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La demonio-cracia de Trump

Por: Hedelberto López Blanch

La demonio-cracia estadounidense se ha caracterizado desde siglos por una política nacional represiva hacia cualquier movimiento o individuo que vaya en contra de la supremacía blanca en el poder y en la que el racismo visceral forma parte intrínseca de su accionar.

Tras el asesinato el pasado 25 de mayo en Minesota del afroamericano George Floyd cuando en plena vía pública un agente policial le presionó el cuello con su rodilla durante ocho minutos pese a que el detenido clamaba que no podía respirar, las manifestaciones y protestas se extendieron como pólvora por todo el territorio norteamericano.

Más de 150 ciudades han reportado protestas, saqueos, enfrentamientos con la policía, quema de autos, actos violentos e incendios, mientras las autoridades han decretado toques de queda y el despliegue de la Guardia Nacional (fuerza militar de reserva que Estados Unidos utiliza para situaciones de emergencia).

De un extremo a otro, de Nueva York a Los Ángeles, de Miami a Seattle, las protestas han sido multitudinarias. Y es que son siglos de ignominia racista y de desprecio a los millones de desfavorecidos de ese sistema capitalista que ha erosionado la vida de muchas generaciones y hoy se levantan ante el desprecio de los poderosos.

Pero en vez de buscar la vía pacífica como sucede en cualquier democracia que se respete, el presidente Donald Trump arremetió verbalmente contra los manifestantes y gobernadores de los Estados, mientras el 31 de mayo corría al lado de sus guardaespaldas a guarecerse en el búnker subterráneo de la Casa Blanca porque las protestas llegaron a las afueras de esa instalación, según reportó The New York Times.

El diario informó que Trump habría permanecido menos de una hora en la instalación, diseñada para ser utilizada en caso de una amenaza física a los altos funcionarios ejecutivos.

«La mayoría de ustedes son débiles y los gobernadores deben dominar a los manifestantes violentos», fueron las primeras declaraciones del magnate, y los conminó a sacar a las calles a la Guardia Nacional.

Al siguiente día declaró públicamente: «Hay que arrestar a las personas, hay que rastrear a las personas, hay que ponerlos en la cárcel durante 10 años y nunca volverán a ver estas cosas. Lo estamos haciendo en Washington. Vamos a hacer algo que la gente no ha visto antes».

Seguidamente Trump volvió a la carga sobre los sucesos cercanos a la Casa Blanca y escribió en un twitter:

Fue «una gran multitud, profesionalmente organizada, pero nadie se acercó a atravesar la valla. Si lo hubieran hecho, habrían sido recibidos por los perros más feroces y las armas más amenazantes que he visto jamás. Ahí es cuando la gente podría haber sido herida de gravedad, por lo menos. Muchos agentes del servicio secreto solo aguardaban para pasar a la acción», su hosquedad y prepotencia lo incitaban.

Para tratar de controlar esa enorme ola de protesta antiracial, muy superior a la ocurrida en 1968 cuando fue asesinado el luchador por los derechos humanos Martin Luther King, Trump lanzó a los efectivos de la Guardia Nacional y solo en Washington fueron desplegados 1 600 efectivos.

Ante la represión que ha provocado varios muertos, numerosos heridos y cerca de 5 000 detenidos, nada más contundente para caracterizar la situación que las declaraciones de la vocera de la cancillería rusa, María Zajárova, que puntualizó; Estados Unidos ha perdido el derecho de «hacer comentarios a cualquiera sobre derechos humanos».

Desplegar a la Guardia Nacional, usar balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta, son las soluciones y las tácticas que ofrece Trump a su población, las que pueden exacerbar aun más la tensa situación.

Las revueltas callejeras junto a su incapacidad para controlar la pandemia del coronavirus, que ha dejado ya más de 6 000 000 de contagiados y 110 000 fallecidos, están sumando obstáculos a la reelección de Trump, catalogado por muchos como uno de los mayores mentirosos que ha ocupado la Casa blanch.

