Page 77 of 374
1 75 76 77 78 79 374

La insólita medida de cuarentena por géneros en Panamá que discrimina y persigue a la comunidad trans

Redacción: MSN

La cuarentena decretada por el gobierno de Panamá para combatir el avance del coronavirus, en la que hombres y mujeres deben salir a la calle en días distintos, ha originado un miedo de proporciones “incalculables” en las mujeres trans, que temen detenciones por su identidad de género.

Alí, un ilustrador panameño de 25 años que se dedica a hacer tatuajes, es un hombre trans. El género con el que se identifica no coincide con el de su cédula de identidad, en la que aparece como mujer. Como otros, teme que eso implique un problema para salir a la calle, ir al supermercado o a la farmacia, ya que desde este miércoles, tras un decreto gubernamental, hombres y mujeres deberán salir por separado.

El miedo más grande obviamente es la policía, que no están educados ni sensibilizados en el tema y no sé qué tipo de actitud van a tener conmigo”, dice Alí a la AFP. “Estoy 100% seguro que estos días me van a parar en la calle y como no entro en el molde (…) quién sabe si van a ser agresivos conmigo. Ese es mi miedo”, agrega.

El gobierno de Panamá anunció nuevas medidas de cuarentena para tratar de contener el avance del COVID-19 en el país, donde se registran 32 muertos y 1.317 contagios por el nuevo coronavirus, según los últimos datos difundidos el miércoles.

Desde esta semana, las personas de género masculino podrán salir por dos horas los martes, jueves y sábado y las de género femenino los lunes, miércoles y viernes. El domingo no se permitirá salir a nadie.

El ministro de Seguridad, Juan Pino, anunció que en el último día se han retenido 424 personas por violar la cuarentena, para un total que supera los cinco mil detenidos desde que inició el toque de queda. “El coronavirus continua preocupándonos. Necesitamos que se cumpla cabalmente con la cuarentena absoluta”, agregó Pino en conferencia de prensa virtual sin referirse a la población trans.

“Terror”

El horario de las salidas está condicionado por la terminación numérica de la cédula o el pasaporte, en una medida decretada por 15 días.

El terror que esta medida ha provocado es incalculable”, manifiesta la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP). Su presidente, Ricardo Beteta, indicó a la AFP: “Todavía encontramos unidades policiales que usan el argumento de que Dios solamente hizo a Adán y Eva, que solo existe el hombre y la mujer”.

Entonces, ¿qué hace una persona trans en esa situación? Salen a la calle aterradas a ser detenidas por horas o días”, afirmó Beteta. En tanto, la organización emitió un comunicado expresando su oposición a que las personas renuncien a su identidad.

Reacciones de activistas© Proporcionado por Infobae Reacciones de activistas

“Señor, usted es un hombre”

Los temores no demoraron en encontrar un correlato con la realidad. Una activista trans que contaba con un salvoconducto por ser parte de un Centro de Salud fue arrestada el miércoles. “Señor, usted es un hombre, hoy es el día de las mujeres verdaderas”, le dijo el oficial, según contó Bárbara al periódico La Estrella de Panamá. Estuvo detenida por tres horas y quedó en libertad tras pagar una multa.

Aunque el decreto se limita a decir que el incumplimiento de la cuarentena general implica «sanciones» que serán impuestas «por las autoridades competentes», saltarse el toque de queda puede conllevar detención y multas.

Incluso el Ministerio de Salud puede multar hasta con 100.000 dólares si una persona infectada o con una medida particular de aislamiento sale a la calle.

(AFP) (LUIS ACOSTA/)© Proporcionado por Infobae (AFP) (LUIS ACOSTA/)

Problemas en el supermercado

En estos días son comunes los retenes y la presencia policial y de miembros de seguridad privada identificando personas a la entrada de supermercados.

Necesitamos que las autoridades hablen y le den tranquilidad a aquellos panameños y panameñas que tienen una identidad trans, para que puedan ir a buscar sus alimentos y medicinas” sin ser arrestados o multados, sostiene Beteta.

La abogada especializada en derechos humanos Joyce Araujo comentó a la AFP que la nueva medida «excluye» e «invisibiliza» a «una población que históricamente ha sido violentada, ultrajada y discriminada por la sociedad».

«Ahora aumenta la preocupación porque por el hecho de que la foto y sexo que aparece en su documento de identidad no necesariamente va a coincidir con su apariencia física, puede que se le niegue el derecho a comprar alimentos o sea detenida por desacato», agregó.

“Comprendo que se tienen que tomar las medidas necesarias, pero es muy loco que haya tenido que pasar esto”, lamenta Alí.

Fuente: https://www.msn.com/es-ar/noticias/newsperu/la-ins%C3%B3lita-medida-de-cuarentena-por-g%C3%A9neros-en-panam%C3%A1-que-discrimina-y-persigue-a-la-comunidad-trans/ar-BB124uOe

Comparte este contenido:

España:Cómo cerrar el curso escolar se ha convertido en el principal debate educativo: ¿qué hacer con el tercer trimestre?

El diario.es /13-04-2020

A la espera de las instrucciones de cada comunidad autónoma respecto al final de curso, los profesores creen que no se pueden poner notas en un trimestre sin clases presenciales, aunque dudan del aprobado general

Con más de diez millones de estudiantes en todo el país, rara es la familia que no sufre estos días la incertidumbre educativa. Las dudas se amontonan, y muchas de ellas no se van a resolver como pronto hasta el día 15, cuando está prevista la Conferencia Sectorial entre Ministerio de Educación y comunidades autónomas para tomar decisiones una vez que haya, se espera, alguna certeza más respecto al confinamiento.

¿Qué hacemos con el tercer trimestre, a punto de empezar? ¿Y con el curso entero? ¿Aprobado general, como piden los estudiantes pero ha descartado el Consejo Escolar del Estado? ¿Debe evaluarse el tercer trimestre con clases a distancia o solo lo impartido presencialmente? El debate divide a familias y profesores, como se puede comprobar en una pequeña muestra revisando los comentarios de los lectores de este texto de Isaac Rosa.

La discusión, en parte, remite a otra un poco más amplia. ¿Qué importancia le damos a un curso escolar en el orden de las cosas en plena pandemia mundial? ¿Está en la primera línea de nuestras preocupaciones o con la que está cayendo ha pasado a un segundo nivel? ¿Sería muy grave que los alumnos perdieran un año? ¿Les afectaría académicamente en un futuro inmediato promocionar sin haber cursado un trimestre? Y, por otro lado, ¿se puede permitir la sociedad española dejar a los niños y adolescentes sin apenas estímulos educativos durante tres meses, más otros tres de vacaciones? ¿Cuán perjudicial puede ser eso para los alumnos de entornos más desfavorecidos, que suelen ser los que más se benefician del colegio?

Hasta ahora, y mientras se esperaba a ver si el futuro se despejaba, la solución adoptada por la mayoría de las comunidades autónomas y centros ha sido repasar y consolidar contenido sin avanzar en el temario. Al menos no se avanza mucho, y seguro que no de manera generalizada, según cuentan los profesores. La brecha digital es una realidad para muchas familias, que no cuentan con buena conexión a internet o que no tienen suficientes dispositivos, y no se puede obligar a los alumnos a avanzar todos a una con la variedad de casuísticas que hay.

La estadística habla de que un 14% de los hogares con menores no tienen ordenador en casa, dato que sube al 30% (casi uno de cada tres) cuando tienen pocos recursos. Con o sin menores, el 58% de los hogares más pobres tiene uno o ningún PC en casa, mientras el 61% de los más ricos tienen tres o más.

Pero algo tienen claro los profesores. Todos los consultados para elaborar este reportaje sobre cómo cerrar el curso 2019-2020 han contestado, espontáneamente, que lo más importante es mantener el contacto con los alumnos, tratar de que sigan haciendo actividades vinculadas a lo que han aprendido hasta ahora y que ninguno de ellos acabe penalizado por culpa de la epidemia.

Lo que sí parece descartado es el aprobado general que pedían algunas asociaciones de estudiantes y que va a aplicar Italia. Los consejeros de Educación del PSOE lo han descartado, misma línea que ha tomado el madrileño, del PP, quien afirmó el miércoles que hacerlo «sería enviar un mensaje de que el esfuerzo no sirve para nada. Es nocivo y no compartimos ese criterio».

