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ONU pide a El Salvador investigar presuntas violaciones de derechos humanos

América Central/El Salvador/26-04-2020/Autor(a) y Fuente: www.dw.com

La Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, pidió a las autoridades de El Salvador investigar posibles abusos cometidos para imponer el cumplimiento de las drásticas medidas contra el coronavirus.

«Hago un llamado a las autoridades para que investiguen todas las presuntas violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para luchar contra la COVID-19», señaló la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. y expresidenta chilena en un comunicado.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos por su decisión de retener y enviar a «centros de contención», a personas que violen sin causa justificada la cuarentena domiciliar obligatoria, vigente desde el 21 de marzo.

El comunicado de Bachelet cita un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador según el cual, del 21 de marzo al 13 de abril, se han reportado 149 detenciones arbitrarias.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó recientemente que las autoridades gubernamentales tienen «prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario» a quienes violan la cuarentena.

En claro desafío al tribunal, Bukele reaccionó mediante su cuenta de Twitter, como suele hacerlo, y dijo que «ninguna resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño».

Nayib Bukele

@nayibbukele

¿La @SalaCnalSV delega al procurador inconstitucional para que tutele la cuarentena y trata de quitarnos todas las facultades para hacerla cumplir?

El chiste se cuenta solo.

NINGUNA resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño.

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Derechos inalienables

Bachelet recordó que «el derecho internacional permite a los gobiernos restringir algunos derechos cuando se enfrentan a una emergencia como la causada por la COVID-19», pero que esas restricciones «deben además estar en concordancia con la Constitución y las normas y estándares internacionales de derechos humanos».

«Incluso en un estado de emergencia, algunos derechos fundamentales no pueden restringirse ni suspenderse, entre ellos el derecho a no sufrir malos tratos y la garantía fundamental contra la detención arbitraria», sostuvo la Alta Comisionada.

El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, abrió una investigación sobre posibles violaciones a derechos humanos de personas que guardan cuarentena en centros de contención.

Fuente e Imagen: https://www.dw.com/es/onu-pide-a-el-salvador-investigar-presuntas-violaciones-de-derechos-humanos/a-53202239

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Etiopía: Los padres temen por los estudiantes amhara desaparecidos tras el cierre de universidades por la Covid-19

Redacción: Amnesty

Mientras las universidades de Etiopía cierran para evitar la propagación del virus de la COVID-19, Amnistía Internacional pide a las autoridades etíopes que revelen las medidas que han tomado para rescatar a 17 estudiantes amhara de la Universidad Dembi Dolo, en Oromia occidental, secuestrados por individuos no identificados en noviembre de 2019 y que desde entonces se encuentran en paradero desconocido.

La angustia de las familias de los estudiantes se ve acentuada por el cierre del teléfono e Internet puesto en marcha en enero en la región de Oromia occidental, que dificulta aún más sus esfuerzos por obtener información sobre sus seres queridos desaparecidos.

El sentimiento de temor e incertidumbre que se propaga por Etiopía a causa de la COVID-19 agrava la angustia de las familias de estos estudiantes, que están desesperadas por obtener información sobre el paradero de sus seres queridos.
Seif Magango, director adjunto de Amnistía Internacional para África Oriental

“El sentimiento de temor e incertidumbre que se propaga por Etiopía a causa de la COVID-19 agrava la angustia de las familias de estos estudiantes, que están desesperadas por obtener información sobre el paradero de sus seres queridos cuatro meses después de su secuestro”, ha manifestado Seif Magango, director adjunto de Amnistía Internacional para África Oriental.

“La decisión de las autoridades etíopes de cerrar las universidades para proteger la vida de los estudiantes es encomiable, pero también deben emprender acciones igual de concretas para encontrar y rescatar a los 17 estudiantes desaparecidos, para que también ellos puedan reunirse con sus familias.”

Amnistía Internacional ha hablado con varias familias de los estudiantes desaparecidos, que han expresado su creciente desesperación e impotencia ante la falta de noticias de sus hijos. Esta situación se está produciendo pese al anuncio hecho el 31 de enero de 2020 por el primer ministro de Etiopía, Demeke Mekonnen, de que se había formado un grupo especial para encontrar y facilitar el retorno seguro de los estudiantes a sus familias.

La decisión de las autoridades etíopes de cerrar las universidades para proteger la vida de los estudiantes es encomiable, pero también deben emprender acciones igual de concretas para encontrar y rescatar a los 17 estudiantes desaparecidos, para que también ellos puedan reunirse con sus familias.
Seif Magango, director adjunto de Amnistía Internacional para África Oriental

Girmanesh Yeneneh, estudiante de tercer curso de biotecnología, fue una de las que estudiantes secuestradas cuando se dirigía a su casa en noviembre. Su padre, Yeneneh Adunya, dijo a Amnistía Internacional:

“Enviamos a nuestros hijos e hijas a la universidad para que puedan tener un futuro mejor. Ahora no sabemos dónde están o si están vivos. Estamos de luto desde el día que nos dijo que había sido secuestrada; nos dijo que rezáramos y yo, que soy sacerdote, he ido por todas partes rezando. Pero su madre está devastada, y se está volviendo loca, sin que tengamos ni una noticia del gobierno”.

Aunque los presuntos secuestradores inicialmente permitieron a los estudiantes llamar a sus familias y hablar con ellas, ya han pasado más de tres meses desde que las familias tuvieron noticias suyas. La última vez que uno de los estudiantes habló con sus familias fue el 18 de diciembre de 2019.

Todos los servicios de comunicación en Oromia occidental deben restaurarse de inmediato para permitir no sólo que las familias de los estudiantes desaparecidos accedan fácilmente a la información, sino también para que la población acceda a información vital de salud pública sobre la pandemia de COVID-19.
Seif Magango, director adjunto de Amnistía Internacional para África Oriental

“El cierre de las redes y servicios de comunicación en Oromia occidental es una violación inaceptable del derecho de la gente a la información y a la libertad de expresión”, ha manifestado Seif Magango.

“Todos los servicios de comunicación deben restaurarse de inmediato para permitir no sólo que las familias de los estudiantes desaparecidos accedan fácilmente a la información, sino también para que la población acceda a información vital de salud pública sobre la pandemia de COVID-19.”

Los 17 estudiantes fueron secuestrados en diversas fechas en noviembre de 2019 cuando huyeron de los enfrentamientos étnicos fatales entre estudiantes universitarios oromo y amhara.