Fuente: https://www.aporrea.org/internacionales/a291353.html

Imagen:  https://pixabay.com/

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Opinión: Las viudas de El Charco

Por:  Tlachinollan- Abel Barrera Hernández-

 

“Salgan perros, les vamos a dar su chilate con pan”, fue el grito de guerra del general Alfredo Oropeza Garnica para arremeter contra los indígenas Na’Savi, que descansaban en uno de los salones de clases de la escuela primera Caritino Maldonado. Rosearon de balas los salones para acabar antes del amanecer contra algunos miembros del Ejército Revolucionario del pueblo Insurgente (ERPI).  El saldo fue de 10 indígenas y un estudiante universitario asesinados, cuatro adultos y un niño fueron gravemente heridos, mientras 22 personas fueron detenidas arbitrariamente y torturadas, entre ellas cuatro niños y una estudiante universitaria.

Para doña Eustolia, esposa de José Rivera, uno de los caídos en esa madrugada “no había necesidad de matarlos. El gobierno los masacró cruelmente a sangre fría. Estas fechas me causan tristeza porque aquí quedó su alma. Aquí murió. Nos marcó la vida. El gobierno nos golpeó. No se puede reparar ni olvidar lo que pasó. Fue muy doloroso, son huellas que nos marcaron para siempre. El sufrimiento, la soledad y el hambre que pasamos con nuestros hijos, además de los rumores de que los militares nos iban a matar, ha sido la pesadilla que por 22 años nos ha impedido vivir tranquilas y conciliar el sueño”.

“Mi esposo me decía que al gobierno no le gustaba que nos organizáramos. El gobierno quiere que nosotros nos quedemos con los brazos cruzados. Recién había pasado lo de Aguas Blancas, aquí puede pasar algo parecido, decía, si llegara a pasar es porque estamos exigiendo algo justo”.

Eustolia recuerda que “la organización era para impulsar la autonomía de las propias comunidades, que traerían los cambios sociales en beneficio de la gente más pobre. Por eso, se trabajó con los comisarios de cada comunidad. Fue como un sueño que se pensaba lograr muchas cosas. La organización era la magia para recuperar la fuerza de las comunidades, porque solos, cuando bajamos a Ayutla nadie nos ve ni nos atiende”.

Hoy se sabe que los militares dispararon 284 municiones y lanzaron dos granadas al interior de los salones donde pernoctaban los indígenas. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que el ejército disparó 780 cartuchos.

En la madrugada del 7 de junio, Apolonio Giménez fue uno de los primeros que se animaron a salir con las manos en alto gritando que no le dispararán. Les respondieron que se tirara en la cancha. Así lo hizo. Empezó a avanzar como pudo, mientras otros compañeros al animarse a salir recibieron varios impactos de bala. Ya no pudieron avanzar. Ante la metralla que no cesaba, algunos intentaron correr, pero fueron alcanzados por las balas. José Rivera fue herido en la pierna, como pudo se arrastró hacia la cancha para ponerse a salvo. Las balas arremetían contra quienes se atrevían a salir. José ya no tuvo fuerza para arrastrarse con sus brazos, porque sus piernas quedaron inmovilizadas por las balas.  Al final, recibió el tiro de gracia, como pasó con varios compañeros que se encontraban en la cancha.

