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Mueren 700 personas, en su mayoría niños y mujeres, en campamentos sirios para familias del Estado Islámico (EI)

Desde la ONU, la Oficina para el Combate al Terrorismo informó que 700 personas murieron recientemente en dos campamentos ubicados en el noreste de Siria, donde más de 70.000 personas, en su mayoría mujeres y niños,  vinculados con combatientes del denominado grupo extremista Estado Islámico y se encuentran viviendo confinados en «condiciones atroces».

Vladimir Voronkov director de esa Oficina, dijo a través de una conferencia de prensa que las personas, entre ellas niños, fallecieron por «falta de medicinas y falta de alimentos» en los campamentos al-Hol y Roj, que a su vez son supervisados por fuerzas encabezadas por personas de nacionalidad kurda, aliadas con Estados Unidos, que en su momento lideraron la lucha contra el Estado Islámico.

Estas muertes en los campamentos han ocasionado «sentimientos de enojo», manifestó.

Voronkov no aclaró dónde ocurrieron las 700 muertes reportadas o su fuente de información. La Media Luna Roja Kurda señaló en enero que 511 personas fallecieron en el campamento más grande, al-Hol, durante 2019. Los campos donde viven hacinados y en condiciones infrahumanas tienen un alto índice de mortalidad infantil. Hasta ahora, no se sabe de algún brote de coronavirus en el lugar. Una misión de Naciones Unidas visitó el sitio a principios de este mes.

El Director de esta Oficina, hace un llamado a la comunidad internacional para combatir «el enorme problema» de qué hacer con estas personas, señalando por otro lado que mantenerlos en campamentos «es muy peligroso». Advirtió que «podrían crear materiales explosivos que serían de mucha utilidad para que los terroristas reanuden sus actividades» en Siria e Irak.

La organización del Estado Islámico, que en algún momento llegó a controlar vastas extensiones en Siria e Irak, perdió sus últimos bastiones en Siria a inicios de 2019. Pero, a pesar de la derrota de su califato, expertos de Naciones Unidas señalaron a principios de este año que el grupo extremista está llevando a cabo ataques cada vez más atrevidos en Siria e Irak y planea una fuga de sus combatientes detenidos.

Además de los campamentos de al-Hol y Roj, los kurdos resguardan a cientos de miembros del EI y a niños en otras prisiones.

Fuente: https://www.aporrea.org/ddhh/n356960.html

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Al mundo le faltan 142 millones de mujeres ‘desaparecidas’ por machismo

Por: Alejandra Agudo

El informe del Estado Mundial de la Población 2020 publicado por el UNFPA denuncia que hay 19 formas de violar los derechos de las mujeres y analiza en profundidad tres de ellas: los feticidios de niñas, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil

Las llaman «las desaparecidas». Son las que no llegaron a nacer porque fueron víctimas de feticidio femenino o murieron tempranamente porque sus padres desatendieron su alimentación y salud deliberadamente en su primera infancia. Por ser mujeres. El Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA, por sus siglas en inglés), la agencia que se encarga de la salud sexual y reproductiva, calcula que hoy al mundo le faltan 142,6 millones de mujeres. Nacen menos de lo que es naturalmente normal (100 niñas por cada 106 niños) y fallecen de más en sus primeros años de vida. La preferencia por los hijos varones detrás de estas desapariciones es una de las 19 violaciones de sus derechos fundamentales que sufren las mujeres por el hecho de serlo, según este organismo. Desde el planchado de senos hasta las pruebas de virginidad. Pero en su informe anual del Estado de la Población Mundial 2020 se ha centrado en tres: la ya citada selección de niños, el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina.

«Imaginen a una niña de 12 años que adora ir a la escuela, pero a la que sus padres un día le dicen que se ponga su mejor ropa y dos horas después la casan con su vecino que le triplica la edad. O una chica de 16 años a la que le mutilan sus genitales. Imaginen a una pequeña de cuatro que escucha a sus padres quejarse de que no tienen un hijo y que ella es solo una carga», pide Natalia Kanem, directora ejecutiva del UNFPA, a un grupo de periodistas en la presentación por videoconferencia del informe titulado en esta edición Contra mi voluntad. «No nos hace falta imaginarlo porque son situaciones reales que ocurren miles de veces cada día en todo el mundo», agrega.

