Colombia 15 de Mayo de 2016
Entrevista a: Víctor Manuel Gómez
Por: Steven Navarrete Cardona
Colombia 15 de Mayo de 2016
Entrevista a: Víctor Manuel Gómez
Por: Steven Navarrete Cardona
Colombia/ 15 de Mayo de 2016/La Izquierda
El viernes estudiantes, docentes y no docentes salieron a la calle por mayor presupuesto y aumento del 40% para docentes y no docentes.
Fue en el marco de la gran movilización estudiantil y docente que se está llevando a cabo a lo largo del país que tuvo como consecuencia una multitudinaria marcha nacional educativa hacia Plaza de Mayo el jueves 12, como así también decenas de clases publicas con el objetivo de visibilizar el reclamo del ajuste presupuestario que lleva a cabo el gobierno de Mauricio Macri.
El pasado viernes 13 de mayo, a pocos metros de la Sede Córdoba de la UNVM, sobre la calle 24 de septiembre, se realizo una clase pública enmarcada en una campaña provincial en defensa de la educación pública. La acción fue votada por la asamblea de Ciencias Sociales, que nucleó a los y las estudiantes de la universidad donde se dictan las licenciaturas en Sociología, Ciencia Política, Desarrollo local-regional y Comercio Internacional, en articulación con las diferentes organizaciones políticas y el resto del claustro universitario.
La clase pública contó con una convocatoria de un centenar de estudiantes, docentes, no docentes, egresados y compañeros de otros ámbitos educativos y políticos que se solidarizaron con la lucha, rechazando la “modernización” y la mercantilización de la educación pública.
Susana Roitman docente de Sociología General en la Licenciatura de Sociología explicaba: “Se trata de la defensa de la educación pública, donde la cuestión salarial ha disparado el acompañamiento de los otros claustros que permitió algo inédito en está sede con la unidad docente- estudiantil como también la importante presencia de graduados, y no docentes, gesto de suma relevancia. La acción interclaustro permite visibilizar en conjunto la cuestión de un enemigo común, que en definitiva es un enemigo de clase, porque este ataque a la educación pública es un ataque también a los trabajadores”.
Pablo Whebe, docente de Sistemas y Regímenes Políticos Comparados declaraba: “Si no podemos garantizar la prestación de la educación, la garantía que todos los sectores de un país tengan la posibilidad de acceder a estas vías de superación, vamos a estar haciéndole el juego a una ola que ha empezado desde Washington a poner su cabeza de playa en Argentina, ya lo ha logrado en Brasil, la cual significa mercantilizar las universidades y la educación, y dejar de producir ciudadanos que es la función esencial de la universidad pública, que implica inclusión, para pasar solamente al individualismo de un profesional que está al servicio de intereses que no son los populares”.
Fuente: http://laizquierdadiario.com/La-Universidad-de-Villa-Maria-sede-Cordoba-se-suma-a-la-lucha-por-la-educacion-publica
Guatelama/10 mayo 2016/Fuente: http://masguate.jimdo.com/
El evento deportivo nacional más grande a nivel escolar, los Juegos Deportivos Escolares 2016, fueron presentados hoy, tras el lanzamiento oficial realizado en el gimnasio mayor de la Digef. Los juegos son organizados por la Dirección General de Educación Física.

El lanzamiento de los juegos fue presenciado por más de 500 niños escolares de centros educativos públicos y con discapacidad, el cual incluyó dentro de su programa la participación de la banda escolar de marcha del Colegio Osorio Sandoval, piezas musicales interpretadas por la Marimba Juvenil de Conciertos de la Digef y la exhibición acrobática del equipo Golden Cheerleader de la Digef.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del director interino de la Digef, licenciado Saúl Lima, quién resaltó la importancia y el impacto de los juegos. «Los Juegos Deportivos Escolares es uno de los programas con mayor impacto en la comunidad educativa que realiza la Digef, el cual contribuye al desarrollo de los talentos deportivos, además brinda espacios para fortalecer los valores, el intercambio cultural y el desarrollo integral de los niños», mencionó.
