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Europa: Las personas que ayudan a refugiados y migrantes se exponen a ir a la cárcel porque las autoridades hacen uso indebido de leyes contra el tráfico ilícito de personas

Europa: Las personas que ayudan a refugiados y migrantes se exponen a ir a la cárcel porque las autoridades hacen uso indebido de leyes contra el tráfico ilícito de personas

En toda Europa se está procesando y hostigando a gente por actos de solidaridad con personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, como proporcionar ropa de abrigo, ofrecer cobijo y salvar vidas en el mar, ha manifestado Amnistía Internacional hoy. 

En un nuevo informe titulado Punishing compassion: solidarity on trial in Fortress Europe (Castigo a la compasión. La solidaridad a juicio en la Fortaleza Europa), la organización documenta cómo la policía y las fiscalías hacen uso indebido de leyes contra el tráfico ilícito de personas y medidas antiterroristas de por sí deficientes contra defensores y defensoras de los derechos humanos que ayudan a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.  

“El creciente énfasis en limitar y disuadir las llegadas a Europa ha supuesto que hacer que las personas refugiadas y migrantes se sientan a salvo y acogidas se considere una amenaza”, ha manifestado Elisa De Pieri, investigadora regional de Amnistía Internacional. 

“La falta de medidas de los Estados europeos para atender las necesidades básicas de las tales personas ha supuesto que a menudo la prestación de servicios esenciales y apoyo se deje en manos de gente corriente. Al castigar a quienes se ofrecen a paliar las carencias existentes, los gobiernos europeos ponen aún más en riesgo a las personas en movimiento.”

En el informe se examinan casos de defensores y defensoras de los derechos humanos contra quienes, entre 2017 y 2019, se presentaron cargos ilegítimos en Croacia, España, Francia, Grecia, Italia, Malta, Suiza y Reino Unido. Se muestra en él cómo se están utilizando injustamente recursos judiciales y policiales, así como leyes promulgadas para perseguir a redes delictivas de tráfico ilícito, contra quienes ayudan a las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo.  

Criminalización por ofrecer ropa de abrigo y cobijo 

Muchos de los casos descritos en el informe de Amnistía Internacional giran en torno al cargo de “ayuda a la entrada irregular”, que se ha utilizado contra personas y ONG por una amplia variedad de actos de solidaridad y humanitarios.  

Por ejemplo, el guía francés de montaña Pierre Mumber fue llevado a juicio por cargos de “ayuda a la entrada irregular” en Francia a raíz de haber ofrecido té caliente y ropa de abrigo a cuatro solicitantes de asilo de África Occidental. Al final fue absuelto en apelación.  

Un estricto régimen de control fronterizo impuesto en el lado francés de los Alpes ha supuesto que a las personas refugiadas y migrantes detectadas a menos de 20 kilómetros de la frontera italiana se las acuse de “entrar irregularmente” en Francia y que quienquiera que las haya ayudado corra riesgo de enjuiciamiento y condena.El acceso a los procedimientos de asilo está sumamente restringido si la persona es detectada en esa zona fronteriza, y son frecuentes las devoluciones sumarias a Italia. 

En Suiza se ha procesado y condenado a varias personas, entre ellas un pastor, simplemente por proporcionar cobijo a extranjeros o ayudarlos a acceder a los mecanismos de protección. 

El Parlamento suizo someterá a votación en los próximos días una reforma de la legislación sobre facilitación de la entrada irregular. Amnistía Internacional pide a los parlamentarios y parlamentarias que introduzcan una exención humanitaria que garantice claramente que no se penalizará ningún acto de solidaridad. 

Hostigamiento a ONG y criminalización del salvamento marítimo

Mediante el uso indebido de la legislación penal se ha atacado y acosado también a organizaciones de la sociedad civil. En Croacia, las ONG Are You Syrious y Centro de Estudios para la Paz han sufrido hostigamiento, intimidación y procesamiento por “ayuda a la inmigración irregular” como consecuencia de haber documentado y denunciado casos de personas devueltas sumariamente y con fuerza excesiva por la policía en las fronteras con Bosnia y Herzegovina y Serbia.  

En Italia, miembros de operaciones de salvamento que han salvado la vida de personas que viajaban a Europa en embarcaciones no aptas para la navegación marítima ha sufrido campañas de difamación, han sido objeto de investigación penal y han tenido que aplicar un código de conducta que puede retrasar las operaciones de salvamento y dejar abandonadas en el mar, sin un puerto en el que desembarcar, a las personas a las que rescatan. 