La esposa de José Apolonio, que dejó a 9 hijos, nos comenta que se había ido al arroyo a buscar acamayas. En el camino escuchó los ruidos de los helicópteros. No sabía lo que había pasado en la madrugada.  A su regreso se topo con uno de sus pequeños hijos que desesperadamente corría para darle la noticia, de que habían asesinado a su papá. “Yo no creía que mi esposo estuviera muerto. Hasta regañé a mi hijo, porque pensé que estaba inventando. Al llegar al pueblo, varios señores me dieron la noticia. Más bien me espantaron, porque me dijeron que escondiera mis papeles, la credencial de mi esposo, porque si no lo hacía iban a matar a todos. Les dije que prefería que nos mataran a todos si en verdad teníamos la culpa para merecer la muerte. No entendía el coraje que tenía el gobierno para que nos viniera a matar. Ya no pude comer, sentía desfallecer. Estaba muy desesperada y triste. No sabía como consolar a mis hijos, ni que hacer para que entregaran a mi esposo. Me quedé aturdida. En varias ocasiones se me revelaba, escuchaba sus pasos, el ruido de sus huaraches. Sentía que entraba a la casa, pero todo era imaginación. Porque él ya está muerto. Mi cabeza se hacía grande y mi cuerpo pequeño. Para mí era mejor morir y no saber nada, sobre todo porque tenía un mes de embarazo. Sólo mis hijos me dieron la fuerza para seguir. Mis dos hijos más grandes, que en ese tiempo eran niños, empezaron a ir de peones para conseguir maíz y jabón. Así la íbamos pasando porque tenía nueve hijos. Estuve a punto de regalar a un hijo, ya que mucha gente venía a pedírmelo porque veían que no iba a poder, pero mis hijos grandes lo evitaron. Uno de mis hijos se fue a Estados Unidos a trabajar de jornalero. Tenía 17 años. Lamentablemente falleció en marzo de 2009. Era el que más me apoyaba para que mis hijos más pequeños pudieran estudiar. Por él teníamos que comer. He sufrido mucho porque tuve que trabajar como peón para no morirnos de hambre. En medio de tanto sufrimiento, mi hija se logró. Ahora ya esta grande y está estudiando para médico.

En la lengua Tu’un savi, otra de las viudas se animó a decir que gobierno solo sube al pueblo para matar a la gente. Así lo hizo con su esposo y sus demás compañeros. No solo nos quita la vida, sino que nos mete miedo, para que no hagamos nada para defender nuestros derechos. Tuve que dar varias vueltas para recuperar el cuerpo de mi esposo. Me decían que ya lo habían enterrado en la fosa común. Era para que yo ya no lo buscara y me quedara callada. Después de tres días me lo entregaron. Me traje su cuerpo y me quedé en mi pueblo para enterrarlo. He vivido con mucho miedo, porque el ejército siguió subiendo para detener a más gente. A varios compañeros, los han ido matando. Nadie sabe quien lo hace, pero así trabaja el gobierno, para que sigamos agachados sin decir nada.

Después de El Charco, nuestra vida está marcada por el dolor y el sufrimiento. Así como está la escuela rociada de balas, así siento que está mi cuerpo. Como si a mi me hubieran matado. En verdad así es, porque para el gobierno no existimos, no valemos nada. Las vidas de nuestros esposos tampoco valieron, porque las autoridades no investigaron a los militares. Más bien, los premiaron y les dieron mejores cargos. Así hace el gobierno, gasta el dinero en armas y en el entrenamiento a los militares, para que vengan a matarnos, cuando se dan cuenta que nos estamos organizando para salir de pobres.

Han pasado 22 años y estamos peor. Las autoridades se han puesto de acuerdo para castigarnos, para que nosotros mismos nos peleemos y seamos nuestros propios verdugos. Quisieran que El Charco no existiera para que nadie reclame justicia y para que no molestemos a los militares que asesinaron a nuestros esposos.

Trabajamos sin descanso, en muchas ocasiones con el estómago vacío. Con nuestras propias fuerzas hemos podido sacar adelante a nuestros hijos. Con muchos sacrificios logramos que estudiaran en Ayutla y en Chilpancingo. Me da mucha alegría, en medio de tanta pobreza, saber que mi hija está estudiando en la universidad, y que tiene el sueño de ser doctora. Nunca imaginé que, trabajando en el campo, cortando leña y sembrando maíz, iba a lograr que mis hijos crecieran y que pudieran estudiar. Eso es lo que me da fuerza, para seguir en esta lucha. Ahora entiendo porque mi esposo trataba de organizarse con la gente del pueblo, para que ya no hubiera tantas injusticias y tantos sufrimientos. Puedo decir, que está orgulloso de mi, porque no abandoné a mis hijos y porque nunca me olvidé por lo que el soñó.

