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Guatemala: Procurador de Derechos Humanos en riesgo de ser destituido

Congreso busca destitución del procurador por defender derechos de personas LGBT y el acceso al aborto.

El Congreso de Guatemala debe frenar urgentemente el esfuerzo de un importante número de legisladores por destituir al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, por defender los derechos de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) y el acceso al aborto, señaló hoy Human Rights Watch.

El 6 de julio de 2020, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso citó al procurador Rodas a una sesión plenaria “para que rinda cuentas sobre su actuar en el cargo y las acciones emprendidas durante su gestión”, debido a sus declaraciones públicas en apoyo a los derechos de las personas LGBT.

“Que algunos legisladores busquen destituir a la máxima autoridad de derechos humanos por hacer su trabajo muestra que no entienden qué significa proteger los derechos humanos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Despedir al procurador Rodas porque expresó el compromiso de defender los derechos de minorías y de las mujeres sería un gravísimo retroceso para Guatemala”.

En junio, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) usó la bandera arcoíris en las redes sociales para conmemorar el mes del Orgullo, celebrado globalmente en junio para conmemorar el inicio del movimiento por los derechos LGBT. La Procuraduría también difundió videos en los cuales insta al gobierno a cumplir con su obligación jurídica internacional de prevenir la violencia y la discriminación contra la comunidad LGBT, incluyendo en el acceso a la educación y al empleo.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso programó la sesión con el procurador Rodas en respuesta a una carta de la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, en la cual calificó al procurador de “influencer LGBT” que manifiesta una “deferencia muy peligrosa” hacia un movimiento minoritario con el que simpatiza. La Cámara Guatemalteca de la Educación, asociación integrada por centros educativos privados, también asumió una actitud homofóbica al condenar las publicaciones de la Procuraduría en redes sociales y alegar que “riñen” con los valores de la familia.

El procurador Rodas ha exhortado al Estado a cumplir con las recomendaciones internacionales sobre derechos sexuales y reproductivos a través de documentos oficiales y publicaciones en redes sociales. La diputada Marroquín de Palomo y organizaciones como la Asociación La Familia Importa (AFI) también han solicitado al Congreso que destituya al procurador Rodas, argumentando que no ha cumplido con lo establecido en un fallo de 2017 de la Corte Suprema de Justicia que ordena a la Procuraduría abstenerse de realizar actividades que apoyen o fomenten el aborto, presenten al aborto como un derecho o promuevan su legalización. La sentencia contraviene estándares internacionales de derechos humanos sobre derechos sexuales y reproductivos, y limita innecesaria e indebidamente las atribuciones del procurador al impedirle que se pronuncie públicamente sobre asuntos de relevancia nacional y cumpla con su función de proteger y promover los derechos humanos.

El procurador Rodas fue elegido por el Congreso en 2017. Para destituirlo se requiere el voto de las dos terceras partes del total de legisladores, es decir, 107 de 160.

El Congreso ha intentado destituir al procurador Rodas en dos oportunidades: en 2018, por participar en una marcha feminista pacífica, y en 2019, por haber supuestamente incumplido con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. Ambos intentos fracasaron.

Guatemala no cuenta con legislación integral contra la discriminación que proteja a la comunidad LGBT. Esto implica que empleadores, propietarios de viviendas de alquiler, centros de salud, escuelas y otras instituciones públicas y privadas no enfrentan sanción alguna si discriminan a personas LGBT. Tampoco hay ninguna ley que permita que las personas transgénero cambien su nombre ni su marcador de género en los documentos oficiales.

Ha habido varios intentos de legisladores guatemaltecos por vulnerar los derechos de personas LGBT, mujeres, niñas y personas embarazadas. El proyecto de “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, que se encuentra en trámite en el Congreso, ampliaría la penalización del aborto, limitaría la educación integral sexual y prohibiría el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como el matrimonio entre personas transgénero del sexo opuesto.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado la función que deben desempeñar las instituciones públicas en el rechazo a la discriminación y ha indicado que los Estados tienen la obligación jurídica internacional de adoptar las medidas que resulten necesarias “para hacer efectivos” los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los Principios de París de la ONU prevén que los Estados deben establecer instituciones nacionales de derechos humanos para darle visibilidad a las violaciones de derechos humanos y “promover y asegurar que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2020/07/22/guatemala-procurador-de-derechos-humanos-en-riesgo-de-ser-destituido#

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Los niños mestizos y segregados de la Francia colonial, una herida abierta

Durante el periodo colonial, miles de niños que nacieron de relaciones entre colonos y mujeres africanas fueron abandonados por sus padres y separados de sus madres por decisión del entonces gobernador de África Occidental Francesa (AOF), una federación que agrupaba ocho territorios, y llevados a orfanatos. En la actualidad, los llamados ‘bastardos de la República’ son adultos mayores y muchos se declaran víctimas de la colonización.

En 1903, el gobernador de la AOF, Ernest Roume, estableció la construcción de espacios exclusivos para internar a los niños nacidos de relaciones entre colonos y mujeres africanas. Estos menores fueron segregados y tildados de ‘bastardos de la República’, muchos fueron a parar en el Palacio de los Gobernadores de Bingerville.

