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«Para las mujeres palestinas la educación es poder»

Asia/Palestina/12 Marzo 2020/https://arainfo.org/

Luna Abuswaireh es un ejemplo de lucha y resiliencia en el contexto palestino. Abuswaireh se ha convertido en la primera mujer que dirige el centro de estudios panarabistas por excelencia y subraya la necesidad de abogar por la educación para dar poder a las mujeres palestinas que se enfrentan a no pocos frentes.

Son muchas, muchísimas, las mujeres palestinas que merecerían ser entrevistadas por su resiliencia. Amas de casa con el arduo trabajo de sacar adelante a su familia con escasos ingresos, mujeres separadas que quieren rehacer su vida, jóvenes que rompen tabúes en la sociedad palestina o campesinas que desafían los ataques israelíes labrando la tierra. Merece ser dicho que son tantas las mujeres palestinas que algunas periodistas estamos algo hartas de buscar las “mujeres ejemplares”.

Estas mujeres han estado ahí siempre, pero es cierto que entrevistándolas individualmente estamos rompiendo con los estereotipos a través de los cuales son juzgadas como mujeres árabes. Por eso aquí va otra mujer fuerte, palestina, refugiada y presidenta del centro panarabista por excelencia. Su nombre: Luna Abuswaireh.

Posee una carrera profesional impecable y desde 2017 es la primera mujer directora del Centro de Estudios Panarabistas con sede en Beirut (Líbano), el centro panarabista por excelencia. De carácter alegre, con una sonrisa que reconforta o fulmina, según sea necesario, Abuswaireh crea allá donde vaya una atmósfera de confianza y respeto. Y lo hace en sociedades dominadas por hombres, esté en Europa, en Asia o en África. Forma parte de la primera generación que nació en el exilio palestino después de ser expulsada de sus hogares en 1948 con la creación de Israel.

“Mi padre nació en Sukrir, Asdod, y mi madre en Jerusalén. Mi padre tenía 7 años cuando los sionistas terroristas declararon un Estado y huyó de su tierra con su familia convirtiéndose así en refugiado del campo de Nuseirat, en la franja de Gaza. En 1975 mi padre estaba haciendo una especialización en Pediatría en Beirut, nací yo y a los 40 días volvimos a Gaza. Mi padre fue detenido en la frontera como activista político y fue  mi madre sola la que me llevó a casa”, comienza contando Abuswaireh.

Su apellido delata su procedencia beduina, gente que históricamente ha basado su vida en el nomadismo y posee tradiciones diferenciadas del resto de personas sedentarias. Las personas beduinas en Palestina fomentan la independencia económica en la mujer, por ejemplo, pero también existen barreras que las mujeres deben romper.

“En las sociedades patriarcales el padre puede formar o puede romper una hija.- Explica Abuswaireh.- Mi padre me hizo como soy, una persona con seguridad y confianza en sí misma, fuerte y compasiva. Nunca me forzó a cumplir con las expectativas estandarizadas para una niña. Me daba libros, me llevaba a sus reuniones con gente extranjera que venía a Gaza y me exponía a nuevas experiencias. Nunca escondía a su hija”.

No fue él quien supuso la primera traba para completar su educación sino las restricciones de vivir bajo ocupación y con estatus de refugiada. Cuando Abuswaireh quiso estudiar Medicina en El Cairo la respuesta fue un no rotundo, no estaba permitida la entrada en dicha facultad a personas palestinas.

“Irónicamente, mi padre había estudiado Medicina en El Cairo y mi tío Ingeniería, pero lo hicieron durante la época de Nasser, cuando todos árabes eran tratados con igualdad por este líder egipcio panarabista”, clama Abuswaireh que solo pudo optar a estudiar Literatura Inglesa y Lingüística.

Ella siguió desafiando el destino marcado para mujeres y refugiadas. Su primer trabajo en Gaza fue en el Programa de la ONU para el Desarrollo, el PNUD, organizando talleres para la juventud de los campos de refugiados. Allí se topó con algo típico en ese mundillo, la visión orientalista de la ayuda humanitaria.

“Había estallado la Segunda Intifada y un donante nos dijo que nos daría dinero si hacíamos clases para mujeres refugiadas para que conozcan sus derechos. Yo me opuse. Las mujeres palestinas conocían sus derechos. Ellas estaban administrando el hogar, cuidando de sus maridos tullidos, de sus hijos e hijas, de familiares de mártires… la mayoría tenían a sus maridos encarcelados por Israel. La prioridad era ayudarlas a encontrar trabajo, un sustento”, relata.

Fue así como negoció con los donantes para que se llevasen a cabo talleres con los que las mujeres pudiesen desarrollar una labor y abrir sus propios negocios.

Los frentes de las mujeres palestinas

En 1999 dejó Gaza para poder continuar con la formación superior, se casó en Egipto y siguió trabajando para la ONU. Tuvieron que pasar quince años hasta que pudo volver a visitar Gaza de la mano de una misión de las Naciones Unidas que solo duró tres días.

“Con el comienzo del bloqueo en la franja de Gaza fue aún más complicado volver a la franja, primero, porque no queríamos pasar por los controles de la ocupación israelí y, segundo, porque si entras es casi imposible salir”, señala Abuswaireh.

La franja de Gaza se ha convertido en la prisión al aire libre más grande del mundo. En el reciente informe de la UNRWA, la Oficina de la ONU para Ayuda al Refugiado de Palestina, “Gaza, ¿cómo resisten? Mujeres al límite en la franja de Gaza” se habla de que el 78% de las mujeres en Gaza está en situación de desempleo frente al 46% de los hombres. La brecha salarial, dice el informe, es evidente. El 58% de las mujeres han experimentado violencia doméstica y una cuarta parte ha sufrido acoso sexual.

Con un férreo bloqueo impuesto por Israel, Gaza está en caída libre en todos los aspectos de la vida.