Desde agosto de 2017, las autoridades italianas han confiscado en múltiples ocasiones barcos de ONG, con la consiguiente reducción de número de buques disponibles para operaciones de salvamento, incluso a pesar de que el índice de muertes en el mar aumentó en 2018 y 2019.  

Las autoridades españolas han hecho uso indebido de normas administrativas para restringir las operaciones de salvamento de barcos de ONG, a las que han amenazado con multas de hasta 901.000 euros.  

Dos expertos miembros de equipos de salvamento, Sarah Mardini y Seán Binder, pasaron meses en prisión provisional tras ser detenidos por las autoridades griegas por ayudar a personas refugiadas a llegar a la isla de Lesbos. Están todavía en espera de juicio por cargos infundados como ayudar a la entrada irregular y espionaje.  

Ante las multas y el coste de su asistencia jurídica, las ONG y los defensores y defensoras de los derechos humanos a quienes se está criminalizando se ven obligados a dedicar parte del limitado tiempo y los limitados recursos de que disponen para su labor humanitaria a defenderse de cargos infundados y, en el caso de las organizaciones de salvamento marítimo, a conseguir que les devuelvan sus barcos.

En marzo de 2019, un grupo de personas refugiadas y migrantes se enfrentaron al capitán de barco que las había rescatado, El Hiblu, cuando intentó devolverlas ilegalmente a Libia, a pesar de que corrían un riesgo muy concreto de sufrir tortura y otros abusos contra los derechos humanos. Al llegar a Malta, las autoridades maltesas detuvieron a tres adolescentes que formaban parte del grupo por presunto secuestro del barco. Se enfrentan a penas de cadena perpetua por cargos desproporcionados en aplicación incluso de leyes contra el terrorismo. No ha aparecido hasta ahora ningún indicio de que utilizaran la violencia o pusieran a alguien en peligro.  

Amnistía Internacional pide a la UE y sus Estados miembros que reformen las leyes nacionales y europeas sobre facilitación de la entrada, tránsito y estancia irregulares para incluir en la definición del delito la búsqueda de beneficio material. De este modo se impediría el uso indebido de la legislación para castigar actos de solidaridad y humanidad.  

En la Declaración de la ONU sobre los defensores y defensoras de los Derechos Humanos se define como tales a quienes emprenden acciones para prestar ayuda y proteger los derechos humanos. De acuerdo con ella, los Estados tienen que garantizarles un entorno seguro y propicio, donde puedan desarrollar sus actividades sin temor a sufrir represalias.  

Los líderes y lideresas europeos deben establecer medidas para implementar la Declaración en la UE y garantizar que no se procesa a nadie simplemente por su trabajo en favor de los derechos humanos.

“Las autoridades deben dejar de criminalizar a los defensores y defensoras de los derechos humanos. La historia no tratará bien a los gobiernos que tratan como delito los actos realizados para salvar vidas”, ha señalado Elisa De Pieri. 

“En toda Europa, son muchas las personas que ha dado muestra de mucha más compasión y humanidad que sus gobiernos hacia quienes buscan seguridad. Es vergonzoso que los defensores y defensoras de los derechos humanos estén siendo atacados por autoridades insensibles que se empeñan en cerrar sus fronteras a toda costa, incluso de vidas humanas.” 

Fuente de la Información: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/03/europe-people-helping-refugees-and-migrants-risk-jail-as-authorities-misuse-anti-smuggling-laws/

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República Dominicana: Hacen llamado en pos de la igualdad de género, los derechos humanos y el respeto de la vida las mujeres

América Central/República Dominicana/08-03-2020/Autor(a) y Fuente: acento.com.do

El Centro Casas Comunitarias de Justicia estuvo desarrollando en conjunto con la comunidad, organizaciones comunitarias e instituciones públicas en Las Caobos, Santo Domingo Oeste y en Cienfuego, Santiago, marchas simultáneas este viernes 6 de marzo con la finalidad de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la importancia de continuar aunando esfuerzos en pro de la igualdad de género, los derechos humanos y el respeto de la vida de todas las mujeres.

“El 8 de marzo es un día para reflexionar sobre los avances alcanzados, espacios conquistados y continuar aunando esfuerzos en pro de la igualdad de género, los derechos humanos y el respeto de la vida de todas las mujeres. En el Centro Casas Comunitarias de Justicia estamos comprometidos con los derechos de las mujeres”, manifestó este viernes esta organización dedicada a la mediación y conciliación con el interés de garantizar el acceso a la justicia de los sectores vulnerables del país.