Uno de los estudiantes, Gebre-Silassie Mola Gebeyehu, dijo a su tío que él y varios estudiantes más habían sido secuestrados el 28 de noviembre por un grupo de jóvenes oromo mientras se dirigían a Gambella, y que a todos los habían llevado a las profundidades de un bosque de la zona.

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/03/ethiopia-parents-fear-for-missing-amhara-students-as-universities-close-over-covid19/

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La espiral de violencia que acompaña a las migrantes en África

Por: Iñaki Makazaga

Los testimonios de 152 africanas entrevistadas, en diferentes situaciones de movilidad y procedentes de distintos conflictos y crisis, desvelan la exposición constante a agresiones que sufren durante su tránsito

Una espiral de violencia acompaña a las mujeres migrantes en África, tan envolvente que el riesgo de sufrir agresiones en sus vidas se reproduce, incluso con más fuerza, cuando deciden abandonar sus hogares precisamente para librarse de ellas.

Así lo ha documentado durante los últimos dos años la ONG Alboan entrevistando a más de 152 mujeres migrantes en diferentes situaciones de movilidad y provenientes de conflictos con crisis de distinto origen y duración. El diagnóstico se presentó recientemente. La prioridad, dicen, es la atención médica y psicosocial así como aportarles formación profesional y acceso educativo para sus hijos. “Queríamos conocer sus demandas y sueños antes de ponernos a trabajar con ellas”, explica la directora de la organización, María del Mar Magallón.

“Todas piden vivir en contextos seguros junto a sus hijas e hijos, y recuperar así la vida que llevaban antes de sufrir la violencia”, concreta. Desde el principio, la ONG quiso detectar los riesgos a los que se exponen las mujeres migrantes del continente tanto por el hecho de ser mujeres como por el motivo de su desplazamiento. Y así amoldar al máximo su manera de trabajar con cada una de ellas. Por eso, una de sus primeras conclusiones del trabajo ha sido incorporar también nuevas maneras de acompañar, a la vez que mantienen exigencias históricas como reclamar la protección internacional con el estatus de refugiadas para todas ellas por el hecho de sufrir violencia de sexual y de género.

Nuevos marcos normativos de protección

El estatus de refugiada, la obtención de permisos de residencia y la reagrupación familiar facilitaría la prevención de nuevas violencias a estas mujeres que se ven obligadas a desplazarse por las agresiones sufridas en origen y se exponen a nuevas violencias durante todo el camino, como explican en el diagnóstico.

Los países en los que han realizado el trabajo de escucha activa han sido Marruecos, como país de tránsito de muchas mujeres de camino a Europa; los campos de personas refugiadas de Gado en Camerún; Lóvua, en Angola; Mabán, en Sudan del Sur; Melkadida, en Etiopía y Kukuma, en Kenia. También hay participantes del entorno urbano de Luanda, en Angola y Johannesburgo y Pretoria, en Sudáfrica. También mujeres desplazadas de la República Democrática de Congo.

Para el posterior desarrollo de los programas cuentan con el apoyo de la red del Servicio Jesuita a Refugiados en el continente africano y diferentes organizaciones locales lideradas por mujeres. La organización congoleña Sinergia de mujeres por las víctimas de violencia sexual es una de ellas. Su coordinadora, Justine Masika, acudió recientemente a Bilbao a apoyar la presentación de este diagnóstico a finales del mes de febrero.

Victimas de violencias solapadas

“Ser mujer en un país en guerra convierte nuestro cuerpo en campo de batalla. Tan sólo nos queda apoyarnos entre nosotras para levantarnos todas las veces que nos violen”, explica ante una sala llena de un público que se ha acercado hasta la sede de Alboan para conocer los detalles del informe.

Masika habla con voz tranquila y en francés. Cuenta cómo en su país las mujeres sufren varias violaciones a lo largo de sus vidas al no encontrar seguridad para ellas con el desplazamiento interno. Por eso, pone en valor el proyecto al recuperar la voz de las mujeres. “En estos contextos de violencia, los más complicado es devolver la autoestima a las mujeres y el mero hecho de escucharlas, ya es un gran paso para empoderarlas”, enfatiza.

En otros contextos, como los del norte de Marruecos, en plena ruta migratoria hacia Europa la vulnerabilidad de las mujeres se incrementa al encontrarse en situación ilegal. Algo que también aporta mayor impunidad a los agresores al no poder acudir las mujeres a la justicia ordinaria.

Lo mismo ocurre también en los campos de refugiados. Lo han comprobado en Camerún, Angola, Sudan del Sur, Etiopía y Kenia donde “la violencia se traslada a este contexto por mantener costumbres como el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina o la exclusión educativa de las niñas”.

En este contexto, las mujeres tampoco son capaces de denunciar ante el temor a ser expulsadas de la propia comunidad. La propuesta que se extrae de este diagnóstico contempla desarrollar campañas de sensibilización, también con hombres, en las comunidades. Y exigen mayores dotaciones económicas a las entidades responsables de los campos para mejorar las condiciones de hacinamiento “que también incrementa el riesgo de agresiones sexuales”.

Aquellas mujeres que se desplazan hacia contextos urbanos, como sucede en capitales como Luanda en Angola o Johannesburgo y Pretoria en Sudáfrica, el análisis detecta otro incremento de vulnerabilidad “al exponerse al mundo de la trata y el trabajo doméstico en condiciones serviles”.

La profesora de Relaciones Internacionales y coordinadora del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid, Itziar Ruiz-Giménez, explica que la metodología de escucha activa del proyecto aporta un valor en sí mismo. “Ya tocaba cerrar la boca y abrir los oídos para que sean las migrantes en movimiento las que expliquen sus propios sufrimientos por el sencillo hecho de ser mujeres”, señala.

El proyecto ya está en marcha, como lo están sus protagonistas. El diagnóstico ha sido el primer paso. Ahora arrancan los trabajos para atender sus necesidades psicosociales, médicas, de formación profesional y asesoramiento jurídico. En principio, durante los próximos cuatro años 6.400 participantes de estos ocho países diferentes en contextos de desplazamiento serán acompañadas para romper la espiral de la violencia en las que viven y convertirlas en muros de contención que, tal vez, generen espacios seguros.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/04/16/planeta_futuro/1587053570_207340.html

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Libro(PDF): «Derecho, conflicto social y emancipación. Entre la depresión y la esperanza»

Reseña: CLACSO

Las discusiones que atraviesan este libro ponen en cuestión la pretendida neutralidad del derecho, exponiendo tanto sus dimensiones ideológicas y performativas como los modos en que el discurso jurídico ordena las visiones de la realidad de acuerdo a las relaciones de poder imperantes.