“Las mujeres palestinas viven en una sociedad patriarcal; sin embargo, vivir bajo ocupación significa luchar codo con codo junto a los hombres. Para la ocupación israelí las mujeres suponen un mayor peligro porque son la fuente de las nuevas generaciones. Las mujeres palestinas somos una amenaza demográfica para Israel”, apunta Abuswaireh.

Abuswaireh critica la pasividad de la Autoridad Palestina para mejorar la representación de la mujer en la política. Según ella ha habido una involución en este sentido.

“Es cierto que las mujeres palestinas luchamos en varios frentes a la vez y que algunas veces el frente de la igualdad haya sido apartado por el frente de la liberación. Antes de los Acuerdos de Oslo los hombres nos trataban como iguales”, dice Abuswaireh.

Tal y como señala el mencionado informe de UNRWA, las mujeres en la franja de Gaza logran salir adelante gracias al emprendimiento o a roles que generan ingresos. Muchas veces esos roles transgreden las “normas sociales” y ponen en peligro tanto la integridad de las mujeres como las de sus familiares. Sobre todo logran salir adelante a través de la educación.

La educación en el contexto palestino siempre ha sido una prioridad. Ha sido la reacción a la colonización de sus tierras, según cuenta Abuswaireh.

“La educación nos da la satisfacción personal de que poseemos algo después de haber perdido nuestras casas, nuestra tierra, nuestro país. Para las mujeres palestinas la educación es poder, nos da independencia, un salario, un trabajo”.

Empoderar a mujeres sin olvidar a los hombres

Abuswaireh conoce bien Alemania y Europa, en general. Reconoce que existe un peligro latente y creciente de intolerancia y subraya cómo la islamofobia es, para ella, una cuestión política más que meramente racista. Allá donde las mujeres palestinas podrían pensar que está el bienestar, se topan con la no aceptación de su idioma o de su vestimenta, del hijab o velo islámico.

“El hijab es un derecho y es libertad de elección,- afirma Abuswaireh.- Debería ser respetado por sociedades europeas que se llaman libres, democráticas y tolerantes. Deberían aceptar todos colores y códigos de vestimenta”.

Asegura que en Alemania nunca ha sido atacada por ser mujer o musulmana sino por ser palestina. Su percepción es que en Europa hay personas a las que les gusta percibirlas como mujeres débiles en una sociedad dominada por hombres o como si, simplemente, no existiesen, no hubiese gente palestina.

Es bastante común llegar a una conversación en la que tener que matizar que Tierra Santa en Palestina bajo ocupación. Lo dicen las leyes internacionales. Muchas personas, incluidas trabajadoras de la administración pública, no tienen información sobre la existencia de Palestina.

Desde su experiencia en países no árabes donde los movimientos feministas van ganando peso frente a un pasado más negacionista, Abuswaireh opina que el feminismo es “empoderar y educar a mujeres y también a hombres”.

“La aproximación feminista que aboga solo por apoyar y educar a mujeres se deja atrás al otro 50% que se quedará con un escaso entendimiento de la necesidad de igualdad. Hay que trabajar con ambos, mujer y hombre. – Razona Abuswaireh.- Es la única forma de construir una sociedad justa y en igualdad”.

Fuente e imagen tomadas de: https://arainfo.org/para-las-mujeres-palestinas-la-educacion-es-poder/

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Colombia en el 2020: El año promete la continuidad de las protestas por más financiamiento para el derecho a la educación

Por:  Fabíola Munhoz.

En entrevista, María Elena Urbano y Cecilia Gómez, integrantes de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE) abordan la coyuntura nacional y las expectativas de las comunidades educativas ante la realización del derecho humano a la educación

Para conocer cuáles son los desafíos y oportunidades hacia la realización del derecho humano a la educación actualmente en Colombia, conversamos con María Elena Urbano y Cecilia Gómez, integrantes de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), miembro de la CLADE en el país. En la entrevista, abordaron la coyuntura nacional y las expectativas de las comunidades educativas ante este escenario, así como los planes de la sociedad civil para continuar su lucha por la garantía del derecho a la educación y otros derechos humanos.

“Se espera que las amplias movilizaciones que están realizando las organizaciones sociales, sindicales y de estudiantes logren negociar con el gobierno reivindicaciones que reduzcan las desigualdades sociales, la marginalidad y la exclusión, en que vive la mayoría de la población colombiana, y mejoren las condiciones de vida en el país”, afirmaron las entrevistadas.

Lee el diálogo completo a continuación.

¿Cuál es el actual contexto para el derecho a la educación en Colombia?

María Elena Urbano y Cecilia Gómez – La situación del derecho humano a la educación (DHE) en Colombia, vista desde la financiación, está definida por el Sistema General de Participaciones (SGP) y la gratuidad de la educación, calculados con base en el número de estudiantes atendidos (financiación percápita), lo que no alcanza financiar adecuadamente el DHE.

“Las instituciones educativas, por la desfinanciacion existente, no están en capacidad de lograr los niveles de inclusión educativa señalados por la UNESCO y por los acuerdos internacionales, lo cual afecta con mayor impacto en las poblaciones en situación de pobreza extrema y de vulnerabilidad”

Actualmente, con estos recursos se cubre el pago de salarios y prestaciones sociales del sector educativo, lo que representa un 97% del presupuesto global. El restante está destinado a la financiación de la canasta educativa consistente en mobiliario, material didáctico, mantenimiento de infraestructura escolar, restaurante y transporte escolar y financiación de las universidades públicas, lo cual es completamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas del DHE.

Actualmente, las organizaciones sociales y sindicales en movilización permanente desde el año pasado, están planteando una reforma constitucional para modificar el SGP, y así incrementar el presupuesto destinado a la educación. Se evidencia que la educación se encuentra desfinanciada y eso se refleja en las deficientes infraestructuras escolares, la ausencia de capacitación al personal docente, y la insuficiencia de recursos para garantizar el adecuado desarrollo de los proyectos educativos institucionales.