El momento más importante fue el encendido del pebetero con el fuego deportivo escolar portado por los atletas Ángela Jayes y Esaúl Luna, ambos del equipo de cheearleader de Digef, dando inició así a los a las competencias deportivas escolares en el presente año.
El programa de juegos deportivos escolares para el 2016 abarcará 10 deportes convencionales y 2 de discapacidad, siendo estos: ajedrez, atletismo (convencional y discapacidad), baloncesto, balonmano, fútbol, futsal, natación (convencional y discapacidad), tenis de mesa, triatlón y voleibol; así como golbol para deportistas escolares con deficiencia visual y bochas para atletas escolares con parálisis cerebral.

Los juegos deportivos escolares atienden cada año, alrededor de 16,000 deportistas escolares de 8 a 19 años en los niveles primaria, básico y diversificado, en los 22 departamentos del país.
Las diferentes fases de competencia dentro de los juegos deportivos escolares inician en la fase interaulas, pasando por el intermunicipal, departamental, regional y nacional. Estos procesos son clasificatorios para competencias internacionales como los Juegos del Codicader, Jedecac y eventos de la ISF.
En el mes de mayo, el ajedrez será la competencia que abrirá la fase nacional 2016 y la cerrará el triatlón en julio. Posteriormente se realizarán los juegos regionales, clasificatorio para los juegos nacionales del 2017.
Fuente de la Noticia:
http://masguate.jimdo.com/deportes/
España/11 mayo 2016/Fuente: El Diario
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha alertado de las «graves consecuencias en detrimento de la calidad de la enseñanza que se están produciendo debido a los recortes en educación», cifrados en Andalucía en un 14,3 por ciento, según un reciente estudio del Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas, titulado ‘Sanidad, Educación y Protección Social: Recortes Durante la Crisis’, apunta la organización.
La Apdha ha presentado en rueda de prensa una panorámica de la situación que atraviesa la educación pública en Andalucía, en la semana en que se tramita el proceso de admisión a los centros educativos del alumnado de Infantil. Además, asegura que estos recortes «ocasionan graves retrasos en la cobertura de las bajas del profesorado, que llegan a extenderse hasta 20 o 30 días».
Dada la cantidad de casos documentados, añaden, «no se trata de una situación puntual», sino una norma que trae «nefastas consecuencias» para el funcionamiento de los centros y, más importante aún, para la calidad de la enseñanza que se imparte en los centros públicos o sostenidos con fondos públicos. Además, la organización solicita la «eliminación» del sistema de cupos, que limita la sustitución de profesorado por curso a un número de horas.
De este modo, denuncian que la ausencia de profesorado «se intenta paliar» con el uso del personal de apoyo de Educación Infantil de tres a seis años para cubrir los permisos y bajas docentes, una práctica «habitual que obliga a desatender al alumnado con necesidades especiales o las clases de refuerzo contra el fracaso escolar».
«Una prueba de que no se están sustituyendo las bajas, según la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Infantil (Padei), es que las bolsas de empleo prácticamente no se mueven desde hace tres años», señala la Apdha, que indica que también, según esta plataforma, en esta bolsa «hay 308 interinos y unos 4.000 aspirantes –opositores que aprobaron sin plaza y que no tienen ningún día de servicio–«.
Además, asegura la Apdha, es «especialmente sangrante» la supresión de líneas de Educación Infantil, justificada por la Junta de Andalucía a tenor de la baja natalidad, que encuentran respaldo principalmente en la educación concertada. Según datos de Padei, de 2010 a 2015 el alumnado matriculado en el segundo ciclo de Educación Infantil en Andalucía «ha disminuido en la enseñanza pública en 15.333 alumnos, lo que supone un descenso del 6,79%».