Esta institución surgida en el año 2005 implementan una atención diferenciada hacia las mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar, entre lo que incluyen acciones como son la formación de 10,200 mujeres en temas de derechos humanos, prevención de violencia y acceso a la justicia, entre otros temas.

La entidad recordó que 203,000 mujeres han accedido a la justicia a través de los servicios de mediación, conciliación, orientación legal y municipalidad, que son brindados en los diferentes centros ubicados en el país, como son CCJ-Santiago: desde Navarrete, Puerto Plata, Villa González, entre otros. CCJ-Santo Domingo Oeste: desde Los Alcarrizos, Pedro Brand, CCJ-Moca: desde Gaspar Hernández, La Vega, desde Jarabacoa, Constanza, Jima, entre otros.

También forman parte de esta iniciativa la Fundación Pro Bienestar de la Familia (PROFAMILIA), Asociación de Abogados de Santo Domingo Oeste, Foro de Prevención de Violencia Santo Domingo Oeste, Fundación Voluntad Educativa (FUNVE), Consejo Comunitario Buscando Soluciones (COCOBUSO), Asociación Dominicana de Personas con Discapacidad Físico Motora (ASODIFIMO) y Casa del Bienestar, mientras que en Santiago se suman, la Parroquia Santa Marta, la Unión de Mujeres por el Desarrollo de Cienfuegos y el Instituto Politécnico Ramón Dubert Novo.

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/2020/actualidad/8791203-hacen-llamado-en-pos-de-la-igualdad-de-genero-los-derechos-humanos-y-el-respeto-de-la-vida-las-mujeres/

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La explotación de los otros

Por: Ilka Oliva Corado

Muchas veces nos sentimos derrotados, frustrados y nos decimos una y otra vez, molestos, furiosos, cuestionantes que; tenemos derecho a una vida mejor. Una vida con derechos laborales, con soltura económica. Derecho a una casa mejor, espaciosa, con gran patio y a otros muebles. A tener el refrigerador lleno de comida. A poder comprarnos lo que queramos, a tener ese dinero extra para viajar y comprar un carro o cambiar el que ya tenemos. A un mejor trabajo, sí tenemos derecho y ese mismo derecho lo tienen otras personas en las que no pensamos por estar ensimismados en lo que creemos que nos falta sin darnos cuenta que otros la están pasando muy mal.

¿A qué tendrá derecho el cortador de caña al que se le va la vida entre el sol, el lomo curtido y los sueños rotos? ¿El jornalero golondrina que va de finca en finca cortando frutas y verduras a cambio de un pago que no le alcanza ni para lo básico? Ese jornalero al que humilla constantemente el caporal que se cree dueño de la finca. ¿No tienen derecho a una cama esos jornaleros que duermen en galeras amontonados en el suelo como leña aperchada?

¿A qué tendrán derecho las mujeres que se llenan las piernas de venas inflamadas paradas durante 16 y 18 horas al día trabajando en fábricas y maquiladoras? ¿A ir al baño por lo menos? Maquiladoras que salen de sus casas en la madrugada y llegan a media noche, que no vieron un solo rayo de sol durante el día, a las que les toca trabajar todos los días del año. A las que las horas extras no se les pagan.

¿Y las que son contratadas para hacer tortillas? En esos restaurantes de lujo, donde hacen las tortillas ahí a un costado de las mesas, ¿cuánto ganan esas mujeres, tienen beneficios laborales? No es solo hacer tortillas, son las que cocinan y limpian cuando el restaurante se cierra. Las que son bonitas para la foto del folclore que los comensales publican en redes sociales.

Los niños que lustran zapatos, que trabajan en tiendas y abarroterías, que cargan bultos en los mercados, ¿ellos a qué tendrán derecho? ¿A que nosotros los utilicemos como animales de carga? ¿A que altaneros pongamos los zapatos para que les saquen brillo, a los que les exigimos ligereza para atendernos? ¿A qué tienen derecho los niños que vemos todos los días haciendo malabares en los semáforos? ¿A las familias que viven en los basureros? ¿Tendrán derecho a una casa como la nuestra, con muebles parecidos a los nuestros, a nuestro carro, a nuestro patio, a nuestro refrigerador? ¿O qué, nosotros pertenecemos a otro nivel y ellos no tienen permitido un techo para dormir y tener una cama y una lámpara, una mesita de noche?

¿Esos niños no tienen derecho a una bicicleta como la tienen los nuestros? ¿No tienen derecho a ir a la escuela, a dejar de ser explotados trabajando? ¿Ese cargador de bultos no tiene derecho a un trabajo que no le parta la columna vertebral? ¿No tiene derecho a tener una casa con una silla dónde sentarse a descansar? ¿Vamos, no tiene derecho al tiempo de ocio?

