En Venezuela vivimos graves momentos de caos y colapso. La terrible conjunción de la crisis del país, sometido al modelo destructivo del régimen, y los efectos de la pandemia del covid-19 en lo social y económico, castigan diariamente a los venezolanos.
Los testimonios de líderes y voluntarios en las comunidades hablan de la grave situación que estamos viviendo, en la que el hambre, la hiperinflación, la escasez de combustible, el colapso de servicios básicos y la violencia desbordan a las personas. Una de nuestras líderes nos relata: “La comunidad pasa demasiado trabajo, no hay agua, ni luz. No hay nada que comer, jamás me imaginé tanta hambre, miseria en mi comunidad y mi país”.
En Petare, enfrentamientos entre bandas a principios de mayo se mantuvieron por más de una semana, en medio del silencio y la inacción de cualquier autoridad. Así lo cuenta una de nuestras madres: “Las Hermanas se fueron de la escuela. Los vecinos se han ido. Ventanas partidas. Puertas violentadas. De noche es una boca de lobos. No dejan encender las luces a los que habitan por allí… Yo vivo en medio de las dos zonas… y vemos pasar las balas… ha sido horrible. Mis niños lloran, nos escondemos. Son horas seguidas de angustia”.
La escasez de combustible ha generado graves trastornos. Se testimonia el maltrato de efectivos asignados al resguardo y control de las estaciones de servicio, el tener que hacer colas enormes, desde horas de la madrugada o la noche anterior, sin saber si se recibirá el combustible o no, así como el surgimiento de situaciones ilegales en las que se empieza a establecer un mercado negro de gasolina.
La actual situación del país es la de un régimen que impone un modelo de represión y sometimiento que busca reemplazar cualquier forma de convivencia. El Estado persigue y hostiga, criminaliza y excluye. Incluso acusa a organizaciones que defienden los derechos humanos, como Provea y Cofavic, de ser “enemigos internos”.
Pero frente a esta situación debemos resaltar el esfuerzo que la gente, en comunidades y desde grupos de la sociedad civil, realiza todos los días para mantener vivos los valores convivenciales que son atacados todos los días por el poder. Las personas en la calle, a pesar de las dificultades y de la violencia, mantienen en sus vidas la luz de la humanidad y el reconocimiento del otro.
Frente a la situación de violencia en Petare, se tomaron medidas para reiniciar actividades cuando cesaran los enfrentamientos. Así los afirma Andrés Schloeter: “Con mucho dolor se tuvieron que retirar temporalmente de la escuela para preservar su seguridad. Sin embargo, estoy seguro que las hermanas volverán con más fuerza a la escuela, nosotros podremos abrir nuevamente las puertas del comedor y todos juntos continuaremos al servicio de nuestra gente”.
También lo vemos en nuestro trabajo en iniciativas como Alimenta La Solidaridad en la que vecinos se organizan en cadenas humanas de distribución para poder llevar los almuerzos en diversos sectores de una comunidad en medio de la cuarentena. En sectores de Petare como Santa Lucía, los vecinos generan grupos de apoyo para las personas de la tercera edad que no tienen acceso a alimentos y medicinas.
Como nos cuenta una de nuestras madres: “Me siento esperanzada, mi comedor no para y no parará. Estoy orgullosa de formar parte de esta gran familia de Alimenta La Solidaridad. Esto me da ánimo para seguir”.
En zonas como La Vega, la voluntad de continuar trabajando es la fuerza impulsora que ayuda a seguir día a día frente a las dificultades. Así lo cuenta uno de nuestros líderes: “Vivo matando tigres, con la moto me rebusco. Hay que ser un varón, y como sea hay que resolver. En Propatria, la gente se está organizando ante tanta tragedia, hambre y miseria. No hay agua, ni luz, el sueldo no rinde, no hay medicamentos. El derecho a la vida está pisoteado. Pero lo que seguimos haciendo por nuestros chamos me mantiene en pie de lucha”.
Estas son solo algunas voces que expresan la voluntad de superación de los problemas, negándose a reproducir la cadena de violencia y subyugación del modelo dictatorial. Frente a la imposición de la violencia, las personas se convierten en bastiones de convivencia y solidaridad, que desde el ejercicio cotidiano de estos valores significan una esperanza cierta de que podremos atravesar la tragedia que hoy nos embarga.
La Ley de Urgente Consideración (LUC) es criticada por numerosos sectores sociales, que ven en ella un retroceso democrático. Los docentes llaman al paro y a la movilización a partir de una medida de similar corte, tomada por el Consejo de Educación Secundaria.
La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo (ADES Montevideo), capital de Uruguay, está convocando para el jueves 2 de julio a un paro de 24 horas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) que actualmente se debate en el Congreso nacional.
Los docentes acordaron en asamblea general, el viernes pasado, convocar también a una movilización en la capital uruguaya en contra de ese paquete de medidas, criticado por numerosos sectores sociales, entre ellos el Frente Amplio.
Estos consideran que la LUC no refleja las prioridades del país y supondrá un retroceso en la economía, la educación, las empresas públicas, los sindicatos y las relaciones laborales, entre muchas otras áreas.
La decisión de llamar al paro fue motivada por la prohibición, por parte del Consejo de Educación Secundaria (CES), del uso de tapabocas con la frase “EducarNoLUCrar”. Esta limitación regirá para todos los liceos públicos y las dependencias del país.
El dirigente de ADES, Javier Iglesias, informó que el Consejo Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) presentará un recurso administrativo y una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos en rechazo a la medida que tomó el CES.
