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Guatemala: DIGEF Lanza Los Juegos Deportivos Escolares 2016

Guatelama/10 mayo 2016/Fuente: http://masguate.jimdo.com/

El evento deportivo nacional más grande a nivel escolar, los Juegos Deportivos Escolares 2016, fueron presentados hoy, tras el lanzamiento oficial realizado en el gimnasio mayor de la Digef. Los juegos son organizados por la Dirección General de Educación Física.

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El lanzamiento de los juegos fue presenciado por más de 500 niños escolares de centros educativos públicos y con discapacidad, el cual incluyó dentro de su programa la participación de la banda escolar de marcha del Colegio Osorio Sandoval, piezas musicales interpretadas por la Marimba Juvenil de Conciertos de la Digef y la exhibición acrobática del equipo Golden Cheerleader de la Digef.

Las palabras de apertura estuvieron  a cargo del director interino de la Digef, licenciado Saúl Lima, quién resaltó la importancia y el impacto de los juegos. «Los Juegos Deportivos Escolares es uno de los programas con mayor impacto en la comunidad educativa que realiza la Digef, el cual contribuye al desarrollo de los talentos deportivos, además brinda espacios para fortalecer los valores, el intercambio cultural y el desarrollo integral de los niños», mencionó.

El momento más importante fue el encendido del pebetero con el fuego deportivo escolar portado por los atletas Ángela Jayes y Esaúl Luna, ambos del equipo de cheearleader de Digef, dando inició así a los a las competencias deportivas escolares en el presente año.

El programa de juegos deportivos escolares para el 2016 abarcará 10 deportes convencionales y 2 de discapacidad, siendo estos: ajedrez, atletismo (convencional y discapacidad), baloncesto, balonmano, fútbol, futsal, natación (convencional y discapacidad), tenis de mesa, triatlón y voleibol; así como golbol para deportistas escolares con deficiencia visual y bochas para atletas escolares con parálisis cerebral.

 

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Los juegos deportivos escolares atienden cada año, alrededor de 16,000 deportistas escolares de 8 a 19 años en los niveles primaria, básico y diversificado, en los 22 departamentos del país.

Las diferentes fases de competencia dentro de los juegos deportivos  escolares  inician en la fase interaulas, pasando por el intermunicipal, departamental, regional y nacional. Estos procesos son clasificatorios para competencias internacionales como los Juegos del Codicader, Jedecac y eventos de la ISF.

En el mes de mayo, el ajedrez será la competencia que abrirá la fase nacional 2016 y la cerrará el triatlón en julio. Posteriormente se realizarán los juegos regionales, clasificatorio para los juegos nacionales del 2017.

Fuente de la Noticia:

http://masguate.jimdo.com/deportes/

 

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APDHA alerta del «deterioro» de la educación por el «grave retraso» en la cobertura de bajas

España/11 mayo 2016/Fuente: El Diario

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha alertado de las «graves consecuencias en detrimento de la calidad de la enseñanza que se están produciendo debido a los recortes en educación», cifrados en Andalucía en un 14,3 por ciento, según un reciente estudio del Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas, titulado ‘Sanidad, Educación y Protección Social: Recortes Durante la Crisis’, apunta la organización.

La Apdha ha presentado en rueda de prensa una panorámica de la situación que atraviesa la educación pública en Andalucía, en la semana en que se tramita el proceso de admisión a los centros educativos del alumnado de Infantil. Además, asegura que estos recortes «ocasionan graves retrasos en la cobertura de las bajas del profesorado, que llegan a extenderse hasta 20 o 30 días».

Dada la cantidad de casos documentados, añaden, «no se trata de una situación puntual», sino una norma que trae «nefastas consecuencias» para el funcionamiento de los centros y, más importante aún, para la calidad de la enseñanza que se imparte en los centros públicos o sostenidos con fondos públicos. Además, la organización solicita la «eliminación» del sistema de cupos, que limita la sustitución de profesorado por curso a un número de horas.

De este modo, denuncian que la ausencia de profesorado «se intenta paliar» con el uso del personal de apoyo de Educación Infantil de tres a seis años para cubrir los permisos y bajas docentes, una práctica «habitual que obliga a desatender al alumnado con necesidades especiales o las clases de refuerzo contra el fracaso escolar».

«Una prueba de que no se están sustituyendo las bajas, según la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Infantil (Padei), es que las bolsas de empleo prácticamente no se mueven desde hace tres años», señala la Apdha, que indica que también, según esta plataforma, en esta bolsa «hay 308 interinos y unos 4.000 aspirantes –opositores que aprobaron sin plaza y que no tienen ningún día de servicio–«.

Además, asegura la Apdha, es «especialmente sangrante» la supresión de líneas de Educación Infantil, justificada por la Junta de Andalucía a tenor de la baja natalidad, que encuentran respaldo principalmente en la educación concertada. Según datos de Padei, de 2010 a 2015 el alumnado matriculado en el segundo ciclo de Educación Infantil en Andalucía «ha disminuido en la enseñanza pública en 15.333 alumnos, lo que supone un descenso del 6,79%».

