En el 2014, unos 23.000 mensajes de texto relacionados con el cártel Guerreros Unidos fueron interceptados por la DEA. En estos hay escalofriantes detalles sobre el secuestro y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La información recién fue entregada a las autoridades mexicanas el año pasado
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, un total de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero. Ellos habían llegado a esa ciudad para tomar por la fuerza autobuses con los que pretendían viajar a la Ciudad de México con el fin de participar en una manifestación, algo que hacían todos los años. Nueve años después, se conocen nuevas revelaciones que confirman la participación directa en el caso del crimen organizado en complicidad con policías y autoridades civiles y militares.
El diario estadounidense The New York Times tuvo acceso a unos 23.000 mensajes de texto inéditos que fueron interceptados por la DEA en el 2014, y a declaraciones de testigos y documentos de la investigación.
Tras analizar el material, la conclusión a la que llega el NYT es que prácticamente todas las ramas de gobierno en el estado de Guerrero llevaban meses trabajando en secreto para el grupo criminal Guerreros Unidos, responsable del secuestro de los estudiantes. Así, este cártel de la droga tenía a su disposición toda la maquinaria del Estado no solo para traficar droga con total libertad, sino que le fue fácil interferir en la investigación y ocultamiento de este caso no resuelto.
De los mensajes se desprende que uno de los comandantes de la policía incluso persiguió a los rivales del grupo criminal por orden de Guereros Unidos.
También se confirma que el secuestro y muerte de los estudiantes se debió a un error de la organización criminal Guerreros Unidos.
El día de los hechos, los estudiantes que viajaban en autobuses fueron emboscados a tiros por la policía en la ciudad de Iguala.
Un total de 43 de jóvenes fueron entregados a Guerreros Unidos. Estos criminales creían que formaban parte de un cártel rival que les iba a disputar su territorio. Además, una investigación posterior a los hechos concluyó que en uno de los autobuses tomados por la fuerza había droga camuflada por ese cártel para ser trasladada hasta la ciudad de Chicago, en Estados Unidos.
La complicidad de los militares y policías
Según el New York Times, la DEA interceptó los 23.000 mensajes en el 2014 mientras investigaba el tráfico de drogas de Guerreros Unidos en los suburbios de Chicago. Nunca compartieron con México los mensajes porque no confiaban en sus autoridades. Recién los entregaron el año pasado.
Los documentos consultados por el New York Times establecen que los militares sobornados por los narcos estaban monitoreando de cerca el secuestro de los estudiantes pero nunca acudieron a socorrerlos.
La nueva evidencia revelada permite saber ahora que los estudiantes fueron llevados en grupos a diferentes lugares y a algunos se les mantuvo con vida durante días, con conocimiento de la policía y los militares.
Según el diario estadounidense, una declaración jurada de un socorrista que estaba en la nómina del cártel dice que recibió dos llamadas telefónicas la noche de los secuestros. En una de ellas uno de los comandantes de la policía le preguntó “a quién debía entregar los ‘paquetes’”, refiriéndose a los secuestrados, y en otra un asesino del cártel le preguntó quién le traía “los paquetes”.
Dicho socorrista tenía otro trabajo no oficial: reunir información para el cártel. Durante meses envió a un líder de Guerreros Unidos actualizaciones al minuto sobre todos los movimientos de las fuerzas del orden.
El medio informó también que según un miembro del cártel, algunos de los estudiantes fueron llevados a una casa, asesinados y descuartizados y posteriormente quemados en el crematorio propiedad de la familia de un forense, que también estaba en la nómina del cártel.
El integrante del cártel les dijo a las autoridades que los hornos solían usarse para “desaparecer gente sin dejar rastro”.
Ese forense era el encargado de enviar al cártel fotos de cadáveres y evidencia en escenas de crímenes, según muestran los mensajes.
También civiles a la orden del cártel
En los mensajes de texto interceptados por la DEA, los traficantes de droga y sus colaboradores se quejaban de la insaciable codicia de los soldados, y se referían a ellos como “putos” a los que tenían “en la bolsa”.
También hablan con los funcionarios del gobierno mexicano comprados a través de sobornos, a quienes incluso insultan y amenazan.
“¿Quieres que ponga en orden a la prostituta de tu concejal, o lo matamos?”, le preguntó un miembro del cártel a un alcalde local.
El alcalde respondió: “Yo te lo traigo. Es un buen trabajador”.
Un teniente incluso armó a sicarios vinculados al cártel Guerreros Unidos y, según un testigo, ayudó a la policía a intentar ocultar su participación en el crimen de los estudiantes.
Mientras que un forense habló de recibir automóviles del cártel y declaró su lealtad a un líder de Guerreros Unidos en Chicago, llamándolo “mi jefe”. “Nunca te daré la espalda”. “Ustedes son como mi familia”.
¿Por qué los secuestraron y asesinaron?
¿Por qué el cártel Guerreros Unidos ejecutó a los 43 estudiantes que se estaban formando para ser maestros y no estaban involucrados en el crimen organizado?
El New York Times sostiene que en los meses previos al secuestro, de acuerdo con las intervenciones telefónicas, el cártel se había puesto cada vez más paranoico, pues estaba asediado por luchas intestinas mortales mientras trataba de defender su territorio ante el avance de sus rivales narcos.
Entonces, cuando decenas de estudiantes llegaron a Iguala y tomaron los autobuses, que eran muy parecidos a los que el cártel usaba para contrabandear droga a Estados Unidos, los traficantes confundieron el convoy con una incursión enemiga y dieron la orden de atacarlo.
Han pasado nueve años del crimen y hasta ahora nadie ha sido sentenciado. El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto fue acusado de orquestar un amplio encubrimiento para esconder la participación de militares y policías en el secuestro, en particular las del poderoso ejército.
