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Represión en Nicaragua

América Central/Nicaragua/26-07-2020/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec

Redacción MANAGUA

La represión gubernamental en Nicaragua «nunca ha cesado» desde mediados de 2018, cuando el presidente Daniel Ortega recurrió a ataques armados para silenciar protestas en su contra, según un informe presentado ayer en Managua y avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hasta ahora la CIDH ha reconocido 328 muertos en los ataques armados contra las manifestaciones contra Daniel Ortega en 2018.De acuerdo con el informe, elaborado por el grupo interdisciplinario Monitoreo Azul y Blanco, desde el 4 de julio de 2018 la represión gubernamental en Nicaragua ha producido 10.360 incidentes, entre los que se cuentan 410 asesinatos, mientras que unas 3.511 personas han sufrido detención arbitraria, 4.147 han recibido amenazas y 2.437 han sido agredidas.

17% HA aumentado la posibilidad de que una persona sea asesinada actualmente en la zona norte de Nicaragua.

41,5 % HA crecido la probabilidad de recibir hostigamiento.«La represión nunca ha cesado, sin embargo es cíclica y se acentúa en fechas claves», señaló en sus conclusiones el grupo Monitoreo Azul y Blanco, cuyos integrantes reciben denuncias y elaboran reportes, a veces de forma clandestina, para organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales.

La comisionada y relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, calificó el trabajo del grupo de monitoreo como «fundamental», especialmente después de que los delegados del organismo, incluyendo al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), fueron expulsados del país centroamericano, a fines de 2018. EFE

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102323307/represion-en-nicaragua-

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Declaración del Foro Venezolano por el Derecho a la Educación sobre desalojo de Residencia Estudiantil

Caracas, 25 de julio de 2020

 

Foro Venezolano por el Derecho a la Educación:

Repudio al desalojo de las residencias Estudiantes Livia Gouverneur. Solicitamos una explicación pública del Gobierno Nacional

 

El Foro Venezolano por el derecho a la Educación (FOVEDE), Integrante de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) observa con especial preocupación el desalojo que está afectando a les jóvenes que habitan las residencias estudiantiles Livia Gouverneur, ubicada en el centro de Caracas.

Es el pueblo estudiantil más humilde quien requiere del apoyo de estas residencias para poder estudiar y ser parte de la inclusión en los procesos educativos. En una situación nacional en la cual el criminal bloqueo norteamericano ha deteriorado de manera dramática la situación del pueblo trabajador, este desalojo se convierte en un despropósito.  Es momento de la unidad del pueblo trabajador y esta acción actúa en una dirección contraria.

Todes les jóvenes que habitan las residencias estudiantiles Livia Gouverneur son hijes de hombres y mujeres del pueblo. La precaria situación salarial de los y las trabajadoras hace imposible que puedan pagar un lugar de residencia para que sus hijes puedan estudiar. Por ello, el desalojo tiene el agravante de ser una medida contra los hijos de los y las trabajadoras.

Las residencias estudiantiles forman parte de las conquistas vinculadas al derecho a la educación. Durante la Cuarta República la crueldad, insensibilidad y autoritarismo de los gobiernos generó muertes en los desalojos de las residencia estudiantiles existentes en ese momento, acciones que eran “justificadas” por esos gobernantes, bajo la etiqueta de “razones políticas”. Todos fuimos testigos de cómo bajo el pretexto de sacar a los “revolucionarios” e “izquierdistas” de las residencias estudiantiles, se vejaba a jóvenes y en muchos casos se les asesinaba. El presidente Chávez siempre recordaba esa dramática situación como expresión del neoliberalismo en la educación.

Hasta la presente ningún funcionario del alto gobierno, a quienes les corresponde garantizar el derecho a la educación, se ha pronunciado al respecto. Por ello, respetuosamente solicitamos al Presidente Nicolás Maduro Moros una aclaratoria al respecto, y una clara directriz para que cese este atropello contra los y las jóvenes estudiantes.

 

 

Por el Foro Venezolano por el derecho a la educación

 

Luis Bonilla-Molina                           Lourdes Urbáez                     Rose Mary Hernández

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Semana de la mujer afrolatinoamericana: “Somos las que relevamos la historia de nuestro territorio y nuestras raíces”

En el Valle de Azapa, en la Región de Arica y Parinacota, fue donde se asentó durante la conquista la mayor población africana de Chile, invisibilizada durante décadas en nuestro país. Actualmente, sus descendientes aún rescatan las tradiciones y memorias de sus ancestros. En la semana de la mujer afrolatinoamericana, la presidenta de la organización Hijas de Azapa, Azeneth Báez (66), habla sobre la importancia de este valle, sus raíces y el rol de la mujer rural afrodescendiente.