En esta dirección, las instituciones educativas, por la desfinanciacion existente, no están en capacidad de lograr los niveles de inclusión educativa señalados por la UNESCO y por los acuerdos internacionales, lo cual afecta con mayor impacto en las poblaciones en situación de pobreza extrema y de vulnerabilidad.

¿Cuáles son los impactos de la baja financiación educativa pública, para las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza?

María Elena Urbano y Cecilia Gómez – Hay poblaciones que por sus condiciones socioeconómicas y culturales no están siendo atendidas, porque las instituciones educativas no cuentan con los recursos, ni con la infraestructura que se requiere, y tampoco tienen las adecuaciones curriculares pertinentes, generándose una preocupante exclusión y discriminación que tiene profundas consecuencias y repercusiones en la incrementación de conflictos urbanos y rurales en términos de seguridad y convivencia ciudadana.

Las poblaciones con necesidades educativas especiales en la generalidad no disponen de los soportes tanto profesionales como espaciales, y de dotaciones para una atención adecuada y pertinente. Es decir, no se les está garantizando el DHE y son personas que no logran superar las barreras para realizar su proyecto de vida.

¿La primera infancia es una de las etapas más desatendidas actualmente en la educación colombiana?

María Elena Urbano y Cecilia Gómez – La educación en primera infancia está atendida en el país, en  parte, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), una institución de asistencia social que atiende a niños y niñas de prejardín y jardín (3 y 4 años). Sin embargo, el personal que responde al instituto y trabaja con la educación en la primera infancia está conformado por madres comunitarias, con baja formación profesional, que asisten a los niños y niñas generalmente en sus propias viviendas, en sectores de alta vulnerabilidad.

A su vez, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) atiende el grado de transición del preescolar (edad de 5 años) a la básica, en instituciones educativas públicas con docentes licenciadas en Educación Preescolar. Sin embargo, aún no se implementa el preescolar de 3 grados, atendidos por el sistema educativo público,  que es una de las luchas de las organizaciones sociales y sindicales.

En este contexto, ¿cuáles son las expectativas para el derecho a la educación en Colombia en el 2020?

María Elena Urbano y Cecilia Gómez – Como coalición nacional que defiende el derecho humano a la educación, actuamos y prestamos apoyo para que las organizaciones sociales, sindicatos y organizaciones estudiantiles logren acordar con el gobierno nacional la reforma al SGP, generando así un mayor presupuesto para la educación en el país.

Así mismo, se espera que las amplias movilizaciones que están realizando las organizaciones sociales, sindicales y de estudiantes logren negociar con el gobierno reivindicaciones que reduzcan las desigualdades sociales, la marginalidad y la exclusión, en que vive la mayoría de la población colombiana, y mejoren las condiciones de vida en el país.

“La expectativa es mantener las acciones de movilización enérgicas para que el gobierno y sus instituciones garanticen el derecho humano a la educación de todas y todos, e implementen los acuerdos de paz en los territorios, asegurando el respeto a los derechos humanos y a la vida de mujeres, estudiantes, sindicalistas, docentes, líderes sociales, defensoras y defensores de los derechos humanos en el país”

Dentro de los acuerdos ya realizados entre gobierno y sociedad civil, falta avanzar en la implementación de una política de educación preescolar de 3 grados, atendidos por el sistema educativo público. También se requiere generar acciones a través de los planes de desarrollo locales y territoriales, orientados a la atención adecuada de la primera infancia y a la educación de personas jóvenes y adultas, que permitan fortalecer y mejorar los procesos educativos en las instituciones educativas públicas.

En ese sentido, la expectativa es mantener las acciones de movilización enérgicas para que el gobierno y sus instituciones garanticen el derecho humano a la educación de todas y todos, e implementen los acuerdos de paz en los territorios, asegurando el respeto a los derechos humanos y a la vida de mujeres, estudiantes, sindicalistas, docentes, líderes sociales, defensoras y defensores de los derechos humanos en el país.

Para ello, seguiremos demandando que se fortalezcan y respeten los acuerdos de paz pactados en el proceso de negociación entre las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y el Estado, dada la cantidad de asesinatos de personas desmovilizadas y en proceso de reincorporación. Igualmente, que se abran de nuevo procesos de negociación con las guerrillas existentes, para lograr la paz con justicia social en el país.

¿Cuáles serán las actividades o ejes de acción prioritarios de la Coalición Colombiana este año?

María Elena Urbano y Cecilia Gómez – En el campo de la primera infancia, nos hemos propuesto incidir por la financiación adecuada y transformaciones en la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI), tanto a nivel del Congreso de la República, como ante el ICBF, el MEN y el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, para que se lleven a cabo acciones y presupuestos destinados a la AEPI, que respondan a una perspectiva de derechos y a las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido a la educación – ODS 4.

También realizaremos una experiencia local de formación de docentes de AEPI en el Municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, y vamos a desarrollar un trabajo con centros y programas encargados de su formación continua, que aporte elementos a nuestro proceso de incidencia política.

Respecto al derecho a la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA), realizaremos una audiencia pública con estudiantes, docentes, directivas y comunidad educativa de EPJA, en el Congreso de la República, con la presencia de parlamentarias y parlamentarios aliadas/os, evento a que también invitaremos el MEN y el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional.

Así mismo, hemos planificado para el año la elaboración de un informe nacional sobre educación y desigualdad, el cual formará parte en un informe regional respecto a esta temática en América Latina y el Caribe, que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), red regional en la cual formamos parte, está llevando adelante.

Por fin, nos sumaremos a las celebraciones de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2020. Esta gran movilización internacional, que abarca marchas, seminarios, acciones de comunicación, incidencia y diálogo, entre otras actividades realizadas en más de 100 países, se organiza todos los años en el mes de abril, con miras a llamar la atención de los Estados y la comunidad internacional sobre la importancia y urgencia de garantizar el derecho humano a la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad para todas las personas.

Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/colombia-en-el-2020-el-ano-promete-la-continuidad-de-las-protestas-por-mas-financiamiento-para-el-derecho-a-la-educacion/

 

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Europa: Las personas que ayudan a refugiados y migrantes se exponen a ir a la cárcel porque las autoridades hacen uso indebido de leyes contra el tráfico ilícito de personas

Europa: Las personas que ayudan a refugiados y migrantes se exponen a ir a la cárcel porque las autoridades hacen uso indebido de leyes contra el tráfico ilícito de personas

En toda Europa se está procesando y hostigando a gente por actos de solidaridad con personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, como proporcionar ropa de abrigo, ofrecer cobijo y salvar vidas en el mar, ha manifestado Amnistía Internacional hoy. 

En un nuevo informe titulado Punishing compassion: solidarity on trial in Fortress Europe (Castigo a la compasión. La solidaridad a juicio en la Fortaleza Europa), la organización documenta cómo la policía y las fiscalías hacen uso indebido de leyes contra el tráfico ilícito de personas y medidas antiterroristas de por sí deficientes contra defensores y defensoras de los derechos humanos que ayudan a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.  

“El creciente énfasis en limitar y disuadir las llegadas a Europa ha supuesto que hacer que las personas refugiadas y migrantes se sientan a salvo y acogidas se considere una amenaza”, ha manifestado Elisa De Pieri, investigadora regional de Amnistía Internacional. 

“La falta de medidas de los Estados europeos para atender las necesidades básicas de las tales personas ha supuesto que a menudo la prestación de servicios esenciales y apoyo se deje en manos de gente corriente. Al castigar a quienes se ofrecen a paliar las carencias existentes, los gobiernos europeos ponen aún más en riesgo a las personas en movimiento.”

En el informe se examinan casos de defensores y defensoras de los derechos humanos contra quienes, entre 2017 y 2019, se presentaron cargos ilegítimos en Croacia, España, Francia, Grecia, Italia, Malta, Suiza y Reino Unido. Se muestra en él cómo se están utilizando injustamente recursos judiciales y policiales, así como leyes promulgadas para perseguir a redes delictivas de tráfico ilícito, contra quienes ayudan a las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo.  

Criminalización por ofrecer ropa de abrigo y cobijo 

Muchos de los casos descritos en el informe de Amnistía Internacional giran en torno al cargo de “ayuda a la entrada irregular”, que se ha utilizado contra personas y ONG por una amplia variedad de actos de solidaridad y humanitarios.  

Por ejemplo, el guía francés de montaña Pierre Mumber fue llevado a juicio por cargos de “ayuda a la entrada irregular” en Francia a raíz de haber ofrecido té caliente y ropa de abrigo a cuatro solicitantes de asilo de África Occidental. Al final fue absuelto en apelación.  

Un estricto régimen de control fronterizo impuesto en el lado francés de los Alpes ha supuesto que a las personas refugiadas y migrantes detectadas a menos de 20 kilómetros de la frontera italiana se las acuse de “entrar irregularmente” en Francia y que quienquiera que las haya ayudado corra riesgo de enjuiciamiento y condena.El acceso a los procedimientos de asilo está sumamente restringido si la persona es detectada en esa zona fronteriza, y son frecuentes las devoluciones sumarias a Italia. 

En Suiza se ha procesado y condenado a varias personas, entre ellas un pastor, simplemente por proporcionar cobijo a extranjeros o ayudarlos a acceder a los mecanismos de protección. 

El Parlamento suizo someterá a votación en los próximos días una reforma de la legislación sobre facilitación de la entrada irregular. Amnistía Internacional pide a los parlamentarios y parlamentarias que introduzcan una exención humanitaria que garantice claramente que no se penalizará ningún acto de solidaridad. 

Hostigamiento a ONG y criminalización del salvamento marítimo

Mediante el uso indebido de la legislación penal se ha atacado y acosado también a organizaciones de la sociedad civil. En Croacia, las ONG Are You Syrious y Centro de Estudios para la Paz han sufrido hostigamiento, intimidación y procesamiento por “ayuda a la inmigración irregular” como consecuencia de haber documentado y denunciado casos de personas devueltas sumariamente y con fuerza excesiva por la policía en las fronteras con Bosnia y Herzegovina y Serbia.  

En Italia, miembros de operaciones de salvamento que han salvado la vida de personas que viajaban a Europa en embarcaciones no aptas para la navegación marítima ha sufrido campañas de difamación, han sido objeto de investigación penal y han tenido que aplicar un código de conducta que puede retrasar las operaciones de salvamento y dejar abandonadas en el mar, sin un puerto en el que desembarcar, a las personas a las que rescatan. 

Desde agosto de 2017, las autoridades italianas han confiscado en múltiples ocasiones barcos de ONG, con la consiguiente reducción de número de buques disponibles para operaciones de salvamento, incluso a pesar de que el índice de muertes en el mar aumentó en 2018 y 2019.  

Las autoridades españolas han hecho uso indebido de normas administrativas para restringir las operaciones de salvamento de barcos de ONG, a las que han amenazado con multas de hasta 901.000 euros.  

Dos expertos miembros de equipos de salvamento, Sarah Mardini y Seán Binder, pasaron meses en prisión provisional tras ser detenidos por las autoridades griegas por ayudar a personas refugiadas a llegar a la isla de Lesbos. Están todavía en espera de juicio por cargos infundados como ayudar a la entrada irregular y espionaje.  

Ante las multas y el coste de su asistencia jurídica, las ONG y los defensores y defensoras de los derechos humanos a quienes se está criminalizando se ven obligados a dedicar parte del limitado tiempo y los limitados recursos de que disponen para su labor humanitaria a defenderse de cargos infundados y, en el caso de las organizaciones de salvamento marítimo, a conseguir que les devuelvan sus barcos.

