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2,4 millones de niños al borde de la hambruna en Yemen, alerta Unicef

Asia/Yemen/02 Julio 2020/https://eldiariosolidario.com/

Unicef ha vuelto a levantar la voz: el número de niños que sufren de desnutrición en Yemen podría aumentar a 2,4 millones a finales de año, debido a la grave escasez de fondos para la ayuda humanitaria.

El informe “Yemen, cinco años después: niños, conflicto y Covid-19” del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia sobre el país, advierte sobre el aumento en un 20% del número de pequeños destruidos menores de cinco años. Prácticamente, el 50% de este grupo de edad.

“Si no recibimos fondos urgentemente, los niños se verán empujados al borde la hambruna y muchos morirán. La comunidad internacional estará entonces enviando el mensaje de que las vidas de los niños en una nación arrasada por el conflicto, la enfermedad y el colapso económico, simplemente no importan”, explica la representante en Yemen de Unicef, Sara Beysolow Nyanti.

Agua y saneamiento

El trabajo también destaca que, a menos que se garantice la llegada de 40 millones de euros, los servicios de agua y saneamiento para tres millones de niños y sus comunidades empezarán a cerrar a finales de julio. Un impacto en los más de dos millones de niños desnutridos que son especialmente vulnerables, y cuyo estado nutricional podría empeorar desastrosamente si la ayuda se interrumpe.

En total, desde Unicef han realizado una petición de 410 millones de euros para su respuesta humanitaria en Yemen, y otro de 47 millones de euros solo para la respuesta a la COVID-19. Hasta ahora, el llamamiento para dar respuesta a la pandemia solo ha recibido el 10% de los fondos necesarios, y el humanitario el 39%

Fuente: https://eldiariosolidario.com/yemen-hambruna-unicef

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De mujeres, niñas y el derecho a la ciudad metropolitana

Reseña/02 Julio 2020/Autoras: Marta Briones Hernández-Silvia Llorente Sánchez/elpais.com

El espacio público urbano es el lugar físico en el que se reflejan y se escenifican las desigualdades sociales y, una de las más acuciantes a día de hoy, se produce en el derecho a la ciudad de mujeres y niñas. En las áreas metropolitanas de todo el mundo, ven restringida cada día su libertad de movimiento, así como el acceso a oportunidades y disfrute de vivencias. Una brecha de género que se manifiesta, entre otros, a través del acoso sexual en el espacio público, o la ausencia de perspectiva de género en la planificación de la movilidad asociada a las tareas de cuidados, problemáticas que la crisis del coronavirus ha exacerbado, más aún si cabe.

Los llamados trayectos de cuidados —como hacer la compra, acompañar a personas dependientes, visitar y cuidar a personas enfermas—, especialmente esenciales en los últimos meses, se caracterizan por ser recorridos cortos, múltiples y complejos —entre barrios y hacia municipios periféricos—, desarrollarse fuera de las franjas horarias establecidas, a pie o en transporte público. Precisamente, por motivos relacionados con los cuidados, son las mujeres entre los 29 y 49 años quienes representan el grupo de población con la tasa de movilidad más alta en las vastas áreas metropolitanas.

Y hay más. En el contexto de una pandemia como la de la covid-19, donde la mayoría de trabajos esenciales de las ciudades —en hospitales, residencias de personas mayores, servicios de limpieza y alimentación— los estaban sosteniendo las mujeres, su situación se ha ido agravando. El transporte público se ha restringido, impactando la subsistencia de mujeres trabajadoras informales que viven en las periferias de las ciudades, y para las cuales un transporte público accesible y seguro es su medio de vida.

Los espacios urbanos se han construido como producto de modelos y prácticas sociales concebidas por solo una parte de la sociedad: hombre, caucásico, joven, sin responsabilidades de cuidados y con acceso privilegiado a los recursos económicos y el poder político

Sabemos que, a pesar de ser los más sostenibles y suponer el 40% de los desplazamientos en las grandes metrópolis versus al 20% de la movilidad por trabajo productivo (el restante se distribuye entre trayectos de estudios, ocio y gestiones personales), los trayectos de cuidados difícilmente se incorporan a las estrategias de movilidad masivas.