«Y es en los alumnos con dificultades de aprendizaje, con frecuencia los más afectados, en los que se produce otra de las severas consecuencias de los recortes, ya que ven cómo su evolución se ve ralentizada o postergada», lamenta la Apdha, que añade que «no se pueden admitir las políticas de recortes en monitores para la educación especial, ni la escasez tan acusada de educadores sociales en los centros educativos, así como el acceso al currículum que tienen los alumnos con discapacidad sensorial o motora».
Esta realidad, asegura la organización, se suma «a una reducción significativa» de la plantilla de profesores en más de 4.500 plazas –según los sindicatos CCOO, Ustea y APIA–, al recorte salarial de todo el personal educativo, al aumento de la ratio, la privatización de servicios y recursos educativos, la poca oferta de plazas en la Formación Profesional, la reducción de personal de administración y servicios, la falta de adaptación para personas adultas y migrantes, la ausencia de educación en valores, la interrupción del servicio de comedor escolar que garantice la adecuada nutrición de menores en situación de riesgo y que muchos estudiantes en Andalucía hayan tenido que dejar sus estudios por no tener recursos y becas disponibles.
A juicio de la Apdha, todos estos factores piden un pacto por una educación pública, laica, gratuita y de calidad que ponga fin a este «grave deterioro» que debe ser atajado cuanto antes, para que la calidad de la enseñanza en Andalucía «no siga el proceso de decadencia en el que se ve inmerso desde hace años».
Fuente:
http://www.eldiario.es/andalucia/Apdha-deterioro-educacion-recortes-cobertura_0_514799118.html
Por: Lev Moujahid Velázquez Barriga
El sistema mundo que estamos viviendo en la actualidad es producto de varios siglos de acumulación de capital y transferencia de valores; los medios e instrumentos de producción con los que se realiza cada mercancía se van sofisticando cada vez más, como también las formas de organización y explotación de la fuerza de trabajo. La revolución industrial no hubiese sido posible sin el previo despojo del territorio de América, sin el saqueo de sus recursos naturales y materias primas, sin la explotación humana en diversas formas de servidumbre y esclavitud.
Del mismo modo, la hipertecnologización del capitalismo contemporáneo es parte de este largo proceso de acumulación y transferencia de valores que ha hecho posible la revolución de las tecnologías en la información, la comunicación y la robótica, pero que también demanda formas nuevas de organización del trabajo, habilidades, destrezas y conocimientos que deben portar los trabajadores para reproducir el capital a partir de estos mismos contextos y avances tecnológicos.
Hoy las grandes empresas que controlan la economía mundial y supeditan la política a sus intereses particulares han encontrado en el uso y producción de nuevas tecnologías digitales –no sólo aplicadas en herramientas para la comunicación y el conocimiento, también en los automóviles, sistemas de lavado de ropa o hasta en los servicios privados de escaneo de “fotomultas”, por citar algunos ejemplos concretos– una vía rápida para acrecentar sus descomunales fortunas.
La innovación, la información y el conocimiento se han convertido en elementos fundamentales para dinamizar los procesos productivos, pero también han acelerado el flujo vertiginoso de las mercancías. La lógica inducida en la sociedad es el hiperconsumo: ya no se les concibe como algo acumulable, sino desechable; ahora induce a comprar y cambiar el teléfono celular o la tableta digital en el menor tiempo posible.
Es en este contexto del capitalismo mundial donde se sitúan las reformas educativas de la globalización económica, no es para nada fortuito que en México, después de 3 años de la modificación constitucional al Artículo 3 y la ausencia de un modelo educativo como resultado, reaparezca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para anunciar en voz del secretario de educación Aurelio Nuño, ahora sí, el nuevo proyecto de educación para nuestro país.
Lejos de atender el interés público de la nación, el anunciado proyecto de educación responde a las necesidades de los grandes consorcios económicos que plasmaron sus intereses en la Ley de Competitividad publicada en enero de 2015 y que tiene como uno de sus objetivos primordiales “dinamizar la inversión pública, privada y social en infraestructura, capital humano, capacitación laboral, formación de competencias de emprendedores y trabajadores y el establecimiento de mecanismos que fomenten la productividad laboral; el impulso al emprendimiento y escalamiento productivo y tecnológico de empresas; la investigación y desarrollo, así como la innovación aplicada”.