Los trabajos que reúne este volumen muestran no sólo el rol del discurso jurídico en la consolidación de órdenes sociales asimétricos y verticales. También expone cómo, bajo determinadas condiciones, ese mismo orden puede subvertirse, contribuyendo a que actores sociales relegados desafíen el poder instituido.

Con este libro, el Grupo de Trabajo Pensamiento jurídico crítico realiza un aporte fundamental para entender el derecho como una herramienta capaz de operar en la recomposición de las relaciones sociales y en la legitimación de iniciativas que dan sustento a causas y luchas emergentes surgidas de nuestras sociedades

Autores (as): Mauro Benente. Marco Navas Alvear. [Compiladores]

Mauro Benente. Marco Navas Alvear. Adoración Guamán. Aleida Hernández Cervantes. Yacotzin Bravo Espinosa. Alejandro Médici. Sonia Boueiri Bassil. Alejandro Rosillo Martínez. Luis Villavicencio Miranda. Antonio Carlos Wolkmer. Lucas Machado Fagundes. Carlos Rivera Lugo. Mylai Burgos Matamoros. Beatriz Rajland. Napoleón Rosario Conde Gaxiola. Diana Isabel Molina Rodríguez. Carlos Arturo Gallego Marín. Luiz Ismael Pereira. Camilo Onoda Caldas. [Autores y Auroras de Capítulo]

Editorial/Editor: CLACSO

Año de publicación: 2019

País (es): Argentina

Idioma: Español.

ISBN: 978-987-722-422-1

Descarga: Derecho, conflicto social y emancipación. Entre la depresión y la esperanza

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=1541&pageNum_rs_libros=7&totalRows_rs_libros=1382

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OVE entrevista a Giovanni Beluche: pandemia del Covid 19 ha afectado el derecho a la educación en todos los niveles educativos

Entrevista hecha en exclusiva para OVE, por Luz Palomino y Luis Bonilla-Molina

 

Conocimos al profesor Giovanni Beluche en el marco de las protestas estudiantiles que se generaron en el 2019 en Costa Rica. A partir de ese momento, desde OVE, le hemos pedimos frecuentemente información sobre la situación educativa en la nación Centroamericana. Siempre ha estado dispuesto a colaborar y agradecemos que lo hace de manera expedita, siendo una fuente seria, objetiva y confiable que posibilita contar con información veraz y oportuna para los lectores de nuestro portal.

El profesor Beluche es Doctor en Estudios de la Sociedad y la Cultura y M.Sc. en Sociología de la Universidad de Costa Rica, además Licenciado en Sociología y Profesor de Segunda Enseñanza, en la Universidad Nacional de Panamá. Su experiencia profesional se ha realizado en 13 países de América Latina y El Caribe, en las áreas de investigación, extensión, asistencia técnica, docencia, dirección de proyectos y consultorías diversas. Ha laborado con pueblos indígenas y originarios en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Haití, Honduras, Ecuador, Bolivia, Perú y Paraguay. También ha laborado en programas de formación de maestros y maestras a nivel de grado y posgrado en universidades públicas y privadas. Sus dos libros más recientes son “Educación para el Buen Vivir. Saberes y sentires del pueblo Ngäbe” (autor) y “Masculinidades en la cultura del fútbol” (co autor). Coordina proyectos de Trabajo Comunal Universitario en la Sede Central de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. Ha ejercido la docencia en la Maestría Centroamericana en Sociología, FLACSO Costa Rica, en la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA (Costa Rica) y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es académico de la Universidad Nacional y la Universidad Técnica Nacional de ese país.

En el marco de la alianza estratégica entre el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) y el portal de los y las maestras OVE, Luz Palomino y Luis Bonilla-Molina conversan con Giovanni Beluche, con la intención de pulsar su opinión sobre la coyuntura generada por la pandemia del COVID-19 y las perspectivas educativas de corto y mediano plazo. Estamos seguros que su contenido será útil para nuestros lectores y para las investigaciones que auspiciamos.

 

Profesor Giovanni, cuéntanos un poco tu historia de vida, ¿Cómo llegaste a la educación crítica y contestataria?

Primero expresar mi gratitud por tener la oportunidad de compartir mis ideas en un espacio donde tendré la oportunidad de ser leído por diversas personas que conviven en territorios hermanos; sobre todo en estos momentos que demandamos de encuentros y diálogos, aunque sea a la distancia física. 

Desde mi formación y ejercicio profesional siempre estuve vinculado con la educación popular, principalmente con grupos urbanos, rurales e indígenas en desventaja social en diferentes países de América Latina y El Caribe.

La transformación de esas realidades no se puede quedar en el terreno técnico, requiere que los pueblos pierdan la inocencia ideológica y política, se organicen para cambiar sus condiciones actuales mediante estrategias que trasciendan los proyectos productivos.

 

La sociología crítica y los estudios culturales son fundamentales para comprender la realidad y proponer su transformación, pero los cambios sociales serán posibles y duraderos si las comunidades y sectores sociales los encabezan de forma organizada, consciente, emancipada y valiente.

Para esto la educación popular es crucial, de ahí la pedagogía crítica y la vigencia del pensamiento de Freire (como educador latinoamericano), junto con las denominadas epistemologías del sur, los saberes campesinos, la educación para el Buen Vivir, la educación biocéntrica, la pedagogía de la pregunta, la pedagogía de la ternura, el significado de senti – pensar y corazonar, como expresiones de formas alternativas de construir la episteme y la acción político-educativa inteligente, para desaprender y aprender, lo que ha emanado de las experiencias de educación popular y vivencia de los pueblos.

Me atrevo a afirmar que estas expresiones de la pedagogía crítica y contestataria no sólo son nuestros puertos de salida y de llegada, también son nuestra carta de navegación en el maravilloso viaje de la educación. Como lo planteó Freire “La educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo”

 

Giovanni ¿Cuáles son los elementos más relevantes de la crisis educativa en Costa Rica?

Como sociólogo debo aclarar primero que vivimos en una sociedad que está en una profunda crisis, algunos de sus síntomas: desigualdad, injusticia, polarización social, maltrato a la madre tierra, infelicidad de las personas, exclusión, pobreza material, falta de legitimidad de la democracia liberal. Hemos perdido el sur, por consiguiente, el sistema educativo no está exento de esa situación.

Lo segundo fundamental es rememorar lo que a partir de la Reforma de Córdoba se plantea para las universidades del continente, donde se demanda una educación superior cercana a las aspiraciones de los pueblos (no de los grupos hegemónicos en el poder); es decir, una educación universitaria para mejorar la vida integral de los pueblos en el continente.