Y es que, históricamente, los espacios urbanos se han construido como producto de determinaciones, modelos y prácticas sociales concebidas por solo una parte de la sociedad: hombre, caucásico, joven, «saludable», sin responsabilidades de cuidados y con acceso privilegiado a los recursos económicos y al poder político, quedando excluidas todas aquellas visiones diferentes de la suya en cualquier proceso de construcción del derecho a la ciudad. De esta manera, el actual modelo de movilidad  —pretendidamente universal— reproduce una visión masculina, de transporte privado y vinculada al trabajo productivo, excluyendo la movilidad femenina, de transporte público, sostenible y asociada a las tareas de cuidados.

De mujeres, niñas y el derecho a la ciudad metropolitana

¿Qué significa esto en la práctica? Esa es la pregunta que tratan de contestar desde la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis (Metrópolis) en la colección «Claves de género», una serie de publicaciones breves que abordan la incorporación de la perspectiva de género en la planificación urbana de las metrópolis. En su último número, «Movilidad y género: como construir el derecho a la metrópolis«, analizan la necesidad de incorporar la vida cotidiana, sus necesidades, patrones y motivos en la formulación de toda política, estrategia e instrumento de movilidad, como ya reclamó en su momento el académico David Harvey.

¿Qué sucede cuando, además, el espacio público metropolitano no es seguro?

Miedo a las agresiones sexuales

La violencia sexual contra mujeres y niñas (VAWG, por sus siglas en inglés) representa un capítulo aparte. Sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más graves —y más toleradas— en todo el mundo. Aunque tiene lugar mayormente en el hogar, ocurre también en las plazas, parques, mercados, calles, baños y transportes públicos de nuestras urbes. Y, según ONU Mujeres, la organización de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, sigue siendo un problema en gran medida desatendido, con pocas leyes o políticas para acometerla y prevenirla.

Debido a las amenazas cotidianas que van desde la agresión sexual, incluyendo acoso y tocamientos, hasta la violación y llegando al feminicidio, las mujeres y niñas de todo el mundo todavía temen participar, vivir y apropiarse del espacio público. A partir de ahí, el miedo restringe sus libertades y, obstaculiza el acceso a oportunidades y el disfrute de vivencias en los espacios y tiempos urbanos: hay lugares, parques y barrios adonde no van las mujeres a partir de determinadas horas, simplemente por el hecho de ser mujeres.

La buena noticia es que los gobiernos, a distintos niveles, han ido incorporando en su agenda política iniciativas para combatir esta violencia. Un compromiso reafirmado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2015  —la Agenda 2030 consolida los compromisos mundiales para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas en los ODS 5 y 11— y en la Nueva Agenda Urbana (NAU) aprobada en Quito en 2016.

El derecho a la ciudad, tal y como lo planteó el filósofo francés Henri Lefebvre, hacía referencia a dos factores: primero, ser capaz de apropiarse del entorno urbano y, segundo, de participar en él. En este sentido, la violencia sexual contra mujeres y niñas no solo impacta en ambos aspectos, sino que lo hace con un claro sesgo de género, tanto en sus causas y características, como en las consecuencias que tiene en sus vidas.

En los últimos tiempos, muchos gobiernos metropolitanos han venido ofreciendo soluciones y movilizando al resto de actores para reducir tanto los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, como la percepción de inseguridad en el espacio público, desde el concepto del pleno derecho a vivir la ciudad.

En Lyon, por ejemplo, el sistema público de transporte —SYTRAL— formuló recorridos exploratorios donde distintas representantes de mujeres indicaban las zonas donde se sentían inseguras, para poder recomendar cambios en el sistema. También encontramos el caso de Toronto que, con la campaña de la Comisión de Tránsito (TTC, por las siglas en inglés), #ThisIsWhere, buscaba concienciar sobre el acoso sexual y las agresiones que tienen lugar en el transporte público.

Si consideramos el escenario de la covid-19 como el momentum para acelerar ciertas medidas que acaben con la brecha de género aún existente en nuestras urbes, hagámoslo incluyendo los aprendizajes de estos meses. Sin ir más lejos, el derecho a la ciudad y su valor de uso, leídos desde un enfoque de género, son especialmente relevantes para pensar las ciudades metropolitanas de manera inclusiva, y la movilidad metropolitana se convierte así en la herramienta democratizadora por excelencia para garantizar el pleno derecho a la ciudad de mujeres y niñas.

Aunar esfuerzos con las organizaciones de mujeres, vehicular espacios de participación e incorporar las vivencias cotidianas en la planificación urbana, es además de efectivo, justo. ¿Será este momento de crisis una oportunidad para conseguirlo?