“Nací y crecí en el Valle de Azapa, a pocos kilómetros de Arica, en una comunidad afrodescendiente. En esta zona somos muchas las familias descendientes de africanos que llegaron luego de la Conquista a trabajar como esclavos en las minas de plata –en cerro rico de Potosí, que actualmente pertenece a Bolivia– y se asentaron en este valle. Somos conscientes de que cada mujer del territorio fue una transmisora de la historia y la memoria a través de los relatos orales, práctica ancestral que viene de África y que nos ayuda a reafirmar nuestra identidad de generación en generación. La mujer afrodescendiente ha tenido que luchar la vida entera por salir de su estereotipo de mujer procreadora, mujer sexual para satisfacer el deseo de los hombres, mujer trabajadora para labores domésticas, mujer esclava. No se reconoce, pero nosotras hemos aportado mucho más que eso: somos las que relevamos la historia de nuestros territorios y raíces.

Mi mamá que fue la gran relatora de mi familia. No sabía cómo habían llegado los primeros, pero nos contaba de sus abuelos maternos y paternos, todos afrodescendientes. Desde ahí comenzamos a reconstruir nuestra historia. Luego, gracias al historiador de esta región Alberto Díaz y su libro Llegaron con cadenas, descubrí, en uno de los anexos, que mi bisabuelo había alcanzado a ser libre, no así mis tatarabuelos.

En la comunidad afrodescendiente, la mujer tiene un rol trascendental en la familia. Mi madre era la que ordenaba y mandaba, la que se preocupaba de la economía doméstica, de las labores y la formación de los niños, al igual que mi abuela. Tiene que ver con una noción ancestral que viene desde África, donde las mujeres tienen mucha importancia en su comunidad porque a través de ellas se desarrolla la sociedad. Mi madre nos contaba que mi abuelita y otras señoras salían en lomo de burro a vender a la ciudad las cosechas del campo. Imagínense el poder: más allá de lo simbólico, incidían en la economía. No solo eran dueñas de casa. Tenían el rol de sacar adelante a sus familias y lo hacían por amor.

Antes, las mujeres afrodescendientes de este valle tenían mínimo 10 hijos –mi madre tuvo 11– debido a la falta de anticonceptivos y lo alejadas que estaban de los servicios de salud. Pero como eran tan espirituales, sentían que los hijos eran valiosos y los criaban en tribu. En los hogares de los abuelos se criaban los nietos, los sobrinos y hasta niños sin lazos sanguíneos, porque se iban integrando personas que necesitaban cuidados. El clan que hicieron mis abuelos fue enorme y aunque se vivía de forma humilde, el hogar estaba lleno de riqueza y felicidad. La naturaleza y el campo entregar todo para criar y crecer.

Yo recién en 2000, gracias a la ONG Oro Negro, comencé a aceptar mis raíces y dejé de avergonzarme. A pesar de que conocía la historia de mi familia y estaba muy arraigada a las costumbres, desde niña me transmitieron que era mejor mestizarnos –como lo hizo mi madre con mi padre– y casarnos con un hombre blanco o chileno para asegurarnos un lugar en esta sociedad, que siempre ha sido muy racista y discriminatoria. Yo pensaba en mis hijos y no quería que sufrieran lo mismo que yo: discriminación en el colegio, en la calle, en el trabajo. Cuando era niña y me fui desde el valle a estudiar a Arica, me sentía un bicho raro entre tanta gente blanca y de pelo lacio, entonces alisaba el mío para tratar de adaptarme. Pero luego volví a mi valle, al terreno que me dejaron mis abuelos en la comunidad Pago Gómez, uno de los asentamientos de afrodescendientes más grandes desde los tiempos del virreinato. Aquí me siento bien. Las raíces a una la empujan. Trabajo, hace más de 30 años, en una empresa de producción de aceitunas.