Reseñas/25 Junio 2020/Autora: Melissa Silva Franco/elpais.com
Hace seis años esta mujer llegó a Arsal, un pueblo fronterizo entre Siria y Líbano. Allí comenzó una batalla en solitario, con un propósito firme: convencer a las familias de que el futuro de las niñas está en las escuelas y no en los matrimonios pactados
Los bombardeos obligaron a Hiam a meter lo que podía en dos maletas, alistar a su hijo pequeño, repartirse el peso con su marido y caminar durante tres días hasta Arsal, un pueblo de Líbano que colinda con Siria. El trayecto no fue fácil, ni barato, por lo que Hiam vendió casi todas sus pertenencias durante el camino.
“Llegué con casi nada, solo con mi carné de identidad”, recuerda esta mujer, mientras prepara un té en la cocina de su casa. Esto ocurrió en 2014, cuando Arsal duplicó su población con la llegada de familias sirias que escapaban de la guerra. En este pueblo vivían alrededor de 37.000 libaneses pero a finales de ese año ya contaba con más de 77.000 nuevos habitantes sirios.
Esta ampliación de la población colapsó el sistema de viviendas, el de sanidad y disminuyó los puestos de trabajo. Por lo que Hiam se encontró en una ciudad con verdaderas dificultades para comenzar una nueva vida.
“Entramos por los caminos verdes desde Siria hasta Arsal y al llegar nos dimos cuenta de que había miles de familias que esperaban conseguir ayuda como nosotros”. Siguió el calvario. Los días se fueron entre largas esperas, colas para adquirir comida y citas para solicitar la protección internacional. Hasta que semanas después, Hiam consiguió que los organismos internacionales le asignaran un lugar en uno de los 117 campos de refugiados que se construyeron en este poblado, de 316 kilómetros cuadrados.
Pero este lugar donde dormir se esfumó a los pocos días. Un cortocircuito en el sistema de alumbrado ocasionó un voraz incendio que consumió más de 50 casas. Hiam y su familia quedaron a salvo, pero las llamas se llevaron lo último que le quedaba como ciudadana siria: el documento de identidad. Desde entonces, Hiam se ha vuelto invisible para el sistema de refugiados en Líbano y el mundo. No tener un carné de identidad le imposibilita legalizar su situación, optar a un trabajo, estudiar y hasta el volver a cruzar la frontera de regreso a Siria. Pero Hiam se resiste a ser invisible.
La lucha por mejorar las condiciones
Ahora, Hiam vive en el campo de refugiados Al-Abra 4 de Arsal. Un espacio de 8.000 metros cuadrados donde se han instalado 160 tiendas de campaña, hechas de lona blanca, poco resistente al frío. Estas condiciones han obligado a las familias sirias a vivir inviernos de extrema dureza, en los que la capa de nieve ha llegado a cubrir hasta dos metros de altura y con temperaturas que han alcanzado los 10 grados bajo cero.
Además, el espacio es mínimo. Cada tienda de acampar mide 4×6 metros, distribuidos entre un salón (que sirve de habitación), una letrina y una cocina. El acceso al agua se da una vez cada dos días, y la electricidad es tan precaria como inconstante. “Aquí vivimos unos 400 sirios. Un 60% somos mujeres, viudas, niños y personas con alguna discapacidad física tras la guerra. No tenemos escuela, tampoco un centro de salud”.
Hiam conoce como nadie este campo. Porque desde que llegó no ha parado de implicarse en la lucha pública, tras toparse con una montaña de problemas que afectan a las mujeres como ella. Por eso, decidió formar parte de cada protesta, organizar las reuniones vecinales, visitar a las organizaciones internacionales y a los políticos locales para exigir una respuesta a la demanda de sus vecinos.
En Al-Abra 4 se creó un comité de refugiados hace cuatro años. Hiam no es solo una de las fundadoras, sino también es la única mujer que forma parte de este grupo. Un hecho poco común en un país en el que la mujer no suele tener acceso a la vida pública, ni mucho menos política.
Najwa Frossine, activista de la League for Lebanese Women’s Rights (LLWR), denuncia que aún existes innumerables barreras para que las mujeres formen parte activa del ámbito público. Frossine denuncia esta situación con un ejemplo claro: “En el Líbano, solo seis de los 128 escaños parlamentarios los ocupan mujeres y, las que están, pueden estar allí porque han heredado el cargo de su padre, marido o familiar masculino fallecido”.
El papel de Hiam en este comité de refugiados es visibilizar las demandas de las mujeres. Una de ellas es el acceso al trabajo. “Las sirias al llegar a Arsal nos encontramos con una realidad muy distinta. En Siria, nosotras teníamos una vida con más comodidades, los maridos tenían sus trabajos, nuestras casas eran nuestros reinos. Pero la guerra acabó con todo y nos trajo hasta aquí, donde no hay empleo para los hombres y a las mujeres nos ha tocado salir a trabajar de lo que sea, sin ningún tipo de protección legal”.
Esta precaria situación ha provocado que muchas de ellas sufran acoso sexual y explotación laboral. Hiam, pese a que no puede acceder a un puesto remunerado, lleva los últimos años recogiendo las denuncias de esta realidad laboral que viven las mujeres para exponerla ante las autoridades locales. Ella es un puente entre las decenas de mujeres refugiadas y el Estado libanés.
“Yo misma sé lo que es ser empleada sin papeles, que se aprovechen. Trabajé en una tienda desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche, me ofrecieron 100 euros al mes que al final ni me pagaron. Pues esto lo tienen que saber las autoridades. Por ello, lo denuncio”.
