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Sostenibilidad

América del Sur/Ecuador/02 de Septiembre de 2016/Autor: Antonio Quezada Pavón/Fuente: El Telégrafo

Todos contribuimos al cambio climático. Nuestras acciones, preferencias y comportamientos nos han llevado a un incremento de la emisión de los gases invernadero. Es una realidad y una fuerte idea que puede tener la fuerza de hacernos sentir culpables cuando decidimos cómo debemos cambiar nuestro estilo de vida: a dónde viajar, cuán a menudo, el tipo de energía que debemos usar en nuestros hogares y lugares de trabajo. Ya hemos provocado un tremendo impacto negativo en el clima, pero es posible que aún tengamos una posibilidad de influenciar en la cantidad de cambio climático al que tendremos que adaptarnos en el futuro. Es por eso que la Espae Graduate School of Management, en la que enseño desde hace 34 años, ha decidido tomar la misión de incluir la sostenibilidad en los negocios, no solamente como parte de su pénsum académico, sino como una cruzada para que nuestros alumnos, futuros administradores de empresa, tomen en serio su responsabilidad frente a los grupos de interés y no solamente ante los accionistas, por los cambios del entorno climático a los que ya tendremos que ajustarnos; o en su defecto, continuar ignorando este problema, con lo cual tendremos que adaptarnos a más severos impactos del clima en el futuro. Y es nuestro deber hacerlo, independientemente de que los países con más alta emisión per cápita estén tomando otras decisiones por nosotros. Los cambios extremos de clima en algunas partes del mundo que tienen buena infraestructura, con gente muy bien asegurada, pueden ser molestosos, costosos y causar algunas muertes. Pero si lo mismo ocurre en otras partes del mundo (y ya lo vivimos con el pasado terremoto) con muy pobre infraestructura y gente sin casi ningún tipo de seguro, el mismo cambio climático puede ser devastador, causando pérdidas significativas de hogares y una cantidad significativa de muertes. Mundialmente advocamos porque el incremento de temperatura promedio no sea mayor de 2 grados centígrados, sin embargo, ya se nos vino encima y la nueva meta es contenerla dentro de los 4 grados. Si llegamos a esta temperatura promedio, los mares que tienen mayor inercia térmica que la Tierra tendrán una temperatura promedio menor que en los continentes. Pero los seres humanos no experimentamos temperaturas promedio globales; tenemos días calurosos, días fríos, días lluviosos y así por el estilo. De esta manera, en una ciudad con un sol radiante sobre una masa de vidrio y concreto, con los 4 grados de temperatura promedio incrementales, vamos a soportar 6, 8, 10 y hasta 12 grados más calientes de temperatura. A eso tendremos que adaptarnos. Y no serán solamente temperaturas extremas, sino mayores tormentas y otros impactos que afectarán nuestras carreteras, trenes, puertos, plantas de generación de energía que, se supone, son enfriadas por agua de cierta temperatura. En forma indirecta se afectarán las cosechas como el maíz, que podría reducirse en un 40%, y la de arroz sería un 30% menor, lo cual sería tremendo para la seguridad alimentaria global. Este escenario de un incremento de 4 grados sería incompatible con la forma de vida organizada en el mundo. Pero esto pone una presión en las naciones ricas, pues, de acuerdo al economista Nicholas Stern, estos países deben reducir inmediatamente el 10% de emisiones por año para evitar que topemos el límite de los 2 grados. Se supone que la reducción de un 1% de emisiones está directamente relacionada con una recesión económica. Y ese es el dilema ético, pues el control de las emisiones y la contención del cambio climático ponen un reto muy grande al crecimiento económico global, puesto que nuestra infraestructura -alta en carbón- provoca que si nuestras economías crecen, también nuestras emisiones. (O)

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/sostenibilidad

Fuente de la imagen: http://noticias.lainformacion.com/medio-ambiente/naturaleza/el-cambio-climatico-generara-100-millones-mas-de-pobres-en-2030_gKhfk8B3CNHfyQLzcMxDN1/
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Ministros y altas autoridades de dieciséis países llegarán a Uruguay para participar en CILAC 2016