Algunos de esos niños todavía viven. Uno de ellos, André Manket, tiene 90 años y recuerda con lágrimas lo que define como un secuestro. Él fue uno de los primeros en ser internados en el orfanato.

«Tenía siete años y estaba jugando, vinieron a buscarme en mi pueblo pesquero de Anono. Me llevaron por la fuerza, mi tía estaba llorando”, dice Manket, quien agrega que había heredado  el nombre de su padre, Guerard, pero este le fue retirado para ser identificado con el de su madre.

Una situación muy usual, de acuerdo con lo explicado por Ginette Brou, “pueden encontrar hombres mestizos con nombres femeninos, lo cual no tiene sentido”.

Niños del Estado, pero sin su reconocimiento 

«Es una aberración ¿Cómo podríamos ser ayer alumnos de la Nación y, por lo tanto, hijos del Estado francés, y no ser franceses hoy?», comenta Calile Sahily, presidente de una asociación que agrupa a niños del albergue para mestizos.

Para una parte de ellos, no está claro si el abandono de sus padres se debió a una decisión personal o fue bajo la presión de los colonizadores. Algunos colonos si llegaron a reconocer a sus descendientes, antes de que Francia se retirara de las colonias africanas.

«Tengo terrenos en Francia, pero no soy francés, los adquirí por herencia de mi papá, quien nunca me abandonó. Pero no sabía a dónde ir, estaba en el bosque, plantaba cacao», dijo Maurice Berthet.

El trauma sigue vivo para esos niños que hoy cuentan ya con avanzada edad. Algunos, reclaman a Francia no haber hecho más por ellos en su momento. «Éramos el hazmerreír de todos, nuestras madres fueron tratadas como prostitutas», explica Monique Yace.

Durante la independencia de Costa de Marfil, en 1960, la situación de esos niños nunca fue puesta en discusión, aunque todos se integraron muy bien dentro de la nueva sociedad.

«Los que han logrado obtener la nacionalidad francesa son aquellos que han tenido, antes de su mayoría de edad, una sentencia complementaria al certificado de nacimiento que especifica la presunción de su padre con orígen francés», explica Patricia Armand, abogada y nieta de un colono del que nunca pudo encontrar rastro.

Para muchos marfileños, Francia debería imitar el ejemplo de Bélgica que, en abril de 2019, presentó una disculpa pública hacia los niños de raza mixta nacidos en sus antiguas colonias.

Por ello, cinco mujeres mestizas, nacidas en el Congo belga, demandaron a Bélgica por crímenes contra la humanidad, argumentando secuestros sistemáticos de niños como los ocurridos en Costa de Marfil entre 1911 y 1960.

Fuente: https://www.france24.com/es/20200719-reporteros-ninos-colonizacion-africa-francia-costa-de-marfil

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Decálogo para la vuelta al cole (en septiembre)

Por: Jaume Carbonell

En cada lugar será distinta porque es difícil prever cual será el viaje del coronavirus: qué paradas realizará y con qué intensidad habitará en cada una de ellas. Toda cautela es poca pero la responsabilidad no puede derivar en miedos que nos paralicen e impidan el ejercicio de derechos tan fundamentales como el de la educación. Con el deseo que este se aplique con la máxima normalidad ahí van diez propuestas. (Igualmente son válidas en otros países con otro calendario lectivo).

1. El pleno derecho a la educación solo puede ser presencial.

Por encima de todo hay que atender el interés superior de la infancia (y, por extensión, el de la adolescencia y la juventud). Es el espacio donde se trabaja la igualdad de oportunidades, se desarrolla la educación integral, se opera el proceso de socialización y se combate el fracaso escolar. El profesorado ha de formarse y actualizarse al máximo con la tecnología, pero no para sustituir la presencialidad sino para enriquecerla, porque la modalidad online no es educación sino mero aprendizaje o instrucción. Es un recurso que cabría utilizar solo en casos extremos, muy extremos. Y no debería repetirse lo que sucedió en algunos países, donde las escuelas fueron el primer servicio en cerrar y el último en abrir.

2. El alumnado más vulnerable debe recibir una atención especial.

El período de excepcionalidad sin escuela ha agudizado las desigualdades educativas y, más en concreto, la brecha digital: falta de conectividad, carencias telemáticas por parte del alumnado, escaso apoyo docente o familiar, condiciones de habitabilidad,… Porque la COVID-19 sí entiende de clases sociales, y se ceba especialmente en la pobreza, donde el porcentaje de abandonos temporales es preocupante. Es preciso organizar todo tipo de apoyos y ayudas, dentro del horario escolar y extraescolar, para recuperar el tiempo perdido hasta donde sea posible. El reto es tan necesario como ambicioso: movilizar amplios recursos para que la educación inclusiva, que atiende a todas las diversidades, sea posible.

3. El cuidado de la salud integral de la infancia y la juventud.

A día de hoy se saben más cosas sobre el coronavirus. Una de ella es su baja o mínima afectación, según se mire, en la infancia. Numerosos estudios de pediatras así lo avalan. No por ello hay que bajar la guardia y las medidas preventivas y de control -las PCR entre otras- siempre serán imprescindibles, porque conviven con personas adultas y las cadenas de transmisión son múltiples y el riesgo cero nunca existe. Pero hay que atender su salud integral: física, mental, emocional y social. Son conocidas las secuelas psicológicas del confinamiento y del aislamiento en algunos países: estados de ansiedad e irritabilidad, lloros incontrolados, tristeza, obesidad,… A veces la falta de contacto físico y de abrazos es más perjudicial.