Es aquí donde el sistema educativo adquiere sentido para los grandes empresarios, de modo que lo que se presentará este 2016, será lo mismo que están impulsando los organismos financieros internacionales en materia educativa y que han llamado modelo STEM, por sus siglas en inglés o CTIM en español, y que se refiere al desarrollo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas aplicadas al mejoramiento de la productividad y el aumento de las ventas, respondiendo precisamente a lo que demandan las empresas inmersas en el capitalismo de base cognitiva y que advierten en el conocimiento, la información y la innovación el derrotero para su rápida expansión y crecimiento económico.
Según las proyecciones de la OCDE en “Políticas prioritarias para fomentar las habilidades y conocimientos de los mexicanos para la productividad y la innovación”, emitido en mayo de 2015, lo que llevará a México por el camino del crecimiento a la par de los países más desarrollados es el impulso de economías de valor agregado, como la economía digital, para lo cual se necesita transferir tecnologías a través de la inversión extranjera en la industria de los electrónicos, las comunicaciones y los transportes, eso explica la cantidad tan considerable que han destinado para estos dos últimos sectores en el presupuesto aprobado para 2016.
Advierten un gran potencial de consumidores de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dado que México está entre sus países miembros con menor penetración de banda ancha y fija, así como de adultos que usan internet, pero también de menor proporción de empresas involucradas en ventas electrónicas; sin embargo, éste es un campo abierto que tiene dificultades para encontrar mano de obra con las competencias necesarias.
En medio de este escenario económico, lo previsible para el futuro de la educación, al menos en el discurso exacerbado de la elite surrealista que dibuja un México siempre glorioso, enfilado irreversiblemente al progreso de la globalización, es que los maestros del entreguismo dispongan de nuestro sistema educativo, sobre todo en educación media y superior, para la formación y capacitación de mano de obra tecnificada.
Hablamos de competencias digitales, organizacionales, comunicativas, lógico matemáticas, innovadoras y emocionales, que conjuntamente componen lo que se concibe como “capital humano”; no es un gasto, sino una inversión en conocimientos, habilidades y destrezas que para el empresario se traducirán en mayor competitividad; innovación en la producción, mercadotécnica y venta rápida de las mercancías.
Las expectativas, sin embargo, podrían ser peores para los estudiantes: la OCDE reconoce que no toda la demanda de empleo requiere de altas competencias, la verdad es que las empresas mexicanas tienen entre su top ten de reclutamiento de empleados las siguientes categorías: representantes de ventas, secretarias, asistentes, personal administrativo, obreros y recepcionistas, que se refieren a empleos casi siempre precarizados y que tendrán que capacitarse en conocimientos mínimos desde la escuela pública, de ahí la necesidad de monitorear competencias escuetas desde la educación básica, a través de exámenes estandarizados.
El renovado proyecto educativo que se presentará este 2016 reforzará los mecanismos de privatización. Aunado a la “autonomía de gestión”, es decir, la descentralización del financiamiento educativo hasta llegar a la base del núcleo familiar y de cada centro escolar, seguirán embargándose por décadas los presupuestos educativos de la federación por endeudamiento público, a través de los bonos de infraestructura que, junto a la compra de tabletas digitales sin programa pedagógico, implican de facto el tránsito de recursos públicos hacia el sector privado y no nos extrañe ver entre los beneficiarios de las licitaciones a las empresas constructoras y de las telecomunicaciones predilectas del peñanietismo.
No descartemos otras desviaciones para la canalización de recursos públicos so pretexto de la educación digital, como la renta de plataformas virtuales al estilo de los convenios ya realizados para la capacitación laboral con el magnate de las comunicaciones Carlos Slim, así como la inversión en I+D, investigación y desarrollo, para transferir ciencia y tecnología producida en instituciones públicas, pero aplicada en las empresas privadas; otras opciones son el pago condicionado de las becas de Prospera a la culminación de estudios relacionados con el CTIM o las becas-crédito a través de préstamos de bancos particulares que cobrarán por sus intereses media vida laboral del trabajador profesionista.