«Y es en los alumnos con dificultades de aprendizaje, con frecuencia los más afectados, en los que se produce otra de las severas consecuencias de los recortes, ya que ven cómo su evolución se ve ralentizada o postergada», lamenta la Apdha, que añade que «no se pueden admitir las políticas de recortes en monitores para la educación especial, ni la escasez tan acusada de educadores sociales en los centros educativos, así como el acceso al currículum que tienen los alumnos con discapacidad sensorial o motora».

Esta realidad, asegura la organización, se suma «a una reducción significativa» de la plantilla de profesores en más de 4.500 plazas –según los sindicatos CCOO, Ustea y APIA–, al recorte salarial de todo el personal educativo, al aumento de la ratio, la privatización de servicios y recursos educativos, la poca oferta de plazas en la Formación Profesional, la reducción de personal de administración y servicios, la falta de adaptación para personas adultas y migrantes, la ausencia de educación en valores, la interrupción del servicio de comedor escolar que garantice la adecuada nutrición de menores en situación de riesgo y que muchos estudiantes en Andalucía hayan tenido que dejar sus estudios por no tener recursos y becas disponibles.

A juicio de la Apdha, todos estos factores piden un pacto por una educación pública, laica, gratuita y de calidad que ponga fin a este «grave deterioro» que debe ser atajado cuanto antes, para que la calidad de la enseñanza en Andalucía «no siga el proceso de decadencia en el que se ve inmerso desde hace años».

Fuente:

http://www.eldiario.es/andalucia/Apdha-deterioro-educacion-recortes-cobertura_0_514799118.html

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2016, el año en que la educación pública podría privatizarse

Por: Lev Moujahid Velázquez Barriga

El sistema mundo que estamos viviendo en la actualidad es producto de varios siglos de acumulación de capital y transferencia de valores; los medios e instrumentos de producción con los que se realiza cada mercancía se van sofisticando cada vez más, como también las formas de organización y explotación de la fuerza de trabajo. La revolución industrial no hubiese sido posible sin el previo despojo del territorio de América, sin el saqueo de sus recursos naturales y materias primas, sin la explotación humana en diversas formas de servidumbre y esclavitud.

Del mismo modo, la hipertecnologización del capitalismo contemporáneo es parte de este largo proceso de acumulación y transferencia de valores que ha hecho posible la revolución de las tecnologías en la información, la comunicación y la robótica, pero que también demanda formas nuevas de organización del trabajo, habilidades, destrezas y conocimientos que deben portar los trabajadores para reproducir el capital a partir de estos mismos contextos y avances tecnológicos.

Hoy las grandes empresas que controlan la economía mundial y supeditan la política a sus intereses particulares han encontrado en el uso y producción de nuevas tecnologías digitales –no sólo aplicadas en herramientas para la comunicación y el conocimiento, también en los automóviles, sistemas de lavado de ropa o hasta en los servicios privados de escaneo de “fotomultas”, por citar algunos ejemplos concretos– una vía rápida para acrecentar sus descomunales fortunas.

La innovación, la información y el conocimiento se han convertido en elementos fundamentales para dinamizar los procesos productivos, pero también han acelerado el flujo vertiginoso de las mercancías. La lógica inducida en la sociedad es el hiperconsumo: ya no se les concibe como algo acumulable, sino desechable; ahora induce a comprar y cambiar el teléfono celular o la tableta digital en el menor tiempo posible.

Es en este contexto del capitalismo mundial donde se sitúan las reformas educativas de la globalización económica, no es para nada fortuito que en México, después de 3 años de la modificación constitucional al Artículo 3 y la ausencia de un modelo educativo como resultado, reaparezca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para anunciar en voz del secretario de educación Aurelio Nuño, ahora sí, el nuevo proyecto de educación para nuestro país.

Lejos de atender el interés público de la nación, el anunciado proyecto de educación responde a las necesidades de los grandes consorcios económicos que plasmaron sus intereses en la Ley de Competitividad publicada en enero de 2015 y que tiene como uno de sus objetivos primordiales “dinamizar la inversión pública, privada y social en infraestructura, capital humano, capacitación laboral, formación de competencias de emprendedores y trabajadores y el establecimiento de mecanismos que fomenten la productividad laboral; el impulso al emprendimiento y escalamiento productivo y tecnológico de empresas; la investigación y desarrollo, así como la innovación aplicada”.

Es aquí donde el sistema educativo adquiere sentido para los grandes empresarios, de modo que lo que se presentará este 2016, será lo mismo que están impulsando los organismos financieros internacionales en materia educativa y que han llamado modelo STEM, por sus siglas en inglés o CTIM en español, y que se refiere al desarrollo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas aplicadas al mejoramiento de la productividad y el aumento de las ventas, respondiendo precisamente a lo que demandan las empresas inmersas en el capitalismo de base cognitiva y que advierten en el conocimiento, la información y la innovación el derrotero para su rápida expansión y crecimiento económico.

