La primera bomba, el primer disparo, los ruidos de las botas militares en el empedrado de los callejones de los barrios y pueblos más humildes, el sonido de los viejos camiones recorriendo cada espacio para el exterminio, ese raro acento de quienes nunca han sentido en sus narices el peculiar olor de la pobreza, las voces roncas de la arenga militar ordenando detener, reducir, atar con alambres las muñecas inocentes, el sabor de la sangre en la boca, en cada golpe, boca seca, sin saliva, sin conexiones posibles, sin la mínima vibración eléctrica, la que pueda llegar a la más remota conexión cerebral, la que arranca un leve gesto ante el yugo de la desgracia.
Cuando veo en cualquier medio de comunicación la sonrisa hipócrita de Espinosa de los Monteros, me viene a la mente todo el dolor de tantas millones de familias, las que sufrieron el horror del fascismo desde primer minuto del golpe de estado del 36, los discursos siniestros de Hitler y Mussolini en las radios, la voz absurda, ridícula, casi de pito, de Franco, el sonido de la bombas cayendo sobre población civil, los niños muertos en Barcelona, en Gernika, en Madrid…, la energía abrumadora de la masacre, del holocausto en cada rincón de España, las risotadas de las Brigadas del amanecer en cualquier sangrienta madrugada, sacando casa por casa a quienes iban a desaparecer para siempre.
Ese maltrato asociado a una ideología criminal, a la pretendida superioridad racial o económica, el odio al diferente, al que no tiene la piel blanca inmaculada, a quienes no pensamos como ellos, el odio de clase, el odio visceral, el que nace de seres inmundos que solo se mueven en la vida por dinero y rencor.
Arrimadas, Iglesias y Espinosa de los Monteros en el Congreso 06/06/2019, Día de la Constitución| Agencias
Será que por todo eso y haberlo sufrido directamente en mi familia no puedo asimilar lo que llaman «normalidad democrática», jamás lo podría acatar cuando hay fascistas de por medio, resulta inmoral que un Parlamento se abra a la posibilidad de que los que se nutren del crimen y el sufrimiento ajeno se postulen riéndose de tanta sangre derramada.
Eso no puede ser democracia, jamás podrá serlo, la democracia es otra cosa, la democracia juzga en tribunales internacionales de derechos humanos a los causantes de tantos asesinatos, les obliga a devolver lo robado, la democracia honra a quienes murieron defendiendo la libertad, los saca de los estercoleros de la historia y los coloca en las plazas, en las universidades, en los colegios, en cada calle, en cada libro, en la eterna dignidad.
Los herederos de los criminales de lesa humanidad se siguen riendo en España de quienes fueron acribillados a balazos, arrojados como basura en miles de fosas comunes y cunetas por todo el territorio del estado, se burlan de las familias destrozadas, de las niñas y niños que se quedaron solos, tirados en cualquier portal después de que sus padres fueran masacrados, paseados, llevados ante el paredón, a cualquier pozo perdido, al rincón desolado del profundo agujero volcánico, olvidados para siempre en el abismo oceánico.
Da la impresión de que jamás se hará justicia, resulta decepcionante que aún sigan en fosas comunes y cunetas más de 125.000 luchadoras y luchadores por la libertad, ningún gobierno en esta España monárquica, heredada del franquismo, ha tenido la decencia de honrar la vida, la reparación, la verdad, la memoria, que el fascismo no pueda estar representado en ningún espacio para la concordia, para la justicia, para la construcción de una sociedad mejor, que esa siniestra sonrisa desaparezca para siempre, la misma sonrisa demoníaca que vieron millones de seres humanos antes de ser obligados a entrar en las cámaras de gas, los que arrodillados esperaban el tiro en la nuca, la misma mueca diabólica que vieron los cientos de miles de fusilados antes de la orden de ¡Fuego!
Fuente e imagen: https://viajandoentrelatormenta.com/aquel-grito-mudo/
El magisterio de América Latina y el Caribe alzamos indignados nuestra voz contra los continuos ataques y asesinatos contra la comunidad negra y otras minorías que residen en los Estados Unidos. Nuestros pueblos son el producto de un mestizaje forzado realizado en el periodo colonial y hoy sufren la racialización de una élite conservadora y supremacista blanca.
Maestras y profesores quienes día a día trabajamos con nuestros niños, niñas y adolescentes, vemos con estupor, como en medio de la crisis económica mundial que afecta a los pobres, se asesina a nuestros hermanos como fue el caso del cruel asesinato de George Floyd ocurrido el 20 de mayo, que se suma a una larga lista de crímenes de Estado contra la comunidad negra en los Estados Unidos. Hecho que ha detonado la ira del pueblo americano.
Compartimos, suscribimos y reproducimos el reclamo de nuestros hermanos y hermanas, maestras y profesores de Puerto Rico quienes piden un alto a la represión, sumando nuestra voz a la de la clase obrera norteamericana que ha respondido de forma unánime haciendo un llamado a ponerle fin a los abusos y atropellos cometidos y reclama militantemente en las calles el cese de la violencia institucional y la disparidad en el ejercicio de la justicia.
No podemos pasar por alto que han sido los negros y las minorías los que han pagado el precio más alto en vidas por la desatención a la propagación del coronavirus y en los efectos de empobrecimiento y miseria que ha tenido sobre la clase trabajadora norteamericana el sistema económico neoliberal. Varias generaciones de puertorriqueños en la diáspora en EU han sufrido en carne propia la discriminación e intolerancia de la violencia racista.
Demandamos que los reclamos que hoy hace el pueblo norteamericano en las calles de sus principales ciudades sean atendidos mediante respuestas efectivas que pongan punto final a la disparidad racial, económica y judicial y se establezcan bases firmes para la superación de las falsas premisas raciales que hoy prevalecen.
Exigimos que se erradiquen las distintas manifestaciones de racismo que incluyen:
Las burlas y actitudes despectivas y desvalorizantes con motivos raciales.
Un sistema que asigna “de manera natural” las posiciones de menor remuneración y destaque a aquellos que provienen de los sectores marginados.
La “coincidencia” entre el origen racial de sectores y la ausencia de apoyo gubernamental para ellos, de escuelas adecuadas, facilidades de salud y oportunidades de empleo.
Hacemos nuestras las aspiraciones de nuestros hermanos y hermanas que hoy luchan por respeto.
Reclamos una sociedad justa, libre del discriminación, desigualdades y explotación en los Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo.