América del Sur/Uruguay/01 de septiembre de 2016/Fuente: UNESCO

El I Foro Abierto de Ciencias (CILAC 2016) recibirá a Ministros, Vice-Ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y altas autoridades nacionales e internacionales en estos temas, para participar en cinco mesas ministeriales que se llevarán a cabo entre los días 6 y 9 de setiembre en el salón de actos del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

Mejorar la vida de las personas, asegurando al mismo tiempo la sostenibilidad ambiental, es uno de los retos que enfrentan la comunidad científica y los tomadores de decisiones en el marco de la nueva Agenda 2030.

El conocimiento científico juega una función clave en la toma de decisiones estratégicas hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La CTI será además decisiva para entender las oportunidades y las barreras que permitirán o impedirán a los países cumplir con sus compromisos, y poder ir ajustando sus políticas públicas sobre la marcha.

Es en este contexto que CILAC está dando a la región de América Latina y Caribe una oportunidad para reflexionar en su conjunto sobre este rol primordial de la CTI. Representantes gubernamentales de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Honduras, El Salvador, Granada, Guyana, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Sudáfrica y Uruguay, han respondido a esta convocatoria regional para intercambiar experiencias y avanzar posiciones comunes.

Las participaciones han sido organizadas en cinco mesas ministeriales que abordarán respectivamente: las políticas de CTI y sus instrumentos; el nexo entre educación, ciencia y ciudadanía; la cooperación en CTI en el espacio Iberoamericano y los instrumentos de su promoción; la CTI como clave para el logro de los ODS; y los caminos a seguir en la cooperación científica internacional para el desarrollo sostenible.

Entre las experiencias que abrirán el intercambio, Portugal presentará el reciente aumento de su producción y de su capital científico y compartirá las políticas y estrategias utilizadas al respecto. Cuba, por su parte, aportará mejores prácticas en temas de promoción de jóvenes investigadores, entre otros.

La educación es un tema de preocupación recurrente, y las mesas ministeriales también se ocuparán de ello. Entre los casos que se presentarán, está el de Uruguay que se ha destacado por sus esfuerzos por asegurar una educación de calidad para todos los ciudadanos (Objetivo de Desarrollo Sostenible 4) y hoy debe responder a nuevas demandas de la educación científica.

Las presentaciones nacionales confluirán hacia la importancia de fortalecer la cooperación científica y tecnológica en el espacio Iberoamericano y los instrumentos de su promoción. En el ámbito de la Agenda 2030, nuevos desafíos y nuevas oportunidades de colaboración científica y tecnológica se deberán diseñar tanto a nivel global, como regional. ¿Cómo asegurar, por ejemplo, que las diferentes agencias nacionales de financiamiento de la CTI comiencen a trabajar juntas en la elaboración de una visión de regional y de integración? Chile llamará a la reflexión a esta interrogante. ¿Qué está haciendo Ecuador en temas de cooperación en CTI para promover una economía de ideas e innovación?, será también disparador de reflexión conjunta. Colombia, traerá sobre la mesa el tema de la ciencia de frontera, la costosa infraestructura de investigación que requiere y por ende la necesidad de estrecha coordinación política y cooperación regional necesaria.

Los resultados de estos días de trabajo constituirán un importante aporte a los debates sobre el desarrollo de las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación en América Latina y Caribe. Serán además insumos fundamentales de la región para el próximo Foro Mundial de la Ciencia: “Ciencia para la Paz”, a realizarse en Jordania en 2017.

Fuente: http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/ministers_and_high_authorities_from_sixteen_countries_will_a/#.V8ehalvhDIU

Imagen: forocilac.org/wp-content/uploads/2016/07/CILAC-logo-retina.jpg

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El uso y abuso de bolsas plásticas en Bolivia

www.educabolivia.bo/31-08-2016/

Tres mil millones de bolsas plásticas se utilizan anualmente en Bolivia, sin contar bolsas de comida y refresco para llevar, ni las de helados, leche o lácteos.