4. El acompañamiento emocional y la cura mutua.

Esto es lo que han hecho muchos docentes durante el confinamiento y lo que tendrán que continuar haciendo en período lectivo para cicatrizar las heridas antes descritas. Pero, más allá de esta emergencia, este acompañamiento requiere un cuidado continuo entre todos los agentes de la comunidad educativa. Es lo que mi amigo Julio Rogero llama la escuela de la cura mutua. Por supuesto que hay que cuidar al alumnado, pero también debe hacerlo el profesorado u otro personal del centro. Porque el bienestar emocional es una de tantas condiciones que favorece una mejor educabilidad. Con relaciones humanas más cercanas, empáticas, colaborativas y solidarias.

5. Vivir la naturaleza.

Este ha sido el bien más preciado del que no han gozado muchas infancias durante el confinamiento y, lamentablemente, del que siguen privados muchos centros. Los hay que siguen viviendo de espaldas a la naturaleza. Huelga comentar los beneficios que suponen para la salud, el poder respirar aire puro, la luz solar, el movimiento,… La historia de la renovación pedagógica es pródiga en ejemplos que ponen en relación las nuevas corrientes higienistas y ecológicas con las oportunidades que brinda el entorno natural tanto para el crecimiento en libertad como para la adquisición más sólida y vivencial de un buen número de conocimientos. ¡Lo que se aprende en la naturaleza! A veces se encuentra un poco lejos pero otras la tenemos al lado, sobre todo cuando se transforman los patios en jardines y bosquecillos.

6. Currículum: lo más prioritario.

No es mi intención entrar en el análisis de los contendidos de un currículo, con frecuencia, excesivamente rígido y sobrecargado, sino poner el foco en algunos que me parecen cultural y socialmente relevantes: los que conciernen a la condición humana, a los bienes comunes, a la libertad y la igualdad, al sufrimiento humano, a los Derechos Humanos, a la conciencia planetaria,… Los que nos ayudan a entender mejor en qué mundo vivimos y cómo se puede contribuir a transformarlo. Algo que se hace tratando de convertir la información en conocimiento y en pensamiento, formando mentes críticas y libres, donde el dominio de la palabra -el hábito y la comprensión lectora- constituye la herramienta más poderosa para acceder a estos y otros contenidos relevantes.

7. Ratios, tiempos y espacios.

Las situaciones de excepcionalidad son también oportunidades para introducir medidas de calidad. Una de ellas, largamente reivindicada, es la reducción del número de alumnos por aula con el fin de atender mejor la amplia diversidad de alumnado, la personalización de su aprendizaje y su acompañamiento tutorial. Pero hay otras, como la disponibilidad de nuevos espacios o la transformación de los ya existentes, empezando por el aula y terminando por el patio, para adecuarlos a las diversas tareas: trabajo colaborativo, investigación, experimentación, talleres y ambientes de aprendizaje, etc. Asimismo, se requiere una mayor flexibilidad de los tiempos horarios: estos deberían fijarse en función de cada actividad y no al revés.

8. Equipos docentes ampliados.

La actual pandemia, en tanto no remita, obliga a los centros a ampliar sus plantillas con personal de limpieza y enfermería: porque el profesorado no puede ni debe asumir esta responsabilidad sanitaria. Pero además de los maestros y maestras de grado y especialistas, hay otras figuras profesionales que, tanto ahora como en el futuro, tendrían que formar parte del equipo docente, pues son pocos los centros que disponen de ellas ya sea de forma exclusiva o compartida. Me refiero a orientadores, educadores sociales, logopedas, equipos psicopedagógicos, personal para atender alumnado con diversidades funcionales específicas,… Asimismo, se precisa una ampliación del personal administrativo para liberar a los equipos directivos de la sobrecarga de tareas burocráticas.

9. Complicidad y conciliación familiar.

Durante el confinamiento ha habido de todo: familias absolutamente desconectadas y abandonadas por parte de los centros y casos en los que se han generado nuevas complicidades y, sobre todo, nuevas necesidades que requieren una colaboración de confianza mutua entre escuela y familia. Hay que preguntarse si los actuales cauces de relación y participación son suficientes o habría también que explorar otras fórmulas más imaginativas, actualizadas y eficientes. Por otro lado, si algo ha supuesto el confinamiento ha sido la intensidad de la vida familiar, aunque como decíamos al principio en condiciones muy diversas, algunas ciertamente muy duras. Ello, no obstante, abre un debate recurrente: ¿no sería necesario modificar algunos horarios escolares -también los laborales, claro- para garantizar la tan demandada conciliación familiar?

