Derechos Humanos

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Un informe de Amnistía Internacional denuncia las atrocidades que viven los habitantes de las zonas controladas por Boko Haram sin el apoyo gubernamental y con programas de rehabilitación cuestionables financiados incluso por la UE

E.G. acababa de comenzar la secundaria cuando fue secuestrada por Boko Haram en su aldea, Gulak, en el este de Nigeria. En los cuatro años que pasó cautiva en el bosque de Sambisa, entre 2014 y 2018, no recibió más formación que la lectura del Corán tres veces al día y fue obligada a casarse con un miembro del grupo terrorista al que no conocía, con el que tuvo dos hijos.

Hoy, con 17 años, recuerda las brutalidades sufridas y las que presenció. «Mi marido era perverso y siempre me pegaba, diciendo que no estudiaba el Corán. (…) Fue una experiencia terrible. Fui testigo de diferentes castigos, desde disparar hasta apedrear y azotar. Una vez presencié la lapidación de un miembro de Boko Haram acusado de violación. Lo enterraron en una tumba, dejando solo su cabeza y luego lo apedrearon hasta que murió. En otra ocasión, vi cómo azotaron 80 veces a un hombre, tenía la espalda ensangrentada». Hasta que un día comenzó a planear con otras mujeres cómo escapar. De las 10 que lo intentaron, tres fueron atrapadas. E.G. lo consiguió, con su pequeño de dos años a su espalda y la bebé de cuatro meses en sus brazos.

Este es uno de los 234 relatos de mujeres, hombres y niños en el noreste de Nigeria que ha recabado Amnistía Internacional entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Todos ellos describen la barbarie ejercida por Boko Haram, sobre todo contra los menores, convirtiendo en soldados a los niños y en esposas a las niñas. Y son miles. En 2017, la ONU estimó que este grupo armado había reclutado hasta entonces al menos a 8.000 pequeños, muchos a través del secuestro. Y esta práctica no ha cesado. Toda una «generación perdida» a la que las autoridades tampoco prestan el apoyo psicosocial y educativo que necesita, denuncia el informe Secamos nuestras lágrimas: el coste para la infancia del conflicto en el noreste de Nigeria, que la ONG ha publicado este miércoles.

Además de los secuestros a gran escala, como el de las 276 niñas de Chibok que desató una ola de solidaridad internacional, Amnistía Internacional pone el foco en abducciones individuales que suceden de forma «más cotidiana». En su informe, la organización documenta decenas de ellas, entre un sinfín de violaciones de los derechos humanos; 91 páginas repletas de relatos en primera persona plagados de latigazos, golpes, violaciones, dolor y violencia.

Escapar del grupo no les asegura a las víctimas un futuro prometedor. «Los que logran huir, acaban luchando por sobrevivir en campos de desplazados sin acceso a la educación; y, en el peor de los casos, son detenidos y recluidos durante meses, e incluso años, en pésimas condiciones», explica Olatz Cacho, experta en África de Amnistía Internacional España.

«Tan pronto como los niños puedan escapar del área de conflicto directo, deben volver a conectarse con lo que fue su infancia. Necesitan jugar, reír y reunirse con sus amigos; volver a la escuela. Deben estar en un entorno seguro donde puedan confiar en los adultos y sentirse amados y respetados. Sus necesidades básicas, como alimentos, agua y vivienda, deben satisfacerse para reducir el riesgo de explotación o violencia», sugiere Severine Courtiol Eguiluz, miembro de Médicos sin Fronteras en Nigeria, en un relato publicado en 2019 por la ONG que cuenta con programas humanitarios en la región. Sin embargo, lo que encuentran la mayoría de los críos tras el horror es más horror.

H. G. acabó en el campo de desplazados de Bama, donde recibió atención médica y alimentos  —insuficientes, según su testimonio—, para subsistir. «No tenía apoyo ni asesoramiento psicosocial». Después de cuatro años de cautiverio y cuatro meses refugiada, su padre no la reconoció cuando fue a buscarla para llevarla de vuelta a su hogar, en Madagali. «Una semana después, una organización cristiana nos llevó a Jos durante tres días. Oraron por nosotros. Nos preguntaron sobre nuestras vivencias con Boko Haram y nos dijeron que no permitiéramos que esas experiencias definieran nuestras vidas. Nos dijeron, a las que teníamos hijos, que los amásemos y que no descargásemos nuestras frustraciones sobre ellos. Después de aquello, no ha habido otro apoyo, ya sea del gobierno o de las ONG», relata la joven, que aún sueña con volver a estudiar mientras escucha los disparos cuando los terroristas atacan las aldeas vecinas. «Mis padres no pueden enviarme a la escuela porque no tienen dinero. La mayor ayuda para mí sería ir al colegio».

«Solo el 25% de los niños tiene acceso a educación en el estado de Borno, esto es un lastre para el futuro de la región», subraya Cacho. «Boko Haram no quiere manifiestamente que los niños reciban formación, lo que consideran adoctrinamiento occidental», señala la experta. Prueba de ello son los ataques sistemáticos a las escuelas y el asesinato de maestros. En 2018, Unicef informó de que más de 1.400 infraestructuras educativas fueron destruidas durante el conflicto y que al menos 2.295 profesores habían sido asesinados, destaca el documento de Amnistía. Pero hay otros factores, como la pobreza y el hambre, que impiden que los padres puedan afrontar los gastos de escolarización y convierte a los niños en trabajadores, para poder contribuir a la canasta familiar y sobrevivir.