A principios de este mes, el Gobierno Mexicano informó que se han iniciado procesos judiciales contra un total de 116 personas involucradas en el caso, incluyendo a 32 miembros del cártel y a 49 policías municipales.
También se han presentado cargos contra al menos 14 miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Además…
Cronología de los hechos
26 de septiembre del 2014. Mueren tres estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa al ser atacados por policías, militares y criminales del cártel Guerreros Unidos. Hubo otras tres víctimas que no pertenecían a la institución. Además, 57 personas quedaron en calidad de desaparecidas. Posteriormente 14 fueron localizadas, por lo que el número de desaparecidos quedó en 43 estudiantes.
29 de septiembre. Veintidós policías municipales de Iguala son trasladados a un penal en Acapulco. Se les señalaba por ser probables responsables de los seis homicidios.
30 de septiembre. Iñaky Blanco Cabrera, procurador general de Guerrero, confirma la versión de que los policías municipales dispararon en contra de los estudiantes y también contra un autobús en el que se trasladaba el equipo de fútbol de tercera división Los Avispones de Chilpancingo.
4 de octubre. Policías federales y de Guerrero encuentran seis fosas clandestinas en Iguala. En ellas hay un número indeterminado de cadáveres y se presume que podrían corresponder a los desaparecidos.
5 de octubre. Dos delincuentes afirmaron que, junto con policías de Iguala, asesinaron a 17 de los 43 estudiantes. Las declaraciones aseguran que Francisco Salgado, director de Seguridad Pública de Iguala, ordenó la detención de los jóvenes, mientras que alias El Chucky, jefe del cártel Guerreros Unidos, habría dado la orden de matarlos.
6 de octubre. Un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional mexicano (CISEN) vincula al alcalde de Iguala, Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, con la delincuencia organizada.
14 de octubre. Suman casi 50 detenidos por el caso, luego de que la PGR informara de la detención de 14 policías de la localidad de Cocula, vecina a Iguala. Se les señala de participar en la detención, traslado y entrega de los 43 alumnos a criminales.
Jesús Murillo Karam, el titular de la PGR, afirma que ninguno de los cuerpos hallados en las primeras fosas corresponde a la identidad de los alumnos desaparecidos.- 17 17 de octubre. Detienen a Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos.
22 de Octubre. La PGR imputa a José Luis Abarca y a María de los Ángeles Pineda, así como al director de Seguridad Pública, Felipe Flores, por la desaparición de los normalistas.
7 de noviembre. La PGR declara a los 43 desaparecidos como muertos e incinerados en el basurero de Cocula por miembros del cártel Guerreros Unidos. Los padres desconfían y envían partes de los restos encontrados en el basurero a un laboratorio en Innsbruck, Austria.
7 de diciembre. El laboratorio de Innsbruck identifica a uno de los estudiantes: Alexander Mora Venancio.
27 de enero del 2015. Jesús Murillo Karam presenta la versión de los hechos aceptada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto y conocida como “La verdad histórica”. Esta versión señala que los estudiantes fueron secuestrados, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por el cártel Guerreros Unidos.
1 de marzo. Llega a México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar el caso. .
15 de abril del 2015. El GIEI informa a la PGR de un quinto autobús. Hasta ese momento, no se le había tenido en cuenta en la investigación.
11 de mayo. El GIEI informa que varios agentes de policía y miembros de bandas delictivas que fueron arrestados habían sido torturados para confesar su participación en los hechos.
6 de septiembre. El GIEI cuestiona “la verdad histórica” y señala el traslado de drogas en uno de los vehículos como posible móvil del crimen de los estudiantes.
9 de febrero del 2016. El Equipo Argentino de Antropología Forense anuncia que no se encontraron ni evidencias científicas, ni biológicas que indiquen que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Padres y compañeros de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa realizaron este viernes una manifestación que terminó en choques con policías y ataques con petardos y cohetes al Campo Militar Número 1. (Fuente de EFE/Miguel Ángel Andrade)
Encontrarte con ellos: un acercamiento desde el arte a los detenidos desaparecidos de Uruguay.
Mary fue detenida por hombres armados vestidos de particular. Uno de ellos, corpulento y morochón, dijo: “Esta es mía, está requerida en Uruguay”. El día anterior a su secuestro Mary había ido a la oficina de Migraciones para hacer el trámite que le permitiera obtener la radicación definitiva en Argentina y declaró su domicilio.
Amelia cursaba un embarazo cuando fue detenida. Trabajaba en la editorial Mundo Libro. Sus gritos se escuchaban en la tortura de La Tablada. Hallazgo de restos: sin datos a la fecha.
Gustavo y Graciela estaban casados y tenían un hijo. Un grupo de alrededor de nueve hombres armados entró violentamente en su domicilio tanto por el frente —tras romper el candado del portón— como por el techo —al que llegaron por un taller ubicado en la misma manzana—. Frente a la casa se estacionó un automóvil que manejaba un soldado del Ejército argentino con ropa de civil, que fue reconocido por el dueño de un bar cercano. El niño de dos años, Nicolás, fue dejado en manos de una vecina, con un bolso con ropa.
Un grupo de agentes vestidos de civil y armados que se trasladaban en cuatro autos Ford Falcon ingresó a la casa de Carlos, quien estaba catalogado como “trotskista”. Saquearon y cerraron la casa. Un vecino quiso mirar y fue amenazado.