Desde 2012 que participo en la organización de mujeres rurales afrodescendientes Hijas de Azapa –actualmente soy presidenta– y somos 15 mujeres, jóvenes y mayores, que trabajamos para visibilizar a nuestra comunidad y dignificar el rol de la mujer afro a través de redes con otras organizaciones y fondos culturales. El último que nos ganamos consiste en generar una serie de pinturas para retratar la historia de las comerciantes afroazapeñas que llegaban a Arica en burro. Como pueblo venimos hace años impulsando que se nos reconozca como una población importante en Chile, sobre todo en Arica y en el Valle de Azapa. Nunca hemos sido censados, entonces no tenemos indicadores de cuántos hay exactamente en esta zona. Y aunque logramos que se otorgara por ley reconocimiento a nuestras raíces, lamentablemente no está contemplada la visión de este territorio como uno ancestral para nosotros.

En el valle la fiesta principal de todas las familias afroazapeñas es la celebración de la Cruz de mayo, que más que un rito católico está ligado a nuestra propia religiosidad. Los africanos esclavos, aunque les quitaron el habla, la dignidad y la libertad, conservaron siempre su memoria, su religiosidad y mundo espiritual. Y aunque tomaron elementos del mundo europeo e indígena, encontraron en la Cruz de mayo un símbolo para venerar y recordar a sus ancestros, para conectarse con la tierra, con las cosechas y la naturaleza. Es una fecha donde celebramos nuestras costumbres y compartimos en familia. La cruz queda en un cerro del valle y a mis 66 años sigo subiéndolo como lo he hecho siempre. Tengo una necesidad profunda de encontrarme y reencontrarme con mis ancestros, con mi madre, con mis abuelos, y creo que mientras mi salud y mis piernas me lo permitan, seguiré haciéndolo”.

Fuente: https://www.latercera.com/paula/semana-de-la-mujer-afrolatinoamericana-somos-las-que-relevamos-la-historia-de-nuestro-territorio-y-nuestras-raices/

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Guatemala: Procurador de Derechos Humanos en riesgo de ser destituido

Congreso busca destitución del procurador por defender derechos de personas LGBT y el acceso al aborto.

El Congreso de Guatemala debe frenar urgentemente el esfuerzo de un importante número de legisladores por destituir al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, por defender los derechos de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) y el acceso al aborto, señaló hoy Human Rights Watch.

El 6 de julio de 2020, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso citó al procurador Rodas a una sesión plenaria “para que rinda cuentas sobre su actuar en el cargo y las acciones emprendidas durante su gestión”, debido a sus declaraciones públicas en apoyo a los derechos de las personas LGBT.

“Que algunos legisladores busquen destituir a la máxima autoridad de derechos humanos por hacer su trabajo muestra que no entienden qué significa proteger los derechos humanos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Despedir al procurador Rodas porque expresó el compromiso de defender los derechos de minorías y de las mujeres sería un gravísimo retroceso para Guatemala”.

En junio, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) usó la bandera arcoíris en las redes sociales para conmemorar el mes del Orgullo, celebrado globalmente en junio para conmemorar el inicio del movimiento por los derechos LGBT. La Procuraduría también difundió videos en los cuales insta al gobierno a cumplir con su obligación jurídica internacional de prevenir la violencia y la discriminación contra la comunidad LGBT, incluyendo en el acceso a la educación y al empleo.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso programó la sesión con el procurador Rodas en respuesta a una carta de la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, en la cual calificó al procurador de “influencer LGBT” que manifiesta una “deferencia muy peligrosa” hacia un movimiento minoritario con el que simpatiza. La Cámara Guatemalteca de la Educación, asociación integrada por centros educativos privados, también asumió una actitud homofóbica al condenar las publicaciones de la Procuraduría en redes sociales y alegar que “riñen” con los valores de la familia.

El procurador Rodas ha exhortado al Estado a cumplir con las recomendaciones internacionales sobre derechos sexuales y reproductivos a través de documentos oficiales y publicaciones en redes sociales. La diputada Marroquín de Palomo y organizaciones como la Asociación La Familia Importa (AFI) también han solicitado al Congreso que destituya al procurador Rodas, argumentando que no ha cumplido con lo establecido en un fallo de 2017 de la Corte Suprema de Justicia que ordena a la Procuraduría abstenerse de realizar actividades que apoyen o fomenten el aborto, presenten al aborto como un derecho o promuevan su legalización. La sentencia contraviene estándares internacionales de derechos humanos sobre derechos sexuales y reproductivos, y limita innecesaria e indebidamente las atribuciones del procurador al impedirle que se pronuncie públicamente sobre asuntos de relevancia nacional y cumpla con su función de proteger y promover los derechos humanos.