Suscriben organizaciones y personalidades
Mercedes Martínez (Secretaria General de la Federación de Maestros de Puerto Rico), Pedro Hernández (Secretario General, Comité Ejecutivo de la sección 9 Democrática SNTE-CNTE, México), Luis Edgardo Salazar Bolaños (Secretario General de FECODE, Colombia), Luis Bonilla-Molina (Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes. OIREPOD), Wendy Méndez (CoDevelopment Canadá), Alfredo Velásquez (SUTEP, Perú), Claudia Baigorria (Secretaria Adjunta, CTA-Autónoma, Argentina) Luis Tiscornia (Federación Nacional de Docentes Investigadores y Creadores Universitaries CONADU Histórica, Argentina), Ángel Rodríguez Rivera (Presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APPU, Puerto Rico), Unión Nacional de Educadores (UNE, Ecuador), Fernando Lázaro/Fernando Santana(Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Histórica, CEIP-H, Argentina), Francisco Torres (secretario gremial de la Federación Nacional Docente, FND-CTA-A y coordinador de Alternativa Docente, ANCLA/MST Argentina), Verónica del CID (Red Mesoamericana de Educación Popular Alforja), Fernando Abrego (Secretario General de ASOPROF, Panamá), Luz Palomino (Centro internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación, CII-OVE, miembro de CLACSO), Comité Ejecutivo del Foro Por el Derecho a la Educación (Chile), David Lobâo (Coordinador General del Sindicato Nacional de Servidores Federales de la Educación Básica, Profesional y Tecnológica, Brasil), Unión de Educadores y Trabajadores de la Educación de Puerto Rico, Niurka González Orbera (Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación, la Ciencia y el Deporte, SNTECD, Cuba), Gustavo Cortés Montiel(Secretario General del sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, SITRAIEMS, México), Denis Solís (APSE, Costa Rica), César Valdovinos (Centro Internacional de Pensamiento crítico Eduardo del Río, RIUS, México), Yesid González/Carlos Munevar(Red de Maestros y maestras clasista la ROJA, Colombia), Laura García Tuñón (Encuentro entre Docentes y Educadores Populares, ENDYEP, Argentina), Eduardo González (Movimiento por la Unidad Docente, Chile), Richard Araujo (APEOESP, Sindicato dos Profesores da Rede Oficial do Ensino do Estado de Sao Paulo), Rose Mary Hernández (Foro Venezolano por el derecho a la Educación, FOVEDE, Venezuela), Lev Velásquez (Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa, CSIIE, Michoacán, México), Elisabete Búrigo (Sindicato Nacional de Docentes de la enseñanza Superior, ANDES, Brasil), Vanesa Gagliardi (Comisión directiva de ADEMYS, Argentina), Martha Rocío Alfonso (Vicepresidenta de FECODE, Colombia), Andrea Lanzette (SUTEBA Multicolor Lanús y Comisión directiva de la CTA-A de Lanús, Argentina), Facundo Fernández (Comisión Directiva AMSAFE Rosario, Argentina), Bessy Berrios (Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros, PRICPHMA, Honduras), FND/CTA-A (Federación Nacional Docente, Argentina), Anibal Navarrete (Departamento Pedagógico del Regional Bio Bio del Colegio de Profesores, Chile), COAD (Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina), Lourdes de Urbáez (Sociedad Venezolana de Educación Comparada, SVEC, Venezuela), Luis Sánchez (Secretario General de AEVE, Panamá), Diógenes Sánchez (Coalición Panameña por el derecho a la Educación, Panamá), Marco Raúl Mejía ( Planeta Paz, Expedición Pedagógica, Colombia), Luis Bueno (Presidente del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, CILAS, México), Sandra Lario (Colectivo de Educadores desde el Sur, Argentina), Jorge Cardelli (Se, Interior de la Federación Nacional docente)Sindicato Docente de Chaco (Argentina), Zuleika Matamoros (Movimiento Pedagógico de Base, Venezuela),José Hidalgo Restrepo (Movimiento de Integración Democrática, MID, Colombia), UTEM (Unión de Trabajadores de la educación de Misiones, Argentina), Yorgina Alvarado Díaz (Sindicato de educadores Costarricense, SEC, Costa Rica), SITEP (Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana, Argentina), APTEA (Asociación Tucumana de Profesores y Educadores de Adultos, Argentina), Carolina Jiménez (Investigadora del Centro de Pensamiento y Diálogo Nacional, Colombia), Daniel Libreros (Docente Universidad Nacional de Colombia), José Cambra (Profesor de la Universidad de Panamá), CNSUESIC (Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, la Educación Superior, Investigación y Cultura, México) .
Conferencia: “Derechos Humanos, Paz y Democracia en América Latina”
Agradecemos su disposición a participar en esta conferencia que forma parte del Ciclo de Actividades de Formación permanente que impulsamos el CII-OVE, la CEIP-H y el CINPECER. El registro nos permitirá mejorar nuestros procesos de selección de temas y actividades. Todas nuestras actividades son gratuitas, de libre acceso. Estas grabaciones quedarán disponible en el YouTube de Otras Voces en Educación.
Link para inscribirse: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6Yld_n3WuOLV3wFki_dO_UX0PKm9OS9qshqPonpWRpKljEg/viewform
Dos cárceles, incluida la de mayor hacinamiento, han sido cerradas temporalmente de manera que no se permitirán nuevos ingresos a las mismas
Jennifer Ávila para Otras Miradas*
A través de un cuestionario, se realizó una evaluación médica a 70 privados de libertad que compartían módulo con Rafael Herrera, quien tenía 52 años y fue el primer fallecido por COVID-19 dentro de la cárcel de máxima seguridad El Pozo. La información sobre cómo se contagió y lo que pasa en todo el sistema penitenciario es incierta y está vedada. El Instituto Nacional Penitenciario pone en duda el diagnóstico, ya que la prueba confirmatoria de coronavirus se realizó tres días después de que él había muerto, el 23 de abril pasado.
Un mes después, en la Penitenciaría Nacional ubicada en Támara, a 19 kilómetros de Tegucigalpa, se identificó otro caso positivo. Las autoridades aducen que fue una persona que ingresó el 30 de abril al recinto, quien fue puesta en cuarentena. Se ha oficializado un cierre temporal de esta prisión y no se admitirán nuevos reclusos, tal como ocurrió con las instalaciones donde falleció Herrera.
Honduras tiene una población penitenciaria de 22 007 personas, distribuida en 25 centros penales y tres anexos en sedes militares, con fallas de infraestructura y en condiciones de hacinamiento. Este es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 43,6 homicidios por cada 100 000 habitantes y con alta incidencia del delito de asociación ilícita, narcotráfico y extorsión. El Pozo, está destinado a recluir a los condenados por esos delitos.
El 17 de diciembre de 2019, el Ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, anunció que debido a la crisis que atravesaba el sistema penitenciario, este pasaría a ser administrado por las Fuerzas Armadas en coordinación con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina). Esta medida fue tomada después del asesinato del exdirector de El Pozo, Pedro Idelfonso Armas, quien había sido suspendido de su cargo luego de que el recluso Magdaleno Meza fuera asesinado dentro de ese penal.
Las junta interventora está a cargo del INP y del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores. El coronel de infantería José A. González Maradiaga, es el nuevo director del INP, según el Decreto Ejecutivo PCM-068-2019.
Familiares de los presos políticos de la comunidad de Guapinol en el Valle del Aguán reali-zan una manifestación y recolección de firmas frente al Ministerio Público, Tegucigalpa, 27 de agosto de 2019. Foto\Martín Cálix.
El Pozo está ubicada en Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, a 241 kilómetros de Tegucigalpa, la capital de Honduras y tiene capacidad para 1550 privados de libertad. En los últimos dos años, en esta cárcel se han registrado seis asesinatos de privados de libertad. En octubre de 2018 hubo un enfrentamiento en el módulo de mínima seguridad donde murieron dos reclusos. Y en junio de 2019, durante una protesta dentro de la cárcel, fueron ultimados dos miembros de la mara Salvatrucha. Ese mismo año, en octubre, un recluso fue encontrado asfixiado y el reconocido narcotraficante Magdaleno Funez fue asesinado. El video de este hecho se filtró a medios de comunicación.
Tres cosas destacan de la situación de la población penitenciaria hondureña: las condiciones de hacinamiento en la que viven, el poder que llegan a ejercer los grupos criminales desde su interior y el intento del Estado por recuperar el control.