Las niñas, a la escuela
Pero la punta de lanza en la batalla de Hiam es cambiar el destino de las niñas en los campos de refugiados de Arsal. Ella ha visto como cada vez más familias optan por pactar el matrimonio de sus hijas como una salida de la pobreza y un salvavidas ante la seguridad. “En nuestro campo hay mucha inseguridad, no hay acceso a la escuela y no tenemos dinero. Esto ha hecho que muchas familias estén casando a sus hijas adolescentes para protegerlas de que las violen y porque representan una carga económica”.
Pero la espiral de violencia no termina en el matrimonio. Hiam asegura que algunas de estas adolescentes después sufren agresiones físicas, sexuales y psicológicas por parte de sus maridos. “Es una cadena negativa porque luego quedan embarazadas, y cada vez sus vidas se vuelven más limitadas”. Lona (nombre ficticio) tiene 23 años. Tres hijos. Seis años casada. Cuatro años sufriendo palizas por parte de su esposo. “No le importa violarme delante de los niños. Cuando le va mal en el trabajo, él llega a golpearme. En el médico me han dicho que mi esposo me ha hecho mucho daño en la vagina”.
Esta joven más de una vez ha sido auxiliada por Hiam, quien pese a las constantes amenazas de otros hombres o los consejos de “evitar meterse en asuntos de pareja”, no solo ha intentado intervenir a través del comité de refugiados sino que además ha informado a las autoridades. Para evitar que más niñas y adolescentes vivan el infierno de Lona, Hiam en cuanto se entera de que una familia quiere pactar un matrimonio, visita a los padres para convencerles de que la educación es mejor herramienta. No es una sola visita, Hiam habla con los padres hasta el último momento.
“Con una sola familia que convenza ya el trabajo ha valido la pena. La niña tiene que crecer, la mejor arma son los estudios. Cuando termina sus estudios, esta niña es más consciente, más sabe y más confianza tendrá en sí misma y menos miedo tendrá a los obstáculos”. Otra de las estrategias que ha diseñado es invitar a las autoridades del Ayuntamiento de Arsal a reunirse con las mujeres en el campo. Es así como Rima Krombi, exalcaldesa y actual asesora de los asuntos de las mujeres en el gobierno local ha asistido más de una vez. “Estas reuniones entre mujeres son el lugar donde trasmiten sus experiencias. La poderosa a la vulnerable y la vulnerable revela sus debilidades. Esto hace que la poderosa se sensibilice y lo trasmita a más mujeres” resume la exalcaldesa.
Para estas reuniones, Hiam se esfuerza en encontrar información valiosa para el resto de las mujeres. Por ejemplo, se reúne con médicos para que le expliquen las consecuencias en los cuerpos de las niñas al quedarse embarazadas. Una aliada es la doctora Linda Abdo, quien explica que a su consulta a diario llegan menores de edad casadas con 13 y 14 años. “Pero realmente no es una niña enferma, es una niña casada, embarazada que puede sufrir abortos. Es un embarazo peligroso porque un matrimonio tiene consecuencias físicas y psicológicas graves para estas pacientes. Otra realidad es que a la consulta vienen familias a pedir certificados de salud de estas niñas que quieren casar, pero tengo que denegarlos porque no tienen el cuerpo, ni la salud para un matrimonio”.
Mostrar al mundo
Esta lucha de Hiam, sin sueldo, no solo se extiende en Arsal. Esta refugiada camina a contracorriente para que su vida y la de las mujeres a su alrededor no se diluyan. Es por eso que desde hace más de dos años, ha recibido a distintos medios internacionales para mostrar la vida en Al-Abra4, para que otras refugiadas cuenten sus historias y para exigir a las autoridades que den respuestas. En España, la vida de Hiam será contada en el documental Nisaah, que realizan desde hace dos años organizaciones catalanas como la Associació Catalana per la Pau y la Fundacio Pau i Solidaritat.
“Antes, en este campo, muchos refugiados recibían a los medios con piedras, porque todos estábamos cansados de que nos usaran. Pero con el tiempo he entendido que los medios nos ayudan a mostrar lo que aquí vivimos a países lejanos, y eso, al menos, es una esperanza de no quedarnos tan solas”, dice Hiam.
Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/06/16/planeta_futuro/1592305481_389559.html
Los servicios secretos de Estados Unidos estaban interesados en los acontecimientos políticos y sociales de España y que pudieran tener repercusión en el exterior. En los años ochenta, éramos un valioso aliado. En 1984, la CIA se preocupó por uno de los episodios más oscuros de nuestra historia; investigó a los GAL, sus antecedentes y las actividades contraterroristas. La historia llega a nuestros días sin clarificar.
Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron terrorismo de Estado o guerra sucia contra la organización terrorista ETA y su entorno. Estuvieron activos entre 1983 y 1987, durante los primeros años de los Gobiernos de Felipe González. En sus cuatro años de historia, los GAL cometieron más de treinta acciones terroristas, matando e hiriendo a cerca de sesenta personas. Entre sus métodos habituales estaban la colocación de bombas en los coches, tiros en la nuca y ametrallamiento en los bares donde supuestamente se encontraban los etarras. Varias de sus víctimas no tenían ninguna relación aparente con ETA. En algunos de esos casos, incluso los GAL reconocieron haber equivocado su objetivo o pidieron disculpas.
Durante el proceso judicial contra los GAL, quedó probado que fue financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior. Años después fueron condenados los exministros del Interior José Barrionuevo y José Corcuera, el secretario de Estado por la Seguridad Rafael Vera, el secretario general del Partido Socialista de Euskadi-PSOE, Ricardo García Damborenea; el gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, el teniente coronel Ángel Vaquero y el general de la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo Enrique Rodríguez Galindo.