Una de las pocas certezas en este momento, siempre a expensas de cómo evolucione la situación, es que Gobierno y comunidades autónomas han decidido que la Selectividad se va a celebrar[aquí puedes consultar en qué fecha en cada comunidad autónoma].

La importancia de seguir ‘enchufado’

En el colegio Eduard Marquina de Barcelona, con un elevado porcentaje de alumnado de clase baja, los primeros días del estado de alarma se dedicaron casi exclusivamente a gestionar las tarjetas monedero para las becas comedor y a llamar a todas las familias para saber cómo estaban sus hijos. «A partir de aquí, hemos ido enviando tareas periódicamente a través del blog, con contactos semanales por teléfono con los tutores», explica su director, David Martín.

Este docente tiene claro que no podrán llegar a todas las familias «en las mismas condiciones» debido a la brecha digital, pero aun así se resiste a dar el curso por perdido. En buena medida, porque por precaria que sea la relación actual con sus pupilos, asegura que estos lo agradecen. «Sin contacto presencial es muy difícil tener un retorno, sobre todo en Primaria, pero no hacer nada es peor. Hemos de intentar que no desconecten de lo que han aprendido», resume.

Reunión telemática entre Gobierno, comunidades autónomas y rectores para hablar de la Evau.
Reunión telemática entre Gobierno, comunidades autónomas y rectores para hablar de la EvAU.

Alberto Arriazu, director de un instituto en Navarra, también incide en la importancia de mantener la actividad. «Hacemos una función social muy importante el profesorado para que se pueda llevar el confinamiento en las casas. En las casas con varios adolescentes, si no tienen unos ratos en los que estudiar y trabajar, con un seguimiento, sería mucho más complejo», reivindica.

En Navarra, la consejería envió una instrucción «lo suficientemente ambigua, en el buen sentido» para que los centros continuaran su labor con la vista en el alumnado. Arriazu explica que no es lo mismo Infantil o Primaria que Secundaria a la hora de valorar cómo se sigue y se evalúa. Otros profesores añadirán: «Los cursos importantes son 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, que son terminales [cierran una etapa y otorgan un título]. Ahí está la clave».

En Madrid, la consejería tampoco ha dado indicaciones sobre cómo hay que proceder con el trimestre. «Yo tengo un 2º de Bachillerato y mi obligación es prepararles para la EBAU [la selectividad, llamada también EvAU en algunas comunidades autónomas]», explica un docente. «En 1º igual no hace tanta falta, se pueden enmendar las posibles carencias de este curso en 2º».

Evaluaciones y repetición

Ligadas entre sí, qué va a pasar con las evaluaciones y la repetición es una de las cuestiones más comentadas estos días. El Sindicato de Estudiantes y la confederación de asociaciones de estudiantes CANAE solicitaron una especie de «aprobado general» y que todos los alumnos promocionen. El Consejo Escolar del Estado tumbó la propuesta el martes.

El director Martín, en Barcelona, descarta de plano que se realicen evaluaciones al uso. Mucho menos que se ponga nota o se haga repetir curso. Sobre ello, en Catalunya el Departamento de Educación envió un comunicado a los claustros pidiendo que preparasen ya una tercera evaluación a partir del 14 de abril, que con toda probabilidad será en situación de confinamiento. En esa directriz, la Administración catalana planteaba seguir adelante con las calificaciones, pero adaptadas a las limitaciones formativas actuales y haciendo hincapié en la necesidad de no penalizar a nadie.

Para salvar la brecha digital que sufren los más desfavorecidos, el conseller catalán, Josep Bargalló, anunció que harían acopio de tabletas y ordenadores de los colegios y otros equipamientos para repartirlos entre las familias y que negociaría con las operadoras. Pero de momento no hay novedades sobre esta solución, que se propugna en otras comunidades aunque muchos docentes no creen que –sin hablar siquiera de que las tabletas lleguen o no– pueda utilizarse como un argumento para seguir avanzando.

Cada comunidad está funcionando como mejor le parece. En Murcia la instrucción de cara a la evaluación ha sido atender lo que se hizo durante el curso presencial. En Navarra no hay indicación, pero «la consigna interna era que se tiene que contar lo que estamos haciendo, aunque no sabemos cómo», cuenta Arriazu. En Madrid tampoco se ha notificado de manera oficial.

Ismael Palacín, director de la Fundación Jaume Bofill, cree que sería «injusto» que en una situación así se pusiese presión al alumnado con las notas, o con el temario, pero a la vez añade que no por ello hay que renunciar a hacer una evaluación, que al fin y al cabo consiste en valorar los aprendizajes de cada alumno, sea en el contexto que sea. Al contrario, lo que plantea es que los docentes puedan hacer planes personalizados y proponer actividades y lecturas que los escolares puedan hacer más o menos solos, y de las que puedan extraer aprendizajes. «Las limitaciones durante estos meses serán muchas, hay que asumir que algo se perderá, pero no todo, y no tanto porque los alumnos estén en casa, sino también porque no estamos preparados ni metodológicamente ni culturalmente para un aprendizaje en línea», sostiene.

En una línea similar se expresa Raimundo De los Reyes, presidente de la federación de directores de institutos Fedadi y director de un centro en Murcia. «A los alumnos que pueden», y remarca este condicionante, «hay que colaborar para que su tiempo sea formativamente rentable», opina. «Si un profesor tiene la posibilidad de impartir una clase telemática a su grupo de alumnos y que trabajen en igualdad de condiciones, ¿por qué no?».

«No es tan grave perder un trimestre»

Arriazu sostiene que «la cuestión de qué hacer con estos dos meses de curso es casi irrelevante. «La idea es que el alumnado pueda trabajar. Unos lo harán bien, otros no, pero eso no puede servir para evaluar a nadie», dice. Pero, más allá, cree que la pérdida académica es irrelevante. «Lo importante es que los chavales tengan disciplina, se levanten a una hora, hagan sus tareas… No es tan grave perder un trimestre. Son dos meses como mucho (el tercer trimestre suele ser más corto). En la vida estudiantil de cualquier alumno no es nada», reflexiona, y cita el caso de los estudiantes de medicina que están siendo llamados a filas por la falta de personal sanitario: «No han terminado la carrera, que es una de las más complejas y en la que todos esperamos que estén bien preparados, y nadie pone en duda que se estén enviando a hospitales».

En esta circunstancia, los profesores no defienden el «aprobado general», pero sí creen que «más vale que nos equivoquemos aprobando a alguien [que no lo merecería] que suspendiéndolo», explica Arriazu. «Y si pasa alguno que no debía, ya sufrirá el siguiente curso». Además, recuerda este director, la repetición ya es un recurso extraordinario. «Igual aprendemos algo este año a costa de que no repita casi nadie y vemos que no es tan dramático», desliza.

De los Reyes cree que sería más correcto hablar de «promoción automática». ¿Cuál es la diferencia? Que no se aprueba a nadie, no se regalan aprobados. La idea sería conectar este curso con el que viene y programar teniendo en cuenta esto. Si yo tuve un grupo que pudo seguir clases telemáticas y he podido dar contenidos, no los repito», explica.

«Lo que sí me parecería mal es que el motivo de la repetición fuera no haber tenido los recursos para seguir la enseñanza telemática», añade este director. «Y los profesores saben qué alumnos tienen los recursos y cuáles no. Se trata de no dejar atrás al que no ha podido, no al que no ha querido. Y ahí las circunstancias van a variar mucho de una zona a otra».

El docente madrileño se muestra de acuerdo con esta apreciación. «Los alumnos que hayan suspendido la primera y la segunda evaluación igual sí tienen que repetir, no me parecería bien como docente que quien no ha hecho nada en todo el curso se aproveche de esto para pasar de curso con una formación nula».

Palacín, sociólogo, cree que la brecha digital no puede ser una excusa. «Si el problema es que no hay aparatos, repartámoslos. Si la Administración no puede hacer eso, ¿de qué nos sirve?», se pregunta. Y reconoce que más importante que la tecnología para los alumnos es tener a un adulto que les pueda ayudar mientras hacen las tareas. Para ello recomienda las llamadas de profesores o el WhatsApp. «Si no hacemos nada, será por despreocupación», defiende.