10. El derecho a la educación, más allá de la escuela.

En el primer punto se ponía el énfasis en el derecho a la educación mediante la presencialidad escolar, como no puede ser de otra manera. Pero este derecho, para ser más amplio y efectivo, se complementa con el acceso a las actividades extraescolares, vacacionales y de otro tipo. Porque el conocimiento curricular se enriquece con la cultura del entorno, con la posibilidad de desarrollar diversas habilidades y de disfrutar del patrimonio artístico y natural. Por esto, el currículo escolar debería ofrecer estas otras oportunidades educativas a toda la población, con políticas de ayudas y becas para el alumnado socialmente más vulnerable.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/pedagogiasxxi/2020/07/15/decalogo-para-la-vuelta-al-cole-en-septiembre/

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En nuestros cuerpos habita la lucha antirracista

Por:  Zur

 

El pasado 4 de julio, las mujeres del Bloque Antirracista convocaron a una movilizaron en Gonzalo Ramirez y Yaro, en repudio al racismo en Uruguay, en la región y en el mundo, porque el colonialismo se dibuja de múltiples formas y porque no quieren que otres hablen por  y en nombre de elles.Compartimos la proclama colectiva leída en la actividad y la cobertura fotográfica de Rebelarte.


«Desde el Bloque Antirracista nos pronunciamos en contra de toda práctica racista, estructural, institucional y simbólica en Uruguay y en la región.

El pasado 25 de mayo de 2020, en la ciudad de Mineápolis, Minniesota (Estados Unidos), George Floyd fue asesinado como resultado de su arresto por parte de cuatro policías locales. Se le detuvo por la sospecha de haber utilizado un billete de 20 dólares falso. George era inocente, tenía 46 años.

Este actuar policial remite a casos anteriores como el caso de Breonna Tylor, el 13 de marzo 2020, de 26 años, técnica en emergencias médicas. Recibió 8 disparos, cuando los agentes ingresaron a su departamento en Kentuchy. Estaban realizando una orden de allanamiento por una investigación de drogas en su edificio, no encontraron nada.

No son casos aislados: basta investigar sucesos para darse cuenta que las manifestaciones de discriminación racial que vivimos les afrodescendientes no son anecdóticas sino que tejen relatos de una historia de violencia estructural, de larga data y sumamente legitimada en las formas de hacer política a nivel mundial.

El racismo culpabiliza, restringe,vulnera y mata.

Ser un hombre afro es sinónimo de peligro y desconfianza para la sociedad y para las instituciones, sin embargo, la realidad demuestra que ser un hombre negro implica estar más expuesto a riesgos, amenazas y represión de toda índole. En concreto, la represión policial se ceba con ellos y la presunción de inocencia no se aplica. Se les trata como culpables en todo momento y se les niegan sus derechos humanos.

El racismo cosifica, violenta, viola y mata.

Ser mujer afro es sumar a lo anterior un fetichismo exacerbado de nuestros cuerpos a través de una hiper sexualización y un despojo continuo de nuestra condición de personas, cosifi­cándonos y tratándonos como mercancía y objetos, reproduciendo lógicas capitalistas y machistas. Las consecuencias para las mujeres negras, base de la pirámide racial, son demoledoras, las opresiones y la violencia de todo tipo (emocional, sexual, física, económica y política) y desde todas las esferas (sociedad civil, instituciones) cobran más fuerza sobre nuestros cuerpos.

No es casual que sean las mujeres afro, las personas más perseguidas y asesinadas de todes les actores involucrades en los movimientos sociales. Se ejemplifica con los casos de las lideresas asesinadas como castigo ejemplarizante para acallar los movimientos sociales.

Estamos aquí en la calle, haciendo frente a ese racismo cotidiano, a la violencia policial, no sólo la norteamericana, la violencia policial y los crímenes policiales que suceden aquí en Uruguay y en la región. En Brasil tenemos el caso de Mical Silva, joven de 11 años baleado y asesinado en la ciudad de Salvador durante acción de la policía militar en el transcurso de este año, entre otros casos que no hacen más que evidenciar que la vida en dicha región no vale nada, y cuando es racializada se hace más evidente.

Las muertes de mujeres activistas y representantes de movimientos sociales que están siendo asesinadas en Brasil y en la región no pasa desapercibido por nosotres, compañeres de lucha. La muerte más cercana de la socióloga, feminista, política brasileña y militante de los derechos humanos, y concretamente de los derechos de las mujeres negras en Brasil, Marielle Franco, PRESENTE!

Los y las indígenas de nuestra región son otra de las caras de este racismo desmedido, que vienen siendo estigmatizados por muchísimos años y en diferentes planos. Los Pueblos Originarios y regiones donde habitan son los más afectados y más abandonados a suerte en el tratamiento de la pandemia por el COVID 19. Y no sólo por los gobiernos. En la propia población, la «sociedad civilizada» que supieron construir, que haciendo gala de una profunda ignorancia, falta de solidaridad, falta de conciencia de todo tipo, esgrime la excusa del virus para marcar «la diferencia» presentándose a la vieja y macabra lucha de pobres contra
pobres.

Nos imponen su cultura capitalista, cultura de la escasez, estimulando las peores características del ser humano, pretendiendo desalentar los valores vitales con el sentimiento que mejor han sabido sembrar: el miedo.

Este miedo que mueve estrategias políticas, que en Uruguay está cobrando fuerza. La Ley de urgente consideración (LUC) viene por todes.

La falta de un abordaje urgente en violencia de género y sobre las cuerpas racializadas están a la vista.

La Luc está lejos de profundizar sobre las urgencias de las mujeres y las mujeres afro en particular y sobre la violencia que vivimos. En la que también afecta a los y las migrantes que viven en nuestro país.