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/06/29/seres_urbanos/1593424225_503344.html

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CLADE Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+: por una educación que fortalezca la diversidad 27 de Junio de 2020

Por: CLADE. 

 

 

En celebración de un día de lucha para la comunidad de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex, Queer y Asexuales (LGBTIQ+), destacamos contenidos importantes para la reflexión y la promoción de una educación integral, desde la perspectiva de género e identidad

Mañana, 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo de personas LGBTIQ+.  En esta fecha se conmemora la protesta iniciada por travestis, lesbianas y gays en la madrugada del 28 de junio de 1969 en Nueva York (Estados Unidos), contra un sistema que perseguía a las personas LGBTIQ+, con el beneplácito del gobierno.

En el marco de este día, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) destaca la importancia de construir una educación desde la perspectiva de género e identidad sexual, que aborde estos temas en los programas pedagógicos, los currículos, los materiales educativos y las políticas públicas, para que los centros educativos sean espacios pacíficos y seguros, donde se realicen y promuevan los derechos humanos de todas las personas.

Destacamos a continuación algunos contenidos importantes para la reflexión y la promoción de una educación integral, desde la perspectiva de género e identidad sexual:

Stonewall: La importancia de luchar por una educación que fortalezca la diversidad

Este texto recupera la historia de la protesta que fue el marco para la lucha de las personas LGBTIQ+ y destaca la importancia de promover una educación integral, desde la perspectiva de género, orientación e identidad sexual.

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Foto: Archivo Facebook

Susy Shock: “Tenemos que pensar en una institución educativa que no sea heterosexual”

Entrevista hecha con la artista y activista por los derechos de las personas trans de Argentina, Susy Shock, que analiza la heteronormatividad como una de las principales barreras para la construcción de un mundo y una educación más inclusivos.

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Foto: Archivo

Alejandra Collette: “Hay que visibilizar a las personas trans en la generación de proyectos y políticas educativas”

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, Alejandra Collette Spinetti Núñez, profesora de Literatura de Educación Secundaria y directora nacional del Colectivo Trans del Uruguay (CTU), analizó los desafíos de las personas trans en los sistemas educativos.

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Foto: Beatriz Ferraz

Cinco puntos claves para la superación de la violencia de género en la educación

Compartimos cinco pasos fundamentales que los Estados, centros educativos y sociedad en general deben adoptar para promover un mundo sin violencia y con equidad e igualdad de género.

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Foto: Archivo CLADE

Fin de la violencia en la escuela: una guía para las y los docentes

En el documento “Poner fin a la violencia en la escuela” (2009), la UNESCO propone 10 medidas dirigidas a las y los docentes y a la comunidad en general, para el enfrentamiento y la prevención de la violencia en los centros educativos.

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Festival “¡Luces, cámara y educación!”

Para sensibilizar a las autoridades, tomadoras y tomadores de decisiones, así como a estudiantes, docentes y la ciudadanía en general, sobre la importancia de garantizar plenamente el derecho a la educación de las personas LGBTIQ+ y de promover los centros educativos como espacios de realización de todos los derechos humanos, se celebraron dos ediciones del festival audiovisual “¡Luces, cámara y educación!”.

>> Ingresa para conocer la iniciativa y mirar los videos que fueron postulados al festival


Fuente del reseña: https://redclade.org/noticias/dia-internacional-del-orgullo-lgbtiq-por-una-educacion-que-fortalezca-la-diversidad/

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Los bastiones de la convivencia

Por: Roberto Patiño

En Venezuela vivimos graves momentos de caos y colapso. La terrible conjunción de la crisis del país, sometido al modelo destructivo del régimen, y los efectos de la pandemia del covid-19 en lo social y económico, castigan diariamente a los venezolanos.

Los testimonios de líderes y voluntarios en las comunidades hablan de la grave situación que estamos viviendo, en la que el hambre, la hiperinflación, la escasez de combustible, el colapso de servicios básicos y la violencia desbordan a las personas. Una de nuestras líderes nos relata: “La comunidad pasa demasiado trabajo, no hay agua, ni luz. No hay nada que comer, jamás me imaginé tanta hambre, miseria en mi comunidad y mi país”.

En Petare, enfrentamientos entre bandas a principios de mayo se mantuvieron por más de una semana, en medio del silencio y la inacción de cualquier autoridad. Así lo cuenta una de nuestras madres: “Las Hermanas se fueron de la escuela. Los vecinos se han ido. Ventanas partidas. Puertas violentadas. De noche es una boca de lobos. No dejan encender las luces a los que habitan por allí… Yo vivo en medio de las dos zonas… y vemos pasar las balas… ha sido horrible. Mis niños lloran, nos escondemos. Son horas seguidas de angustia”.