El procurador Rodas fue elegido por el Congreso en 2017. Para destituirlo se requiere el voto de las dos terceras partes del total de legisladores, es decir, 107 de 160.

El Congreso ha intentado destituir al procurador Rodas en dos oportunidades: en 2018, por participar en una marcha feminista pacífica, y en 2019, por haber supuestamente incumplido con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. Ambos intentos fracasaron.

Guatemala no cuenta con legislación integral contra la discriminación que proteja a la comunidad LGBT. Esto implica que empleadores, propietarios de viviendas de alquiler, centros de salud, escuelas y otras instituciones públicas y privadas no enfrentan sanción alguna si discriminan a personas LGBT. Tampoco hay ninguna ley que permita que las personas transgénero cambien su nombre ni su marcador de género en los documentos oficiales.

Ha habido varios intentos de legisladores guatemaltecos por vulnerar los derechos de personas LGBT, mujeres, niñas y personas embarazadas. El proyecto de “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, que se encuentra en trámite en el Congreso, ampliaría la penalización del aborto, limitaría la educación integral sexual y prohibiría el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como el matrimonio entre personas transgénero del sexo opuesto.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado la función que deben desempeñar las instituciones públicas en el rechazo a la discriminación y ha indicado que los Estados tienen la obligación jurídica internacional de adoptar las medidas que resulten necesarias “para hacer efectivos” los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los Principios de París de la ONU prevén que los Estados deben establecer instituciones nacionales de derechos humanos para darle visibilidad a las violaciones de derechos humanos y “promover y asegurar que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2020/07/22/guatemala-procurador-de-derechos-humanos-en-riesgo-de-ser-destituido#

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Los niños mestizos y segregados de la Francia colonial, una herida abierta

Durante el periodo colonial, miles de niños que nacieron de relaciones entre colonos y mujeres africanas fueron abandonados por sus padres y separados de sus madres por decisión del entonces gobernador de África Occidental Francesa (AOF), una federación que agrupaba ocho territorios, y llevados a orfanatos. En la actualidad, los llamados ‘bastardos de la República’ son adultos mayores y muchos se declaran víctimas de la colonización.

En 1903, el gobernador de la AOF, Ernest Roume, estableció la construcción de espacios exclusivos para internar a los niños nacidos de relaciones entre colonos y mujeres africanas. Estos menores fueron segregados y tildados de ‘bastardos de la República’, muchos fueron a parar en el Palacio de los Gobernadores de Bingerville.

Algunos de esos niños todavía viven. Uno de ellos, André Manket, tiene 90 años y recuerda con lágrimas lo que define como un secuestro. Él fue uno de los primeros en ser internados en el orfanato.

«Tenía siete años y estaba jugando, vinieron a buscarme en mi pueblo pesquero de Anono. Me llevaron por la fuerza, mi tía estaba llorando”, dice Manket, quien agrega que había heredado  el nombre de su padre, Guerard, pero este le fue retirado para ser identificado con el de su madre.

Una situación muy usual, de acuerdo con lo explicado por Ginette Brou, “pueden encontrar hombres mestizos con nombres femeninos, lo cual no tiene sentido”.

Niños del Estado, pero sin su reconocimiento 

«Es una aberración ¿Cómo podríamos ser ayer alumnos de la Nación y, por lo tanto, hijos del Estado francés, y no ser franceses hoy?», comenta Calile Sahily, presidente de una asociación que agrupa a niños del albergue para mestizos.

Para una parte de ellos, no está claro si el abandono de sus padres se debió a una decisión personal o fue bajo la presión de los colonizadores. Algunos colonos si llegaron a reconocer a sus descendientes, antes de que Francia se retirara de las colonias africanas.

«Tengo terrenos en Francia, pero no soy francés, los adquirí por herencia de mi papá, quien nunca me abandonó. Pero no sabía a dónde ir, estaba en el bosque, plantaba cacao», dijo Maurice Berthet.

El trauma sigue vivo para esos niños que hoy cuentan ya con avanzada edad. Algunos, reclaman a Francia no haber hecho más por ellos en su momento. «Éramos el hazmerreír de todos, nuestras madres fueron tratadas como prostitutas», explica Monique Yace.