No parece haber dudas de que las universidades públicas del continente existen para mejorar la vida de las comunidades, desde el desarrollo de sus áreas sustantivas: investigación, docencia, extensión, acción social y producción. ¿Lo estamos logrando?, ¿estamos incidiendo estratégicamente de forma duradera?, ¿estamos alcanzando los impactos deseados?, ¿qué nos hace falta? Tenemos el deber de revisarnos a profundidad para lograr que nuestro quehacer contribuya a transformar el país, el continente y la sociedad en que vivimos.

Hay mucha presión por parte de los grupos de poder, para que las universidades se conviertan en centros de formación con tendencia tecnocrática utilitaria para los fines económicos. Pero el escenario global que tenemos actualmente nos indica que hoy, como siempre son esenciales los enfoques interdisciplinarios y el trabajo proactivo para salir de esta crisis que vivimos.

Para esta entrevista se me pidió que me concentrara en la educación universitaria, particularmente en las universidades públicas que en Costa Rica son cinco. Me referiré a aspectos generales y comunes de nuestras casas de estudios superiores. Previo a la pandemia del Covid 19 las Universidades públicas de Costa Rica ya corrían riesgos de entrar en situación crítica, debido a factores internos y externos. Sobre los efectos de la pandemia conversaremos más adelante.

Las razones exógenas tienen que ver con políticas fiscales restrictivas que buscan “controlar” los gastos de funcionamiento e inversión, al punto de irrespetar la autonomía universitaria. Entre sus efectos cabe decir que ponen en riesgo las becas estudiantiles, limitan la admisión de nuevos estudiantes, afectan los salarios docentes, el desarrollo de infraestructura, los fondos para investigación y extensión, cierre de oferta académica, reducción de grupos de estudiantes, etc.

Estas medidas restrictivas están acompañadas de una campaña sistemática de los grandes medios de comunicación, dirigida a generar en la opinión pública la idea de que los empleados estatales en general y las universidades en particular, son ineficientes y que las instituciones protegen vagos improductivos que el resto de la sociedad debe mantener. Esto contrasta con la escandalosa evasión fiscal, que casi es igual al déficit fiscal del país, protagonizada por grandes corporaciones nacionales y extranjeras según datos oficiales del Ministerio de Hacienda. Sobre esto último los medios de comunicación casi no dicen nada.

A lo interno de las Universidades públicas hay elementos críticos que deben corregirse y que están poniendo en riesgo la calidad de la formación profesional. Es relevante revisar constantemente el currículo de las diversas carreras para ver a qué modelo país y qué sociedad estamos aportando a construir desde nuestra oferta. Es necesario además revisar qué investigación se realiza, quién define las líneas de investigación y a qué-quiénes benefician esos estudios; de igual manera con las demás áreas sustantivas. La Reforma de Córdoba sigue teniendo un valor referencial que para algunas autoridades universitarias es apenas algo anecdótico.

Es importante además considerar que las universidades se han llenado de profesorado interino, sin estabilidad laboral, que trabaja a tiempo parcial, sin poder dedicarse de lleno al trabajo serio, riguroso y entregado que demanda la educación superior crítica; muchos con salarios bajos que apenas se compensan con pluses como las anualidades. En general, es personal académico que no hace vida universitaria, no va a las bibliotecas, no realiza investigación, mucho menos extensión y se limita a “dar clases” a cambio de un salario extra que le sirve para redondear sus ingresos familiares. Es urgente conformar sólidos equipos académicos, pero con humildad y sencillez para lograr las ideas de comuniversidad, es decir una organización viva, inteligente, sensible, proactiva, versátil y creíble para el pueblo.

Con una mayoría de personas académicas interinas de tiempo parcial, las posibilidades de desarrollo son muy limitadas para las Universidades. Su correlato es que una burocracia administrativa en la gestión superior y un puñado de docentes ganan salarios altísimos e injustificables en un país como Costa Rica. La inequidad es tal que algunas universidades hasta tercerizan servicios de limpieza y vigilancia, para reducir costos en los salarios más modestos, pero no ponen límites a los impresentables sueldos de un puñado de privilegiados. No niego que en este grupo de privilegio hay científicos y docentes de altísimo nivel y sumamente productivos, lo que señalo es lo insostenible e injusto de tal sistema de estratificación salarial y sus consecuencias para la academia.

Es urgente revisar el proceso de reclutamiento y selección en las universidades, ya que se requiere con urgencia personal universitario de alto nivel académico, con habilidades sociales para establecer una relacionalidad generadora de empatías y compromisos y con firme voluntad de generar trabajo cercano a las comunidades.

Sin ánimo de generalizar, en algunas universidades públicas hay unidades académicas donde el sistema de méritos ha dado paso a concursos amañados, en cuyos requisitos sólo les falta poner la talla de la camisa de quien será beneficiado o beneficiada con el proceso. Ojalá fuera para así reclutar los mejores cuadros y reforzar el equipo docente, desdichadamente muchas veces opera el amiguismo y un peligroso sistema de lealtades que va en detrimento de la calidad y la confianza del estudiantado. Es recomendable revisar todo el proceso y favorecer concursos por oposición, donde se mida de la manera más objetiva posible las calidades de las personas concursantes y así se otorguen los puntajes.

Otro factor clave a enfrentar es el inmediatismo prevaleciente en sectores influyentes, dentro y fuera de las universidades, que promueven que la formación sea técnica, por competencias y que responda a las demandas del mercado laboral, en contextos donde tales demandas no necesariamente son de carácter estratégico. Plantean que para competir con las universidades privadas hay que eliminar la formación humanística. Ya hay programas, principalmente de maestrías profesionales, autofinanciadas, con cursos de cuatrimestres y no semestrales.

Sigue siendo un desafío que la educación universitaria estimule el senti pensar, el humanismo científico, el compromiso ético con la construcción de sociedades caracterizadas por la equidad de género, la inclusión, el respeto a las diversidades, la justicia social y el cuido de la Madre Tierra. Una formación que complementa el conocimiento con los saberes ancestrales, donde la técnica sea herramienta de oportunidades, donde la economía esté al servicio de la gente y no la gente al servicio de la economía.

Necesitamos una educación superior que asuma el compromiso de forjar una ciudadanía capaz de pensar en un sentido de vida alternativo, donde la justicia social, la equidad, la igualdad de oportunidades y el bien común estén presentes en el pensar y caminar de nuestra vida en todo el continente.

