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Consejo de Relaciones Exteriores de EEUU: El proceso de paz nunca tuvo la intención de dar a los palestinos un estado

Asia/Palestina/27/05/2020/Autor y Fuente: mondoweiss.net

La “tragedia” para los palestinos es que confiaron en los Estados Unidos, pero “leyeron mal” sus intereses centrales. La pregunta obvia: ¿por qué destruir los derechos humanos de los palestinos es un interés central de los EEUU, de hecho, por qué el sionismo es un interés central de los EEUU?. 

 

Steven Cook, del Consejo de Relaciones Exteriores, tiene un artículo en Foreign Policy que dice que Estados Unidos debería eliminar gradualmente la ayuda a Israel y “poner fin a la relación especial” porque el proceso de paz ha alcanzado su objetivo real: Israel está establecido como un país seguro con un nivel de vida rivalizando con el Reino Unido y Francia, y sin amenaza militar real.

Esto quita la máscara del proceso de paz, diciendo exactamente lo que Edward Said, Rashid Khalidi y Ali Abunimah dijeron hace décadas: esto está destinado a fracasar, nunca habrá soberanía palestina.

Cook dice que el “interés central” de los Estados Unidos en el Medio Oriente siempre fue la “seguridad” de Israel, por lo que el proceso de paz tenía que girar para siempre en torno a este interés.

Los responsables políticos de EE. UU. han creído durante mucho tiempo que una solución de dos estados era la mejor manera de garantizar la seguridad de Israel, y los presidentes de EE. UU., desde Bill Clinton hasta Barack Obama e incluso el propio Donald Trump han perseguido repetidamente ese objetivo. Pero el hecho mayormente desconocido sobre el estancamiento de dos estados, y tal vez la razón por la que Washington no ha tenido la voluntad política para superarlo, es que esto ha ayudado a Estados Unidos a lograr uno de sus principales intereses en la región: ayudar y garantizar la seguridad israelí 

La “tragedia” para los palestinos es que confiaron en los Estados Unidos y “leyeron mal” los intereses centrales de los Estados Unidos, explica Cook; y por eso, ahora tienen que vivir para siempre en los bantustanes.

La tragedia en todo esto es el despojo permanente de los palestinos, quienes sin duda se indignarán por que Washington se lave las manos del conflicto, sellando su destino para vivir para siempre bajo las botas del Ejército israelí y empujados a los bantustanes. Estarían justificados en su ira. También han interpretado mal los intereses centrales de Estados Unidos en el Medio Oriente, que realmente no están preocupados por los palestinos, quienes, contra toda evidencia, confiaron en los Estados Unidos.

La próxima vez que alguien hable de que los árabes realmente no quieren decir lo que dicen o de llevar a cabo una política exterior poco clara, recuérdeles que incluso un experto del Consejo de Relaciones Exteriores dice que Estados Unidos mintió a los palestinos durante 25 años con falsas promesas.

La pregunta obvia que surge es por qué destruir los derechos humanos de los palestinos es un interés central de los EE. UU., de hecho, por qué el sionismo es un interés central de los EE. UU., y sí, hasta qué punto esto refleja el poder del lobby de Israel en nuestra política. Durante una generación hemos tenido mediadores de la Casa Blanca que fueron etiquetados como “abogados de Israel”, o que le dijeron al público de la sinagoga “Necesitamos ser defensores de Israel”, o que pasaron directamente de sus publicaciones en la Casa Blanca de Obama a trabajos de defensa de Israel (Dan Shapiro y Tamara Cofman Wittes).

Ninguno de estos bufones tuvo ningún interés real en otorgar soberanía a los palestinos.

¿Y cuánto de la inestabilidad de los vecinos de Israel también ha servido a ese interés “central”? Israel está muy cómodo, dice Cook, porque “Irak y Siria están en ruinas”. El Líbano se está desmoronando.

Deberíamos estar agradecidos con Cook por decir que el objetivo del proceso de paz era hacerlo fracasar; y ese fracaso fue todo por el interés de Israel.

El Foro de Política de Israel emitió una idea similar cuando Netanyahu comenzó a amenazar con anexar Cisjordania el año pasado:

El anexar, exacerbará las divisiones partidistas sobre Israel en los Estados Unidos, erosionará en última instancia la seguridad de Israel, dará una victoria innecesaria y clara al movimiento BDS y anulará décadas de políticas cuidadosamente calibradas sobre Israel.

Décadas de una política cuidadosamente diseñada sobre Israel, significa que los sionistas liberales o de otra manera, aprueban un estado palestino, pero en última instancia no tienen ningún problema con la ocupación porque el status quo es bueno para Israel. Es democracia para los judíos y el apartheid para los palestinos.

Y cuando surge un esfuerzo real para hacer que Israel pague un precio por sus violaciones de los derechos humanos, los sionistas liberales saltarán a etiquetar al BDS como antisemita.

Fuente: https://www.anred.org/2020/05/24/consejo-de-relaciones-exteriores-de-eeuu-el-proceso-de-paz-nunca-tuvo-la-intencion-de-dar-a-los-palestinos-un-estado/

Fuente Original: mondoweiss.net

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27 de Mayo Conversatorio «Desde el Sofá. Educaciones en tiempos de encierro!!

Les invitamos al Conversatorio «Desde el Sofá. Educaciones en tiempos de encierro!!», este miércoles 27 de mayo, a las 12:30 hrs (hora México), a través del Facebook de CEAAL.
Desde el sofá, queremos conversar con ustedes y con seis mujeres que actualmente acompañan diversos procesos educativos y de formación en América Latina y el Caribe.
María Cianci Bastidas, de ALER Satelital
Camilla Croso, de la CLADE
Isabel Rauber, filósofa cubano-argentina
Mónica Novillo, de la REPEM
Guadalupe Ramos, de la CLADEM
Rosa Elva Zúñiga, del CEAAL https://bit.ly/2LNoyuq

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¿Qué será la normalización?

Por: Elisabeth de Puig

Esperamos todos la llamada “normalización” y miramos, esperanzados, las tentativas de salida de crisis en los países que nos han precedido en la cuarentena con la conciencia de que cada gobierno ha tenido su gestión nacional de la pandemia dentro de los parámetros de la OMS y que cada país sale del confinamiento según su propia idiosincrasia.

Ayer habló el presidente de una reapertura gradual que, de primera impresión, deja las puertas abiertas a algún nivel de confusión. Si no hemos sido capaces de controlar las medidas de aislamiento social y el toque de queda a cabalidad, ¿qué posibilidad tendremos de controlar la “covidianidad” sin dar pie a un cierto caos?

El encierro en casa ha provocado que una gran parte de la población ha tenido que habituarse a una realidad desconocida. Una situación nueva a la que se le está haciendo frente y a la cual la sociedad dominicana ha respondido de manera diferente según los estratos sociales y las diferentes condiciones de vida.

Este confinamiento ha desencadenado graves preocupaciones sobre el futuro de la economía local y global, a la par de las angustias sanitarias.

Estos temores no se acabarán con la llamada normalización y parte de ellos tienen que ver con el peligro real que seguirá existiendo en ausencia de una vacuna y de remedios efectivos contra el COVID-19.

Al salir a la calle no sabremos si la persona que está cerca está contagiada o si un objeto que estamos agarrando ha estado en contacto con el virus.

En el futuro inmediato por forrados que estemos con lentes, viseras, máscaras y guantes, y aunque guardemos el distanciamiento físico de dos metros, lo que se vislumbra es que encararemos a los demás con algo de paranoia o, por lo menos, con temor y desconfianza.

Esto ha conllevado que en España y Francia se hable en estos días del “síndrome de la cabaña”, que hace que la gente en el momento de la liberalización tenga miedo a hacer contactos con otras personas fuera de la casa, a trabajar fuera del hogar, a relacionarse, etc. y muchos prefieran quedarse encerrados todavía.

Pero cuando hablamos de normalización, lo que más nos debería interpelar es saber hacia dónde nos dirigimos con esta nueva etapa.

¿Será posible volver a la misma vida que teníamos hace dos meses, a una sociedad regida por un capitalismo puro y duro, a un individualismo despiadado y a un modelo neo liberal de sálvese quien pueda, o se vislumbrará la posibilidad de establecer una sociedad que tendrá como ejes la cooperación y la solidaridad de todos con todos, donde no se estigmatice por rumores infundados y no se discrimine por motivos de nacionalidad, religiosos o étnicos?

Como lo señaló el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al conmemorar el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de las Naciones Unidas, el mundo debe «recordar las enseñanzas de 1945 y, unidos, buscar la forma de acabar con la pandemia y de construir un futuro de paz, seguridad y dignidad para todos».

La crisis del Covid 19 nos recuerda que la atención médica es un derecho humano universal que no podemos desatender como es lo característico en los modelos neo liberales, que los estados deben regular los mercados, y que debemos hacerle frente a la racionalidad económica con un sentido social y ecológico.   

¿En qué mundo queremos vivir cuando todo esto termine? Esa es la pregunta clave. La pandemia nos ha permitido darnos cuenta en tiempo real de nuestra interdependencia planetaria: ricos, pobres, blancos, negros, jóvenes y ancianos, así como de nuestra fragilidad individual y colectiva.

A este respecto, he recogido aquí y allá algunas ideas sueltas que dejo para la reflexión.

Recordemos que, si partimos de los derechos humanos, esto nos ayudará a responder a las prioridades inmediatas mientras desarrollamos, al mismo tiempo, estrategias con visión de futuro.

No es encerrándonos en nuestras ideas preconcebidas que contribuiremos al cambio social, sino abriéndonos y participando con voluntad de servicio.