La muerte de Herrera por COVID-19 en El Pozo debió poner en alerta a todo el sistema penitenciario, pero la información sobre lo que allí pasa es imprecisa. La Ministra de Salud, Alba Consuelo Soto, dijo a este medio que no sabía cuántas pruebas se hicieron, pero confirmó que sí se habían realizado PCR y que todas habían dado negativo hasta el momento.
Realizamos una solicitud de información en el sistema del Instituto de Acceso a la Información Pública para que la Secretaría de Salud respondiera con los datos exactos sobre las pruebas realizadas en las cárceles en alerta por COVID-19. La institución dijo que en Ilama se realizaron 9 pruebas PCR más la realizada al fallecido y que en la Penitenciaría Nacional de Támara han realizado 13. En el primer caso, 70 privados de libertad más compartían módulo con el fallecido por COVID-19 y, en el segundo caso, Támara cuenta con 7000 privados de libertad.
La vocera del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Digna Aguilar, informó que los médicos del Sistema Nacional de Riesgo (Sinager) fueron a Ilama y que ellos diseñaron el protocolo de bioseguridad para el sistema penitenciario que se ha implementado en todos los centros. «Los privados de libertad no están teniendo contacto con personas externas, no están recibiendo visitas ni de familiares ni abogados, no se les está sacando a hospitales ni a juzgados, el personal de seguridad ha estado confinado allí, el personal administrativo no tiene contacto con ellos, por eso estamos pidiendo una investigación», afirma Aguilar.
En contraste con esa posición oficial, la directora del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Conaprev), Glenda Ayala, asegura que la Secretaría aplicó un cuestionario y que las pruebas realizadas en Ilama fueron a cuatro privados de libertad que compartían celda con el fallecido, a un policía militar, al médico, a la enfermera y a una persona de aseo de la clínica del centro penal, todas con resultado negativo.
A pesar de la emergencia sanitaria, y el muerto por coronavirus, la Junta Interventora militar no acata las disposiciones judiciales. El 30 de abril, el Poder Judicial publicó un comunicado en el que denunció que el INP no había acatado una resolución que ordenó la realización de pruebas a todos los privados de libertad para identificar casos de COVID-19.
Después de la muerte de Herrera, el Conaprev visitó El Pozo. Los funcionarios de este organismo estatal constataron con los privados de libertad que compartían módulo con el fallecido, que el personal de seguridad, los policías militares que vigilan los accesos, fueron cambiados 15 días antes. Según Ayala, esto pudo haber sido un factor de riesgo para que el virus llegara al recinto y aseguró que, diez días antes de morir, Herrera fue atendido por un médico que le dio tratamiento para una enfermedad respiratoria, pero éste no le dio mayor seguimiento.
El riesgo de contagio en las cárceles es un tema de preocupación para los expertos en América Latina. En las últimas semanas se han registrado incidentes en Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Según un estudio de Pedro Rodríguez y Patricia Domínguez, publicado el 22 de abril pasado, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hay al menos 1,2 millones de personas que cumplen penas de prisión en la región: «la mayoría en cárceles sobrepobladas, donde las malas condiciones aumentan los riesgos de infección».
Lo anterior describe muy bien la situación de Honduras. En 2019, un informe de Conaprev, el Poder Judicial y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (Oacnudh), difundido por el Centro de estudios para la democracia (Cespad), reveló que en El Pozo habían 1804 privados de libertad y para resguardarlos se contaba con 140 miembros de la Policía Militar, 52 agentes penitenciarios y 20 de la Fuerza de Control Penitenciario. Solo el 37 % de la población carcelaria en este recinto tiene condenas y no hay una separación en las celdas que distinga a los procesados de los sentenciados y entre los que cometen delitos graves y los que ingresan por leves.
Glenda Ayala, abogada directora del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, revisa resoluciones judiciales, informes de visitas a los centros penales y cuestionarios apli-cados a los recluidos para confirmar su estado de salud. Tegucigalpa, cuatro de mayo 2020. Foto\Jennifer Ávila
El Juzgado de Ejecución Penal informó que la población penal en este presidio es de 1400 personas, 150 menos que su capacidad física. A pesar de no estar sobrepasado en su capacidad, las condiciones carcelarias de este centro han causado reclamos de los familiares de los detenidos. En 2017 y 2018, algunos de ellos realizaron manifestaciones demandando una mejora en el trato a sus familiares y que los privados de libertad tuvieran acceso a la salud, ya que muchos padecían de tuberculosis y otras enfermedades.
En la última comunicación a inicios de mayo, la vocera del INP insistió, sobre el caso de El Pozo, que hasta el momento nadie ha presentado síntomas de gripe, tos o fiebre, que hagan suponer que se trata del coronavirus.
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Honduras lleva ya dos meses de estado de sitio por la emergencia sanitaria. Desde entonces hubo 300 nuevos ingresos a las cárceles en este país. A eso se suman los 2000 detenidos por violar el toque de queda que han sido recluidos durante 24 horas en postas policiales y centros temporales de detención, sin las condiciones ni controles adecuados.
El viernes 15 de mayo, se anunció el primer caso de coronavirus en la cárcel en Támara, razón por la cual la Junta Interventora del INP anunció el cierre temporal del centro para evitar la propagación del COVID-19.
Mediante comunicado en medios de comunicación, las autoridades penitenciarias reportaron que un privado de libertad con COVID-19 fue ingresado el 30 de abril al centro con medidas de cuarentena. Sin embargo, Conaprev, ha insistido en los últimos dos meses que las medidas de aislamiento para los nuevos ingresos son inútiles en centros con hacinamiento y sin las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio. La Penitenciaría Nacional es la prisión con mayor hacinamiento, con 7000 personas recluidas, a las cuales ahora se suman 190 personas que fueron recluidas durante la cuarentena.
Antes de que este caso fuera conocido, la Asociación de Familiares de Privados de Libertad publicó un comunicado expresando su preocupación por la amenaza que representa la pandemia en los centros penales.
«En Támara están sin agua, las personas que atienden son médicos generales, cuando van a consultas no hay medicamentos, ni siquiera acetaminofén, no se pueden tomar las medidas de higiene. Además, están proporcionando la cantidad de comida como si hubiera 6000 reos y son 7072. Y aunque se suspendieron las visitas, el riesgo está porque el personal que trabaja entra y sale de los centros penales y no sabemos qué tipo de control se está llevando con estas personas», explica Delma Carolina Rubí, presidenta de la asociación de familiares.
El 31 de marzo, siguiendo las recomendaciones del Subcomité Internacional para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, el Conaprev presentó un recurso de habeas corpus humanitario para pedir la liberación de 6243 personas vulnerables ante el coronavirus. La Sala de lo Constitucional no ha respondido, pero el organismo supo extraoficialmente que se ha declarado sin lugar. Según el organismo de derechos humanos para la investigación de este recurso, el Poder Judicial nombró a jueces ejecutores y defensores públicos, quienes en sus informes expusieron que las personas se encontraban en perfectas condiciones en las prisiones y que no ameritaban su egreso.
Hasta el cinco de mayo, el Poder Judicial había emitido resoluciones de preliberación para 1087 personas, 593 que ya gozaban de ese beneficio, 212 con libertad condicional, 185 conmutaciones, 64 que ya habían cumplido su pena, 32 menores con revisión de medida y una persona con enfermedad terminal. Si bien las órdenes fueron dadas al INP, eso no significa que las personas fueron liberadas.