No fue una ficción paraJasbeer Kaur. Cuando tenía 25 años supo que estaba embarazada de trillizas. Tres niñas. «Ahora está prohibido pero, en aquel momento, te decían el sexo del bebé. La doctora se ofreció a practicarme un aborto porque consideró que sería difícil para mí criar a tres hijas Me explicó que el procedimiento era sencillo, similar a un parto. Por unos momentos tuve miedo, pero Dios me dio fuerzas para rechazar su oferta y dije que no», recuerda esta madre india 23 años después. Una decisión nada común que no gustó a su marido ni a sus suegros. «Ninguna niña había nacido en la familia de mi esposo en tres generaciones. Y dijeron que no iban a permitir que vinieran al mundo tres de golpe. Me dieron un ultimátum: aborta o vete», rememora Kaur. Y se marchó.

A pesar de que actualmente la revelación del sexo del bebé está prohibida en India para evitar los feticidios femeninos, tampoco algunos de los vecinos de Kaur en el Rajastán rural entienden aún hoy su decisión. «La gente aquí en mi pueblo a menudo me dice: ‘Pobrecita, deberías haber tenido al menos un hijo en lugar de tres hijas’. Y les digo: ‘¡Ahórrense esa basura! Soy mujer y estoy orgullosa de haber criado a estas chicas que ahora son adultas», relata. Pero esta madre es también un ejemplo vivo que todas las mujeres locales citan con orgullo, aseguran los autores del documento.

Sin embargo, la selección prenatal y posnatal de varones sigue muy extendida en India. De acuerdo con los datos analizados por el UNFPA, cada año se abortan selectivamente casi medio millón de niñas. Y una de cada nueve de las muertes infantiles de niñas menores de cinco años en el país son atribuibles a esta discriminación de género. India y China (666.300 feticidios femeninos anuales), son los mayores generadores de desaparecidas en el mundo. Y su balanza de sexos está muy descompensada con 112 niños por cada 100 niñas.

«Las mujeres no pueden esperar. Las chicas representadas en este informe no pueden esperar. Y sus derechos no deben dejarse de lado debido a la covid-19 o un huracán, ni por nada. Deben ser una prioridad. Es lo que exigen los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS]», reclama Kanem en una entrevista por teléfono. «Aun así, muchas no van a la escuela, no terminan la primaria y ni sueñan con la secundaria. Y sabemos que la educación es protectora frente a otras violencias. El matrimonio infantil o la mutilación genital femenina es una discriminación hoy, pero es un trauma para el resto de sus vidas. Y, por supuesto, lo es la preferencia de hijos», resume.

En opinión de Kanem es necesario preguntarse por qué en algunas culturas y territorios los progenitores prefieren tener hijos varones y se producen abortos selectivos de niñas. «Es irónico. Encontramos que muchos quieren chicos para que, cuando sean adultos, les mantengan. Pero a veces eso no sucede e incluso tienen problemas para encontrar esposa. A veces es por cuestiones religiosas o porque es el hombre el que hereda y perpetúa el nombre de la familia». Pero todo eso se puede cambiar, anota la doctora, si se repiensa la seguridad económica de los ancianos o se pone en valor que una hija educada también cuidará de sus mayores, por ejemplo.

Es posible acabar con la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil en 10 años

Para acabar con las prácticas dañinas contra las niñas y mujeres es necesario que las leyes y las políticas se traduzcan en acciones sobre el terreno, apunta Kanem. Y que las intervenciones que se desarrollan en las comunidades se puedan hacer crecer. «Algunos enfoques no son escalables. Entonces, si solo estamos haciendo dos y tres pequeños cambios en comunidades aquí y allá, es posible que no sean lo suficientemente potentes como para conseguir la transformación radical que necesitamos para lograr la igualdad de género para el año 2030».

Kanem cree que es posible alcanzar algunas de las metas establecidas en los ODS, sobre todo, acabar con la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil para 2030. Pero con más acción y más actores involucrados. «Es por eso que hago un llamamiento a los hombres; para que sean parte de la solución, para que defiendan los derechos de las mujeres», apela. «También creo que es importante no subestimar el papel que están jugando los jóvenes. Ellas exigen la igualdad».

Tienen motivos. Los datos publicados por el UNFPA demuestran que hay progresos en la lucha contra la ablación o el matrimonio infantil, pero más niñas se verán afectadas debido al crecimiento demográfico en el planeta. Este 2020, se estima que 4,1 millones de niñas serán sometidas a la mutilación genital. En total, 200 millones de mujeres en el mundo han sido sometidas a esta violencia. Hoy, en un solo día, 33.000 niñas menores de 18 años serán obligadas a casarse, en la mayoría de los casos con hombres mucho mayores que ellas. Se sumarán a los 650 millones de esposas que fueron forzadas a enlazarse antes de alcanzar la mayoría de edad.

