Educación Pública

Por: Eva Máñez

Las familias, la dirección y los ayuntamientos de una docena de municipios del País Valencià se concentraron a las puertas de sus centros educativos el 20 de febrero para protestar por la paralización del Plan Edificant que ha hecho la Consellería.

Maite Navarro, directora del CEIP El Castell de Albalat dels Sorells, hacía un llamamiento a El Salto días antes de la concentración. “La Conselleria de educación del PP ha paralizado los acuerdos del Pla Edificant en varios municipios, incluidos el nuestro, que fueron aprobados en junio de 2023. Esta paralización afecta enormemente a nuestro centro educativo. Llevamos cinco años esperando a que se resolviera este plan para nuestro centro y después de tanta espera, ahora se paraliza”, lamentaba. “Esto implica que las infraestructuras que tienen hasta 40 años y que están en malas condiciones, se degeneren aún más, aumentando así el riesgo que eso implica de posibles accidentes y la dificultad o imposibilidad de poder llevar a cabo la actividad docente”.

Navarro, además, aclaraba que “el presupuesto del Pla Edificant que nos habían concedido era de 1.193.000 euros, con eso solo podríamos haber dado un repaso por encima a algunas cosas, pero al menos, se podrían haber solucionado problemas graves que sufre el centro”. También añadía que “al final, el sistema se basa en la precariedad de lo público y cuando hablamos de la infancia, estamos hablando de ciudadanía con menos derechos”. Por último, Navarro exigía “una respuesta clara, definitiva y favorable, con carácter urgente, que resuelva los problemas de infraestructura tan grandes que sufre nuestro centro. Centenares de alumnos se lo merecen y es un centro público del que se tiene que hacer cargo la administración pública”.

El conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, aseguró que lo único que ha anulado su departamento es el acuerdo de ampliación del Plan Edificant de infraestructuras escolares al considerar que era “ilegal”

La Conselleria de Educación notificó a principios de febrero a 12 ayuntamientos la “decisión unilateral” de suspender la ejecución del Pla Edificant para tramitar 15 obras en centros educativos por valor de 63,5 millones de euros. El conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, del PP, aseguró en rueda de prensa que lo único que ha anulado su departamento es el acuerdo de ampliación del Plan Edificant de infraestructuras escolares al considerar que era “ilegal”.

La revisión se produce, según el conseller, al considerar que la exconsellera Raquel Tamarit, de Compromís, podría “no tener las competencias” para hacerlo al estar ya en funciones, tras haberse celebrado las elecciones autonómicas que dieron como resultado el cambio del Consell del Botànic por el de la coalición del PP y Vox.

La medida afecta a los municipios de 12 localidades: Petrer, Burjassot, Casinos, Quartell, Villena, Albalat dels Sorells, Senyera, Sagunto, Borriol, Betxí, Mislata, con cuatro actuaciones, y Benicarló. Se trata ahora de seis municipios gobernados por el PSPV, cinco por Compromís y uno del PP. Pero un total de 341 centros de 178 municipios valencianos podrían peligrar en un futuro cercano.

Inma Badia, directora del CEIP Fernando Los Ríos de Burjassot, construido en 1981 y con 220 alumnos, protestaba en declaraciones telefónicas de que se haga un uso político de las necesidades de los centros educativos. “Mira que han tenido años para ponerlo en marcha y al final la pública entre unos y otros…”, lamentaba. “Dependemos totalmente de decisiones de Conselleria para muchas cosas. El Ayuntamiento ha movilizado y convocado la concentración, pero cuando ellos estaban gobernando tampoco lo implementaron”.

Badia recuerda que “somos un centro público, hay que mantener los centros y adaptar lo que la legislación de la época no contemplaba”. Se refiere, por ejemplo, a la salida de emergencias de la que carece su escuela. “Lo que había en el plan era importante —cuenta la docente—, hay una única escalera que en caso de quedar obstruida en una emergencia no habría salida para los más pequeños”.

José Luis Lorenz, diputado del PSOE en las Cortes Valencianas, manifestó en rueda de prensa su preocupación por la gestión de Conselleria de Educación, que “parece recordar” al caso Ciegsa —que investiga los sobrecostes en la construcción de infraestructuras educativas dentro de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa— del que “ya sabemos dónde nos llevó”. Y ha argumentado que toda esta situación demuestra que al “gobierno de la derecha y la ultraderecha no le importa la educación pública, en la que no cree”. Además, acusó al conseller José Antonio Rovira de querer “polarizar políticamente la educación” y pretender “deshacer todo lo que hizo el gobierno del Botànic, ir contra nuestra lengua y politizar la educación valenciana”.