En general, la situación de salud de la población penitenciaria es otro foco de preocupación. Durante una inspección que realizó Conaprev a nivel nacional, se determinó que 2424 presos tienen padecimientos o enfermedades crónicas y 756 son ancianos. Para estas personas, la privación de libertad ya quedó sin efecto y podrían ser liberadas para descongestionar los centros penales, sobre todo el de Támara, explica Ayala. Conaprev solicitó también que las personas que ya cumplan con los requisitos para gozar del beneficio de preliberación o libertad condicional, que ya suman 797, sean evaluadas por consejos técnicos para dar trámite a esos beneficios. También identificaron 696 personas condenadas a penas menores de cinco años, quienes podrían sustituir la prisión con trabajo comunitario o pago de multa, según el mismo organismo de defensa de derechos humanos.
Retén militar en la entrada a la aldea de Támara donde se encuentran la Penitenciaría Nacional, la Penitenciaría Nacional Femenina y el Centro para menores infractores Rena-ciendo. Las visitas están canceladas y no hay paso para nadie después de este retén.Te-gucigalpa, 5 de mayo de 2020. Foto\Jennifer Ávila
La vocera del INP asegura que «las excarcelaciones no dependen del Instituto, es el Poder Judicial el que debe emitir una resolución ya sea cambio de medidas, sobreseimientos o arrestos domiciliarios. El Poder Judicial hace una resolución, la envía al centro penitencial y se libera la persona. El INP no puede liberar a nadie».
La abogada Glenda Ayala, de Conaprev, explica que en su inspección por los centros penales, los directores desconocían la resolución judicial: «Todavía el miércoles 29 de abril que estuve en Ilama, no se habían ido los de preliberación porque el director se había negado a cumplir esto. Prácticamente se le coaccionó y se le dijo que si no lo hacía lo denunciaríamos por violación de los deberes de los funcionarios por desobedecer una orden judicial ¿cuál sería la actitud correcta de una comisión interventora? Si hay una orden de un juez, acatarla, si no lo hace no podemos avanzar».
Mientras esa resolución no fue acatada, el Poder Judicial ha trabajado durante la cuarentena, realizando audiencias a puerta cerrada o por videoconferencia para avanzar en el proceso de sentencia y preliberación y reducir la mora judicial. Ha identificado a 1240 personas con prisiones preventivas vencidas, que superan los dos años y seis meses de estar recluidas y que no han ido a juicio o que ya fueron pero que no se ha dictado su sentencia.
Uno de los casos más destacados en ese sentido es el del ambientalista Jeremías Martínez, judicializado por tentativa de usurpación de espacios públicos y daños en perjuicio de Inversiones Los Pinares, una empresa instalada en un área protegida en el norte.
Por ese conflicto, 31 defensores han sido procesados, 8 de ellos actualmente encarcelados. El caso de Martínez constituye una pena anticipada por haber cumplido su tiempo de prisión preventiva sin sentencia. En las condiciones actuales, diversos organismos internacionales han pedido su liberación.En los últimos 10 años, en Honduras se registraron 424 casos de acoso judicial contra defensores en medio de conflictos medioambientales.
Con la pandemia, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras, una organización de sociedad civil que promueve y defiende los derechos humanos localmente, presentó un habeas corpus correctivo con la finalidad de lograr la excarcelación de personas consideradas presos políticos, entre ellas aquellas por conflictos ambientales, pero no hubo respuesta por parte de las instancias jurisdiccionales.
Juana Zúniga, familiar de uno de los defensores recluidos y miembro de la resistencia a la minera, asegura que, aunque no se han dado cuenta de que alguno de sus compañeros esté enfermo en la cárcel, están preocupados por lo que les pueda pasar. Después de dos meses sin visitas es poco lo que saben de las condiciones en las que están. «La situación es cada vez más difícil: siete meses con los compañeros presos, tenemos hijos pequeños y no tenemos una respuesta para saber cómo va el caso. Ellos estaban acostumbrados a que cada domingo los visitáramos, solo les queda ahora adaptarse a la comida que les proporcionan allí en la cárcel. Solo hemos sabido que les visitó un doctor y ha estado pendiente de ellos», cuenta Zúniga.
Tito Livio Moreno, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras en conferencia de prensa en las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario, Tegucigalpa, 17 de diciembre de 2019. Foto\Martín Cálix.
El poder de los militares
A pesar de estar demostrado que es erróneo medir la seguridad a través del número de personas encarceladas, se siguen llenando las prisiones de personas para demostrar el éxito de una política de seguridad. Los gobiernos han sabido justificar sus políticas de «mano dura» y de encarcelación masiva, aunque el sistema de justicia sea ineficaz. En plena pandemia, los arrestos han continuado.
La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), creada en 2013 dentro de la Fuerza Interinstitucional Nacional (Fusina), es una estructura con la que se le dio potestad a las Fuerzas Armadas para combatir el delito, investigarlo y juzgarlo, con jueces especiales dentro del recinto militar. Esta es una de las acciones más agresivas de militarización que el gobierno del nacionalista Juan Orlando Hernández impulsó al inicio de su primer mandato en 2013. Ellos son los responsables de que las cárceles de máxima seguridad estén llenas.
El jefe de la FNAMP es el teniente coronel Amílcar Hernández, quien en comparecencia de prensa junto al gobernante, detalló las operaciones que han realizado durante la emergencia por coronavirus en el país, en las cuales uno de los resultados son las capturas. El alto oficial dijo que «hubo 144 detenidos, de los cuales el 100 % son personas que han quedado presas porque han sido judicializados de manera correcta cada una».
Las consecuencias de la militarización, además del incumplimiento de las resoluciones judiciales, pueden verse en que la Junta Interventora del INP no ha presentado informes mensuales sobre el proceso de reestructuración del sistema penitenciario. Esta época de pandemia y el caso específico de las cárceles muestran a la sociedad que no hay nada encima del poderío militar.
Ayala tiene cuatro años en la dirección del Conaprev que, desde su creación en 2008, ha visto cuesta arriba la defensa de los derechos de los privados de libertad y la lucha por la no militarización del sistema penitenciario. «Hoy recibí un audio de una doctora de medicina forense donde dice que fue al centro penal a evaluar a la persona para emitir el dictamen, pero resulta que la doctora del centro no le dio acceso a la información que hay en el expediente clínico del centro. Para cumplir esto necesitamos una voluntad desde arriba. No hay voluntad ni de cumplir la resolución judicial. Las Fuerzas Armadas son un organismo jerarquizado. Al ser él (el director de la junta interventora) notificado sobre esto, inmediatamente debía enviar una circular a toda su gente para cumplirlo, pero no lo hizo. Desde allí partimos de la voluntad que denota para cumplir la ley y los reglamentos en el ámbito penitenciario», explica Ayala.
Las Fuerzas Armadas, tras la transición de la época de golpes de Estado militares en la década de los 80, volvieron a sus cuarteles. Durante el gobierno de Carlos Roberto Reina, en 1994, se abolió el servicio militar obligatorio pero fue en 2002 cuando salieron de nuevo a las calles.
Las políticas de «mano dura» han marcado la agenda de los gobiernos del Partido Nacional, el mismo que ahora está en el poder. En 2003, el presidente Ricardo Maduro aprobó una reforma al Código Penal que aumentaba las penas por el delito de asociación ilícita, además que incluía descripciones de los miembros de maras y pandillas. La portación de tatuajes era una de ellas. A esto se le llamó Ley Antimaras y fue en esa época en la que los militares comenzaron a hacer labores policiales en el cuidado de los buses de transporte público. En 2010, el gobernante era Porfirio Lobo Sosa quien llegó al poder con una campaña que se titulaba «Puño firme», por estar dirigida a tener «cero tolerancia» a delitos como el de asociación ilícita. En 2013 Hernández asumió la presidencia del país y entregó la seguridad pública al Ejército.