Alejandra Teleguario, de 19 años, es una de esas jóvenes que ha dicho basta. Esta guatemalteca es «activista feminista por los derechos sexuales de las juventudes y mujeres» de su país y forma parte del Grupo Asesor de Jóvenes del UNFPA en Guatemala. Comenzó su defensa de los derechos de las niñas y adolescentes con 13 años al conocer a chicas jóvenes, incluso de su edad, en el Hogar Seguro del Estado que habían sido víctimas de violencia de género, agresiones sexuales y matrimonio infantil. «Algunos casos eran muy fuertes», recuerda. En 2015, el Código Civil de Guatemala permitía las uniones desde los 14 años ellas y 16 ellos. Y los cambios que se produjeron desde entonces dejaban la puerta abierta a los enlaces entre menores. Hasta 2017. Teleguario se siente parte de esa victoria. «Aunque todavía hay datos preocupantes, sobre todo en municipios donde predomina la pobreza extrema y persisten prácticas culturales que no han permitido defender completamente los derechos de niñas y adolescentes», advierte.

Miembro de los programas de jóvenes líderes de la organización Women Deliver, Teleguario está involucrada con diferentes organizaciones, redes y actividades para acabar con las prácticas nocivas que sufren las niñas en su país, especialmente los embarazos adolescentes. «Entre enero y mayo de 2020 se han registrado 46.863 en chicas de 10 a 19 años. Es una cantidad desorbitada teniendo en cuenta que desde marzo el país ha estado en cuarentena por la covid-19. Y es un tema tabú la educación en temas de sexualidad», explica.

También es tabú el aborto y no constan casos de feticidios femeninos en el país, pero sí hay preferencia por los varones. «Cuando se festeja la llegada de un bebé, la alegría es mucho mayor si es un niño. Cuando se enteran de que es una niña, hay rechazo en algunas comunidades. Las familias son numerosas y hay una distinción muy fuerte entre las oportunidades que se le dan a los hombres y las mujeres. No es secreto que en Guatemala y otros países de la región se prioriza la educación de los chicos, entre otros privilegios», detalla. «Ellas se quedan en casa ayudando a la madre con las tareas del hogar. Además del hecho de que todavía se sigue practicando el intercambio de hijas por objetos o animales».

Nacer niña es una misión difícil en muchos países. Y una vez en este mundo, la vida va a ser más dura, plagada de obstáculos y violaciones de sus derechos. El ritmo hacia la igualdad de género y la erradicación de estas prácticas es lento. Así lo ha señalado la ONU: el ODS 5 que llama a poner fin a todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres es el que menos ha progresado. «Es la década de la acción», apunta Kanem. «Y una estrategia para la acción concertada necesita una hoja de ruta, necesita un plan, necesita un acuerdo. Entonces, el estilo de debate combativo del feminismo puede ser productivo, pero el punto de ese debate debe ser: ¿qué vamos a hacer? Creo que las feministas, algunas de las estrategas más sabias y comprometidas del mundo, deben unirse para avanzar en esta agenda. Espero que defiendan la igualdad de derechos para las niñas, donde sea que estén. Y aunque se produzcan debates, aceptemos que una niña debe permanecer en la escuela, que tiene que estar bien preparada para el empleo y debe contar con la información para tomar decisiones sobre su cuerpo, su fertilidad y lo que quiere hacer para dar forma a su propio futuro», zanja la experta.

Y LLEGÓ LA COVID-19

Un informe del Fondo de Población de la ONU del pasado abril, advertía de que algunas medidas para combatir la covid-19, como el confinamiento y el cierre de clínicas por falta de material y personal, dejarán sin acceso a métodos anticonceptivos a 47 millones de mujeres. La investigación del UNFPA, realizada con contribuciones de Avenir Health, la Johns Hopkins University (EE UU) y la Universidad Victoria (Australia), desvelaba que, por cada trimestre de interrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva habrá dos millones adicionales de mujeres que dejen de usar anticonceptivos modernos. Lo que supondrá un gran paso atrás en los progresos que se venían produciendo en la extensión de su uso, que casi se había duplicado en dos décadas, pasando de los 470 millones que los utilizaban en 1990 a 840 millones en 2018. ¿Resultado? Habrá siete millones de embarazos no deseados en seis meses en 114 países de renta baja y media.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/06/29/planeta_futuro/1593424633_591329.html

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Bangladesh prohíbe el acceso a Internet a un millón de personas en un campo de refugiados lleno de rumores sobre el virus

Redacción: El Diario

Los líderes rohingya están pidiendo a las autoridades de Bangladesh que levanten la prohibición de usar Internet impuesta a un millón de refugiados en la ciudad bengalí de Cox’s Bazar. Dicen que los rumores y el pánico sobre la COVID-19 están disuadiendo a la gente de hacerse el test.