¿Esas niñas, adolescentes y mujeres secuestradas con fines de explotación sexual acaso no tienen derecho a otra vida? ¿Y los adultos mayores vendiendo en las calles, exponiéndose a humillaciones, a que les llamen estorbo, a que se burlen de ellos y que les exijan rebaja que jamás pedirían en un supermercado? ¿Ellos a qué tienen derecho?

Muchas veces por estar inmersos en nuestro propio dolor, en nuestra propia cólera y frustración que por supuesto tenemos derecho a tenerlos y tenemos derecho a soñar con vidas distintas, no vemos que hay personas que están viviendo una vida de infierno, a las que pudiéramos ayudar, porque siempre se puede ayudar, nadie está realmente mal para no ayudar a otra persona en peores circunstancias. ¿Qué tanta es nuestra ira para exigir a un gobierno que cambie las condiciones de vida no nuestras, porque techo para dormir tenemos, sino las de ellos, de los miles que viven en los basureros? ¿Que cambie las condiciones laborales de los cortadores de caña, de los jornaleros golondrina, de las maquiladoras? ¿Qué tanto estaríamos dispuestos como sociedad a no utilizar el trabajo de los cargadores de bultos y a no explotar a niñas y adolescentes en trabajos de limpieza de casas? ¿Qué tanto haríamos para que esas niñas tengan la oportunidad de estudiar? ¿De que esos niños que lustran zapatos y hacen malabares frente a los semáforos estudien? ¿Y por esas niñas y adolescentes que dejan los brazos en los comales y fogones haciendo tortillas para que otros se llenen los bolsillos? ¿De los adultos mayores humillados por pararse frente a la banqueta de una casa a vender su canasto de verduras?

Siempre pensamos en derechos y beneficios para nosotros y los nuestros, pero somos incapaces de pensar en que otros en peores circunstancias también los merecen.

Siempre pienso en esto y es una forma para medir nuestro egoísmo humano o nuestra generosidad. Si tuviéramos dinero para comprar un par de zapatos nuevos, ¿le donaríamos los viejos a alguien en necesidad y compraríamos los nuevos para nosotros o nos quedamos con los que tenemos y les compraríamos los nuevos a alguien en necesidad? Es fácil desprenderse de lo que ya no necesitamos y está en mal estado, creemos que otra persona por estar en peores circunstancias económicas que nosotros merece eso que prácticamente es basura, y para lavarnos de culpas lo donamos. Pero somos incapaces de comprar algo nuevo y darlo a un completo desconocido, aun sabiendo que lo necesita más que nosotros. No, no somos tan buena gente como aparentamos. Y no, no estamos en tan malas condiciones económicas como para no voltear a ver alrededor y saber que podemos ayudar a alguien que realmente lo necesite. Si no es con dinero es con tiempo, con lo que sabemos hacer, pero de que se puede ayudar se puede.

Fuente: https://www.aporrea.org/ideologia/a287662.html

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Más pedagogía feminista y menos veto parental

Por: Mara Nieto

Este 8 de marzo resulta aún más importante, si cabe, reivindicar una educación feminista frente a las maniobras de la extrema derecha para eliminar cualquier intento de educar en valores de igualdad.

En teoría, la escuela tiene la función de educarnos para ser ciudadanos y ciudadanas competentes, capaces de actuar e intervenir en el mundo que nos rodea. Debería educarnos para poder identificar las situaciones de desigualdad y discriminación presentes en nuestro día a día, y para transformar esa realidad. De poco nos sirve saber mucho sobre determinadas disciplinas si no aprendemos a relacionarnos con nuestros iguales y a construir un mundo respetuoso con otras personas y con el medio y otras formas de vida.

A estas alturas, teniendo en cuenta que aún no existe una igualdad real de derechos entre mujeres y hombres en el mundo, o que más de 1.000 mujeres han sido asesinadas en los últimos 17 años, víctimas de la violencia machista en nuestro país (cifra que no incluye a aquellas mujeres asesinadas por hombres que no eran sus parejas o exparejas), debería ser inadmisible que el ámbito educativo no esté dando respuesta a un problema social de tal gravedad. Entre la población adolescente esta realidad no es ajena, más bien al contrario: cada vez se identifican más casos de discriminación y violencia, y el alumnado reclama, cada vez más, una educación que frene y prevenga esta problemática social. Sin embargo, estamos viviendo actualmente un constante cuestionamiento a la necesidad e importancia de educar para prevenir la violencia machista o, incluso, que se ponga en duda la discriminación de género.