Coloquemos la solidaridad por encima de la eficiencia, obviando un consumo desenfrenado que, al destruir el planeta, conduce a la pérdida de la humanidad. 

Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8819108-que-sera-la-normalizacion/

Imagen: Mircea Iancu en Pixabay

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OVE entrevista a Luis Edgardo Salazar Bolaños La “educación en casa” es un reto inequitativo

Luz Palomino y Luis Bonilla-Molina entrevistan en exclusiva para el portal Otras Voces en educación

 

La primera vez que escuchamos de Luis Edgardo fue por referencia del amigo Marco Raúl Mejía, quien nos refirió el trabajo que venía haciendo desde el interior de la nación neogranadina.  Años después vimos cómo era electo a la secretaría general de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y desde allí ha sostenido la línea de trabajo que vincula lucha sindical con construcción de movimiento pedagógico.

Luis Edgardo Salazar Bolaños es Licenciado en Ciencias sociales Universidad de Nariño, experto Universitario en Administración de la educación egresado de la UNED ESPAÑA, Magister en historia con énfasis en desarrollo social y de la cultura Universidad Nacional de Colombia.

Luis Edgardo es un militante de la vida, defensor permanente de los derechos humanos, la vida digna, la paz y la democracia, comprometido con el trabajo desde el movimiento, pedagógico, la academia, la historia, investigación y la movilización social por la reivindicación de la educación pública, universal financiada, administrada y atendida directamente por el Estado, convencido con la tarea de dignificar la profesión docente y el constructo colectivo de prácticas pedagógicas alternativas.

Luis Edgardo es un hombre afable, de sonrisa permanente y mirada que busca penetrar el espíritu de sus interlocutores. Vertical en sus principios pertenece al selecto grupo de quienes aún creemos en el valor de la palabra. Siempre nos ha tratado de manera fraterna, como lo hace con sus amigos y accedió a hacer esta entrevista con su característico “Sí su señoría” Consideramos importante que los lectores y colaboradores de Otras Voces en Educación conocieran este diálogo que sostuvimos con él.

 

Luis Edgardo, cuéntanos un poco tu historia de vida y como llegaste al sindicalismo magisterial

Tengo mi residencia familiar, en Ipiales, Nariño, Colombia,  lugar de frontera con el país hermano de Ecuador, sitio de asentamiento ancestral del  bravío y beligerante pueblo de los Pastos, tierra en donde se exilió varias veces el magnánimo don Juan Montalvo, conocido como el Cervantes de América, y quien bautizo al Municipio como la “Ciudad de las nubes verdes”, territorio donde se encuentra anclado sobre la montaña el Santuario de la Virgen de las Lajas.

Empecé como presidente de la Subdirectiva del sindicato de maestros de Nariño -SIMANA-Ipiales, organización que agrupa actualmente aproximadamente 870 maestros, fui elegido por varios periodos por voto popular como directivo de –SIMANA-, Departamental filial que representa aproximadamente 1300 educadores sindicalizados y un periodo en la Central Unitaria de Trabajadores,  -CUT- regional Nariño.

A finales el año 2018 fui elegido por voto directo a nivel nacional con el apoyo del equipo de trabajo del Movimiento de Integración Democrática -MID- del que hago parte desde su fundación, como integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -FECODE- con aproximadamente 320.000 afiliados en el Pais. Organización en la que asumí como Secretario General, Siendo mi sede actual de trabajo la ciudad de Bogotá.

Ayudamos a construir las bases ideológicas y políticas del Movimiento Obrero Gremial escenario en el que se logra nuclear lo que denominamos sindicatos sin patrón, militante de la vida, defensor permanente de los derechos humanos, gestor cultural de la región, comprometido con el trabajo desde el movimiento pedagógico y la movilización social en defensa de la educación pública financiada, administrada y atendida directamente por el Estado.

 

¿Cuáles consideras que son los elementos más significativos de la crisis educativa en Colombia?

En la tesis que debí defender en el año 2013, para la Universidad Nacional de Colombia, sobre la configuración de las relaciones de saber y poder en la escuela a partir de las reformas educativas, puedo  aproximar la respuesta, la crisis educativa obedece a la implementación de reformas impuesta con carga de lesión enorme a la educación pública publicitadas con un espíritu e impresión bondadosa pero aplicada de manera ruin y perversa en la línea de supeditarla a las tragedias de la privatización.

Podemos rastrear en la historia reciente de nuestro país, que la crisis de lo público y en particular de la educación pública Colombiana, tiene su origen en la aplicación de reformas, implementadas desde las políticas aperturistas, los procesos de descentralización, la desnacionalización de lo público y la obediencia genuflexa a las  lógicas orbitales internacionales, que determinan presiones normativas locales evidenciando el  interés de desconocer todo tipo de derechos.

En nuestra historiografía podemos resaltar algunos hitos como:  El  Acuerdo Extendido de Colombia con el Fondo Monetario Internacional -FMI-, firmado en el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1999).  El Acuerdo Stand By, suscrito en el año 2002, por el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, se puede comprobar con suficiencia que se cumplen  los mandatos de obligatorio cumplimiento del Banco Mundial, el BID, la OCDE, que desde una óptica economicista considera a la educación como una “mercancía”, sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, donde desaparece el ser humano como “sujeto, de la educación las instancias multilaterales cumplen su papel de intervención, orientación y decisión general de las políticas educativas en el País.

“Los organismos internacionales fueron la principal fuente de creación, difusión y legitimación de los modelos educativos a escala mundial, tanto en relación con la estructura de los sistemas educativos como en el campo del currículo”. (Breitman Rodríguez, 1998).

En una periodicidad relativamente corta podemos encontrar la ejecución  de los siguientes planes de desarrollo:

  • La revolución pacífica (1990-1994) – César Gaviria
  • El salto social (1994-1998) – Ernesto Samper
  • Cambio para construir la paz (1998-2002) – Andrés Pastrana
  • Hacia un Estado Comunitario (2002-2006) – Álvaro Uribe Vélez
  • Hacia un Estado Comunitario: desarrollo para todos (2002-2006), II mandato Álvaro Uribe Vélez
  • Prosperidad para Todos (2010-2014) – Juan Manuel Santos
  • Todos por un nuevo Pais “Paz, equidad y educación”, (2014-2018),   II mandato, Juan Manuel Santos.
  • Iván Duque Márquez, (2019-2022) – “Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad”

Se adoptaron sectorialmente los Planes de desarrollo y planes decenales de educación:

  • El Primer Plan de Desarrollo Educativo, (1.996-2.005) con la consigna de “La Educación un Compromiso de Todos”. “Un pacto social por el derecho a la educación”. Firmado por la Ministra de Educación Cecilia María Vélez White.
  • El Segundo Plan Nacional Decenal de Educación (2006–2015). “La educación que queremos para el país que soñamos”, “Educación para construir un país en paz y con igualdad de oportunidades”.  Firmado por la Ministra de Educación, Gina Parody.
  • El Tercer Plan Nacional Decenal de Educación (2016-2026). “El camino hacia la calidad y la equidad”. Firmado por Yaneth Giha Tovar Ministra de Educación.

 

Antonio Bolívar y José Luis Rodríguez Diéguez, (1989), señalaron que las reformas tienen una parte “Sagrada y otra profana”, la parte sagrada es invariablemente estable, inmune a las reformas escolares desde arriba y la parte profana, la que más fácilmente se deja modificar esto es lo que explica en gran medida el fracaso relativo de las reformas de los sistemas educativos.

Hay una articulación expresa, una relación de interdependencia profunda y de continuidad entre la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, los componentes de la agenda y  las orientaciones de la aplicación de políticas neoliberales y por supuesto las consideraciones de la globalización.

Los Planes Decenales se ha quedado en documentos de buenas intenciones, de los gobiernos, contrariamente aplicaron más estándares y reformas internacionales que desconocen las necesidades, propuestas y alternativas construidas desde la sociedad colombiana. Con las estrategias de los Planes, se implementó una nueva centralización de las decisiones en el Ministerio de Educación Nacional -MEN-, con políticas más de homogenización en un País, diverso, multiétnico y multicultural, se convirtieron en crónicas de una memoria incumplida, por lo menos los dos primeros, pueden ser considerados como una víctima del olvido, sus desafíos no se cumplieron y sus propósitos están cada vez más lejanos de la realidad, Las nobles intenciones se convierten en distractores, retórica y en buena medida en pura demagogia educativa

Fecode desde el año 2001, viene en una lucha férrea por recuperar los billones incalculables que se arrancaron mediante una reforma direccionada por el -FMI-, una enmienda constitucional, que modificó nuestra Constitución en su artículo 356, mediante el cual se fijaba la prestación de los servicios con  cargo de la nación, en lo que se conoció como el situado fiscal, mediante el régimen de transferencias de presupuestos a los territorios, la destinación de porcentajes del presupuesto para atender y cubrir los “gastos” requeridos por los diferentes niveles de educación y el Articulo 357, que determinaba el porcentaje de participación para atender la educación, con en esta amparo constitucional, se garantizaban los recursos en formula creciente para la salud, la educación pública, el agua potable y el saneamiento básico, disminuidos consecutiva y sustancialmente producto de su ubicación en una bolsa común llamada Sistema General de Participaciones.

En los últimos acuerdos suscrito por la Federación en desarrollo de los proceso de negociación colectiva se exige una reforma constitucional al -SGP- y recuperar de alguna manera los recursos, los presupuestos arrancados históricamente de manera inmisericorde, allí puede rastrearse uno de los orígenes de la actual crisis y tragedia de la educación pública colombiana.