Las restricciones para comunicarse están exacerbando las ya de por sí difíciles condiciones de los refugiados rohingya procedentes de Myanmar. Familias de hasta ocho personas viven en la misma habitación de unas estrechas chozas de bambú, usando inodoros y grifos comunitarios. En algunas zonas, hay escasez de elementos tan básicos como el jabón.

En esta ciudad de Bangladesh sudoriental, a 20 millas de la frontera con Myanmar, los organismos de ayuda han advertido una y otra vez por la facilidad con que que el virus podría propagarse por los campamentos sin capacidad médica para enfrentarlo. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud hasta el 10 de junio, 35 refugiados dieron positivo en las pruebas de la COVID-19. Tres personas han muerto y hay 30 en cuarentena, aunque se teme que haya más casos no detectados.

El brote ha coincidido con la temporada de gripe, aumentando la confusión sobre los síntomas, pero desde la comunidad explican que la gente está evitando acudir a los centros médicos porque temen ser trasladados a instalaciones de aislamiento. Se ha informado de dos personas que huyeron de la cuarentena la semana pasada porque creían que los enviarían a centros alejados de su familia.

Muchos de los desplazados rohingya refugiados en Cox’s Bazar huyeron a Bangladesh en 2017, después de que Myanmar iniciara una represión militar contra ellos, una minoría musulmana, con «intención genocida«, según la ONU.

Las condiciones son cada vez más desesperadas después de tres años en los campamentos, con personas sin acceso a la educación o a un medio de subsistencia. Desde principios de año, muchos han intentado huir de Cox’s Bazar embarcándose en peligrosos viajes marítimos hacia Malasia, a más de mil quinientos kilómetros distancia. Entre ellos ha habido muchos atrapados en el mar durante meses debido al cierre de fronteras con que los países reaccionaron a la pandemia del coronavirus. Esta semana, Malasia ha detenido a 270 refugiados después de que su pesquero de arrastre, con daños, fuera interceptado por la guardia costera del país.

Bangladesh interceptó otro barco que transportaba a cientos de refugiados de Cox’s Bazar y lo escoltó hasta Bhasan Char, una remota isla de cieno, aparentemente para reducir el riesgo de introducir el virus en Cox’s Bazar.

Otros refugiados temen correr la misma suerte aunque el Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) haya dicho que hay 200 camas en centros de aislamiento y de tratamiento de infecciones respiratorias graves, además de cientos más en proceso de instalación.

Mohammad Shaiful tiene 25 años y vive con su esposa, su tío y su hija de un año en el campamento. La desinformación, dice, se ha propagado a toda velocidad. «Corre el rumor de que van a matar a la gente en cuarentena», explica. «Como si los médicos les estuvieran inyectando algo que causa las muertes. Además, los médicos están ‘contagiando’ el coronavirus a personas que ni siquiera lo tienen y matándolas. La gente tiende a creer en esos rumores en lugar de pensar un poco».

A los refugiados les piden que mantengan una buena higiene y el distanciamiento social, pero al mismo tiempo se han reducido los trabajos de las ONGs para minimizar el riesgo de transmisión. Aunque siguen los servicios esenciales, como la alimentación y el saneamiento, un dirigente comunitario se queja de que en su zona los retretes se habían vuelto inutilizables por falta de mantenimiento.

«Honestamente, no estamos practicando el lavado de manos y las medidas de sanidad porque las ONGs responsables del lavado de manos y de la higiene y el saneamiento no vienen al campamento», dijo Mohammad Jaffa, líder comunitario en el campamento 7 de Cox’s Bazar.

Tun Khin, presidente de la Organización Rohingya de Myanmar en el Reino Unido, menciona el agradecimiento de los rohingya a Bangladesh por haberlos acogido en Cox’s Bazar, pero pide que permitan la conexión a Internet para que la gente pueda recibir información y noticias fiables sobre la pandemia. «No pueden seguir lo que está pasando en el mundo y saber cuántas personas han muerto. Necesitan saber lo que está sucediendo con la COVID-19 para poder aprender y entender que es un peligro para toda la comunidad», dijo.