Según las proyecciones de la OCDE en “Políticas prioritarias para fomentar las habilidades y conocimientos de los mexicanos para la productividad y la innovación”, emitido en mayo de 2015, lo que llevará a México por el camino del crecimiento a la par de los países más desarrollados es el impulso de economías de valor agregado, como la economía digital, para lo cual se necesita transferir tecnologías a través de la inversión extranjera en la industria de los electrónicos, las comunicaciones y los transportes, eso explica la cantidad tan considerable que han destinado para estos dos últimos sectores en el presupuesto aprobado para 2016.

Advierten un gran potencial de consumidores de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dado que México está entre sus países miembros con menor penetración de banda ancha y fija, así como de adultos que usan internet, pero también de menor proporción de empresas involucradas en ventas electrónicas; sin embargo, éste es un campo abierto que tiene dificultades para encontrar mano de obra con las competencias necesarias.

En medio de este escenario económico, lo previsible para el futuro de la educación, al menos en el discurso exacerbado de la elite surrealista que dibuja un México siempre glorioso, enfilado irreversiblemente al progreso de la globalización, es que los maestros del entreguismo dispongan de nuestro sistema educativo, sobre todo en educación media y superior, para la formación y capacitación de mano de obra tecnificada.

Hablamos de competencias digitales, organizacionales, comunicativas, lógico matemáticas, innovadoras y emocionales, que conjuntamente componen lo que se concibe como “capital humano”; no es un gasto, sino una inversión en conocimientos, habilidades y destrezas que para el empresario se traducirán en mayor competitividad; innovación en la producción, mercadotécnica y venta rápida de las mercancías.

Las expectativas, sin embargo, podrían ser peores para los estudiantes: la OCDE reconoce que no toda la demanda de empleo requiere de altas competencias, la verdad es que las empresas mexicanas tienen entre su top ten de reclutamiento de empleados las siguientes categorías: representantes de ventas, secretarias, asistentes, personal administrativo, obreros y recepcionistas, que se refieren a empleos casi siempre precarizados y que tendrán que capacitarse en conocimientos mínimos desde la escuela pública, de ahí la necesidad de monitorear competencias escuetas desde la educación básica, a través de exámenes estandarizados.

El renovado proyecto educativo que se presentará este 2016 reforzará los mecanismos de privatización. Aunado a la “autonomía de gestión”, es decir, la descentralización del financiamiento educativo hasta llegar a la base del núcleo familiar y de cada centro escolar, seguirán embargándose por décadas los presupuestos educativos de la federación por endeudamiento público, a través de los bonos de infraestructura que, junto a la compra de tabletas digitales sin programa pedagógico, implican de facto el tránsito de recursos públicos hacia el sector privado y no nos extrañe ver entre los beneficiarios de las licitaciones a las empresas constructoras y de las telecomunicaciones predilectas del peñanietismo.

No descartemos otras desviaciones para la canalización de recursos públicos so pretexto de la educación digital, como la renta de plataformas virtuales al estilo de los convenios ya realizados para la capacitación laboral con el magnate de las comunicaciones Carlos Slim, así como la inversión en I+D, investigación y desarrollo, para transferir ciencia y tecnología producida en instituciones públicas, pero aplicada en las empresas privadas; otras opciones son el pago condicionado de las becas de Prospera a la culminación de estudios relacionados con el CTIM o las becas-crédito a través de préstamos de bancos particulares que cobrarán por sus intereses media vida laboral del trabajador profesionista.

En estos momentos, demandar una consulta nacional incluyente sobre la educación que necesita el pueblo mexicano parecería contradictorio, porque sabemos que no es el diálogo sino la represión el rostro que el Estado y los empresarios han mostrado para imponer la reforma educativa. Sin embargo, también es cierto que es necesario porque detonaría la movilización de la conciencia crítica organizada, evidenciando la ausencia de un proyecto nacional de educación emanado desde la ciudadanía, cohesionaría la pluralidad de posturas antagónicas al proyecto neoliberal y fortalecería las experiencias alternativas, que sin reconocimiento oficial, construyen desde abajo la escuela para la emancipación social.

Fuente
Contralínea (México)

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Paraguay: Educación en emergencia

Paraguay / 10 de mayo de 2016 / Fuente: http://www.abc.com.py/

El diputado Ramón Romero Roa se mostró optimista al decir que su proyecto «que declara en emergencia a la educación pública» obtendría media sanción en la Cámara Baja este jueves. Dijo que el fin primordial es abreviar los procesos burocráticos.

Este martes fue presentado a la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley “Que declara en emergencia la educación pública”. El documento tiene como proyectista al colorado Ramón Romero Roa, quien adelantó que pedirá el tratamiento sobre tablas este jueves en sesión ordinaria. Además, se mostró optimista al decir que lo más probable es que se obtenga la media sanción ese mismo día.

«Hasta el momento hay un consenso y creemos que tendrá media sanción el jueves, trabajaremos con los colegas para lograrlo», dijo en diálogo con ABC Color.

Señaló que el objetivo principal de este proyecto de normativa es abreviar en lo posible los engorrosos trámites burocráticos a través de la vía de la excepción, considerando que de hecho el sistema educativo cuenta con fondos como el Fonacide que no son ejecutados en su totalidad justamente por los largos procesos.