Guillermo trabajaba en una imprenta en Pompeya, en Buenos Aires. Militares y policías llegaron en camiones, rodearon la manzana y lo detuvieron. Ese 22 de diciembre de 1977 Pablo, su hijo de cinco años, cruzó el río con la intención de festejar su cumpleaños con el padre. “Mis viejos estaban separados y yo iba a visitarlo a Buenos Aires. Fui dos veces. En la tercera iba a ir a pasar el día de mi cumpleaños. Fui con mi abuela en el Vapor de la Carrera, el 22 de diciembre, el día que lo agarraron. Casi llegué en ese mismo momento. Pisé el puerto a las diez de la mañana y dos horas antes lo habían agarrado. No se sabía nada de él. Fuimos a hoteles, nos movíamos de hotel a hotel todos los días, por las dudas. Mis abuelos no estaban en todo el día porque querían averiguar algo. A los cuatro o cinco días nos volvimos. Me rechinó, hasta me enojé, porque era el día de mi cumpleaños. Iba esperando su sonrisa”, cuenta Pablo ante el silencio enorme de su casa. El retrato de su padre es uno de los 197 cuadros que se hicieron en el marco de Encontrarte con ellos.
La muestra
Para aproximarse con el arte a la lucha por verdad y justicia, a la problemática de la desaparición forzada de tantos uruguayos; para cumplir con una de las condiciones formales del arte: que el individuo se exprese, pero también por el compromiso con la sociedad y para continuar denunciando la situación más allá de banderas y banderismos; para despertar sensibilidades, para reunir información y colaborar con la memoria colectiva ante la impotencia de no poder marchar el 20 de mayo de 2020. Entre otras razones, por eso nació Encontrarte con ellos, un proyecto que nucleó a casi 200 artistas con la consigna de que cada uno de ellos hiciera una obra plástica acerca de uno de los 197 detenidos desaparecidos.
Federico Veiga y Damián Ibarguren fueron los responsables del proyecto. Cuando pensaron qué hacer ante la suspensión de la Marcha del Silencio por la pandemia de covid-19, lo primero que se le ocurrió a Federico fue que él y Damián pintaran todos los cuadros. “Era una locura, no hubiera sido posible”, coinciden un año y medio después, y recalcan la importancia del trabajo colectivo y del compromiso de los artistas expositores.
A fines de mayo de 2020 Ibarguren y Veiga se reunieron con Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos para plantearles la idea y contaron con su apoyo. De ahí en adelante empezaron a trabajar en la quijotada de encontrar artistas para los 197 detenidos desaparecidos. Hubo entrevistas, artistas invitados, artistas que se acercaron, artistas que llenaron la solicitud del llamado abierto al público, y la raíz fue tomando forma de enredadera. Hubo a quienes se les asignó un nombre para trabajar, algún familiar de detenido desaparecido postuló a alguien y, casi a la inversa, artistas se propusieron para pintar a un detenido desaparecido específico. Cuando la lista se completó el siguiente paso fue darles herramientas a los creadores para trabajar la vida de la persona desaparecida, para rendirle homenaje a esa vida.
En el museo Blanes
Cuadros de 80 centímetros por un metro son cuadros grandes. ¿Usted se imagina dónde meter casi 200 obras de ese tamaño? El museo Juan Manuel Blanes cayó como anillo al dedo y ahí está la exposición Encontrarte con ellos, aunque se hizo en conjunto con el Museo de la Memoria. La muestra se inauguró el 18 de noviembre y estará hasta enero. Después, la idea es que los cuadros vayan a las ciudades o los pueblos donde nació cada desaparecido.
Cristina Bausero, directora del Blanes, consideró fundamental que la exposición fuera armada en un museo público, para que todo el mundo pueda acceder a ella. “Pongamos sobre la mesa, desde el arte y la cultura, esta problemática y mostrémosla a todos los uruguayos”, dice, y agrega: “Por otro lado, se trata de una exposición muy rica, con obras en el plano, obras que abordan el espacio; vi figurativistas y vi obras absolutamente abstractas. Hay diferentes artistas, diferentes lenguajes, diferentes interpretaciones del arte, diferentes modos de representar al desaparecido desde distintos lugares, muy heterogéneos, y eso está bueno porque los desaparecidos no son una masa, hay una heterogeneidad. Estar expresado de esta manera es importante, personaliza, te aproxima al individuo”, concluyó.
Hay que lograr visualizar, entender lo que es la muestra. Sí, es verdad, es la muestra más grande sobre un mismo tema que se haya expuesto en Uruguay y eso la transforma en una cosa muy, muy grande: 197 artistas, cada quien con su particularidad, cada cual con su mundo personal complejo, y complejo en relación con la sociedad que ningunea espacios —y todavía más cuando venimos de dos años en los que han sido totalmente ninguneados—. Da la sensación de que Encontrarte con ellos trabaja en dos planos: el de recuperar a los artistas y el de recuperar la memoria de los desaparecidos. El arte como herramienta de la sociedad para apropiarse de un tema, el del pasado reciente, y darle nuevas formas de denuncia, nuevos lenguajes. Un pincel o un poema, como aquel de Miguel Hernández, para escarbar la tierra con los dientes, apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes, minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Las letras, el teatro, la fotografía, otra infinidad de manifestaciones al servicio de una búsqueda que aún duele, arte emblemático como el de la margarita, símbolo de Madres y Familiares que germinó después de un llamado público en 1983 y que hoy es lo que es.
“Cada manifestación abre puertas, le habla a una parte de las sensibilidades, abarca más públicos”, comenta mirando fijo pero con gestos cálidos Ángeles Michelena, integrante de Madres y Familiares. “Este tema tiene muchísimas décadas, el Estado ha sido básicamente renuente u omiso y, más allá de los distintos momentos, existen zonas oscuras a las que no se puede llegar. Entonces, sumar voluntades actúa sobre eso, como para revertirlo”, dice, y agrega, sobre lo hecho por Encontrarte con ellos: “Trabaja la imagen, el rostro, la memoria. Apela a recoger eso en un gesto, en una escena, en una pincelada. Trayéndolos los reconstruye. Para mí es clarísimo con Cachito, Ruben Prieto [quien era su compañero, desaparecido en 1976]. La artista que lo tomó buscó, nos entrevistó, fue a archivos fotográficos y encontró. Le dio la expresión en la foto y colocó en el cuadro el tema de la paternidad. Eso colabora con la figura del desaparecido porque también para él ser papá fue importante. Y hay algo en el cuadro que dice que fue importante”.