La escasez de combustible ha generado graves trastornos. Se testimonia el maltrato de efectivos asignados al resguardo y control de las estaciones de servicio, el tener que hacer colas enormes, desde horas de la madrugada o la noche anterior, sin saber si se recibirá el combustible o no, así como el surgimiento de situaciones ilegales en las que se empieza a establecer un mercado negro de gasolina.

La actual situación del país es la de un régimen que impone un modelo de represión y sometimiento que busca reemplazar cualquier forma de convivencia. El Estado persigue y hostiga, criminaliza y excluye. Incluso acusa a organizaciones que defienden los derechos humanos, como Provea y Cofavic, de ser “enemigos internos”.

Pero frente a esta situación debemos resaltar el esfuerzo que la gente, en comunidades y desde grupos de la sociedad civil, realiza todos los días para mantener vivos los valores convivenciales que son atacados todos los días por el poder. Las personas en la calle,  a pesar de las dificultades y de la violencia, mantienen en sus vidas la luz de la humanidad y el reconocimiento del otro.

Frente a la situación de violencia en Petare, se tomaron medidas para reiniciar actividades cuando cesaran los enfrentamientos. Así los afirma Andrés Schloeter: “Con mucho dolor se tuvieron que retirar temporalmente de la escuela para preservar su seguridad. Sin embargo,  estoy seguro que las hermanas volverán con más fuerza a la escuela, nosotros podremos abrir nuevamente las puertas del comedor y todos juntos continuaremos al servicio de nuestra gente”.

También lo vemos en nuestro trabajo en iniciativas como Alimenta La Solidaridad en la que vecinos se organizan en cadenas humanas de distribución para poder llevar los almuerzos en diversos sectores de una comunidad en medio de la cuarentena. En sectores de Petare como Santa Lucía, los vecinos generan grupos de apoyo para las personas de la tercera edad que no tienen acceso a alimentos y medicinas.

En zonas como La Vega, la voluntad de continuar trabajando es la fuerza impulsora que ayuda a seguir día a día frente a las dificultades. Así lo cuenta uno de nuestros líderes: “Vivo matando tigres, con la moto me rebusco. Hay que ser un varón, y como sea hay que resolver. En Propatria, la gente se está organizando ante tanta tragedia, hambre y miseria. No hay agua, ni luz, el sueldo no rinde, no hay medicamentos. El derecho a la vida está pisoteado. Pero lo que seguimos haciendo por nuestros chamos me mantiene en pie de lucha”.

Estas son solo algunas voces que expresan la voluntad de superación de los problemas, negándose a reproducir la cadena de violencia y subyugación del modelo dictatorial.  Frente a la imposición de la violencia, las personas se convierten en bastiones de convivencia y solidaridad, que desde el ejercicio cotidiano de estos valores significan una esperanza cierta de que podremos atravesar la tragedia que hoy nos embarga.

robertopatino.com

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Convocan a paro en rechazo a Ley de Consideración en Uruguay

La Ley de Urgente Consideración (LUC) es criticada por numerosos sectores sociales, que ven en ella un retroceso democrático. Los docentes llaman al paro y a la movilización a partir de una medida de similar corte, tomada por el Consejo de Educación Secundaria.

La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo (ADES Montevideo), capital de Uruguay, está convocando para el jueves 2 de julio a un paro de 24 horas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) que actualmente se debate en el Congreso nacional.

Los docentes acordaron en asamblea general, el viernes pasado, convocar también a una movilización en la capital uruguaya en contra de ese paquete de medidas, criticado por numerosos sectores sociales, entre ellos el Frente Amplio.

Estos consideran que la LUC no refleja las prioridades del país y supondrá un retroceso en la economía, la educación, las empresas públicas, los sindicatos y las relaciones laborales, entre muchas otras áreas.

 

La decisión de llamar al paro fue motivada por la prohibición, por parte del Consejo de Educación Secundaria (CES), del uso de tapabocas con la frase “EducarNoLUCrar”. Esta limitación regirá para todos los liceos públicos y las dependencias del país.