Toda acción o actividad educativa que tenga como objetivo la concienciación y la sensibilización sobre los derechos de las mujeres y la prevención del machismo no puede considerarse de carácter optativo. Son aspectos que, se supone, deberían estar recogidos ya en las aulas y trabajados a través de cada una de las disciplinas, tal como señala el currículo oficial. Además de la actual ley educativa, tanto la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género como la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señalan que el sistema educativo debe asumir la educación para la igualdad y la prevención de la violencia machista. Sin embargo, por un lado, no podemos dar por hecho que esto sea así y, por otro, no podemos permitir un retroceso en este sentido. Por tanto, es obligación de los colegios e institutos diseñar, planificar y poner en marcha actuaciones que vayan en esta dirección, no sólo como actividades complementarias, sino integradas en la programación docente de cada materia.

Las actividades curriculares, dado que apenas se contemplan, no están recibiendo tanto cuestionamiento mediático. El hecho de que apenas se tengan en cuenta tiene su lado positivo y su lado negativo. Por un lado, tienen la desventaja de que sólo el profesorado más concienciado incluirá la perspectiva feminista en su programación docente. Por otro lado, precisamente el no considerarlas hace que no sean objeto de las críticas y permite una mayor libertad para su inclusión en las áreas curriculares. Este tipo de actuaciones están amparadas en las leyes anteriormente mencionadas y tienen gran potencial educativo al incluir la perspectiva feminista de manera transversal en el currículo.

Son las actividades complementarias las que más se están cuestionando y hacia las que se dirigen mayoritariamente las críticas de la extrema derecha. Las administraciones educativas establecen que las actividades complementarias que tienen lugar en los colegios e institutos han de desarrollarse en horario lectivo y son obligatorias para todo el alumnado, además de evaluables. Todas estas actividades se incluyen en la programación anual de los centros (pública y accesible), se aprueban en el claustro, se presentan en el consejo escolar, y son supervisadas por parte de la inspección educativa. En este contexto, las familias no pueden negarse a que sus hijos e hijas reciban esta formación.

Algunas personas y grupos reaccionarios están ejerciendo muchísima presión social y política para que se tengan en cuenta cuestiones que son ilegales en nuestro país actualmente. Están desarrollando maniobras de acoso hacia personas y colectivos que se dedican a educar con una perspectiva feminista y que ponen en valor la diversidad; personas y colectivos que llevan años trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa e igualitaria, más sensible a las cuestiones feministas, entre otras. Un ejemplo de ello es Pamela Palenciano con su monólogo “No sólo duelen los golpes”, que tantos ataques está recibiendo, o asociaciones feministas o de defensa de la diversidad sexual y de género que desarrollan formaciones para el alumnado. Estas personas y colectivos están realizando labores que las administraciones no sólo no asumen, a pesar de que por ley deben contemplarlas, sino que ahora algunas ni siquiera defienden.

Tendrá que llegar un momento en el que deje de darnos miedo hablar de feminismo y de pedagogías feministas. El feminismo no es otra cosa que la lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y por erradicar las violencias machistas que sufren las primeras por parte de los segundos. No tendría que haber razones por las que no quisiéramos una sociedad más justa, libre de violencias y de discriminaciones (por género o por cualquier otro motivo).

Abrir la puerta al veto parental es abrir la posibilidad de vetar los derechos humanos, el derecho de cada niño y niña de recibir una educación integral de calidad, el derecho de ser considerada como persona igual a otras. Es hacer explícito que cierto sector de la sociedad no quiere una sociedad más justa en la que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, que no quiere terminar con la violencia machista que vivimos las mujeres y que mata a miles de ellas en todo el mundo. Es negar a unas personas que se encuentran en proceso de crecimiento la posibilidad de recibir una educación integral, en valores de respeto e igualdad, en una educación sexual que no condene a nadie al ostracismo, que esté centrada en los derechos sexuales y reproductivos, en la salud y en el disfrute, que tenga en cuenta la diversidad sexual, las emociones, el consentimiento… No es un “pin” con un objetivo de proteger, es una censura, es un veto a construirse como persona.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/03/05/mas-pedagogia-feminista-y-menos-veto-parental/

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La lucha invisible de los movimientos sociales brasileños

Redacción: De Verdad Digital

¿Dónde está la lucha social en Brasil? ¿Cómo han reaccionado los movimientos sociales ante los inmensos ataques del gobierno actual contra la educación, los derechos de los trabajadores y las políticas públicas que se han construido duramente en las últimas décadas? Estas son algunas de las preguntas que se hacen frente a las constantes noticias propagadas por los medios de comunicación en Brasil y en el mundo en torno a las políticas destructivas del gobierno actual, especialmente con respecto a los temas sociales, culturales y ambientales. Sin embargo, enfatizamos que, a pesar de ser invisible para los grandes medios de comunicación, los movimientos sociales organizados siguen activos, con una agenda llena y pautas bien definidas. En este sentido, debe considerarse que la aparente ofuscación de las luchas populares en el gobierno actual no es accidental. Además de la parcialidad de la prensa brasileña y la falta de grandes adherencias a una agenda específica que podría desarrollarse en grandes movilizaciones populares, como vemos que sucede en otros países de América Latina, en el contexto político brasileño actual, los movimientos sociales han estado sufriendo no solo con el intento de criminalización de sus causas, sino también con las constantes persecuciones y asesinatos de líderes.

Además de los factores mencionados anteriormente, es importante destacar el hecho de que para la izquierda brasileña, en términos de organización política, el año 2020 es un hito importante para la reorganización de una defensa estratégica frente al avance de la extrema derecha. Esto se debe a que, en este año, las elecciones municipales se llevarán a cabo en el país, un punto crucial para la rearticulación de las fuerzas para la disputa presidencial de 2022. También se debe tener en cuenta que en el último año, Bolsonaro, con el claro objetivo de expandir su poder, rompió con el partido que lo eligió y expandiendo alianzas con los sectores más conservadores del país –como algunos sectores religiosos, especialmente evangélicos–, comenzó a recolectar firmas para la fundación de su propio partido: Aliança Pelo Brasil. Con un fuerte sesgo fascista, el mencionado partido, además de reunir a las fuerzas más oscuras del neoliberalismo, fomenta el armamento de la población, contribuyendo así a la formación de un Estado paralelo con un brazo en las organizaciones criminales y otro en el extremismo religioso. Frente a este escenario, la izquierda brasileña busca fortalecer sus bases en un intento por recuperar el poder político con un enfoque, primero en los ayuntamientos, para luego expandirse a los Estados y finalmente a las elecciones presidenciales de 2022.

Con respecto a las luchas sociales, existe, en el escenario brasileño actual, la presencia de tensiones simultáneas en varios sectores. En educación, los sindicatos de docentes y los técnicos administrativos continúan presionando al gobierno no solo contra los recortes en el financiamiento universitario, sino también contra la propuesta de reforma administrativa que, además de poner fin a la estabilidad de los funcionarios públicos, plantea la posibilidad de reducir los salarios. La Federación Única de Trabajadores del Petróleo (FUP), debido a los despidos y al incumplimiento de un convenio colectivo, el 31 de enero, decretó una huelga indefinida. Se espera que esta acción se extienda por diez estados. El mismo día, los empleados de Dataprev (Empresa de Tecnología e Información de la Seguridad Social) se declararon en huelga para suspender los despidos, como resultado del proceso de privatización. Los trabajadores bancarios se movilizan constantemente contra la privatización de los bancos públicos y para neutralizar las medidas provisionales que atacan a los trabajadores. La última victoria de este movimiento fue el derrocamiento de la Medida Provisional 905, que otorgó a los bancos el derecho de exigir a sus empleados que trabajen los sábados, domingos y feriados.

Cuando pensamos en movimientos más amplios, no es diferente. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), lanzó el 25 de enero la “Carta al pueblo brasileño”, buscando la unidad en la lucha y presentando, como una estrategia de oposición, una densa crítica al gobierno actual y el desarrollo de sus políticas.

La Central Única de los Trabalhadores (CUT) y la Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), marcaron un acto nacional, el 3 de febrero, fecha en que el presidente Bolsonaro y su ministro de economía, Paulo Guedes, tienen reuniones programadas con dirigentes de la industria en São Paulo. Según la CUT: «La manifestación contra Bolsonaro denunciará los ataques contra el sector industrial brasileño, que ha estado sufriendo la política de entregar empresas públicas a corporaciones extranjeras (…). Durante el acto, que también estará en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y para la generación de empleos decentes, con derechos garantizados, se presentará el documento «Acciones para una industria capaz de apoyar el desarrollo brasileño», preparado por el grupo de centrales sindicales.

No podemos ignorar, también, el papel de los movimientos sociales en las disputas electorales. Cada vez más, la izquierda brasileña considera la necesidad de ampliar la representatividad de los diversos sectores derivados de las luchas sociales en las diversas instancias del Parlamento (municipal, estatal y nacional). Dicha estrategia ha adquirido especial importancia con respecto a la defensa de las luchas populares frente a un contexto en el que, en una clara ofensiva al estado de derecho democrático, las fuerzas conservadoras han tratado de construir su hegemonía política a partir de los ataques contra los derechos humanos, las minorías y la pluralidad cultural.

En el escenario brasileño actual, hay un intento de unificar la oposición al gobierno dentro de un proyecto amplio de centro-izquierda. El sábado 18 de enero tuvo lugar una reunión del Comité Nacional Lula Livre en la sede de la CUT. El Partido de los Trabajadores anunció en su sitio web que “la reunión reunió a representantes de más de 25 organizaciones y movimientos que forman parte del Comité, incluidos miembros del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), Partido de la Causa de los Trabajadores (PCO), Partido Socialismo y Liberdade (PSOL) y Partido dos Trabalhadores (PT). (…) Entre las definiciones resultantes de la reunión, se decidió elaborar un calendario de actividades en todos los estados para que el ex presidente (Lula) pueda participar, dialogar y escuchar a la población «.

Los ejemplos antes mencionados demuestran que en el contexto político brasileño existe una oposición coherente que se consolida. Con respecto a las luchas sociales, nos damos cuenta de que a pesar de no tener visibilidad en los principales medios de comunicación, continúan reafirmando sus agendas y expandiendo su poder de acción. Y dada la pregunta inicial: ¿Dónde están los movimientos sociales? La mejor respuesta sería: ¡¡¡en la lucha!!!

*Andrez Wescley Machado tiene una maestría en Sociología, es profesor universitario e investigador en el Laboratorio de Estudios de Ciudad y Cultura del Instituto de Investigación de la Universidad de Río de Janeiro. También es Director del Partido Comunista de Brasil y Director del Sindicato de Profesores de la ciudad de Juiz de Fora.

Fuente: https://deverdaddigital.com/la-lucha-invisible-de-los-movimentos-sociales-brasilenos/

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Entrevista a la nueva Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes en Argentina, Marisa Graham: «La niñez no tiene capacidad de lobby»

Redacción: Página 12

Por: Sonia Santoro

La funcionaria elegida este viernes para el cargo explicó a Página/12 los ejes de la agenda que deberá afrontar. El hambre de los chicos será el tema central.

El Senado designó finalmente a la nueva titular de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes: es Marisa Graham, una abogada especialista en derecho de familia con una extensa trayectoria en la defensa de los derechos de la infancia. Ahora, tendrá una agenda amplísima y urgente: hambre, malnutrición, exclusión escolar, explotación laboral infantil y educación sexual integral serán los ejes de su tarea en el nuevo cargo, según explicó a Página/12 tras ser elegida.  También detalló por dónde deberá empezar:  «Uno de los temas centrales es el hambre de los niños, en particular los que mueren de hambre. Todos los temas que tienen que ver con la malnutrición. Uno de cada tres niños ingresa a la primaria con sobrepeso por ingestas de harinas, porque sus padres no pueden dar una dieta balanceada. Nadie puede garantizar los derechos de los niños si no se empieza con esto”, explicó.

La figura del defensor fue creada para proteger los derechos y visibilizar los problemas de niñas, niños y adolescentes y priorizar su defensa en la agenda de políticas públicas. Como dijo la senadora Nancy González, del FdT, durante la sesión de este viernes: “Si hablamos de los pañuelos verdes y celestes no estamos hablando de la importancia que tiene el nombramiento, no podemos por su posicionamiento juzgarla. Hoy estamos discutiendo una figura que va a darles derechos a los pibes y pibas para que le reclamen al estado por sus derechos”. González se refería a la oposición de algunos sectores al nombramiento de Graham por su apoyo a la interrupción legal del embarazo.

Graham fue titular de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, tiene una larga trayectoria dedicada a la defensa de los derechos humanos, en particular los de los niños y niñas y trabajó como asesora legislativa en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Tratados de Derechos Humanos en la Comisión Constituyente de 1994. Estará secundada por dos adjuntos: Juan Facundo Hernández, abogado y socio fundador del colectivo Derechos de la Infancia y la Adolescencia; y Fabián Repetto, politólogo e investigador principal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.

Fueron amplios los halagos a la trayectoria de Graham, que finalmente este viernes, inmediatamente después de la votación del Senado, juró en el mismo recinto para asumir su nuevo cargo. Los nervios producto de tantas dilaciones quedaban atrás.

–¿Qué es lo primero que hará al asumir? –preguntó Página/12.