En un documento fechado en 1984, la agencia estadounidense admitía la guerra sucia contra ETA y reconocía que «si la supuesta participación de Madrid es confirmada, las credenciales democráticas del Gobierno español y del Partido Socialista quedarían manchadas seriamente», según informa La Razón. La CIA tenía muy claro que Felipe González fue el famoso «señor X» de los Grupos Antiterroristas de Liberación. De momento, el expresidente del Gobierno ni reconoce ni niega, pero no calla. El expresidente intensifica sus declaraciones contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Unidas Podemos. En Moncloa la preocupación es mínima. La solidez de la coalición PSOE-Unidas Podemos se ha reforzado durante la pandemia. González «está ganando credibilidad en sectores conservadores, pero en el mundo progresista la gente le comprende cada día menos».
El PNV, ERC, Junts Per Catalunya, EH Bildu, CUP y el BNG han registrado en el Congreso una petición conjunta para que la Cámara abra una comisión de investigación «para esclarecer las responsabilidades y vínculos con los GAL de los gobiernos presididos por Felipe González», en cuanto responsable de la creación en los años 80 de los Grupos Antiterroristas de Liberación, «un grupo violento amparado por el Estado y que debía acabar con ETA usando sus mismos métodos».
El diario La Razón informa de que la CIA ha desclasificado varios documentos y que en ellos, sin la menor duda, el Gobierno de Felipe González queda señalado como quién organizó los GAL. En el informe de la CIA, titulado España: Terrorismo vasco y respuesta gubernamental, se afirma que: «Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas». La CIA reconoce que los GAL «han sembrado el miedo y la desorganización entre los etarras fugitivos» y explica que «los terroristas están todavía más a la defensiva porque saben que salir de España no garantiza la seguridad», concluye el informe.
La CIA, en el informe de 1984, habla de la situación del terrorismo internacional y asegura que el Gobierno de España parece determinado a adoptar una estrategia poco ortodoxa en relación con ETA. La Agencia escribe que «González ha acordado la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a los terroristas». Lo suponíamos, lo conocíamos y ahora queda al descubierto con todos sus matices. Es necesario crear una comisión parlamentaria que aclare aquellos tétricos acontecimientos.
El informe de la CIA, elaborado por la Oficina de Análisis Europeo, clasificado como «secreto», muestra que EEUU conocía tanto sobre el terrorismo de ETA como sobre los GAL. Además, lamenta que después de haber sido investigados y juzgados estos hechos, «solo una decena de personas fueron procesadas» y «los principales condenados apenas cumplieron unos meses de prisión pues la mayoría fueron indultados y las responsabilidades políticas nunca fueron asumidas».
En julio de 1993 el juez Garzón reabrió el expediente sobre el secuestro de Segundo Marey para evitar que prescribiera, al hilo de los escándalos por el desvío de fondos reservados en la investigación sobre el exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán. Finalmente el Tribunal Supremo condenó a prisión por secuestro y malversación de caudales públicos a José Barrionuevo, ministro de Interior; Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad; Francisco Álvarez, jefe de la Lucha Antiterrorista; Miguel Planchuelo, jefe de la Brigada de Información de Bilbao; José Amedo, subcomisario de Policía; Julián Sancristobal, gobernador civil de Vizcaya. Ricardo García Damborenea, secretario general del PSOE en Vizcaya fue condenado a prisión por secuestro; Michel Domínguez, policía, ingresó también en prisión como cómplice de secuestro.
Una de las consecuencias que produjo el caso GAL fue el final del santuario francés para los refugiados ligados a ETA en el sur de Francia. No disminuyeron las víctimas y no perdió un ápice el apoyo político en el País Vasco. Las actuaciones ilegales de los GAL jugaron un factor determinante en la derrota del PSOE durante las elecciones generales españolas de 1996 en las que González renunció al liderazgo del partido. El propio González fue acusado de estar tras la misteriosa figura del «Sr. X», al declarar «me enteré por la prensa».
El PSOE siempre ha negado toda responsabilidad respecto a los GAL y González nunca ha sido acusado formalmente ante un tribunal por estos hechos. Sin embargo, Felipe González no permitió la investigación completa sobre los fondos reservados con los que se había financiado a los GAL. El gobierno de José María Aznar concedió el indulto parcial a Barrionuevo y Vera en el año 1998.
Tras la investidura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, que supuso la vuelta al poder del PSOE, diferentes dirigentes socialistas, con Felipe González al frente, reclamaron el indulto total para Rafael Vera y otros condenados, aunque sin éxito. En enero de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó un recurso de Rafael Vera por posible violación de la presunción de inocencia y falta de imparcialidad en la fase de instrucción.
El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se ha mostrado contrario a crear la comisión en el Congreso para investigar al expresidente del Gobierno Felipe González. «No creo que sea un motivo especial en el que se deba dedicar el Parlamento, por un hecho que pasó hace años y que tuvo su resolución judicial y con condenas». Al PSOE «no le parece bien» esta petición de comisión de investigación, por lo que el Grupo Socialista no lo apoyará, porque considera que no hay afán de búsqueda de la verdad, sino por oportunismo político.
Los Grupos Antiterroristas de Liberación practicaron terrorismo de Estado durante los dos primeros gobiernos de Felipe González. Durante el proceso judicial quedó probado que el grupo estaba financiado por altos funcionarios del Ministerio de Interior. Si no fue así qué se investigue en una comisión parlamentaria. El terrorismo de estado o la guerra sucia no caben en un Estado de Derecho ni en un sistema democrático la impunidad.
Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/a-proposito-del-informe-de-la-cia-sobre-los-gal/
América/México/24/06/2020/Autor y fuente: desinformemonos.org/
Los desplazamientos forzados en Chiapas son “métodos de ‘castigo’ a las minorías y organizaciones sociales que proponen nuevas ideas de resistencia al mal gobierno”, tal como sucede con los pobladores de las comunidades indígenas de Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama, denunció la organización pacífica Las Abejas de Acteal.