En estos momentos, demandar una consulta nacional incluyente sobre la educación que necesita el pueblo mexicano parecería contradictorio, porque sabemos que no es el diálogo sino la represión el rostro que el Estado y los empresarios han mostrado para imponer la reforma educativa. Sin embargo, también es cierto que es necesario porque detonaría la movilización de la conciencia crítica organizada, evidenciando la ausencia de un proyecto nacional de educación emanado desde la ciudadanía, cohesionaría la pluralidad de posturas antagónicas al proyecto neoliberal y fortalecería las experiencias alternativas, que sin reconocimiento oficial, construyen desde abajo la escuela para la emancipación social.
Fuente
Contralínea (México)
Paraguay / 10 de mayo de 2016 / Fuente: http://www.abc.com.py/
El diputado Ramón Romero Roa se mostró optimista al decir que su proyecto «que declara en emergencia a la educación pública» obtendría media sanción en la Cámara Baja este jueves. Dijo que el fin primordial es abreviar los procesos burocráticos.
Este martes fue presentado a la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley “Que declara en emergencia la educación pública”. El documento tiene como proyectista al colorado Ramón Romero Roa, quien adelantó que pedirá el tratamiento sobre tablas este jueves en sesión ordinaria. Además, se mostró optimista al decir que lo más probable es que se obtenga la media sanción ese mismo día.
«Hasta el momento hay un consenso y creemos que tendrá media sanción el jueves, trabajaremos con los colegas para lograrlo», dijo en diálogo con ABC Color.
Señaló que el objetivo principal de este proyecto de normativa es abreviar en lo posible los engorrosos trámites burocráticos a través de la vía de la excepción, considerando que de hecho el sistema educativo cuenta con fondos como el Fonacide que no son ejecutados en su totalidad justamente por los largos procesos.
Detalló que la emergencia educativa planteada duraría dos años de obtenerse el visto bueno del Congreso Nacional y sería tanto para las gobernaciones como así también para los municipios.
“Conocemos la realidad que se vive, especialmente en una etapa de crisis en donde se tiene en cuenta la enorme dificultad con relación a la infraestructura escolar, la provisión de alimentos para los estudiantes, sobre todo los menores, y dentro de todo esto debemos manifestar que hay una burocracia que impide, a pesar de los recursos que se tiene, ejecutar los emprendimientos para mejorar la infraestructura o extender la alimentación a quienes están mucho más alejados de los centros urbanos”, fundamentó.
Dijo además que el nuevo ministro de Educación, Enrique Riera Escudero, ya está al tanto de este proyecto de ley a través de un miembro de Gabinete. «Estamos interesados en que esto sea posible de tal manera que sirva como una herramienta de trabajo al ministro», sentenció.
Fuente noticia: http://www.abc.com.py/nacionales/emergencia-educativa-obtendria-media-sancion-1478784.html
Foto: http://www.abc.com.py/nacionales/emergencia-educativa-obtendria-media-sancion-1478784.html
Una preocupación permanente de los docentes es la de contribuir a una educación pública de calidad, concepto que -cabe aclararlo desde el comienzo- diferenciamos del de “calidad educativa”, una definición impuesta en los `90 y que busca encuadrar a la educación como un producto más en los términos de las leyes del mercado. Bajo ese paraguas ideológico se fue construyendo la idea de que la educación es de baja calidad, atribuyéndole la responsabilidad casi con exclusividad a una formación docente deficiente y a que el ausentismo es alto. Nosotros sostenemos que se trata de una mirada reduccionista del problema. Una educación pública de calidad pone en juego múltiples factores.