En marzo de 2019, un grupo de personas refugiadas y migrantes se enfrentaron al capitán de barco que las había rescatado, El Hiblu, cuando intentó devolverlas ilegalmente a Libia, a pesar de que corrían un riesgo muy concreto de sufrir tortura y otros abusos contra los derechos humanos. Al llegar a Malta, las autoridades maltesas detuvieron a tres adolescentes que formaban parte del grupo por presunto secuestro del barco. Se enfrentan a penas de cadena perpetua por cargos desproporcionados en aplicación incluso de leyes contra el terrorismo. No ha aparecido hasta ahora ningún indicio de que utilizaran la violencia o pusieran a alguien en peligro.  

Amnistía Internacional pide a la UE y sus Estados miembros que reformen las leyes nacionales y europeas sobre facilitación de la entrada, tránsito y estancia irregulares para incluir en la definición del delito la búsqueda de beneficio material. De este modo se impediría el uso indebido de la legislación para castigar actos de solidaridad y humanidad.  

En la Declaración de la ONU sobre los defensores y defensoras de los Derechos Humanos se define como tales a quienes emprenden acciones para prestar ayuda y proteger los derechos humanos. De acuerdo con ella, los Estados tienen que garantizarles un entorno seguro y propicio, donde puedan desarrollar sus actividades sin temor a sufrir represalias.  

Los líderes y lideresas europeos deben establecer medidas para implementar la Declaración en la UE y garantizar que no se procesa a nadie simplemente por su trabajo en favor de los derechos humanos.

“Las autoridades deben dejar de criminalizar a los defensores y defensoras de los derechos humanos. La historia no tratará bien a los gobiernos que tratan como delito los actos realizados para salvar vidas”, ha señalado Elisa De Pieri. 

“En toda Europa, son muchas las personas que ha dado muestra de mucha más compasión y humanidad que sus gobiernos hacia quienes buscan seguridad. Es vergonzoso que los defensores y defensoras de los derechos humanos estén siendo atacados por autoridades insensibles que se empeñan en cerrar sus fronteras a toda costa, incluso de vidas humanas.” 

Fuente de la Información: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/03/europe-people-helping-refugees-and-migrants-risk-jail-as-authorities-misuse-anti-smuggling-laws/

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República Dominicana: Hacen llamado en pos de la igualdad de género, los derechos humanos y el respeto de la vida las mujeres

América Central/República Dominicana/08-03-2020/Autor(a) y Fuente: acento.com.do

El Centro Casas Comunitarias de Justicia estuvo desarrollando en conjunto con la comunidad, organizaciones comunitarias e instituciones públicas en Las Caobos, Santo Domingo Oeste y en Cienfuego, Santiago, marchas simultáneas este viernes 6 de marzo con la finalidad de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la importancia de continuar aunando esfuerzos en pro de la igualdad de género, los derechos humanos y el respeto de la vida de todas las mujeres.

“El 8 de marzo es un día para reflexionar sobre los avances alcanzados, espacios conquistados y continuar aunando esfuerzos en pro de la igualdad de género, los derechos humanos y el respeto de la vida de todas las mujeres. En el Centro Casas Comunitarias de Justicia estamos comprometidos con los derechos de las mujeres”, manifestó este viernes esta organización dedicada a la mediación y conciliación con el interés de garantizar el acceso a la justicia de los sectores vulnerables del país.

Esta institución surgida en el año 2005 implementan una atención diferenciada hacia las mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar, entre lo que incluyen acciones como son la formación de 10,200 mujeres en temas de derechos humanos, prevención de violencia y acceso a la justicia, entre otros temas.

La entidad recordó que 203,000 mujeres han accedido a la justicia a través de los servicios de mediación, conciliación, orientación legal y municipalidad, que son brindados en los diferentes centros ubicados en el país, como son CCJ-Santiago: desde Navarrete, Puerto Plata, Villa González, entre otros. CCJ-Santo Domingo Oeste: desde Los Alcarrizos, Pedro Brand, CCJ-Moca: desde Gaspar Hernández, La Vega, desde Jarabacoa, Constanza, Jima, entre otros.

También forman parte de esta iniciativa la Fundación Pro Bienestar de la Familia (PROFAMILIA), Asociación de Abogados de Santo Domingo Oeste, Foro de Prevención de Violencia Santo Domingo Oeste, Fundación Voluntad Educativa (FUNVE), Consejo Comunitario Buscando Soluciones (COCOBUSO), Asociación Dominicana de Personas con Discapacidad Físico Motora (ASODIFIMO) y Casa del Bienestar, mientras que en Santiago se suman, la Parroquia Santa Marta, la Unión de Mujeres por el Desarrollo de Cienfuegos y el Instituto Politécnico Ramón Dubert Novo.

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/2020/actualidad/8791203-hacen-llamado-en-pos-de-la-igualdad-de-genero-los-derechos-humanos-y-el-respeto-de-la-vida-las-mujeres/

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La explotación de los otros

Por: Ilka Oliva Corado

Muchas veces nos sentimos derrotados, frustrados y nos decimos una y otra vez, molestos, furiosos, cuestionantes que; tenemos derecho a una vida mejor. Una vida con derechos laborales, con soltura económica. Derecho a una casa mejor, espaciosa, con gran patio y a otros muebles. A tener el refrigerador lleno de comida. A poder comprarnos lo que queramos, a tener ese dinero extra para viajar y comprar un carro o cambiar el que ya tenemos. A un mejor trabajo, sí tenemos derecho y ese mismo derecho lo tienen otras personas en las que no pensamos por estar ensimismados en lo que creemos que nos falta sin darnos cuenta que otros la están pasando muy mal.