“Sabemos que no sólo existen desplazados forzados en nuestra Organización Las Abejas, sino que nuestros hermanos desplazados de Chalchihuitán y Aldama siguen viviendo en las montañas. Las autoridades oficiales, quienes deberían de tener voluntad política para resolver los respectivos conflictos, se hacen de la vista gorda y así administran los problemas”, acusó la organización en un comunicado tras el Día Internacional del Refugiado, conmemorado el 20 de junio.
Las Abejas de Acteal lamentaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además de no atender la situación de los desplazados indígenas, “sigue con sus políticas de saqueos en territorios de los pueblos originarios” y “se aprovecha de la pandemia” para imponer megaproyectos y violar los derechos humanos a través de las instituciones.
Finalmente, Las Abejas manifestaron su solidaridad con el pueblo ikoots de Oaxaca ante la masacre de 15 indígenas en San Mateo del Mar, donde las víctimas fueron torturadas y quemadas vivas por sujetos encapuchados durante un conflicto político-electoral entre el presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa y las comunidades que no lo reconocen como autoridad, pues en el día de la elección hubo conatos de violencia y quema de casillas.
A continuación el comunicado completo:
22 de junio, 2020
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Hemos alcanzado la mitad del año, agradecemos a la Madre Tierra, agradecemos a esta Tierra Sagrada de Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, por habernos dado vida y salud ante la pandemia por el covid 19 y por la fuerza y sabiduría para lidiar con la impunidad; asimismo, agradecemos a todas las mujeres y hombres quienes caminan con nosotras y nosotros en la búsqueda de una justicia verdadera y la construcción de nuestra autonomía.
A 6 meses de haber trascurrido el año 2020, hemos pasado momentos difíciles, pero, la naturaleza y el tiempo, nos sorprenden con esperanzas y alegrías. Por ejemplo el día de antier 20 de junio, en el marco del Día Mundial de los Refugiados, con el Grupo de Teatro de Las Abejas de Acteal, organizamos una pequeña fiesta para alegrar el corazón de las y los desplazados de la comunidad “Río Jordán” de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros del municipio de Chenalhó, Chiapas, quienes desde el año pasado fueron desplazados forzadamente de parte de partidistas y autoridades comunitarias oficialistas, a causa de su resistencia a los proyectos y políticas del mal gobierno.
Fue así, que, sobre la tristeza y el dolor por el desplazamiento, danzamos, contamos chistes, jugamos juegos tradicionales, cantamos y reímos mucho con nuestros compañeros desplazados, la pasamos muy alegres y esa alegría pensamos que no debe ser sólo un día, sino, hay que estar así todos los días, que no nos gane cualquier tristeza y enfermedad causada por el desplazamiento forzado.
Sabemos que no sólo existen desplazados forzados en nuestra Organización Las Abejas, sino, que nuestros hermanos desplazados de Chalchihuitán y Aldama siguen viviendo en las montañas, las autoridades oficiales quienes deberían de tener voluntad política para resolver los respectivos conflictos, se hacen de la vista gorda y así administran los problemas.
Nos indigna, que los desplazamientos forzados sean métodos de “castigo” a las minorías y organizaciones sociales que proponen nuevas ideas de resistencia al mal gobierno y de los saqueos a nuestra nación, y lo más indignante es que los que hacen ese trabajo sucio en beneficio del mal gobierno y de los partidos políticos y poderosos, son nuestros propios hermanos a cambio de migajas y de programas asistencialistas.
En nuestro largo caminar de la lucha No Violenta, hemos visto que desde un simple malentendido hasta conflictos políticos que terminan en masacres, es causa de la competencia, la intolerancia y la soberbia, estas actitudes, envenenan el corazón y asfixian la razón y en consecuencia un individuo o un grupo que quiere ejercer poder sobre otro, su recurso para “resolver” un conflicto es recurrir a la violencia.En cambio, una mujer o un hombre No Violento, en este caso Las Abejas de Acteal, para evitar desde un pleito sencillo hasta una masacre, esfundamental e indispensable el respeto, la tolerancia, el diálogo, saber escuchar al prójimo, la razón, cuando se aplican estos valores en la resolución de un conflicto, el fruto se deriva a la justicia, la paz y la libertad.
Cuando se habla con la verdad y se busca la paz verdadera, es tan sencillo resolver cualquier tipo de conflicto, pero, tristemente, los ricos poderosos, los caciques, los partidos políticos y el mal gobierno, no saben qué es platicar con la verdad y desde el corazón. Al contrario, el gobierno de México sigue con sus políticas de saqueos en territorios de los pueblos originarios; los ricos y poderosos siguen gozando de privilegios en época de la “4 Transformación” y, como vemos cómo van de mal en peor las políticas de allá arriba, entonces, se reafirma que el cambio de un gobierno justo, un mundo nuevo que tanto anhelamos, sólo, nosotros los pueblos pobres y organizados podemos realizarlos con nuestra lucha y organización y la construcción diaria de nuestra autonomía.
El actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se aprovecha de la pandemia, para imponer sus megaproyectos, viola derechos humanos a través de sus instituciones, muestra de ello, aquí en México, la policía, mata, si no usas “tapabocas” te matan, si lo usas te “confunden” de delincuente, como sucedieron con:a) Alexander Martínez en el estado de Oaxaca, lo mataron porque creyeron era un delincuente.b) Giovanni López fue asesinado en Jalisco, porque no llevaba un barbijo para protegerse del “coronavirus”.