 

Desde tu perspectiva ¿Responde la formación de los y las futuras maestres a los desafíos de la transformación social en el marco del siglo XXI?

En Costa Rica la formación de maestros y maestras se realiza desde universidades públicas y privadas, en niveles de grado, maestrías y doctorado. Determinar si su formación responde a los desafíos de transformación social del siglo XXI, implica primero la reflexión sobre los modelos de país y regionales a los que aspiramos como sociedades y los desafíos que eso conlleva. Y sobre esto no hay consensos.

La utopía de “otro mundo posible” parte del reconocimiento de que el curso actual de las cosas no es satisfactorio para muchos sectores sociales, para millones de personas que sucumben en condiciones de vida inhumanas.  El capitalismo, sobre todo su versión más deshumanizada que es el neoliberalismo, convierte a la naturaleza en mera proveedora de insumos y a la vida humana en aportadora de fuerza de trabajo, a ambas las destruye en favor de la acumulación de riquezas. Frente a esto no hay una propuesta monolítica, pero sí valiosas aproximaciones que aportan elementos ineludibles, para la transformación social en el marco del siglo XXI.

Cabe preguntarse si nuestras universidades están formando docentes con esa mirada crítica, al servicio de una educación liberadora del espíritu humano, que no sea correa de transmisión de la tecnocracia; que procure una formación que permita a nuestras juventudes insertarse en el mundo laboral, pero como sujetos de derechos y de responsabilidades. Veamos algunas pistas.

Es fundamental que el proceso de formación universitaria de educadores y educadoras revise si está logrando forjar mirada crítica para leer el mundo y luego darse a la tarea de pensar qué personas se están formando en el kínder, la escuela primaria, la educación secundaria; es decir a qué modelo país responden.

La formación de maestros y maestras debe dotarles de conocimiento, pensamiento y capacidades para diseñar-ajustar la currícula y así ejercer una educación intercultural, crítica, contextualizada y pertinente. Eso será posible si hay capacidad para entablar diálogos de saberes y sentires entre seres que se reconocen diversos: educadores, educandos, comunidades y autoridades.

Esa capacidad de escucha respetuosa, será la que posibilite determinar cuáles son desafíos de la transformación social en el marco del siglo XXI. De otro modo seguiremos tratando de imponer las agendas elaboradas desde las altas esferas educativas o desde nuestras propias nociones. Esta capacidad de diálogo social tiene que estimularse desde la academia formadora de docentes.

Necesitamos una educación liberadora, promotora de solidaridad social, eso implica formación política-ética de personas educadoras empoderadas, apuntadas con la pedagogía crítica, con una mirada holista que les hace conscientes de la necesidad de transformar tanto la escuela como la sociedad. Si la universidad no cree en ello y no practica la educación liberadora, no lo podrá transmitir a sus estudiantes. No alcanza con leer a Freire, Maturana y Vygotsky, hay que sentirlo y vivirlo.

Otro de los componentes centrales para que las personas educadoras puedan asumir los desafíos del siglo XXI, es su capacidad para realizar investigación, ojalá investigación – acción – participativa, inspirada en el planteamiento de Falds Borda. Es menester que los planes de estudio contemplen varios cursos de investigación y, por supuesto, que sean asumidos por personas y equipos académicos de experiencia demostrada en tal campo.

A pesar de que se reconoce la complejidad del mundo en siglo XXI, la formación universitaria sigue siendo atomizada y poco interdisciplinaria. Cuesta mucho que se constituyan equipos de trabajo para docencia, investigación y extensión conformados por profesionales de pedagogía, antropología, estudios culturales, sociología, historia, etc. En algunos priva un sentido corporativista que nada aporta en la formación de personas educadoras. Son muchos los desafíos y hay poca tolerancia al cambio y al pensamiento diverso.

Sería bastante largo referirse a tantos desafíos que ponen en cuestionamiento la formación de docentes, que puedan identificar, elaborar y educar en función de las necesidades y retos para la transformación social del siglo XXI.

 

¿Qué ha significado el Coronavirus para la educación? ¿Considera que el COVID-19 y las medidas que se adoptaron en materia educativa afectan al derecho a la educación?

Tanto en las universidades privadas como en las públicas, la mayoría de las carreras universitarias fueron diseñadas para darse bajo la modalidad presencial. La emergencia obligó a transformar los cursos en virtuales, algunos se prestan con mayor facilidad y otros son más complicados. La pandemia del Covid 19 ha afectado el derecho a la educación en todos los niveles educativos, sobre todo por el limitado acceso a tecnologías de la información y la comunicación de amplios sectores sociales.

En las universidades privadas y en los programas de maestría de las U públicas, las limitaciones han sido menores, por la condición socioeconómica de las y los estudiantes, en su mayoría profesionales en ejercicio que tienen celulares, computadoras o tabletas, además de acceso a Internet. La mayor dificultad radica en la posibilidad de las y los estudiantes universitarios, provenientes de hogares en condiciones de pobreza material, para conectarse a las plataformas electrónicas ofrecidas por las universidades. Muchos estudiantes no tienen posibilidades de pagar el acceso a estos ambientes tecnológicos; otros trabajan en el comercio y empresas que pagan el salario mínimo. Entre los trabajadores y trabajadoras del campo normalmente ni salario mínimo reciben.

La crisis evidenció las desigualdades sociales de un país como Costa Rica, en un marco algo contradictorio. La cobertura y penetración de las universidades públicas en las comunidades y sectores en desventaja social es destacable, gracias a los sistemas de becas y a la presencia de sedes regionales en muchas zonas remotas. Sin embargo, la conectividad a la red y la tenencia de los equipos necesarios es limitada en tales sectores humildes, por lo que han quedado excluidos del derecho a la educación. Esto es un problema societal propio de las desigualdades sociales y los bajos ingresos de las familias, un efecto del modelo de acumulación vigente y no es responsabilidad exclusiva de las universidades públicas.

La emergencia del Covid 19 genera una obsesión por la virtualización de los cursos, como si hubiéramos entrado en una posmodernidad en la que el docente que no logre transformar sus cursos en virtuales, es un sujeto atado a la prehistoria. Desde la pedagogía crítica debemos alzar la voz, reivindicar que la formación demanda de una relacionalidad dialógica, un encuentro con los otros y las otras, desde una presencialidad que permite corporizar un pensamiento-acción pedagógica que cobra vida en la interacción de la clase universitaria. En el encuentro cálido, amoroso, respetuoso, combativo y dialógico que tiene su génesis en ese territorio desde donde debemos trabajar.

 

Amigo Giovanni ¿Cuáles pueden ser las alternativas para salir de la actual situación de crisis del sistema educativo?