Nos preocupa cuáles van a ser las formas de violencia policial que vamos a seguir padeciendo con una ley que buscará profundizar la represión y la criminalización de las cuerpas de las mujeres y disidencias, sobre todo porque en este punto habrá un claro retroceso en Derechos Humanos.

Con la nueva Ley de Urgente Consideración (LUC) ¿qué garantías tenemos como mujeres afro si desde siempre hemos sido estigmatizadas? La habilitación de un desmedido y peligroso uso de la fuerza policial es inminente y nos deja desamparadas. Vulnera nuestro derecho a protesta, a manifestarnos libremente, nos criminaliza habilitando la represión con armas de fuego y legitimando la presunción de inocencia de los efectivos policiales.

Desde el Bloque Antirracista condenamos, repudiamos y nos unimos al dolor y las movilizaciones mundiales que están teniendo lugar por el asesinato de Floyd, pero:

Entendemos necesario y urgente que la sociedad uruguaya profundice y se interpele sobre las prácticas relacionadas con el racismo, la xenofobia y la discriminación. ¿Somos conscientes de que en Uruguay hay racismo? ¿Por qué Uruguay se moviliza y manifiesta ante casos de racismo extranjeros y no lo hace ante los casos denunciados en nuestras fronteras y en nuestro país?

Es algo que ineludiblemente hay que revisar, porque si no lo hacemos seguiremos señalando afuera, pero reproduciendo adentro el racismo que se expresa día a día en nuestra sociedad y en el seno del Estado uruguayo.

El primero de este mes, Gustavo Castro Mercada, joven afro, en situación de calle, muere de hipotermia. Le negaron el acceso a un refugio, lo sacan por la fuerza policial. La respuesta fue el aparato represivo del Estado. Esta vida negra, no importa?

Hace unas semanas, un programa radial de importante audiencia, se burla de personas afro de la ciudad de Rivera, llamándolos «africanitos y bahianos», esos dichos y burlas tampoco importan?

En 2018, se realizó una marcha que convocaba por justicia por el maltrato del joven afro con discapacidad en una estación de servicio. En este hecho los propios compañeros de trabajo, maltrataban al joven afro, atándolo y golpeándolo mientras decían «así tratamos a los negros en Uruguay». A esta marcha, MUY POCAS personas tomaron las calles para decir que esta vida negra importa.

Entonces, ¿Cuáles son los casos de racismo que nos conmueven? ¿Cuáles son las vidas que importan? ¿Son las vidas negras de Uruguay?

Repudiamos la represión policial y su consecuente violencia, la criminalización de la pobreza y la violencia étnico racial a la que nos vienen sometiendo los gobiernos neoliberales en la región. Sabemos que nuestras cuerpas racializadas se convierten en objetivo.

Estamos despiertas,estamos en alerta.

Es preciso que escuchen nuestra voz. Esa tarea implica revisar constantemente nuestras prácticas machistas y sobre todo racistas, ya que, sin revisión continuará existiendo la voluntad de que otres hablen por nosotres y en nombre de nosotres. El colonialismo se dibuja de múltiples formas.

Esta acción busca posicionarse ante la lucha antirracista en nuestro territorio, recordando las voces afros, migrantes e indígenas.

Sepan que, donde habitan nuestros cuerpos habita la lucha antirrracista!»

Fuente e imagen:  https://zur.uy/en-nuestros-cuerpos-habita-la-lucha-antirracista-2/

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CLADE: Especialistas reclaman un nuevo pacto de justicia socioambiental y económica para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe

Por: Thais Iervolino.

En un evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 2020, representantes de Estados, organizaciones y redes de sociedad civil de la región analizaron las respuestas a los impactos socioeconómicos del COVID-19.

44 millones de personas sin empleo, 230 millones de personas en situación de pobreza y 96 millones viviendo en condiciones de pobreza extrema. Ese fue el escenario presentado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al analizar los impactos de la pandemia en la región.

Bárcena expuso en el evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 2020 (HLPF, por sus siglas en inglés), que se desarrolla virtualmente este mes de julio y se denomina “La Agenda 2030 en el nuevo contexto global y regional: escenarios y proyecciones para América Latina y el Caribe en la crisis actual”. El evento fue organizado el 10 de julio por la CEPAL y la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La secretaria ejecutiva de la CEPAL instó los Estados a garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia con respeto a los derechos humanos y con base en una gobernanza democrática, y subrayó la importancia de extender el apoyo financiero a los países de ingreso medio a través de mayor liquidez (derechos especiales de giro), financiamiento concesional y alivio a la deuda, especialmente a los países del Caribe. “Debemos avanzar hacia una mayor integración regional frente a una geografía económica global distinta”, subrayó.

Junto a Alicia Bárcena también participó del evento Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en nombre del Mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda 2030 y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Laura Giannecchini: «Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas»

Para Laura Giannecchini, la pandemia del COVID-19 desnudó y profundizó tendencias que la CLADE y otras organizaciones y movimientos sociales habían observado en la región, como el estancamiento o regresión económica, el aumento de la pobreza y de las desigualdades, el debilitamiento de los sistemas públicos de educación, salud y protección social, y el crecimiento de tendencias autoritarias.