La Crisis educativa obedece a la implementación de políticas educativas y reformas que han afectado las relaciones de saber y poder en la escuela, el gobierno y la administración de los Sistemas educativos, la estructura de los sistemas educativos, (Niveles. Grados, ciclos, etapas, grados), la financiación de los sistemas educativos, el currículo de los sistemas educativos, la formación, selección del profesorado y los sistemas de  evaluación.   La mayoría de las reformas están en consonancia con Las políticas educativas, asociadas a intereses políticos y exigencias económicas (reducción del gasto público, descentralización, ajuste fiscal y privatización de la educación), de organismos internacionales, pero distantes de satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Las reformas educativas que se propongan a futuro, deben apuntar a  mejorar el modelo y el sistema educativo, a revisarlo estructuralmente, a repensarlo con la perspectiva de construir otros modelos y proyectos educativos alternativos con pertinencia social construidos desde cada exigencia de la realidad concreta y en  correspondencia con la opción educativa que desea la diversidad y la heterogeneidad de la población.

 

Luis Edgardo, ¿consideras que la formación docente se corresponde a los actuales retos que enfrentan los y las docentes? ¿Cuáles deberían ser las reelaboraciones en materia de formación inicial y continua de les educadores?

La coyuntura actual de la pandemia devela la ausencia de correspondencia entre lo que el Ministerio de Educación Nacional -MEN- ha considerado conveniente ofertar como capacitación docente, centrada en el fortalecimiento de los estándares, competencias, (básicas, cognitivas, laborales generales  y ciudadanas).  Derechos Básicos del Aprendizaje -DBA-  orientada en  dar respuesta a los indicadores de calidad de las pruebas internas y externas, (Saber, 5,  9, 11. ECAES y PISA), principalmente.

  • Enfrentamos a una nueva brecha, la brecha digital, sin duda se debe activar una línea de formación docente pertinente, en la via de las nuevas tecnologías para la informática y la comunicación que contribuyan a la producción de conocimientos, deben ser consideradas como herramientas y estrategias de apoyo pedagógico, queda claramente demostrado que la llamada educación virtual, que es una educación a distancia, un tele aprendizaje, un radio aprendizaje, una educación asistida, acompañada de unos nuevos códigos y lenguajes computacionales que jamás pueden reemplazar y desplazar al maestro y la educación en la escuela presencial.
  • Líneas de formación en la convivencia con el contexto natural, protección de la naturaleza, defensa del agua, los páramos los territorios, deben ser establecidas, para contraponernos a la voracidad depredadora y deforestadora del capitalismo. Educación en armonía con la naturaleza, se requiere hacer un nuevo pacto con la naturaleza y nuevas prácticas en las relaciones dinámicas del hombre con la naturaleza y la sociedad de tal manera que se conviertan en acciones cotidianas de cultural ambiental. Debemos reeducarnos para el Buen vivir y Vivir bien es decir en el respeto  a la diversidad, a lo pluricultural y plurietnico, fortaleciendo los principios de equilibrio, armonía, serenidad, convivencia, solidaridad, reciprocidad, alteridad, verdad, honestidad, constancia, visión de lo colectivo y sentido de unidad y participación. Vivir en comunidad, en complementariedad en hermandad, complementarnos implica no competir si no compartir, vincular al hombre con la naturaleza es la oportunidad de devolver la ética  a la convivencia humana.
  • Educar en y para la vida, en y para la convivencia, recuperar el sentido humano de la educación. Educación para la ciudadanía y la democracia, necesitamos formar ciudadanos para construir y defender colectivamente lo público, que ayuden a construir el tejido social, a partir de sujetos sociales capaces de cooperar con los otros, de crear y transformar el orden social, es decir la capacidad de generar libertad y profundizar la democracia, determinantes para desarrollar habilidades de participación colectiva y comunitaria. “Es imposible pensar en una sociedad democrática, justa y solidaria sin una educación amplia e igualitaria que imprima en cada uno de sus miembros el carácter de una auténtica ciudadanía (Dewey, 1953:93). La educación ciudadana ha de contribuir al desarrollo de la cultura ciudadana y la construcción de un nuevo modelo político que supere la deslegitimación institucional.
  • La educación debe conllevarnos a construir un nuevo pacto de civilidad, como un criterio que debe guiar los comportamientos en un nuevo escenario de convivencia pacífica, fundamentada en el restablecimiento de la cultura de la deliberación, en la construcción de reglas consensuadas por los actores sociales, para poner freno a la violencia a partir de un cambio actitudinal dirigido a la autorregulación y la responsabilidad social como uno de los desafíos de una educación pertinente. Es necesario construir aprendizajes para que los ciudadanos no toleren ni permitan actos de degradacion de la vida, los derechos humanos y del contexto natural, que denuncien las prácticas de corrupción, zaqueo, dolo e impunidad.
  • Nuevas formas de conviabilidad y relacionamiento en la escuela, de esta con la comunidad y la familia actores que se han convertido en los acompañantes y ejes de apoyo pedagógico en esta inesperada forma de hacer educación. El cuidado personal, familiar y societal. Educación para la identidad cultural, se trata de comprender y empoderar la identidad cultural, como un proceso dinámico, de comunicación social y antropológica desde identidades concretas; donde se movilice todo el espectro del lenguaje: discursos y los textos.     Toda institución debe favorecer, enaltecer y volver central la formación sobre culturas patrimoniales (Carnaval, la música, la danza, el teatro, la literatura, el paisaje, las artesanías, la cultura audiovisual.) los fenómenos diversos de la cultura popular, las nuevas generaciones pueden comprender mejor los axiomas y lenguajes de las ciencias naturales y de las ciencias sociales y humanas, con una adecuada, creativa y asertiva formación ética, estética, artística y deportiva. Debemos crear una masa crítica de acciones educativas y de entornos favorables a construir desde las regiones y el fortalecimiento de los territorios.
  • En la promoción, difusión y positivización de los Derechos humanos, defensa de la vida, la salud, la educación y demás derechos fundamentales, económicos sociales y culturales. La Ley General de Educación colombiana, establece que “la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”.
  • La construcción de fortalecimiento de políticas públicas, desde las nuevas realidades, necesidades y exigencias de los territorios. La educación pasa a ser un derecho – deber, por lo tanto no es opcional es obligatorio, para los menores entre cinco y quince años, nuestra constitución contiene el precepto de gratuidad y universalización.

 

Necesitamos avanzar en un proyecto educativo de responsabilidad social, lo que exige un nuevo contrato social, que coloque a la educación en una nueva posición política ya no frente al estado sino frente a la sociedad, las ciencias, la formación ciudadana y los contextos.

 

¿Qué ha significado la crisis del COVID-19 para el magisterio colombiano? ¿Considera que el COVID-19 y las medidas que se adoptaron en materia educativa afectan al derecho a la educación?  

Desde el primer momento el Ministerio de Educación Nacional -MEN-, se precipito en modificar el calendario escolar, decreto vacaciones forzosas para los educadores, aun estando en el disfrute de las mismas, oriento hacer los ajustes y adaptaciones pedagógicas, conmocionaron los gobiernos locales, sin orientaciones oportunas, precisas y adecuadas.

Con la educación “virtual”  salió a flote La enorme desventaja de la brecha tecnológica, se siente en un alto número de estudiantes y familias. La “educación en casa” es un reto inequitativo, los núcleos familiares no cuentan con la disponibilidad de dispositivos tecnológicos para cada integrante de la familia, la modificación de la jornada y los períodos de encierro, generan en buena medida una educación discriminatoria y selectiva quienes no tienen recursos para conectividad y  equipos o los estudiantes con dificultades y condiciones diferentes, de zonas rurales y áreas marginales de las ciudades, no van a tener la oportunidad de recibir el derecho a la educación.

Varios gobiernos locales desvincularon a maestros provisionales o temporales, vulnerando el derecho al trabajo aumentando la sobre carga y asfixia laboral,  en zonas de difícil acceso operan actores al margen de la ley que impiden la entrega del apoyo pedagógico físico, si no se llega por la virtualidad o guías o cartillas didácticas, centenares de escolares se quedaran sin educación.

Asistimos a episodios de acoso laboral, afectación en la salud mental de los educadores, salud social de las familias, al amparo de la pandemia se desconocen y niega la atención de la salud al magisterio y sus familias, no se da tramite al reconocimiento de las prestaciones económicas y sociales, se amenaza cotidianamente con implementar un  reforma laboral y pensional y se levanta una cortina de humo para continuar asesinando líderes sociales, acontecimientos que consecuencialmente están en relación con el derecho a la educación de los connancionales.

Las presiones del Misterio sobre los directivos docentes, los docentes y los núcleos familiares, ha generado ambientes enrarecidos que desarmoniza y tensiona el proceso educativo sumado a esto la angustia y desesperación de muchos hogares por la supervivencia, hace que el derecho a la educación no se reconozca como prioritario y se manifiesten decisiones de abandono y deserción escolar.

 

A partir de su experiencia docente y gremial cuales serían algunas de las propuestas alternativas en la actual coyuntura del magisterio americano  

Para el caso Colombia nos corresponde continuar en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y  -FECODE-,  en el año 2019, sobre todo en el primer punto, materializar la una Reforma Constitucional al Sistema General de Participaciones -S.G.P-,  para aumentar de manera real y progresiva, la financiación estatal adecuada que garantice y haga efectiva la apropiación de mayores recursos para la educación pública, la salud, el agua potable y el saneamiento básico.