A lo largo de su mandato, el actual mandatario ha impulsado un creciente involucramiento de los militares en su proyecto político, lo que contribuyó a su reelección en 2017, a pesar de existir una prohibición constitucional. Él mismo estudió en el Liceo Militar, y sus hermanos, legal o ilegalmente, han estado vinculados a las fuerzas armadas. Su hermano José Amílcar Hernández, actual asesor de seguridad, es un coronel retirado que participó activamente en el golpe de Estado que derribó a Manuel Zelaya en 2009. Su otro hermano, «Tony» Hernández, fue sentenciado por una corte en Nueva York por traficar drogas a los EE. UU., usando, entre otras entidades públicas, a la institución militar.
Hernández intentó, en su primer mandato, elevar la Policía Militar del Orden Público a rango constitucional, violando los artículos constitucionales que hablan sobre las funciones de las Fuerzas Armadas, entre las cuales no está incluida la de policía. La reforma no pasó, pero la Policía Militar y otras fuerzas especiales militarizadas tienen el control de la seguridad pública y de algunas áreas del sistema de justicia como las prisiones.
«El que le demos potestades al Ejército para que detenga, investigue y cuide, eso es definitivamente catastrófico y contrario a la convención contra la tortura y protocolos facultativos. Una de las cuestiones que hemos visto con preocupación es el tema de la criminalización inclusive como institución defensora de derechos humanos porque el personal que está dirigiendo lo mira a uno como el enemigo (…) En las últimas intervenciones que he tenido con el señor responsable de la Fuerza Antimaras y Pandillas le digo: prácticamente usted me está diciendo que soy parte de la organización delictiva por preguntar qué trato le está dando al detenido», explica Ayala, directora del Conaprev.
Los abusos de derechos humanos están entre los principales cuestionamientos. «¿Hay tortura en Honduras? Sí hay. Legitimamos a fuerzas militares como la Fuerza Antimaras y Pandillas a que se lleven a los detenidos a oficinas clandestinas que no son postas, no tienen ni rótulos y que allí se llevan a las personas para interrogar y después se presentan ante un juez. La detención se vuelve arbitraria cuando una persona es conducida o llevada a un lugar no autorizado en la ley. Pero ¿qué dice el comisionado por los derechos humanos o la Fiscalía de derechos humanos? brillan por su ausencia», concluyó la defensora.
Tragedias y políticas de seguridad
La tragedia carcelaria más grande de América Latina ocurrió en Honduras. En 2012, un incendio en la granja penal de Comayagua cobró la vida de 361 privados de libertad y una mujer que estaba en visita conyugal. Pero esta no fue la primera vez que una cárcel se quemó y cobró cientos de vidas. En 2003 y 2004 ocurrieron incendios en cárceles del norte de Honduras. En La Ceiba murieron 68 y en el centro penal de San Pedro Sula 107 privados de libertad. Por este último caso, Honduras fue condenado en la CIDH en abril de 2012 en la sentencia del caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras. Otros motines en ese mismo período dejaron más muertos.
El 29 de marzo de 2012 fue decapitado en un motín el jefe de presos Mario Henríquez. Don Mario y los doce presos de su círculo más cercano fueron asesinados. Fue un cambio de liderazgo que terminó de manera violenta. Luego, un grupo de 18 expandilleros que estuvo en ese motín fue trasladado a Támara, donde fueron asesinados. Don Mario representaba el poder que tenían los presos en los centros penales. En 2017, la cárcel de San Pedro Sula fue cerrada. Según el presidente Hernández, entre 2016 y 2017 cada vez que se trasladaron reos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad, los índices de muertes diarias se redujeron hasta en cinco puntos.
El abogado Carlos Paz, de la organización Cáritas Honduras ―una de las partes demandantes en el caso Pacheco Teruel ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)―, asegura que no hubo un cambio sustancial en las históricas violaciones a los derechos humanos en los penitenciarios desde el incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula. Según el jurista, hay 8761 reos por encima de la máxima capacidad de los penales. «Algunos establecimientos como los de Puerto Cortés o Támara, el hacinamiento supera el 200 por ciento. Esto nos da una idea de lo que puede significar si el COVID-19 llega a uno de los centros penitenciarios. El 9 de abril, la propia Corte IDH emitió una declaración en la cual urge a los Estados a manejar esta crisis desde la óptica de los derechos humanos. Desgraciadamente, en nuestro país, la óptica desde donde se acentúan las acciones es desde la corrupción e impunidad», explica Paz.
Cáritas de Honduras, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y la Pastoral Penitenciaria demandaron al Estado por las violaciones de derechos humanos en el incendio de la cárcel de San Pedro Sula. La sentencia de abril de 2012 establece medidas de reparación a las víctimas. En su Informe de Fondo, la Corte IDH señaló como presuntas víctimas a 107 reclusos, 22 de los cuales estarían detenidos preventivamente con base únicamente en el delito de asociación ilícita. Se identificó como víctimas por su propio derecho a 83 familiares de 18 reclusos fallecidos.
Un manifestante sostiene un cartel en una protesta frente al Ministerio Público por la libe-ración de los presos políticos, Tegucigalpa, 8 de agosto de 2019. Foto\Martín Cálix.
La garantía de no repetición es una de las partes esenciales del fallo, así como el compromiso del Estado de tomar medidas para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de los reclusos. Antes de que la pandemia paralizara el país, varias organizaciones de sociedad civil iban a reunirse para solicitar una audiencia, en vista de la falta de cumplimiento de Honduras. La Corte IDH comenzó el procedimiento interno pidiendo la anuencia del Estado, pero luego vino la emergencia. Según Paz, tampoco se ha cumplido el compromiso ante el Comité contra la Tortura de que un proceso de desmilitarización se iniciaría en 2016, tanto del sistema penitenciario como la sociedad en general.
El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó cinco instalaciones penitenciarias y advirtió en un informe que «el hacinamiento, la falta de higiene e inadecuada ventilación, constituyen una seria amenaza para la salud de las personas detenidas. Lo anterior, debido al incremento del riesgo de contagio de enfermedades de tipo infeccioso, tales como la tuberculosis».
Ahora en plena emergencia, algunas mujeres recluidas en la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social (PNFAS) lograron enviarnos mensajes pidiendo ayuda en que contaban sobre la escasez de agua y el trato a sus compañeras enfermas con diabetes y tuberculosis, además de las carencias tras la cancelación de visitas. «Antes nosotras sobrevivimos porque venían nuestros familiares. Ahora no vienen a dejarnos nada porque está con esa cosa de que no pueden salir a ningún lado, viven largo. No hay medicamentos, no hay papel higiénico, sobrevivimos porque nos ayudamos unas a otras. Aquí hay un montón de enfermas, diabéticas, hipertensas, gente que padece del pecho, tuberculosis. El agua nos la tiran solo una hora al día, a veces nos bañamos con eso. Aquí no ha venido nadie de la secretaría de salud, es la misma doctora y la misma enfermera de aquí, pero sigue sin haber medicina», dicen los mensajes.
Para Paz, en Honduras ya hubo intentos de amotinamientos durante este tiempo de pandemia y la respuesta ha sido represión. El abogado estima que si el COVID-19 llega a las cárceles, «sería catastrófico».