Si bien hay que valorar los avances obtenidos en la última década, desde la Ley de Financiamiento Educativo hasta los programas socio educativos, como los CAJ y los CAI, Conectar Igualdad y Fines, entre otros, o el trabajo desarrollado por el Instituto Nacional de Formación, todavía queda mucho por hacer. Partimos de una buena base para lograr esas transformaciones.
Una educación pública de calidad implica una actualización permanente de los docentes y mejoras en las condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje en cada una de las escuelas. Se requiere de docentes reconocidos y valorados por su tarea, respetando la carrera docente, la calidad del salario y una remuneración acorde, permitiendo que, con un solo cargo con horas frente alumnos y horas institucionales, puedan vivir dignamente.
Respecto a la formación docente, ésta se fue fortaleciendo a través del tiempo hasta llegar en la actualidad a una carrera de nivel superior de cuatro años. Por supuesto que hay aspectos para mejorar, entre ellos darle otro dinamismo y actualizar la currícula. Pero a la par de la formación, es central la actualización permanente de los docentes. Por eso fue un logro muy importante incluir en las paritarias el Programa Nacional de Formación Continua, con una inversión de 1.200 millones de pesos, al que el actual gobierno prometió darle continuidad.
Otro aspecto central son las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Si se suspenden las clases por problemas de infraestructura, si hay chicos que no pueden ir todos los días a clases porque hay escuelas que no tienen capacidad edilicia o porque no tienen maestro suplente, es difícil alcanzar una educación de calidad. Todas estas son causas de ausentismo escolar, que no sólo hay que lograr que disminuya, sino que hay que avanzar hacia la jornada completa en todas las escuelas, porque además de tener más horas de escolarización, los estudiantes tendrán acceso a un segundo idioma, al conocimiento de nuevas tecnologías y otro tipo de saberes al que hoy sólo acceden si sus familias pueden costearle cursos privados.
También atenta contra una educación de calidad la falta de equipos de orientación escolar en cada escuela y en cada turno, así como tutores en las escuelas secundarias. Hay situaciones sociales, familiares, que dificultan el proceso de aprendizaje, más aún en la actual coyuntura en la que vemos crecer los niveles de pobreza e indigencia y donde cada vez más chicos necesitan asistir a los comedores escolares.
En el mismo sentido, otro grave problema es la carencia de cargos directivos. No se nombran vicedirectores y secretarios, por lo que el director se debe ocupar de múltiples tareas, muchas de ellas burocráticas, alejándose de su rol esencial que es el acompañamiento del proceso pedagógico, con el maestro en el aula.
También se debe mejorar la asistencia de docentes, en particular en algunos niveles que por la organización del trabajo escolar y la dispersión de los lugares de trabajo se genera una discontinuidad mayor que en otros. Y por supuesto es necesario que el Estado establezca los controles y las sanciones correspondientes en caso que haya docentes que incurran en conductas abusivas e ilegales.
Con referencia a la evaluación, ésta tiene que ser en términos integrales. Tenemos que construir dispositivos de evaluación que superen las limitaciones que tienen las pruebas PISA. Por ejemplo, tomando aportes de sistemas como el Terce que implementa la Unesco o el IACE, que impulsa Unicef, junto a los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE), para resignificarlos de acuerdo a las necesidades de nuestro sistema educativo. La evaluación no debe ser entendida como un arma punitiva contra el docente, sino como una herramienta pedagógica que nos permita hacer un diagnóstico para saber qué áreas hay que reforzar o en cuáles hay que cambiar las estrategias didácticas para perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para alcanzar esos objetivos es necesaria una nueva Ley de Financiamiento Educativo que aumente sustancialmente la inversión.
El compromiso de los docentes es construir las condiciones para lograr una educación pública de calidad. La responsabilidad del Estado es garantizarla. La obligación del gobierno y de los legisladores es cumplir con esa responsabilidad. El deber de la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto, es exigírselo. Sólo así lo vamos a lograr.
Publicado primeramente en: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-298857-2016-05-09.html
Fuente de la imagen: http://besosliterariosconlengua.blogspot.com/2015/01/texto-argumentativo-la-educacion-publica.html