Primero debo aclarar que esta reflexión la forjo a partir del corazonar que he podido construir gracias a la generosidad de decenas de educadores y educadoras del continente, con quienes he tenido la oportunidad de desaprender y aprender en el transcurso de estos años.

La crisis provocada por la pandemia es muy grave y muy profunda, sus efectos serán duraderos y se requerirá de esfuerzos inéditos para superarla. Hay que pensar para lo inmediato y para lo estratégico, comprendiendo que estamos en un punto de inflexión que bien pudiera ser una oportunidad para reconstruir el sistema educativo desde nuevas bases. No quiero detenerme mucho en lo inmediato, lo cual pasa por solventar las carencias mencionadas antes, relacionadas con la conectividad, facilitar computadoras y tarjetas de acceso a Internet. Cuando las autoridades sanitarias lo autoricen y guardando el distanciamiento, usando mascarillas y demás, habrá que habilitar planes remediales para compensar el tiempo de aislamiento. Pero ahora, la prioridad debe ser el cuido de la salud física y mental de las familias, lo que incluye la alimentación.

Podemos aprovechar el aislamiento social para avanzar algunas reflexiones sobre la necesaria transformación del sistema educativo, válidas desde antes de esta crisis y que nos ayudarían a salir fortalecidos. Algunos economistas dicen que la profundidad de esta crisis supera los efectos del llamado crack de 1929, superarla conlleva una alta dosis de colectivismo y menos individualismo. Desde la educación es la oportunidad para trascender los centros educativos y edificar comunidades educativas, en las que se articulan Estado, docentes, estudiantes y comunidades.

Lo antes dicho tiene varias implicaciones para la formación de maestras y maestros. Hay que superar la idea de que la cognición se limita a procesos racionales, entendiendo que las emociones, las percepciones y los pensamientos constituyen una ecuación que da lugar a la acción. Las y los educadores comprometidos con la creación de comunidades educativas son capaces de revisar las diferentes dimensiones del quehacer pedagógico, como la mediación, la evaluación, los materiales didácticos, los vínculos con las comunidades, etc.

La capacidad de diálogo sincero facilita alianzas con estudiantes, padres, madres, líderes comunales y demás fuerzas vivas presentes en el entorno. Se nutre del conocimiento del contexto que puede alcanzarse mediante la investigación – acción – participativa. La comunidad deja de verse como fuente de información y se constituye como actor en el devenir de su propio destino. Las maestras y maestros formados en la pedagogía crítica, son personas inspiradoras, orientan procesos, hacen propuestas, ayudan a dar forma a las ideas de las personas comuneras, enseñan a gestionar ante la institucionalidad y, principalmente, estimulan la auto organización comunitaria.

Las y los docentes formados en la pedagogía crítica, también enseñan con la desobediencia ética en su lucha contra un sistema burocrático que hegemoniza y les impide atender con seriedad, entrega y compromiso lo que demanda su pueblo, su país, el mundo.

La universidad debe proporcionarles la formación interdisciplinaria que necesitan para afrontar estos desafíos. No se trata de que las maestras y maestros tengan una formación enciclopédica, sino que tengan capacidad para dialogar con la realidad, con su pueblo y con profesionales de diversas disciplinas. Pero, no basta con la formación durante la carrera, la complejidad de los desafíos obliga a acceder a la formación continua, ofertada por las universidades y por el propio Ministerio de Educación Pública, que favorezca el intercambio de experiencias entre pares nacionales e internacionales.

Aspiramos a un sistema educativo que favorece la meta cognición y la producción social del conocimiento. Para lograrlo las y los docentes tienen que transferir paulatinamente la centralidad del trabajo en el aula hacia las y los estudiantes. Ir más allá del aula, conscientes de que la formación de la niñez y las juventudes oscila entre la escuela, las familias y las comunidades. Las personas docentes acompañan, facilitan, orientan, estudian, generan preguntas y escenarios de aprendizaje con profesionalismo y amorosidad. Así procuraremos que el sistema vaya alejándose de la estructura de asignaturas en favor de una concepción más holista, crítica, vivencial y significativa.

Pasar de centros educativos a comunidades educativas, escuelas de tiempo completo, abiertas para que las comunidades aprovechen en las noches o los fines de semana la inversión en infraestructura que se hizo con recursos públicos. Las maestras y maestros son agentes dinamizadores de nuevas relaciones sociales en las comunidades, eso consume tiempo y esfuerzos. No pueden seguir esclavizados con tanta labor burocrática, desgastante, informes, etc.

Las personas educadoras deben comprender que son fundamentales para construir un proyecto civilizatorio alternativo, por eso deben estudiar y exigir a las universidades donde se forman, el acompañamiento permanente para enarbolar el pensamiento y la acción crítica en su caminar.

Necesitamos dar vida a un proyecto sociopolítico pertinente para el logro de comunidades saludables, solidarias, críticas y colmadas de bienestar; las y los educadoras históricamente nos han inspirado como sociedad, basta conocer el caminar de Carmen Lira, Luisa Gonzáles, Omar Dengo y tantas otras en el caso costarricense y cientos más en nuestro continente. Pero no podemos dejar solos a las y los maestros en esa irrenunciable tarea, la educación es un deber de todas y todos; por eso tenemos que tener claridad ideológica, política y ética del trabajo que toca aportar para construir el mundo que merecemos vivir.

La realidad es desafiante, hay que atreverse a dar pequeños pasos con un destino claro, hacer que el mundo sea habitable, solidario, lleno de paz y en armonía con la Madre Tierra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Pueblos indígenas: «La COVID-19 mata, pero el hambre también»

América Latina/19-04-2020/Autor(a):Mirra Banchón/Fuente: www.dw.com

Por: Mirra Banchón

Son más de 400 pueblos indígenas en América Latina, muchos de los cuales tienen en Bruselas una especial atención. DW conversó con organizaciones que los representan en las instituciones europeas.

El pueblo amazónico Shuar Arutam le ha pedido al Gobierno de Ecuador que los apoye restringiendo el acceso a sus territorios como medida protectora contra la COVID-19. Por otro lado, en Iquitos, se encuentran atrapados unos 500 habitantes de comunidades indígenas de la peruana Loreto porque, en marzo, el Gobierno prohibió el transporte interprovincial. Y en Brasil, un tribunal falló en contra de una misión evangelizadora que pretendía llegar, justamente en este momento de pandemia, a pueblos en aislamiento voluntario.

¿Aislamiento y nada más?