Detalló que la emergencia educativa planteada duraría dos años de obtenerse el visto bueno del Congreso Nacional y sería tanto para las gobernaciones como así también para los municipios.

“Conocemos la realidad que se vive, especialmente en una etapa de crisis en donde se tiene en cuenta la enorme dificultad con relación a la infraestructura escolar, la provisión de alimentos para los estudiantes, sobre todo los menores, y dentro de todo esto debemos manifestar que hay una burocracia que impide, a pesar de los recursos que se tiene, ejecutar los emprendimientos para mejorar la infraestructura o extender la alimentación a quienes están mucho más alejados de los centros urbanos”, fundamentó.

Dijo además que el nuevo ministro de Educación, Enrique Riera Escudero, ya está al tanto de este proyecto de ley a través de un miembro de Gabinete. «Estamos interesados en que esto sea posible de tal manera que sirva como una herramienta de trabajo al ministro», sentenció.

Fuente noticia: http://www.abc.com.py/nacionales/emergencia-educativa-obtendria-media-sancion-1478784.html

Foto: http://www.abc.com.py/nacionales/emergencia-educativa-obtendria-media-sancion-1478784.html

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Por una educación pública de calidad

 Por Roberto Baradel 

Una preocupación permanente de los docentes es la de contribuir a una educación pública de calidad, concepto que -cabe aclararlo desde el comienzo- diferenciamos del de “calidad educativa”, una definición impuesta en los `90 y que busca encuadrar a la educación como un producto más en los términos de las leyes del mercado. Bajo ese paraguas ideológico se fue construyendo la idea de que la educación es de baja calidad, atribuyéndole la responsabilidad casi con exclusividad a una formación docente deficiente y a que el ausentismo es alto. Nosotros sostenemos que se trata de una mirada reduccionista del problema. Una educación pública de calidad pone en juego múltiples factores.

Si bien hay que valorar los avances obtenidos en la última década, desde la Ley de Financiamiento Educativo hasta los programas socio educativos, como los CAJ y los CAI, Conectar Igualdad y Fines, entre otros, o el trabajo desarrollado por el Instituto Nacional de Formación, todavía queda mucho por hacer. Partimos de una buena base para lograr esas transformaciones.

Una educación pública de calidad implica una actualización permanente de los docentes y mejoras en las condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje en cada una de las escuelas. Se requiere de docentes reconocidos y valorados por su tarea, respetando la carrera docente, la calidad del salario y una remuneración acorde, permitiendo que, con un solo cargo con horas frente alumnos y horas institucionales, puedan vivir dignamente.

Respecto a la formación docente, ésta se fue fortaleciendo a través del tiempo hasta llegar en la actualidad a una carrera de nivel superior de cuatro años. Por supuesto que hay aspectos para mejorar, entre ellos darle otro dinamismo y actualizar la currícula. Pero a la par de la formación, es central la actualización permanente de los docentes. Por eso fue un logro muy importante incluir en las paritarias el Programa Nacional de Formación Continua, con una inversión de 1.200 millones de pesos, al que el actual gobierno prometió darle continuidad.

Otro aspecto central son las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Si se suspenden las clases por problemas de infraestructura, si hay chicos que no pueden ir todos los días a clases porque hay escuelas que no tienen capacidad edilicia o porque no tienen maestro suplente, es difícil alcanzar una educación de calidad. Todas estas son causas de ausentismo escolar, que no sólo hay que lograr que disminuya, sino que hay que avanzar hacia la jornada completa en todas las escuelas, porque además de tener más horas de escolarización, los estudiantes tendrán acceso a un segundo idioma, al conocimiento de nuevas tecnologías y otro tipo de saberes al que hoy sólo acceden si sus familias pueden costearle cursos privados.

También atenta contra una educación de calidad la falta de equipos de orientación escolar en cada escuela y en cada turno, así como tutores en las escuelas secundarias. Hay situaciones sociales, familiares, que dificultan el proceso de aprendizaje, más aún en la actual coyuntura en la que vemos crecer los niveles de pobreza e indigencia y donde cada vez más chicos necesitan asistir a los comedores escolares.

En el mismo sentido, otro grave problema es la carencia de cargos directivos. No se nombran vicedirectores y secretarios, por lo que el director se debe ocupar de múltiples tareas, muchas de ellas burocráticas, alejándose de su rol esencial que es el acompañamiento del proceso pedagógico, con el maestro en el aula.

También se debe mejorar la asistencia de docentes, en particular en algunos niveles que por la organización del trabajo escolar y la dispersión de los lugares de trabajo se genera una discontinuidad mayor que en otros. Y por supuesto es necesario que el Estado establezca los controles y las sanciones correspondientes en caso que haya docentes que incurran en conductas abusivas e ilegales.