Durante la independencia de Costa de Marfil, en 1960, la situación de esos niños nunca fue puesta en discusión, aunque todos se integraron muy bien dentro de la nueva sociedad.

«Los que han logrado obtener la nacionalidad francesa son aquellos que han tenido, antes de su mayoría de edad, una sentencia complementaria al certificado de nacimiento que especifica la presunción de su padre con orígen francés», explica Patricia Armand, abogada y nieta de un colono del que nunca pudo encontrar rastro.

Para muchos marfileños, Francia debería imitar el ejemplo de Bélgica que, en abril de 2019, presentó una disculpa pública hacia los niños de raza mixta nacidos en sus antiguas colonias.

Por ello, cinco mujeres mestizas, nacidas en el Congo belga, demandaron a Bélgica por crímenes contra la humanidad, argumentando secuestros sistemáticos de niños como los ocurridos en Costa de Marfil entre 1911 y 1960.

Fuente: https://www.france24.com/es/20200719-reporteros-ninos-colonizacion-africa-francia-costa-de-marfil

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Decálogo para la vuelta al cole (en septiembre)

Por: Jaume Carbonell

En cada lugar será distinta porque es difícil prever cual será el viaje del coronavirus: qué paradas realizará y con qué intensidad habitará en cada una de ellas. Toda cautela es poca pero la responsabilidad no puede derivar en miedos que nos paralicen e impidan el ejercicio de derechos tan fundamentales como el de la educación. Con el deseo que este se aplique con la máxima normalidad ahí van diez propuestas. (Igualmente son válidas en otros países con otro calendario lectivo).

1. El pleno derecho a la educación solo puede ser presencial.

Por encima de todo hay que atender el interés superior de la infancia (y, por extensión, el de la adolescencia y la juventud). Es el espacio donde se trabaja la igualdad de oportunidades, se desarrolla la educación integral, se opera el proceso de socialización y se combate el fracaso escolar. El profesorado ha de formarse y actualizarse al máximo con la tecnología, pero no para sustituir la presencialidad sino para enriquecerla, porque la modalidad online no es educación sino mero aprendizaje o instrucción. Es un recurso que cabría utilizar solo en casos extremos, muy extremos. Y no debería repetirse lo que sucedió en algunos países, donde las escuelas fueron el primer servicio en cerrar y el último en abrir.

2. El alumnado más vulnerable debe recibir una atención especial.

El período de excepcionalidad sin escuela ha agudizado las desigualdades educativas y, más en concreto, la brecha digital: falta de conectividad, carencias telemáticas por parte del alumnado, escaso apoyo docente o familiar, condiciones de habitabilidad,… Porque la COVID-19 sí entiende de clases sociales, y se ceba especialmente en la pobreza, donde el porcentaje de abandonos temporales es preocupante. Es preciso organizar todo tipo de apoyos y ayudas, dentro del horario escolar y extraescolar, para recuperar el tiempo perdido hasta donde sea posible. El reto es tan necesario como ambicioso: movilizar amplios recursos para que la educación inclusiva, que atiende a todas las diversidades, sea posible.

3. El cuidado de la salud integral de la infancia y la juventud.

A día de hoy se saben más cosas sobre el coronavirus. Una de ella es su baja o mínima afectación, según se mire, en la infancia. Numerosos estudios de pediatras así lo avalan. No por ello hay que bajar la guardia y las medidas preventivas y de control -las PCR entre otras- siempre serán imprescindibles, porque conviven con personas adultas y las cadenas de transmisión son múltiples y el riesgo cero nunca existe. Pero hay que atender su salud integral: física, mental, emocional y social. Son conocidas las secuelas psicológicas del confinamiento y del aislamiento en algunos países: estados de ansiedad e irritabilidad, lloros incontrolados, tristeza, obesidad,… A veces la falta de contacto físico y de abrazos es más perjudicial.

4. El acompañamiento emocional y la cura mutua.

Esto es lo que han hecho muchos docentes durante el confinamiento y lo que tendrán que continuar haciendo en período lectivo para cicatrizar las heridas antes descritas. Pero, más allá de esta emergencia, este acompañamiento requiere un cuidado continuo entre todos los agentes de la comunidad educativa. Es lo que mi amigo Julio Rogero llama la escuela de la cura mutua. Por supuesto que hay que cuidar al alumnado, pero también debe hacerlo el profesorado u otro personal del centro. Porque el bienestar emocional es una de tantas condiciones que favorece una mejor educabilidad. Con relaciones humanas más cercanas, empáticas, colaborativas y solidarias.