Como lo dijimos en el mes de marzo en nuestro comunicado, si no te mueres de covid, te puedes morir de alguna enfermedad curable y si no te mueres de ninguno de estos dos, el gobierno nos mata a través de su policía.
Nos unimos a la denuncia y nos solidarizamos con nuestras hermanas y hermanos de San Mateo del Mar del pueblo Ikoots en el estado de Oaxaca, miembros del Congreso Nacional Indígena, quienes ayer fueron agredidos por personas encapuchadas al parecer en complicidad con el presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa y el empresario e influyente Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, exigimos al gobierno estatal y federal no quede impune este atentado en contra de la vida y autonomía de nuestras compañeras y compañeros del pueblo Ikoots.
Otro caso ante la emergencia por el covid 19, nos preocupa las ataques y desprestigio de los que es objeto el Padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, recientemente culpan ser “autor intelectual” del fallecimiento de “Verónica de Simojovel, ante este hecho, siempre estaremos cerca física y moralmente con nuestro hermano el P. Marcelo, y pedimos a las autoridades competentes eviten tales difamaciones.Hermanas y hermanos, ante la descomposición total del sistema de gobierno en México, no queda otro camino el de crear nuestros propios gobiernos a través de la libre determinación y autogobierno, porque nosotros somos pueblo mexicano, nosotras y nosotros hacemos la nación.Tal parece que en México estamos atravesando una gran tormenta y abismo, pero, estamos seguros que lograremos cruzarlos, la memoria y la esperanza que emana de la sangre derramada aquí en Acteal, nos mantendrá firmes y de pie para lograr ese mundo nuevo y más humano que tanto deseamos para todas y todos.
Con mucho cariño y respeto, con nuestro corazón engrandecido, terminamos nuestra palabra de este día, celebrando con gratitud los 75 años de la vida de nuestro Tatik Raúl Vera López, desde Acteal le enviamos nuestra palabra llena de fuerza, amor y esperanza, por su entrega en la defensa de los derechos humanos de las y los más desprotegidos y oprimidos; nuestro respeto y reconocimiento incondicional a su persona y a su moral, de la misma dimensión como lo tuvimos con nuestro entrañable Tatik Samuel.
Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, seguimos caminando por la verdad y justicia a la Masacre de Acteal.AtentamenteLa Voz de la Organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal.
Por la Mesa Directiva:
Simón Pedro Pérez López
Hilario Jiménez Pérez
Francisco López Sántiz
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/desplazamientos-forzados-son-metodos-de-castigo-a-minorias-que-se-resisten-gobierno-las-abejas-de-acteal/
Estamos en riesgo y en oportunidad. La interrupción de la dinámica cotidiana de la escuela –la más larga, profunda y devastadora de la que se tenga registro en México y el mundo– también trajo un nuevo aprecio mutuo entre las familias, por un lado, y las y los docentes y directivos por el otro. Saben que en estas semanas nada fue fácil y se rifaron unas y otros por los niños. La situación de encierro con la pandemia, de cierre generalizado de aulas, nos da una oportunidad: entender que la escuela no es el domicilio, el edificio, sino la comunidad del aprendizaje.
Estamos viviendo una etapa en la cual la familia sale de un extendido letargo y se reconoce a sí misma como comunidad educadora, especialmente en el caso de los adultos con hijos en la escuela pública. En qué grado van, cuáles son los contenidos, qué se les complica, qué realmente extrañan de la escuela, qué aborrecen de ella y ya no quieren topárselo de regreso es algo que ha llenado las conversaciones de padres y madres con sus hijas e hijos estos últimos noventa días. Qué útiles sí tienen y cuáles no, si aprendieron o no a usar computadoras y dispositivos, el estado de los libros de texto… el resguardo compartido ha resultado un curso de inmersión en los hogares sobre lo que realmente les gusta, quieren, saben y pueden esos –por momentos desconocidos– miembros más jóvenes de la familia. Sus añoranzas, sus temores, sus esperanzas, sus juegos y dibujos, sus hábitos ya consolidados, su sentido de propósito sobre lo que depara el nuevo curso escolar tras el verano es un horizonte muy presente y tangible en lo que se vive hoy en cada casa.
Necesitamos entonces comenzar ya una nueva fase en la cual no perdamos esa dedicación e interés de las familias en la formación de sus hijos, y evitar que nos regresemos al desapego y abulia que en mucho dejó sin energía ni participantes a los consejos escolares de participación social. Y ahora, de la oportunidad también brota el riesgo.
En el proceso de armonización de las leyes estatales de educación, que un transitorio de la reforma constitucional de 2019 mandató que se concluyera con límite del 15 de mayo pasado, se ha suscitado una serie de desencuentros, malentendidos y exageraciones que conviene desbrozar. La Ley General de Educación (LGE) se empujó sin reconsideración de la iniciativa original, activando la aplanadora de la mayoría en las dos Cámaras, que la aprobaron en septiembre del año pasado; perdió en varios puntos clave la visión amplia e incluyente del Artículo Tercero. No olvidemos que está por llegar a la discusión de la Suprema Corte de Justicia la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que cuestiona elementos de forma y de fondo en la garantía del derecho a la educación, el derecho a la información y el derecho a la participación que sí están en el nuevo Tercero constitucional, pero no en la nueva LGE. De esa sesgada y empobrecida Ley General, se extrajo una “Ley Marco”, machote divulgado en enero de 2020 y que con mínimos retoques fue la base de la iniciativa de la Ley de Educación de Puebla, y que se le reconoce también como armazón de las demás aprobadas hasta ahora, lo mismo en San Luis Potosí que en Sonora o Michoacán.
Lo triste es que ha sido ocasión para que se busque aprobar el llamado “pin parental”, una cláusula que diputados de variada cepa –PRI, PAN, PES– buscan colar, como lo hicieron ya en el caso del Artículo 4 de la ley de Aguascalientes, la obligación de que la autoridad educativa dé a conocer “…de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”.
No se puede defender congruentemente un derecho a expensas de otro. El derecho a la participación de las familias no puede ponerse como un filtro discrecional sobre el ejercicio del derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes. Además de su papel clave para una cultura de prevención y denuncia del abuso sexual y como parte del autoconocimiento y autocuidado, una educación que aisle a una niña o niño específico y sus propios derechos sexuales y reproductivos y de su contacto con el mundo es una distorsión que debe combatirse con toda energía. Se tergiversa no sólo el marco de derechos humanos que es parte del orden constitucional, sino que además nos regresa a antes de la pandemia, a varia décadas atrás, a los peores arrebatos del adultocentrismo: la autoridad buscará alejar a las familias de la escuela, tenerlos sólo de respaldo para las contribuciones que alivien su precariedad de falta de jabón y papel y cubrebocas, o máximo como comité de administración de la autoconstrucción no supervisada, mientras que en las posturas radicales lo importante de la participación de las familia no se centrará en lo que niñas y niñas puedan aprender y necesiten para su pleno despliegue, sino lo que sus padres no quieran que aprendan. Así no. Así todos perdemos. Así se atropella y viola el derecho de niñas y niños, y se equipara convicciones a prejuicios.
Es hora de consolidar el vínculo entre las familias y las escuelas. Participar en todo, con razón, con la ley en la mano, pero también con empatía y el aprecio. Saber que la alianza entre madres y padres, maestras y maestros es algo que cada miembro de la nueva generación se merece. Que nadie cierre los espacios, con una “participación” que sea sólo cooperacha y trabajo gratis para los edificios de la escuela. Que la “participación” no sea una censura previa y rancia, el recorte de “Cinema Paradiso” de los besos que los niños no deben ver aunque se tolere y justifique todo tipo de violencias contra las y los más pequeños. Ahora sí nos toca a todos crecer; algo más digno, por favor.
Millones de niños corren el riesgo de tener que trabajar como consecuencia de la crisis de la Covid-19, lo que podría propiciar un aumento del trabajo infantil por primera vez tras veinte años de avances, según se desprende de un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Según el informe «Covid-19 y trabajo infantil: En tiempos de crisis», es hora de actuar; el trabajo infantil había disminuido en 94 millones de niños desde 2000, una mejora que ahora podría verse amenazada. Las estimaciones globales en 2017 indicaban que 152 millones de niños trabajaban en todo el mundo. Los niños que ya trabajan podrían tener que hacerlo durante más horas, o en peores condiciones.
Muchos de ellos podrían verse obligados a realizar las peores formas de trabajo, lo que causaría un daño significativo a su salud y a su seguridad. “Habida cuenta de las graves consecuencias de la pandemia en los ingresos de las familias, muchas de estas, al no tener apoyo alguno, podrían recurrir al trabajo infantil”, afirmó Guy Ryder, Director General de la OIT.
“La protección social es fundamental en épocas de crisis, puesto que permite brindar asistencia a los más vulnerables (..) “Tener en cuenta los problemas asociados al trabajo infantil en el marco de políticas de mayor alcance sobre educación, protección social, justicia, mercados de trabajo y derechos humanos y laborales a escala internacional supone una diferencia fundamental”, añadió Ryder.
Según el informe, la pandemia podría resultar en un aumento de la pobreza y por tanto en un incremento del trabajo infantil, ya que los hogares utilizan todos los medios disponibles para sobrevivir. Algunos estudios aseguran que un aumento de un punto porcentual del nivel de pobreza conlleva un aumento del 0,7%, o más, del trabajo infantil.
“En tiempos de crisis, el trabajo infantil se convierte en un mecanismo de supervivencia para muchas familias”, dijo la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. “A medida que la pobreza aumenta, las escuelas cierran y la disponibilidad de los servicios sociales disminuye, más niños se ven empujados a trabajar», señaló.
Fore añadió que «Cuando imaginamos el mundo después de la Covid, debemos asegurarnos de que los niños y sus familias dispongan de las herramientas necesarias para afrontar tormentas similares en el futuro: una educación de calidad, servicios de protección social y mejores oportunidades económicas pueden cambiar las cosas”. Hay cada vez más pruebas de que el trabajo infantil está aumentando a medida que las escuelas cierran durante la pandemia, lo que actualmente afecta a más de mil millones de alumnos en más de 130 países. Incluso cuando se reanuden las clases, es posible que algunos padres ya no puedan permitirse enviar a sus hijos a la escuela.
Como resultado, más niños podrían verse forzados a realizar trabajos peligrosos y de servidumbre. La desigualdad de género puede agudizarse, puesto que las niñas son particularmente vulnerables a la explotación en el sector agrícola y en el trabajo informal o doméstico, según el informe.
En el informe, OIT y Unicef proponen un conjunto de medidas encaminadas a paliar el riesgo de que aumente el trabajo infantil, entre ellas, ampliar la protección social, facilitar la concesión de créditos a hogares en situación de pobreza, promover el trabajo decente para los adultos, facilitar el regreso de los niños a la escuela sin costos de escolaridad, y disponer de más recursos para realizar inspecciones laborales y hacer cumplir la ley.
Trabajo infantil; el catalogo de la deshonra
Los tiempos cambian. Hace menos de un año la Asamblea General de Naciones Unidas había instado a la comunidad internacional a emprender actividades para erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil, y había declarado al 2021 como el Año para la Eliminación del Trabajo Infantil.