Los datos se desprenden de un estudio reciente, encargado por el Centro para el Desarrollo Sostenible Molle a la Consultora Magnética SRL, difundido a través de la Red Nacional de Periodistas Ambientales de Bolivia.

El estudio considera variables de consumo entre familias urbanas y rurales, en tres principales grupos de consumo: compras de pan,  de mercado y otros (artículos de recreación, vestimenta…), extrapolando información de campo y encuestas con datos del Censo del 2012.

El área urbana usa, en los tres rubros, 2.421.268.800 de bolsas plásticas/año y el área rural utiliza 552.457.880 de bolsas plásticas/año.

El total nacional de consumo de bolsas plásticas es de 2.973.726.680 anuales e implica un promedio de 295 bolsas per cápita/año.

De acuerdo al estudio, las bolsas plásticas que se regalan en la venta de pan cuestan más de 57 millones de Bolivianos/año en Bolivia.

Utilizar  bolsas de tela, una seria alternativa a considerar

Proveer una bolsa de tela a las familias costaría menos de la mitad, asegura el informe del CDS Molle. El documento destaca que las bolsas de tela se elaboran con materia prima y mano de obra nacional.

Las bolsas plásticas se fabrican en segundos, se usan 20 minutos y tardan 150 años en reintegrarse a naturaleza; en tanto que las de tela se utilizan cientos de veces y tarda apenas unos meses en descomponerse, asegura CDS Molle.

El 60% de los basurales es plástico (material que no se degrada) y las bolsas se constituyen en el principal elemento, esa que a diario nos hace la vida más sencilla, termina luego esparcida por las calles, campos y montañas. Ante esta situación es necesario promover o sustituir el uso de las bolsas plásticas por las bolsas de tela.Una Bolsa reutilizable evita como mínimo 6 bolsas x semana,  24 x mes,  288 x año.

Accionaes a encarar

En este contexto, es necesario activar un mecanismo nacional de educación para el cuidado de la madre tierra que incluya a todos los niveles, modalidades y subsistemas del Sistema Educativo Plurinacional.

Abordar la temática desde las distintas asignaturas y que se constituyan parte fundamental del proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de la relación con los problemas ambientales de la comunidad, con el propósito de que en los estudiantes, maestros y familia/comunidad  se fomenten, desarrollen y profundicen hábitos de cuidado, protección y amor por la madre tierra.

Lamentablemente en nuestro país, en la realidad concreta, se puede observar en las unidades educativas y en las comunidades en general, tanto del área rural como urbana, la ausencia total de prácticas que tengan que ver con el cuidado de la madre tierra; ante esta problemática se requiere perfeccionar las acciones con el fin de lograr un proceso de educación ambiental, desde la perspectiva del desarrollo sostenible como parte de la educación general e integral de la comunidad educativa, con el interés de desarrollar modos de pensar, sentir y actuar responsables ante el entorno ambiental y en respuesta a la crisis ambiental en el que está sumido el planeta.

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Panamá celebrará la quinta semana de RSE

Centro América/Panamá/Agosto 2016/Noticias/metrolibre.com

Panamá celebrará a partir de mañana la quinta edición de la semana de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) encabezada por la organización Sumarse, liderada por el magnate Stanley Motta, en la que se espera unos 1.500 participantes, informó hoy una fuente empresarial. De acuerdo con la convocatoria de Sumarse, coalición de empresas con programas de RSE, la cita se inaugurará con la presencia del presidente panameño, Juan Carlos Varela, y líderes del sector privado, así como multinacionales con operaciones en el país, ministros de Estado, directores ejecutivos de ONG, organismos internacionales para el desarrollo y el cuerpo diplomático.

En la ceremonia de inauguración está prevista la disertación del presidente y co-fundador de la firma de medios canadiense Corporate Knights, Toby Heaps, sobre «los beneficios de las conductas responsables en los negocios y su impacto en la sostenibilidad empresarial, además de repasar su experiencia en el desarrollo del ránking de las 100 compañías más sostenibles del mundo».