El gobierno bengalí ha dicho una y otra vez que hace mucho más por los rohingya que el resto de países y que la prohibición de Internet se debe a razones de seguridad.

Abu Tahir, de 37 años, que vive con su esposa y tres hijos, dice que se habían cerrado los mercados y las tiendas pero que la gente no podía permanecer aislada todo el día dentro de sus pequeñas habitaciones. «No sé qué pasará si doy positivo en el test de coronavirus. No estoy tan seguro de esto de la cuarentena. Si algo me va a pasar, me gustaría tener a mis hijos y a mis seres queridos cerca. Dicen que no hay tratamiento para esta enfermedad, ¿entonces qué sentido tiene aislar? Ya hemos pasado por mucho. Pero sobrevivimos porque el Todopoderoso tiene un lugar especial para nosotros. Va a cuidar de nosotros», explica Tahir.

Fuente: https://www.eldiario.es/desalambre/Piden-Bangladesh-Internet-rohingya-coronavirus_0_1037296952.html

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Reversa al pin parental en Aguascalientes

Por: Carlos Ornelas

¿Quién fuera a decirlo? En unas cuantas semanas la tuerca dio vuelta. En Nuevo León pasó y luego, tras una reconvención que la Secretaría de Gobernación aventó al Congreso local, el llamado pin parental no franqueó la puerta de entrada a la ley de educación local. Pero sí en Aguascalientes y por unanimidad, además.

En términos sencillos, el pin parental es una adaptación de las iniciales en inglés de personal identification number para dispositivos digitales o cajeros de bancos, es el nip. En canales de televisión de paga o en plataformas de internet, los padres usan ese pin para fiscalizar ciertos programas y evitar que sus vástagos los vean.

El partido político español Vox lo adoptó con el fin de ponerse a la vanguardia en la censura a la educación sexual y reproductiva que se estableció en programas de estudio y libros de texto. Invoca a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque también apela a la consigna de libertad de elegir y detrás de esos preceptos se encuentra una moral religiosa arcaica y dogmática.

El texto que propuso un diputado del Partido Encuentro Social quedó plasmado en artículo 4 de la Ley de Educación del estado de Aguascalientes:

[…] la autoridad educativa estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones.

Este precepto asienta un veto que los padres de familia pudieran imponer a la enseñanza de valores cívicos, perspectiva de género, promoción de estilos de vida saludables, educación sexual y reproductiva que plasma el párrafo decimoprimero del artículo 3 de la Constitución.

El artículo del pin parental es la punta de lanza de una ofensiva más amplia que, por una parte, recupera parte de los debates del siglo XIX, cuando los liberales pugnaban por la enseñanza libre, es decir, al margen de la religión y del control de la Iglesia católica. Tras guerras civiles, el precepto se asentó en el artículo 3 de la Constitución de 1857.

Por otra parte, atenta contra la educación laica que los constituyentes de 1917 instituyeron tras largos debates, nada más la discusión del artículo 27 tomó más saliva de los congresistas. Éste daba por terminado un Estado oligárquico asentado en la hacienda, el 3 ratificaba que el monopolio de la conciencia nacional ya no pertenecía a la Iglesia.

La Segob (también Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación en un artículo en El Universal), que no la Secretaría de Educación Pública, debatieron con “los conservadores” (esta vez el vocablo se aplicó en el sentido histórico) porque atacaba el monopolio del gobierno para definir planes y programas de estudio. Fue la defensa burocrática del Estado educador.

Hoy va para atrás en Aguascalientes. Diputados locales de Morena, PRD y PRI, incluso uno del PES, lanzaron una iniciativa para reformar  la reforma porque, expresa su exposición de motivos: “Errar es de humanos, perdonar es divino, rectificar es de sabios”.

Más allá de que los proponentes se califiquen de sabios (elogio en boca propia…), la crítica de maestros, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de defensa de los derechos humanos, académicos, periodistas y ciudadanos comunes, forzaron a los diputados hidrocálidos a meter reversa.

Estos detractores del pin parental salvaguardaron el derecho de la infancia y los adolescentes a una educación científica y libre de dogmas. El impulso a un estilo de vida sana implica a la educación sexual. Está comprobado, además, que una enseñanza de esa naturaleza disminuye prácticas de riesgo, retrasa el inicio de la vida sexual, aminora la violencia y la homofobia.