Lo importante
La obra que pintó Jenni Churi se llama “Las manos de papá”. Jenni investigó, leyó notas y entrevistó, conversó ideas. “Me junté con Ángeles en un café y me contó la historia. Fui metiendo su historia en mi cabeza. Ella me movió pila de cosas. Me tocó que Victoria fuera bebita cuando el padre desapareció. Y no pude separar eso de mi historia, porque perdí a mi padre siendo niña. Ángeles me contó una frase que él repetía siempre: ‘Para nosotros llegar a viejos va a ser una casualidad o una deshonra’, y pensé partir desde ahí, porque era fuerte. Pero después no, volví a lo que a mí me tocó, que era la relación padre-madre-hija”, cuenta Churi. Conmueve ver el cuadro en que el padre sostiene a su hija con sus manos, Victoria alzada por Cachito para revalidar que ese momento existió, que él la tocó, que en algún momento se tuvieron, fueron, “tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían”, diría Mario Benedetti.
Pablo Sobrino dibujó a su padre, Guillermo. Lo hizo con la sonrisa que esperaba encontrar cuando bajara del barco. También están en el óleo las manos estampadas de sus dos hijas y una carta escrita de su puño y letra por Guillermo.
“La tenía desde 2003 y no la había leído nunca. La encontró mi vieja dentro de unos papeles. La escribió mi viejo unos meses antes de que lo agarraran. Me había mandado la carta y el libro de cuentos El bichito de luz sin luz. Mi vieja en su momento me dio el libro, pero la carta no porque no leía. Quedó guardada. Así como me la trajo la metí en un sobre y la guardé, no la leí. Sentía que si lo hacía era lo último que tenía de mi viejo, que no había más nada después. Pero eso, a su vez, me metía en el lugar de hijo de desaparecido infeliz, que si no soy infeliz por ser hijo de desaparecido está todo mal. Hice este cuadro para sacarme de ese lugar. Cuando leí la carta me di cuenta de que no tenía que estar en ese lugar. Primero pensé hacer un cuadro en blanco y con la carta en el medio, nada más. Después dije ‘demasiado minimalista’, y además hay más cosas ahí. No hubo otra opción, se cayó de maduro que la carta iba. El valor tiene que ser la carta original, que escribió mi viejo. Es transferir eso”.
Pablo, que además es el realizador del documental en el que se podrá ver todo el recorrido de Encontrarte con ellos, habló de lo terapéutico que le resultó participar en el proyecto como pintor. “Hace un año atrás no podía tener esta conversación, estaría moqueando. Ahora estoy normal. Lo hice, un día me cayó la ficha, leí la carta tres o cuatro meses atrás [se emociona], la puse ahí, lo pinté y fue liberador, completamente liberador. Y es interesante todo eso. Esta muestra tiene eso: le da un valor que va más allá de un cuadro. Ese es el valor del arte para mí. El Guernica no es un cuadro, es una expresión histórica. El arte no puede ser una cosa que ponés en el living para que te hagan juego los colores. Un cuadro debe tener un valor histórico, político y social que afecte a las personas de determinadas maneras”, dice.
Sería imposible contar todas las historias, pero hay que detenerse en los cuadros. Observarlos, sentir los trazos rumiando las ausencias, las soledades. Tenían la sonrisa, tenían los gestos, existieron, hay que devolver esa imagen; apreciar la ternura, la áspera tristeza; ver la construcción, en definitiva, y eso que parece lo más importante: la creación de algo que no está.
Nunca más
Hay que tirarle la oreja a la democracia que tiene miedo de recordar. Hay que levantar las manos cuando la regresión de los derechos es notoria. No hay nada más justificado que el derecho a la verdad y a la justicia. Son banderas que flamean, pero también derechos, derechos que están para cumplirse.
Manifestaciones artísticas han existido muchas, muchísimas. Y seguirán, porque el compromiso de un sector de la población es grande. Sin embargo, salvo hechos puntuales, en los que a través de la Fiscalía Especializada se han logrado procesamientos a pesar de los pesares, la mayoría de los detenidos desaparecidos de Uruguay siguen ausentes. Entender el “nunca más” es entender que no puede volver a ocurrir. En esa dirección y desde el pie nacen todas las manifestaciones que tratan de poner el tema arriba de la mesa, y arriba de la mesa, y arriba de la mesa.
Los cuadros en la pared reclaman. Sin banderas políticas, reclaman. Señalan la complicidad del Estado, porque no hay una investigación dura, fuerte. Quieren a sus familiares, insisten. Cada obra de arte como eco de las exigencias históricas: que se encuentren los restos y que enjuicien a los culpables. Ahí hay algo para resolver porque si no, tal vez mañana o pasado, la historia se repetirá con ese o con otros derechos. Algo que no se resuelve queda como degradando la conciencia de la sociedad.
Basta de los quistes en centros de poder que hacen que la cosa no camine, que han logrado que los familiares, muchos de ellos ancianos y otros que no están, hayan ido convenciéndose de que no van a encontrar nada. Seguirán insistiendo, eso siempre. Aunque el tiempo conspire, continuarán construyendo la esperanza, esperanza que trasciende lo individual.
Y pregunto: son muchos años, es un montón de tiempo, ¿cómo no vamos a entender a madres y padres, a hermanos, a quienes no pudieron cerrar la historia, a quienes no tienen una tumba para llorar?