¿A qué tendrá derecho el cortador de caña al que se le va la vida entre el sol, el lomo curtido y los sueños rotos? ¿El jornalero golondrina que va de finca en finca cortando frutas y verduras a cambio de un pago que no le alcanza ni para lo básico? Ese jornalero al que humilla constantemente el caporal que se cree dueño de la finca. ¿No tienen derecho a una cama esos jornaleros que duermen en galeras amontonados en el suelo como leña aperchada?

¿A qué tendrán derecho las mujeres que se llenan las piernas de venas inflamadas paradas durante 16 y 18 horas al día trabajando en fábricas y maquiladoras? ¿A ir al baño por lo menos? Maquiladoras que salen de sus casas en la madrugada y llegan a media noche, que no vieron un solo rayo de sol durante el día, a las que les toca trabajar todos los días del año. A las que las horas extras no se les pagan.

¿Y las que son contratadas para hacer tortillas? En esos restaurantes de lujo, donde hacen las tortillas ahí a un costado de las mesas, ¿cuánto ganan esas mujeres, tienen beneficios laborales? No es solo hacer tortillas, son las que cocinan y limpian cuando el restaurante se cierra. Las que son bonitas para la foto del folclore que los comensales publican en redes sociales.

Los niños que lustran zapatos, que trabajan en tiendas y abarroterías, que cargan bultos en los mercados, ¿ellos a qué tendrán derecho? ¿A que nosotros los utilicemos como animales de carga? ¿A que altaneros pongamos los zapatos para que les saquen brillo, a los que les exigimos ligereza para atendernos? ¿A qué tienen derecho los niños que vemos todos los días haciendo malabares en los semáforos? ¿A las familias que viven en los basureros? ¿Tendrán derecho a una casa como la nuestra, con muebles parecidos a los nuestros, a nuestro carro, a nuestro patio, a nuestro refrigerador? ¿O qué, nosotros pertenecemos a otro nivel y ellos no tienen permitido un techo para dormir y tener una cama y una lámpara, una mesita de noche?

¿Esos niños no tienen derecho a una bicicleta como la tienen los nuestros? ¿No tienen derecho a ir a la escuela, a dejar de ser explotados trabajando? ¿Ese cargador de bultos no tiene derecho a un trabajo que no le parta la columna vertebral? ¿No tiene derecho a tener una casa con una silla dónde sentarse a descansar? ¿Vamos, no tiene derecho al tiempo de ocio?

¿Esas niñas, adolescentes y mujeres secuestradas con fines de explotación sexual acaso no tienen derecho a otra vida? ¿Y los adultos mayores vendiendo en las calles, exponiéndose a humillaciones, a que les llamen estorbo, a que se burlen de ellos y que les exijan rebaja que jamás pedirían en un supermercado? ¿Ellos a qué tienen derecho?

Muchas veces por estar inmersos en nuestro propio dolor, en nuestra propia cólera y frustración que por supuesto tenemos derecho a tenerlos y tenemos derecho a soñar con vidas distintas, no vemos que hay personas que están viviendo una vida de infierno, a las que pudiéramos ayudar, porque siempre se puede ayudar, nadie está realmente mal para no ayudar a otra persona en peores circunstancias. ¿Qué tanta es nuestra ira para exigir a un gobierno que cambie las condiciones de vida no nuestras, porque techo para dormir tenemos, sino las de ellos, de los miles que viven en los basureros? ¿Que cambie las condiciones laborales de los cortadores de caña, de los jornaleros golondrina, de las maquiladoras? ¿Qué tanto estaríamos dispuestos como sociedad a no utilizar el trabajo de los cargadores de bultos y a no explotar a niñas y adolescentes en trabajos de limpieza de casas? ¿Qué tanto haríamos para que esas niñas tengan la oportunidad de estudiar? ¿De que esos niños que lustran zapatos y hacen malabares frente a los semáforos estudien? ¿Y por esas niñas y adolescentes que dejan los brazos en los comales y fogones haciendo tortillas para que otros se llenen los bolsillos? ¿De los adultos mayores humillados por pararse frente a la banqueta de una casa a vender su canasto de verduras?

Siempre pensamos en derechos y beneficios para nosotros y los nuestros, pero somos incapaces de pensar en que otros en peores circunstancias también los merecen.

Siempre pienso en esto y es una forma para medir nuestro egoísmo humano o nuestra generosidad. Si tuviéramos dinero para comprar un par de zapatos nuevos, ¿le donaríamos los viejos a alguien en necesidad y compraríamos los nuevos para nosotros o nos quedamos con los que tenemos y les compraríamos los nuevos a alguien en necesidad? Es fácil desprenderse de lo que ya no necesitamos y está en mal estado, creemos que otra persona por estar en peores circunstancias económicas que nosotros merece eso que prácticamente es basura, y para lavarnos de culpas lo donamos. Pero somos incapaces de comprar algo nuevo y darlo a un completo desconocido, aun sabiendo que lo necesita más que nosotros. No, no somos tan buena gente como aparentamos. Y no, no estamos en tan malas condiciones económicas como para no voltear a ver alrededor y saber que podemos ayudar a alguien que realmente lo necesite. Si no es con dinero es con tiempo, con lo que sabemos hacer, pero de que se puede ayudar se puede.

Fuente: https://www.aporrea.org/ideologia/a287662.html

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Más pedagogía feminista y menos veto parental

Por: Mara Nieto

Este 8 de marzo resulta aún más importante, si cabe, reivindicar una educación feminista frente a las maniobras de la extrema derecha para eliminar cualquier intento de educar en valores de igualdad.

En teoría, la escuela tiene la función de educarnos para ser ciudadanos y ciudadanas competentes, capaces de actuar e intervenir en el mundo que nos rodea. Debería educarnos para poder identificar las situaciones de desigualdad y discriminación presentes en nuestro día a día, y para transformar esa realidad. De poco nos sirve saber mucho sobre determinadas disciplinas si no aprendemos a relacionarnos con nuestros iguales y a construir un mundo respetuoso con otras personas y con el medio y otras formas de vida.