Con referencia a la evaluación, ésta tiene que ser en términos integrales. Tenemos que construir dispositivos de evaluación que superen las limitaciones que tienen las pruebas PISA. Por ejemplo, tomando aportes de sistemas como el Terce que implementa la Unesco o el IACE, que impulsa Unicef, junto a los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE), para resignificarlos de acuerdo a las necesidades de nuestro sistema educativo. La evaluación no debe ser entendida como un arma punitiva contra el docente, sino como una herramienta pedagógica que nos permita hacer un diagnóstico para saber qué áreas hay que reforzar o en cuáles hay que cambiar las estrategias didácticas para perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para alcanzar esos objetivos es necesaria una nueva Ley de Financiamiento Educativo que aumente sustancialmente la inversión.

El compromiso de los docentes es construir las condiciones para lograr una educación pública de calidad. La responsabilidad del Estado es garantizarla. La obligación del gobierno y de los legisladores es cumplir con esa responsabilidad. El deber de la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto, es exigírselo. Sólo así lo vamos a lograr.

Publicado primeramente en: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-298857-2016-05-09.html

Fuente de la imagen: http://besosliterariosconlengua.blogspot.com/2015/01/texto-argumentativo-la-educacion-publica.html

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Guatemala: Estado gasta Q25 diarios por estudiante y Q55 por preso

Guatemala/ 08 de Mayo9 de 2016/La Hora

El Ejecutivo presentó recientemente los logros en educación del presidente Jimmy Morales en sus primeros 100 días de gestión, pero su visión positiva de la realidad contrasta con la situación que enfrentan los estudiantes, docentes y padres de familia en los precarios servicios públicos en educación, en los que se invierten, en promedio, Q26 por cada estudiante. Por otro lado, se erogan Q55 por cada preso albergado en las distintas cárceles del Sistema Penitenciario, en donde las condiciones de hacinamiento e inseguridad hacen que la situación sea desesperante para los privados de libertad.

Un estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) publicado en 2015 señala que de acuerdo a la estimación poblacional, Guatemala cuenta con una mayoría de habitantes jóvenes, lo que presenta desafíos particulares en materia política y presupuestaria, además de grandes oportunidades de crecimiento, desarrollo y bienestar.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en su informe circunstanciado correspondiente a 2015 destaca que ocho de cada diez niños ingresan a la primaria, pero solo la mitad de ellos, es decir cuatro, continúa el nivel básico, y sólo la mitad logra continuar hasta el nivel diversificado.

Eso significa que de acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 7 millones 864 mil 527 niños y jóvenes que se conforman en edades de 0 a 18 años alrededor de 3 millones 735 mil 555 están fuera del sistema educativo, o su equivalente a 47.50 por ciento.

Según cifras del Ministerio de Educación (Mineduc) este año 462,674 niños de nivel preprimario asisten a la escuela, 2 millones 122 mil 368 en primaria, 351 mil 958 en básico y 87 mil 478 en diversificado, solo en el sector oficial.

El problema radica en que la mayoría de estudiantes no tiene la capacidad para adquirir conocimientos suficientes y de forma adecuada para alcanzar una formación que les permita superarse en el ámbito académico y profesional.

El Mineduc refirió que el costo diario para el Estado por cada estudiante es de Q 22.70, para primaria Q24, en básico es Q20.60 y para diversificado es de Q31.40. El promedio de gasto en educación por cada niño es de Q25 diarios.

Las cifras, de acuerdo a esa institución, incluyen programas de apoyo, pago de docentes, textos, entre otros. En el caso de la preprimaria y primaria incluye refacción.

Estos gastos en la educación de niños y jóvenes contrastan en buena medida con la inversión que el Estado hace con los reos, y si se hace un análisis individual, se pone de relevancia que los beneficios de un funcionario son mucho mayores a los de cualquier menor de edad.

Contrario a lo que se podría pensar sobre las condiciones de los privados de libertad, el Estado invierte un estimado de Q55 diarios por persona, según el Sistema Penitenciario.

Sin embargo, la PHD señala en su informe que “no se ha logrado cumplir con las garantías de respeto, protección y cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad”.

Rudy Esquivel vocero del SP, indicó, la manutención que corresponde por privado de libertad hasta febrero es de Q55.45, a nivel nacional, que comprende un estimado general.

“Es todo lo que eroga el centro carcelario, distribuido por todos los escenarios de egresos e ingresos que se manifiestan mensualmente. También el tema de cantidad de internos, por eso hay variación, también diferencia de costo de servicios básicos, agua, luz teléfono, insumos, todo lo que en sí eroga el SP, por centros de detención”, aseguró.

Esquivel comentó que, en los tiempos de comida, los gastos diarios pueden ser de Q12 por los tres tiempos, no obstante que el precio puede variar en cada centro de detención.

LA VISIÓN POSITIVA DEL PRESIDENTE

En una valoración de sus primeros 100 días de gestión, el presidente Jimmy Morales emitió un mensaje en el que hizo una estimación positiva de su gobierno. “En educación el panorama era desolador, escuelas abandonadas, muchas sin maestros, niños sentados en el suelo, en blocks o tablones y sin refacción escolar; tristemente debemos reconocerlo, nuestros sistema ha estado colapsado”, consideró el jefe del Ejecutivo.