“La esperanza de las madres, aquella del primer tiempo, era que los iban a encontrar. Esa esperanza se perdió. Pero esto trasciende lo filial. Sobre ellos se cometió un crimen horrible, que se sigue reproduciendo en la medida en que no aparecen los restos. Técnicamente no podés decir que están muertos, siguen estando ahí. Pero en realidad, lo que importa, es que es una práctica que si queda impune, puede repetirse. Y otra cosa: hay que rescatar la lucha de quiénes fueron, se los tiene que recordar por quiénes fueron. Porque tuvo sentido la lucha que desarrollaron, más allá de que con el diario del lunes se juzguen equivocaciones. En ese sentido histórico tuvo sentido y ese sentido histórico hay que rescatarlo”, afirma Ángeles sin perder la sonrisa.
Se buscó que un mismo artista trabajara los grupos familiares que desaparecieron juntos.
Los hermanos Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto González Moreno fueron desaparecidos y asesinados en Guadalajara este fin de semana. Su caso movilizó a miles de personas quienes exigen justicia. «Tenemos palabras para denunciar y capacidad para no olvidar, no podemos ser indiferentes ante la injusticia y la barbarie», señaló Cecilia Valencia, maestra de José.
José era estudiante de la licenciatura en Geografía en la Universidad de Guadalajara asistente de investigación, su maestra, Cecilia Valencia, con quien trabajó, narra que era el joven se esforzaba para llevar a cabo sus metas, trabajaba para poder estudiar y vivía al día. Era el novio de su hija, ambos compartían el interés por la música, José tocaba el chelo.
Valencia explica que el gobierno jalisciense y los grupos delincuenciales utilizan el mismo discurso y que consideran a las vidas humanas como un medio para lograr un fin. «Los grupos delincuenciales utilizan a los jóvenes para someterlos a los jóvenes para utilizarlos, son vistos como medios para satisfacer necesidades e intereses de los grupos, y la respuesta de la autoridad es «no nos van a intimidar», quiere decir que están en el mismo nivel semántico».
La investigadora señala que las autoridades no consideran la importancia de hacer justicia ante las víctimas, sino que los ven como elementos políticos y ponen en primer lugar a la política, en segundo a las víctimas y en tercero a la justicia. «No llevan a cabo acciones concretas para dar solución», condena.
Este martes miles de personas marcharon en la ciudad de Guadalajara, Valencia explica que fue una estrategia para visibilizar la injusticia, la barbarie y la violencia en la que todos los ciudadanos vivimos en este país y hace una invitación a no ser indiferentes ante la violencia, la desaparición, el feminicidio y el crimen que nos asolan.
La desaparición de los hermanos González Moreno se da en un «contexto de desaparición generalizado en el estado», explica Anna Chimiak, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), pues ocupa el primer lugar a nivel nacional y actualmente se contabilizan más de 12 mil personas desaparecidas en la entidad, sin tomar en cuenta el subregistro de personas que deciden no denunciar, pues, debido al contexto de criminalidad, la gente teme represalias.
En los últimos años ha habido un incremento de casos de desaparición en el estado, lo que se relaciona con el incremento de homicidios, así como con el número de fosas clandestinas encontradas, señala Chimiak, además, en 2021 hubo un incremento en casos de desapariciones masivas. Considera que los casos de desaparición en la entidad no son hechos aislados, pues demuestran las estructuras de macrocriminalidad en el estado y la colusión de las autoridades con la delincuencia organizada.
«Una característica de la narrativa del gobierno del estado ha sido relacionar la gravedad de las desapariciones con el crimen organizado, sin reconocer la responsabilidad del mismo Estado», explica la defensora. También, dice, la criminalización de las víctimas ha sido una constante del actual gobierno.
La defensora condena que la problemática de la desaparición sea capitalizada por distintos actores en la entidad y utilizada en el marco de las campañas electorales.
Ante el caso de los hermanos González Moreno, y de las más de 12 mil personas desaparecidas en Jalisco, las organizaciones civiles esperan acciones eficaces por parte de las autoridades. «Esperamos que se reconozca la gravedad del contexto, se priorice una solución y se generen medidas para prevenir la desaparición», dice Chimiak y recalca la urgencia de implementar la ley de desaparición, recientemente aprobada en el estado.
América del Sur/Colombia/07-05-2021/Autor(a) y Fuente: Asociación Casa Cultural “el Chontaduro”
Asociación Casa Cultural “el Chontaduro”
Santiago de Cali-Valle
Colombia
S.O.S – Acción Urgente
A los Pueblos del Mundo
Voces de Mujeres del Oriente de Cali
Hacemos un llamado urgente al apoyo internacional, de los amigos, amigas y organizaciones de derechos humanos, porque el Estado colombiano nos está masacrando. Líderes y lideresas comunitarias, jóvenes y menores de edad han sido víctimas de la fuerza pública por orden del presidente de la república, Iván Duque Márquez, el ministro de defensa y gobernantes locales, quienes han desplegado el cuerpo armado contra los manifestantes del Paro Cívico, sin importar que estos últimos están desarmados, protestando pacíficamente.
El Paro Nacional comenzó el 28 de abril de 2021, organizado principalmente por jóvenes, estudiantes, comunidades negras, indígenas, campesinas y organizaciones comunitarias, quienes indignadas por las injusticias sistemáticas de los gobiernos han levantado sus voces, han enfrentado los miedos para decir ¡basta! Protestamos para impedir una reforma tributaria que nos aprieta y nos pone a pagar los desfalcos de la corrupción, la desfinanciación del país y los gobiernos ineficientes; para desmontar una reforma laboral que sigue ahondando la brecha entre ricos y empobrecidos; para deshacer una reforma de salud que nos deja morir y deteriora y cierra los hospitales públicos; para prevenir una reforma pensional que, en lugar de propiciar bienestar, desprotege a los/as adultos/as mayores. Las voces de los pueblos y comunidades exigen reformas construidas con participación amplia de todos los sectores y grupos sociales del país, la renuncia del presidente y otros gobernantes corruptos que no tienen criterios para gobernar.