El INP rechaza los cuestionamientos. La versión oficial es que en Ilama hay diez médicos asignados que han estado trabajando por turnos durante la emergencia y que ahora, por esta situación, están permanentes.
«En todos los centros penitenciarios hay personal médico para cubrir las 24 horas del día. También se ha contratado personal de enfermería. Es falso que no hay agua en Támara, en PNFAS hay agua potable todos los días. Si no hubiera, esas mujeres no tendrían llenos los tendederos de ropa. Los privados de libertad están conscientes de que las medidas que se han implementado son para su bien y el de sus familiares», expresó la vocera del sistema carcelario.
Tocar la puerta del INP para hablar con el director de la junta interventora, puede llegar a ser humillante. Aunque tenían mascarillas, pude notar la risa de los policías en la entrada del Instituto Penitenciario cuando pedí ver al jefe militar después de haber intentado programar una entrevista por medio de la vocera . «El coronel no tiene tiempo», me dijo un oficial. Me prometieron que la vocera respondería a mis preguntas sobre el funcionamiento de la junta interventora y el manejo del Sistema Penitenciario. Eso no pasó.
Representantes políticos, de la sociedad civil y la ONU debaten en un ciclo de conferencias cómo acelerar el cumplimiento de la Declaración de Beijing sobre los derechos de las mujeres 25 años después de su aprobación.
Hoy, en tiempos de guardar las distancias, sería impensable reunir a 17.000 personas en un mismo foro para debatir cómo mejorar la vida de las mujeres, erradicar la violencia de su alrededor, que tengan las mismas oportunidades que los varones y alcanzar así la igualdad de género. Eso ya sucedió en septiembre de 1995 en Pekín, donde nació la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que este 2020 celebra sin fastos su 25º aniversario. El balance de lo conseguido es agridulce: algunos avances se han producido, pero todavía queda demasiado camino por recorrer. Y los encuentros internacionales para dar un nuevo impulso al «plan más progresista que jamás había existido para promover los derechos de la mujer», en palabras de la ONU, han sido eclipsados por la pandemia de la covid-19.
Una de las grandes citas era el Foro Generación Igualdad, auspiciado por ONU Mujeres junto con México y Francia. La reunión, prevista para el próximo julio en París, se ha pospuesto al primer trimestre de 2021. Un poco más de tiempo para que los participantes preparen sus propuestas de acciones concretas para lograr la igualdad de género. Las organizaciones feministas y de la sociedad civil se han adaptado a la coyuntura para trasladar sus reuniones preparatorias al entorno digital. Es el caso del ciclo de debates organizado por Futuro en Común, el grupo de género de Coordinadora de ONG para el Desarrollo, la Federación de Planificación Familiar Estatal y Oxfam Intermón, con el apoyo del Ministerio de Exteriores, la Comisión Europea y Countdown 2030. Con el título La igualdad de género para la (re)construcción de un mundo sostenible, se celebrará cada jueves (desde el 4 de junio a las 16.00 horas) una conversación de representantes políticos, de la sociedad civil, la Academia y organismos internacionales, en torno a tres temas: la justicia económica, los derechos sexuales reproductivos y la violencia de género.
«Aunque la pandemia retrasó la revisión internacional de Beijing+25, desde las entidades organizadoras del ciclo vimos pertinente crear un espacio de diálogo entre representantes de la sociedad civil, Gobierno y organismos multilaterales en torno a los avances y desafíos pendientes para la igualdad de género. La agenda de los derechos de las mujeres no puede esperar», explica Ana Barrero, de Futuro en Común. La igualdad plena sigue sin haberse conseguido en ningún país del mundo y el ritmo al que se progresa es muy lento, según la ONU. «Las mujeres y las niñas siguen siendo infravaloradas. Trabajan más, ganan menos y tienen menos opciones. Además, sufren múltiples formas de violencia en el hogar y los espacios públicos», analizan las organizaciones convocantes en su página web.
«Nuestro objetivo es contribuir a la posición que España lleve al Foro Generación Igualdad, con propuestas para llevar los cuidados al centro de las políticas públicas que promuevan la justicia económica, poner fin a las violencias machistas y garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos a nivel estatal e internacional, incluyendo la cooperación al desarrollo», agrega Filomena Ruggiero, de la Federación de Planificación Familiar Estatal.
Por eso, el primero de los debates contará con la participación de Irene Montero, ministra de Igualdad de España; Raquel Coello, especialista de políticas de empoderamiento económico de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres; Iliana Álvares, catedrática e investigadora de UCA El Salvador especializada en economía de los cuidados; y Begoña San José, representante de la plataforma Impacto de Género Ya. Moderadas por la periodista de Planeta Futuro, Alejandra Agudo, conversarán sobre las implicaciones que supone el hecho de que las mujeres asuman en exclusiva, o de forma desproporcionada, las labores de cuidado, la brecha salarial o la falta de acceso a la propiedad de la tierra.»La covid-19 ha puesto en evidencia la profunda crisis de cuidados que estamos viviendo a nivel global, profundizado las desigualdades estructurales de género previas. Esta realidad no podía estar ausente en los debates de reconstrucción», señala Barrero.
Cada día se dedican en todo el planeta 16.400 millones de horas a trabajos de cuidados no remunerados, lo que equivale a 2.000 millones de personas trabajando ocho horas al día sin cobrar. Y según la Organización Mundial del Trabajo, las mujeres realizan el 76,2% de tales tareas, dedicándole de media 3,2 veces más tiempo que los hombres (265 minutos al día ellas, frente a 83 minutos diarios ellos). En algunos países, la contribución de los varones ha aumentado en los 20 últimos años. Sin embargo, entre 1997 y 2012, la brecha de género en el tiempo dedicado a la prestación de cuidados no remunerada apenas disminuyó en siete minutos en los 23 países que cuentan con series cronológicas de datos. «A este ritmo, cerrar la brecha de género en la prestación de cuidados no remunerada llevará 210 años», denuncia la OIT en su informe El trabajo de cuidados y los trabajadores.
Más de dos siglos llevará también, al ritmo actual, cerrar la brecha salarial, según alerta el Foro Económico Mundial en sus últimas ediciones. ¿Cómo acelerar los progresos? ¿Qué se puede hacer para cerrar estas y otras brechas más rápido? ¿Es la reconstrucción tras la pandemia una oportunidad de conseguirlo? Son cuestiones que los organizadores esperan sean respondidas con propuestas que se hagan realidad.
Preocupa al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan la dilación de los Diputados que integran la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero para dictaminar la iniciativa de Ley presentada por la Comisión de Asuntos Indígenas. No vemos motivos ni fundamentos válidos para postergar indefinidamente su discusión y aprobación.
El reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los Pueblos indígenas y Afromexicano es una demanda histórica por la que han dado la vida los pueblos de Guerrero. Ante la reiterada negativa de gobiernos neocoloniales han sido orillados a ejercer sus derechos de facto, como ejemplarmente lo ha hecho la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), al ejercer los sistemas normativos de los Pueblos Mephaá, Na Savi, Naua y Afromexicano que brinda seguridad, justicia y reeducación a más de 300 comunidades de la Montaña y Costa Chica. Orgullosamente podemos decir que en estas regiones la seguridad es un bien tangible, en una entidad desbordada por la violencia irracional que imponen los grupos de la delincuencia organizada.