Según la versión oficial, durante los primeros 100 días de gobierno, más de 1,8 millones de estudiantes fueron beneficiados con la entrega de útiles escolares “a tiempo” y refacción escolar “desde los primeros días de clases”. Morales destacó que al 28 de marzo ya se había desembolsado el segundo aporte de refacción escolar.

Más de 2,7 millones de libros de texto fueron entregados en centros educativos “a tiempo” e iniciaron a funcionar 42 nuevas escuelas en los departamentos de San Marcos, Sololá y Quetzaltenango, dijo.

Se han invertido más de 46 millones de quetzales en la gratuidad de la educación y “por primer vez” se entregó la valija didáctica al comenzar el ciclo escolar, meses antes de lo que se solía hacer en años anteriores, resaltó.

“Debe quedar claro, reportado y registrado, que este ciclo escolar inició sin ningún contratiempo y con todos los insumos necesarios para garantizar la calidad educativa, porque la educación es la prioridad presidencial y debe ser la prioridad de la nación”, enfatizó el gobernante.

INVERSIÓN ES REDUCIDA

En ese sentido, Rosa Zacarías, de San Pedro Pínula, Jalapa, relató a la Hora Departamental que tres de sus cinco hijos, asisten a la escuela de la aldea para recibir educación preprimaria y primaria; el instituto de educación básica se encuentra lejos de la comunidad, y por los gastos que implica el viaje diario, a la educación secundara solo tienen acceso las familias con recursos económicos.

Según doña Rosa, al inicio del año escolar a los niños les entregan útiles escolares, que incluyen algunos cuadernos y lápices, aunque los mismos solo les sirven en los primeros meses, pues después deben comprar por su cuenta.

La madre de familia explica que esa situación dificulta que todos sus hijos estudien, tomando en cuenta que, además, tiene otros gastos para cubrir.

El Centro de Salud de la localidad cuenta con los recursos mínimos, por lo que cuando se presenta alguna emergencia prefiere acudir a clínicas privadas, aunque eso represente un gasto más. Su situación es precaria, pues ella y su esposo no cuentan con estudios, y eso limita la posibilidad de encontrar un buen empleo.

“Si nos dan la bolsa del gobierno, trae frijoles, atol, maíz, aceite y otras cosas, eso sí cuando nos la dan nos ponen a barrer en la calle y con otras señoras de aquí vamos, pero con los hijos eso que dan es poco”, aseguró.

EL COSTO DE LA CORRUPCIÓN

Enrique Maldonado, economista sénior Instituto de Estudios Fiscales, apuntó que al menos 3.5 millones de niños y niñas no tienen acceso a la educación en Guatemala; además destacó que la corrupción impacta en el sistema educativo de tal forma que se estima que un millón de estudiantes de nivel pre-primario dejarían de recibir su dotación de útiles escolares como consecuencia de este flagelo y 22 mil estudiantes de diversificados dejarían de ser atendidos.

Asimismo, la investigadora Claudia Monterroso destacó que existen aspectos internos para la exclusión de la población en el sistema educativo, como son la ausencia de políticas, programas e institucionalidad que promuevan la inclusión; el mal manejo de las transferencias condicionadas, falta de monitoreo y evaluación de programas, la falta de conexión con la comunidad y de pertinencia cultural.

En cuanto a los factores externos de la exclusión educativa se señalaron la pobreza, migración, la violencia social y falta de oferta educativa.

INVERSIÓN EN LAS CÁRCELES

Lizandro Acuña, analista en seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (Ipnusac), añadió que es necesario que exista más fiscalización en los contratos en el SP a nivel general, y específicamente en la compra de alimentos para los privados de libertad.

Acuña sospecha se pueden estar pagando favores políticos. “Debe exigirse transparencia en las contrataciones del SP, porque hemos visto muchas deficiencias”, indicó. Por otro lado el experto refirió que el salario de los agentes penitenciarios es bajo, incluso superado por el costo de la canasta básica.

Para el analista resulta preocupante el nivel de hacinamiento, tomando en cuenta que el SP solo tiene capacidad para un poco más de 6 mil personas, pero a la fecha hay más de 20 mil.

“Según el estudio del Mingob para 2016, unos tres mil privados de libertad ya tienen derecho a libertad condicional; esto genera un costo en alimentación, estamos hablando de 3 mil personas que deberían estar fuera y tienen un buen comportamiento, y les aplica en este caso la redención de la pena”, puntualizó.

SE INVIERTE MENOS A NIVEL SOCIAL

El experto en políticas públicas Ronalth Ochaeta expresó que Guatemala es uno de los países que menos invierte a nivel social. La inversión, para el analista, debería ser más estratégica y atacar los problemas de fondo, pues las cifras son abismales, cuando se pone en comparación la inversión de un privado de libertad y en un niño, ante lo cual considera que existe desproporcionalidad.

“No es lo mismo, por ejemplo, lo que gastamos en funcionamiento del Estado que prácticamente son salarios y servicios y realmente lo que el Estado invierte en políticas públicas es mínimo”, aseguró.