Es la oportunidad para orientar estrategias metodologías, pedagógicas didácticas y nuevas formas apropiación de los aprendizajes, incidir en las Instituciones para que en ejercicio de su autonomía, realicen ajustes curriculares al plan de estudios, a los contenidos, alcances, sistemas de evaluación y promoción de estudiantes, repensar los proyectos educativos institucionales -PEI-,  reconocer que no es un año académico normal, es atípico, por consiguiente, la preocupación no puede reducirse a cumplir con lo diseñado y planeado para un año escolar en condiciones normales.

El uso efectivo de la autonomía institucional, la libertad de cátedra, el abordaje de temas esenciales que permitan conocer y acercarnos a estas nuevas dimensiones, complejidades e incertidumbres, es hora de proponer un nuevo currículo integral para la reflexión y la acción en la via de potenciar la ejecución de proyectos vitales institucionales.

Concitar a las Entidades Territoriales Certificadas -ETC-, Secretarías de Educación e Instituciones Educativas para que a través de los Gobiernos Escolares (Consejos académico y directivo), en uso de su autonomía, hagan los ajustes y adaptaciones correspondientes, en medio del aislamiento social, las dificultades, posibilidades, las nuevas realidades y los contextos.

Definir un nuevo diseño curricular más incluyente, con aportes de los agentes del hecho y acto educativo, no podemos dejar que lo ordenen exclusivamente los ministerios desde sus lógicas administrativistas y eficientistas, en esta coyuntura es posible construir proyectos pedagógicos alternativos sustentados en la más amplia participación de las comunidades, las organizaciones sindicales, sociales, las trabajadores y trabajadores de la educación.

Exigir que la conectividad a Internet y el acceso al conjunto de las TIC, se reconozca como un derecho, es una prioridad su universalización, ampliar su cobertura para todo los territorios de manera gratuita, acoplar los dispositivos, instrumentos o herramientas para la complementariedad del proceso educativo, deben ser de fácil acceso, manipulación y uso pedagógico, así mismo, los gobiernos deben apropiar recursos suficientes y atender de manera urgente a aquellas poblaciones que no cuentan con alimentación, salud, servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y saneamiento básico como elementos constitutivos de ambientes escolares dignos y agradables.

Debemos apelar a la disponibilidad de tiempo, recursos, acompañamiento y dedicación de los núcleos familiares como nuevos escenarios para posesionar los liderazgos y el reconocimiento a la dignificación de la profesión docente, resignificar el lugar social del docente, repesando y reencontrándolo con  su quehacer pedagógico,  las y los maestros debemos volver a sentir la satisfacción de enseñar en y para la vida, la paz y la democracia.

Se requiere sumar voluntades y hermanarnos en la lucha en la defensa de la escuela pública, podemos fortalecerla con la participación de la comunidad, construir una educación para generar reflexiones, compromisos, con autonomía, solidaridad y prácticas de convivencia,

Surge un nuevo desafío consolidar la unidad a partir de la pedagogía y la búsqueda de una pedagogía Latino Americana, que situé diferentes miradas, nuevos imaginarios, mentalidades, discursividades en la escuela pública, es un imperativo categórico avanzar en el resurgimiento de la pedagogía como una respuesta contundente para contraponernos al modelo, cada País debe generar, construir su propuesta con la participación de la comunidad educadora, la unidad del magisterio y la población, se puede con nuestras comunidades construir las bases para una opción educativa, cobran vigencia las propuestas de educación popular, la educación en la interculturalidad, la educación con pertinencia social política, una educación más humanízate, critica y reflexiva. Sin discriminaciones, fobias, egocentrismos, marginamientos, silencios y olvidos.

El proceso educativo debe recontextualizarse, buscar los putos de equilibrio en la relación entre lo que se desea enseñar, lo que ahora se necesita aprender y lo que se venía impartiendo en los establecimientos educativos.  Se requiere que la escuela se transforme cambiando las prácticas cotidianas para satisfacer las necesidades educativas de las nuevas generaciones de ciudadanos.

Difundir la creatividad, recursividad, el alto sentido de responsabilidad, compromiso permanente, la capacidad inventiva, visibilizar la producción pedagogica e intelectual de los maestros, los nuevos relatos, sus narrativas, en tiempos de pandemia, como respuesta pedagogica acertada frente a las exigencias tiempos y retos, reivindicarlas como expresiones políticas educativas transformadoras, distantes de las que nos propuso y nos impuso el Neoliberalismo.

No podemos replicar la hipocresía de la educación estandarizada basada en los resultados es el justo momento para establecer un diálogo pedagógico, condúcete a explorar el mundo de las alteridades, que nos permita preguntar a quién debemos escuchar, lo que quieren los estudiantes, lo que necesitan los padres de familia, lo que viven y sienten nuestros maestros, o lo que dicen los ministros, lo que exige el sistema capitalista, o lo que requiere el modelo neoliberal, ajustemos la brújula no podemos limitarnos a reproducir la receta única, debemos construir una base social que nos permita tener instrumentos para la lucha política e ideológica, para confrontar mandatos que no permiten entender que ahora no todo puede ser economía, mercancía y mercado.

En estos nuevos escenarios, las reformas educativas deben, apuntar a transformar la política económica y la política social, trazar rutas para intervenir en la disminución de los índices de pobreza y la reducción de las desigualdades y discriminaciones, la política educativa no puede por sí sola resolver los  problemas derivados la aplicación de una mala y débil política económica y social,  se debe revisar el modelo político, económico y social que produce y reproduce la injusticia económica, social y educativa en nuestros Países, es urgente educar para otro modelo económico, porque otra educación es posible sólo si otra economía es posible, una economía más social y solidaria.

A manera de colofón quiero referirme al informe conjunto de la primera misión de Ciencia, Educación y Desarrollo en la que participaron diez comisionados, en el prólogo se lee “Ahora es imperativo hacer una gran transformación de carácter educativo”, Gabriel García Márquez, siendo uno de los dignatarios recomendó que hay que construir un País al alcance de los niños, “nuestra educación conformista y represiva, parece concebida para que los niños se adapten por la fuerza a un País que no fue pensado para ellos, en lugar de poner el País al alcance de ellos para que lo transformen y engrandezca.”  (Colombia al Filo de la Oportunidad. (1994).

Es, sin duda, un tiempo de esperanza, pero también de responsabilidad y de compromiso, articulemos fuerzas y esfuerzos por una educción que potencie la identidad cultural que armonice nuestra coexistencia con la naturaleza, que priorice compromisos para la consolidación de la paz, generadora de una cultura de convivencia, la formación de valores humanos: tolerancia, solidaridad, inclusión, autonomía, dignificación, justicia y respeto, que forme ciudadanos para defender colectivamente lo público y transformar el orden social, dispuestos a respetar la libertad y profundizar la práctica de la democracia y la participación para dinamizar las capacidades de decisión del individuo y la comunidad.

 

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OVE Entrevista a Laura García Tuñón “Es necesaria la autonomía de las organizaciones sociales y sindicales respecto a los gobiernos”

Luz Palomino y Luis Bonilla-Molina entrevistan en exclusiva para Otras Voces en educación

 

En los tiempos turbulentos de la Argentina post dictadura, la voz y praxis de Laura García Tuñón nos muestra un Sur insumiso y rebelde que se resiste a la hegemonía neoliberal. La conocimos entre tejidos de resistencias anticapitalistas y hoy continúa siendo una arquitecta de alternativas.

En México, el fallecido amigo Sergio Quiroz del Instituto McLaren nos decía que cuando se estableciera una coordinación continental de las resistencias educativas, Laura tendría que formar parte de ella. Le hemos seguido los pasos y los encuentros han reforzado la enorme valoración que de ella tenía Sergio.

En la actualidad forma parte del colectivo Grupo de Contacto internacional (GCI), un espacio horizontal de diálogo y encuentro entre educadores populares, pedagogos críticos y dirigentes gremiales del magisterio nuestro americano.

Laura García Tuñón, es trabajadora de la educación jubilada de escuelas primarias de la Ciudad de Bs As, Argentina. Fue diputada porteña (MC), parte de la comisión directiva del sindicato docente UTE- CTERA y de la Central de Trabajadores de la Argentina de la ciudad (CTA A) de la ciudad de Bs As. Militante por la educación popular y feminista. Forma parte del equipo de Coordinación del ENDYEP (Encuentro entre Docentes y Educadorxs Populares), experiencia que desde hace más de 10 años construyo, colaboro y asesoro a distintos colectivos y movimientos que toman la educación en sus manos desde la educación popular. Su perspectiva nos pareció importante para los lectores y colaboradores del portal Otras Voces en educación, y a continuación le dejamos el diálogo que sostuvimos con ella

 

Laura, cuéntanos un poco tu historia de vida y como llegaste al sindicalismo magisterial y a las educaciones populares

Nací en la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en una familia numerosa de clase media. Soy la 6º de 9 hermanos. Perdí a mi padre a los 13 años, lo que hizo que nos mudáramos de casa a la Ciudad de Bs As y que mi madre tuviera que salir a trabajar.

A los pocos años, se instauró la dictadura militar, que desapareció a amigos, que persiguió e implantó el terror y que despidió a mis hermanos y a mi madre de su trabajo por tener tío preso político.

La dictadura militar nos tocó bastante de cerca, cambiando nuestras vidas. Y fue justamente eso lo que hizo que me convirtiera en militante.  En el último año de la dictadura, con 23 años y con mis tres pequeños hijos nacidos, recién pude conseguir mi primer cargo como maestra de grado de una escuela primaria estatal, ya que estaba en una especie de lista negra o roja, que me impedía trabajar.

Me afilié al sindicato de maestros ese mismo día. Y también comencé a militar en el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), siguiendo los pasos de mi tío, que ya vivía exiliado en España.