Necesitamos tu apoyo para seguir informando

Estamos viviendo una emergencia sanitaria y económica llena de incertidumbres. Hay muchas preguntas y no siempre tenemos las respuestas, pero todo el equipo de eldiario.es trabaja con entrega para ayudarte a encontrar información fiable y acompañarte en estos momentos tan duros. Nunca había tenido tanto sentido nuestra misión de servicio público como ahora. Y a la vez nuestra situación económica nunca había sido tan frágil.

 

Este es el link original de la información

https://www.eldiario.es/sociedad/busca-solucion-curso-escolar_0_1014548772.html

Comparte este contenido:

Educación, salud y pandemia

Por: Edgar Isch L.

Estimaciones de la Internacional de la Educación, organización que agrupa a los sindicatos docentes del mundo, señalan que, al 7 de abril 2020, por la pandemia, en 188 países se habían cerrados escuelas de todo nivel educativo afectando a 1.576 millones de niños/as y adolescentes matriculados (que bien sabemos no son todos) y a más de 63 millones de educadores/as. De esta manera, la crisis o las crisis educativas, que mucho tienen que ver con la aplicación de medidas neoliberales en la economía y la educación, hoy tienen nuevas dimensiones y manifestaciones directamente ligadas con la salud.

En primer lugar, habría que recordar la vinculación entre salud y educación que lleva a considerar estos dos derechos humanos como inseparables y prioritarios. Un niño/a enfermo no estará en las mismas condiciones de aprender; un estudiante desnutrido tiene debilidades para la abstracción (por ello las mayores dificultades para las matemáticas); la salud mental de estudiantes y docentes debe ser considerada para lograr un buen clima escolar, es decir un relacionamiento que sustente la buena enseñanza-aprendizaje; que el “malestar docente”, compuesto entre otros aspectos por altos niveles de estrés y enfermedades profesionales, debe ser eliminado para que el profesional de la educación tenga condiciones para desarrollar su trabajo; que el sobre-trabajo genera estrés en docentes y estudiantes; entre otras constataciones de la necesidad de que la salud sea un componente de las políticas educativas.

En la otra dirección, la educación para la salud se convierte en algo vital, pertinente ahora y siempre. Un pueblo que cuida su salud gracias al conocimiento científico, no solo se protege, sino que además beneficia a la economía del país porque se requerirá menos permiso laboral por enfermedades evitables, menor gasto personal y público en atención y medicinas, menos jubilaciones tempranas por calamidad de salud, etc. Este es uno de los rubros en los cuales la inversión en educación entrega mayores beneficios económicos a un país, demostrándose que no es un gasto como acostumbran decir tantos gobernantes. Pero, además, un pueblo educado, que se acerque no solo a los resultados de la ciencia sino al pensamiento científico, en casos como esta pandemia actuará de manera consciente, desechará las falacias y mentiras de las redes sociales y de quienes quieren sacar provecho de la situación, no recurrirá a supersticiones y podrá cuidarse y atenderse adecuadamente. Pongamos un ejemplo: si la gente supiera cumplir el adecuado uso de antibióticos, sin automedicarse, cumpliendo la dosis indicada hasta el último, tendríamos menos bacterias que adquieren resistencia y se convierten en un nuevo peligro.

Lamentablemente, en la visión utilitarista y empresarial de las políticas neoliberales, esto es poco importante. La prueba está en que temas vitales y ligados a derechos humanos como la salud, estos no están en las pruebas estandarizadas que se toman a los estudiantes, ni están en las evaluaciones a los docentes, que son los únicos dos actores de la educación sometidos a evaluaciones y castigos, mientras se lavan las manos los hacedores de políticas.

En el momento actual es urgente revalorizar estos elementos para poner por delante la vida, la salud y el bienestar, sobre los intereses de los acreedores de la deuda externa o los capitalistas que buscan su negocio durante y luego de la pandemia. Y hay que decirlo, el mantenimiento de los bloqueos a países que no aceptan las políticas de Estados Unidos y los preparativos de la agresión armada a Venezuela, demuestran que están decididos a la guerra si es preciso para continuar su expoliación de los pueblos y la naturaleza.

Entonces, cabe preguntar: a más del confinamiento o de la cuarentena, ¿Qué medidas concretas se tomaron para proteger la salud de estudiantes, sus familias y el profesorado y sus familias? La preocupación ha sido mantener las clases por vía virtual, sin considerar los altos porcentajes de familias sin acceso a internet (o sin siquiera a luz eléctrica o agua para lavarse las manos), con presión sobre contenidos y horas de trabajo, generando nuevas causas de estrés situacional en unos y otros. Mantener el contacto educativo virtual es positivo para evitar los trastornos de cierres de larga duración, pero si no se enfrentan estas inequidades en las condiciones de vida, las diferencias entre pobres y ricos añadirán distancia en la brecha educativa.

Además, en lo general, no se trabaja en la inteligencia emocional, en la inclusión educativa a distancia, en maneras de mantener el equilibrio psíquico ante condiciones como las actuales, ni en fortalecer las condiciones para que cada quién tenga bases para levantarse tras este golpe, posibilitando la resiliencia de la sociedad y no solo de la economía. Tal como los Estados latinoamericanos plantean la educación en este momento, la transmisión de contenidos por vía virtual implica reproducir la educación tradicional y conductista a través del internet, con mayor control burocrático sobre los educadores, reduciendo aún más su libertad de cátedra e impidiendo que ejerzan como intelectuales de la educación. La debilitada interacción social regular es también un nuevo reto que tiene que ver con la salud y con la educación en valores.

Tomando en cuenta que una buena nutrición es necesaria, en varios países se logró imponer a los gobernantes la entrega de alguna alimentación escolar en las instituciones públicas. Ahora, la misma debería llegar a los hogares y no quedar almacenada. En Ecuador, la Unión Nacional de Educadores (UNE) ha logrado que el Comité de Operaciones de Emergencia acepte hacerlo, pero en lugar de plantear que la distribución la hagan las fuerzas de seguridad que están en las calles, el gobierno pretende que sea el magisterio el que distribuya, poniendo a un nuevo sector social, sin las protecciones necesarias, a ser víctima o transmisor de contagio[1].

Desde ya hay que replantear el debate y organización institucional que garantice atención de salud física y psicológica en las instituciones educativas, condiciones laborales que reflejen el interés por el bienestar y la seguridad de los actores educativos, trabajo que privilegie las necesidades humanas antes que los objetivos instruccionales impuestos desde la economía empresarial, mejor relacionamiento entre docentes y padres/madres de familia en favor del interés superior del niño/a, formación docente en estos temas y tratamiento de las diferencias humanas en los centros educativos. En la base estará también la lucha por el presupuesto y la condena social a quienes lo reducen, lo niegan o privilegian el pago de deudas externas ilegítimas.

La escuela post-epidemia debería tener cauces hacia convertirse en un instrumento de emancipación humana. No puede ser la misma que antes de esta crisis. El debate profundo será un instrumento necesario que debemos emplearlo hoy y mañana, continuamente, en búsqueda de los cambios necesarios.

 

[1] Al escribir este artículo se había ya planteado la posición del gobierno y el magisterio, esperándose la decisión definitiva.

El autor escribe para OVE

Imagen: congerdesign en Pixabay

Comparte este contenido:

Chile: Piñera quiere liberar a los violadores de DDHH. Les Presxs políticxs no son moneda de cambio. Nota y fotos en rechazo a esta intención presidencial

Redacción: LIS

Las condiciones de las cárceles en Chile son infrahumanas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su último informe sobre las condiciones de la población penal en el país, revela pésimas condiciones de vida, hacinamiento, castigo y un nivel preocupante de violencia al interior de los recintos penitenciarios[1]. Pero esto parecía no importarle a ningún políticx, los derechos humanos de los y las presas no compran votos ni generan ganancias.

La dignidad y salud de les presxs políticxs no son monedas de cambio.

La idea arraigada de que “los malos” están en la cárcel y las nociones punitivistas que el capitalismo necesita fomentar como reacción a los conflictos sociales, se agudizaron ferozmente desde el 18 de octubre. El proceso abierto de la revuelta dejó en evidencia que las prisiones sirven para encarcelar la pobreza y la rebeldía, y que la única herramienta que conoce la derecha y varios sectores que se hacen llamar “progresistas” es la de la criminalización.