“Creemos que esta crisis sanitaria, que es también económica, social y política, pone en evidencia la urgencia de un cambio radical en la acción de nuestros gobiernos, camino a la adopción de nuevos modelos de desarrollo. Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas”, afirmó.

En su exposición, elaborada a partir de reflexiones colectivas que tuvieron lugar en el Marco del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil y que culminaron el la declaración «América Latina y el Caribe: Pocos avances y nuevos desafíos para la Agenda 2030lanzada en mayo del 2020″, Giannecchini destacó la importancia de realizar ocho cambios para mitigar los impactos de la crisis a la hora de garantizar los derechos humanos. Entre ellos están: la necesidad de fortalecer los sistemas democráticos, incorporando a los movimientos sociales, colectivos de la sociedad civil y poblaciones históricamente excluidas del debate y de la toma de decisión en las políticas públicas; la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de educación, salud y protección social; la contención del avance de los fundamentalismos religiosos en los espacios políticos, que niegan evidencias científicas, fomentando el odio y dificultando la implementación de políticas con perspectiva de derechos; y el establecimiento de un compromiso financiero, político y normativo de largo plazo, y de cooperación internacional, para asegurar el cumplimiento integral de la Agenda 2030.

“Consideramos que es hora de establecer un nuevo pacto de justicia socioambiental y económica para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Un pacto de desarrollo inclusivo, que coloque a las personas en el centro, e inste a los Estados a la acción, de manera que podamos salir de esta pandemia con nuevos paradigmas, basados en la solidaridad, la felicidad y en el bienestar de todas y todos”, subrayó.

Además de Bárcena y Giannecchini, intervinieron en el evento el embajador Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU; Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica; Luz Keila Gramajo Vílchez, secretaria de Planificación de Guatemala; y Markova Concepción Jaramillo, comisionada presidencial para el Examen Nacional Voluntario y representante permanente designada de Panamá ante la ONU. Participaron también Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia y Rochelle Whyte, asesora técnica superior del director general del Instituto de Planificación de Jamaica.

Mira la grabación del panel con la exposición de todos los participantes:

Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/especialistas-reclaman-un-nuevo-pacto-de-justicia-socioambiental-y-economica-para-los-pueblos-de-latinoamerica-y-el-caribe/

 

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Cuba festeja Día de los Niños con la garantía de sus derechos

Centroamérica/Cuba/19 Julio 2020/prensa-latina.cu

Cuba festeja hoy el Día de los Niños con la garantía de sus derechos, en especial el acceso universal y gratuito a los servicios de salud y la educación.
Las celebraciones no tendrán en esta ocasión la masividad de años anteriores, debido a las limitaciones que impone la Covid-19, aunque la isla mantiene controlada la epidemia y ha dedicado especial cuidado a la atención de los infantes.

En ese sentido, el presidente Miguel Díaz-Canel, al referirse el pasado jueves ante el Consejo de Ministros a los logros del país en el enfrentamiento al nuevo coronavirus, destacó que ‘consuela y anima’ que no haya fallecido ningún niño por la enfermedad.

En materia de salud, la isla se encuentra en la posición 35 entre las naciones con la tasa de mortalidad infantil más baja del mundo, con cinco por cada mil nacidos vivos.

Ello se suma a una tasa de supervivencia, en los primeros cinco años de vida, por encima del 99 por ciento, sostenida durante los últimos 20 años, según estadísticas del Ministerio de Salud Pública.

El Programa Nacional de Inmunización garantiza, además, una cobertura de vacunación de casi el 100 por ciento, incluidas vacunas contra 13 enfermedades, entre las que figuran seis que permanecen erradicadas.

En el ámbito de la educación, el pasado mes de junio la Unesco reconoció el liderazgo de la nación caribeña, por la calidad de la enseñanza, la inclusión y en particular por integrar al 99,5 por ciento de los niños menores de seis años al sistema educacional.

La mayor de las Antillas es signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño y su Constitución protege a este sector poblacional, para el cual establece el interés superior de los menores en las decisiones y actos que les conciernan.

La Carta Magna igualmente los resguarda contra todo tipo de violencia.

El mandatario cubano, a propósito del Día Internacional de la Infancia, el primero de junio, sostuvo que el Gobierno de la nación caribeña continuará defendiendo los derechos de los niños frente a cualquier circunstancia.

A pesar del bloqueo estadounidense, recrudecido y multiplicado con nuevas medidas, nada ha quebrado la voluntad de acero del país de proteger los derechos humanos y en particular los de los infantes, afirmaron en igual fecha miembros del Parlamento.

Cuba celebra el Día de los niños el tercer domingo de julio, fecha en la cual habitualmente se desarrollan numerosas actividades en todo el territorio nacional.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=382814&SEO=cuba-festeja-dia-de-los-ninos-con-la-garantia-de-sus-derechos
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Mujeres de América Latina ‘bajo presión’ para aceptar cesáreas durante la pandemia

Mujeres que dieron a luz en medio de la pandemia de COVID-19 en América Latina enfrentaron una presión creciente en favor de las cesáreas, revela una nueva investigación de openDemocracy, publicada este jueves 16 de julio.

La investigación encontró además múltiples reportes de maltrato, prohibiciones de acompañante y negativas de asistencia en casos de emergencia – pese a la existencia de leyes contra la “violencia obstétrica” y la “medicalización abusiva” en varios países.