En contrapartida, la postura obtusa de algunas autoridades, han criminalizado, perseguido y encarcelado a las autoridades indígenas que velan por los derechos del pueblo. Es preocupante que la clase política ignore el marco constitucional e internacional que ha reconocido ampliamente los derechos de los Pueblos indígenas y Afromexicano. Es más, varios organismos internacionales, jurisdiccionales y autónomos han instado al Congreso del Estado a legislar para reconocer los derechos y armonizar el marco jurídico estatal.
Ante esta lucha secular la Comisión de Asuntos indígenas del Congreso del Estado y los pueblos indígenas y Afromexicano, así como organizaciones sociales y derechos humanos, iniciamos un movimiento inédito que se concretó en un parlamento abierto y 10 foros de consulta realizados en varias regiones indígenas y municipios Afromexicanos del Estado. El gran logro de esta concertación social y política ha sido la elaboración de una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado de Guerrero, que se encuentra en estudio en la Junta de Coordinación Política, que ha sido insensible para atender el reclamo de los Pueblos.
Como se puede constatar no encontramos motivos de fondo ni fundamentos jurídicos válidos para postergar la aprobación de esta reforma. Han sido más bien posturas mezquinas de algunos legisladores y legisladoras que con su visión corta y racista se niegan a atender una demanda histórica de los Pueblos, de contar con un marco jurídico constitucional y legal que reconozca sus derechos. Para ello existen recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de Derechos Humanos y resoluciones de distintos Tribunales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligan al poder legislativo local a armonizar el marco jurídico local. Es inconcebible que ante un movimiento tan creativo que han protagonizados los Pueblos indígenas y el Pueblo Afromexicano para impulsar transformaciones sociales en nuestro país y nuestro estado, quede trunco esta corriente de pensamiento jurídico innovador por los intereses electoreros y partidistas de un grupo de legisladores y legisladoras que no están a la altura de los grandes desafíos que enfrentamos en Guerrero.
En esta visión mezquina su verdadera pretensión es evitar que los Pueblos indígenas y Afromexicano participen eligiendo a sus autoridades a través de sus sistemas normativos, ya que la reforma permitiría que cerca del 40% de municipios con fuerte presencia de población indígena y Afromexicana ejerza sus derechos políticos a través de sus sistemas normativos.
Lamentamos esta visión crasa que tienen los legisladores locales, porque la reforma además de incorporar los más altos estándares de protección de los derechos de los Pueblos indígenas, es un esfuerzo innovador que tendrá un impacto nacional. La reforma protege el derecho a la tierra y territorio, a la educación, salud y alimentación con perspectiva intercultural, a la comunicación, acceso al presupuesto público para su desarrollo y a la conservación de su ciencia y artes, es por lo tanto, una reforma integral.
Obstruir el debate y aprobación de la iniciativa de Ley es apostarle al descarrilamiento legal y legítimo construido a pulso por los Pueblos indígenas y Afromexicano con el fin supremo del reconocimiento de sus derechos. Los legisladores locales exhiben su visión neocolonial, monocultural, racista y excluyente y privilegian sus intereses electoreros y partidistas por encima del reconocimiento de los derechos de los Pueblos indígenas y Afromexicano, que son imprescindibles para forjar un Estado cimentado en los derechos humanos y colectivos.
En estos momentos en que el pico de la pandemia está mostrando las grandes debilidades de un sistema económico y político basado en la ganancia y no en la protección de los derechos, hoy los Pueblos indígenas y Afromexicano, además de mostrar capacidad para implementar medidas preventivas eficaces, con los doce municipios que no tienen contagio de Covid-19, están dando la batalla para luchar contra el oprobio y exigir la aprobación inmediata de la iniciativa de Ley para saldar la deuda histórica de quienes han gobernado de espaldas al pueblo.
Por todo lo anterior solicitamos a los Diputados de la junta de Coordinación Política y a todos los que integran la actual legislatura a probar de inmediato la iniciativa de ley presentada que condensa las aspiraciones más altas de los Pueblos indígenas y Afromexicano y además constituye una deuda histórica de los gobiernos.
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/reconocimiento-a-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-impostergable-en-momentos-criticos-para-las-definiciones-politicas/
Un informe de Amnistía Internacional denuncia las atrocidades que viven los habitantes de las zonas controladas por Boko Haram sin el apoyo gubernamental y con programas de rehabilitación cuestionables financiados incluso por la UE
E.G. acababa de comenzar la secundaria cuando fue secuestrada por Boko Haram en su aldea, Gulak, en el este de Nigeria. En los cuatro años que pasó cautiva en el bosque de Sambisa, entre 2014 y 2018, no recibió más formación que la lectura del Corán tres veces al día y fue obligada a casarse con un miembro del grupo terrorista al que no conocía, con el que tuvo dos hijos.
Hoy, con 17 años, recuerda las brutalidades sufridas y las que presenció. «Mi marido era perverso y siempre me pegaba, diciendo que no estudiaba el Corán. (…) Fue una experiencia terrible. Fui testigo de diferentes castigos, desde disparar hasta apedrear y azotar. Una vez presencié la lapidación de un miembro de Boko Haram acusado de violación. Lo enterraron en una tumba, dejando solo su cabeza y luego lo apedrearon hasta que murió. En otra ocasión, vi cómo azotaron 80 veces a un hombre, tenía la espalda ensangrentada». Hasta que un día comenzó a planear con otras mujeres cómo escapar. De las 10 que lo intentaron, tres fueron atrapadas. E.G. lo consiguió, con su pequeño de dos años a su espalda y la bebé de cuatro meses en sus brazos.
Este es uno de los 234 relatos de mujeres, hombres y niños en el noreste de Nigeria que ha recabado Amnistía Internacional entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Todos ellos describen la barbarie ejercida por Boko Haram, sobre todo contra los menores, convirtiendo en soldados a los niños y en esposas a las niñas. Y son miles. En 2017, la ONU estimó que este grupo armado había reclutado hasta entonces al menos a 8.000 pequeños, muchos a través del secuestro. Y esta práctica no ha cesado. Toda una «generación perdida» a la que las autoridades tampoco prestan el apoyo psicosocial y educativo que necesita, denuncia el informe Secamos nuestras lágrimas: el coste para la infancia del conflicto en el noreste de Nigeria, que la ONG ha publicado este miércoles.
Además de los secuestros a gran escala, como el de las 276 niñas de Chibok que desató una ola de solidaridad internacional, Amnistía Internacional pone el foco en abducciones individuales que suceden de forma «más cotidiana». En su informe, la organización documenta decenas de ellas, entre un sinfín de violaciones de los derechos humanos; 91 páginas repletas de relatos en primera persona plagados de latigazos, golpes, violaciones, dolor y violencia.
Escapar del grupo no les asegura a las víctimas un futuro prometedor. «Los que logran huir, acaban luchando por sobrevivir en campos de desplazados sin acceso a la educación; y, en el peor de los casos, son detenidos y recluidos durante meses, e incluso años, en pésimas condiciones», explica Olatz Cacho, experta en África de Amnistía Internacional España.
«Tan pronto como los niños puedan escapar del área de conflicto directo, deben volver a conectarse con lo que fue su infancia. Necesitan jugar, reír y reunirse con sus amigos; volver a la escuela. Deben estar en un entorno seguro donde puedan confiar en los adultos y sentirse amados y respetados. Sus necesidades básicas, como alimentos, agua y vivienda, deben satisfacerse para reducir el riesgo de explotación o violencia», sugiere Severine Courtiol Eguiluz, miembro de Médicos sin Fronteras en Nigeria, en un relato publicado en 2019 por la ONG que cuenta con programas humanitarios en la región. Sin embargo, lo que encuentran la mayoría de los críos tras el horror es más horror.