Según Gerard Fullana, diputado de Compromís, “lo que pretende el PP es volver a controlar todo el proceso y adjudicar las obras directamente y no a través de los ayuntamientos”

En la misma línea, Gerard Fullana, diputado de Compromís, declaraba a El Salto que el Pla Edificant con la entrada del PP en esta legislatura “ya había sufrido un recorte del 40 % del total, que es muchísimo dinero y hace imposible el Plan”. Según Fullana, “lo que pretende el PP es volver a controlar todo el proceso y adjudicar las obras directamente y no a través de los ayuntamientos. Sabiendo que hace dos semanas entró en prisión un cargo del PP por el Caso Taula acusado de coger dinero de los coles públicos. Hay mil millones de euros en sobrecostes de Ciegsa que nadie sabe dónde fueron”. Para Fullana, es claro que “el PP va a intentar anular todos los contratos ya que no tiene dinero debido a que en diciembre redujeron el presupuesto para educación en 122 millones y aumentaron en 40 millones la subvención para la concertada y privada”.Compromís ha lanzado la campaña “Salvem els coles”, y junto a sindicatos y comunidad educativa ha convocado una concentración frente al Palau de la Generalitat para el próximo 27 de marzo.

El Ayuntamiento de Villena, que también estaba afectado, renunció el pasado 15 de febrero a la delegación de competencias que exigía el Pla Edificant para la construcción del nuevo edificio del CEIP Príncipe Don Juan Manuel y las obras de rehabilitación del CEIP La Celada como parte de la estrategia para facilitar a la Conselleria de Educación una tramitación más ágil y rápida para la construcción de un único centro que unifique ambos colegios. Este anuncio responde a la visita del Conseller José Antonio Rovira a principios de febrero a Villena, cuando se comprometió a la demolición de los actuales edificios y la reposición en el mismo solar de un nuevo edificio. El Ayuntamiento de Villena renunció entonces al Pla Edificant “conminando a la Conselleria a que dichas actuaciones se desarrollen con la mayor celeridad posible, en consideración a la precaria situación de los inmuebles y el riesgo inherente para los usuarios de ambos centros”, según nota de prensa. Para Gerard Fullana, este anuncio es “dudoso, ya que carece de dotación presupuestaría y en caso de implementarse no podría llevarse a cabo hasta 2030”.

“Nosotros teníamos un dinero para un instituto, y ya no lo tenemos”, resume Héctor Ramos, alcalde de Borriol

“Nosotros teníamos un dinero para un instituto, y ya no lo tenemos”, resumía telefónicamente Héctor Ramos, alcalde de Borriol. En el municipio de la comarca de La Plana se instauró en 2019 una sección del IES Bobalar de Castellón en un solar del ayuntamiento con aulas prefabricadas para aproximadamente 400 alumnos. “En junio de 2023 se aprobaron los cerca de once millones para la construcción del edificio —continúa Ramos—, en octubre a la alcaldía de Borriol se nos notificó un expediente afectado y en enero nos dicen que la delegación de competencias se queda sin efecto, lo que significa que ha volado el dinero que teníamos para el instituto y no nos dan otra alternativa. Han creado administrativamente un instituto sin edificio, con alumnos en barracones”, concluye el alcalde.

Otros centros no han sido notificados, pero tampoco tienen claro su futuro. Es el caso del CEIP Joan Fuster de Manises. Ximo Llaosa, director del centro, atendía a nuestra llamada telefónica para contarnos su caso. “Estamos pendiente de reforma desde 2008 cuando el PP de entonces la anunció, luego vino la crisis y se paralizo todo. Posteriormente accedimos al Plan Edificant y todavía estamos esperando”, se quejaba Llaosa. “Nuestro centro, con 330 alumnos, es un colegio de recepción de alumnos con diversidad funcional de carácter motriz, aunque no tenemos gimnasio, ni sala de usos múltiples, ni cocina. Desde su creación, en 1984, no ha recibido ninguna reforma por lo que los baños no están adaptados, no hay eficiencia energética, no se han cambiado ventanas y la caldera continúa siendo de gasoil, etc. La última fecha de que nos dio el ayuntamiento es de 20 junio de 2023, cuando supuestamente estaba presentada la memoria del proyecto. Desde entonces no se ha recibido ninguna notificación, ni positiva ni negativa, por parte de Conselleria, creemos que estamos en un olvido y necesitamos esas reformas”, concluía el docente de Manises.

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