El dirigente de ADES, Javier Iglesias, informó que el Consejo Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) presentará un recurso administrativo y una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos en rechazo a la medida que tomó el CES.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/convocan-paro-rechazo-ley-consideracion-uruguay-20200622-0036.html

 

 

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Hiam, la refugiada que se resiste a ser invisible

Reseñas/25 Junio 2020/Autora: Melissa Silva Franco/elpais.com

Hace seis años esta mujer llegó a Arsal, un pueblo fronterizo entre Siria y Líbano. Allí comenzó una batalla en solitario, con un propósito firme: convencer a las familias de que el futuro de las niñas está en las escuelas y no en los matrimonios pactados

Los bombardeos obligaron a Hiam a meter lo que podía en dos maletas, alistar a su hijo pequeño, repartirse el peso con su marido y caminar durante tres días hasta Arsal, un pueblo de Líbano que colinda con Siria. El trayecto no fue fácil, ni barato, por lo que Hiam vendió casi todas sus pertenencias durante el camino.

“Llegué con casi nada, solo con mi carné de identidad”, recuerda esta mujer, mientras prepara un té en la cocina de su casa. Esto ocurrió en 2014, cuando Arsal duplicó su población con la llegada de familias sirias que escapaban de la guerra. En este pueblo vivían alrededor de 37.000 libaneses pero a finales de ese año ya contaba con más de 77.000 nuevos habitantes sirios.

Esta ampliación de la población colapsó el sistema de viviendas, el de sanidad y disminuyó los puestos de trabajo. Por lo que Hiam se encontró en una ciudad con verdaderas dificultades para comenzar una nueva vida.

“Entramos por los caminos verdes desde Siria hasta Arsal y al llegar nos dimos cuenta de que había miles de familias que esperaban conseguir ayuda como nosotros”. Siguió el calvario. Los días se fueron entre largas esperas, colas para adquirir comida y citas para solicitar la protección internacional. Hasta que semanas después, Hiam consiguió que los organismos internacionales le asignaran un lugar en uno de los 117 campos de refugiados que se construyeron en este poblado, de 316 kilómetros cuadrados.

Pero este lugar donde dormir se esfumó a los pocos días. Un cortocircuito en el sistema de alumbrado ocasionó un voraz incendio que consumió más de 50 casas. Hiam y su familia quedaron a salvo, pero las llamas se llevaron lo último que le quedaba como ciudadana siria: el documento de identidad. Desde entonces, Hiam se ha vuelto invisible para el sistema de refugiados en Líbano y el mundo. No tener un carné de identidad le imposibilita legalizar su situación, optar a un trabajo, estudiar y hasta el volver a cruzar la frontera de regreso a Siria. Pero Hiam se resiste a ser invisible.

La lucha por mejorar las condiciones

Ahora, Hiam vive en el campo de refugiados Al-Abra 4 de Arsal. Un espacio de 8.000 metros cuadrados donde se han instalado 160 tiendas de campaña, hechas de lona blanca, poco resistente al frío. Estas condiciones han obligado a las familias sirias a vivir inviernos de extrema dureza, en los que la capa de nieve ha llegado a cubrir hasta dos metros de altura y con temperaturas que han alcanzado los 10 grados bajo cero.

Además, el espacio es mínimo. Cada tienda de acampar mide 4×6 metros, distribuidos entre un salón (que sirve de habitación), una letrina y una cocina. El acceso al agua se da una vez cada dos días, y la electricidad es tan precaria como inconstante. “Aquí vivimos unos 400 sirios. Un 60% somos mujeres, viudas, niños y personas con alguna discapacidad física tras la guerra. No tenemos escuela, tampoco un centro de salud”.

Hiam conoce como nadie este campo. Porque desde que llegó no ha parado de implicarse en la lucha pública, tras toparse con una montaña de problemas que afectan a las mujeres como ella. Por eso, decidió formar parte de cada protesta, organizar las reuniones vecinales, visitar a las organizaciones internacionales y a los políticos locales para exigir una respuesta a la demanda de sus vecinos.

En Al-Abra 4 se creó un comité de refugiados hace cuatro años. Hiam no es solo una de las fundadoras, sino también es la única mujer que forma parte de este grupo. Un hecho poco común en un país en el que la mujer no suele tener acceso a la vida pública, ni mucho menos política.

Najwa Frossine, activista de la League for Lebanese Women’s Rights (LLWR), denuncia que aún existes innumerables barreras para que las mujeres formen parte activa del ámbito público. Frossine denuncia esta situación con un ejemplo claro: “En el Líbano, solo seis de los 128 escaños parlamentarios los ocupan mujeres y, las que están, pueden estar allí porque han heredado el cargo de su padre, marido o familiar masculino fallecido”.