Así las cosas, ¿es apoyar el aislamiento para los más de 400 pueblos indígenas lo que cabe hacer desde la comunidad internacional? «Si eso es lo que los pueblos desean, sí», dice a DW Linda Poppe de la organización Survival International. Que se haya impedido el contacto con esos pueblos amazónicos es, según la organización, equivalente a haber impedido su muerte.

«De otras pandemias, como la de la gripe A, sabemos que esas comunidades son especialmente vulnerables», subraya Poppe. Deseable sería una mayor presión en este sentido desde Bruselas, en donde –siguiendo las convenciones de la ONU y la Organización Internacional del Trabajo– existen directivas claras de apoyo a los derechos de las minorías.

«Darles la posibilidad de cerrar o por lo menos controlar las fronteras de sus comunidades es apoyar su resiliencia», dice a DW Mathias Wuldar, representante ante la Unión Europea del Centro de Documentación, Investigación e Información de los Pueblos Indígenas (DOCIP).

Fuera del foco

En un momento en donde la opinión pública está centrada en la crisis de la COVID-19, los riesgos para las poblaciones indígenas aumentan, afirma Wuldar.

«Los pueblos indígenas en la frontera entre Ecuador y Colombia, por ejemplo, se están enfrentando en este momento a un recrudecimiento de la violencia, precisamente porque las instancias de control están copadas con la pandemia», agrega.

Por otro lado, «la asistencia sanitaria y los insumos médicos se concentran en los centros más poblados. Para los miembros de comunidades apartadas es casi imposible acceder a ellos», añade.

«Son más de 400 pueblos indígenas los que hay en América Latina y las diferencias son muchas, como diverso es el tratamiento que les dan sus Gobiernos», sigue Wuldar cuya organización colabora con organizaciones locales que trabajan, con el Servicio Europeo de Acción Exterior y con la Agencia de Desarrollo de la UE (DEVCO), en proyectos con o sin participación de los respectivos Gobiernos.

Información comprensible

«Lo primero que se ha logrado es flexibilizar fondos dispuestos para otros proyectos. Los han recanalizado ahora para dar respuesta al Coronavirus», cuenta Wuldar. En México, por ejemplo, junto con organizaciones locales se ha creado un centro de información sobre la pandemia en lenguas indígenas.

En cualquier caso, el fallo judicial brasileño a favor de las comunidades en aislamiento es, según Poppe, «una chispa de esperanza» en el camino hacia la protección de las nacionalidades indígenas, también en la pandemia. «No es que necesiten un tratamiento privilegiado, todo lo que requieren –y los Estados de la UE deberían aprovechar esta oportunidad para apoyar– es que se respete sus derechos básicos, como a que los Estados velen por el acceso a la asistencia médica», afirma Poppe.

En este sentido, Wuldar recuerda: «los pueblos indígenas se han enfrentado solos, muchas veces, a epidemias. Saben cómo actuar. Es importante escucharlos y actuar en consonancia con ellos».

La pandemia y la economía

En vísperas de que Bruselas presente nuevas estrategias para el apoyo a la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, organizaciones como el DOCIP están en ascuas. «La COVID-19 puede matarlos, sí. Pero el hambre puede matarlos más», afirma Wuldar. Tanto el cierre de carreteras y la ausencia de transporte público como la caída del turismo representan un duro golpe.

«Sin turismo no pueden vender ni sus productos agrícolas ni sus artesanías», puntualiza recordando que el confinamiento por cuestiones sanitarias debería ir acompañado de medidas para asegurar su soberanía alimentaria y el acceso al agua.

«Es importante apoyar las estructuras locales. También dar información en lengua local. Y garantizar tanto la protección hermética de esos territorios como el acceso a mercados que permita que sobrevivan», concluye Wuldar. (few)

Fuente e Imagen: https://www.dw.com/es/pueblos-ind%C3%ADgenas-la-covid-19-mata-pero-el-hambre-tambi%C3%A9n/a-53168411

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En esta crisis, un desafío: construir la escuela de lo colectivo

Por: Julio Rogero

La realidad que estamos viviendo estos días de aislamiento físico nos invita pensar que ya estamos comenzando a construir una nueva realidad, también en la educación, desde la toma de conciencia de que así no podemos seguir y que caminaremos en una nueva dirección, tan inédita como lo que vivimos ahora.

Nuestro sistema educativo está condicionado por una sociedad que camina cada vez con mayor determinación por la senda de la alienación ideológica, del individualismo más feroz y desalmado, del aumento de los discursos del odio y del supremacismo blanco y machista. Esta realidad domina las relaciones sociales en la sociedad. La educación que tenemos fomenta con frecuencia la separación y el egoísmo imponiendo la competitividad para exaltar el éxito y la excelencia de unos pocos, sin pensar en los que quedan atrás, excluidos, puesta en evidencia, más todavía, en estos día de reclusión. Es lo que imponen las políticas educativas neoliberales en nuestro país.

Nosotros proponemos una escuela que promueva la cooperación, el mestizaje, la solidaridad, lo común, porque solo conectados con los demás, con los diferentes, formaremos una ciudadanía responsable, comprometida. La escuela que tenemos está controlada por el poder para ponerla a su servicio, vaciarla de contenido emancipador y comunitario, para impedir los lazos que hacen realidad un “nosotros” construido en la interdependencia y la convivencia positiva. Ahora, en el confinamiento y la pretensión de la normalidad académica, solo se tiene en cuenta a los mismos que antes seguían el ritmo de la escuela.

Muchos tenemos la firme convicción de que lo que nos une y se comparte es el nudo gordiano de la comunidad educativa. Por eso muchos queremos otras relaciones sociales y otra educación. Ante esta realidad nos parece necesario transitar, con la mayor urgencia posible, de lo individual egoísta a lo colectivo comunitario, desarrollando una educación basada en la dignidad humana, en los Derechos Humanos y de la Infancia, en la compasión, en las interdependencias y en una nueva conciencia en el ámbito de una comunidad educativa donde sea posible la realización de todos.

La escuela de lo colectivo es la que propone que toda su organización, su contenido convivencial y curricular tienen una dimensión comunitaria que hay que desarrollar y practicar de forma constante en la vida escolar. Se construye teniendo en cuenta la identidad, la singularidad y la diversidad de cada persona que se educa, y que nos hacemos personas en la conciencia de ser con los demás.