El Estado no escucha la voz del pueblo, solo asesina, en nombre del orden público. Según las palabras del general Luis Fernando Navarro Giménez, ellos están en una misión de Asistencia Militar, la cual tiene por objetivo, salvar vidas, posibilitar la convivencia y proteger el derecho de la ciudadanía a los servicios esenciales. Nosotras las mujeres de organizaciones comunitarias del Oriente de Cali le preguntamos al general: ¿quiénes son los que tienen esas posibilidades de las que usted habla?
De acuerdo a datos publicados por Indepaz1 relacionados con violencia policial, entre el 28 de abril y el 4 de mayo (6 p.m) del 2021, se reportan 31 personas asesinadas; 8 casos de violencia sexual hacia mujeres; 1.220 heridos (pueden ser más); 87 desaparecidos; 18 víctimas de heridas en los ojos; 200 agresiones por la policía; 1.565 hechos violentos (podrían ser más); así mismo, en relación con asesinatos perpetuados en Cali se registran 24, de ellos dos menores de edad y el resto entre jóvenes y adultos jóvenes. .
Entre el lunes 3 y la madrugada del martes 4 de mayo, las organizaciones de la sociedad civil, grupos organizados y comunidad en general, quienes se encuentran en los puntos de concentración y resistencia del paro, han reportado audios y videos donde muestran cómo la policía les está atacando con gases lacrimógenos y armas de fuego, sin importar que están desarmados con las manos levantadas en señal de indefensa. Las imágenes en redes sociales, fuentes que han servido para documentar a veces en vivo y en directo, evidencian las numerosas personas heridas y asesinadas.
Preguntamos, general Navarro ¿a quiénes usted les salva la vida?, ¿a quiénes está protegiendo para qué tengan los servicios básicos, si más de la mitad de la gente está en las calles, re-existiendo, levantando la voz, con cantos, música, performances, cacerolazos, exigiendo justicia?
Presidente, Ministro de Defensa, Gobernadora del Valle del Cauca y Alcalde de Cali ¿acaso somos sus enemigos y enemigas de guerra?, ¿cuándo van a parar los helicópteros, los gases lacrimógenos, las ametralladoras, los fusiles? ¡Exigimos que paren de asesinarnos!
Convocamos el apoyo internacional porque la fuerza armada publica de Colombia no está respetando ni siquiera la misión humanitaria nacional que acompaña a la movilización; están cometiendo actos de vandalismo para luego culpar a la población manifestante. Miembros de la policía y el ESMAD han quemado casas, edificios, automóviles, motocicletas y hasta plazas de mercado público. En Cali, por ejemplo, quemaron la galería Santa Helena, uno de los mercados donde la gente empobrecida se abastece de alimentos.
Es urgente que el mundo se entere de lo que está pasando en Colombia y que nos ayuden a proteger a nuestras comunidades, niñas, niños, jóvenes, mujeres, líderes y lideresas quienes han resistido al terror estatal en las calles. Por favor, apóyenos difundiendo estos mensajes, solicitando veeduría internacional, exigiendo garantías del respeto a los derechos humanos y aportando medicamentos para atender a las personas heridas en los puntos de concentración y resistencia.
#ParenLasMasacres
#ParoNacional2021
#CaliResiste
1 Fuentes: Defensoría del Pueblo, Plataforma GRITA, Temblores ONG y Red de DDHH Francisco Isaías Cifuentes; Campaña Defender La Libertad de Prensa.
Los secuestros para conseguir una recompensa exprés son cada vez más frecuentes en el noroeste del país.
Hombres armados con rifles atacaron el viernes por la noche un internado en Katsina, estado noroccidental de Nigeria, provocando la huida de cientos de estudiantes, confirmaron autoridades locales y fuentes de la policía, quienes investigan ahora el paradero de más de 400 alumnos.
«Los niños han continuado volviendo (al centro), y según el último informe, el número de estudiantes desaparecidos que han regresado suma ahora 406», informó este sábado en un vídeo el responsable de educación del estado de Katasina, el profesor Badamasi Charanchi.
En el momento del ataque contra la Escuela Secundaria de Ciencias del Gobierno, localizada en el distrito de Kankaras, había más de 800 alumnos, según el personal, por lo que se teme que centenares puedan haber sido secuestrados.
«Policías de guardia respondieron al ataque y comenzó una confrontación armada, lo que dio a los estudiantes la oportunidad de saltar la valla del colegio y huir por su seguridad», detalló hoy en un comunicado el portavoz policial del estado, Gambo Isah, en el que aseguró que un agente había resultado herido de bala.
Horas antes, Isah confirmó ante los medios que las autoridades y la Policía estaban trabajando para averiguar el número exacto de estudiantes desaparecidos. «No podemos decir cuántos han podido ser secuestrados porque todavía están volviendo de sus escondites», añadió.
El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, quien además se encuentra de visita en Katsina, su estado natal, condenó en un comunicado «el ataque de bandidos cobardes contra niños inocentes» e instó al Ejército y la Policía nigeriana a encontrar a los culpables y asegurar el bienestar de todos los alumnos.
Los secuestros para conseguir una recompensa exprés son frecuentes en el noroeste de Nigeria, en estados como Zamfara, Katsina y Níger, mientras que en el noreste son habituales los ataques yihadistas contra cuerpos de seguridad y población civil de grupos como Boko Haram.