A estas alturas, teniendo en cuenta que aún no existe una igualdad real de derechos entre mujeres y hombres en el mundo, o que más de 1.000 mujeres han sido asesinadas en los últimos 17 años, víctimas de la violencia machista en nuestro país (cifra que no incluye a aquellas mujeres asesinadas por hombres que no eran sus parejas o exparejas), debería ser inadmisible que el ámbito educativo no esté dando respuesta a un problema social de tal gravedad. Entre la población adolescente esta realidad no es ajena, más bien al contrario: cada vez se identifican más casos de discriminación y violencia, y el alumnado reclama, cada vez más, una educación que frene y prevenga esta problemática social. Sin embargo, estamos viviendo actualmente un constante cuestionamiento a la necesidad e importancia de educar para prevenir la violencia machista o, incluso, que se ponga en duda la discriminación de género.

Toda acción o actividad educativa que tenga como objetivo la concienciación y la sensibilización sobre los derechos de las mujeres y la prevención del machismo no puede considerarse de carácter optativo. Son aspectos que, se supone, deberían estar recogidos ya en las aulas y trabajados a través de cada una de las disciplinas, tal como señala el currículo oficial. Además de la actual ley educativa, tanto la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género como la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señalan que el sistema educativo debe asumir la educación para la igualdad y la prevención de la violencia machista. Sin embargo, por un lado, no podemos dar por hecho que esto sea así y, por otro, no podemos permitir un retroceso en este sentido. Por tanto, es obligación de los colegios e institutos diseñar, planificar y poner en marcha actuaciones que vayan en esta dirección, no sólo como actividades complementarias, sino integradas en la programación docente de cada materia.

Las actividades curriculares, dado que apenas se contemplan, no están recibiendo tanto cuestionamiento mediático. El hecho de que apenas se tengan en cuenta tiene su lado positivo y su lado negativo. Por un lado, tienen la desventaja de que sólo el profesorado más concienciado incluirá la perspectiva feminista en su programación docente. Por otro lado, precisamente el no considerarlas hace que no sean objeto de las críticas y permite una mayor libertad para su inclusión en las áreas curriculares. Este tipo de actuaciones están amparadas en las leyes anteriormente mencionadas y tienen gran potencial educativo al incluir la perspectiva feminista de manera transversal en el currículo.

Son las actividades complementarias las que más se están cuestionando y hacia las que se dirigen mayoritariamente las críticas de la extrema derecha. Las administraciones educativas establecen que las actividades complementarias que tienen lugar en los colegios e institutos han de desarrollarse en horario lectivo y son obligatorias para todo el alumnado, además de evaluables. Todas estas actividades se incluyen en la programación anual de los centros (pública y accesible), se aprueban en el claustro, se presentan en el consejo escolar, y son supervisadas por parte de la inspección educativa. En este contexto, las familias no pueden negarse a que sus hijos e hijas reciban esta formación.

Algunas personas y grupos reaccionarios están ejerciendo muchísima presión social y política para que se tengan en cuenta cuestiones que son ilegales en nuestro país actualmente. Están desarrollando maniobras de acoso hacia personas y colectivos que se dedican a educar con una perspectiva feminista y que ponen en valor la diversidad; personas y colectivos que llevan años trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa e igualitaria, más sensible a las cuestiones feministas, entre otras. Un ejemplo de ello es Pamela Palenciano con su monólogo “No sólo duelen los golpes”, que tantos ataques está recibiendo, o asociaciones feministas o de defensa de la diversidad sexual y de género que desarrollan formaciones para el alumnado. Estas personas y colectivos están realizando labores que las administraciones no sólo no asumen, a pesar de que por ley deben contemplarlas, sino que ahora algunas ni siquiera defienden.

Tendrá que llegar un momento en el que deje de darnos miedo hablar de feminismo y de pedagogías feministas. El feminismo no es otra cosa que la lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y por erradicar las violencias machistas que sufren las primeras por parte de los segundos. No tendría que haber razones por las que no quisiéramos una sociedad más justa, libre de violencias y de discriminaciones (por género o por cualquier otro motivo).

Abrir la puerta al veto parental es abrir la posibilidad de vetar los derechos humanos, el derecho de cada niño y niña de recibir una educación integral de calidad, el derecho de ser considerada como persona igual a otras. Es hacer explícito que cierto sector de la sociedad no quiere una sociedad más justa en la que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, que no quiere terminar con la violencia machista que vivimos las mujeres y que mata a miles de ellas en todo el mundo. Es negar a unas personas que se encuentran en proceso de crecimiento la posibilidad de recibir una educación integral, en valores de respeto e igualdad, en una educación sexual que no condene a nadie al ostracismo, que esté centrada en los derechos sexuales y reproductivos, en la salud y en el disfrute, que tenga en cuenta la diversidad sexual, las emociones, el consentimiento… No es un “pin” con un objetivo de proteger, es una censura, es un veto a construirse como persona.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/03/05/mas-pedagogia-feminista-y-menos-veto-parental/

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La lucha invisible de los movimientos sociales brasileños

Redacción: De Verdad Digital

¿Dónde está la lucha social en Brasil? ¿Cómo han reaccionado los movimientos sociales ante los inmensos ataques del gobierno actual contra la educación, los derechos de los trabajadores y las políticas públicas que se han construido duramente en las últimas décadas? Estas son algunas de las preguntas que se hacen frente a las constantes noticias propagadas por los medios de comunicación en Brasil y en el mundo en torno a las políticas destructivas del gobierno actual, especialmente con respecto a los temas sociales, culturales y ambientales. Sin embargo, enfatizamos que, a pesar de ser invisible para los grandes medios de comunicación, los movimientos sociales organizados siguen activos, con una agenda llena y pautas bien definidas. En este sentido, debe considerarse que la aparente ofuscación de las luchas populares en el gobierno actual no es accidental. Además de la parcialidad de la prensa brasileña y la falta de grandes adherencias a una agenda específica que podría desarrollarse en grandes movilizaciones populares, como vemos que sucede en otros países de América Latina, en el contexto político brasileño actual, los movimientos sociales han estado sufriendo no solo con el intento de criminalización de sus causas, sino también con las constantes persecuciones y asesinatos de líderes.