La actividad concluirá el próximo 1 de septiembre en el Megapolis Convention Center de la capital panameña. Motta, quien preside la organización desde su creación en 2009, destacó, durante el lanzamiento de la Semana, que esta iniciativa creada en 2012 se ha convertido en la plataforma para sensibilizar al empresariado panameño en temas que les ayuden a desarrollarse y a crecer en un mundo globalizado. «Ya en Sumarse tenemos cerca de 160 empresas a las que ayudamos a mejorar para hacer sus negocios más sostenibles», añadió.

El objetivo de la Semana es generar un espacio en el que todos los sectores involucrados en lograr el desarrollo sostenible del país se puedan encontrar e intercambiar conocimientos, ideas y buenas prácticas. Este año la agenda abarca temas que van de la ética y la transparencia empresarial, pasando por la inversión social del sector empresarial y su aporte al desarrollo humano hasta los errores más comunes a los que se enfrenta una empresa en su misión de crear un modelo de gestión sostenible. La equidad de género, la comunicación responsable, al aporte de los modelos de sostenibilidad de las multinacionales establecidas en el país al sector empresarial, y el reto empresarial ante la generación millennial son los asuntos más relevantes que llenaran los 18 espacios de formación en diferentes formatos que ofrecerá Sumarse durante los 4 días.

Como novedad este año se incorpora a la Semana las aulas universitarias creando Foros estudiantiles en la Universidad Latina de Panamá, Universidad Santa María La Antigua, Universidad Tecnológica de Panamá y al Universidad Especializada de las Américas. Este acercamiento permitirá llevar a expositores invitados de la Semana a intercambiar ideas en temas de sostenibilidad a estudiantes próximos a ingresar al mercado laboral.

De igual modo se llevará a cabo la cuarta Feria de contratación laboral para personas con discapacidad en la que 12 empresas miembro, con el apoyo del gobierno, entrevistarán a los candidatos para completar potenciales vacantes de empleo. El evento contará con la participación de 47 expositores (locales e internacionales), además de unas 34 empresas (locales y multinacionales) de diversos sectores de la economía que presentarán sus buenas prácticas a los más de 1.500 asistentes que se espera recibir este año.

Fuente:http://metrolibre.com/nacionales/panama-celebrara-la-quinta-semana-de-rse-adc

Fuente imagen: https://lh3.googleusercontent.com/f3kDyn87YxrlSmgRdnV0OyOesPDcDLoF27XioiUV7fZv_CA9mdoEL0x62s-Ra1H1mj7Pug=s149

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The Ethiopian model is breaking, but it’s not too late to fix it

África/Etiopia/Agosto del 2016/Noticias/www.geeskaafrika.com

El modelo Etíope se esta Fragmentando, pero no es Demasiado tarde para Solucionarlo

Resumen:

Por Simon  Alisson

Expresa que por mucho que Etiopía merece elogios por su impresionante crecimiento económico, ha sacado a millones de la pobreza, su historial de derechos civiles y políticos, siempre ha sido pobre. señala también que la disidencia no es simplemente una opción, y un sin número de periodistas, activistas y organizadores comunitarios se han visto en el lado equivocado del estado – con brutales consecuencias, a veces mortales. En este sentido el primer ministro Haile Mariam Desalegne dice que la construcción de una cultura democrática requiere tiempo, pero que Etiopía está trabajando en ello. En privado, los funcionarios etíopes admiten a los abusos, pero dicen que los derechos políticos sin restricciones serían descarrilar el proyecto de construcción del Estado.  según señalan que las libertades sin restricciones son un lujo occidental; un lujo que un país tan grande, diversa e históricamente divididos como Etiopía, simplemente no puede permitirse. De esta forma los defensores de la democracia liberal también deben reconocer que el modelo occidental ofrece algunos ejemplos, al menos en África, donde los derechos socioeconómicos se han entregado con éxito junto a las libertades básicas. «¿De qué sirve la libertad de expresión para el hambriento?» El político indio Piloo Mody una vez que se le pide. democracias occidentales mismos estaban casi todas fundadas en lo que se considera ahora ser graves abusos contra los derechos humanos, tales como la privación de los derechos de la mujer, o la esclavización de los diferentes grupos raciales – los abusos que empequeñecen los pecados de hoy en día Etiopía. Para finalizar Los gobernantes de Etiopía se enfrentan ahora a una dura elección. Doblar en el despotismo, y el riesgo de una revolución – deshacer lo que la gran parte del crecimiento económico del país (los donantes ya están bajo una intensa presión para tirar hacia fuera). O reconocen que los derechos civiles y políticos no son un lujo, sino una condición necesaria para el desarrollo sostenible, a largo plazo – y la reforma del estado en consecuencia.