En 1983 llamaron a elecciones y viví toda la efervescencia de la apertura democrática. Iba a casi todos los actos de campaña, que se hacían en el obelisco, en el centro de Bs As y que está a dos cuadras de la escuela en donde trabajaba. Un poco para ver qué decían y repartir volantes del PRT y otro poco para sentirme cerca de nuestro pueblo movilizado.

Ya en democracia me metí de lleno a participar de la vida sindical, siendo delegada de mi escuela y luego representante del distrito escolar. Y en paralelo a reconstruir el PRT que había sido diezmado en la dictadura, recibir a los compañeros y compañeras que salían de las cárceles.

Participé activamente de la 1º Marcha de la Resistencia, organizada por las Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos. Aún conservo un dibujo de la marcha de un alumnito de 1º grado que también había ido porque su papá estaba desaparecido, y lo dibujó en su cuaderno. Y a la vez me dedicaba a criar a mis hijas e hijo, con mucha ayuda de la abuela.

Fueron años de mucho agite y construcción, pero también de muchas defecciones de los gobernantes, que traicionaron la voluntad popular, perpetuando el sistema económico y el modelo productivo de los militares, el hambre y la desocupación.

En el sindicato, al participar en una agrupación de izquierda, me enfrenté a la conducción. Al ser joven, eso lo vivía con alegría y fortaleza.

Siempre fui delegada de mi escuela. El sindicato se amplió y unificó con otros sectores de trabajadores y trabajadoras de educación secundaria y superior, incorporando a los y las docentes de todos los niveles, que lo hizo crecer y abrirse a distintas experiencias.

Como mis estudios de maestra fueron durante la dictadura, tuve que buscar otras perspectivas educativas, formación y saberes en distintas experiencias. A leer y  entender a los distintos pedagogos de la educación popular como Freire y Fals Borda,   intenté llevarlas sus ideas a la escuela y a la vida sindical, que no estaba muy abierta a esas ideas, más preocupados por la lucha gremial y no pedagógica.

Siempre traté de elegir escuelas en donde pudiera trabajar con sectores vulnerables. Fui cambiando de escuelas, siendo suplente, hasta que logré ser maestra titular en una escuela de una de los barrios carenciados más grandes de la Ciudad.

Participé fuertemente de la Carpa Blanca de los maestros, que estuvo instalada en la Plaza frente al Congreso Nacional, 1003 días, desde el 2 de abril de 1997 hasta el 30 de diciembre de 1999.

La Carpa Blanca fue una herramienta de lucha sindical, ante la cantidad de paros provinciales que no alcanzaban a lograr el éxito. El sindicato Nacional CTERA, ideó la instalación de esa carpa en donde distintos grupos de maestros, maestras y profesores, dormían, vivían y ayunaban exigiendo presupuesto para la educación y la derogación de la Ley Federal de Educación que había destruido el sistema educativo nacional.

Los docentes venían de distintas provincias y ayunaban entre 15 y 25 días, sólo consumiendo líquidos como forma de protesta. La carpa se transformó en el correr de los días en un espacio de lucha para distintos sectores. Se hacían festivales inmensos con artistas reconocidos y partidos de fútbol.

Nos visitaban artistas internacionales que venían a apoyar nuestro reclamo. Llegaban denuncias por violencia institucional de todo el país. Pero lo más emotivo eran las visitas de los pibes y pibas de las escuelas y las clases públicas.

Toda esa lucha terminó con una Ley de Incentivo docente, en donde el gobierno nacional hasta el día de hoy paga una parte del salario, ya que, por las reformas educativas, cada provincia se hace cargo de la educación, presupuesto y salarios docentes. No conseguimos hasta 2006 que se derogara la ley de educación.

Yo participé activamente ayunando 3 veces y siendo parte de los equipos de colaboración de la Carpa. Y a la vez siendo delegada distrital, recorriendo las escuelas y armando asambleas quincenalmente.

A partir de esa militancia formé parte de la conducción del sindicato, haciéndome cargo de la Secretaría de Educación y Estadísticas. Y luego de la secretaría de formación de la Central de los Trabajadores de la Argentina de la Capital.

Es allí en donde me conecto mucho más con la Educación Popular, participando de los Forum Sociales Mundiales de Porto Alegre y a los Forum de Educación. Construyendo iniciativas de educación popular con los movimientos sociales y de formación de militantes, delegados y delegadas promovidas por la CTERA de ese entonces.

Me alejé de la conducción del sindicato docente por diferencia políticas, ya que no acordaba con la falta de autonomía frente al gobierno de Kirchner. Estoy convencida de la necesidad de autonomía que deben tener las organizaciones sociales y sindicales respecto a los gobiernos de turno, por más que sean del signo político de ellos. Y esa falta de autonomía, justamente fue uno de los problemas que vivieron y vive el sindicalismo en con los gobiernos progresistas.

Cuando se abren desde la CTA Bachilleratos Populares y jardines comunitarios populares, fui aportando con debates y asesoramientos a las organizaciones en pensar en una educación emancipatoria en manos de los movimientos sociales y los sindicatos.

En 2009, fui elegida diputada de la Ciudad de Bs As. Continuaba militando en la CTA y conformamos un partido político con las organizaciones sociales y sindicales como instrumento electoral. Como diputada intenté aportar en la legalidad de los Bachilleratos Populares en su reconocimiento, en el sostenimiento de los jardines  comunitarios y en la defensa de la educación pública y de los trabajadores y trabajadoras de la educación.

Desde ese lugar institucional construimos muchas jornadas, seminarios y aportes a la experiencia de los movimientos que toman en sus manos la educación, a la par de seguir formándonos colectivamente en las concepciones de la educación popular.

Actualmente soy parte de la coordinación del ENDYEP (Encuentro entre Docentes y Educadores Populares), que se conformó en 2015 con un conjunto de organizaciones sociales que toman en sus manos a la educación, educadores y educadoras populares, docentes de distintos niveles y docentes de Institutos de Formación Docente.

Aspirábamos a desatar los nudos y evidenciar las tensiones que existen entre los espacios formales de educación, que brinda el Estado, y los espacios de educación popular, autogestivos, que están en manos de los movimientos sociales como una apuesta no solo a la integración, sino a la transformación.

Lo pensamos como espacio de resistencia y de lucha frente a las reformas educativas, para generar el diálogo entre docentes y los educadores y educadoras populares y para contribuir en la construcción de una educación pública emancipadora desde la concepción de la educación popular y la pedagogía crítica. Propiciamos y alentamos actualmente además, a la Formación Docente en Clave de Educación Popular a través de cátedras abiertas, especializaciones y seminarios con educadores y educadoras populares internacionales y de Argentina.

Laura ¿Cuáles consideras que son los elementos más significativos de la crisis educativa en Argentina?

El sistema educativo argentino se caracteriza por contener a casi el 96 % de la población en edad escolar, siendo obligatoria la educación en el nivel inicial, primario y secundario.

Es decir, desde los 4 años hasta los 17/18 años de edad. Pero el 45% de los y las estudiantes, no llega a terminar la escuela secundaria por diferentes causas. Por ello, una enorme población de jóvenes y adultos, vive sin finalizar sus estudios y con mayores dificultades para conseguir la inserción laboral.

Hoy nos encontramos con una infinidad de trabajadores y trabajadoras de la Educación que todos los días se esfuerzan y lo ponen todo para intentar cambiarles la vida a sus estudiantes. Como también tenemos docentes que sólo van a enseñar lo que el currículum impuesto les marca, como un mero trabajo de oficina.

A su vez, por fuera del sistema educativo formal, existen más de 100 Bachilleratos Populares autogestionados y experiencias de educación popular en barrios vulnerables de todo el país, a cargo de educadores y educadoras populares.

La crisis la podemos observar en que la mayoría de los docentes piensa que lo que enseñan no le interesa a nadie. Los estudiantes piensan que lo que aprenden no les sirve y los padres que sus hijos e hijas no aprenden nada.

La comunidad educativa argentina está enfrentando una serie de reformas que destruyen la concepción de la educación como práctica y derecho social y cultural, pero fundamentalmente como concepción política de transformación política y social.

El ajuste, el achique presupuestario y la destrucción de los estatutos del docente y los derechos laborales, son algunas de sus expresiones más urgentes e inmediatas.

Con estas reformas, están reactualizando uno de los aparatos ideológicos del Estado, la escuela. Hoy ya no se piensa a la escuela como único espacio de control social, ya que los avances del capitalismo a través de las innovaciones tecnológicas, colocan en juego a otros escenarios, como las redes sociales y las conexiones de comunicación.

Por eso se piensa a las escuelas como formadoras para ese escenario mundial y local, manejado por las tecnologías y un mundo en donde la concepción del trabajo se pone en cuestión.

Justificándose en los cambios del tiempo y modificando los sentidos tradicionales de la educación, adecuándola a los nuevos criterios productivistas de la globalización, construyendo una nueva idea de capital humano. Pero para ello, también necesitan un debilitamiento de las organizaciones sindicales.

Todo esto continúa con la desigualdad educativa y la profundización de la crisis educativa. Crisis porque no le da respuestas al mundo tecnocrático globalizado y mucho menos a nuestro pueblo.

Pero principalmente está en crisis porque propone un modelo educativo que profundiza un modelo de país para el capital concentrado, con mayor exclusión y desigualdad para nuestro pueblo. Porque no tiene en cuenta a los y las estudiantes ni a los trabajadores y trabajadoras de la educación.