La escuela pública es un lugar privilegiado para consolidar lo que tenemos en común. Y no tanto como propuesta ideológica y teorizada, sino como lugar de prácticas colectivas y cooperadoras en la vida cotidiana. Es poner en marcha procesos educativos y de acción, de carácter compensador de forma consciente, donde se tenga en cuenta la dimensión colectiva de la vida del centro. Desde que se propone la construcción de un proyecto educativo, todo el proceso de deliberación, decisión y su puesta en práctica requiere una determinación decidida de que todo lo que se hace, desde el comienzo hasta el final, se haga entre todos. Conocemos experiencias de centros educativos que lo hacen así.

Sabemos que el sistema educativo tiene una clara función en una sociedad democrática: educar una ciudadanía culta, capaz de confiar en sí misma, que se informa críticamente, activa, justa, participativa, optimista, crítica, inclusiva, solidaria, comunitaria. Solo se construye la escuela de lo colectivo en el espacio público como un proyecto sociopolítico. Por eso exigimos que las leyes educativas en las democracias propongan proyectos educativos democráticos y convivenciales basados en la justicia social, en la equidad y en la inclusión. Construir la escuela pública comunitaria conlleva eliminar todos los obstáculos que hoy la hacen tan excluyente: las escuelas que discriminan y segregan porque son clubes privados, las que educan clientes y no ciudadanos, y los espacios de exclusión social (barrios gueto con centros estigmatizados). La escuela de lo colectivo enseña a reconocerse, a desmontar prejuicios mutuos, a erradicar discriminaciones, a socializarse y convivir, a cooperar y aprender juntos

Habitualmente se ponen en el centro de la enseñanza los programas, los contenidos, la burocracia, los exámenes, las calificaciones y los resultados. Las dinámicas individualistas dominantes de exaltación del “éxito” individual sobre los demás nos ponen de relieve lo que hacemos habitualmente en el aula y ahora en las casas-escuela. También cuando proclamamos nuestra neutralidad para “suspender” y segregar a los que no se ajustan al modelo de personas que nos imponen y a los resultados que se nos piden. Detengamos estas dinámicas destructoras. Con demasiada frecuencia olvidamos que en el centro está el alumnado que ha de ser el protagonista de su vida compartida con los demás, desde su propia singularidad y desde el pleno e integral desarrollo de cada uno. Sabemos que hay metodologías dirigistas, impositivas, autoritarias, que eliminan el protagonismo del alumnado y que impiden la construcción de la escuela de lo colectivo. También conocemos y practicamos metodologías colectivas y cooperativas que la favorecen: la asamblea en la escuela y el aula, los planes de trabajo, los textos de expresión libre y los escritos colectivos, el trabajo cooperativo en equipo, la reflexión individual y compartida, las comisiones de trabajo de gestión colectiva del centro educativo, etc. Son prácticas transformadoras que están cargadas de sentido emancipador.

Las propuestas de cómo se puede construir la escuela que queremos se hacen a través de diferentes tiempos y espacios, que hay que tener en cuenta dentro de los proyectos educativos, donde se reflexionan y se trabajan diferentes temáticas que forman parte de la educación y de la vida de cada escuela. En ellos se pueden ir desgranando las experiencias que ya se están viviendo en algunos centros y los aspectos nuevos que plasman los desafíos a los que hay que responder en la sociedad actual.

El proyecto de convivencia de cada centro educativo es el elemento clave para construir una comunidad educativa consolidada con todo lo que lleva consigo el vivir común y cooperativo. Sabemos que las comunidades educativas se quiebran con facilidad y, con frecuencia, son un vacío de vida compartida, precisamente por carecer de un proyecto vivo que la haga posible. Porque convivir en el respeto, en el reconocimiento mutuo, en la cooperación exige un aprendizaje constante. Requiere aprender a gestionar los conflictos a través de prácticas restaurativas que ayudan a reconstruir la convivencia positiva de la comunidad educativa. Es necesario conocer e incorporar a los proyectos de centro estas prácticas que nos ayudan en la formación de un clima convivencial comunitario más positivo.

La escuela de lo colectivo se hace posible lentamente y a lo largo de mucho tiempo, casi nunca de forma lineal. En muchas escuelas es una realidad la participación colectiva de las familias en las estructuras del centro y en diversas actividades de aula (comisiones de trabajo, talleres, cooperativa escolar…). Es una realidad el aprendizaje cooperativo del alumnado, su protagonismo en la toma de decisiones, su participación en la marcha del centro. El profesorado es un equipo docente implicado en toda la vida del colegio, con una clara conciencia de compartir su trabajo y su profesionalidad en la construcción constante de la escuela pública que queremos. Esta requiere del alumnado y del profesorado compromiso, tanto en el aprendizaje como en la enseñanza.

Hoy es ineludible trabajar la dimensión ecológica, feminista y de compromiso social del currículo escolar como toma de conciencia de la situación de crisis sistémica por la que atraviesa la humanidad en su relación con la naturaleza y con la vida. Entendemos que la educación ecosocial, para hacernos conscientes de nuestra necesaria conexión con la naturaleza que somos y transformar la conciencia ecológica de nuestra escuela, es condición necesaria para caminar en otra dirección.

La escuela no puede encerrarse en sus muros. Es necesario incorporar el análisis, reflexión y elaboración de propuestas en torno a lo que conocemos como “educación a tiempo completo”. Reconocemos que la educación formal de la escuela y la educación no formal, que se da en el espacio de la comunidad local (actividades extraescolares, oferta cultural, deportiva, de ocio, asociativa, etc.), están conectadas en las trayectorias vitales de cada uno de los alumnos y alumnas, y que pueden ser una invitación al compromiso con la transformación de la vida colectiva en nuestros entornos de proximidad. Por ello es necesario conocer y reconocer lo que implica esa relación de la comunidad educativa escolar con el medio y el contexto: sus redes, sus recursos diversos, sus propuestas y actividades, etc., para que puedan estar conectadas entre sí y se complementen en la educación integral colectiva del alumnado.

Después de lo experimentado en esta situación de emergencia es más necesaria la inclusión de todo el alumnado para hacer realidad la escuela pública comunitaria.. Sabemos que la construcción de esta escuela se encuentra con muchos obstáculos. Pero no son insalvables, porque cada vez somos más los que vemos que se están abriendo grandes grietas por donde se atisban posibilidades que nos impulsan a construir la educación y la escuela colectiva que queremos para una vida compartida. Es verdad que estos obstáculos y estas potencialidades requieren de un análisis más amplio y detallado. En definitiva, la construcción de la escuela de lo colectivo es un desafío en el que deseamos seguir implicados y no estamos dispuesta a renunciar a ella.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/04/13/en-esta-crisis-un-desafio-construir-la-escuela-de-lo-colectivo/

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