By SIMON ALLISON. Dark clouds have long loomed over Ethiopia’s stunning development story. Now, in the face of unprecedented protests, and the government’s typically brutal response, those clouds threaten to turn into a perfect storm – with chilling consequences.

As much as Ethiopia deserves praise for its stunning economic growth, which has lifted millions out of poverty, its record on civil and political rights has always been poor. Dissent is simply not an option, and countless journalists, activists and community organisers have found themselves on the wrong side of the state – with brutal, sometimes fatal consequences.

In public, Prime Minister Hailemariam Desalegn says that building a democratic culture takes time, but that Ethiopia is working on it. In private, Ethiopian officials admit to the abuses, but they say that unrestricted political rights would derail the state-building project. They insist that unfettered freedoms are a western luxury; a luxury that a country as large, diverse and historically divided as Ethiopia simply cannot afford.

There is some merit to this argument. It is no coincidence that Africa’s two most successful developmental states, Ethiopia and Rwanda, are both tightly-controlled one party states. Perhaps a firm hand and a coherent long term vision make it easier to implement policy, distribute aid and maintain political stability (although this is not always the answer, as the continent’s many failed dictatorships illustrate).

Proponents of liberal democracy must also acknowledge that the western model offers few examples, in Africa at least, where socio-economic rights have been successfully delivered alongside basic freedoms. “What good is freedom of speech to the hungry man?” the Indian politician Piloo Mody once asked. Western democracies themselves were almost all founded on what would be considered now to be gross human rights abuses, such as the disenfranchisement of women, or the enslavement of different race groups – abuses that dwarf the sins of modern-day Ethiopia.

But here’s the catch: as Ethiopia’s economy slows, and the glaring inequalities of its growth become more apparent, it’s becoming harder and harder to keep a lid on that dissent. While it might have been effective, Ethiopia’s authoritarian model of development is inherently fragile – and those fragilities are being exposed by the recent spate of anti-government protests. The unprecedented scale of these protests means that, for once, the government can’t make the problem disappear, no matter how ruthless its response.

The troubles began in November 2015, when affected communities began to demonstrate against the government’s plan to expand Addis Ababa, the capital, into surrounding farmlands. This tapped into wider discontent among the Oromo, Ethiopia’s largest ethnic group but also its most marginalised, and solidarity marches broke out across the region.

The protestors won, eventually – the expansion plans were cancelled – but at an enormous cost. An estimated 400 people were killed, and hundreds more imprisoned. This in turn fuelled more protests, and this year tensions have remained high across Oromia.

More mass demonstrations broke out in early July, but this time from a completely different source. A long-standing regional boundaries dispute in Amhara catalysed local resentment against the government, and huge rallies erupted in the region’s main cities, Gondar and Bahir Dar. Anger was directed at the government but also at the political dominance of another ethnic group, the Tigray, who occupy most senior government positions. Solidarity rallies were held across Amhara, Oromia and even in Addis Ababa.

The government responded the only way that it knows how: with lethal force. Amnesty International estimates that nearly 100 people were killed this weekend as security forces tried to disperse countrywide protests. In Bahir Dar alone, the police shot live rounds into the crowd, claiming 30 lives.

If the last nine months are anything to go by, the deaths will not stem the dissent. If anything, the more people the government kills, the louder and more widespread the protests seem to get.