¡Qué bien que la reforma de mayo en Aguascalientes resultó fuego fatuo! La sociedad civil frenó la intentona derechista. Una pequeña victoria para celebrar.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/reversa-al-pin-parental-en-aguascalientes/

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En la mira las y los adolescentes

La combinación de una burocracia educativa y universitaria insensible a la situación también de los adolescentes ha hecho que un movimiento de jóvenes haya acudido (01/07/20) a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para, con base en un detallado análisis, pedirle que recomiende la cancelación de los exámenes estandarizados de opción múltiple para el acceso al bachillerato y universidad. Ya vimos cómo esa insensibilidad en las pasadas semanas provocó que hasta cinco millones de niñas y niños y miles de jóvenes universitarios abandonaran la educación por los requisitos para muchos inalcanzables de los programas emergentes. Y todavía no acaba de terminar esa situación cuando ya tenemos enfrente el arranque de este otro poderoso mecanismo de segregación masiva, el de los exámenes de selección o asignación, que ni de lejos está pensado en poner a los niños y jóvenes en el centro como pomposa y contradictoriamente se proclama. A pesar de lo que afirma la presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de que, gracias a sus votaciones ahora todo mundo tiene derecho a la educación, resulta que están teniendo más derecho a ser respetados los requisitos excluyentes que se utilizaban cuando no existía ni formalmente, ni menos en los hechos, el derecho a la educación en los niveles superiores.

Los únicos problemas que hoy ven los funcionarios y rectores son logísticos y administrativos, no de derechos humanos. La Autónoma de Estado de México, entre otras, obligará a tener una computadora con cámara y micrófono a quienes deseen responder al examen, y conexión óptima, con lo que la exclusión por la vía de requisitos se dará no sólo en el proceso educativo, sino ahora desde el ingreso al mismo. Un software obligado convertirá a cada computadora, además, en un dispositivo de vigilancia para que el estudiante no copie mientras contesta en casa. Otras instituciones aplicarán el examen durante varios días, lo que genera falta de certeza en los resultados, pues tendrán que ser exámenes distintos. Es decir, la preocupación está en cómo procesar a casi un millón de objetos-aspirantes en el país (la mitad sólo en la ZMCM) y no en qué alternativas pueden disminuir el estrés de millones de familias que ahora se continúa con el examen. En Estados Unidos 53 universidades de excelencia, Harvard incluida, decidieron que, para aliviar la tensión del Covid-19, no aplicarán el examen estandarizado (similar al que utilizamos en México) con lo que ya son cientos de instituciones que anteriormente han tomado la misma decisión. Se trata de exámenes deslegitimados por su reconocida tendencia a excluir a las mujeres y los jóvenes de familias populares (y esto se demuestra claramente en la demanda del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior). Y que, por eso no eran/son utilizados como el único criterio para decidir la admisión. Únicamente en México se comete la barbaridad –por mera comodidad institucional– de fincar tan importante decisión sólo en ese resultado (a excepción de la UAM que lo combina con el promedio).

En el fondo, la queja ante la CNDH es contra los directivos, porque no han sido los órganos académicos o colegiados, ni estudiantes ni profesores, los que decidieron el procedimiento, tipo de examen y los criterios académicos de admisión, sino los directivos institucionales. Y son criterios tales que hacen posible que un año las y los aspirantes deben lograr 95 aciertos para ingresar y otro año sólo 40 aciertos. Se reconoce la igualdad en el derecho independientemente del resultado del examen. Pero, a pesar de ello, se enfatiza el discurso de que el acceso a la educación superior es un privilegio y no un derecho. Y se propicia así una mentalidad de superioridad y hasta confrontación respecto de los no admitidos (se les descalifica como flojos).

Así, la queja ante la CNDH por parte del MAES –que desde 2006 demanda la abolición de estos exámenes y la ampliación de las matrículas– va a ser una prueba de hasta qué punto el Estado mexicano está dispuesto a reconocer también en las universidades el derecho, ahora constitucional, que impulsó un gobierno que se ha pronunciado contra estos tests. Por eso, el MAES solicita la supresión del uso de estos exámenes, la ampliación de lugares en los niveles superiores y, además, la creación de mecanismos de paso del bachillerato a la superior que –como ya existe en la UNAM– faciliten el acceso igualitario a ese derecho. Si los lugares son limitados, aun así pueden asignarse con criterios de igualdad real para todos, incluyendo mujeres y pobres. Es otra época, otra constitución, las universidades e instituciones no pueden seguir en un pasado sin derecho igual para todos, so pena de quedar aisladas.