–Una de las primeras cuestiones que hay que tener presente es que es una institución nueva, no es un cargo en funcionamiento, por lo cual desde el armado de la estructura hasta los presupuestos, a las designaciones de defensores adjuntos, hay una cantidad de trámites que tengo que encarar primero. Luego, por supuesto, los temas sustantivos que vengo diciendo.

–¿Cuáles son?

–Uno de los temas centrales es el hambre de los niños, en particular los que mueren de hambre, como los wichis en el norte. Todos los temas que tienen que ver con la malnutrición. Uno de cada tres niños ingresa a la primaria con sobrepeso por ingestas de harinas, porque sus padres no pueden dar una dieta balanceada. Nadie puede garantizar los derechos de los niños si no se empieza con esto.

Otro de los temas es primera infancia y la secundaria, la cantidad de chicos que terminan primaria y no pasan al secundario. Y también están los que pasan pero luego se da el abandono del secundario, en segundo y tercer año. Esto está vinculado a temas de pobreza porque los varones salen a trabajar o lo que ellos autoperciben como trabajo aunque son estrategias de supervivencia, y las chicas se quedan cuidando a los hermanitos y haciendo tareas domésticas para que los la madre o el padre trabajen.

Además también vamos a interpelar a la escuela secundaria, que en algunas zonas y en algunos lugares es expulsiva.

Otro tema en importancia es el tema de la Educación Sexual Integral (ESI), necesitamos implementar la ESI en todas las escuelas, fundamentalmente para la prevención de la violencia, el maltrato y al abuso sexual, sobre todo en los más pequeños.

Una de las cosas que también está es la explotación laboral en niños, niñas y adolescentes. No me refiero al niño que te vende una estampita, sino a los que trabajan, que hay un empleador que los mantiene en trabajo esclavo y hay una ganancia superlativa. Tenemos una ley que prohíbe el trabajo infantil.

Y los temas generales que tienen que ver con la pobreza, por ejemplo, el hábitat, familias con chicos que no tienen dónde vivir o viven en condiciones no dignas de habitabilidad. Y por supuesto los temas que tienen que ver con cuánto presupuesto se va a destinar a esta franja etaria.

–Es todo un símbolo que se haya demorado tanto tiempo la designación, ¿por qué se habla tanto de los derechos de los niños y cuesta tener políticas efectivas?

–Yo creo que tenemos en relación a niños, niñas y adolescente un corsi e ricorsi, vamos y venimos, hay momentos en que están en la agenda pública y política, siempre con recursos escasos, porque la niñez tiene que pelear el espacio fiscal porque no tiene capacidad de lobby; los niños no marchan por su presupuesto, es un espacio fiscal que hay que discutir. Y hay otros momentos en que la niñez y la adolescencia desaparecen hasta de los discursos y de las imágenes, y solo aparecen en momentos de retrocesos cuando son víctimas o victimarios, entonces aparecen “los menores”, desaparecen los niños. Desaparecen como ciudadanos y aparece de nuevo “la minoridad”. La minoridad aparece cuando es víctima, entonces ya no es un chico, sino que es el menor que fue atropellado, o cuando transgreden alguna norma (el menor entró a robar).

Y cuando desaparece la niñez también desaparecen los actores políticos que trabajan el tema.

–¿Cómo será la relación de la Defensoría con la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y familia (Sennaf)?

–La Defensoría tiene una función de control y supervisión de todos los actores y áreas que involucran niños, niñas y adolescentes y no hay área de ningún gobierno nacional, provincial o local que no involucre a esta parte de esta población. Por lo cual salud, vivienda, hábitat, todas las áreas, van a ser contraparte de la Defensoría, y la Sennaf también va a ser de esos organismos públicos con los cuales interactuaremos.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/250147-marisa-graham-la-ninez-no-tiene-capacidad-de-lobby

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Informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos sobre Colombia

Reseña: La Alta Comsisonada de la ONU para los derechos humanos sobre Colombia, presenta el informe anual, desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2019.

El presente informe evalúa la situación de derechos humanos en Colombia en 2019, con énfasis en la situación de las personas defensoras de derechos humanos, el uso de las fuerzas militares en situaciones de seguridad ciudadana, la lucha contra la impunidad y las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, evalúa la implementación de los aspectos de derechos humanos contenidos en el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP). El informe presenta recomendaciones para contribuir a mejorar la situación de derechos humanos en el país

Revisa el documento en formato pdf

Informe anual de de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos sobre Colombia

 

Fuente: https://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anuales/9136-informe-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano2019

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