En tanto Abelardo Medina, analista del ICEFI, explicó que comparar el gasto público en estudiantes, reos y funcionarios, nos permite visualizar que no se ha logrado avanzar, pues cuando se comete un delito se debe sancionar, pero también crear las condiciones para que las personas se logren reinsertar a la vida.

Es evidente la presencia de un desbalance aseguró Medina, porque el aporte debería ser mayor a la educación y en menor cantidad al sistema penitenciario, aunque no quiere decir que no trabaje en esa institución, sino más bien se deben crear condiciones para que las mismas personas generen ingresos.

Los puntos de prioridad, considera que deberían ser entorno a la salud, la educación, alimentación y mantenimiento de necesidades, en tanto todo aquello que no es indispensable para el funcionamiento de la familia, no se gasta.

A criterio de Mario Rodríguez, analista del Instituto de Problemas Nacional de la Usac (Ipnusac), comentó que la problemática en educación surge, porque resulta insuficiente para atender la gran demanda de menores que necesitan recibir educación.
“Dentro de los gatos, la educación no es una prioridad, porque cuando los funcionarios de alto nivel tienen sueldos elevados, los maestros no tienen un –salario- adecuado, como el resto de los funcionarios públicos, ya no digamos otros profesionales que trabajando en el ministerio ganan el doble”, aseveró.

La disparidad del salario, muestra entonces la importancia que se le presta a este aspecto en el país, en donde los políticos no le muestran la importancia que debería añadió.

No obstante Daniel Haering, politólogo de Asociación Diálogos, expresó si es necesaria la inversión en aspectos de educación y atención al sistema penitenciario, aunque cree que la idea de tener buenos salarios permite que las personas tomen incentivos, en donde se requeriría que la gente que ocupe esos puestos posea capacidad de gestión.

“Yo sí creo que un Ministro debe cobrar Q40 mil o más sinceramente. Y se lo dice alguien que por ley no puede llegar a ser ministro entonces no tengo ninguna, si un gerente en una empresa está cobrando más que eso, creo que un ministro debe tener un mejor salario”, puntualizó.

EL COSTO DE LOS FUNCIONARIOS

En un escenario lejano a la precariedad de los estudiantes se encuentran los beneficios que el Estado otorga a funcionarios como los diputados.

Según el portal electrónico de ese organismo, un congresista puede llegar a devengar mensual Q29, 150, incluyendo sueldo, gastos de representación dietas plenarias, los gastos de representación de la junta directiva para quienes la integran, entre dietas.

Adicional a esta cantidad, los parlamentarios que son jefes de bloque reciben otro tipo de incentivo, así también los presidentes de comisiones legislativas.

En tanto en el caso de Ministros, los sueldos pueden llegar hasta los Q49, 490, como en el caso del titular de la cartera de finanzas públicas, en donde se incluye bonificación, gastos de representación, entre otros.

“En educación el panorama era desolador, escuelas abandonadas, muchas sin maestros, niños sentados en el suelo, en blocks o tablones y sin refacción escolar, tristemente debemos reconocerlo, nuestros sistema ha estado colapsado”.
JIMMY MORALES –PRESIDENTE-

“No es lo mismo, por ejemplo, lo que gastamos en funcionamiento del Estado que prácticamente son salarios y servicios y realmente lo que el Estado invierte en políticas públicas es mínimo”.
RONALTH OCHAETA –EXPERTO-

Fuente: http://lahora.gt/estado-gasta-q25-diarios-estudiante-q55-preso/

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Chile: El nuevo mapa que ordenará los colegios tras la desmunicipalización

Chile/ 08 de Mayo de 2016/La Tercera

La ley de Nueva Educación Pública reemplazará a las municipalidades por 67 Servicios Locales de Educación (SLE). En la Región Metropolitana habrá 16 SLE, entre los cuales destaca el de Santiago, que no abarcará ninguna otra comuna y 68 recintos.

El nuevo Sistema Nacional de Educación Pública va avanzando. No sólo su discusión en el Parlamento -que actualmente está en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados-, sino también el esquema de los 67 servicios locales de educación (SLE) que asumirán la administración de 6.868 colegios que actualmente están en manos de los municipios.

Según un oficio del Ministerio de Hacienda, al que tuvo acceso La Tercera, en la Región Metropolitana habrá 16 servicios locales, entre los cuales destaca el de Santiago, que no abarcará ninguna otra comuna. En el otro extremo, Providencia será la comuna de cabecera de un servicio que estará integrado por otras cuatro: Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes y La Reina. La misma cantidad de comunas compondrán los SLE de San Miguel, Talagante y Melipilla (ver infografía).

“Valoro que esté más definido cuántos servicios locales habrá y a qué comunas reunirán, porque había un ambiente de incertidumbre que no es bueno”, señaló Gonzalo Navarrete (PPD), alcalde de Lo Prado y presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). El edil explicó también que al mirar “la distribución de los servicios locales, las comunas de cabecera son las que tienen mas colegios, por lo tanto, tienen más infraestructura previa y eso es razonable”.