Además de los factores mencionados anteriormente, es importante destacar el hecho de que para la izquierda brasileña, en términos de organización política, el año 2020 es un hito importante para la reorganización de una defensa estratégica frente al avance de la extrema derecha. Esto se debe a que, en este año, las elecciones municipales se llevarán a cabo en el país, un punto crucial para la rearticulación de las fuerzas para la disputa presidencial de 2022. También se debe tener en cuenta que en el último año, Bolsonaro, con el claro objetivo de expandir su poder, rompió con el partido que lo eligió y expandiendo alianzas con los sectores más conservadores del país –como algunos sectores religiosos, especialmente evangélicos–, comenzó a recolectar firmas para la fundación de su propio partido: Aliança Pelo Brasil. Con un fuerte sesgo fascista, el mencionado partido, además de reunir a las fuerzas más oscuras del neoliberalismo, fomenta el armamento de la población, contribuyendo así a la formación de un Estado paralelo con un brazo en las organizaciones criminales y otro en el extremismo religioso. Frente a este escenario, la izquierda brasileña busca fortalecer sus bases en un intento por recuperar el poder político con un enfoque, primero en los ayuntamientos, para luego expandirse a los Estados y finalmente a las elecciones presidenciales de 2022.

Con respecto a las luchas sociales, existe, en el escenario brasileño actual, la presencia de tensiones simultáneas en varios sectores. En educación, los sindicatos de docentes y los técnicos administrativos continúan presionando al gobierno no solo contra los recortes en el financiamiento universitario, sino también contra la propuesta de reforma administrativa que, además de poner fin a la estabilidad de los funcionarios públicos, plantea la posibilidad de reducir los salarios. La Federación Única de Trabajadores del Petróleo (FUP), debido a los despidos y al incumplimiento de un convenio colectivo, el 31 de enero, decretó una huelga indefinida. Se espera que esta acción se extienda por diez estados. El mismo día, los empleados de Dataprev (Empresa de Tecnología e Información de la Seguridad Social) se declararon en huelga para suspender los despidos, como resultado del proceso de privatización. Los trabajadores bancarios se movilizan constantemente contra la privatización de los bancos públicos y para neutralizar las medidas provisionales que atacan a los trabajadores. La última victoria de este movimiento fue el derrocamiento de la Medida Provisional 905, que otorgó a los bancos el derecho de exigir a sus empleados que trabajen los sábados, domingos y feriados.

Cuando pensamos en movimientos más amplios, no es diferente. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), lanzó el 25 de enero la “Carta al pueblo brasileño”, buscando la unidad en la lucha y presentando, como una estrategia de oposición, una densa crítica al gobierno actual y el desarrollo de sus políticas.

La Central Única de los Trabalhadores (CUT) y la Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), marcaron un acto nacional, el 3 de febrero, fecha en que el presidente Bolsonaro y su ministro de economía, Paulo Guedes, tienen reuniones programadas con dirigentes de la industria en São Paulo. Según la CUT: «La manifestación contra Bolsonaro denunciará los ataques contra el sector industrial brasileño, que ha estado sufriendo la política de entregar empresas públicas a corporaciones extranjeras (…). Durante el acto, que también estará en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y para la generación de empleos decentes, con derechos garantizados, se presentará el documento «Acciones para una industria capaz de apoyar el desarrollo brasileño», preparado por el grupo de centrales sindicales.

No podemos ignorar, también, el papel de los movimientos sociales en las disputas electorales. Cada vez más, la izquierda brasileña considera la necesidad de ampliar la representatividad de los diversos sectores derivados de las luchas sociales en las diversas instancias del Parlamento (municipal, estatal y nacional). Dicha estrategia ha adquirido especial importancia con respecto a la defensa de las luchas populares frente a un contexto en el que, en una clara ofensiva al estado de derecho democrático, las fuerzas conservadoras han tratado de construir su hegemonía política a partir de los ataques contra los derechos humanos, las minorías y la pluralidad cultural.

En el escenario brasileño actual, hay un intento de unificar la oposición al gobierno dentro de un proyecto amplio de centro-izquierda. El sábado 18 de enero tuvo lugar una reunión del Comité Nacional Lula Livre en la sede de la CUT. El Partido de los Trabajadores anunció en su sitio web que “la reunión reunió a representantes de más de 25 organizaciones y movimientos que forman parte del Comité, incluidos miembros del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), Partido de la Causa de los Trabajadores (PCO), Partido Socialismo y Liberdade (PSOL) y Partido dos Trabalhadores (PT). (…) Entre las definiciones resultantes de la reunión, se decidió elaborar un calendario de actividades en todos los estados para que el ex presidente (Lula) pueda participar, dialogar y escuchar a la población «.

Los ejemplos antes mencionados demuestran que en el contexto político brasileño existe una oposición coherente que se consolida. Con respecto a las luchas sociales, nos damos cuenta de que a pesar de no tener visibilidad en los principales medios de comunicación, continúan reafirmando sus agendas y expandiendo su poder de acción. Y dada la pregunta inicial: ¿Dónde están los movimientos sociales? La mejor respuesta sería: ¡¡¡en la lucha!!!

*Andrez Wescley Machado tiene una maestría en Sociología, es profesor universitario e investigador en el Laboratorio de Estudios de Ciudad y Cultura del Instituto de Investigación de la Universidad de Río de Janeiro. También es Director del Partido Comunista de Brasil y Director del Sindicato de Profesores de la ciudad de Juiz de Fora.

Fuente: https://deverdaddigital.com/la-lucha-invisible-de-los-movimentos-sociales-brasilenos/

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