El papel de Hiam en este comité de refugiados es visibilizar las demandas de las mujeres. Una de ellas es el acceso al trabajo. “Las sirias al llegar a Arsal nos encontramos con una realidad muy distinta. En Siria, nosotras teníamos una vida con más comodidades, los maridos tenían sus trabajos, nuestras casas eran nuestros reinos. Pero la guerra acabó con todo y nos trajo hasta aquí, donde no hay empleo para los hombres y a las mujeres nos ha tocado salir a trabajar de lo que sea, sin ningún tipo de protección legal”.

Esta precaria situación ha provocado que muchas de ellas sufran acoso sexual y explotación laboral. Hiam, pese a que no puede acceder a un puesto remunerado, lleva los últimos años recogiendo las denuncias de esta realidad laboral que viven las mujeres para exponerla ante las autoridades locales. Ella es un puente entre las decenas de mujeres refugiadas y el Estado libanés.

“Yo misma sé lo que es ser empleada sin papeles, que se aprovechen. Trabajé en una tienda desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche, me ofrecieron 100 euros al mes que al final ni me pagaron. Pues esto lo tienen que saber las autoridades. Por ello, lo denuncio”.

Las niñas, a la escuela

Pero la punta de lanza en la batalla de Hiam es cambiar el destino de las niñas en los campos de refugiados de Arsal. Ella ha visto como cada vez más familias optan por pactar el matrimonio de sus hijas como una salida de la pobreza y un salvavidas ante la seguridad. “En nuestro campo hay mucha inseguridad, no hay acceso a la escuela y no tenemos dinero. Esto ha hecho que muchas familias estén casando a sus hijas adolescentes para protegerlas de que las violen y porque representan una carga económica”.

Pero la espiral de violencia no termina en el matrimonio. Hiam asegura que algunas de estas adolescentes después sufren agresiones físicas, sexuales y psicológicas por parte de sus maridos. “Es una cadena negativa porque luego quedan embarazadas, y cada vez sus vidas se vuelven más limitadas”. Lona (nombre ficticio) tiene 23 años. Tres hijos. Seis años casada. Cuatro años sufriendo palizas por parte de su esposo. “No le importa violarme delante de los niños. Cuando le va mal en el trabajo, él llega a golpearme. En el médico me han dicho que mi esposo me ha hecho mucho daño en la vagina”.

Esta joven más de una vez ha sido auxiliada por Hiam, quien pese a las constantes amenazas de otros hombres o los consejos de “evitar meterse en asuntos de pareja”, no solo ha intentado intervenir a través del comité de refugiados sino que además ha informado a las autoridades. Para evitar que más niñas y adolescentes vivan el infierno de Lona, Hiam en cuanto se entera de que una familia quiere pactar un matrimonio, visita a los padres para convencerles de que la educación es mejor herramienta. No es una sola visita, Hiam habla con los padres hasta el último momento.

“Con una sola familia que convenza ya el trabajo ha valido la pena. La niña tiene que crecer, la mejor arma son los estudios. Cuando termina sus estudios, esta niña es más consciente, más sabe y más confianza tendrá en sí misma y menos miedo tendrá a los obstáculos”. Otra de las estrategias que ha diseñado es invitar a las autoridades del Ayuntamiento de Arsal a reunirse con las mujeres en el campo. Es así como Rima Krombi, exalcaldesa y actual asesora de los asuntos de las mujeres en el gobierno local ha asistido más de una vez. “Estas reuniones entre mujeres son el lugar donde trasmiten sus experiencias. La poderosa a la vulnerable y la vulnerable revela sus debilidades. Esto hace que la poderosa se sensibilice y lo trasmita a más mujeres” resume la exalcaldesa.

Para estas reuniones, Hiam se esfuerza en encontrar información valiosa para el resto de las mujeres. Por ejemplo, se reúne con médicos para que le expliquen las consecuencias en los cuerpos de las niñas al quedarse embarazadas. Una aliada es la doctora Linda Abdo, quien explica que a su consulta a diario llegan menores de edad casadas con 13 y 14 años. “Pero realmente no es una niña enferma, es una niña casada, embarazada que puede sufrir abortos. Es un embarazo peligroso porque un matrimonio tiene consecuencias físicas y psicológicas graves para estas pacientes. Otra realidad es que a la consulta vienen familias a pedir certificados de salud de estas niñas que quieren casar, pero tengo que denegarlos porque no tienen el cuerpo, ni la salud para un matrimonio”.

Mostrar al mundo

Esta lucha de Hiam, sin sueldo, no solo se extiende en Arsal. Esta refugiada camina a contracorriente para que su vida y la de las mujeres a su alrededor no se diluyan. Es por eso que desde hace más de dos años, ha recibido a distintos medios internacionales para mostrar la vida en Al-Abra4, para que otras refugiadas cuenten sus historias y para exigir a las autoridades que den respuestas. En España, la vida de Hiam será contada en el documental Nisaah, que realizan desde hace dos años organizaciones catalanas como la Associació Catalana per la Pau y la Fundacio Pau i Solidaritat.

“Antes, en este campo, muchos refugiados recibían a los medios con piedras, porque todos estábamos cansados de que nos usaran. Pero con el tiempo he entendido que los medios nos ayudan a mostrar lo que aquí vivimos a países lejanos, y eso, al menos, es una esperanza de no quedarnos tan solas”, dice Hiam.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/06/16/planeta_futuro/1592305481_389559.html

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A propósito del informe de la CIA sobre los GAL

Por: Víctor Arrogante

 

Los servicios secretos de Estados Unidos estaban interesados en los acontecimientos políticos y sociales de España y que pudieran tener repercusión en el exterior. En los años ochenta, éramos un valioso aliado. En 1984, la CIA se preocupó por uno de los episodios más oscuros de nuestra historia; investigó a los GAL, sus antecedentes y las actividades contraterroristas. La historia llega a  nuestros días sin clarificar.

Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron terrorismo de Estado o guerra sucia contra la organización terrorista ETA y su entorno. Estuvieron activos entre 1983 y 1987, durante los primeros años de los Gobiernos de Felipe González. En sus cuatro años de historia, los GAL cometieron más de treinta acciones terroristas, matando e hiriendo a cerca de sesenta personas. Entre sus métodos habituales estaban la colocación de bombas en los coches, tiros en la nuca y ametrallamiento en los bares donde supuestamente se encontraban los etarras. Varias de sus víctimas no tenían ninguna relación aparente con ETA. En algunos de esos casos, incluso los GAL reconocieron haber equivocado su objetivo o pidieron disculpas.

Durante el proceso judicial contra los GAL, quedó probado que fue financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior. Años después fueron condenados los exministros del Interior José Barrionuevo y José Corcuera, el secretario de Estado por la Seguridad Rafael Vera, el secretario general del Partido Socialista de Euskadi-PSOE, Ricardo García Damborenea; el gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, el teniente coronel Ángel Vaquero y el general de la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo Enrique Rodríguez Galindo.

En un documento fechado en 1984, la agencia estadounidense admitía la guerra sucia contra ETA y reconocía que «si la supuesta participación de Madrid es confirmada, las credenciales democráticas del Gobierno español y del Partido Socialista quedarían manchadas seriamente», según informa La Razón. La CIA tenía muy claro que Felipe González fue el famoso «señor X» de los Grupos Antiterroristas de Liberación. De momento, el expresidente del Gobierno ni reconoce ni niega, pero no calla. El expresidente intensifica sus declaraciones contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Unidas Podemos. En Moncloa la preocupación es mínima. La solidez de la coalición PSOE-Unidas Podemos se ha reforzado durante la pandemia. González «está ganando credibilidad en sectores conservadores, pero en el mundo progresista la gente le comprende cada día menos».

El conflicto que no se cerró entonces queda abierto ahora. Pablo Echenique, ha anunciado que Unidas Podemos va a votar finalmente a favor de la creación de una comisión en el Congreso que investigue sobre los GAL y el papel del expresidente del Gobiernopropuesta por Bildu. Echenique mantiene que la información sobre documentos desclasificados por la CIA no aporta nada nuevo sobre el terrorismo de Estado, «todo el mundo sabe lo que pasó».

El PNV, ERC, Junts Per Catalunya, EH Bildu, CUP y el BNG han registrado en el Congreso una petición conjunta para que la Cámara abra una comisión de investigación «para esclarecer las responsabilidades y vínculos con los GAL de los gobiernos presididos por Felipe González», en cuanto responsable de la creación en los años 80 de los Grupos Antiterroristas de Liberación, «un grupo violento amparado por el Estado y que debía acabar con ETA usando sus mismos métodos».