Precisamente, Mariano Rosenzvaig, director de Educación de Providencia, explicó que en su caso albergan más matrícula que todas las otras comunas (11.700 alumnos). “Vamos a entrar a un proceso de desarmar un sistema completo y montar nuevas reglas de funcionamiento. Para eso se requiere de grandes capacidades y uno esperaría que exista un diagnóstico de las capacidades que existen, de la brecha y también una estrategia de desarrollo”, señaló Rosenzvaig.

Colina será otra comuna de cabecera para un servicio local que abarcará Lampa y Til Til. Su alcalde y presidente de la Asociación de Municipios de Chile (Amuch), Mario Olavarría (UDI), remarcó que está en desacuerdo con la política, pero valoró que estén acercándose a las localidades para conocerlas. “Un equipo del Mineduc se puso en contacto con el área de educación para ver en terreno cómo se trabaja, conocer la realidad local y después elaborar los ajustes para la nueva política”.

Centros urbanos y servicios

En promedio, los SLE tendrán de cuatro a cinco comunas. Sólo Santiago no abarcará más, mientras que Angol y Curicó son los dos que tienen más comunas a su cargo: 11 cada uno. Según un documento técnico, entregado por la Subsecretaría de Educación al Parlamento, la definición de los SLE tiene como propósito que estos logren “cumplir adecuadamente con sus objetivos de apoyo y acompañamiento técnico-pedagógico y administrativo a los establecimientos”, además de potenciar la participación y el compromiso de las comunidades, “entregando la mayoría de las decisiones educacionales críticas al propio territorio”.

Así, los servicios locales tendrán una matrícula mínima de 8.000 alumnos, respetarán los límites comunales y regionales, y estarán asociados a un centro urbano. Rodrigo Roco, secretario ejecutivo del proyecto que crea el Sistema de Educación Pública, enfatizó que esto “se relaciona, primero, con la necesidad indispensable de que la nueva institucionalidad pueda atraer profesionales de alto nivel y, segundo, con el acceso a instituciones públicas y privadas de salud, deporte, servicios sociales y otros”.

Así,  subrayó Roco, la cercanía a universidades permitirá alianzas estratégicas con facultades de Pedagogía y en el caso de CFT e IP, estos ayudarán a orientar la oferta educativa de los liceos de este tipo.

El alcalde de Puerto Natales y vicepresidente de la AChM, Fernando Paredes (UDI), dijo estar molesto porque tanto las regiones de Magallanes como Aysén tendrán sólo un servicio local, ubicado en el primer caso en Punta Arenas y en el segundo en Coihayque. “Los criterios de los servicios locales suenan bien, pero en la práctica hay cosas que desde Santiago no se ven. La distancia atenta contra el funcionamiento de la nueva estructura. Si no cabe un segundo servicio local en Magallanes debiera haber varias sucursales”.

Roco explicó que “existen ciertos territorios que no reúnen las condiciones suficientes para ser cabecera de servicio, pero que cuentan con una cantidad de establecimientos y estudiantes que requieren de un apoyo pedagógico que exige proximidad con la escuela. Para esta realidad el sistema propone la creación de oficinas locales que son parte de un SLE”. Así, además de Aysén y Magallanes, Antofagasta, Atacama, La Araucanía y Los Lagos también tendrán oficinas locales.

Para Cristián Bellei, académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la U. de Chile, “no es el tamaño lo relevante, sino el nivel de gestión. No va a ser más centralista o más descentralizado porque tenga 8.000 alumnos o 20.000. Va a ser más descentralizado si las atribuciones del servicio local considera las demandas de las escuelas”.

Así, Bellei subrayó que el nuevo esquema propone SLE que tendrán que velar únicamente por la educación, y que esta “profesionalización” contribuirá a mejorar los problemas que hoy existen con los municipios, que son entidades que “deben velar por más de una necesidad”.

Financiamiento

La iniciativa establece un presupuesto total de $ 198 mil millones para el funcionamiento de los servicios locales, más $ 22 mil millones para su instalación. El documento señala que el proyecto considera alrededor de $12.000 mensuales por estudiante.

“La propuesta de escala territorial permitirá corregir la distorsión actual en la cual los municipios pequeños, principalmente rurales, deben enfrentar costos fijos de administración considerablemente más altos que municipios urbanos con mayor matrícula”, consigna la minuta, que agrega que las comunas “con baja matrícula pública, que gastan entre $ 20.000 y hasta $ 30.000 mensuales por estudiante para costear la administración, podrán destinar dichos recursos en mejorar la calidad de la educación”.

Para Gonzalo Navarrete esto no es suficiente. “La nueva estructura de financiamiento, que se está trabajando en un proyecto distinto, debería, al menos, ingresar a fines de este año, porque cuando empiecen a funcionar los SLE la fórmula de financiamiento de los colegios debe estar clara”, remarcó el edil, quien enfatizó la importancia de cambiar el financiamiento basado en la asistencia.

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/05/680-679787-9-el-nuevo-mapa-que-ordenara-los-colegios-tras-la-desmunicipalizacion.shtml

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