Esta crisis la puedo enumerar en estas situaciones:

  • Desigualdad: Ya no sólo es entre la educación estatal y la privada, sino entre las escuelas de educación estatal, por la segmentación de la población. Encontrando escuelas estatales en las ciudades o zonas céntricas, a las que acceden los estudiantes de clase media y escuelas de las periferias con la poblaciones vulnerables, en donde casi 1 hora de clases se destina a la asistencia alimentaria. Con sobrepoblación en las aulas y falta de condiciones materiales e inmateriales como libros y útiles, conexión a internet y computadoras.
  • Cambios en la escuela secundaria: vacíos de contenidos pedagógicos y de conocimientos, para responder a las directivas de los organismos internacionales, en donde lo que prevalece es la formación para la adaptación, la transmisión y la adecuación. La pregunta es adecuado y adaptado a qué concepción.
  • Formación docente desarticulada: cada provincia tiene sistemas distintos de formación docente. Algunas lo dictan en las Universidades. Otras provincias en Institutos Terciarios. Si bien hay un Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), el gobierno anterior, cerró institutos, lo desfinanció y le quitó responsabilidades. Intentó transferir todos los Institutos a las Universidades. A su vez no recupera ni reconoce los saberes sobre el enseñar y el aprender acumulados por las instituciones de formación y los sujetos que las habitan. Desconoce el valor que la Formación docente ha tenido históricamente en nuestro país como garante del derecho a la educación.
  • Sistema de Evaluación: en la Argentina desde su creación se aplican las pruebas PISA. Además de esas pruebas, se aplican pruebas estandarizadas nacionales a los y las estudiantes de primaria y secundaria. El gobierno neoliberal de Mauricio Macri instauró también pruebas estandarizadas de medición de los aprendizajes a los y las estudiantes de formación docente y a los docentes. En muchas escuelas del país fomentan que los maestros enseñen para “aprobar” las pruebas PISA y nacionales, pasando muchos meses del año en este objetivo.
  • Currículum: totalmente alejado de las necesidades e intereses de los y las estudiantes. Construido por técnicos en cada ministerio de educación provinciales con ninguna participación de los docentes.
  • Educación de los pueblos originarios: Si bien existe la educación bilingüe, sigue siendo la población más abandonada, en donde se continúa hoy negando su cultura, su lengua y costumbres.
  • Mercantilización de la educación: se utilizan una serie de plataformas educativas en distintas provincias y niveles. Se promocionan y dan puntaje para la carrera docente cursos de capacitación privados. Se promueve la meritocracia y la articulación educación/trabajo es sólo vista desde las empresas.
  • Condiciones laborales: existen estatutos laborales diferentes por provincia. En todo el país el salario docente es muy bajo. En algunas, apenas llega al salario a superar la línea de indigencia. En otras no cubre la canasta familiar. Esto hace que existan docente con sobrecarga de trabajo para llegar a tener un salario que le sirva para vivir. A su vez en varias provincias han cambiado la forma de designación de los y las docentes, lo que hace peligrar la libertad de cátedra por la injerencia del gobierno de cada provincia en las designaciones.
  • Representación sindical: La fragmentación es lo que rige en el sindicalismo docente. La CTERA es el sindicato más poderos y fuerte en la Argentina, teniendo un sindicato de base en cada una de las 24 provincias. Cuenta con alrededor de 500.000 afiliados de todo el país, teniendo representación en todas las ramas y sectores, sobre los 954.000 docentes que trabajan en el país. Pero existen además otros 4 sindicatos nacionales. Pero todos ellos cada día están más alejado de sus afiliados, no debatiendo ni formando en cuestiones pedagógicas ni discutiendo una educación emancipatoria. En algunos territorios, como la Ciudad de Buenos Aires, se armaron 17 sindicatos, que representan a los casi 100 mil trabajadores de la educación. A lo largo de los años y en las diferentes gestiones de gobierno, los sindicatos fueron fragmentándose y conformándose en nuevos sindicatos. La mayoría de estas conformaciones obedecieron a injerencias de los distintos gobiernos. Por supuesto, no hay mayor pluralidad y participación de las bases docentes ante ese número de sindicatos.
  • El constante menoscabo, desprecio y cuestionamiento a la tarea de enseñar. Los trabajadores y trabajadoras de la educación son impugnados por los gobernantes y por los medios de comunicación, responsabilizándolos de todos los males de la educación, siendo sospechados todo el tiempo de su mal desempeño

 

Laura, ¿consideras que la formación docente se corresponde a los actuales retos que enfrentan los y las docentes? ¿Cuáles deberían ser las reelaboraciones en materia de formación inicial y continua de les educadores?

Estoy convencida de que la formación docente en Argentina, a pesar de los esfuerzos de muchos de sus docentes, no logra resolver los desafíos de formación que requieren los y las trabajadores de la educación y tampoco los chicas y chicas que asisten a las escuelas de todos sus niveles.

Los Institutos de Formación Docente y Universidades, siguen siendo instituciones piramidales, jerárquicas, poco democráticas y excesivamente disciplinares.

Además de estar bastante alejadas de las escuelas en donde los estudiantes van a desempeñarse en el futuro. En su mayoría, tienen pocos trayectos de investigación educativa y casi nulo trabajo colectivo de los y las docentes que trabajan en ellas. Muchas veces por tener demasiadas horas de trabajo en diversas instituciones y con demasiados cursos y estudiantes a cargo.

Si a todo esto le sumamos, una imposibilidad de pensar en otra escuela, podemos ver la actual crisis educativa. Imposibilidad de pensar en una escuela emancipadora. De pensar en otra forma de aprender y enseñar diferente de la que ellos mismo aprendieron o vivieron.

En donde sufrieron la imposición de competencias a lo largo de su escolarización que destruyeron sus capacidades. Capacidades para ser investigadores, artistas, deportistas, artesanos, cocineros, pedagogos o creativos. De divertirse con el aprender.

Para reconfigurar la formación docente creo que tenemos que recuperar la pedagogía. Como siempre nos enseña el Maestro y educador popular argentino Nano Balbo, “si los docentes no somos capaces de retomar el debate pedagógico para que la educación sea nombrada con lenguaje pedagógico, estamos perdidos.

Es la pedagogía la que le da sentido e identidad a mi práctica. Si entrego el saber pedagógico, habré dejado de ser un trabajador para pasar a ser un empleado. Porque voy a perder el control sobre mi trabajo.  Entonces enseño lo que otros decidieron. Por ello intentan sustituirnos por facilitadores, acompañantes y no docentes, destruyendo nuestra autoridad como trabajadores y trabajadoras de la educación”.

Para ello como parte del colectivo del ENDYEP, creemos que es fundamental que la formación docente entre otras cosas asuma las concepciones de la educación popular y de la pedagogía crítica.

Por ello, en 2016 hicimos con más de 500 estudiantes, educadores y docentes, el 1º Encuentro Internacional entre Docentes y Educadorxs Populares en un Instituto de Formación Docente, en donde el eje fue: “La Formación Docente en clave de Educación Popular”.

El objetivo fue reflexionar sobre los desafíos de la Formación Docente en el marco de la Educación Popular, intercambiar prácticas educativas y sus contextos en torno a la Formación Docente, y propiciar espacios genuinos de construcción colectiva del conocimiento propia de la Educación Popular.

Allí partimos de pensar a la formación como un proceso continuo de transformación subjetiva, de desarrollo pedagógico, técnico, político, social y ético. Esto nos remitía a la construcción, al desarrollo, a la transformación, en oposición a la capacitación, instrumentación y asimilación, que nos lleva a la reproducción acrítica de formatos y prácticas.

La formación docente en clave de educación popular, requiere de un trabajo sobre uno mismo, de un trabajo de re-flexión. De volver sobre nuestras ideas, creencias, sentimientos y categorías desde las cuales interpretamos nuestras experiencias.

Resulta necesario enfatizar el carácter político y ético de la tarea de enseñar. Si los docentes en el aula somos autómatas, que repetimos libretos, difícilmente despertemos curiosidad. Necesitamos recuperar la alegría del trabajo, el compromiso con la tarea, la esperanza, el deseo de educar y la confianza en que esto es viable, que no hay destinos sociales prefijados. Nuestra tarea requiere pasión, requiere estar maravillados con el conocimiento y acompañar a otros a que se incorporen en él.

Pensar el aula no sólo como un lugar, no sólo como un espacio físico donde se transmite contenidos. Sino como escena, como espacio de interacciones, lugar de encuentros y desencuentros, lugar de emergencia del individuo y la sociedad, y a su vez, producto de ellos.

Espacio de poder, de producción, de comunicación y de conocimiento. Donde el contexto social, al igual que el contexto educativo no es algo definitivo, inmodificable, pre-existente, en el que la acción social y educativa se inserta, sino que es creado por la propia praxis a través de la concreción de patrones de conductas colectivas.

Pensarnos como formadores y no como capacitadores, y mucho menos como los “iluminadores”. Por eso es necesario concebir a la educación, y a la formación docente como parte del sistema educativo. Como un proceso social que permite a todos incorporarse a las tradiciones, historias y mundos culturales que favorezcan la construcción de los proyectos de vida individual y colectiva y no reducirla a una cuestión técnica de desenvolvimiento de competencias y habilidades.

 

¿Qué ha significado la crisis del COVID-19 para el magisterio argentino? ¿Considera que el COVID-19 y las medidas que se adoptaron en materia educativa afectan al derecho a la educación?

El calendario escolar en Argentina siempre es desde los primeros días de marzo hasta fines de noviembre o diciembre, según el nivel o provincia. Por lo cual la pandemia y el aislamiento nos tomaron al comienzo del año escolar, con apenas dos semanas de clases en inicial, primaria y secundaria.