A 22 años de la masacre de El Charco, el gobierno sigue desangrando nuestras vidas. Como mujeres indígenas, nunca hemos recibido la protección del Estado, ni nos han reconocido como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Lo más cruel es que el gobierno sigue sin castigar a los militares que perpetraron esta masacre y se obstina en darle más facultades el ejército para que se encargue de la seguridad pública, sin que se les obligue a rendir cuentas por estas atrocidades.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-las-viudas-de-el-charco/

Publicado originalmente en Desinformémonos

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Bolivia: Más de 2.9 millones de estudiantes están en vulnerabilidad educacional

América del Sur/ Bolivia/ 16.06.2020/ Fuente: redclade.org.

 

Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación difunde nota pública denunciando la falta de respuesta y la escasa pertinencia en el Ministerio de Educación del país para asegurar el derecho a la educación durante la pandemia COVID-19

“Considerando la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19, la CBDE observa con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los más de 2.9 millones de estudiantes del sistema educativo nacional y la respuesta insuficiente y de escasa pertinencia del Ministerio de Educación para hacer frente a este problema”, afirmó la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) en pronunciamiento.

Según la CBDE, la suspensión de actividades educativas en Bolivia a causa de la pandemia ha generado la interrupción de procesos de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo y, con esta, múltiples consecuencias que producen mayor desigualdad y vulneración del derecho a la educación. “La medida limita la alimentación escolar gratuita afectando la nutrición de los estudiantes, incrementa la brecha digital entre espacios urbanos y rurales y entre unidades educativas fiscales y privadas, desestructura organizaciones estudiantiles y de padres de familia y atenta contra el desarrollo humano de la población”, señala la Campaña en su comunicado.

Añade que la situación se agrava por la ausencia de un Plan de Emergencia para mitigar esos impactos y con el Decreto Supremo 4260 emitido por el gobierno el 6 de junio del 2020, que tiene por objeto normar la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial, en los subsistemas de educación regular, alternativa, especial y superior de Bolivia.

Según la Campaña Boliviana, el decreto no hace mención a aspectos específicos, como la priorización de contenidos curriculares, aspectos administrativos y de gestión, reprogramación del calendario escolar y tampoco presenta una voluntad clara de parte del Estado de realizar una inversión en favor del derecho a la educación en el contexto COVID-19 para todos y todas los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, “sobretodo para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza o en lugares alejados de nuestro territorio”. La Campaña también dice que dicho decreto carece de consenso porque no fue elaborado con la participación de los sujetos de la comunidad educativa.

En el pronunciamiento, además se exhorta al Ministerio de Educación a tomar una serie de medidas de manera inmediata, entre ellas el desarrollo de un Plan de Emergencia Educativa ante el COVID-19 (durante y después de la cuarentena) “con lineamientos y reglamentación clara y detallada, con enfoque intercultural, intersectorial, que afirme el Derecho a la Protección Social para garantizar las condiciones necesarias del cumplimiento del Derecho a la Educación”.

Pronunciamiento completo: https://redclade.org/wp-content/uploads/Pronunciamiento-CBDE-9-de-junio-de-2020.pdf

Fuente de la noticia: https://redclade.org/wp-content/uploads/Pronunciamiento-CBDE-9-de-junio-de-2020.pdf

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¿Cómo deben ser la educación y el cuidado en la primera infancia post-COVID-19?

Por: Thais Lervolino. 

Especialistas y autoridades analizaron los impactos de la pandemia para las niñas y niños en la primera infancia, y defendieron que se garantice el derecho a la educación con políticas públicas desde una mirada pedagógica humanizada, que valore la participación y la cultura

“Si bien la enfermedad causada por el COVID-19 no afecta a los niños de la misma forma que está afectando las personas de otras edades, los efectos colaterales que está teniendo para la infancia son los más duros”, afirmó Luis Ernesto Pedernera, presidente del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU (CDN), durante el diálogo virtual “La educación y el cuidado en la primera infancia en América Latina y el Caribe ante tiempos de pandemia”, realizado el 28 de mayo por la CLADE, en alianza con OMEP América Latina y EDUCO.

Subrayando los impactos de la pandemia en la salud mental y física de los niños y las niñas, Luis Pedernera defendió la construcción de una nueva realidad para la educación y el cuidado en la primera infancia. “No estoy de acuerdo con que tenemos que volver a una nueva normalidad. Hay que construir una nueva realidad. Este es el momento para construir una nueva realidad en términos de relaciones humanas y de relaciones pedagógicas”, dijo.

Para el presidente del CDN, en este contexto, las familias no pueden quedar libradas al azar. “Hemos visto que las familias están enfrentando la pandemia y deben recibir un acompañamiento psicosocial y pedagógico para que la pandemia no sea vivida en soledad por la familia”, afirmó.

«El acceso a la educación debe ser para todas y todos. En ese sentido, en primera infancia este acceso también implica la posibilidad de pensar a la familia como la protectora del derecho a la educación»

Al lado de Luis Pedernera, participaron en el encuentro: Alexandra Inmaculada Santelises Joaquín, directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación de República Dominicana; Cristina Lustemberg, diputada de Uruguay; Constanza Alarcón, viceministra de Educación de Colombia; y Mercedes Mayol Lassalle, presidenta mundial de OMEP. Mikel Egibar, de EDUCO, se hizo cargo de la moderación.

Para Mercedes Mayol Lassalle, construir esa nueva realidad demanda desarrollar políticas públicas desde el enfoque de derechos, con una concepción integral e intersectorial de la educación y la infancia. “El acceso a la educación debe ser para todas y todos. En ese sentido, en primera infancia este acceso también implica la posibilidad de pensar a la familia como la protectora del derecho a la educación, no solamente pensando en los sistemas institucionalizados, sino que muchos niños y muchas niñas pequeños/as se quedan en sus hogares varios años antes de llegar a los formatos institucionales. Y es allí donde nosotros como sociedades y también la política pública deben encontrar el lugar para poder trabajar en una democratización y despatriarcalización de las familias”, afirmó.


Financiamiento y valoración de educadoras y educadores

Para el presidente del Comité de la ONU, los presupuestos en materia de inversión social deben ser ampliados. La presidenta mundial de OMEP también se manifestó de acuerdo con el aumento del presupuesto para la educación y el cuidado en la primera infancia.

“El financiamiento es absolutamente central, pero enfrentaremos un problema que ya está ocurriendo: hay un debate sobre de dónde se va a poner el dinero en el post-COVID y, de acuerdo con los otros escenarios, realmente el financiamiento va a ser escaso. De esa manera, se hace necesario haber una decisión política de blindar el aumento [de recursos]”, señaló.

Añadió que es esencial responder desde los gobiernos a la necesaria revalorización y al reconocimiento de la importancia de los educadores y las educadoras. “Esa es una tarea central en el desarrollo fundante que tiene la primera infancia en acompañar a estos educadores, en cuidar a los que cuidan”, explicó.


La educación que queremos

Los ejemplos de lo que ha pasado en Japón y China en el post-pandemia, donde las y los estudiantes regresaron a sus aulas en escuelas robotizadas, con distancias marcadas en el piso y de manera totalmente deshumanizada, no deben ser seguidos para el cumplimiento de una educación de calidad y desde una perspectiva de derechos, según Luis Pedernera.

“Hace poco, leí un artículo de una filósofa pedagoga y un pediatra español [Heike Freire y José María Paricio Talayero] y ellos llaman a crear una nueva escuela, pero no esa escuela robotizada, sino una escuela íntima, es decir, no masificada, en donde las relaciones y lo humano estén por sobre otras cuestiones, incluso lo académico; una escuela mutua que se abra a la participación de otras disciplinas, de voluntarios y también de la familia. Una escuela coherente yque vuelva a dialogar con la naturaleza”, afirmó el presidente del CDN.

«El desarrollo se extiende, se amplía y se enriquece gracias a la cultura, al juego, a las artes y a los sentidos que vamos construyendo en comunidad”

A su vez, Mercedes Mayol Lassalle llamó la atención para la calidad de la política pública y su relación con la participación democrática de la comunidad educativa en su construcción. Para ella, los programas deben acercarse tanto a las familias como a los niños y las niñas, y la calidad no puede tener solo un parámetro. “No es fijar, es construir sentido y esa construcción de sentido se hace junto con la comunidad, junto con las familias. Es algo móvil, se construye a través de la participación y la democracia, incluyendo por supuesto al juego, al lenguaje de las artes, a la cultura, porque el desarrollo no es natural, es cultural. El desarrollo se extiende, se amplía y se enriquece gracias a la cultura, al juego, a las artes y a los sentidos que vamos construyendo en comunidad”, explicó.

Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/como-deben-ser-la-educacion-y-el-cuidado-en-la-primera-infancia-post-covid-19/

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Estados Unidos: Gobierno anuncia norma que permite a médicos negarse a hacer abortos y atender a transexuales

América del Norte/Estados Unidos/14-06-2020/Autor(a) y Fuente: www.telemundochicago.com

Desde que llegó a la Casa Blanca en 2017, Trump ha erosionado los derechos del colectivo LGBT, en un gesto hacia su base electoral más conservadora.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes una norma que permite que los médicos se nieguen a practicar abortos y les autoriza a rechazar cirugías de reasignación de género para los transexuales, lo que hasta ahora era ilegal.

La nueva norma, anunciada por el Departamento de Salud, afecta a los médicos, hospitales y compañías de seguros que reciben fondos federales.

La nueva regulación sustituye a otra norma que había sido aprobada en 2016 por el expresidente Barack Obama, quien por primera vez en la historia incluyó en esta regulación una definición amplia del género, que podía ser «hombre, mujer, ninguno o una combinación de hombre y mujer».

Frente a ello, la iniciativa de Trump considera que el género es «hombre o mujer definido por la biología».

La regulación que aprobó Obama para prohibir la discriminación no llegó a entrar totalmente en vigor porque en diciembre de 2016 fue suspendida por un juez de Texas, por lo que el anuncio de Trump este viernes tiene un gran contenido simbólico y busca satisfacer a su base electoral de la derecha cristiana.

No obstante, la norma de Trump sí otorga protecciones legales a aquellos doctores que se nieguen a atender a pacientes transexuales y que no quieran practicar abortos, con base en sus creencias.

Además, la regulación deja sin protección a aquellos pacientes que no hablan inglés, que ya no tendrán derecho a un traductor.

Asimismo, la norma afecta a las personas con discapacidad que no podrán reclamar al hospital ayuda para acceder a sus instalaciones y, también, perjudica a quienes tienen dificultades para ver y oír porque ya no tendrán derecho a la tecnología necesaria para entender al médico.

Desde que llegó a la Casa Blanca en 2017, Trump ha erosionado los derechos del colectivo LGBT, en un gesto hacia su base electoral más conservadora.

También ha tomado medidas para dificultar el acceso al aborto, como dejar sin fondos públicos a las clínicas de planificación familiar que ofrecen abortos o desvían esos procedimientos a otros especialistas.

Fuente e Imagen: https://www.telemundochicago.com/noticias/la-casa-blanca/gobierno-de-trump-anuncia-norma-que-permite-a-medicos-negarse-a-hacer-abortos-y-atender-a-transexuales/2097310/

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Mundo: ¿Cómo ha impactado la Covid-19 el sector del trabajo doméstico?

Mundo/14-06-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Muchas trabajadoras domésticas se han visto «persuadidas/presionadas a pernoctar en sus lugares de trabajo, manteniéndose alejadas de sus familias y sin el descanso adecuado».

Durante la pandemia del nuevo coronavirus, las mujeres empleadas en el sector del trabajo doméstico han desempeñado una labor crucial dentro de la respuesta a la Covid-19 debido a su rol fundamental en el cuidado de niñas y niños, personas enfermas y dependientes, así como el mantenimiento de los hogares.

No obstante, este importante rol que han desempeñado las sitúa como uno de los principales colectivos más afectados por la crisis.

Un reciente informe realizado por la organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), refiere que la situación de especial vulnerabilidad que atraviesan las trabajadoras domésticas en América Latina y el Caribe, se ha debido, entre otras razones, a la precariedad en el empleo que presenta este sector, “caracterizado por bajos salarios y falta de prestaciones sociales para su supervivencia y el sostenimiento de sus familias ante situaciones de despidos o frente a la reducción de sus ingresos”.

Trabajo doméstico en América Latina

En América Latina y el Caribe, entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado. FOTO: ONU MUJERES

La OIT define el trabajo doméstico como “el trabajo realizado en un hogar u hogares, o para los mismos”. De esta forma, reconoce la organización internacional que si bien las tareas consideradas en el trabajo doméstico pueden variar de un país a otro, “principalmente involucran cocinar, limpiar, cuidar de niñas y niños, personas adultas mayores y personas con discapacidades, ocuparse del jardín o de mascotas, realizar compras o conducir el automóvil familiar”.

En América Latina y el Caribe, el mercado laboral se encuentra segmentado y discrimina a las mujeres por ser “responsables de los cuidados”. En este sentido, se concibe al empleo doméstico como una de “las pocas alternativas de empleo precario a la que pueden optar las mujeres que no han podido avanzar en la educación o no han tenido acceso a formación profesional”.

CUT Mujeres Ecuador@CutMujeres

Condiciones de trabajo digno para implica hacer visible la importancia de desnaturalizar la cultura del privilegio que generaliza el aumento de la desigualdad @OITAmericas @ONUMujeres @cepal_onu @EcuadorCut @monka78

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Cifras de la Cepal y la OIT, refieren que en esta región entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 93 por ciento son mujeres. Por tanto, esta alternativa laboral supone en promedio entre el 10,5 y 14,3 por ciento del empleo de las mujeres en la región, “lo que significa que una parte importante de la población activa, especialmente de las mujeres, lo hace en condiciones precarias y sin acceso a la protección social”, refiere el informe.

Por otra parte, más del 77,5 por ciento de las mujeres empleadas en el sector del trabajo doméstico lo hacen en condiciones de informalidad. Mientras, estimaciones de la OIT señalan que un 17,2 por ciento de las personas ocupadas como trabajadoras domésticas son migrantes, siendo un 73,4 por ciento de ellas mujeres.

Esta situación, se ha visto agravada por la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus en la región. De acuerdo con la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza, la Covid-19 ha agudizado las desigualdades y las crisis sistémicas previas, registrándose impactos significativos en las trabajadoras del hogar en particular.

Coronavirus y trabajadoras domésticas

Muchas trabajadoras domésticas se han visto alejadas de sus familias y sin el descanso adecuado. FOTO: ONU MUJERES

Explica el director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, que la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 ha exacerbado las vulnerabilidades y las desigualdades existentes. “Además del fantasma del desempleo, la informalidad, la baja cobertura de la protección social y la falta de contratos escritos en muchos casos les impiden acceder a las ayudas establecidas por los gobiernos”.

Las medidas de restricción impuestas en la mayoría de los países para frenar la pandemia, han incrementado la responsabilidad de los cuidados y el mantenimiento de los hogares, tareas en las que las trabajadoras remuneradas del hogar ocupan un lugar crucial.

Sin embargo, refiere el informe de la Cepal, OIT y ONU Mujeres, que muchas se han visto “persuadidas/presionadas a pernoctar en sus lugares de trabajo, manteniéndose alejadas de sus familias y sin el descanso adecuado”. Mientras, en otros casos, les han cancelado contratos y se les ha reducido el tiempo de trabajo y el pago.

ONUMujeresElSalvador

@onumujeressv

70,4% de las de la región están afectadas por las medidas de cuarentena, la disminución de la actividad económica, desempleo y la reducción de ingresos y salarios.

Conoce más en: http://unwo.men/Y3RS50A5khD 

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Al mismo tiempo, la mayoría de las trabajadoras que sí pueden desplazarse lo hacen empleando el transporte público, lo que las deja expuestas a contraer el virus y a ser potenciales transmisoras dentro de sus hogares. Refiere el documento que “muchas de ellas incurren también en riesgos adicionales asociados con el uso excesivo de productos de limpieza y la realización de compras sin que se les facilite el equipo adecuado de protección para garantizar su seguridad”.

Según estimaciones de la OIT, el 70,4 por ciento de las trabajadoras domésticas están afectadas por las medidas de la cuarentena, por disminución de la actividad económica, desempleo, reducción de las horas o pérdidas de salarios.

CEPAL

@cepal_onu

No podemos volver a la normalidad, el telón de fondo antes del , era la cultura del privilegio. presenta un punto de quiebre respecto a la continuidad del modelo de desarrollo existente, enfatizó @aliciabarcena en evento .

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Ante este escenario, Noel Vaeza asegura que los estados deben “reconocer y proteger sus derechos para que nadie se quede atrás. Tenemos que abrir espacios de diálogo y considerar las propuestas de sus sindicatos como parte de las respuestas a la crisis y estrategias de recuperación socioeconómica que promueven los gobiernos y las instituciones financieras regionales e internacionales».

Recomendaciones para garantizar derechos

Se debe fomentar la formalización del trabajo doméstico y promover sistemas de protección social integrales. FOTO: UN MUJERES

Propone el informe que para abordar los impactos de la Covid-19 en las trabajadoras del sector se deben impulsar medidas para garantizar la retención de empleos en el trabajo doméstico como ampliar y promover las prestaciones por desempleo para trabajadoras domésticas. Así como garantizar transferencias monetarias o subsidios sociales de emergencia.

OIT Américas@OITAmericas

La «nueva normalidad» debe reconocer carácter esencial de trabajo doméstico. Se requiere formalización aliada a protección social para dijo hoy @vinciuscp de @OITAmericas en conversatorio virtual con @ONUMujeres y @cepal_onu.

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Paralelamente, se deben elaborar protocolos de salud y seguridad que atiendan las especificidades del sector. Garantizar la cobertura en salud para todas las trabajadoras domésticas. Asegurar que los servicios de cuidados sean considerados prioritarios. Fomentar la formalización del trabajo doméstico y promover sistemas de protección social integrales.3

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/coronavirus-como-impacta-sector-trabajo-domestico-20200612-0050.html#

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Países africanos piden un debate sobre el racismo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Redacción: El Comercio

Manifestantes protestan por el asesinato de George Floyd y la violencia policial en los Estados Unidos y Kenia frente al edificio del Parlamento en Nairobi, Kenia. (Foto: Archivo/ AP / Brian Inganga).Manifestantes protestan por el asesinato de George Floyd y la violencia policial en los Estados Unidos y Kenia frente al edificio del Parlamento en Nairobi, Kenia. (Foto: Archivo/ AP / Brian Inganga).
Los países africanos pidieron el viernes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU organizar un debate urgente sobre el racismo y la violencia policíacos, en el contexto de la movilización mundial tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos.

En una carta escrita a nombre de los 54 países del Grupo africano para asuntos de derechos humanos, el embajador de Burkina Faso ante las Naciones Unidas en Ginebra pidió al órgano de la ONU organizar un “debate urgente sobre las violaciones actuales de derechos humanos de inspiración racial, el racismo sistemático, la brutalidad policíaca y la violencia contra las manifestaciones pacíficas”.

La muerte de George Floyd no es por desgracia un caso aislado”, agregó y dijo que se expresa a nombre de los representantes y embajadores del Grupo africano.

La muerte de George Floyd a manos de policías en Minneapolis, Estados Unidos, generó movilizaciones en todo el mundo. (EFE/EPA/VINCENT JANNINK)La muerte de George Floyd a manos de policías en Minneapolis, Estados Unidos, generó movilizaciones en todo el mundo. (EFE/EPA/VINCENT JANNINK)

La carta, dirigida a la presidencia del Consejo de derechos humanos, la austriaca Elisabeth Tichy-Fisslberger, pide que ese debate se lleve a cabo la semana próxima, durante la reanudación de la 43º sesión del Consejo, interrumpida en marzo a causa de la epidemia de la COVID-19.

Este llamado ocurre luego de que la familia de Floyd, las familias de otras víctimas de violencias policíaca y más de 600 ONG pidieron al Consejo de derechos humanos asumir con urgencia el problema del racismo y de la impunidad de la que se beneficia la policía de Estados Unidos.

Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/africa/george-floyd-paises-africanos-exigen-un-debate-sobre-el-racismo-en-el-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu-naciones-unidas-nndc-noticia/

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