América Latina ya tenía la mayor tasa de cesáreas del mundo, estimada en 40% de todos los nacimientos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no sobrepasen el 15% e insiste en que solo deben practicarse cuando las justifican razones médicas.

La OMS reiteró esta recomendación en sus pautas sobre el parto durante la pandemia publicadas en marzo, y añadió además que las mujeres deben contar con una compañía de su elección al parir, recibir un trato digno y respetuoso, información clara, analgesia adecuada y apoyo para amamantar si lo desean.

La práctica de cesáreas, inducciones, episiotomías y otros procedimientos que no sean médicamente necesarios, o que no cuenten con consentimiento informado, está prohibida por leyes nacionales o estadales contra la violencia obstétrica en por lo menos ocho países latinoamericanos, entre ellos ArgentinaEcuadorMéxicoUruguay y Venezuela.

La mayoría de estas leyes garantizan una compañía en el parto, cohabitación con el recién nacido y apoyo para amamantar. Pero activistas por la salud materna aseguran que ni esas normas ni las pautas de la OMS eran suficientes para proteger estos derechos incluso antes de la COVID-19. Y la pandemia no hizo más que empeorar las cosas.

En Argentina, Margarita Goñi, del grupo activista El Parto es Nuestro (EPEN), dijo que “en marzo y las primeras semanas de abril”, cuando el gobierno decretó el aislamiento obligatorio, en algunos hospitales “se comenzó a citar a inducción o directamente a cesárea por estar de 38 semanas de embarazo”, si bien las pautas del propio ministerio de salud establecen que “es importante evitar cesáreas injustificadas”.

Violeta Osorio, del grupo de derechos humanos Las Casildas, agregó: “Se le dice a las embarazadas que es mejor programar una cesárea a entrar en trabajo de parto en el medio de un pico de COVID-19. Pero esto es contradictorio con la necesidad de no saturar el sistema de salud, dado que una cesárea implica más tiempo de internación e insumos”.

En Ecuador, Sofía Benavides (también de EPEN) dijo que su grupo reunió testimonios de 26 mujeres que dieron a luz durante el brote de COVID-19. Trece de ellas dijeron que se vieron obligadas a parir “solas” por las restricciones que prohibieron los acompañantes, y quince dijeron que no pudieron tener contacto temprano piel con piel con los recién nacidos.

Benavides también describió que una clínica privada “ofrecía: ‘vienes sola, se te practica una cesárea, no te damos habitación, te mantenemos en zona de observación y te cobramos 1.200 dólares’. Lo único bueno es que le permiten permanecer con el bebé”.

En México, el ginecólogo y obstetra Christian Mera, del Grupo Médico Proparto Natural, prevé que las estadísticas mostrarán “en abril y mayo un aumento en las cesáreas”, impulsado por “el miedo a que se saturen los hospitales”, un miedo “contradictorio porque la cesárea tiene mayores riesgos y, en el caso del COVID-19, se suma el riesgo de la hospitalización e infección”, observó.

En toda la región, “los niveles de cesáreas han llegado a ser extremadamente altos, incluso en las mujeres sin COVID-19”, dijo a openDemocracy Bremen de Mucio, asesor regional en salud materna de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En Uruguay, que a mediados de julio registraba alrededor de 1.000 casos de COVID-19 y una treintena de muertes, el ministerio de salud fue acusado de hacer la vista gorda cuando varios centros de salud suspendieron temporalmente los acompañantes en partos, contraviniendo la ley.

En Venezuela, dos mujeres jóvenes que dieron a luz en mayo en maternidades públicas de Caracas, reportaron haber permanecido “solas” y “asustadas” hasta que les dieron el alta, luego de pasar por procedimientos sobre los que no las consultaron, como ruptura artificial de membranas (lo que se conoce como romper bolsa), inducción y episiotomía (corte en la abertura vaginal).

Solas y mal informadas

A partir de marzo, openDemocracy entrevistó a decenas de mujeres y organizaciones no gubernamentales, parteras y obstetras de Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, que detallaron experiencias de parto en la pandemia que parecen infringir tanto las pautas internacionales como las leyes locales.

La mayoría de las mujeres dijeron que debieron parir sin acompañantes de su confianza, prohibidos por la COVID-19. Esto “multiplica el riesgo de maltrato” en países donde la violencia obstétrica “siempre está presente”, advirtió la partera mexicana Nuria Landa, del grupo Nueve Lunas.

Varias mujeres denunciaron asimismo abuso verbal de un personal hospitalario sobreexigido, mientras otras parturientas dijeron que fueron separadas de sus bebés y no pudieron amamantarlos.

“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”

Las infracciones a la guía de la OMS y a las leyes se presentan tanto en hospitales públicos como privados. “No nos trataron con dignidad”; así es como Lidia Cordero describe lo que sintió al quedarse sola en trabajo de parto en una sala de emergencias de un hospital público de Huixquilucan, México, donde asegura que no le dieron información necesaria para entender lo que los médicos hacían con ella.