No habían comenzado aún las clases en formación docente ni en la Universidad cuando el 13 de marzo se suspendieron las clases presenciales.

Los primeros días, hasta el día 20 de marzo, en donde se decreta nacionalmente el aislamiento social obligatorio, los y las docentes, tenían que asistir a las escuelas y armar materiales para entregar a los chicos. Como así también ayudar en el reparto de los alimentos que habitualmente se consumen en las escuelas.

A partir del 20, comenzaron las clases en las casas. Esto hizo que la inmensa mayoría de docentes comenzara a trabajar contra reloj en pensar cómo hacer sus clases virtuales. En conseguir los contactos de cada familia, y las formas de comunicarse con ellos.

Desde los ministerios provinciales, poca información les llegaba. Sólo que debían continuar con sus clases. Las autoridades no tuvieron en cuenta, por ejemplo, que muchísimas familias, aún en las grandes ciudades como Buenos Aires, sólo contaban con un teléfono celular y poca carga de internet para que hicieran las tareas todos sus niños y niñas.

Desconocían que la inmensa mayoría de los docentes no cuentan con formación en TICs y muchísimo menos en clases y plataformas virtuales. Y que inclusive, muchos docentes no cuentan con internet, salvo en sus teléfonos, al igual que las familias de sus alumnos. Y algunos con viejas computadoras.

A lo largo de estos 2 meses de clases desde las casas, lo trabajadores y trabajadoras de la educación, han visto recargadas sus tareas. Lo que prevalece es el malestar docente.

No sólo trabajan más horas y en horarios que no son los habituales, sino que a su vez deben encargarse de que sus propios hijos e hijas sigan con sus clases. Y si a esto le sumamos que a lo largo de estos días, las autoridades han cambiado varias veces las directivas sobre cómo dictar las clases, qué plataformas usar o por qué medios hacerles llegar las actividades a los y las alumnos, el cansancio y estrés que esto les ha ocasionado, es enorme.

Muchos han tenido que aprender rápidamente a utilizar algunas plataformas que jamás habían visto ni usado. Otros y otras comentan que para poder conectarse con tranquilidad y para tener conectividad, lo hacen a las dos o tres de la madrugada.

Se les exige, además de pensar cómo dar sus clases, contactarse con cada familia para ver cómo les llega a los chicos esa información. Si no responden, tienen que llamarlos y averiguar los motivos. Se les exige llevar un registro sistemático y una valoración del proceso pedagógico desarrollado en forma remota e informar a las familias y a las y los estudiantes sobre la misma. Hacer planillas administrativas.

Además de todas estas tareas, como acción de compromiso militante, algunas y algunos, van a la escuela cada quince días a entregarles las canastas alimentarias a las familias para paliar el hambre existente.

Por otro lado, en algunas provincias se les advierte que al regreso a las escuelas, se evaluará lo realizado en la cuarentena. Esto crea incertidumbres tanto en docentes como en las familias, ya que no se sabe qué evaluarán, cómo realizarán este seguimiento pedagógico sin haber garantizado los recursos mínimos. Cómo evaluarán sin tener en cuenta las condiciones en las que viven los sectores más vulnerables.

Claramente estas medidas educativas no garantizan el derecho a la educación de la mitad de la población escolar en la Argentina, que vive bajo la línea de pobreza.

La falta de insumos básicos como computadoras, conectividad, libros y en muchos caso útiles escolares que casi siempre son provistas por las escuelas. La falta de espacios para realizar las actividades escolares, ya que muchísimas familias conviven hacinadas sin acceso al agua y en pequeñas casas precarias.

La casi imposibilidad de acompañar y ayudar a los niños y niñas por parte las madres y padres, que apenas saben leer. Y la grave crisis económica, que ocasiona que la preocupación mayor de las familias es procurar un plato de comida, haciendo largas filas diarias en los comedores comunitarios, claramente nos muestra que el COVID no sólo perpetuará sino que profundizará la desigualdad y exclusión educativa.

Y por eso, tenemos que seguir exigiendo condiciones para todos y todas. Pero además tenemos que velar por la salud mental y afectiva de los estudiantes. Cuando esto termine, habrá que antes de volver a las matemáticas y las distintas materias, saber que los niños y niñas necesitarán correr, ensuciarse y reír. Reencontrarse con sus amigos, jugar, empujarse y pelear con ellos. Hablar, dibujar, llorar y gritar lo que tienen guardado en sus corazones. Necesitarán contar lo que sintieron y ser escuchados por otros que no son su familia con los que estuvieron mucho tiempo.

Tanto encierro, noticias de enfermedad y muerte no será gratis para ellos. Y si no somos capaces, en cada escuela de poder abrazarlos y entenderlos, dejarlos volver a ser niños libres, sueltos y autónomos y rescatar la pedagogía de la ternura, de la escucha y la paciencia, los condenaremos a tapar y esconder debajo de la alfombra lo que les pasó. Les enseñaremos que no hay que detenerse para sentir y pensar cómo seguir. Les enseñaremos que la enfermedad del aislamiento y la negación, llegó para quedarse.

A partir de su experiencia docente y gremial cuales serían algunas de las propuestas alternativas en la actual coyuntura del magisterio americano

Cuando el mundo salga de esta crisis, estaremos frente a un cambio mundial cultural, económico y social. Y seguramente, va a cambiar la forma de trabajar, con más teletrabajo y con condiciones de mayor flexibilidad, que habrá que poner en discusión. Y la educación no estará ajena a estos cambios.

Pero esto no nació con el coronavirus. La crisis y fragilidad ya eran parte del capitalismo y el modelo neoliberal, y como siempre, la sufríamos y seguiremos sufriendo la clase trabajadora y el pueblo.

Ante esto, tenemos el desafío de construir otra escuela y otra educación para nuestro pueblo. No basta denunciar un modelo que es profundamente injusto. Tenemos que sumar a la protesta la propuesta. La denuncia tiene que ir acompañada de un anuncio.

A pesar de la crisis en la que vivimos, creo que se abren condiciones para pensar en otra educación. En otra forma de construir conocimientos y en otra manera de pensar una escuela que le sirva a nuestro pueblo y deje de dar respuesta al mundo globalizado. Que nos permita construir otro mundo.

Estamos en condiciones porque a pesar del malestar y agobio que produce este aislamiento y el trabajo desde nuestras casas, también nos ha hecho repensar en lo que hacemos a diario. Ha hecho que las familias vuelvan a valorar y comprender que no es fácil y sencillo el trabajo de los maestros, maestras y profesores.

Pero también, es momento de que las organizaciones sindicales hagan una seria autocrítica. Que puedan pensar que no sólo las reivindicaciones del magisterio son el salario y las condiciones laborales. Que puedan imaginar y construir otro modelo sindical pedagógico y una educación emancipatoria, también son parte de las acciones sindicales.

Que no sólo los males los trae el COVID o los gobiernos con sus políticas. Que tienen que ser parte de la construcción de herramientas horizontales y democráticas para pensar en otra escuela y en otra educación. Que tienen que abrazar a la docencia para hacerlas parte de una propuesta político-pedagógica alternativa.

Por ello, los educadores y educadoras y las organizaciones sindicales tenemos una gran oportunidad y un gran desafío. Podemos y somos capaces de producir un despertar distinto. Es momento de armar más redes virtuales, hasta que podamos hacerlas presenciales, de debate y reflexión. Desde abajo. Desde los colectivos de las escuelas y espacios educativos de cada rincón de nuestro país.

De construir de conjunto para abrazar nuevos conocimientos que nos permitan interpelarnos y pensar en el para qué educar, el cómo hacerlo, para quiénes, en dónde y en qué escuela queremos y necesitamos.

Que no intente maquillar una escuela que no nos sirve. Que genere el diálogo de saberes con aquellos a los que pretendemos educar. Que incluya las concepciones de vivir el mundo del movimiento feminista, de los movimientos ambientales y de los pueblos originarios.

Que rescate las experiencias históricas y actuales de la pedagogía crítica y de la educación popular latinoamericana y argentina para pensar en otra sociedad.

Es hora de devolvernos nuestra identidad como educadores y educadoras, capaces de construir una escuela que parta de los intereses de los sectores populares, de una sociedad distinta, con una concepción del mundo con y desde su mirada.

Una educación que se vincule con el planeta, los bienes comunes y la naturaleza con respeto, cuidado y complementariedad, sin depredarla.

Es hora de recuperar la pedagogía. Es hora de que pensemos en los desafíos del siglo XXI, no para estar a la moda sino para pensarlos desde otros paradigmas del conocimiento. Es hora de construir desde nuestras utopías.

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Fuerzas armadas y seguridad pública

Por: Carlos Fazio

El 11 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dispone de la fuerza armada permanente (sic) para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regularizada, fiscalizada, subordinada y complementaria, con vigencia hasta el 27 de marzo de 2024. Ese día, en un pronunciamiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recordó que, conforme a lo que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la seguridad pública corresponde a las autoridades civiles en los tres órdenes de gobierno, aunque es posible el uso de las fuerzas armadas (FFAA) para atender problemas de seguridad ciudadana, siempre y cuando siga una lógica de última razón y se encuentre limitada dentro de parámetros específicos.

Según la CNDH, el acuerdo gubernamental es insuficiente respecto a la determinación del contenido de los términos: extraordinariafiscalizadasubordinada y complementaria, por lo que se falta al principio de certeza jurídica, pues no se tiene claridad sobre los supuestos en los cuales cabría la actuación de las FFAA, lo que podría configurar una indefinición jurídica con graves riesgos para el respeto y la garantía de los derechos humanos. En su carácter de organismo constitucional autónomo, la CNDH insistió en que la participación de las fuerzas castrenses en la seguridad pública debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario ante las circunstancias que justifiquen dicha intervención. Y según el organismo, el acuerdo no brinda elementos para respetar y garantizar dicha condición.

