Denuncian amenazas contra comunidad indígena en Colombia

América del Sur/Colombia/29-01-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello exigió la atención de las autoridades colombianas.

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, mediante comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, denunció este lunes amenazas lanzadas por un presunto paramilitar contra las comunidades indígenas de la etnia Sikuani, del asentamiento Iwitsulibo, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento Meta, Colombia.

La declaración asegura que las amenazas han sido proferidas por el señor Ernesto Martínez, conocido con el sobrenombre de «Cajuche». Según el documento, tales sucesos ocurrieron luego que el pasado 21 de enero las comunidades indígenas de la etnia Sikuani de Iwitsulibo y Tsawilonia Weewelianai volvieron al territorio ancestral del que fueron desplazadas para sembrar sus cultivos tradicionales y reconstruir sus vidas.

«El día 21 de enero de 2021, siendo aproximadamente las 10H30 (Hora local) llegó el sr. Intendente de apellido Salas adscrito a la Policía de Puerto Gaitán (Meta) acompañado del señor Ernesto Martínez, a quien lo indígenas lo reconocen con el sobre nombre o alias “Cajuche” quien ha sido visto presuntamente con grupos paramilitares del mismo municipio, dicho señor exigió al pueblo indígena el desalojo de los predios», explica el comunicado.

Asimismo, relata que «la comunidad indígena mostró la documentación en la que se demostró que se está tramitando el proceso de Medida de Protección de Territorio Ancestral en el marco del decreto 2333 de 2014 ante la Agencia Nacional de Tierras», entidad que «solicitó a la alcaldía de Puerto Gaitán, la suspensión de todos los procesos policivos, e inhibirse de iniciar otros sobre estos predios», agrega.

La organización defensora de derechos humanos refirió además que en medio de la situación anterior, «el intendente Salas manifestó que se retiraría en espera de las definiciones de sus superiores a lo que el señor Ernesto Martínez alias Cajuche profirió una amenaza contra la comunidad indígena. Si no se puede con la policía se tendrá que hacer con otro grupo”, advirtió la nota.

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello hizo un llamado a las principales autoridades de Colombia como el Ejército y la Policía Nacional así como a organizaciones y colectivos sociales para que tomen acciones a favor de la protección de los pueblos ancestrales de Puerto Gaitán y se eviten más amenazas y hechos graves que lamentar.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/denuncian-amenazas-comunidad-indigena-colombia–20210125-0054.html

Comparte este contenido:

Basta de desalojos

Por: Claudio Katz, Eduardo Lucita, Julio Gambina

Repudiamos desalojo y represión en Guernica

En la madrugada de hoy unas 1450 familias que ocupaban desde hacía meses un predio en la localidad de Guernica, buscando poder alcanzar alguna vez una vivienda digna de ser habitada, fueron violentamente desalojadas por miles de policías de la bonaerense –los mismos que hace pocas semanas rodearon armados la casa del gobernador Kicillof primero y luego la quinta residencial donde se aloja el Presidente de la Nación, sin que se los penalizara. Balas de gomas y gases lacrimógenos a granel utilizaron para avanzar, pertrechados como robocops, contra familias humildes, quemando sus modestas casillas, impidiendo que retiraran sus pocas pertenencias, con un saldo de 37 personas detenidas y otras golpeadas y lesionadas.

El censo puso fin a las dudas sobre la cantidad de familias involucradas, también mostró el origen de las mismas. Familias en situación de calle por no poder pagar los alquileres por pérdida de ingresos, familias hacinadas o que convivían en edificios inhabitables, mujeres con niños/as que huyeron de la violencia de género incrementada por el confinamiento.

Se trata de personas en situación de vulnerabilidad, pobres de toda pobreza que forman parte del 10.5% de indigentes y de los más de tres  millones y medio de familias carentes de vivienda según los registros oficiales. Sin embargo el ministro Berni no dejó de declarar haciendo gala de su eficiencia “Ya está todo desalojado”, como si hubiera vencido en una batalla entre iguales.