5. Vivir la naturaleza.

Este ha sido el bien más preciado del que no han gozado muchas infancias durante el confinamiento y, lamentablemente, del que siguen privados muchos centros. Los hay que siguen viviendo de espaldas a la naturaleza. Huelga comentar los beneficios que suponen para la salud, el poder respirar aire puro, la luz solar, el movimiento,… La historia de la renovación pedagógica es pródiga en ejemplos que ponen en relación las nuevas corrientes higienistas y ecológicas con las oportunidades que brinda el entorno natural tanto para el crecimiento en libertad como para la adquisición más sólida y vivencial de un buen número de conocimientos. ¡Lo que se aprende en la naturaleza! A veces se encuentra un poco lejos pero otras la tenemos al lado, sobre todo cuando se transforman los patios en jardines y bosquecillos.

6. Currículum: lo más prioritario.

No es mi intención entrar en el análisis de los contendidos de un currículo, con frecuencia, excesivamente rígido y sobrecargado, sino poner el foco en algunos que me parecen cultural y socialmente relevantes: los que conciernen a la condición humana, a los bienes comunes, a la libertad y la igualdad, al sufrimiento humano, a los Derechos Humanos, a la conciencia planetaria,… Los que nos ayudan a entender mejor en qué mundo vivimos y cómo se puede contribuir a transformarlo. Algo que se hace tratando de convertir la información en conocimiento y en pensamiento, formando mentes críticas y libres, donde el dominio de la palabra -el hábito y la comprensión lectora- constituye la herramienta más poderosa para acceder a estos y otros contenidos relevantes.

7. Ratios, tiempos y espacios.

Las situaciones de excepcionalidad son también oportunidades para introducir medidas de calidad. Una de ellas, largamente reivindicada, es la reducción del número de alumnos por aula con el fin de atender mejor la amplia diversidad de alumnado, la personalización de su aprendizaje y su acompañamiento tutorial. Pero hay otras, como la disponibilidad de nuevos espacios o la transformación de los ya existentes, empezando por el aula y terminando por el patio, para adecuarlos a las diversas tareas: trabajo colaborativo, investigación, experimentación, talleres y ambientes de aprendizaje, etc. Asimismo, se requiere una mayor flexibilidad de los tiempos horarios: estos deberían fijarse en función de cada actividad y no al revés.

8. Equipos docentes ampliados.

La actual pandemia, en tanto no remita, obliga a los centros a ampliar sus plantillas con personal de limpieza y enfermería: porque el profesorado no puede ni debe asumir esta responsabilidad sanitaria. Pero además de los maestros y maestras de grado y especialistas, hay otras figuras profesionales que, tanto ahora como en el futuro, tendrían que formar parte del equipo docente, pues son pocos los centros que disponen de ellas ya sea de forma exclusiva o compartida. Me refiero a orientadores, educadores sociales, logopedas, equipos psicopedagógicos, personal para atender alumnado con diversidades funcionales específicas,… Asimismo, se precisa una ampliación del personal administrativo para liberar a los equipos directivos de la sobrecarga de tareas burocráticas.

9. Complicidad y conciliación familiar.

Durante el confinamiento ha habido de todo: familias absolutamente desconectadas y abandonadas por parte de los centros y casos en los que se han generado nuevas complicidades y, sobre todo, nuevas necesidades que requieren una colaboración de confianza mutua entre escuela y familia. Hay que preguntarse si los actuales cauces de relación y participación son suficientes o habría también que explorar otras fórmulas más imaginativas, actualizadas y eficientes. Por otro lado, si algo ha supuesto el confinamiento ha sido la intensidad de la vida familiar, aunque como decíamos al principio en condiciones muy diversas, algunas ciertamente muy duras. Ello, no obstante, abre un debate recurrente: ¿no sería necesario modificar algunos horarios escolares -también los laborales, claro- para garantizar la tan demandada conciliación familiar?