Además, esa participación debe ser subordinada y complementaria a las labores civiles de seguridad pública, y estar regulada mediante mecanismos legales y protocolos de uso de la fuerza conforme a estrictos criterios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.

A la luz de los abusos, las violaciones flagrantes y la impunidad de miembros de las FFAA por actos de desaparición forzada de personas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, violaciones físicas, sicológicas y sexuales, detenciones ilegales y tortura, el acuerdo adolece de elementos concretos que garanticen el indispensable uso de la fuerza conforme al respeto y garantía de los derechos humanos. Por lo que resulta indispensable asegurar una estricta fiscalización de la intervención castrense en tareas de seguridad pública por el Congreso de la Unión y la sociedad mexicana, incluida la propia CNDH como órgano civil competente y autónomo.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coincidió en que la participación de las FFAA en seguridad pública debe ajustarse a criterios de estricta excepcionalidad y ser el último recurso. Y añadió que la sola mención al carácter extraordinario de la participación de las fuerzas militares sin la información sobre las condiciones, modalidades y análisis que permita concluir que se cumple con un principio de estricta necesidad y excepcionalidad de la medida, es insuficiente. Destacó, asimismo, que contrario a la obligación de que el papel de las FFAA se supedite a las autoridades civiles, el acuerdo establece una relación de coordinación entre las autoridades civiles y militares.

La Oficina del Alto Comisionado recordó la sentencia del caso Alvarado de la CIDH (2018), que estableció que la supervisión de la participación de las FFAA en seguridad deberá realizarse por órganos civiles independientes, competentes y técnicamente capaces; sin embargo, adujo, el acuerdo fija que esa supervisión será realizada por el órgano interno de control de la dependencia de la fuerza armada que corresponda (Ejército o Marina), lo que resulta insuficiente (además de situarse fuera del marco fijado por la CIDH); contradice los elementos de control civil de la seguridad pública establecidos en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y no honra los principios de transparencia y rendición de cuentas que debe regir el actuar de todas las corporaciones de seguridad, incluidas las FFAA.

Bajo asesoría del Pentágono, a partir del régimen de Ernesto Zedillo −responsable de la matanza de Acteal, en Chiapas, con participación directa de Ejército− la militarización de la seguridad pública resultó cada vez más contraria a las atribuciones constitucionales de las FFAA: la defensa de la integración territorial, la independencia y la soberanía del país, derivó en crímenes de Estado que podrían tipificarse de lesa humanidad.

Con Felipe Calderón, de la mano de la Iniciativa Mérida manufacturada en Washington, como primera autoridad en llegar al lugar de los hechos (primeros respondientes), el Ejército y otras autoridades federales manipularon la escena del crimen e inventaron verdades históricas en casos como el de los niños Almanza y los estudiantes del Tec de Monterrey; Tlatlaya; Iguala/Ayotzinapa, Tanhuato…

Esos son los riesgos que derivan de la aprobación por unanimidad en el Congreso de la Unión, a comienzos de 2019, de las reformas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo federal, mediante las cuales se creó la Guardia Nacional y se refrendó el uso de las FFAA en tareas de seguridad pública, ajenas a su formación y profesionalización, que es la guerra contra un enemigo. Riesgos que podrían potenciarse a corto o mediano plazos, en las áreas de los dos megaproyectos del sexenio: el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/05/18/opinion/019a2pol

Imagen: https://pixabay.com/photos/police-italy-order-blue-uniform-3409448/

 

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El Salvador: el confinamiento y la falta de atención médica llevaron a la muerte a ingeniero por coronavirus, afirma la UCA

América Central/ EL Salvador/17-05-2020/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com

El Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) dice que hubo un irrespeto a la familia y un error de parte del gobierno en no garantizar la salud del profesional y de otras víctimas mortales por el COVID-19.

La Universidad José Simeón Cañas, a través de su Instituto de Derechos Humanos (Idhuca), calificó el fallecimiento del ingeniero Carlos Henríquez como una profunda equivocación, un ejemplo claro de la improvisación y desorganización del gobierno para atender a las personas que ingresaron al país al inicio de la emergencia.

El Diario de Hoy publicó el martes 23 de abril, horas después de su muerte, cómo el profesional intentó someterse de buena fe a la orden del gobierno, cuando regresaba de Guatemala el 11 de marzo, y cómo rogó a las autoridades para que le brindaran atención médica.

El ingeniero se contagió de COVID-19 en el centro de contención de la Villa Centroamericana en Ayutuxtepeque, San Salvador, y murió el 22 de abril, sin una atención médica adecuada en el hospital San Rafael, según su familia.

En un informe reciente, el Idhuca detalla cómo el gobierno le negó al ingeniero su derecho a la salud y cómo irrespetó y ocultó información a la familia de la víctima.

“Los centros de contención y el sistema médico-hospitalario, más allá de las complicaciones de salud del Ingeniero, se equivocaron rotundamente en los procedimientos. Se puede entender que a un enfermo grave se le sustraiga el teléfono. Pero es incomprensible la falta de comunicación médica con la familia del enfermo, máxime si éste no puede comunicarse con sus allegados”, cuestiona el informe.

Según el Idhuca, el Estado “desde el momento que determinó de forma generalizada y arbitraria que toda persona debía someterse a cuarentena, en un centro de contención al entrar al país, debió velar por el derecho a la salud e integridad de las personas que estaban bajo su cuido”.

“En el caso del fallecido, la actuación del Estado difirió ampliamente en el estándar para dar atención médica. Al llegar al país, y pesar de ser conocedores que tenía 67 años y padecía de hipertensión, no se le hizo ninguna evaluación médica y mucho menos la prueba del COVID-19. Simplemente fue llevado de forma coercitiva a un centro de cuarentena junto con otras personas”, se concluye en el documento.

Agrega “que cuando su salud ya era grave después de haber pasado varios días en Villa Olímpica -Centroamericana-, en un primer momento se le negó la atención médica en un hospital. Con argumentos políticos y no médicos, lo remitieron a un hostal donde no se le brindó la asistencia sanitaria que requería”.

Cuando la familia del ingeniero presionó por su salud, se pidió que un doctor especialista le hiciera una evaluación médica, pero su estado de salud ya era grave.

“En esta línea, es cuestionable según especialistas médicos, el traslado a tres hospitales distintos en menos de un mes; y debe hacerse especial énfasis a la situación que vivió en el Hospital San Rafael, donde no se le pudo realizar hemodiálisis por falta de los instrumentos médicos necesarios”, indica el documento.

Línea de hechos

Agnes Callamard, Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, recientemente señaló la obligación que tiene el Estado ante las personas que tiene bajo su custodia y/o cuido. En este sentido, decía de forma literal que el Estado es responsable de su vida e integridad personal. La muerte resultante de la denegación de saneamiento, espacio adecuado, ventilación adecuada o atención médica adecuada es una muerte arbitraria de la que es responsable el Estado.

Para el Instituto de Derechos Humanos, el Estado desde el momento en que determinó de forma generalizada y arbitraria que toda persona debía someterse a cuarentena en un centro de contención al entrar al país, debió velar por el derecho a la salud e integridad de las personas que estaban bajo su cuido.

“Lamentablemente, tal y como ha quedado ejemplificado en la cronología de los hechos y con las fotos que se acompañan al presente informe, las condiciones de salubridad del albergue de Villa Olímpica-Centroamericana-, no eran las idóneas para tener a las personas que regresaban al país. Además, las personas pasaron hacinadas, medida totalmente contraproducente a la recomendación médica. Es decir, el Gobierno con estas medidas provocó un deterioro grave de la salud e integridad personal del ingeniero Henríquez”, se afirma en el informe del Idhuca.

El Idhuca afirma que el gobierno le mintió a la víctima, ya que estableció un protocolo de actuación con algunas excepciones a la cuarentena no domiciliar de treinta días; una de las excepciones era las personas mayores de 60 años. Esta información fue publicada en la cuenta oficial de Casa Presidencial en Twitter, y es la misma que la Embajada de El Salvador en Guatemala le compartió al ingeniero Henríquez el día 12 de marzo.

Por eso el profesional accedió a ingresar al país, según su familia, confiado en que se iría a su casa a mantener la cuarentena domiciliar, pero no fue así.

“Al ingeniero Henríquez entre las 12 y 24 horas de su llegada no se le hizo ninguna evaluación médica y mucho menos la prueba del COVID-19 -esta no se la hicieron hasta el 27 de marzo de 2020. Sin prueba ni atención especial por su edad y los padecimientos de salud que tenía -hipertensión- fue privado de libertad y sometido a internamiento forzoso donde convivió en hacinamiento, con personas que venían de Europa -vía Panamá- y de Guatemala”, sostiene el Idhuca.

Para esta institución, el caso de esta víctima no es el primero en que alguien muere durante la cuarentena y cuya muerte implica serias responsabilidades estatales.

“Reflexionar sobre las deficiencias de un sistema de cuarentena que funciona con desorganización, sin transparencia con las personas y con claros signos de autoritarismo y falta de ética médica es imprescindible para salvar vidas. Tener un poco más de humildad y reconocer errores es mucho más propio de un gobierno democrático que empeñarse de denigrar la gestión de otros países y ocultar las propias debilidades”, finaliza el pronunciamiento.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/uca-coronavirus-idhuca-ingeniero-villa-olimpica/714601/2020/

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