El desalojo cortó las negociaciones entre responsables del gobierno provincial y la comisión de delegados de los cuatro barrios organizados en el predio, que ya habían elevado, al juez y al ministro Larroque, por medio de  la Gremial de Abogados, una propuesta realista y posible de ejecutar que no fue considerada. Los funcionarios prometieron una solución alternativa que contemplara las necesidades de las familias, la misma terminó consistiendo en sumas de dinero mensuales a cambio de desalojar los terrenos. En el medio maniobras para desgastar y dividir a los ocupantes hasta que se cumplieran los tiempos fijados por el juez para ejecutar el desalojo por la fuerza.

Es inevitable no destacar que el gobierno nacional y los provinciales no tienen la misma actitud con por ejemplo con la apropiación de Lago Escondido por parte de Joe Lewis (el amigo del ex presidente Macri); con la usurpación de tierras de la escuela Agrotécnica por la familia Etchevehere o con la estafa y fuga de capitales en el caso Vicentín; tampoco con la evasión de sectores acomodados, 100 mil lotes y 50 mil viviendas terminadas en 590 barrios cerrados, clubes de campo y countries que figuran como baldíos o pagan impuestos como tierra rural. Nada hacen con quienes retienen exportaciones buscando forzar una devaluación que agravará la actual crisis humanitaria, nada contra los desmontadores de bosques nativos o  los desarrolladores inmobiliarios que no respetan los humedales o los especuladores que compran tierras a precio vil para revenderlas. En estos casos no hay desalojos, los desalojos solo son para los pobres.

El desalojo violento de la toma de Guernica sienta un delicado precedente ante futuras ocupaciones, también una advertencia para que el intento del Proyecto Artigas no se multiplique. Es una concesión frente a la oposición derechista, la clase dominante y la presión de los grandes medios de comunicación.

Tenemos que ser claros: toda familia que ingresa en un terreno vacío y ocioso lo hace por necesidad. No hay ninguna otra explicación. Son víctimas, no culpables. Llamarlos usurpadores y delincuentes es una bajeza moral y una claudicación ideológica.

Afirmamos que donde hay una necesidad nace un derecho, no un delito. Rechazamos toda criminalización de las demandas sociales. La acción de estas familias no es delito sino denuncia. Es el grito de los excluidos por la avaricia de los poderosos.

Desde el 2001 las necesidades de acceder a una vivienda digna crecen sin parar, esto se ha agudizado bajo la administración Macri y más aun en medio de la pandemia. Es una obligación moral  de todo gobierno dar tierra y techo a quién lo necesite. No otra cosa que amparar a los desamparados.

Basta de represión y desalojos.

Solidaridad con todas las familias desalojadas.

Tierra para vivir.

Bs.As. 29.10.2020 Claudio Katz / Julio Gambina / Eduardo Lucita

Adhesiones a: declarac…@yahoo.com.ar

Fuente e imagen: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/10/30/basta-de-desalojos/

Comparte este contenido:

Entrevista a Silvio Schachter: «El techo para vivir no es una opción, no es una elección, es una necesidad prioritaria»

S.S.: El nombre Guernica tiene una asociación directa al bombardeo de la aviación alemana al pueblo de Guernica y uno de los cuadros icónicos y más emblemáticos del Siglo XX de Picasso que lleva ese mismo nombre.

Pero esta localidad recibe ese nombre antes, fue creada antes del bombardeo por una aristócrata que se llamaba Matilda Díaz Vélez que no tenía ninguna simpatía por la República española. Si bien es un homenaje a sus ancestros españoles vascos, no es una referencia al bombardeo. Eso se crea en 1934 cuando ella recibe de una herencia una parte de las estancias familiares y crea esta localidad que está en el partido que ahora se llama Presidente Perón.

El hecho que es conocido, se produce cuando 2.500 familias, unas 10.000 personas ocupan el terreno en Guernica e inmediatamente, no es el bombardeo de la aviación alemana pero sí el de los medios, políticos y varios funcionarios que reclaman acciones punitivas e ilegales y rodean a esta gente con una cantidad de adjetivos como “usurpadores”, “ilegales”, “especuladores”, etc. Cuando en realidad es un acto de desesperación de aquellos que no tienen techo, que están en situación de calle, que han sido expulsados de sus viviendas porque lacrisis económica les impide pagar un alquiler o la renta de donde estaban viviendo, inclusive en algunos lugares muy precarios como puede ser una villa miseria, donde un porcentaje muy alto de la gente que la habita tiene que pagar alquileres para vivir ahí.