Desde entonces, nuestros recintos penitenciarios se llenaron de presxs políticxs, muchxs de ellxs menores de edad, que hoy se encuentran en prisión preventiva y expuestos al contagio del COVID-19.

En este contexto, las organizaciones sociales y en especial, la Coordinadora 18 de octubre, exigen que los y las presas de la revuelta vuelvan a sus hogares AHORA. Desde que el virus comenzó a expandirse en nuestro país, diversas manifestaciones y motines se han llevado a cabo al interior de las cárceles, donde presxs políticxs y comunes se unen para exigir dignidad.

Lo que pretenden con el proyecto de Ley y el avance de la Derecha.

El 27 de marzo, el ejecutivo despachó un proyecto de ley al Congreso que pretende otorgar un indulto general conmutativo, bajo ciertos requisitos muy específicos y acotados, que NO incluye a lxs presxs políticxs, es para personas privadas de libertad que tengan más de 75 años de edad, que sean mujeres embarazadas o con hijx menor de dos años de edad. El proyecto de ley, propone también el indulto general conmutativo para aquellas personas que se encuentren cumpliendo las penas de reclusión nocturna y las penas de reclusión parcial nocturna y que tengan permiso de salida controlada al medio libre o salida dominical, pudiendo cumplir su condena transitoriamente mediante pena de reclusión domiciliaria total, por el término de seis meses.

Como era de esperarse, la UDI y RN votaron en contra del proyecto y recurrieron a su tan querido Tribunal Constitucional porque esta ley excluía a los asesinos, violadores y torturados de Punta Peuco. A esto, el gobierno de Piñera respondió con un veto que permitiría el indulto a los violadores de DDHH y, además, le puso urgencia a la “Ley Humanitaria” que se ingresó el 2018 por el mismo gobierno para conmutar las penas de cárcel a los reos de Punta Peuco.

No existe cárcel, probablemente en todo el mundo, que tenga mejores condiciones que las de los criminales de la dictadura chilena. Aún así, la derecha está emprendiendo una política ofensiva que podría significar la muerte de miles de presxs por defender a sus «indefensos» viejos decrépitos. Es más, aquí llegaron al baile los aliados por excelencia de este sector político: las iglesias. Algunos “líderes” del cristianismo, intentaron un recurso de amparo en favor de estos criminales, alegando que su dignidad y derechos humanos estaban siendo vulnerados al estar expuestos al contagio del virus.[2]

El derecho internacional de los Derechos Humanos y en particular para nuestro caso, la Corte Interamericano de Derechos Humanos, indican que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, no amnistiables, no indultables: «Son inadmisibles las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”. (CIDH, Caso Barrios Altos v/s Perú 2001, Serie C nº 75, fundamento 41.)

No tiene ningún sentido, incluso dentro de las mismas lógicas del Estado capitalista, poner en el mismo lugar a les presxs comunes y políticxs con los violadores de DDHH, menos cuando en este país reina la impunidad de los uniformados. Porque no es lo mismo, JAMÁS LO SERÁ, levantarse contra las injusticias y desigualdades que perpetúa y alimenta este Estado, que desde el poder del Estado secuestrar, violar, torturar y asesinar como lo hicieron en dictadura y lo volvió a repetir Piñera desde el 18O.

Violadores de DDHH en cárceles comunes, presxs políticxs en sus casa.

La ex Concertación ya les construyó cárceles de lujo, ahora Piñera intenta fomentar la completa impunidad al liberar a los criminales de lesa humanidad. No se puede permitir, la presión social y política es central para que de una vez por todas el “Nunca más” sea una realidad, es por eso que no tan sólo debemos paralizar el indulto, también continuar con la exigencia de justicia real, en tiempos que la democracia se comienza a estrechar se transforma en un imperativo: hasta que cada violador de los derechos humanos de la dictadura de Pinochet y de los años de “democracia” quede confinado en una cárcel común, sin perdón ni olvido.

La avanzada por parte de Piñera son consecuencias de su continuidad en el gobierno, esta vez aprovechándose de la crisis sanitaria para actualizar la ofensiva hacía quienes se rebelaron contra los 30 años de impunidad económica y social por parte del sistema. Son más de 2mil presxs políticxs, recluidos en cárceles y centros del SENAME, su libertad no puede ser ninguna moneda de cambio, ellas y ellos son la reserva de Dignidad que junto al pueblo expresó las ansias de cambios. Todxs les presxs políticxs en sus casas sin ninguna medida cautelar, basta de perseguir a quienes luchan.

Por otro lado, necesitamos cuestionar la cárcel y desarrollar políticas que más temprano que tarde terminen con estas lógicas. Entender el vínculo que existe respecto a la precarización de la vida y la delincuencia, más aún en el caso de las mujeres. Las compañeras privadas de libertad en su gran mayoría son madres y tienen entre 2 y 3 hijxs ¿dónde está la “ley humanitaria” para estas mujeres? Es necesario a su vez, comprender que el sistema castiga a la pobreza y a todo aquel considerado un “antisocial” por no ajustarse a los parámetros de “cuidadanxs” que nos impone el mismo sistema.

¡LIBERTAD A TODES LES PRESXS POLITICXS!

Fuente: https://lis-isl.org/2020/04/06/chile-pinera-quiere-liberar-a-los-violadores-de-ddhh-les-presxs-politicxs-no-son-moneda-de-cambio/

Nota. Imágenes siguientes son de respaldo al llamado de libertad de quienes se encuentran privados ante las  lucha por justicia tras rebelión social en Chile

Comparte este contenido:

Argentina: La Justicia entrerriana habilitó el uso de celulares a personas privadas de su libertad

Redacción: Análisis Digital

La medida fue adoptada esta mañana, luego analizar una presentación realizada por abogados ante los Juzgados de Ejecución de la provincia, solicitando tengan a bien disponer de manera coordinada con las autoridades del Servicio Penitenciario, la autorización temporaria del uso de telefonía celular por parte de los internes de las Unidades Penales de la provincia de Entre Ríos durante la vigencia de la situación de excepción provocada por la pandemia del virus Covid-19.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos autorizó hoy el uso de telefonía celular en todas las unidades penitenciarias de la provincia durante el período en el que subsista la situación de pandemia y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional y sus prórrogas.

En la resolución se dispuso también la creación de un protocolo normativo de implementación de la actual autorización la que será concretada en la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia y en cuya confección participarán ademáss de las autoridades que el Poder Ejecutivo disponga, representantes de los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal y jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la provincia, todo ello a los fines de asegurar la efectiva comunicación de los internos con sus familiares y que no sea utilizada con fines ilícitos.

La resolución, firmada por el presidente del STJ, Martín Carbonell; Susana medina y Miguel Giorgio fue luego de analizar lo peticionado y las posiciones del Defensor General Maximiliano Benítez y el Procurador General Jorge Amilcar Luciano García quienes consideraron razonable la petición de los delegados de flexibilizar la tenencia y uso de telefonía celular durante la vigencia del aislamiento toda vez que disminuye los efectos deletereos de las restriccciones a la comunicación fisica con sus familias.

Reunión con autoridades del gobierno

Carbonell, Medina y Giorgio se reunieron esta mañana luego de firmada la resolución, con la ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero, el Defensor Benítez, el Procurador García y el Director del Servicio Penitenciario de la provincia Inspector General Dr. Marcelo Rubén Sánchez para avanzar en la elaboración del protocolo correspondiente.

La medida había sido solicitada por los organismos de derechos humanos de la provincia, entre otras peticiones que habían realizado a través de un documento al gobierno de la provincia. Si bien la respuesta del Poder Judicial no responde, necesariamente, a la interpelación de los organismos de derechos humanos, es una medida en el mismo sentido del petitorio realizado.

Fuente: https://www.analisisdigital.com.ar/judiciales/2020/04/03/la-justicia-entrerriana-habilito-el-uso-de-celulares-personas-privadas-de-su

Comparte este contenido:

Violencia de género en Chile aumenta un 70% durante cuarentena

Redacción: TeleSUR

El Gobierno chileno prepara un grupo de medidas para ampliar la red de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género desde las instancias gubernamentales y empresariales.