H. G. acabó en el campo de desplazados de Bama, donde recibió atención médica y alimentos —insuficientes, según su testimonio—, para subsistir. «No tenía apoyo ni asesoramiento psicosocial». Después de cuatro años de cautiverio y cuatro meses refugiada, su padre no la reconoció cuando fue a buscarla para llevarla de vuelta a su hogar, en Madagali. «Una semana después, una organización cristiana nos llevó a Jos durante tres días. Oraron por nosotros. Nos preguntaron sobre nuestras vivencias con Boko Haram y nos dijeron que no permitiéramos que esas experiencias definieran nuestras vidas. Nos dijeron, a las que teníamos hijos, que los amásemos y que no descargásemos nuestras frustraciones sobre ellos. Después de aquello, no ha habido otro apoyo, ya sea del gobierno o de las ONG», relata la joven, que aún sueña con volver a estudiar mientras escucha los disparos cuando los terroristas atacan las aldeas vecinas. «Mis padres no pueden enviarme a la escuela porque no tienen dinero. La mayor ayuda para mí sería ir al colegio».
Una niña de 10 años vive con otros menores en un edificio abandonado en el campo de Abagana (este de Nigeria), que es usado como refugio por quienes huyen dela violencia.BENEDICTE KURZEN (MSF)
«Solo el 25% de los niños tiene acceso a educación en el estado de Borno, esto es un lastre para el futuro de la región», subraya Cacho. «Boko Haram no quiere manifiestamente que los niños reciban formación, lo que consideran adoctrinamiento occidental», señala la experta. Prueba de ello son los ataques sistemáticos a las escuelas y el asesinato de maestros. En 2018, Unicef informó de que más de 1.400 infraestructuras educativas fueron destruidas durante el conflicto y que al menos 2.295 profesores habían sido asesinados, destaca el documento de Amnistía. Pero hay otros factores, como la pobreza y el hambre, que impiden que los padres puedan afrontar los gastos de escolarización y convierte a los niños en trabajadores, para poder contribuir a la canasta familiar y sobrevivir.
O. A., de Bama (estado de Borno), nunca había ido al colegio. «Yo era un ganadero. Desde que era niño, convivía con animales», le contó a los investigadores de la ONG. Un día estaba en el campo y Boko Haram se le llevó a él y su rebaño. Tenía 10 años. «Me quedé en la madrasa [escuela coránica] porque era demasiado pequeño». Cuando cumplió 12, le mandaron a entrenarse durante seis meses. Así fue como aprendió a usar su fusil AK-47 y se convirtió en un combatiente. «Me quedé con uno de los soldados en el lago Chad. Me usaron en los puestos de control», recuerda.
Lo que vino después no fue mucho mejor. O. A. llegó incluso a arrepentirse de huir de Boko Haram. «Cuando mi hermano me vio, me llevó al Civilian Joint Task Force [fuerza que lucha contra el grupo terrorista] y me rendí». El joven, hoy de 16 años, fue sometido a un interrogatorio y enviado después a la Celda 7, para niños. «Estaba abarrotada. Tuvieron que enseñarme cómo acostarme. No podíamos girarnos cuando dormíamos debido a lo llena que estaba. Había solo un baño y éramos muchos. A veces tenía que esperar una hora», rememora. Los que no conseguían contenerse la orina o las heces eran golpeados. «No había mucha agua potable. Teníamos sed (…). Vi morir a una persona a causa de la sed». En aquel centro de detención, pasó tres meses y solo pudo ducharse una vez. «Empecé a preguntarme por qué mi hermano me había llevado a ese lugar. ¿Quería matarme?».
Amnistía Internacional lanza su investigación para pedir al gobierno de Nigeria que libere a los niños recluidos en estos centros de detención. «Ya se han producido liberaciones masivas a finales de 2019 y principios de 2020, pero todavía no sabemos cuántos quedan dentro, pues el proceso es opaco», indica Cacho. «Incluso los investigadores, que tienen experiencia en diversos contextos en conflicto, estaban horrorizados con las condiciones de reclusión que les describían», agrega. Para la ONG, la mayoría de estas detenciones son «ilegales» pues los menores no son acusados ni procesados por ningún delito y ven negados sus derechos de acceso a asistencia letrada, a comparecer ante un juez o a comunicarse con sus familias. Un delito de les humanidad, según la organización, que calcula que al menos 10.000 personas, entre ellas muchos menores, han muerto bajo custodia gubernamental durante el conflicto.
O. A. sobrevivió a ese infierno y se benefició después de la Operación Corredor Seguro, un programa de desradicalización y rehabilitación de combatientes arrepentidos —niños y adultos— de Boko Haram, y que cuenta con apoyo financiero de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. El joven fue enviado, junto con otros 11 varones, al centro de reinserción en Gombe para recibir formación profesional. La vida allí, dice, era mejor. «Había suficiente agua, teníamos nuestra propia cama y un colchón para poder dormir bien. El lugar era higiénico», enumera. Allí, dice, le enseñaron el abecedario y los números. «Cómo deletrear». Finalmente, O. A. se decantó por formarse en cosmetología y fabricar productos de limpieza y jabones.
Pese a las mejores condiciones, la formación y el apoyo psicosocial que reciben los arrepentidos, Amnistía denuncia «grandes carencias» en este programa. «La mayoría de los hombres y niños en el centro no han sido informados de la base jurídica de su detención y todavía no tienen acceso a asistencia letrada ni a un tribunal para impugnar su detención», escriben los autores del informe. Algunos exreclusos explicaron que la atención médica era sumamente escasa. «Siete detenidos fallecieron tras recibir asistencia sanitaria inadecuada y las autoridades nigerianas ni siquiera informaron a sus familias, que tuvieron conocimiento de las muertes a través de detenidos liberados», asegura la ONG.
Y eso no es todo. El programa de formación profesional podría equivaler a trabajos forzados, advierte Amnistía, ya que la mayoría de los detenidos nunca han sido declarados culpables de ningún delito y fabrican todo tipo de artículos, desde zapatos hasta jabones y muebles, sin remuneración. “Ninguno de los principales donantes de Corredor Seguro autorizarían un sistema de detención prolongada e ilegal para sus ciudadanos. Entonces, ¿por qué lo permiten en Nigeria?”, se pregunta Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria.
Las niñas como E. G. ni siquiera pueden acceder a este programa, con todas sus deficiencias, aunque lo deseasen para poder formarse y aprender un oficio. «Esto también se tiene que revisar, están marginadas», apunta la Cacho.
Preguntados por esta cuestión, desde Unicef Nigeria responden lo siguiente: “Los niños son extremadamente vulnerables en el conflicto del noreste de Nigeria, y su protección y necesidades deben seguir siendo la máxima prioridad tanto en la respuesta de seguridad como en la humanitaria. Los niños deberían seguir siendo solo eso, niños. Y como tal, deberían estar en las escuelas y con sus familias. Utilizarlos en el conflicto o mantenerlos en situación de detención prolongada tiene un impacto demoledor en sus vidas. Su protección es crucial para construir el futuro de Nigeria y, en consecuencia, de toda la región. Estos niños son, en primer lugar y ante todo, víctimas que, desafortunadamente, se han visto atrapadas en este conflicto. Unicef les apoya en su camino a la normalidad, es decir, con sus familias y comunidades”.
«No sé cómo podrán salir de semejante trauma, después de años de abusos de derechos humanos», reflexiona Cacho.
Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/05/26/planeta_futuro/1590488851_625908.html
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