For Ethiopia, the implications of this are deeply unsettling: the state can no longer stifle opposition by force. The authoritarianism which has underpinned the country’s development isn’t working any more.

Ethiopia’s rulers are now faced with a stark choice. Double down on the despotism, and risk a revolution – thereby undoing much of the country’s economic growth (donors are already under intense pressure to pull out). Or acknowledge that civil and political rights are not just a luxury, but a necessary condition for sustainable, long-term development – and reform the state accordingly.

The Ethiopian model of development may be buckling under the strain of the recent protests, and the government’s brutal response. But the model can, and must, be fixed. Before it’s too late. DM.

Fuente:

http://www.geeskaafrika.com/wp-content/uploads/2016/08/Ethiopian-security-forces-680×400.jpg

Fuente Imagen:

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Estados Unidos: Directorio del Banco Mundial aprueba nuevo Marco Ambiental y Social

América del Norte/Estados Unidos/14 de Agosto de 2016/Fuente: Banco Mundial

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó hoy un nuevo Marco Ambiental y Social (MAS) que amplía los resguardos para las personas y el medio ambiente en los proyectos de inversión financiados por el Banco. La revisión de salvaguardias incluyó el más amplio proceso de consulta jamás realizado por el Banco Mundial. Es el punto final de casi cuatro años de análisis y cooperación a lo largo del mundo junto a gobiernos, expertos en desarrollo y grupos de la sociedad civil, abarcando a casi 8000 partes interesadas en 63 países. El marco forma parte de un esfuerzo de gran alcance por parte del Grupo Banco Mundial para mejorar los resultados de desarrollo y racionalizar su trabajo.

“La misión del Grupo del Banco Mundial es la de erradicar la pobreza extrema y reducir la desigualdad en el mundo, y este nuevo marco será un factor crítico para ayudarnos a alcanzar dichos objetivos”, dijo el Presidente del Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim. “Estas nuevas salvaguardias incorporarán a nuestros proyectos resguardos actualizados y mejorados para las personas más vulnerables del mundo y nuestro medio ambiente. También incrementaremos sustancialmente el financiamiento de estas salvaguardias para asegurarnos que esto funcione como estaba previsto —con financiamiento suficiente tanto para la implementación como el desarrollo de capacidades en los diferentes países, para que puedan tener un papel más activo en la protección de personas y del medio ambiente”.

El marco coloca a los resguardos ambientales y sociales del Banco Mundial en mayor armonía con los de las demás instituciones para el desarrollo, presentando importantes avances en áreas como transparencia, no discriminación, inclusión social, participación pública y rendición de cuentas —incluido un papel más amplio para los mecanismos de reparación de reclamos.

Para respaldar este nuevo marco —y cumplir con requisitos adicionales de control— el Banco Mundial incrementará significativamente el financiamiento de estas salvaguardias.

El fortalecimiento de sistemas nacionales en los países prestatarios fue identificado como uno de los objetivos de desarrollo centrales del Banco Mundial y la mayoría de sus accionistas. En línea con este objetivo, el marco pone un mayor énfasis en el uso de los marcos de los países prestatarios y desarrollo de capacidades, con el objetivo de lograr instituciones prestatarias sostenibles y una mayor eficiencia.

“El nuevo marco encapsula el compromiso del Banco Mundial con los resguardos ambientales y sociales y responde a los nuevos y variados requisitos y desafíos del desarrollo que han surgido con el tiempo”, dijo Alex Foxley, Director Ejecutivo del Banco Mundial para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay y Presidente del Comité sobre Efectividad del Desarrollo, un comité del Directorio del Banco Mundial que supervisa cuestiones de política. “La experiencia y capacidades de muchos prestatarios han mejorado y nuestros requisitos han sido actualizados para reflejar las realidades del presente. El marco fue diseñado para mejorar los resultados de desarrollo en proyectos del Banco haciendo fuerte énfasis en la sostenibilidad, uso responsable de los recursos y monitoreo y evaluación”.