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile, reportó este lunes, un aumento del 70 por ciento en las llamadas realizadas por mujeres a una línea telefónica de orientación sobre violencia intrafamiliar, durante el primer fin de semana bajo cuarentena decretado en el país a raíz de la crisis sanitaria generada por el coronavirus.

LEA TAMBIÉN:

Corte en Chile falló contra militares presos por violar DD.HH.

La información salió a la luz como parte de un estudio entregado por la ministra de la cartera, Carolina Cuevas, quien implementó un plan de contingencia que contemplaba un reforzamiento especial en los turnos del Fono Orientación 1455, para proteger a las mujeres que reportaran ser objetos de violencia intrafamiliar.

El fin de semana antes de la cuarentena, se recibieron 532 llamados, mientras que en igual periodo, una semana después, la cifra ascendió a 907. “Este aumento significativo de las llamadas es también un reflejo de que hay una necesidad de pedir orientación y ayuda en tiempos donde las mujeres estamos más tiempo en nuestras casas, posiblemente con nuestras parejas», explicó Cuevas.

https://twitter.com/RNchile/status/1247306068239306753

Por su parte, el Ministerio Público informó que, si bien las denuncias de violencia intrafamiliar han disminuido un 18 por ciento respecto a marzo pasado, las denuncias de femicidios han aumentado un 200 por ciento en el mismo periodo de tiempo.

El Gobierno chileno prepara otras medidas para ampliar la red de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, como la coordinación con organismos públicos para resguardar la atención en periodos de emergencia, incrementar la capacidad de las casas de acogida y un servicio de mensajería, vía SMS o WhatsApp, para que las mujeres puedan comunicarse de manera «silenciosa» que se pondrá en práctica en las semanas siguientes.

https://twitter.com/MinMujeryEG/status/1247308350901141510/photo/1

«Hemos reforzado turnos del 1455, Fono Orientación en Violencia Contra la Mujer, y estamos elaborando mecanismos de comunicación silenciosa para las que no puedan llamarnos, como es whatsapp y mensaje de texto”.

De igual forma, Cuevas se reunió con el presidente del gremio patronal Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, para abordar el impacto de la crisis sanitaria en las trabajadoras. La ministra solicitó que las empresas den apoyo formal a las mujeres en materia de prevención de la violencia intrafamiliar e incorporen el tema dentro de sus políticas permanentes.

Al respecto, un grupo de legisladoras y organizaciones feministas de Chile enviaron una carta al presidente, Sebastián Piñera, pidiéndole reforzar las medidas para prevenir la violencia, prohibir venta de alcohol que puedan ser detonadores de hechos violentos, como crear grupos de acción inmediata y establecer estrategias de denuncia a través de páginas web, farmacias o supermercados. La diputada y presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, apuntó a tomar medidas adicionales que permitan a las víctimas de violencia de género romper la cuarentena, en caso de necesitar ayuda.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/violencia-genero-chile-aumenta-durante-cuarentena-20200406-0052.html

Comparte este contenido:

Pongámonos serios ¿Educación virtual en casa?

La pandemia

La actual crisis del capitalismo estaba en curso antes de aparecer la pandemia del COVID-19. La voracidad del capital ha profundizado a niveles extremos las desigualdades. El más reciente Informe de Oxfam titulado “Tiempo para el cuidado” (2020) se precisa que los 2153 milmillonarios existentes en el planeta concentran más riqueza que el 60% de la población, es decir, 4.600 millones de seres humanos. En nuestra región, América Latina y el Caribe, el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza, pasando de 27 a 104 milmillonarios, muchos de ellos producto de la corrupción política, pero otro tanto de la sobre explotación laboral y la especulación, tanto financiera como en el consumo cotidiano.

En el 2019, antes de la aparición del COVID-19 66 millones de personas vivían en el borde inferior de la pobreza extrema, mientras más de 1.300 millones de personas no tenían acceso a la electricidad. Por otra parte, 12.500 millones de horas de trabajo no remuneradas de las mujeres evidenciaban que el patriarcado es la ideología del capitalismo en las relaciones personales y familiares.

En otros informes Oxfam venía precisando que el 1% de los más milmillonarios del planeta poseían el doble de las riquezas que 6.900 millones de personas, mientras la mitad de la población vive con menos de 5,50 dólares al día. En materia educativa las cifras son escalofriantes, 258 millones de niños y niñas no van a la escuela, siendo las niñas las más afectadas. Los más viejos y viejas, quienes habían entregado sus vidas al mundo del trabajo comienzan a ser acusados por el FMI de ser una carga insoportable para los presupuestos públicos.  En Venezuela producto del criminal bloqueo norteamericano y de errores estratégicos en el manejo de la economía rentista, se ha pulverizado el salario, siendo menos de 20 dólares mensuales el sueldo de un docente; los programas sociales ayudan a mitigar la dramática crisis en el plano alimentario, pero los efectos de la destrucción del poder adquisitivo del salario son multifactoriales.

En ese contexto de crisis financiera y sobreexplotación, de marginalidad y desigualdades brutales, el capitalismo trasnacional comienza a diseñar una reelaboración del modo de producción con la incorporación de los productos de la aceleración de la innovación científico tecnológica; China, Rusia y Estados Unidos encabezan las iniciativas del capital global en esta materia.

Desde su anuncio en 2011 en Hannover, Alemania, se inicia la transición a la cuarta revolución industrial. El desarrollo del modelo de fábricas 4.0. procura sustituir buena parte de la mano de obra industrial, desaparecer a una parte importante del proletariado fabril, disminuir a su mínima expresión los compromisos de empleo remunerado, generando un modelo de auto agenciamiento del empleo, en buena parte relocalizado en maquilas y en la casa, forzando la constitución de un nuevo tipo de trabajadores.

Se habla de que, así como hoy, en una sociedad mundial que ronda los 8 mil millones personas, el capitalismo funciona con 3.300 millones de empleos, de los cuales solo 1.300 de millones son empleos estables, podrían pasarse a un modelo de producción capitalista con menos de la mitad de empleos formales existentes actualmente.  Desde esta lógica criminal pareciera sostenerse la ecuación que permite seguir siendo más ricos a los ricos, más pobres a los trabajadores y produciendo una concentración creciente de las riquezas, con tan solo la mitad de la población actualmente activa.

Esto está dando pie al emerger de un neo maltusianismo que se muestra a través del complejo industrial cultural, pero también en la forma como se presentan los efectos de la cuarentena preventiva del Coronavirus. La última producción de la saga de los Avengeres (2019), nos mostró a un Thanus, que planteaba que la solución al caos ecológico no era la destrucción del sistema capitalista, sino la desaparición rápida de la mitad de la población mundial; ello construye ideología, imaginarios y narrativas en los niños y jóvenes, mientras la izquierda pedagógica lo desestima como simple entretenimiento. Algo similar está ocurriendo con la pandemia y la cuarentena; ahora se comienza a decir que el encierro en casa está disminuyendo las emisiones de CO2, bajando los niveles de contaminación global, que los indicadores de violencia están cayendo, pareciera entonces que los problemas son el manejo de la “sobrepoblación”, la culpa es de la gente, por lo tanto, debe recluirse en sus casas o peor aún desparecer.

Los más afectados por la pandemia son los pobres sin agua, luz, accesos a trabajos estables y posibilidades de comprar alimentos, los marginados del acceso a los servicios de salud, los campesinos que ahora tienen que vender más barata su producción porque se redoblan las dificultades para sacar las cargas, los y las trabajadores informales, los obreros que son despedidos por la baja de producción o el cierre de las fábricas.  El Coronavirus ha mostrado las desigualdades existentes, una de ellas de acceso al internet, computadoras, teléfonos inteligentes, contenidos educativos y sobre todo a las capacidades para trabajar con el mundo digital en el aula.

El COVID-19 es el estado de sitio planetario que construye las condiciones de posibilidad para una reingeniería social sin precedentes, que abra paso a la cuarta revolución industrial y que constituye el régimen de gobernabilidad que requiere el capital en la actualidad, autoritario, destructor de la sociabilidad, con la intención de disminuir costos sociales y conjurar los riesgos de revueltas.  Una de las operaciones que se está llevando a escala planetaria es la redefinición del papel de los sistemas escolares, la profesión docente y los centros de formación de educadores; algo que ya se había iniciado en los ochenta del siglo XX.

