como el apoyo para la extensión de actividades agrícolas, brigadas de salud animal y apoyo para cooperativas agropecuarias o establecimientos agrícolas comunitarios a corto plazo, y tomar medidas para monitorear y mitigar los efectos del cambio climático en La Guajira a largo plazo.
  • Agilizar el proyecto “Guajira Azul” del Ministerio de Vivienda para construir pilas públicas como una medida temporal en todo el territorio de La Guajira, orientando los esfuerzos particularmente a las comunidades expuestas a un mayor riesgo, y realizar mantenimiento de estas pilas de forma periódica.
  • Agilizar y dar prioridad a los planes para establecer y mantener sistemas permanentes de agua en las comunidades wayuu.
  • Ampliar la capacidad para registrar y brindar asistencia a los migrantes venezolanos que procuran obtener documentos de identidad y permisos.
  • Llevar a cabo un censo integral y una encuesta nutricional de las comunidades wayuu de la región para determinar la cantidad de casos de mortalidad infantil y desnutrición, así como el alcance de la migración venezolana, a fin de que esta información sea utilizada para definir políticas públicas orientadas a garantizar sus derechos.
  • Aumentar la cantidad de fiscales, jueces e investigadores que manejen las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas sobre corrupción en La Guajira, y brindarles protección y capacitación adecuada a estos funcionarios para investigar hechos de corrupción.
  • Intensificar los esfuerzos para prevenir la corrupción en La Guajira, incluyendo a través de presupuestos participativos y una supervisión comunitaria genuina, y garantizar procesos de contratación competitivos y transparentes.

La investigación y redacción de este informe fueron llevadas a cabo por personal de Human Rights Watch y del Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins. Los autores que forman parte de Human Rights Watch son  Hilary Rosenthal, la Leonard H. Sandler Fellow; Nathalye Cotrino, asistente de investigación; Juan Pappier, investigador de las Américas; y Tamara Taraciuk Broner, subdirectora de las Américas. Shannon Doocy, profesora asociada de Salud Internacional en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, y la Dra. Alia Sunderji, médica de emergencia pediátrica y MPH de Johns Hopkins, también son autoras de este informe.

Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2020/08/13/colombia-ninos-indigenas-en-riesgo-de-desnutricion-y-muerte

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