El diario La Razón informa de que la CIA ha desclasificado varios documentos y que en ellos, sin la menor duda, el Gobierno de Felipe González queda señalado como quién  organizó los GAL. En el informe de la CIA, titulado España: Terrorismo vasco y respuesta gubernamental, se afirma que: «Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas». La CIA reconoce que los GAL «han sembrado el miedo y la desorganización entre los etarras fugitivos» y explica que «los terroristas están todavía más a la defensiva porque saben que salir de España no garantiza la seguridad», concluye el informe.

La CIA, en el informe de 1984, habla de la situación del terrorismo internacional y asegura que el Gobierno de España parece determinado a adoptar una estrategia poco ortodoxa en relación con ETA. La Agencia escribe que «González ha acordado la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a los terroristas». Lo suponíamos, lo conocíamos y ahora queda al descubierto con todos sus matices. Es necesario crear una comisión parlamentaria que aclare aquellos tétricos acontecimientos.

El informe de la CIA, elaborado por la Oficina de Análisis Europeo, clasificado como «secreto», muestra que EEUU conocía tanto sobre el terrorismo de ETA como sobre los GAL. Además, lamenta que después de haber sido investigados y juzgados estos hechos, «solo una decena de personas fueron procesadas» y «los principales condenados apenas cumplieron unos meses de prisión pues la mayoría fueron indultados y las responsabilidades políticas nunca fueron asumidas».

En julio de 1993 el juez Garzón reabrió el expediente sobre el secuestro de Segundo Marey para evitar que prescribiera, al hilo de los escándalos por el desvío de fondos reservados en la investigación sobre el exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán. Finalmente el Tribunal Supremo condenó a prisión por secuestro y malversación de caudales públicos a José Barrionuevo, ministro de Interior; Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad; Francisco Álvarez, jefe de la Lucha Antiterrorista; Miguel Planchuelo, jefe de la Brigada de Información de Bilbao; José Amedo, subcomisario de Policía; Julián Sancristobal, gobernador civil de Vizcaya. Ricardo García Damborenea, secretario general del PSOE en Vizcaya fue condenado a prisión por secuestro; Michel Domínguez, policía, ingresó también en prisión como cómplice de secuestro.

Una de las consecuencias que produjo el caso GAL fue el final del santuario francés para los refugiados ligados a ETA en el sur de Francia. No disminuyeron las víctimas y no perdió un ápice el apoyo político en el País Vasco. Las actuaciones ilegales de los GAL jugaron un factor determinante en la derrota del PSOE durante las elecciones generales españolas de 1996 en las que González renunció al liderazgo del partido. El propio González fue acusado de estar tras la misteriosa figura del «Sr. X», al declarar «me enteré por la prensa».

El PSOE siempre ha negado toda responsabilidad respecto a los GAL y González nunca ha sido acusado formalmente ante un tribunal por estos hechos. Sin embargo, Felipe González no permitió la investigación completa sobre los fondos reservados con los que se había financiado a los GAL. El gobierno de José María Aznar concedió el indulto parcial a Barrionuevo y Vera en el año 1998.

Tras la investidura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, que supuso la vuelta al poder del PSOE, diferentes dirigentes socialistas, con Felipe González al frente, reclamaron el indulto total para Rafael Vera y otros condenados, aunque sin éxito. En enero de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó un recurso de Rafael Vera por posible violación de la presunción de inocencia y falta de imparcialidad en la fase de instrucción.

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se ha mostrado contrario a crear la comisión en el Congreso para investigar al expresidente del Gobierno Felipe González. «No creo que sea un motivo especial en el que se deba dedicar el Parlamento, por un hecho que pasó hace años y que tuvo su resolución judicial y con condenas». Al PSOE «no le parece bien» esta petición de comisión de investigación, por lo que el Grupo Socialista no lo apoyará, porque considera que no hay afán de búsqueda de la verdad, sino por oportunismo político.

Los Grupos Antiterroristas de Liberación practicaron terrorismo de Estado durante los dos primeros gobiernos de Felipe González. Durante el proceso judicial quedó probado que el grupo estaba financiado por altos funcionarios del Ministerio de Interior. Si no fue así qué se investigue en una comisión parlamentaria. El terrorismo de estado o la guerra sucia no caben en un Estado de Derecho ni en un sistema democrático la impunidad.

Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/a-proposito-del-informe-de-la-cia-sobre-los-gal/

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