 

El neoliberalismo y la sociedad educadora

Desde el desembarco del neoliberalismo, la destrucción de lo público ha sido una de sus metas. Para lograr sus fines, al interior de los sistemas escolares se instauró la cultura evaluativa (pruebas estandarizadas, institucionalizar los institutos nacionales de evaluación muchos de ellos vinculados al LLECE-UNESCO), presionó para definir calidad  y pertinencia como indicadores deseados de éxito y logro escolar, los cuales destruían la autonomía de los centros educativos, despedagogizaban el ejercicio profesional y abrían paso a la noción de crisis educativa permanente, necesaria para destruir la educación pública.

La cobertura escolar dejó de ser para que los pueblos aprendieran lo nuevo, para democratizar el conocimiento, y poco a poco se fue imponiendo la visión de las instituciones educativas como espacios de contención social[1], estrechamente asociada al mundo del trabajo. Las escuelas, liceos y universidades se fueron transformando en guarderías para los hijos de los trabajadores, en las cuales el aprendizaje era secundario; ello se correspondía al modelo fabril, de empleo y gobernanza de la primera y segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial generó una onda telúrica constante de transformación, que sentó las bases para el giro radical de 180 grados que requiere la cuarta revolución industrial, impactando incluso la relocalización del antiguo modelo de contención.

El paradigma neoliberal desembarcó con narrativas que parecían trabalenguas, que eran fragmentos del espejo roto del ideal educativo liberal. Las sucesivas reformas educativas, una detrás de la otra, iniciadas sin haber culminado las “operaciones” de políticas públicas formuladas en las anteriores, servían para fortalecer la idea de crisis educativa permanente y de los sistemas escolares.

Esto no era una agenda exclusiva de la derecha política, incluso buena parte de las políticas educativas impulsadas por el “progresismo” en América latina tuvieron estas características. La carencia de un auténtico debate político pedagógico de fondo sobre la orientación de la educación pública en el marco de la tercera revolución industrial, convirtió a la inclusión, a la ampliación de la cobertura, en una política remedial a la crisis social del capitalismo del siglo XXI, en un significante vacío, qué si bien disminuía el impacto de la miseria, no construía posibilidades reales para un proyecto colectivo liberador, para un cambio radical en los albores de la cuarta revolución industrial. Se pensó en una transformación en clave de primera y segunda revolución industrial, sin percatarse que el mundo estaba ya en la tercera revolución industrial.

A nivel de la opinión pública el neoliberalismo propagó la idea de la sociedad educadora, que no era otra cosa que la intención de transferir progresivamente las responsabilidades de los Estados con la educación pública, a las familias, a los ciudadanos. Para ello convirtieron en funcionales conceptos como co-responsabilidad, participación ciudadana, democracia social, entre otros.

La idea de sociedad educadora se presentaba con el “atractivo” de colocar en manos de las familias el desarrollo curricular, la elección de los directivos, la vigilancia y administración del presupuesto educativo de las escuelas y universidades. Muchos de los llamados proyectos educativos de plantel derivaron en una progresiva transferencia de la carga económica de la escuela sobre los hombros de la familia; la compra de materiales de limpieza, la cuotas de inscripción en escuelas públicas y las ayudas mensuales para el sostenimiento de infraestructura, los comedores escolares terciarizados y las madres elaboradoras de alimentos sub pagados y sin protección social, las tareas en casa que comportaban la compra de materiales para realizar las actividades que no se podían hacer en la escuela por falta de dotación, todo ello formaba parte del paquete de la sociedad educadora.

Claro está, todo ello eso se orientaba a construir las bases mínimas para la transición a un modelo de autogestión social, que transfería las competencias y responsabilidades públicas del Estado al sector privado, con la careta de transferencia a las familias. Eso se hacía con un lenguaje de derechas, pero también de “izquierdas”.

En la medida que se producía desinversión en la educación pública se transferían muchas de las anteriores responsabilidades de los Estados a los ciudadanos. La desinversión se hizo notoria, primero, en la dotación de equipos y materiales; cada vez eran menos las áreas en las cuales los gobiernos proveían a las escuelas y universidades, y cada vez mayores aquellas que le correspondían a las familias y los propios estudiantes.

Se luchó y resistió, en algunos lugares con mejores resultados que en otros. Cuando nos “acostumbramos” y pensamos que nada podría ser peor, vino la desinversión en planta física, que generaba un deterioro permanente de las instalaciones, a la par que se desaceleraba de manera dramática la construcción de nuevas edificaciones escolares. En muchos lugares las familias asumieron el cuido y mantenimiento de instalaciones educativas, en otras el deterioro de lo público se publicitaba en contraste con lo que ocurría en algunas escuelas y universidades privadas.

Obtener una titulación ya no era algo que se buscaba en lo público, sino para un número cada vez más creciente era una mercancía, los títulos había que pagarlos. La desinversión tenía un correlato en la precarización de los salarios docentes. La escuela se fue convirtiendo en una especie de museo, que mostraba “lo viejo” y donde lo nuevo no tenía acogida.

La mayoría de escuelas no cuentan con conexión internet, ni computadoras, los contenidos educativos digitales le son ajenos. En muchos países la dotación de computadoras se hizo a los estudiantes, no a las escuelas ni a los docentes, lo cual mostraba como el paradigma de la sociedad educadora se abría paso; en algunos casos los estudiantes tenían computadora para poder desarrollar el modelo de educación virtual en casa, mientras lo público, la escuela, se convertía en un espacio ajeno a lo tecnológico.

El paradigma neoliberal de la sociedad educadora adquirió nuevos derroteros, nuevas expresiones impensadas. La escuela enseñaba a sembrar como en el siglo XIX, en un modo ajeno al desarrollo científico tecnológico, lo ancestral se convirtió en opuesto a lo nuevo, como si la tradición y la innovación no pudieran conseguir espacios de encuentro. Mientras esto ocurría, en la casa la sociedad de la información les permitía a los jóvenes una aproximación a lo nuevo, a lo actual, sin intermediaciones ni posibilidades de conectar la memoria histórica con el presente.

El paradigma neoliberal de la sociedad educadora se encargó de mostrar a la escuela como un lugar en plena obsolescencia. Por ello, las reformas educativas y especialmente las curriculares eran un ejercicio de “Sísifo”. La escuela enseñaba la física y la química de la primera y segunda revolución industrial, pero era incapaz de explicar el funcionamiento del control remoto, los video juegos, el microondas o el funcionamiento de la casi totalidad de artefactos que tenemos hoy en casa. La biología de Mendel no terminaba de abrirse a los desarrollos y conocimientos del genoma humano. La democracia en la escuela resultaba ser simple representación, no ejercicio cotidiano en las dinámicas pedagógicas y de la comunidad. En el mejor de los casos la democracia se convertía en participativa para lo pequeño, lo comunitario, no para la conducción de la política nacional y eso se evidenciaba en el plano escolar.

En ese contexto, en los últimos veinte años son numerosas las fundaciones y grupos vinculados a la lógica del mercado que promovieron y promueven la educación en casa: el sueño dorado del neoliberalismo educativo, del paradigma de la sociedad educadora. Estas corporaciones y fundaciones “filantrópicas” mundiales insisten en el hecho que las familias asuman por cuenta propia la responsabilidad de la educación y que los contenidos y evaluaciones de aprendizaje sean adquiridas a proveedores privados.

La educación en casa resume en políticas públicas la propuesta neoliberal de finales de la tercera revolución industrial. Eso está asociado a nuevas necesidades de formación profesional, contenidos y orientación que he analizado en otros artículos.

Por ello, hablar de educación en casa, cada familia una escuela, se convierte en la concreción discursiva del sueño dorado del neoliberalismo en su fase del siglo XXI. No se trata de una consigna transitoria, sino de una contribución a la construcción de hegemonía mundial sobre las limitaciones de la educación presencial. A los que luchamos por la educación pública nos está negado el derecho a la ignorancia supina. Si el neoliberalismo logra después de la pandemia construir hegemonía mundial sobre el ocaso de la educación presencial, el derecho a la educación estará en riesgo severo.