El desafío previsto para 2025 aparentemente se adelantaba en cuatro años. Hoy es más que probable que se agraven las causas fundamentales del trabajo infantil y el trabajo forzoso, entre ellas la pobreza, el acceso limitado a oportunidades de trabajo decente para las personas en edad legal de trabajar, la marginación social, la discriminación, la falta de una educación universal de calidad, la prevalencia de la economía informal y la debilidad del diálogo social.
El último relevamiento de la OIT en el año 2017 detectaba 218 millones de niñas y niños que realizaban alguna actividad productiva en el mundo. De ellos, 152 millones, el 70 % formaban parte del trabajo infantil y cerca de la mitad (73 millones) realizaba trabajos peligrosos.
El informe resalta que la crisis económica y social afectará especialmente a los niños. Se estima que este año entre 42 y 66 millones de niños podrían caer en la pobreza extrema como resultado de la crisis, lo que se suma a los 386 millones de niños que en 2019 ya se encontraban en esa situación.
Los niños “invisibles” que provienen de grupos minoritarios marginados, discapacitados, personas que viven en la calle y sin hogar, hogares monoparentales o encabezados por niños, migrantes refugiados, desplazados internos o de zonas afectadas por conflictos o desastres, son más vulnerables al trabajo infantil y corren un riesgo especial en la crisis actual. Los niños, en particular las niñas, además del riesgo de trabajo infantil, pueden verse abrumados por el aumento de las tareas domésticas y las responsabilidades de cuidado.
Las personas y familias vulnerables que han perdido sus empleos en la economía informal, y que necesitan urgentemente financiamiento para la supervivencia del hogar pero que tienen pocos ahorros y un acceso limitado a la protección social u otras formas de apoyo del Estado, es probable que corran un mayor riesgo de ser víctimas de los prestamistas que conceden créditos en condiciones que constituyen servidumbre por deudas.
Los trabajadores vulnerables tienen más probabilidades de ser engañados y atrapados en trabajos forzosos. La probabilidad de que más trabajadores contraigan deudas para sobrevivir, hace que el riesgo de aumentar la servidumbre por deudas sea particularmente importante. Las redes criminales pueden utilizar activamente esta crisis mundial para explotar las vulnerabilidades a fin de restringir aún más la libertad de las víctimas y aumentar el beneficio financiero que generan el trabajo forzoso y la trata de personas.
Las restricciones a la circulación pueden modificar las formas de explotación. Por ejemplo, las mujeres y los niños pueden ser explotados sexualmente con fines comerciales por sus abusadores en línea o en domicilios privados.
Los controles más estrictos en las fronteras pueden aumentar el riesgo de trata de personas. De hecho, las víctimas con documentación confiscada pueden correr el riesgo de sufrir abusos, detención y revictimización por parte de agentes de seguridad/policía que aplican cuarentenas y gestionan puntos de control.
Las víctimas a quienes los explotadores les han quitado su documentación personal pueden experimentar barreras adicionales para acceder a los servicios de salud y otros servicios relacionados con la Covid-19.
Una condena inherente al capitalismo
Una mirada mas inquisitoria del trabajo infantil por sector de la actividad económica arroja que el 70,9 % lo hace en la agricultura, el 17,2 % en los servicios y el 11,9 % en la industria.
El peso superlativo del sector primario indica el carácter aberrante del capitalismo que en pleno siglo XXI se aprovecha de la fuerza de trabajo de los menores en las tareas más duras y en las peores condiciones, expuestos a las altas temperaturas, a los agrotóxicos, a las alimañas, en síntesis, el trabajo en la naturaleza bajo el capitalismo no es apto para los niños y niñas.
Por fuera de la actividad agrícola, multinacionales como Apple, Samsung, Sony, entre otras, han sido denunciadas por obtener el mineral de cobalto para la fabricación de baterías para celulares o tablets de mano de miles de niñas y niños en el Congo.
En el mundo se registró en el último cuarto del siglo XX un resurgir del trabajo infantil en países sobre todo de Asia que han desarrollado sus industrias con trabajo muy simplificado, volviendo en algunos casos a situaciones de trabajo preindustrial.
Hasta aquí hemos visto como usa el capital la fuerza de trabajo y su propia dinámica de valorización nos lleva a la conclusión de que el trabajo infantil le es inherente.
Las actuales formas extremas de trabajo infantil, en la que los niños sufren tanto el efecto de las condiciones del trabajo peligroso como el trauma de la coacción, la amenaza de una pena y la falta de libertad, requiere la adopción de medidas urgentes por parte de los gobiernos y la comunidad internacional.
Pero las metas que declaman, los organismos del sistema de Naciones Unidas no pasan mas allá de las buenas intenciones, puesto que no atacan a la raíz del problema, la propiedad privada capitalista, sino al contrario buscan lavarle la cara al capitalismo con promesas de ponerle fin al trabajo infantil. Cada vez que señalan un objetivo como el de llegar a la erradicación del trabajo infantil en 2025, termina obviamente fracasando.
El mentado uso capitalista de los avances en la tecnología, en vez de liberar cada vez más a la humanidad del trabajo asalariado, extiende el tiempo vital dedicado al trabajo. Y, por otro lado, expulsa fuerza de trabajo y precariza las condiciones laborales de cada vez más amplios sectores.
En tiempos de barbarie todo intento de erradicar el trabajo infantil dentro de los marcos de la sociedad capitalistas está condenado al fracaso.
Fuente e imagen: https://rebelion.org/millones-de-ninos-obligados-a-trabajar-como-consecuencia-de-la-covid-19-o-del-capitalismo/
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