“Literal, fuimos las apestadas del hospital”, dijo Montse Reyes, que tuvo una cesárea programada en mayo en una clínica privada de México. Reyes asegura que tras el nacimiento ella y su bebé dieron positivo en el test de COVID-19, pero el personal no le informó los resultados hasta que le dieron el alta, tras pasar dos días en aislamiento.

No la separaron de la recién nacida, pero ambas fueron colocadas “en una zona aislada detrás de una puerta de cristal” y “nadie quería tener contacto con nosotras. Eran las 11 de la noche y yo no había tomado ni un vaso de agua desde las 10 de la noche del día anterior”, relató.

“Me sentí abandonada. Fue una mezcla de angustia y dolor”, explicó Daniela Echeverría, en Ecuador.Si bien le permitieron estar con su esposo, los dejaron solos en la sala de partos durante tres horas, tras lo cual ella sufrió un desgarro vaginal y su beba había tragado líquido amniótico y meconio, señal de sufrimiento fetal.

Echeverría cree que el personal fue reducido por la pandemia, y el único equipo de guardia (una médica y dos enfermeras) estaba atendiendo otro parto.

En Uruguay, la coordinadora del Grupo por la Humanización del Parto y Nacimiento, Laura Vega, dijo que su organización recibió “70 denuncias en todo el país”.

La ausencia de información clara es un asunto que se reitera en los testimonios recopilados por openDemocracy. Dos mujeres que fueron a cesárea en dos ciudades uruguayas en abril (antes de que el gobierno revirtiera la prohibición de acompañantes en mayo) dijeron haberse enterado a último momento que darían a luz sin sus parejas.

“Ni siquiera me preguntaron. La ginecóloga le dijo a mi compañero que no era conveniente que entrara al quirófano”, dijo Anahí Oudri.

Andrea Fernández sostuvo: “En ese momento no me daba para discutir. Tenía terror a la cesárea, y sabés que si no ganás la discusión, no está bueno ver caras malas”.

Una crisis global

En todo el mundo, la investigación de openDemocracy identificó infracciones a las pautas de la OMS en al menos 45 países desde que comenzó la pandemia. Esta evidencia procede de testimonios directos, de ONG y de otros medios periodísticos.

En América Latina, los toques de queda y las restricciones al transporte por el coronavirus llevaron a que muchas mujeres perdieran controles de embarazo, tuvieran que caminar largas distancias para llegar a un hospital o incluso se vieran obligadas a partos en casa, no planificados y riesgosos.

En mayo, nuestra reportera en Venezuela vio a una mujer con una gestación de 31 semanas a la que le negaron inicialmente asistencia en una maternidad pública de Caracas. Fue trasladada horas más tarde a otro hospital, pero su bebé estaba muerto.

En Ecuador, durante el mes de abril, a dos mujeres con emergencias obstétricas se les negó asistencia varias veces en salas de urgencia de hospitales públicos de Guayaquil, según la abogada feminista Ana Vera, del grupo de derechos sexuales y reproductivos Surkuna. La ciudad estaba por entonces sumergida en la crisis de COVID-19.

“Tuve que intervenir directamente llamando a autoridades del ministerio de salud pública” para que le “dieran antibióticos a una” y una “transfusión de sangre” a la otra, dijo Vera a openDemocracy.

También en abril, Nuria Landa, la partera mexicana, recibió llamadas telefónicas de emergencia de dos mujeres que estaban haciendo trabajo de parto en sus casas, tras ser rechazadas por un hospital reconvertido para atender casos de COVID-19 sin previo aviso.

Otra mujer en Guadalajara, México, relató a openDemocracy que había parido sin complicaciones en su casa en abril, pero al día siguiente se sintió mal y fue al hospital para que le hicieran un test de coronavirus, que al principìo le fue negado, según dijo.

“La doctora me introdujo más fuerte los dedos, remolineó dentro”, dijo la mujer, que aseguró haber sido regañada por el parto domiciliario e informada de que tenía restos de placenta y necesitaba un legrado. Esto resultó incorrecto, según explicó, cuando un segundo médico ordenó una ecografía, así como un test de coronavirus (que dio positivo).

La mujer denunció su caso a las autoridades como una violación a las normas sobre maltrato médico en su estado (que no cuenta con una ley contra la violencia obstétrica). Sin embargo, no está claro si esas autoridades van a investigar su queja, y nadie de los ministerios de salud de Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela respondió las consultas de openDemocracy.

La defensoría del pueblo de Ecuador dijo en mayo, en respuesta a nuestras preguntas, que no había recibido ninguna denuncia de violencia obstétrica durante la pandemia. Esa oficina no respondió nuevas preguntas para actualizar esos datos en julio.

Mientras tanto, una portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que su oficina “también ha recibido reportes preocupantes sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas embarazadas en el contexto de la pandemia de COVID-19”.

“Nos preocupa que en todo el mundo, con sistemas de salud sobreexigidos, se desvíen con frecuencia los recursos para servicios de rutina como los de salud materna… Documentar estos incidentes es un primer paso crucial para exponer el problema. Los estados deben adaptar sin demoras sus prácticas a las pautas de la OMS”.

Contribuyeron a este artículo Magda Gibelli (Venezuela) y Agostina Mileo (Argentina).

Fuente: https://efectococuyo.com/coronavirus/mujeres-de-america-latina-bajo-presion-para-aceptar-cesareas-durante-la-pandemia/

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