10. El derecho a la educación, más allá de la escuela.

En el primer punto se ponía el énfasis en el derecho a la educación mediante la presencialidad escolar, como no puede ser de otra manera. Pero este derecho, para ser más amplio y efectivo, se complementa con el acceso a las actividades extraescolares, vacacionales y de otro tipo. Porque el conocimiento curricular se enriquece con la cultura del entorno, con la posibilidad de desarrollar diversas habilidades y de disfrutar del patrimonio artístico y natural. Por esto, el currículo escolar debería ofrecer estas otras oportunidades educativas a toda la población, con políticas de ayudas y becas para el alumnado socialmente más vulnerable.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/pedagogiasxxi/2020/07/15/decalogo-para-la-vuelta-al-cole-en-septiembre/

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En nuestros cuerpos habita la lucha antirracista

Por:  Zur

 

El pasado 4 de julio, las mujeres del Bloque Antirracista convocaron a una movilizaron en Gonzalo Ramirez y Yaro, en repudio al racismo en Uruguay, en la región y en el mundo, porque el colonialismo se dibuja de múltiples formas y porque no quieren que otres hablen por  y en nombre de elles.Compartimos la proclama colectiva leída en la actividad y la cobertura fotográfica de Rebelarte.


«Desde el Bloque Antirracista nos pronunciamos en contra de toda práctica racista, estructural, institucional y simbólica en Uruguay y en la región.

El pasado 25 de mayo de 2020, en la ciudad de Mineápolis, Minniesota (Estados Unidos), George Floyd fue asesinado como resultado de su arresto por parte de cuatro policías locales. Se le detuvo por la sospecha de haber utilizado un billete de 20 dólares falso. George era inocente, tenía 46 años.

Este actuar policial remite a casos anteriores como el caso de Breonna Tylor, el 13 de marzo 2020, de 26 años, técnica en emergencias médicas. Recibió 8 disparos, cuando los agentes ingresaron a su departamento en Kentuchy. Estaban realizando una orden de allanamiento por una investigación de drogas en su edificio, no encontraron nada.

No son casos aislados: basta investigar sucesos para darse cuenta que las manifestaciones de discriminación racial que vivimos les afrodescendientes no son anecdóticas sino que tejen relatos de una historia de violencia estructural, de larga data y sumamente legitimada en las formas de hacer política a nivel mundial.

El racismo culpabiliza, restringe,vulnera y mata.

Ser un hombre afro es sinónimo de peligro y desconfianza para la sociedad y para las instituciones, sin embargo, la realidad demuestra que ser un hombre negro implica estar más expuesto a riesgos, amenazas y represión de toda índole. En concreto, la represión policial se ceba con ellos y la presunción de inocencia no se aplica. Se les trata como culpables en todo momento y se les niegan sus derechos humanos.

El racismo cosifica, violenta, viola y mata.

Ser mujer afro es sumar a lo anterior un fetichismo exacerbado de nuestros cuerpos a través de una hiper sexualización y un despojo continuo de nuestra condición de personas, cosifi­cándonos y tratándonos como mercancía y objetos, reproduciendo lógicas capitalistas y machistas. Las consecuencias para las mujeres negras, base de la pirámide racial, son demoledoras, las opresiones y la violencia de todo tipo (emocional, sexual, física, económica y política) y desde todas las esferas (sociedad civil, instituciones) cobran más fuerza sobre nuestros cuerpos.

No es casual que sean las mujeres afro, las personas más perseguidas y asesinadas de todes les actores involucrades en los movimientos sociales. Se ejemplifica con los casos de las lideresas asesinadas como castigo ejemplarizante para acallar los movimientos sociales.

Estamos aquí en la calle, haciendo frente a ese racismo cotidiano, a la violencia policial, no sólo la norteamericana, la violencia policial y los crímenes policiales que suceden aquí en Uruguay y en la región. En Brasil tenemos el caso de Mical Silva, joven de 11 años baleado y asesinado en la ciudad de Salvador durante acción de la policía militar en el transcurso de este año, entre otros casos que no hacen más que evidenciar que la vida en dicha región no vale nada, y cuando es racializada se hace más evidente.

Las muertes de mujeres activistas y representantes de movimientos sociales que están siendo asesinadas en Brasil y en la región no pasa desapercibido por nosotres, compañeres de lucha. La muerte más cercana de la socióloga, feminista, política brasileña y militante de los derechos humanos, y concretamente de los derechos de las mujeres negras en Brasil, Marielle Franco, PRESENTE!