El Marco Ambiental y Social recién aprobado introduce resguardos exhaustivos en términos laborales y de condiciones de trabajo; un principio fundamental de no discriminación; medidas de salud y seguridad comunitarias que abordan la seguridad vial, respuesta ante emergencias y mitigación de desastres; y la responsabilidad de incluir la participación de las partes interesadas a lo largo del ciclo del proyecto.

El nuevo marco fomentará en mejores —y perdurables— resultados de desarrollo. Proporciona mayor cobertura y acceso, beneficiando a más personas, en especial grupos vulnerables y desfavorecidos. También fortalecerá las alianzas con otros bancos multilaterales de desarrollo, socios en el desarrollo y donantes bilaterales.

El Banco Mundial ahora dará inicio un período intensivo de preparación y capacitación (12-18 meses) para estar listo frente a la transición hacia el nuevo marco. Se espera que el marco entre en vigor a comienzos de 2018.

La implementación se centrará en apoyar y fortalecer las capacidades de los prestatarios; capacitar al personal del Banco y Prestatarios en la implementación del marco; fortalecer los Sistemas de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales del Banco; y fortalecer las alianzas estratégicas con nuestros socios en el desarrollo. Se espera que los actuales resguardos del Banco Mundial operen en paralelo al MAS por alrededor de siete años para regir los proyectos aprobados antes de la puesta en marcha del nuevo MAS.

Antecedentes:

Evaluar y gestionar impactos ambientales y sociales en los proyectos financiados por el Banco Mundial ha sido una de las principales preocupaciones de la institución por más de 40 años. Las políticas actuales del Banco, publicadas hace casi 20 años, fueron vistas por mucho tiempo como las pautas a seguir por parte de los Bancos Multilaterales para el Desarrollo en términos de resguardos para personas y medio ambiente.

La actual revisión de salvaguardias comenzó en julio de 2012. Respondiendo en parte a un informe de 2010 del Grupo de Evaluación Independiente (IEG, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, el Directorio ordenó a la dirección revisar las políticas de salvaguardia existentes para incrementar la cobertura, inclusión social y armonización a lo largo del Grupo del Banco; mejorar las capacidades, responsabilidad y sentido de propiedad de los clientes; fortalecer la supervisión, monitoreo y evaluación de salvaguardias para asegurar la implementación rigurosa de nuestras políticas; y mejorar los sistemas e instrumentos de rendición de cuentas y reparación de reclamos para aquellas comunidades e individuos que quieran expresar sus preocupaciones respecto a los proyectos financiados por el Banco Mundial.

Fuente: http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/08/04/world-bank-board-approves-new-environmental-and-social-framework

 

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Estados Unidos: El derecho de pueblos indígenas a la participación efectiva y al desarrollo autodeterminado

América del Norte/Estados Unidos/12 de Agosto de 2016/Fuente: CIDH

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, y el Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, urgen a los Estados de América a garantizar el derecho de los pueblos indígenas a una participación significativa y efectiva en los procesos de toma de decisiones relacionados a proyectos de inversión o de desarrollo que puedan afectar sus derechos y su supervivencia cultural, y a reafirmar su derecho a un desarrollo resultado de su libre determinación.

Las Relatorías de la ONU y de la CIDH expresan su preocupación en cuanto a la forma histórica en que el desarrollo ha sido y continúa siendo impulsado a expensas de los pueblos indígenas del continente, sin tener en cuenta sus derechos reconocidos a la consulta, la participación efectiva, y sin derecho a la participación razonable en los beneficios. En su informe sobre industrias extractivas, la CIDH reconoció que la región está plagada por un problema estructural constante en el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos de toda índole, sin cumplimiento del derecho a la consulta y, cuando aplica, al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. La CIDH también destacó que los Estados frecuentemente confunden acuerdos de beneficios compartidos – los cuales son obligatorios en virtud del derecho interamericano e internacional de los derechos humanos – con actos caritativos o de buena voluntad en el marco de las políticas de responsabilidad social de las empresas.