La mayoría son familias, gente que se ha quedado sin trabajo, que estaba pagando unos lotes en zonas aledañas que producto de la crisis no pudo seguir pagando esas cuotas y no le quedó otro recurso que salir a ocupar una tierra.

Yo siempre insisto en que el techo para vivir no es una opción, no es una elección, no es que elijo este lugar porque quiero vivir acá. Es una necesidad prioritaria, nadie puede vivir sin un lugar físico a dónde hacerlo y es tan imprescindible como puede ser alimentarse o curarse.

Inclusive se puede vivir sin educación, con todo lo brutal que esto puede ser, pero se necesita un espacio físico para poder vivir. Y cuando ese espacio físico es negado por muchas razones, no queda otra opción que la búsqueda desesperada de un lugar accesible, a donde se pueda empezar a construir un techo.

Porque otro dato importante es que la ocupación de un terreno no resuelve el tema, es el primer paso de un largo y duro ejercicio de auto construcción con medios precarios, etc. La sorpresa de algunos que hablan de usurpación, que no se puede permitir este tipo de actos que violentan a la propiedad privada, ignora que el 25% de la población de América Latina vive en villas y asentamientos y que casi todas las villas, que nosotros le llamamos así, pero se puede llamar favela, cantregrill, rancho, depende de cada país, pero la mayoría de esos barrios pobres se han construido sobre terrenos ocupados. No vienen de loteos conforme a la lógica de la propiedad privada sobre la tierra. Quiere decir que estamos hablando de cien millones de personas viviendo en Latinoamérica en villas.

M.H.: Recuerdo el libro de Bernardo Verbitsky, Villa miseria también es América

S.S.: Excelente libro, de fines de los 50, de ahí surge el concepto “villa miseria”. Aunque ya había asentamientos pobres previamente. Él lo que hizo fue una descripción social del fenómeno. Porque es un fenómeno socio espacial, es espacial en tanto y en cuanto ocupa un espacio físico en el que desarrollar biológicamente la vida. Pero es un tema social, que tiene que ver con la pobreza, con la relación de propiedad. Es histórico a partir de la ocupación de tierras y la autoconstrucción de espacios, hábitats precarios donde vivir, se ha generado lo que en urbanismo se llama “urbanización formal” y “urbanización informal” y lo formal tiene que ver con las normas de propiedad del suelo urbano.

Estos procesos, entre lo formal y lo informal conviven a veces alejados entre sí y en otros casos en zonas de tensión, como sucede en Retiro o algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

M.H.: Como Flores Sur, Pompeya, entre otros. 

S.S.: Y uno va a Río de Janeiro y estando en Copacabana levanta la vista ve la favela en el morro.

M.H.: Yo conocí Mangueira, cuando fui en 1984, uno de los sambadores de Mangueira era amigo de un amigo, y ese año había ganado la escola entonces hicieron una fiesta ahí, y me llevó. Así conocí la favela de Mangueira. 

S.S.: Es una de las más grandes, aunque la más famosa es la Rosinha. Los sectores de la cultura, como Chico Buarque se declara fanático de la escola do samba de Mangueira.

M.H.: Cada escola tiene su torcida. 

S.S.: Sí. Mangueira sufrió cuando fueron las Olimpíadas y el Mundial de fútbol, que fue en el Maracaná, como se necesitaba más playa de estacionamiento y más servicios para el Maracaná que está muy próximo a Mangueira le serrucharon una parte a la favela y su gente fue desparramada por zonas que no recibían condiciones de habitabilidad. Fue hecho muy compulsivamente y comenzó inclusive en la época que gobernaba Lula. Hubo resistencias y movilizaciones que fueron bastante violentamente reprimidas por la policía, se oponían a la realización del Mundial y las Olimpíadas a cuenta de desalojar a la gente.

El desalojo siempre ha sido un método para aquellos que tienen el poder ante los más pobres. Para los cuales no existe la ley. Esto puede causar alguna reminiscencia a lo que fue la política de Cacciatore en la Ciudad de Buenos Aires en la época de la dictadura. Que “erradicó”, barrió y arrasó con las villas en la Ciudad.