Los y las indígenas de nuestra región son otra de las caras de este racismo desmedido, que vienen siendo estigmatizados por muchísimos años y en diferentes planos. Los Pueblos Originarios y regiones donde habitan son los más afectados y más abandonados a suerte en el tratamiento de la pandemia por el COVID 19. Y no sólo por los gobiernos. En la propia población, la «sociedad civilizada» que supieron construir, que haciendo gala de una profunda ignorancia, falta de solidaridad, falta de conciencia de todo tipo, esgrime la excusa del virus para marcar «la diferencia» presentándose a la vieja y macabra lucha de pobres contra
pobres.

Nos imponen su cultura capitalista, cultura de la escasez, estimulando las peores características del ser humano, pretendiendo desalentar los valores vitales con el sentimiento que mejor han sabido sembrar: el miedo.

Este miedo que mueve estrategias políticas, que en Uruguay está cobrando fuerza. La Ley de urgente consideración (LUC) viene por todes.

La falta de un abordaje urgente en violencia de género y sobre las cuerpas racializadas están a la vista.

La Luc está lejos de profundizar sobre las urgencias de las mujeres y las mujeres afro en particular y sobre la violencia que vivimos. En la que también afecta a los y las migrantes que viven en nuestro país.

Nos preocupa cuáles van a ser las formas de violencia policial que vamos a seguir padeciendo con una ley que buscará profundizar la represión y la criminalización de las cuerpas de las mujeres y disidencias, sobre todo porque en este punto habrá un claro retroceso en Derechos Humanos.

Con la nueva Ley de Urgente Consideración (LUC) ¿qué garantías tenemos como mujeres afro si desde siempre hemos sido estigmatizadas? La habilitación de un desmedido y peligroso uso de la fuerza policial es inminente y nos deja desamparadas. Vulnera nuestro derecho a protesta, a manifestarnos libremente, nos criminaliza habilitando la represión con armas de fuego y legitimando la presunción de inocencia de los efectivos policiales.

Desde el Bloque Antirracista condenamos, repudiamos y nos unimos al dolor y las movilizaciones mundiales que están teniendo lugar por el asesinato de Floyd, pero:

Entendemos necesario y urgente que la sociedad uruguaya profundice y se interpele sobre las prácticas relacionadas con el racismo, la xenofobia y la discriminación. ¿Somos conscientes de que en Uruguay hay racismo? ¿Por qué Uruguay se moviliza y manifiesta ante casos de racismo extranjeros y no lo hace ante los casos denunciados en nuestras fronteras y en nuestro país?

Es algo que ineludiblemente hay que revisar, porque si no lo hacemos seguiremos señalando afuera, pero reproduciendo adentro el racismo que se expresa día a día en nuestra sociedad y en el seno del Estado uruguayo.

El primero de este mes, Gustavo Castro Mercada, joven afro, en situación de calle, muere de hipotermia. Le negaron el acceso a un refugio, lo sacan por la fuerza policial. La respuesta fue el aparato represivo del Estado. Esta vida negra, no importa?

Hace unas semanas, un programa radial de importante audiencia, se burla de personas afro de la ciudad de Rivera, llamándolos «africanitos y bahianos», esos dichos y burlas tampoco importan?

En 2018, se realizó una marcha que convocaba por justicia por el maltrato del joven afro con discapacidad en una estación de servicio. En este hecho los propios compañeros de trabajo, maltrataban al joven afro, atándolo y golpeándolo mientras decían «así tratamos a los negros en Uruguay». A esta marcha, MUY POCAS personas tomaron las calles para decir que esta vida negra importa.

Entonces, ¿Cuáles son los casos de racismo que nos conmueven? ¿Cuáles son las vidas que importan? ¿Son las vidas negras de Uruguay?

Repudiamos la represión policial y su consecuente violencia, la criminalización de la pobreza y la violencia étnico racial a la que nos vienen sometiendo los gobiernos neoliberales en la región. Sabemos que nuestras cuerpas racializadas se convierten en objetivo.

Estamos despiertas,estamos en alerta.

Es preciso que escuchen nuestra voz. Esa tarea implica revisar constantemente nuestras prácticas machistas y sobre todo racistas, ya que, sin revisión continuará existiendo la voluntad de que otres hablen por nosotres y en nombre de nosotres. El colonialismo se dibuja de múltiples formas.

Esta acción busca posicionarse ante la lucha antirracista en nuestro territorio, recordando las voces afros, migrantes e indígenas.

Sepan que, donde habitan nuestros cuerpos habita la lucha antirrracista!»

Fuente e imagen:  https://zur.uy/en-nuestros-cuerpos-habita-la-lucha-antirracista-2/

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