O. A., de Bama (estado de Borno), nunca había ido al colegio. «Yo era un ganadero. Desde que era niño, convivía con animales», le contó a los investigadores de la ONG. Un día estaba en el campo y Boko Haram se le llevó a él y su rebaño. Tenía 10 años. «Me quedé en la madrasa [escuela coránica] porque era demasiado pequeño». Cuando cumplió 12, le mandaron a entrenarse durante seis meses. Así fue como aprendió a usar su fusil AK-47 y se convirtió en un combatiente. «Me quedé con uno de los soldados en el lago Chad. Me usaron en los puestos de control», recuerda.

Lo que vino después no fue mucho mejor. O. A. llegó incluso a arrepentirse de huir de Boko Haram.  «Cuando mi hermano me vio, me llevó al Civilian Joint Task Force [fuerza que lucha contra el grupo terrorista] y me rendí». El joven, hoy de 16 años, fue sometido a un interrogatorio y enviado después a la Celda 7, para niños. «Estaba abarrotada. Tuvieron que enseñarme cómo acostarme. No podíamos girarnos cuando dormíamos debido a lo llena que estaba. Había solo un baño y éramos muchos. A veces tenía que esperar una hora», rememora. Los que no conseguían contenerse la orina o las heces eran golpeados. «No había mucha agua potable. Teníamos sed (…). Vi morir a una persona a causa de la sed».  En aquel centro de detención, pasó tres meses y solo pudo ducharse una vez. «Empecé a preguntarme por qué mi hermano me había llevado a ese lugar. ¿Quería matarme?».

Amnistía Internacional lanza su investigación para pedir al gobierno de Nigeria que libere a los niños recluidos en estos centros de detención. «Ya se han producido liberaciones masivas a finales de 2019 y principios de 2020, pero todavía no sabemos cuántos quedan dentro, pues el proceso es opaco», indica Cacho. «Incluso los investigadores, que tienen experiencia en diversos contextos en conflicto, estaban horrorizados con las condiciones de reclusión que les describían», agrega. Para la ONG, la mayoría de estas detenciones son «ilegales» pues los menores no son acusados ni procesados por ningún delito y ven negados sus derechos de acceso a asistencia letrada, a comparecer ante un juez o a comunicarse con sus familias. Un delito de les humanidad, según la organización, que calcula que al menos 10.000 personas, entre ellas muchos menores, han muerto bajo custodia gubernamental durante el conflicto.

O. A. sobrevivió a ese infierno y se benefició después de la Operación Corredor Seguro, un programa de desradicalización y rehabilitación de combatientes arrepentidos —niños y adultos— de Boko Haram, y que cuenta con apoyo financiero de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. El joven fue enviado, junto con otros 11 varones, al centro de reinserción en Gombe para recibir formación profesional. La vida allí, dice, era mejor. «Había suficiente agua, teníamos nuestra propia cama y un colchón para poder dormir bien. El lugar era higiénico», enumera. Allí, dice, le enseñaron el abecedario y los números. «Cómo deletrear». Finalmente, O. A. se decantó por formarse en cosmetología y fabricar productos de limpieza y jabones.

Pese a las mejores condiciones, la formación y el apoyo psicosocial que reciben los arrepentidos, Amnistía denuncia «grandes carencias» en este programa. «La mayoría de los hombres y niños en el centro no han sido informados de la base jurídica de su detención y todavía no tienen acceso a asistencia letrada ni a un tribunal para impugnar su detención», escriben los autores del informe. Algunos exreclusos explicaron que la atención médica era sumamente escasa. «Siete detenidos fallecieron tras recibir asistencia sanitaria inadecuada y las autoridades nigerianas ni siquiera informaron a sus familias, que tuvieron conocimiento de las muertes a través de detenidos liberados», asegura la ONG.

Y eso no es todo. El programa de formación profesional podría equivaler a trabajos forzados, advierte Amnistía, ya que la mayoría de los detenidos nunca han sido declarados culpables de ningún delito y fabrican todo tipo de artículos, desde zapatos hasta jabones y muebles, sin remuneración. “Ninguno de los principales donantes de Corredor Seguro autorizarían un sistema de detención prolongada e ilegal para sus ciudadanos. Entonces, ¿por qué lo permiten en Nigeria?”, se pregunta Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria.

Las niñas como E. G. ni siquiera pueden acceder a este programa, con todas sus deficiencias, aunque lo deseasen para poder formarse y aprender un oficio. «Esto también se tiene que revisar, están marginadas», apunta la Cacho.

Preguntados por esta cuestión, desde Unicef Nigeria responden lo siguiente: “Los niños son extremadamente vulnerables en el conflicto del noreste de Nigeria, y su protección y necesidades deben seguir siendo la máxima prioridad tanto en la respuesta de seguridad como en la humanitaria. Los niños deberían seguir siendo solo eso, niños. Y como tal, deberían estar en las escuelas y con sus familias. Utilizarlos en el conflicto o mantenerlos en situación de detención prolongada tiene un impacto demoledor en sus vidas. Su protección es crucial para construir el futuro de Nigeria y, en consecuencia, de toda la región. Estos niños son, en primer lugar y ante todo, víctimas que, desafortunadamente, se han visto atrapadas en este conflicto. Unicef les apoya en su camino a la normalidad, es decir, con sus familias y comunidades”.

«No sé cómo podrán salir de semejante trauma, después de años de abusos de derechos humanos», reflexiona Cacho.

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