 

El derecho a la educación

El derecho a la educación no es solo una frase bonita, implica un conjunto de acciones que deben cumplir los Estados nacionales, se concreta en metas y temporalidad, se puede comparar regional y mundialmente mediante indicadores de logro.

Para que un país cumpla con las condiciones mínimas para garantizar el derecho a la educación deberá contar con un presupuesto nacional, regional y local permanentemente asignado para el sostenimiento de su sistema escolar, destinar e invertir por lo menos el 6% de su PIB en educación, poseer un ministerio o autoridad nacional que oriente y supervise lo educativo, contar con legislación educativa y un marco regulatorio al respecto, contar con instituciones de formación docente que estén actualizadas y se correspondan a los principios educativos nacionales, gozar de una red de escuelas y universidades en todo los territorios y en todos los lugares donde exista población, garantizar que las escuelas, liceos y universidades  estén debidamente equipados.

Pero una de las mayores exigencias para garantizar el derecho a la educación radica en garantizar que la educación que se imparte en escuelas, liceos y universidades se corresponda al conocimiento científico, humanista, artístico de actualidad y pueda enseñarlo en clave de utilidad social. Sueldos y salarios docentes dignos y justos son un requisito indispensable para fortalecer el desarrollo profesional de los y las docentes, como garantía de la mejor educación posible. Garantizar el derecho a la educación pasa por garantizar el equipamiento adecuado de las instituciones educativas, tanto en infraestructura tecnológica y contenidos para aprender a aprender.

Implica también una dimensión cualitativa asociada a la utilidad de lo educativo para construir pensamiento crítico, para aprender a aprender, para desarrollar autonomía en la toma de decisiones, elementos imprescindibles en la construcción democrática del siglo XXI. Solo con pensamiento crítico lo ético adquiere una dimensión consciente y se separa del plano moral o meramente ideológico. La solidaridad, el compromiso social y su relación con los proyectos personales/colectivos cuentan con la escuela cómo el lugar privilegiado para desarrollarse a plenitud.

Entonces el derecho a la educación es mucho más que el acceso a lo escolar en condiciones de dignidad, implica la posibilidad de que se constituya en el soporte del encuentro social, del dialogo, la tolerancia, el respeto por la diversidad, la aspiración a igualdad.  Por ello, el modelo de educación en casa, de universidad en la familia, aunque se alegue que es transicional, comporta una ruptura con el enfoque revolucionario del derecho a la educación. Cada casa una escuela constituye un enfoque del derecho a la educación limitado a la transmisión de conocimiento, abriendo paso a que lo transicional se convierta en permanente, abrirle las puertas desde las palabras al cenit del paradigma de la sociedad educadora.

La tentación que está surgiendo en muchos gobiernos es convertir buena parte de lo que hoy es eventual en cotidiano. Lo comienzan a presentar de buenas maneras como posibilidad de “no dejar a ningún estudiante atrás”, pero en realidad lo que se está operacionalizando es el Apagón Pedagógico Global, del cual tanto les he comentado en otros artículos.

 

Las condiciones materiales de la población en América Latina

El “Informe de UNESCO sobre la ciencia: hacia 2030” (2015) mostraba que en el 2008 el 23.13% de la población mundial tenía acceso a internet, mientras en el 2014 alcanzaba el 37,97%. Este crecimiento en la accesibilidad variaba según la región. En América Latina se había pasado del 27.09% al 47,59, es decir, casi uno de cada dos habitantes tenía acceso. Sin embargo, cuando observamos quiénes acceden se develan las enormes inequidades existentes en las sociedades. En su mayoría el acceso es urbano contra un casi nulo acceso en el campo, pero en las ciudades es la clase media y los profesionales quienes tienen mayor conectividad. La ciudad tiene periferias, barrios que reflejan toda la exclusión del sistema capitalista, incluido el acceso a la internet.  A eso se le suma el tipo de conexión a la que se accede y sus posibilidades de uso.

Un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), conocido a mediados de 2018, indicó que en el caso de América Latina y el Caribe la penetración de la banda ancha en conexión fija ronda en el 10% y el de acceso móvil en 4G en 27%. La banda ancha es indispensable para mucha de la actividad audiovisual actual.  Un año después Global Digital (2019) señalaba que el 57% de la población mundial tenía acceso a internet en sus distintas modalidades; el 43% de rezago es el dato más relevante, nuevamente la exclusión centrada en el campo y las zonas populares de las ciudades.

El estudio de Global Digital muestran la importancia que le dan los usuarios al uso del internet. Respondiendo en el estudio citado a varias alternativas, los consultados nos muestran que se usa internet en un 92% para ver videos, 58% para la televisión en streaming, 30% para juegos en línea, 23% para ver jugar a otros y un 16% para ver partidos o eSports. Es decir, no existe una cultura del uso educativo de la internet.

Las redes sociales constituyen el otro componente importante del uso del internet. El documento 2020 de “We are Social y Hotsuite” titulado “Informe de Internet y redes Sociales” señaló un crecimiento exponencial en el uso de las redes sociales; 3.800 millones de personas usan las distintas redes sociales alrededor del mundo. Facebook lidera las preferencias con 1.950 millones de usuarios, seguida por YouTube, WhatsApp, Messenger e Instagram. Los dos datos nuevos son el crecimiento sostenido de Tik Tok (800.000) a nivel mundial y de WeChat en China.

El promedio mundial de tiempo diario destinado a las redes sociales es de dos horas y veinticuatro minutos. Esto último se refiere a la fracción del tiempo que se está conectado en las redes sociales que se le dedica a colocar información Vs el que usa para consumir información. Los datos de este estudio no diferencian entre consumo y producción de contenidos, pero la evidencia empírica muestra que se usa más para consumir y reproducir información que para crearla.

Muchos docentes solo son usuarios de Facebook, WhatsApp y en menor medida de Instagram, pero en su mayoría son consumidores de contenidos más que generadores.  Es decir, ven lo que otros postean, comparten contenidos generados por otres, pero no colocan contenidos propios en las redes sociales.

Recientemente hemos venido trabajando en un equipo de “alfabetización digital” a solicitud de varios gremios docentes de la región, y nos sorprende el enorme número de educadores que no solo no cuentan con ninguna red social, sino que tienen una resistencia y desprecio por ello. Esto tiene especial significación, porque contrasta con el significativo número de estudiantes que tienen acceso a las redes sociales y las usan de manera cotidiana. Esto genera problemas de diálogo generacional y de comunicación docente-alumnos, pues muestra en el aula narrativas e imaginarios diferenciados.

Muy pocos ministerios de educación y gremios tienen un inventario actualizado del número de docentes que tienen computadora en sus casas y conexión a internet. El gremio ASOPROF está iniciando una consulta a sus afiliados al respecto, mientras que la Federación de Maestros de Puerto Rico señala que solo un 65% de los docentes tienen condiciones para ir a un modelo de educación virtual, de educación en casa. Este porcentaje se incrementa en los estudiantes, con el añadido que cuando hay computadora en casa con conexión es una sola y allí varios son estudiantes, docentes o quienes están siendo empujados al teletrabajo, lo cual crea una disputa sobre el uso de los equipos, priorizando el tema de los ingresos familiares.

Los datos publicados por Domingo Chambers[2] (2020) señalan que en ciudades y países con alto perfil tecnológico como Hong Kong solo 40 de cada 100 habitantes cuentan con una computadora personal, mientras que en Canadá la cifra llega a 42, en Luxemburgo a 46, Australia 47, Singapur 48, Bermuda 48, Noruega 49, Dinamarca 51, Suecia 51, Estados Unidos 57, Suiza 65. Este estudio no precisa si se descartan las casas que tienen más de una computadora y si es así el porcentaje bajaría. ¿Es que estamos pensando que los números son mejores en América Latina? ¿Con esos números pareciera viable un modelo de educación en casa que garantice el derecho a la educación para todos y todas?