En el año 2015, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas presentó un informe a la Asamblea General de la ONU enfocado en los impactos de los proyectos de inversión y de los acuerdos de libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. Este informe ofrece un panorama general de la problemática, y aborda algunos de los impactos de los acuerdos internacionales de inversión sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como los problemas más sistémicos asociados con el régimen jurídico de inversión internacional. El segundo informe sobre acuerdos internacionales de inversión y tratados bilaterales de inversión será presentado este año en la 33ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. El informe busca profundizar en la contextualización y el análisis de dichos impactos, enfocándose en casos concretos iniciados por inversores en contra de varios Estados, muchos de los cuales en América Latina, que tienen consecuencias directas en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. En estos informes, la Relatora Especial busca promover la coherencia entre el derecho internacional de inversiones y el derecho internacional de los derechos humanos, a fin de asegurar que el cumplimiento por parte de los Estados con sus obligaciones hacia los pueblos indígenas no estén obstaculizadas por protecciones otorgadas a los inversores.

El Relator de la CIDH y la Relatora Especial de la ONU reiteran que el derecho a la efectiva participación de los pueblos indígenas incluye el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, de buena fe, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, y dentro de un proceso culturalmente apropiado. También incluye el derecho a beneficiarse de la explotación, industrialización y comercialización de los recursos que se encuentran en los territorios indígenas, incluso los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, así como el derecho a obtener indemnización justa para compensar los perjuicios y daños causados en este proceso.

Para profundizar el derecho a la participación efectiva, ambos expertos en materia de derechos humanos reafirman el derecho de los pueblos indígenas a definir sus propias prioridades de desarrollo.  Dicho derecho, el cual previamente había sido reconocido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y el cual recién ha sido reiterado en el artículo 29 de la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, faculta a los pueblos indígenas para “mantener y determinar sus propias prioridades en lo relacionado con su desarrollo político, económico, social y cultural, de conformidad con su propia cosmovisión” y para “que se les garantice el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas”.

Ambos Relatores insisten además que el objetivo de los beneficios compartidos o del desarrollo libremente decidido con base en su libre determinación supone una corrección de las injusticias históricas sufridas como resultado de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses. También abarca la necesidad de fomentar una nueva forma de desarrollo de acuerdo con sus necesidades e intereses propios, en el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Ambos órganos de monitoreo de derechos humanos aseveran que el derecho a la participación efectiva y el reconocimiento del derecho al desarrollo libremente determinado son cruciales para asegurar los estándares mínimos para que los pueblos indígenas puedan gozar de toda la gama de derechos humanos y libertades fundamentales. Impulsar la capacidad de las comunidades indígenas de libremente determinar su desarrollo incrementa a su vez los recursos económicos dentro de las comunidades, y tiene repercusiones positivas sobre su capacidad de garantizar sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

La educación es otro medio para impulsar desarrollo económico dentro de las comunidades indígenas. A pesar de que la situación se está mejorando en el hemisferio, deficiencias cualitativas en centros educativos a los cuales niños indígenas tienen acceso, la distancia entre comunidades y escuelas, la falta de relevancia de los planes de estudio para niños indígenas, métodos culturalmente inapropiados de enseñanza y aprendizaje, la ausencia de enseñanza de los idiomas indígenas, así como la discriminación y el perjuicio siguen menoscabando el derecho de los pueblos indígenas a la educación. El control de los pueblos indígenas sobre su sistemas e instituciones educativas, que permitiría enfrentar varias de estas problemáticas, también ha sido reconocido como un derecho en el artículo 24 de la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, y también debe ser apoyada por los Estados de la región.

El cumplimiento de estas obligaciones es de particular relevancia dado la reciente adopción de los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En particular, la educación, los beneficios compartidos y el desarrollo libremente determinado, los cuales empoderan a las comunidades indígenas, serán conducentes para la implementación del objetivo de erradicar la pobreza en todas sus formas para todas las personas. La pobreza es un elemento clave que impide el ejercicio de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y su erradicación es fundamental para el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas es un experto independiente cuyo mandato está establecido por el Consejo de Derechos Humanos.

Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/113.asp

Fuente de la imagen: http://www.oas.org/es/cidh/actividades/visitas.asp

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