Algunos aprendimos, y ahora toca a Sandoval y Ackerman, que la calumnia no nace del afán de justicia, sino de la pura intención de inutilizar moral y políticamente al otro.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/07/04/opinion/020a1pol

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2,4 millones de niños al borde de la hambruna en Yemen, alerta Unicef

Asia/Yemen/02 Julio 2020/https://eldiariosolidario.com/

Unicef ha vuelto a levantar la voz: el número de niños que sufren de desnutrición en Yemen podría aumentar a 2,4 millones a finales de año, debido a la grave escasez de fondos para la ayuda humanitaria.

El informe “Yemen, cinco años después: niños, conflicto y Covid-19” del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia sobre el país, advierte sobre el aumento en un 20% del número de pequeños destruidos menores de cinco años. Prácticamente, el 50% de este grupo de edad.

“Si no recibimos fondos urgentemente, los niños se verán empujados al borde la hambruna y muchos morirán. La comunidad internacional estará entonces enviando el mensaje de que las vidas de los niños en una nación arrasada por el conflicto, la enfermedad y el colapso económico, simplemente no importan”, explica la representante en Yemen de Unicef, Sara Beysolow Nyanti.

Agua y saneamiento

El trabajo también destaca que, a menos que se garantice la llegada de 40 millones de euros, los servicios de agua y saneamiento para tres millones de niños y sus comunidades empezarán a cerrar a finales de julio. Un impacto en los más de dos millones de niños desnutridos que son especialmente vulnerables, y cuyo estado nutricional podría empeorar desastrosamente si la ayuda se interrumpe.

En total, desde Unicef han realizado una petición de 410 millones de euros para su respuesta humanitaria en Yemen, y otro de 47 millones de euros solo para la respuesta a la COVID-19. Hasta ahora, el llamamiento para dar respuesta a la pandemia solo ha recibido el 10% de los fondos necesarios, y el humanitario el 39%

Fuente: https://eldiariosolidario.com/yemen-hambruna-unicef

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De mujeres, niñas y el derecho a la ciudad metropolitana

Reseña/02 Julio 2020/Autoras: Marta Briones Hernández-Silvia Llorente Sánchez/elpais.com

El espacio público urbano es el lugar físico en el que se reflejan y se escenifican las desigualdades sociales y, una de las más acuciantes a día de hoy, se produce en el derecho a la ciudad de mujeres y niñas. En las áreas metropolitanas de todo el mundo, ven restringida cada día su libertad de movimiento, así como el acceso a oportunidades y disfrute de vivencias. Una brecha de género que se manifiesta, entre otros, a través del acoso sexual en el espacio público, o la ausencia de perspectiva de género en la planificación de la movilidad asociada a las tareas de cuidados, problemáticas que la crisis del coronavirus ha exacerbado, más aún si cabe.

Los llamados trayectos de cuidados —como hacer la compra, acompañar a personas dependientes, visitar y cuidar a personas enfermas—, especialmente esenciales en los últimos meses, se caracterizan por ser recorridos cortos, múltiples y complejos —entre barrios y hacia municipios periféricos—, desarrollarse fuera de las franjas horarias establecidas, a pie o en transporte público. Precisamente, por motivos relacionados con los cuidados, son las mujeres entre los 29 y 49 años quienes representan el grupo de población con la tasa de movilidad más alta en las vastas áreas metropolitanas.

Y hay más. En el contexto de una pandemia como la de la covid-19, donde la mayoría de trabajos esenciales de las ciudades —en hospitales, residencias de personas mayores, servicios de limpieza y alimentación— los estaban sosteniendo las mujeres, su situación se ha ido agravando. El transporte público se ha restringido, impactando la subsistencia de mujeres trabajadoras informales que viven en las periferias de las ciudades, y para las cuales un transporte público accesible y seguro es su medio de vida.

Los espacios urbanos se han construido como producto de modelos y prácticas sociales concebidas por solo una parte de la sociedad: hombre, caucásico, joven, sin responsabilidades de cuidados y con acceso privilegiado a los recursos económicos y el poder político

Sabemos que, a pesar de ser los más sostenibles y suponer el 40% de los desplazamientos en las grandes metrópolis versus al 20% de la movilidad por trabajo productivo (el restante se distribuye entre trayectos de estudios, ocio y gestiones personales), los trayectos de cuidados difícilmente se incorporan a las estrategias de movilidad masivas.