En este siglo, en Irapuato no había habido manifestaciones hasta que la violencia explotó y las familias salieron a las calles a buscar a sus desaparecidos. Un año ha pasado desde que los familiares de las víctimas de desaparición se encontraron y se organizaron en el colectivo A tu encuentro
El 9 de noviembre del 2019, vecinos del centro de Irapuato atestiguaron una marcha peculiar. Un pequeño grupo de mujeres con fotografías de personas desaparecidas caminó exigiendo la búsqueda de los ausentes. Comenzó un grupo de 5 personas al que se le fueron sumando más y más.
“Un día en Facebook me entero que iba a haber una marcha del DIF a la Fiscalía para quienes tuvieran un desaparecido, yo voy, me presento sin conocer a nadie y me sentía cohibida porque pensé que todos se conocían. Nos fuimos caminando a la Fiscalía de Irapuato y ahí conozco a Pepe y ahí veo que piden información en la Fiscalía, no nos querían dejar pasar, dar información, y quedamos de no irnos de ahí hasta que nos atendieran”, relata Bibiana Mendoza, que busca a su hermano Manuel Mendoza, desaparecido en enero del 2018.
Irapuato es una ciudad que no marcha. La última marcha de la que se tiene registro sucedió en la década de los 90 cuando el equipo de futbol de Irapuato perdió el pase a primera división contra el Zacatepec y los aficionados salieron a descargar la frustración por la avenida Guerrero. Por eso llamó tanto la atención la marcha de las familias de desaparecidos y algunos medios la transmitieron por Facebook y otras familias la vieron y así fue como poco a poco se fueron enterando y sumando al reclamo de la búsqueda de los desaparecidos, como la señora Verónica Salas que busca a su hijo Javier Reséndiz y se bajó de la moto en la que iba para sumarse.
Ese día Bibiana y Verónica fueron parte de lo que se convertiría en el colectivo A tu encuentro, que busca a personas desaparecidas en Irapuato. “Empezaron como cinco personas y ese día ya éramos como 40. Hoy las familias dicen: ‘si yo no estuviera en el colectivo seguiría en casa de mi hijo llorando’…”, dice José Gutiérrez, un criminólogo que acompaña a las familias en su exigencia de búsqueda y justicia.
“De ahí yo comencé a unirme al colectivo, éramos poquitas al inicio en esa marcha, luego como 20, 25, mujeres y desde ahí me quedé en el colectivo porque hemos creado lazos de amistad, independientemente de que encontremos o no a nuestros familiares. Eso gané, un grupo de personas que sufren lo mismo que yo”, dice Bibiana.
Esta conversación con Bibiana sucede también con la señora Lupita Alejandre que busca a su hijo José de Jesús Mireles Alejandre, desaparecido en noviembre del 2017; y con la señora Verónica Durán que busca a su hijo Iván Arturo, desaparecido en noviembre del 2019; y con Karla Martínez, quien busca a su hermano Juan Valentín.
El encuentro ocurre en un espacio que era un lote baldío en la colonia San Martín de Porres, que fue recuperado por los vecinos para hacerles una cancha de futbol a los niños de la zona y que después invitaron a las familias de desaparecidos a hacer un jardín de la memoria. El plan es que entre todos, vecinos y familiares, con intereses un poco distintos cuiden un lugar común.
En julio de este año 24 jóvenes fueron asesinados en un anexo en Irapuato. Ese hecho prendió las alertas a nivel nacional de una violencia que tenía ya algunos años mermando la vida en la ciudad. Luego, a finales de septiembre de este mismo año se encontraron 8 fosas clandestinas en la presa El Conejo, en la zona rural de la localidad.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas desde el año 2000 a noviembre del 2020 en Irapuato hay 322 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 239 son hombres y 49 mujeres. En total en el estado de Guanajuato la Comisión Nacional de Búsqueda registra 2 mil 487 desaparecidos.
“Desconocemos cuándo inició la explosión de la violencia, de las desapariciones, no podemos saberlo con exactitud porque apenas en junio tenemos tipificación de lo que es una persona desaparecida. Antes se le consideraba no localizada o retención de menor. Sentimos que este problema explotó hace mucho tiempo, pero estuvo mucho tiempo manipulado, crece el problema cuando crece el huachicol”.
José Gutiérrez, criminólogo que acompaña a las familias de A tu encuentro.
El colectivo suma a 60 familias, casi todas de Irapuato, pero otras de Pénjamo, Salamanca, Abasolo, Cuerámaro, Valle de Santiago.
José Gutiérrez recuerda que el 3 de diciembre del año pasado salió una nota periodística donde se decía que se había encontrado una fosa clandestina en el Venado de Yostiro, sin tener más información de la Fiscalía de Guanajuato. Cuando las familias se organizaron en el colectivo comenzaron a recibir información de otras fosas encontradas.
“Ya juntas nos dio fuerza pedir más información a las autoridades, si somos colectivo vamos todas y nos cuidamos entre todas y exigimos entre todas”, dice la señora Lupita. Y es que el colectivo A tu encuentro ha denunciado reiteradamente que las autoridades de Guanajuato no buscan a los desaparecidos.
“Por ejemplo, el caso de Javier Reséndiz, quien desaparece, las autoridades encuentran su moto, pero no al hijo; o el caso de los hermanos Salvador y Daniel Alejandro González Rodríguez, encuentran la camioneta incinerada y nunca se hacen búsquedas; o en el caso de Alejnadro Gazca, le entregan el cráneo de su hijo y no se realizan búsqueda para encontrar el resto del cuerpo”, dice José Gutiérrez.
Búsqueda y criminalización
En julio de este año colectivos de familiares de desaparecidos protestaron en la glorieta Santa Fe por la designación de Héctor Díaz como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. El gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo respondió reprimiendo a las familias con elementos de la policía estatal, quienes detuvieron a 5 personas: 3 de ellas integrantes de A tu encuentro, Karla Martínez, Verónica Durán y Olimpia Montoya; otra era del Colectivo Guanajuato Despertó y un visitador adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Se iniciaron carpetas de investigación contra las personas detenidas por lesiones contra la policía estatal, las cuales siguen vigentes, según denunció A tu encuentro.