M.H.: O el general Bussi que directamente las tapió en Tucumán. 

S.S.: Cacciatore subió a la gente en camiones y las dejó en descampados en el Gran Buenos Aires.

M.H.: Durante muchos años di clases en el Bachillerato Popular Darío Santillán en la Villa 21-24 de Barracas, y ahí tuve la oportunidad de conocer la historia del barrio a través de un trabajo que hicieron los chicos del CENS. La 21-24 fue completamente desalojada durante la dictadura. 

S.S.: Bueno, en la Villa 31 de Retiro quedaron muy pocas casillas a partir del recurso de amparo que presentaron abogados, una abogada que en ese momento era mi compañera y otro abogado que lograron que la justicia impidiera el desalojo de muy pocas casillas, en ese momento eran 20, la mayoría fueron desalojados. Cacciatore lo que hacía era tirarles los contenedores encima. Y a partir de que se frenó ese desalojo la Villa poco a poco se fue reconstruyendo.

M.H.: ¿En qué año fue esto? 

S.S.: En 1977 en plena dictadura. Hay un tema de Spinetta sobre la Villa del Bajo Belgrano que Cacciatore también desalojó, esa Villa desapareció por completo, nunca más se volvió a construir. Ahora hay viviendas de alta gama.

En general los desalojos compulsivos y más rápidos se producen en terrenos que tienen precio alto para el mercado inmobiliario. Aquellos que se construyen sobre basurales o zonas inundables son más “tolerables” por decirlo de alguna manera. Aquellas que no tienen valor comercial al menos en lo inmediato, lo que sucede es que la Ciudad crece y lo que hoy aparece como bajo valor, en algún momento descartado para el mercado inmobiliario, a medida que la Ciudad crece o que el Estado va construyendo servicios, ese suelo aumenta el precio y también la presión por el desalojo.

M.H.: Que es lo que pasa precisamente con la Villa 31, que está interrumpiendo el corredor de la costa. Y la otra que también cumple el mismo rol es la Rodrigo Bueno. 

S.S.: Claro porque está al lado de las tierras que fueron fraudulentamente adquiridas de lo que fue la Ciudad deportiva de Boca. Que tiene un proyecto que se llama “Santa María de los Buenos Aires”. El Estado siempre ha sido muy generoso con los grandes operadores inmobiliarios para cederles tierra a cambio de dinero y entregar tierra pública, que nos pertenece a todos, que se ha valorizado social y culturalmente con infraestructura que todos pagamos.

El derecho constitucional a la vivienda pocas veces se cumple 

M.H.: Yo quiero cuestionar también esta idea de sentido común de la propiedad privada que tanto se ha instalado en nuestros días. Porque hay que recordar que la propiedad de la tierra en América Latina no era privada, era comunitaria. Incluso hoy en día tenemos varios conflictos en el territorio nacional con nuestros pueblos originarios por ese motivo. 

S.S.: Ese es un tema que recorre toda América Latina, sobre todo en el área extractivista. Son pueblos originarios o trabajadores de la tierra cuyas familias han vividos siglos ahí, son desalojados compulsivamente, como en este caso se pretende con Guernica u otras tomas de tierra, para garantizar la explotación del subsuelo por parte de grandes compañías internacionales.

También el Estado es muy flexible, y en realidad actúa como punta de lanza, le ofrece el poder de policía a aquellas multinacionales que no lo tienen y en algunos casos también tienen el poder de policía ellos.

M.H.: Lo tratamos hace poco con Gustavo Lahoud referido al empresario inglés Lewis en el sur, que no solo tiene una policía privada, sino además el apoyo de la Prefectura en el último intento de llegar al Lago Escondido y de la propia policía provincial rionegrina. 

S.S.: La historia de los grupos es muy conocida en Brasil también, hay una película que se llama “Antonio Das Mortes” de Glauber Rocha. Siempre hubo estos grupos paramilitares, que actúan abiertamente como sucede ahora en Colombia y en otros lugares de Centroamérica.