Y es que, históricamente, los espacios urbanos se han construido como producto de determinaciones, modelos y prácticas sociales concebidas por solo una parte de la sociedad: hombre, caucásico, joven, «saludable», sin responsabilidades de cuidados y con acceso privilegiado a los recursos económicos y al poder político, quedando excluidas todas aquellas visiones diferentes de la suya en cualquier proceso de construcción del derecho a la ciudad. De esta manera, el actual modelo de movilidad  —pretendidamente universal— reproduce una visión masculina, de transporte privado y vinculada al trabajo productivo, excluyendo la movilidad femenina, de transporte público, sostenible y asociada a las tareas de cuidados.

De mujeres, niñas y el derecho a la ciudad metropolitana

¿Qué significa esto en la práctica? Esa es la pregunta que tratan de contestar desde la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis (Metrópolis) en la colección «Claves de género», una serie de publicaciones breves que abordan la incorporación de la perspectiva de género en la planificación urbana de las metrópolis. En su último número, «Movilidad y género: como construir el derecho a la metrópolis«, analizan la necesidad de incorporar la vida cotidiana, sus necesidades, patrones y motivos en la formulación de toda política, estrategia e instrumento de movilidad, como ya reclamó en su momento el académico David Harvey.

¿Qué sucede cuando, además, el espacio público metropolitano no es seguro?

Miedo a las agresiones sexuales

La violencia sexual contra mujeres y niñas (VAWG, por sus siglas en inglés) representa un capítulo aparte. Sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más graves —y más toleradas— en todo el mundo. Aunque tiene lugar mayormente en el hogar, ocurre también en las plazas, parques, mercados, calles, baños y transportes públicos de nuestras urbes. Y, según ONU Mujeres, la organización de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, sigue siendo un problema en gran medida desatendido, con pocas leyes o políticas para acometerla y prevenirla.

Debido a las amenazas cotidianas que van desde la agresión sexual, incluyendo acoso y tocamientos, hasta la violación y llegando al feminicidio, las mujeres y niñas de todo el mundo todavía temen participar, vivir y apropiarse del espacio público. A partir de ahí, el miedo restringe sus libertades y, obstaculiza el acceso a oportunidades y el disfrute de vivencias en los espacios y tiempos urbanos: hay lugares, parques y barrios adonde no van las mujeres a partir de determinadas horas, simplemente por el hecho de ser mujeres.

La buena noticia es que los gobiernos, a distintos niveles, han ido incorporando en su agenda política iniciativas para combatir esta violencia. Un compromiso reafirmado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2015  —la Agenda 2030 consolida los compromisos mundiales para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas en los ODS 5 y 11— y en la Nueva Agenda Urbana (NAU) aprobada en Quito en 2016.

El derecho a la ciudad, tal y como lo planteó el filósofo francés Henri Lefebvre, hacía referencia a dos factores: primero, ser capaz de apropiarse del entorno urbano y, segundo, de participar en él. En este sentido, la violencia sexual contra mujeres y niñas no solo impacta en ambos aspectos, sino que lo hace con un claro sesgo de género, tanto en sus causas y características, como en las consecuencias que tiene en sus vidas.

En los últimos tiempos, muchos gobiernos metropolitanos han venido ofreciendo soluciones y movilizando al resto de actores para reducir tanto los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, como la percepción de inseguridad en el espacio público, desde el concepto del pleno derecho a vivir la ciudad.

En Lyon, por ejemplo, el sistema público de transporte —SYTRAL— formuló recorridos exploratorios donde distintas representantes de mujeres indicaban las zonas donde se sentían inseguras, para poder recomendar cambios en el sistema. También encontramos el caso de Toronto que, con la campaña de la Comisión de Tránsito (TTC, por las siglas en inglés), #ThisIsWhere, buscaba concienciar sobre el acoso sexual y las agresiones que tienen lugar en el transporte público.

Si consideramos el escenario de la covid-19 como el momentum para acelerar ciertas medidas que acaben con la brecha de género aún existente en nuestras urbes, hagámoslo incluyendo los aprendizajes de estos meses. Sin ir más lejos, el derecho a la ciudad y su valor de uso, leídos desde un enfoque de género, son especialmente relevantes para pensar las ciudades metropolitanas de manera inclusiva, y la movilidad metropolitana se convierte así en la herramienta democratizadora por excelencia para garantizar el pleno derecho a la ciudad de mujeres y niñas.

Aunar esfuerzos con las organizaciones de mujeres, vehicular espacios de participación e incorporar las vivencias cotidianas en la planificación urbana, es además de efectivo, justo. ¿Será este momento de crisis una oportunidad para conseguirlo?

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/06/29/seres_urbanos/1593424225_503344.html

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