Además de las consecuencias judiciales por la investigación en contra, Verónica Durán y Karla Martínez fueron despedidas de su trabajo, la primera como personal de limpieza de la empresa Promali; y la segunda como guardia de seguridad de outsourcing en el Hospital Materno Infantil.
“A partir de la carpeta en la empresa me advirtieron que o buscaba a mi hijo o me dedicaba a mi trabajo, y el 18 de octubre me despidieron. En medio de la pandemia es difícil encontrar trabajo, de por sí, y más ahora con la carta de antecedentes penales”, dice la señora Verónica.
«Ha sido un camino largo»
En septiembre pasado las familias recorrieron la presa de El Conejo, en la zona rural de Irapuato, con las comisiones estatal y nacional de búsquedas, y encontraron 8 fosas clandestinas con restos humanos, algunas prendas de vestir y casquillos. Ese hecho es considerado por las familias de A tu encuentro como un logro de la organización.
Bibiana relata que organizarse con otras familias ha obligado a las autoridades a reconocer la problemática de los desaparecidos. “Antes de organizarnos mi caso estaba en ceros y era muy desesperante tener que hacer todo sola. La Fiscalía no ayuda, pura revictimización: que si mi hermano estaba en malos pasos, que la que tenía que investigar eran mi mamá y yo… Yo me imaginaba, cuando desapareció, que a más tardar en un mes iba a estar mi hermano conmigo, pero ha sido un camino largo”.
Karla, quien busca a su hermano Juan Valentín, relata que la búsqueda ha sido un proceso difícil, doloroso y lleno de esperanza y lleno de incertidumbre.
“Crecimos juntos, solitos porque mi papá siempre estaba trabajando, él me cuidaba, me enseñó a andar en bici, me daba de comer, ahora me toca a mi buscarlo”.
“Este es un dolor muy grande, estamos haciendo lo que sea por encontrar a nuestra sangre”, dice la señora Lupita que busca a José de Jesús.
Este 13 de octubre, 117 organizaciones defensoras de derechos humanos participaron en la 36° Pre-Sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, donde presentaron una Declaración del Informe Alternativo para el Examen Periódico Universal (EPU), al que el Estado de Honduras será sometido el 6 de noviembre próximo.
En la declaración[1], las organizaciones dibujaron un escenario de país marcado por la desigualdad social, la corrupción, el aumento de casos de tortura y de los niveles de militarización.
También señalaron la creciente violación de derechos humanos a grupos vulnerables, entre otros, niñez, mujeres, poblaciones indígenas y campesinas, migrantes, personas LGBTI, defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes.
Actualmente Honduras es el país más desigual de América Latina, con casi el 70 por ciento de la población hundida en la pobreza y más del 40 en la pobreza extrema.
Asimismo, ha sido señalado como uno de los países más peligrosos para las personas defensoras de derechos humanos. La reciente aprobación de un nuevo código penal profundiza su criminalización.
Las organizaciones advierten que más de 140 personas defensoras de los bienes comunes han sido asesinadas entre 2010 y 2019, y que se documentaron al menos 2.137 ataques entre 2016 y 2017.
La desaparición forzada de los cinco líderes de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, la criminalización y encarcelamiento de los defensores del agua de Guapinol[2] y del joven maestro Rommel Herrera Portillo, así como los ataques contra los pueblos Garífuna, Lenca y Tolupán y el desalojo de familias campesinas que exigen acceso a la tierra, son el vivo ejemplo de la crisis de derechos humanos que vive el país.
Más dramática aún es la situación de la violencia contra las mujeres, los periodistas y la comunidad LGBTI.
Son 6.265 las mujeres asesinadas entre 2001 y 2018, más de 360 las personas LGBTI que perdieron la vida de forma violenta en la última década, y 86 los periodistas y comunicadores asesinados desde 2001.
Una impunidad casi total
La impunidad supera el 90 por ciento de todos estos casos.
Uno de los efectos de esta situación es el desplazamiento interno de al menos 250 mil personas entre 2004 y 2018, y la creciente migración hacia Estados Unidos huyendo de la violencia, la miseria y la falta de oportunidades.
En el último EPU (2015), al Estado hondureño se le formularon más de 150 recomendaciones.
“El EPU es una oportunidad que tenemos las organizaciones de derechos humanos para plantear al mundo la grave situación que vive el pueblo hondureño.
No me explico cómo es posible que la representación oficial llegue a esta cita mintiendo, una vez más, sobre la implementación de las recomendaciones”, dijo a La Rel Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
“El contexto es dramático y esta gente es experta en vender internacionalmente una imagen de país que no existe en la realidad. Si ha habido avances ha sido a favor de la barbarie. Solo en el período de la pandemia contabilizamos 12 desapariciones forzadas”, explicó.
“Además, nos preocupan los altísimos niveles de militarización de la sociedad y de la seguridad pública. Hasta vemos imputados civiles que son procesados y recluidos en unidades militares (batallones)”.
La defensora de derechos humanos aseguró que hay una perversidad de fondo.
“El afán de este gobierno es destruir al movimiento que resiste y lucha contra la colusión de los poderes político, económico, judicial y militar para garantizar los intereses del gran capital nacional y transnacional.
Hay una cantidad de recomendaciones incumplidas e ignoradas por parte del Estado de Honduras. El EPU va a ser un escenario importante para volver a exigir cambios estructurales en materias de derechos humanos”, concluyó.
[2] Mientras se redactaba esta nota fue asesinado Arnold Morazán Erazo, uno de los 32 defensores de la comunidad de Guapinol, que han sido criminalizados por defender los recursos hídricos que son amenazados por la empresa minera Inversiones Los Pinares.
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