Sobre lo que sucedió y sucede aquí en la Patagonia, Osvaldo Bayer escribió mucho y muy bien sobre el tema, donde los grandes estancieros utilizaban cazadores para desplazar a los habitantes originarios y les pagaban por orejas. Hoy utilizan otros métodos, pero el contenido es parecido.

El suelo no es un bien producido, no es un producto de la riqueza generada por el hombre, ni siquiera le cabe el concepto de meritocracia. El suelo no es producido por nadie, por eso no tiene valor, tiene precio, pero no valor. El suelo siempre es apropiado sobre la base del dinero. No es una mercancía común, porque es un bien limitado, no se reproduce y en cuanto más crece la ciudad lo que aumenta es su precio. Con lo cual es un bien que básicamente especulativo. Muchas veces he comentado este ejemplo. Si voy a un terreno y dejo ahí un millón de dólares durante un tiempo, cuando vuelva va a seguir habiendo un millón de dólares. Es el trabajo humano sobre ese terreno el que le da cierto valor. Cuando no hay trabajo humano en ese terreno el precio tiene que ver con todo lo que se construye alrededor. La estructura, la vida social, cultural, etc. Esos fenómenos que después derivan en otro proceso como la gentrificación son muy claros.

Lo que quiero señalar es que la idea de que hay un Estado mediador está en crisis, porque en realidad todo lo que está haciendo es desalojando, y el desalojo es una manera de encubrir el problema, porque está trasladando a la gente generando más parias urbanos. Además, justamente ahora en la provincia de Buenos Aires hay un ministro de Seguridad que no es Patricia Bullrrich pero que se parece mucho. De hecho, hay un spot suyo en el que se vanagloria en el corto período que está en la provincia de haber desarmado 800 tomas y metido presa a más de 500 personas. Lo cual se contradice bastante con algunas declaraciones del gobierno actual en las que se habla de justicia social, derechos, etc.

Me parece que empieza a ser cada vez más incompatible ese discurso con las realidades que se van planteando sobre todo para aquéllos con más niveles de urgencias. Hay que esclarecer este problema y reivindicar el derecho a la vivienda que dice la Constitución e innumerables declaraciones internacionales pero que pocas veces se cumple. Lo que sí se cumple es la judicialización de estos procesos y el desalojo compulsivo, con lo cual los derechos escritos si no se cumplen de poco sirven.

Fuente: https://rebelion.org/el-techo-para-vivir-no-es-una-opcion-no-es-una-eleccion-es-una-necesidad-prioritaria/
Comparte este contenido:

Nueva encuesta revela los principales desafíos de los venezolanos migrantes en América Latina

Falta de dinero, escasez de alimentos, falta de un lugar para dormir, inseguridad, falta de transporte, problemas con los documentos de viaje, son algunos de los obstáculos más comunes a los que se han enfrentado los migrantes y refugiados venezolanos al salir de su país. El coronavirus ha agravado la situación en once países de acogida en la región.

La pandemia de COVID-19, los desalojos, la pérdida del empleo, el poco acceso a la salud y la educación, y la imposibilidad práctica en la mayoría de los casos de cumplir con las normas de distanciamiento social y aislamiento han generado importantes retrocesos en la posibilidad de los venezolanos de integrarse a sus países de acogida, advirtió este jueves Eduardo Stein, representante especial de las agencias de la ONU para refugiados y migrantes venezolanos.

Sus palabras están incluidas en la presentación de una nueva encuesta de la Organización Internacional para las Migraciones y el Instituto de Políticas de Migración en once países de América Latina y el Caribe que revela importantes datos demográficos de la población que ha salido de Venezuela.

UNICEF/Arcos
Una madre y su hijo saliendo de Venezuela y en camino hacia Cali, Colombia.

Los datos demográficos

El estudio detalla la situación de los venezolanos en 2019, antes de la pandemia, y asegura que aquellos que se dirigieron a los países vecinos inmediatos, como Brasil, Colombia, Guyana y Trinidad y Tobago, tienden a tener un nivel educativo más bajo que los venezolanos que se mudan a otros países más lejanos. También tienen más probabilidades de ser más jóvenes y solteros y reportan un acceso más restringido a la salud, y servicios psicosociales.