Por otra parte, los docentes casi nunca han recibido formación para trabajar con modelos de educación virtual. La poca formación que en algunos casos han recibido es para trabajar con Word, power point, Excel, entre otras. Es decir, cuando se decide dar el giro drástico para el modelo de educación en casa, la autogestión del aprendizaje del docente, ello muestra la hegemonía del paradigma de sociedad educadora del capitalismo neoliberal, pero no necesariamente que sea posible lograrlo en el corto plazo.  A ello se le adiciona el drama de los contenidos digitales, la escasez de los mismos y la localización de los mismos fundamentalmente en plataformas privadas, que tienen una lógica mercantil de acceso; muchas de estas plataformas se han abierto de manera gratuita en la contingencia de la pandemia, pero ello procura copar el mercado educativo en casa y potenciar la construcción de hegemonía sobre este modelo educativo.

Ante este panorama, lanzar una propuesta de educación en casa, es una forma de neo privatizar la educación. En la práctica la mayoría de estudiantes quedaran fuera de esta dinámica, mientras muchos docentes estarán rezagados. Esto tendrá un efecto terrible, que no puede ser encubierto por propaganda con frases “incluyentes”.

Entonces ¿tú quieres que me coma el tigre?, como decimos en Venezuela. Por supuesto que tenemos que establecer estrategias para evitar el rezago y la perdida de continuidad educativa.  Pero las estrategias tienen que corresponderse a lo que tenemos y no a lo ideal, a nuestras posibilidades reales y no a nuestros deseos, a los intereses de la educación pública presencial científica, popular y no a los intereses del mercado.  En las alternativas expondremos algunas ideas al respecto.  Los gobiernos tendrán que aceptar que se les caiga la careta y quedar en evidencia ante los pueblos por su falta de capacidad y preocupación por la actualización tecnológica de los sistemas escolares.

 

¿Qué está ocurriendo en las casas como escuelas en este periodo de cuarentena por la pandemia del COVID-19?

Las familias, constituidas en su mayoría por trabajadores y trabajadoras están siendo los más afectados(as) por la cuarentena.  Más del 60% de la población mundial vive del trabajo informal, 34% de en situación de trabajo informal muy precario e inestable. De la noche a la mañana sus fuentes de ingreso se ven afectados y deben estar confinados en casa, con sus hijos y familiares dependientes.

La noción de educación que se impuso para muchas familias era que los aprendizajes constituían responsabilidad de la escuela y que las instituciones tenían un rol de contención, mientras ellos trabajaban. De “golpe y porrazo” se les dice que deben convertirse en las acompañantes del trabajo escolar en casa, se les entregan módulos o se les envían tareas por el correo. En muchas casas, además de la comida escasea el internet y, no se tiene idea de cómo acceder a contenidos educativos de calidad, en una red que tiene abundante información basura.

La inexperiencia en un modelo de educación en casa, está haciendo que se envíen tareas a los estudiantes cuyo cumplimiento abarca siete y ocho horas de trabajo escolar diario, jornada imposible de acompañar por unos padres que en su mayoría están en modo de sobrevivencia.  Los maestros enviamos tareas, pero nos cuesta enviar videos explicando las clases porque no tenemos experiencia, ni habilidad para grabar y porque el miedo escénico en esta nueva modalidad paraliza.

Se está generando el caos necesario para el pleno emerger del paradigma de la sociedad educadora. Si la escuela no provee ni prevé lo necesario para la coyuntura y esto se presenta como extensible en el corto y mediano plazo, muchas familias clase media e incluso de trabajadores comienzan a ver la posibilidad de acceder a plataformas pagas, que puedan facilitar las dinámicas, que les liberen de la carga escolar, para poder dedicarse a sobrevivir o a su teletrabajo. Los que por razones de precariedad laboral y de ingresos no pueden ni siquiera plantearse esta posibilidad, asumen una actitud de “cómo vaya viniendo, vamos viendo”, con terribles perspectivas de efecto en el derecho a la educación.

Los gobiernos pretenden ocultar esta realidad, pero estamos en una etapa oscura del derecho a la educación. Hoy más que nunca se requiere hablar con la verdad, para buscar soluciones viables. Los cuentos bonitos de políticos, chocan de manera lapidaria con la realidad social de la mayoría de la población.

 

Alternativas

Todo lo mencionado anteriormente nos lleva a señalar la precariedad de la infraestructura tecnológica, conectividad, contenidos digitales y experiencia docente existente para poder concretar el modelo de educación virtual en casa. Esto ni siquiera para la lógica del mercado se va a poder resolver en meses, ni en un par de años. Un ensayo de esta magnitud podría expulsar a millones de niños, niñas y jóvenes de la educación pública. A las izquierdas pedagógicas no da un margen de tiempo para construir lo nuevo, lo alternativo.

Por ello, planteo una estrategia a distintos niveles que contenga:

  1. Una campaña de los gremios y sindicatos docentes, que sensibilice a los docentes sobre la acción coyuntural y alerte a la sociedad sobre el riesgo de neo privatización educativa en marcha. No permitir que los gobiernos suscriban acuerdos de mediano y largo plazo con las grandes corporaciones educativas digitales como Pearson educación, google, Microsoft, Discovery education, entre otras;
  2. Una repolitización política del magisterio a través de los gremios y sindicatos, universidades y pedagogos críticos, respecto a las características de la neo privatización educativa en el tránsito de la tercera a la cuarta revolución industrial;
  3. Exigir a los gobiernos que eliminen la frase “educación en casa”, “universidad en casa” porque ello expresa el paradigma neoliberal de la sociedad educadora. Explorar frases transicionales como “en tiempo de Coronavirus la escuela visita tu casa, mientras nos volvemos a encontrar en las aulas”;
  4. Hacer una campaña internacional vía redes sociales y usando distintos webinar donde sensibilicemos sobre el precario estado de la infraestructura tecnológica en la región, así como las disparidades de las remuneraciones docentes en un contexto de precarización de los sueldos y salarios;
  5. Urgente un plan masivo de formación en línea para docentes, sobre modelos de construcción de conocimiento en el mundo digital; todo ello como complemento a la actividad presencial. Sin esta formación es por decir lo menos irresponsable pasar a un modelo de educación virtual;
  6. Las actividades virtuales deben ser presentadas como coyunturales, enfatizando en la necesidad del encuentro, la presencialidad para aprender a aprender, para aprender a vivir juntos, para construir una sociedad de iguales. Lo virtual debe entenderse como complemento de la actividad pedagógica presencial, una vez que se vuelva a clases presenciales.;
  7. Muchos de nuestros países cuentan con una red e infraestructura de televisión pública y radio estatal que debe ser usada para la generación de contenidos y llegar a casa.  Tiene más posibilidades reales esto que la tonta apelación a una conectividad universal a internet absolutamente inexistente.  Ello implicaría la convocatoria a los gremios y sindicatos docentes para que contribuyan a la construcción con docentes de carne y hueso, a la generación de los contenidos de coyuntura. En esta etapa, es muy importante decirles a los estudiantes que esto es coyuntural y que las aulas de la escuela les esperan;
  8. Se debe hacer un esfuerzo para no caer en la educación virtual bancaria o mecánica a distancia;
  9. Debemos atrevernos a repensar toda la formación docente (inicial y continua), a colocarla patas arriba para poder empalmar con los desafíos epocales de la educación pública y el derecho a la educación en la transición de la tercera a la cuarta revolución industrial;
  10. “Invadir” las redes sociales y las plataformas con ejercicios de educación crítica usando los medios tecnológicos. Tenemos que aprender haciendo, a construir formas de educación liberadora que estén en armonía con el desarrollo de la tecnología;
  11. Construir espacios de encuentro y reflexión pedagógica internacional, para conocer y aprender juntos;
  12. Hoy más que nunca el pensamiento crítico es una herramienta para seguir trabajando en otra educación y otro mundo posible;
  13. Es urgente mostrar con datos y evidencias pedagógicas que es incorrecta la premisa neoliberal que el equipamiento tecnológico y la disminución de nómina docente “abaratan los costes Educativos”.

 

 

Estos son solo ideas iniciales para abrir un debate.  Es una convocatoria al genio colectivo que somos los y las docentes cuando nos juntamos y decidimos transformar

 

 

[1] En otro artículo ampliaré sobre la contención como paradigma escolar

[2] https://es.ripleybelieves.com/countries-with-most-personal-computers-per-capita-3657

Comparte este contenido:
Page 77 of 374
1 75 76 77 78 79 374