Quienes viajaron a países cercanos, pero no adyacentes, como Ecuador y Perú, también tienden a ser jóvenes, pero más de un tercio tienen un título técnico o superior.

El último grupo, que se trasladó a destinos más alejados (Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay) es mayor en promedio y reporta niveles educativos particularmente altos, con la mitad o más con una licenciatura o maestría.

“Como parte de la respuesta a la situación de emergencia de refugiados y migrantes venezolanos, desde 2017 la OIM ha recolectado datos intersectoriales sobre esta población que han sido clave para asegurar que las partes interesadas a nivel nacional y regional puedan tomar decisiones basadas en evidencia y eso también ha sido útil como insumo para el Plan Regional para Refugiados y Migrantes”, dijo Diego Beltrand de la OIM.

PMA / Jonathan Dumont
Las «trochas» son cruces ilegales en la frontera entre Colombia y Venezuela. En esta imagen, venezolanos cruzan un río cerca de Cúcuta, en Colombia en septiembre de 2018.

Diferentes estados migratorios

En los 11 países, los encuestados informaron tener una variedad de estados migratorios, lo que refleja las diferencias en sus perfiles, así como las políticas diversas y en gran medida acogedoras que los países de la región han diseñado para abordar uno de los flujos migratorios más grandes del mundo.

Porciones notables de venezolanos en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay describieron haber obtenido la condición de residencia, solicitante de asilo o refugiado, mientras que Ecuador parece tener la mayor proporción de migrantes irregulares de los países incluidos en la muestra.

Dado que los países receptores ahora enfrentan el desafío de atender las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos, así como de las comunidades de acogida, y al mismo tiempo gestionar la crisis de salud pública de COVID-19, existe una necesidad urgente de datos oportunos y precisos sobre las características y vulnerabilidades de esta población.

“Necesitamos buenos datos para orientar las decisiones de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional para que podamos convertir una crisis de flujo mixto, especialmente en medio de la pandemia de COVID-19, en una oportunidad a largo plazo para la región. aprovechando el talento y las habilidades de los refugiados y migrantes venezolanos que se han trasladado a otros países del hemisferio”, dijo el presidente del Instituto de Políticas de Migración, Andrew Selee.

UNICEF / Arcos
Cientos de niños cruzan la frontera desde Venezuela para ir a la escuela en Cúcuta, Colombia.

Otros hallazgos clave del análisis de datos:

  • Los desafíos experimentados durante el viaje de los venezolanos que se informaron con mayor frecuencia en los 11 países, en orden de frecuencia, fueron falta de recursos financieros, escasez de alimentos, falta de un lugar para dormir, inseguridad, falta de transporte, problemas con los documentos de viaje, falta de información y preocupaciones de salud. En Guyana, el 80 por ciento de los encuestados expresó su preocupación por la inseguridad alimentaria, mientras que el 91 por ciento en Colombia experimentó problemas financieros durante el viaje.
  • Una proporción significativa de encuestados en varios países encuestados reportó acceso a la atención médica: Brasil (87 por ciento), Chile (80 por ciento), Paraguay (61 por ciento), Costa Rica (59 por ciento) y Trinidad y Tobago (57 por ciento). En contraste, el 62 por ciento en Guyana informó no tener acceso.
  • Pocos encuestados dijeron que tienen la intención de regresar a Venezuela; en todos los países excepto Colombia, el 5 por ciento o menos indicó una intención de regresar. Mientras que el 17 por ciento en Colombia declaró que tenía la intención de regresar, el 58 por ciento dijo que planeaba permanecer en Colombia y el 24 por ciento expresó su deseo de seguir adelante. Para los otros 10 países, más de las cuatro quintas partes dijeron que planeaban permanecer donde estaban.
  • Un número significativo informa que envía remesas u otros recursos a los dependientes en Venezuela. Casi tres cuartas partes de los encuestados en Trinidad y Tobago, el 56 por ciento en Ecuador y el 53 por ciento en Paraguay lo hicieron. Las proporciones fueron menores en Argentina (26 por ciento) y Costa Rica (21 por ciento).

Fuente: https://news.un.org/es/story/2020/08/1479612

Comparte este contenido: