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Uruguay: Tras pedido de Ademu de rever presencialidad, Familias de la Escuela Pública quieren que pongan como centro las “necesidades de las infancias”

Natalia Cámara, vocera de la organización, dijo que esto requiere que todos los actores involucrados “estén a la altura” porque la presencialidad en la educación es “indispensable”

El colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública (FOEP) enfatizó en la necesidad de “centrar la discusión en las necesidades de las infancias”, ante el pedido que hicieron a las autoridades educativas desde la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) de rever la presencialidad y, por tanto, que no se avance hacia la reapertura de otros niveles.

La vocera de la organización, Natalia Cámara, señaló a la diaria que “la infancia está en una situación de gravedad y doblemente la infancia en situaciones de alta vulnerabilidad, niños que provienen de hogares por debajo de la línea de pobreza”. “Esto requiere que todos los actores involucrados estén a la altura. La presencialidad en la educación es indispensable, y lo que debemos buscar como comunidad educativa son los mecanismos necesarios para que se pueda efectivamente llevar adelante con los mayores recaudos posibles”, agregó.

Para Cámara, el gobierno debe “poner recursos y dar orientación, y toda la comunidad educativa debe abrir alternativas y generar ideas innovadoras en un tiempo excepcional para un retorno lo antes posible”. “Hacemos énfasis en la necesidad de contar con directivas claras de las autoridades de la educación. No compartimos que las resoluciones respecto a las situaciones vinculadas a la covid-19, como cuarentenas, aislamientos, contactos, queden libradas discrecionalmente al entender de los equipos de dirección”, añadió.

La integrante de la organización sostuvo que se “han detectado respuestas dispares a situaciones similares y esto habla de la discrecionalidad con que se maneja el sistema, algo que repercute de forma muy negativa en las comunidades educativas”. La FOEP convocó para la tarde de este viernes a una asamblea extraordinaria para avanzar en definiciones respecto a la situación sanitaria actual.

El integrante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública Juan Gabito explicó a la diaria que “siempre es razonable atender todos los planteos, pero hay algunos de ellos que son contradictorios”. En ese sentido, ejemplificó que “hay muchas formas de ver la realidad” porque al mismo momento que Ademu plantea esto, por ejemplo, “los estudiantes del [liceo] Zorrilla piden la vuelta a la presencialidad plena”.

Algunos planteos son un tanto “ambiguos”, opinó. “En el fondo uno no sabe cuál es la opinión [de algunos actores], si hay que cerrar todo e incluir a las escuelas o si hay que cerrar todo menos las escuelas. Nos toca juzgar y balancear en esos puntos de vista que a veces son contrapuestos. Todos son válidos”, observó.

Por otra parte, en cuanto al porcentaje de asistencia de los alumnos en las aulas, el consejero sostuvo que “venían siendo muy altos” tanto en la zona rural (cerca de 90%) como en la urbana (70%). Sin embargo, en algunos departamentos, como en Paysandú, en las últimas semanas las cifras de asistencia disminuyeron “porque los propios padres deciden no mandar a sus hijos” ante el aumento de casos.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2021/5/tras-pedido-de-ademu-de-rever-presencialidad-familias-de-la-escuela-publica-quieren-que-pongan-como-centro-las-necesidades-de-las-infancias/

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Uruguay: Maestros de Montevideo evalúan pedir la suspensión de la presencialidad ante casos de covid-19 en las escuelas

Una agrupación de Ademu pidió a las autoridades educativas que revisen de “carácter urgente” la disposición de reintegro a la presencialidad, porque “no está ayudando al cuidado de la salud”

La lista 100, agrupación liderada por la secretaria general de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), Daysi Iglesias, advirtió que en algunas escuelas públicas que volvieron a la presencialidad, especialmente en el interior, ha habido un incremento de casos de coronavirus y, por ende, de cuarentenas tanto en niños como en docentes.

“La situación no es igual, es peor que la de mediados de marzo”, indicaron en un comunicado que difundieron anoche a última hora. El 23 de marzo, fecha en que el gobierno decidió suspender la presencialidad, había 14.826 casos activos, mientras que hasta este martes se registraron unas 34.257 personas con la enfermedad.

Por eso mismo, hoy de tarde los docentes tendrán una reunión vía Zoom para evaluar si pedir o no la suspensión de la presencialidad en las escuelas, dijo Iglesias a la diaria; todo hace prever que la pedirán.

La decisión final la tendrá el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La sesión del Codicen de este miércoles tiene varios asuntos sobre la mesa. Entre ellos, los pedidos que hicieron la Intendencia de Paysandú y el Municipio de Carmelo de suspender la presencialidad en las aulas debido a la escalada de casos que se registró esta última semana. La reapertura de otros niveles, mientras tanto, deberá esperar porque se necesita el visto bueno del Ministerio de Salud Pública.

En la misiva que difundió Ademu, los maestros señalaron que, por un lado, “se vuelve a generar una situación disfuncional, por las ausencias vinculadas a los contagios o riesgos de contagios. Lo que es más delicado, se produce una situación de posible dispersión del virus, preocupante en relación con la salud en todos sus aspectos”. “Se agrava esta realidad especialmente por la falta de auxiliares que se produce a partir de las situaciones de covid positivo o cuarentena. Es una escalada lo que estamos viviendo y viendo, y debería tener un límite”, agregaron.

Las maestras y maestros indicaron que frente a esto no sólo expresan su preocupación, sino su “temor por los riesgos” a los que están “expuestos los trabajadores docentes, no docentes, niños, y las familias”. Asimismo, hicieron críticas a los criterios médicos de validación de prestadores de salud porque entran en “contradicción con los criterios médicos del organismo”. “Estos últimos están indicando que aquellos trabajadores que tienen cuarentenas indicadas por sus médicos tratantes asistan igual a las escuelas porque ‘los casos positivos con los que estuvieron en contacto no fueron en la escuela sino a nivel familiar’”. En ese sentido, estimaron que se está incumpliendo el Decreto 93/020 –artículo 8- de Presidencia, que está vigente.

“En este escenario presencial aleatorio, de aperturas y cierres de escuelas, de grupos que pasan a hisopados, la educación se ve perjudicada y carece de continuidad el proceso de enseñanza y aprendizaje. Predominan la ruptura y la incertidumbre. Ante esta realidad que nos ha sorprendido por su extensión y grado de afectación, a las autoridades decimos que debe revisarse en carácter urgente la disposición de reintegro a la presencialidad, la misma no está ayudando al cuidado de la salud, y es responsabilidad de la autoridad garantizar la protección y evitar los riesgos de contagios ante una enfermedad que se encuentra en un momento de empuje”, apuntaron.

Por último, pidieron a las autoridades educativas que dejen de lado la “retórica que asocia los planteos de cuidado de la salud en situaciones excepcionales como las que vivimos con negación de la presencialidad como forma privilegiada de educación”.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2021/5/maestros-de-montevideo-evaluan-pedir-la-suspension-de-la-presencialidad-ante-casos-de-covid-19-en-las-escuelas/

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Educación pública en Hondura ha entrado a un deterioro casi total, alerta ASJ

Con 700 mil estudiantes matriculados, la mitad de ellos al sistema privado, la educación pública en Honduras ha entrado a un deterioro casi total, alertó hoy el director de Educación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Denis Cáceres.

“El sistema educativo está funcionando con 700 mil estudiantes, de ellos la mitad está en la privada y la mitad en la pública. Entonces el sistema público ha entrado en un deterioro casi total”, expresó a periodistas en Tegucigalpa.

A renglón seguido argumentó que lo anterior revela que la educación pública en Honduras no se adaptó a las clases virtuales a causa de la pandemia.

“Podemos ver que la escuela pública no se adaptó a las clases virtuales y que más del 70 por ciento de los alumnos ha estado recibiendo tareas solo por WhatsApp”, apuntó.

Entre tanto, más del 90 por ciento de los alumnos de escuelas privadas reciben clases por distintas plataformas digitales, comparó.

“Esto ha llevado a que la diferencia de aprendizaje entre un alumno de la escuela pública y la escuela privada haya aumentado dos años antes de la pandemia a más de tres años en este momento”, lamentó.

“Es tan lamentable lo que está pasando que con lo que están recibiendo de clases los alumnos de la escuela pública no les ajusta para llegar a la universidad”, continuó.

Indicó que un 75 por ciento de la población hondureña manifiesta no contar con los recursos económicos para adquirir los servicios de internet, lo que dificulta aún más la educación pública.

Al respecto, aseveró que el 76 por ciento de alumnos del sistema público están recibiendo menos de cinco horas de clases a la semana.

En ese sentido, el sistema privado garantiza más de ocho horas a través del internet, agregó.

“La diferencia es tan abismal y es tan significativa que no queda otra que vacunar a los docentes y empezar a reabrir el sistema educativo”, apostilló.

De lo contrario -dijo- los estudiantes que actualmente cursan por el sistema público no van a poder llegar a ser los profesionales que quieren porque no hay condiciones para lograrlo.

Es oportuno mencionar que diversos sectores, entre ellos el gremio médico, han solicitado que se inicie a vacunar a docentes y estudiantes para el retorno a clases presenciales.

De acuerdo a los expertos, el año lectivo aún se puede rescatar si se inicia la vacunación de inmediato en este sector de la sociedad y se regresa a las clases presenciales mientras continúa la inoculación contra la COVID-19. (RO)

Fuente: https://proceso.hn/educacion-publica-en-hondura-ha-entrado-a-un-deterioro-casi-total-alerta-asj/

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Vera Sacristán: «Subir el precio en las universidades públicas favorece a las universidades privadas»

Por: 

  • Vera Sacristán, coordinadora del informe ¿A qué puede llamarse universidad? recuerda que «a pesar de que el número de estudiantes se haya ido multiplicando por dos cada diez años, no lo han hecho igual en todas las clases sociales». Y avisa de que «si la enseñanza se ve abocada al negocio en lugar de al «bien común», la tentación digital es muy grande, porque es muy barata»

era Sacristán, presidenta del Observatorio del Sistema Universitario, es la autora principal del informe ¿A qué podemos llamar universidad?. Las conclusiones del estudio son demoledoras: solo 18 universidades del total de 81 que existen en España cumplen los requisitos fijados por la Administración. El resultado aún es peor si se tienen en cuenta las nuevas normas que está a punto de aprobar el Gobierno. En conclusión, las públicas cumplen en actividad investigadora, pero no en las condiciones de sus plantillas, con exceso de empleos a tiempo parcial y de duración temporal. En las universidades privadas está ausente la investigación, uno de los requisitos básicos para ser consideradas como tal.

Vera Sacristán, profesora de Matemática aplicada en la Universidad Politécnica de Catalunya, es una de las voces más respetadas y críticas a la hora de diagnosticar la salud de nuestras universidades. Es fundadora y presidenta del Observatorio del Sistema Universitario, una asociación creada el año 2013 y cuyos estudios son un referente para conocer cómo funcionan las universidades. La asociación, formada principalmente por profesores de las cuatro universidades públicas de Barcelona, se financia exclusivamente por la cuota de sus miembros. La independencia de criterio constituye una de sus grandes cualidades y, en este sentido, Vera Sacristán insiste en que dejemos constancia de que “las opiniones expresadas en la entrevista no tienen relación explícita con los resultados del informe presentado por el Observatorio del Sistema Universitario, sólo reflejan las opiniones de la entrevistada”. Estas son sus opiniones.

Antes de preguntarle por el informe en cuestión le preguntaré de manera general por la gestión de Manuel Castells al frente del ministerio. ¿cree que las propuestas de reforma responden a las necesidades estructurales del sistema universitario?

Esta regulación lo que pretende es poner unos cuantos requisitos mínimos en las universidades para considerarlas como tal, es un intento de modernizar, actualizar el decreto que existe el cual, a su vez, sustituye al anterior de 1991. Este tipo de normativa ha existido siempre. La novedad principal de lo que pretende el Ministerio es que en los requisitos que hoy en día sólo son un mínimo sobre la oferta docente y las plantillas, añadir otro sobre la actividad investigadora que debe tener una universidad. Además, también, modernizar un poco los requisitos sobre la oferta docente, incrementándolos. En cambio reduce un poco los de plantillas. Dicho esto, ¿parece razonable que en un sistema universitario que está en expansión porque hay muchas universidades privadas nuevas se introduzcan requisitos sobre la investigación que no existían? A priori, parece coherente con el principio y función de las universidades.

Lo que sí es cierto es que los hechos indican que el grueso de las universidades privadas no hacen investigación. El motivo es que es cara. El grueso estas cosas no las hace al igual que no ofrece carreras costosas, como las de ciencias o de ingenierías pesados ​​(no TIC). Es todo muy coherente.

En concreto, ¿cómo valora la propuesta de Real Decreto: qué elementos destacaría que pueden reforzar positivamente la salud del sistema universitario español y cuáles que la pueden perjudicar?

Sí. A mí me parece que los requisitos que añade en cuanto a la investigación son razonables y son de mínimos, que están bastante lejos de lo que es la media de las universidades públicas. Quiero puntualizar que son propuestas de real decreto y no de ley, lo que significa que lo aprueba el Consejo de Ministros y se acabó. En la propuesta que hemos leído, que es la que se sometió a audiencia pública y que, por lo tanto, no está escrito que sea la final, de las cosas que aparecen en ese texto, el requisito que se reduce y que a mí me parece que no es buena idea, es el que dice que las universidades no deben tener un mínimo del 60% de su personal docente investigador a tiempo completo.

¿Por qué le parece un error?

Pues porque no cuadra. No cuadra con la parte de la investigación. Es decir, el personal investigador a tiempo parcial es contratado para hacer docencia, y la parte que no se le contrata es la parte de investigación. Por lo tanto, si quieres garantizar unos mínimos de investigación debes garantizar unos máximos de personal a tiempo parcial. Y, sorprendentemente, estos máximos que han existido siempre, en el texto que vimos en la web del Ministerio, han desaparecido. Esto, creo, es inconsistente y no está argumentado.

Después, hay otra cosa que me parece preocupante, que es el control. Esto no depende sólo del decreto, pero en parte sí. Al hacer este estudio sobre qué grado de cumplimiento había por parte de las universidades de los nuevos requisitos nos encontramos con la sorpresa de que muchas no cumplen los vigentes. Esto significa que el mecanismo de seguimiento y de corrección de los problemas y, si es necesario, de sanción, no ha funcionado. El nuevo decreto debería ser consciente de ello y ponerle remedio con un sistema que pueda ser efectivo. Esto creo que también es una carencia y debería concretarse más.

A raíz de esto le quería preguntar, ya que el informe elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario se basa en el análisis del cumplimiento de las universidades españolas a la normativa en vigor, el Real Decreto 420/2015, así como de la nueva propuesta de decreto. Una de las cosas que señala el informe no es que el actual modelo universitario no cumpla con los requisitos del nuevo borrador, sino que no cumple con la normativa vigente. ¿Por qué cree que estos datos son un suspenso ahora si, según se afirma en el informe, había un incumplimiento sistemático de los requisitos de la ley?

No te sé explicar por qué ha habido tanto eco de este informe respecto de otros que habíamos hecho. Es un poco sorprendente. Me temo que puede ser por un motivo que no me gusta, que es el de los rankings. Este tipo de titular es muy impactante, pero es poco matizado. Tienen más éxito este tipo de titulares que otros más complicados. Pero, por otra parte, en buena hora un conjunto de cuestiones como las tratadas en el informe puedan tener este eco.

Pero, ¿cuántas universidades incumplen los criterios?

No importa tanto cuántas universidades cumplen los criterios, sino mirar a cada una que no cumple y en qué medida no lo hace. De los 22 criterios que propone el Ministerio hemos podido valorar 14 porque del resto no hay datos públicos. Si de estos, una universidad incumple uno y por muy poco, aunque formalmente falle no tiene nada que ver con la universidad y que ves que no saldrán tras los cinco años de margen que considera el decreto. Este es el matiz que cuesta, lo que realmente importa al final.

El informe hace un análisis detallado por comunidades autónomas y destaca dos grandes perdedores: Catalunya y la Comunidad de Madrid. ¿Tiene alguna explicación de por qué las comunidades que precisamente tienen algunos de los centros con más reputación del Estado son, a la vez, las que menos cumplen la legislación vigente?

Sí, esto es algo curioso y que llama la atención. ¿Son universidades exitosas? La respuesta es sí. Ponemos de ejemplo las catalanas, pero en Madrid es muy similar. Si tú miras las universidades públicas catalanas –después hablamos de las privadas–, miras la oferta docente y está por encima de la media del conjunto. Miras la actividad investigadora y lo mismo. En este sentido son universidades exitosas. Ahora, miras la situación de sus plantillas y están mucho peor que el resto de España. Catalunya es premio en temporalidad y en contratos a tiempo parcial en las universidades.

¿Cómo es que estas dos cosas pueden convivir? La respuesta es que los efectos de una precarización de una plantilla son lentos. Desde el momento que comienza una investigación hasta que se publican los resultados pueden pasar años.

Entonces, si tú produces unos grandes recortes como hizo la Generalitat de Catalunya en la financiación de las universidades públicas en el año 2011, tardas en ver los efectos porque tienes unos grupos de investigación que tienen unas inercias de trabajo, y si deben incorporar una persona a tiempo parcial para seguir la rueda, lo hacen. Ahora bien, esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque con el personal senior que tienes sigue la máquina funcionando, pero no estás alimentando de jóvenes estos grupos de investigación, o grupos de investigación nuevos.

A raíz de la publicación del informe, algunos representantes políticos de algunas comunidades han salido el paso criticando los resultados. El secretario de Universidades e Investigación catalán, Francesc Xavier Grau Vidal, tildó el informe de «tendencioso», porque cuestiona el modelo de coexistencia entre personal contratado y personal funcionario dentro de las universidades. ¿Qué opina de esta crítica y, también, qué opinión le merece un modelo basado en la coexistencia de dos estatutos diferentes para los trabajadores?

Una puntualización: sólo una comunidad ha protestado, y ha sido el Secretario de Universidades de Catalunya, que creo que se equivoca en su crítica. En primer lugar, la cuestión de si el modelo debe ser laboral y funcionarial al mismo tiempo o no. Aquí, de lo que estamos hablando es de temporalidad o no, porque es igual si el personal permanente es o no funcionario o laboral. Lo que estábamos discutiendo respecto a las universidades catalanas en concreto era la cuestión de la temporalidad y del tiempo parcial, y esto no tiene nada que ver con el hecho de que los permanentes sean de una manera u otra. Por tanto, no era un ataque al modelo de la doble carrera.

Dicho esto, el modelo de la doble carrera –y hablo a nivel completamente personal, porque el Observatorio nunca se ha posicionado en esta cuestión– desde mi punto de vista está mal justificado. Es decir, quien es partidario de la vía paralela y que haya dos (funcionarial y laboral) te cuenta que lo que quiere es que ambas  tengan los mismos derechos y deberes. Y, entonces, ¿cuál es la diferencia? Es decir, si esto fuera así, ¿cuál es la justificación para tener dos vías, si tienen que ser iguales en derechos y deberes? ¿En qué se diferencia entonces un funcionario de uno laboral? Bueno, en al que el laboral lo echas más fácilmente. Es que, si no, no veo cuál es la diferencia desde el punto de vista institucional.

Otra cosa es que en España la legislación sobre funcionarios universitarios está en manos del Congreso y el Senado, y la legislación laboral está en manos de las comunidades autónomas. Esta puede ser la otra explicación de por qué hay una defensa de la doble vía. Por el otro lado, quien es contrario a la doble vía, normalmente hace una defensa de la vía funcionarial basada en dos factores: al funcionario, para echarlo, debe haber hecho algo gordo, y, dos, la libertad de cátedra se defiende mejor desde la función pública debido a esta condición laboral.

Una universidad que está en manos de un fondo de capital riesgo y que tiene estrictamente ánimo de lucro no está claro que le resulte tan rentable adaptarse como lo que está haciendo ahora, que es hacer de academia

Posiblemente el punto más conflictivo del borrador de Decreto ley está en el artículo 2.1, donde se afirma que sólo podrán denominarse como universidades aquellos centros que cumplan con los requisitos de la ley. El informe, sin embargo, prevé que los cinco años de margen que da el decreto no serán suficientes y que, por lo tanto, algunas universidades perderán la categoría de universidad. ¿Cree que, llegado el momento, la amenaza se acabará cumpliendo?

No lo sé decir, pero a juzgar por los datos que hemos visto en el informe los problemas detectados en universidades públicas se arreglan muy fácilmente porque son de precarización de la plantilla. Todo lo demás, en general, lo cumplen, y lo que no, con un pequeño esfuerzo, llegará, salvo la cuestión de la precarización de las plantillas. Y entiendo por precarización de las plantillas el tiempo parcial y temporalidad. Esto se arregla con dinero de manera fácil, porque las universidades públicas españolas no han parado de generar doctores, titulados y todo lo necesario. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es captar personal con la titulación adecuada para incorporarla a tiempo completo. No es falta de capital humano, es falta de dinero para pagarlo y tenerlo contratado en condiciones.

¿Y en las universidades privadas?

Aquí el problema es mucho más grave. Lo que hemos detectado es la inexistente actividad de investigación. Hay algunas excepciones notables, como sería el caso de la Universidad de Navarra. Ahora bien, el grueso de las otras no es así, y eso tiene mucho más mal arreglo.

¿Por qué?

Primero, porque no está claro que lo deseen. Una universidad que está en manos de un fondo de capital riesgo y que tiene estrictamente ánimo de lucro no está claro que le resulte tan rentable como lo que está haciendo ahora, que es hacer de academia.

Y por parte de las universidades que sí quisieran hacer investigación y que ahora no la estén haciendo –porque las que empezaron hace poco tiempo lo conseguirán dentro de unos años– deben de hacer muchas cosas. Debe cambiar su estructura de plantilla para tener personal capaz de sacar adelante grupos de investigación, tiene que hacer propuestas de proyectos, tiene que conseguir la financiación para los grupos de investigación, proponer programas de doctorados, etc. Tiene que hacer muchas cosas antes de que lleguen los resultados mínimos que requieren que, por otra parte, insisto, son sorprendentemente mínimos.

¿Desde cuándo se aprecia el boom en las universidades privadas?

España legalizó la posibilidad de que haya universidades privadas en 1983. Hace muchos años de eso. En cambio, el boom se produce mucho más tarde. Yo lo atribuyo al crecimiento de la población universitaria. Una de las cosas más interesantes de ver son los datos de cuántos estudiantes universitarios hay en España desde la Guerra Civil hasta ahora. Cuando la gente comienza a poder comer, hacia la década de los 50, comienza a despegar y la población universitaria comienza a crecer exponencialmente. Hasta el año 2000 aproximadamente, los estudiantes universitarios se doblan cada década. La última vez que doblamos pasamos de 700.000 a un millón y medio, y cuando la población que quiere estudiar llega a estas cifras, crear universidades privadas se convierte en una posibilidad de negocio.

Asimismo, y podríamos decir aproximadamente que desde los últimos diez años, los precios de las carreras universitarias y de los másters han ido en aumento de manera continuada, y la capacidad adquisitiva de la población, en general, ha ido disminuyendo.

Los precios que subieron en 2011 fueron los de las universidades públicas, que son los únicos regulados por ley. Por lo tanto, hace más competitiva la oferta privada. Por otro lado, hay otro factor para entender cómo funciona el negocio de las universidades que es: ¿quiénes son los estudiantes universitarios? A pesar de que se hayan ido multiplicando por dos cada diez años, no lo han hecho igual en todas las clases sociales.

¿El origen social de los padres cada vez tiene más peso?

Exactamente. Hay muy poca gente de origen social bajo en las universidades, y mucho estudiante de origen social alto. Entonces, cuando suben los precios, una parte de la franja más alta de los estudiantes puede optar por irse a la privada porque encuentra que no hay tanta diferencia. Esto es algo que hemos constatado en Catalunya. En cambio en el otro extremo, el de las clases sociales más bajas, estos pocos que llegan a la universidad son las «lumbreras» de cada familia, y llegan pase lo que pase, porque son tan pocos que las familias hacen lo que sean para que lleguen.

¿Qué niveles de financiación cree que debería destinar el Ministerio para solucionar este desfase entre clases sociales en el acceso a la universidad?

Aunque es cierto que las universidades reciben dinero para hacer investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, el dinero de funcionamiento proviene de las comunidades autónomas. Y aquí hay una gran diferencia, en términos relativos, entre cómo son financiadas unas y otras. Nosotros hicimos un informe sobre este tema en el Observatorio, y te puedo asegurar que las diferencias son muy notables entre unas y otras.

¿Por ejemplo?

Las que más recortaron el año 2011 son, en primer, lugar Catalunya y, en segundo lugar, la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de reducciones en la financiación ordinaria de las universidades del orden del 30%. Son cifras muy grandes. La diferencia, en el caso de Catalunya, es que esto no lo ha llegado a compensar nunca. Otras comunidades comenzaron a remontar con los años –otra cosa es que la Covid-19 y los datos postCovid no los tenemos–. Hay un matiz respecto a la política de la Generalitat y es que, este año, decidió retrotraer el incremento de precios que hizo el año 2011, y también ha subido la financiación pública para compensarlo.

¿Qué otras comunidades lo han hecho mejor?

Hay algunos datos que podrían sorprender si se pretende hacer un análisis en función de los partidos políticos que están en el gobierno.

En el tema de precios, por ejemplo, Galicia no ha modificado nunca los precios de las matrículas. Ni siquiera el IPC, por lo que en términos reales los ha ido bajando. Andalucía los bajó. Se han hecho políticas muy diferentes y no todas responden a una clasificación política fácil. Ahora bien, las dos comunidades más emblemáticas por su línea más neoliberal –que son Catalunya y Madrid–, estas sí recortaron, aunque Madrid lo fue bajando con el tiempo.

Tenemos una estructura económica laboral en la que la cualificación no es lo que prima. Priman los puestos de trabajo de niveles bajos

Si comparamos España con el resto de los países de la OCDE en el ámbito de la calidad del sistema universitario, así como en el acceso que garantice una igualdad de oportunidades a la población, ¿con qué nos encontramos?

El porcentaje de población que tiene un título universitario en España es perfectamente comparable con las europeas, las de la OCDE, o las de cualquier país similar a España. En cambio, si miras la clasificación internacional de los puestos de trabajo de ejecutivos, de técnicos, etc., es decir, la estructura de los puestos de trabajo de nuestro país, hay un crecimiento inequívoco de puestos de trabajo de baja cualificación comparado con los países similares en España. No hay color. Tenemos una estructura económica laboral en la que la cualificación no es lo que prima. Priman los puestos de trabajo de niveles bajos, lo cual es completamente coherente con un país muy centrado en el turismo y poco en la innovación. No es que tengamos sobrecualificados, tenemos infratrabajo. Es un problema de la estructura económica del país.

Una última pregunta: la pandemia de la Covid-19 ha puesto sobre la mesa una necesidad –inevitable por el contexto– de una digitalización de la educación. ¿Cómo cree que puede evolucionar la educación universitaria en los próximos años en este sentido, con los nuevos modos y tecnologías?

Depende. Y depende, sobre todo, de hasta qué punto la enseñanza universitaria se mercantilice o no. Es decir, lo que nos ha enseñado la pandemia es que si no puedes ir de manera presencial, obviamente que no te queda más remedio que hacerlo de manera digital. Ahora bien, lo que también nos ha enseñado es que el estudiante dice que no hay color. Que es infinitamente más fructífera la enseñanza presencial y la interrelación más directa, etc.

La enseñanza online está muy bien como herramienta de apoyo, por ejemplo, en caso de una enfermedad que me impida ir a clase o para aquella gente que trabaja y no puede acudir presencialmente. Pero son casos específicos, más condicionados a no poder hacerlo de manera presencial. Ahora bien, si la enseñanza se ve abocada al negocio en lugar de al «bien común», la tentación digital es muy grande, porque es muy barata. Y más en España, donde por el tema de la lengua el mercado potencial de América Latina es gigante y desde aquí lo puedes captar sin moverte. Si impera el ahorro público, y el negocio privado… la enseñanza será mucho más digital.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2021/04/05/vera-sacristan-subir-el-precio-en-las-universidades-publicas-favorece-a-las-universidades-privadas/

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SAME 2021: Más y mejor financiamiento para la educación latinoamericana y caribeña en la postpandemia

América Latina/21-05-2021/Autor(a) y Fuente: redclade.org

Especial presenta las publicaciones lanzadas, temas debatidos durante eventos y otras actividades que se llevaron a cabo en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2021.

La SAME 2021 arrancó en ámbito mundial y regional con una semana de actividades de comunicación, movilización, incidencia política y diálogo, del 23 al 30 de abril, a través de la cual se destacaron demandas por más y mejores recursos para la financiación de la educación pública y gratuita, frente al contexto de la pandemia COVID-19.

>> Entérate más sobre todas las acciones desarrolladas en nuestro especial sobre la SAME 2021.

Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/same-2021-mas-y-mejor-financiamiento-para-la-educacion-latinoamericana-y-caribena-en-la-postpandemia/

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Tesis sobre el relato: uno de educación

Por: Darío Balvidares*

El escritor, crítico y ensayista, Ricardo Piglia, nos ha dejado tantísimas ideas para pensar la literatura, pero una de esas ideas brillantes es su tesis sobre el cuento[1]  en la que desarrolla el desplazamiento  en la estructura del cuento en dos historias, la historia 1 o historia en primer plano y la historia 2 como la historia oculta que se cifra en la historia 1. Es decir, que no sólo se trata de qué se cuenta, sino de cómo se cuenta, lo que haya que contar.

Quien esté leyendo este breve artículo, en este momento, estará esperando la explicación sobre los renglones que acaba de leer, incluso más, el porqué del título.

Ahora bien, generar el suspenso es otra de las atribuciones de las que se precia un buen cuento; cita Piglia una de las notas que el célebre Antón Chéjov había dejado: “Un hombre en Montecarlo, va al casino, gana un millón, vuelve a su casa, se suicida”, he ahí una historia para contar, pues – dice Piglia – va contra lo convencional (jugar-perder-suicidarse).

La historia 1, podría ser la del juego que enmascara la historia 2, la del suicidio que se devela al final, eso sucedería en el cuento clásico con final sorpresivo; pero en el cuento moderno, las dos historias se cuentan al mismo tiempo y se abandona el final sorpresivo, las dos historias entran en tensión pero no se resuelven nunca.

A esta altura, lectxr, estamos a punto de entrar en el relato de la presencialidad en la educación, aunque la “presencialidad”, casi se haya convertido en una cuestión autónoma, escindida de la educación. Un debate que parece no tener fin en un contexto que además de penoso, no tiene nada de ficción, la pandemia que produjo el covid-19 y sus consecuencias, no son parte de la imaginación literaria.

Sin embargo, alrededor del concepto de “presencialidad” se construye una verdadera narración polifónica, múltiples voces narradoras que producen sentido en el entrecruzamiento de dos sistemas, el lingüístico y el ideológico, lo que podríamos llamar, haciendo la analogía con lo propuesto por Ricardo Piglia, la historia 1.

En una breve síntesis, se produce la narrativa polifónica desde un decreto del ejecutivo nacional que suspende la presencialidad por 15 días en las escuelas en el área metropolitana (conurbano de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma); el ejecutivo de la Ciudad denuncia la inconstitucionalidad del decreto por “vulnerar la autonomía”; la Cámara de Apelaciones de la Ciudad falla a favor del ejecutivo de la Ciudad; un juez Federal, falla decidiendo la nulidad del fallo anterior y por lo tanto le da la razón al ejecutivo nacional, en el medio una jueza rechaza el amparo pedido por una supuesta organización de padres y se declara incompetente.

Finalizados los plazos de suspensión de presencialidad del decreto del ejecutivo nacional, es decir, con posterioridad a la fecha de caducidad, en un fallo extemporáneo de toda temporalidad, la Corte Suprema, de manera no presencial y a distancia para evitar posibles contagios del covid en sus cortesanas humanidades, resuelve sin argumentos “saludables”, a juzgar, incluso, por su propia conducta distante, darle la razón al ejecutivo de la Ciudad.

Hasta ahí, se narra la trama de la presencialidad jurídica, los poderes ejecutivos y judiciales generando discursos sobre un sustantivo abstracto, presencialidad.

La narración polifónica se va completando con las opiniones que va tejiendo el periodismo, que busca la foto “política” que muestre a la dirigencia capitalista unida contra el covid.

Todas esas voces gritan que la presencialidad es “indiscutible”, pero algunas acuerdan con un lado de la “supuesta” grieta y otras del otro.

Mientras tanto en el afuera de Macondo, – me permito usar ese punto geográfico inexistente del genial García Márquez para ilustrar el espacio narrativo del poder –  la realidad, que no es mágica, sigue su curso de contagios.

La presencialidad, la modalidad híbrida, las burbujas aúlicas, los protocolos (disparatados), son sólo descripciones ornamentales, estrategias sólo discursivas pero pobres como dispositivos reales porque el virus es sordo y ciego.

¿Por qué se abandonó el relato de la cuarentena estricta, fase 1, frente a la segunda ola?

Las nuevas cepas no saben de economía, como no lo sabe la cepa original.

¿Qué pasó con el “Quedate en casa”?

Con las contradicciones de uno de los personajes de este relato, el ministro Nicolás Trotta: “No van a volver a las clases con normalidad hasta que haya una vacuna contra el coronavirus[2]; unos meses después, el ministro asume el relato mundializado por la UNESCO y dice: “La vacuna no es condición indispensable para la presencialidad[3]

Ahora hay vacunas, pero no las suficientes y además, les docentes no están vacunados en su totalidad y mucho menos les estudiantes, también imprescindible vacunarlos, puesto que las cepas mutadas complican la salud de les jóvenes.

El otro personaje engrietado es la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, que tuvo y tiene momentos “brillantes” en cuanto al papel de odiadora serial de les docentes, la educación pública y los buenos presupuestos de educación. Pero una de sus mejores y desopilantes intervenciones fue cuando dijo: “Tenemos millones de papers científicos que confirman que los chicos no son un factor de transmisión masivo, que las escuelas abiertas, al revés de lo que se pensaba antes, son un espacio con protocolos, no solo necesarios, sino posibles”.[4]

Ni la mejor obra de teatro del absurdo, jamás escrita, podría llegar a imaginar tales ensayos de la idiotez frente al acecho permanente de la muerte anunciada.

El gremio docente levanta la palabra, son otra voz en el escenario polifónico, un corifeo que anuncia lo que no se debe: sostener la presencialidad en picos de pandemia. Son los que ponen el cuerpo por el designio de funcionarios, que se consideran dioses olímpicos, gobernando nuestros destinos, minorías que traman el destino de las mayorías.

No sólo no son escuchados, sino castigados por su lucha por la vida con descuentos irracionales o con el contagio viral o con la muerte anunciada.

Argentina supera los 70000 muertos y el funcionariato vernáculo debate la presencialidad escolar, judicializa sus propias miserabilidades y “escribe”, al mismo tiempo, la historia 2 de este relato, la historia oculta, la que nuestra que la única presencialidad administrada es la del covid 19.

Como en la tesis sobre el cuento, en las dos historias hay dos sistemas distintos de causalidad, “los mismos acontecimientos entran simultáneamente en dos lógicas narrativas antagónicas”, dice Piglia.

Para lo que nos ocupa, la historia 1 de la narración polifónica sobre la presencialidad escolar, es el relato del juego en la nota de Chéjov; en tanto que la historia 2, la muerte anunciada (por el covid), la que corresponde al suicidio.

Es hora de que haya una pausa en la narrativa delirante sobre la presencialidad o seguirán conspirando contra la vida e induciendo al suicidio desde la impunidad de sus cargos.

* Profesor y Licenciado en Letras (FFyL-UBA). Fue docente durante 30 años y Rector de la Escuela de Comercio 3, Hipólito Vieytes (CABA). Como investigador es autor de “La educación en la era corporativa, la trama de la desposesión”. Herramienta Ediciones y Contrahegeminía Web (2019) CABA.  Y del ensayo “La novela educativa o el relato de la alienación”  Redes Cultura (2005) CABA, con prólogo de Osvaldo Bayer. Además de decenas de trabajos y artículos publicados en Contrahegemonía Web; Rebelion.org  y Otras Voces en Educación. Durante 15 años fue productor periodístico y columnista del programa radial La Deuda Eterna.

[1] Ricardo Piglia. Crítica y Ficción. Ediciones Siglo Veinte. Buenos Aires. 1990

[2][2] https://www.treslineas.com.ar/trotta-volver-clases-normalidad-hasta-haya-vacuna-contra-coronavirus-n-1602170.html

[3] http://seguinforma.com.ar/trotta-la-vacuna-no-es-condicion-indispensable-para-la-presencialidad/

[4] https://www.treslineas.com.ar/medicos-refutan-soledad-acuna-solo-contagiamos-tambien-morimos-n-1633561.html

Fuente: El Autor escribe para OVE

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CII-OVE entrevista a Mercedes Mayol Lasalle: “En ALC la Primera Infancia tiene tres rasgos: diversa, fragmentada y muestra grandes desigualdades”

Luz Palomino entrevistan para CIIOVE

Conocimos personalmente a Mercedes Mayol en el 2018. Los ecos de su trabajo se escuchan desde hace mucho tiempo por toda América Latina y el Caribe, como producto de su extraordinario esfuerzo en defensa del derecho a la educación en general y la educación preescolar en particular.

Es un ser humano extraordinario, diáfana y directa en su hablar, con una sonrisa y buena idea a flor de piel. Luego de conocerla asumiría la presidencia de la Organización Mundial de Educación Preescolar (OMEP) y desde allí está impulsando un trabajo innovador y comprometido con la educación pública.

Mercedes Mayol Lassalle es Maestra Normal Nacional, Licenciada en Ciencias de la Educación, por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido maestra, fundadora y directora de Jardines Maternales estatales. En el área de gobierno, fue directora del Área de Educación Infantil de la Ciudad de Buenos Aires. Fue consultora senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es Profesora de la Maestría en Educación Infantil de la Universidad de Buenos Aires y del Programa Regional de Capacitación en Planificación y Gestión de Políticas Educativas, IIPE-UNESCO Buenos Aires, Oficina para América Latina. Su campo de interés son las políticas educativas para la primera infancia en relación con los derechos humanos, así como también la organización y gestión de centros educativos para niños de 0 a 3 años. Coordina programas de capacitación y actualización docente en contextos de pobreza y es evaluadora de políticas públicas y programas sobre educación y cuidado de la primera infancia.

Miembro de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) desde 1999. Ha sido, durante 6 años Vicepresidenta Regional para América Latina y, como les comentamos, actualmente es la Presidenta Mundial de la OMEP, cargo que ocupa desde el 1 de enero de 2020.

Conversar con Mercedes Mayol Lasalle es una experiencia de actualización rápida sobre la historia, actualidad y perspectivas de la educación preescolar, por ello compartimos este diálogo, con los lectores y colaboradores de Otras Voces en educación

Mercedes, cuéntanos un poco tu historia de vida, ¿cómo llegaste a la educación crítica y contestataria, a la lucha por la educación inicial?

El día que yo nací mi abuelo, que era Ingeniero Agrónomo, estaba fundando una Escuela Pública secundaria para formar Técnicos Agropecuarios, que tenía internado, porque era para niños del campo. Todos vivíamos en el predio de la escuela, en medio del monte pampeano en Argentina, de manera que ya desde mis primeros años, la escuela y “el olor a tiza” fueron parte de mi vida cotidiana.

Mi abuelo (ingeniero, ecologista y darwiniano) y mi madre (joven escritora de izquierda y docente) tuvieron una gran influencia en mi formación, ya que, desde muy pequeña, me conectaron, tanto con la literatura y las artes, como con los libros de ciencias naturales y sociales. Las discusiones políticas y las tertulias culturales eran parte de nuestra vida, así como los viajes por el país más profundo.

Luego de una escuela primaria signada por las frecuentes mudanzas familiares (muchas por cuestiones políticas), hice mi secundario y me recibí de maestra normal nacional a los 17 años en la Escuela Normal de Santa Rosa, La Pampa y enseguida, en 1970, fui a Buenos Aires a estudiar Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Los años 70 del siglo XX fueron tiempos muy convulsionados. En Argentina y en la región el escenario político era cambiante y activo, las producciones y los debates en el campo de las ciencias sociales y la pedagogía fueron interesantes, desafiantes, polarizados y atravesados por el discurso próximo a las luchas populares y a los movimientos estudiantiles.

Mientras estaba en la Facultad, conseguí trabajo como maestra en educación infantil, lo que signó la elección de mi carrera futura. Los niños de mi primer grupo tenían dos años.

En 1975 me casé con un estudiante de arquitectura y militante de izquierda, como yo y a los 20 días, la “Triple A”, un grupo parapolicial que operó durante el gobierno de Isabel Perón nos fue a buscar para asesinarnos. Afortunadamente no nos encontraron, así que, en marzo de 1976 cuando se instala la dictadura cívico-militar en la Argentina, nosotros ya habíamos cambiado de casa, de trabajo y dejamos de asistir a la Universidad para evitar que nos secuestraran y nos desaparecieran.

Durante la dictadura tuve a mi hija, crecí mucho y aprendí a resistir, reflexionando, estudiando, trabajando y pensando críticamente. La conciencia de saber qué estaba pasando no era generalizada en mi país, mientras intelectuales y jóvenes desaparecían en manos de los “grupos de tareas” del ejército argentino, se jugaba el Mundial de Futbol 1978, se salía de compras con el famoso “deme dos” de los consumistas y se libraban guerras (contra Chile primero y luego por las Malvinas contra el Reino Unido y sus aliados).

Tener conciencia me daba terror, pero al mismo tiempo me permitía tener claridad y trabajar resistiendo para aportar a la construcción de un mundo mejor desde el respeto de los derechos humanos y el valor de la democracia. Ese es el horizonte que persigo todavía. Yo no me olvido, es más, cultivo la memoria constructivamente mirando hacia el futuro y hacia “los nuevos”: la primera infancia.

¿Cuáles son los elementos relevantes de la crisis del sistema educativo latinoamericano en cuanto a la educación preescolar?

Rápidamente podríamos afirmar que la educación y el cuidado de la Primera Infancia en la región muestra tres rasgos o características: es diversa, está fragmentada y muestra grandes desigualdades.

La experiencia de haber sido 6 años Vicepresidenta regional para América Latina de la OMEP me dio la posibilidad de ver bastante a fondo esta problemática. Porque sin ninguna duda, para conocer sobre la educación hay que “caminar” las escuelas, observar, conversar con los actores y actrices (niños, niñas, familias, maestras y maestros).

Retomando el rasgo de la diversidad, construir una visión lleva tiempo porque los contratos fundacionales de las instituciones y sistemas que coexisten son muchísimos; unas se formaron como primer nivel al amparo de los sistemas educativos, acunado por las míticas y discursos de la pedagogía, la psicología y la escuela, otros basados en las luchas de las mujeres trabajadoras que peleaban por “una guardería” para acoger a sus hijos, otras fruto de la movilización y la lucha popular comunitaria y la necesidad de proteger a los más pequeños en nuestras grandes crisis…

También obviamente aparece la lógica diferente del mercado, de la escuela privada, que también es diversa y se apoya tanto en las tradiciones educativas religiosas, desde las misiones o la atención a las clases más acomodadas, en la maestra que arma cooperativa e instala “el jardicinito” del barrio, a las grandes cadenas de “franchaising” de la educación infantil… esta diversidad, puede ofrecer frutos maravillosos y frutos malogrados.

Si atendemos a la fragmentación, creo que hay varios temas paradigmáticos: por ejemplo, la fragmentación en la gestión y rectoría de la educación de la primera infancia: vemos que en los años 90 del siglo XX muchos países “primarizaron” la educación de los niños de 4 y 5 años, se perdió la aceptabilidad y adaptabilidad del derecho a la educación en primera infancia, con el cercenamiento del juego, del arte y de la cultura para reemplazarlo por tristes “entrenamientos” y procesos escolarizantes, con grandes tintes evaluativos.

Al mismo tiempo, para los sectores populares se ofrece servicios centrados en los cuidados, con poco juego, poca cultura y actividades rutinarias y poco desafiantes para los pequeños. Esto se relaciona con otra seña de identidad: la fragmentación entre “el cuidado” y la “educación”, que yo considero una falacia, dado que se trata de prácticas sociales y éticas inseparables.

Asimismo, es una visión que atenta contra el derecho humano a la educación desde que el niño nace. Este es un problema muy serio que tenemos en la Región, atender en los tres primeros años de vida el niño solo a la alimentación, higiene y sueño, que no está mal, en una región tan desigual, pero que debe reinterpretarse y enriquecerse con lo más bello de la cultura de Nuestra América, con nuestros lenguajes, danzas, artes, conocimiento social y natural, con la habilitación de la ciudadanía de cada niño y cada niña a través de su participación activa de acuerdo con la potencia de su nivel de desarrollo y la su expresividad corporal, kinestésica, lúdica, antes que apoyada en el lenguaje verbal.

Otro aspecto que no quiero soslayar en el tema de la fragmentación es como juegan las ideologías y las modas dentro de la construcción pedagógica de la educación infantil. Si bien siempre ha habido influencias de determinadas áreas disciplinares, hoy en día el mercado de “gurúes” de la educación, las editoriales y los franchaisings están privatizando y empobreciendo a la pedagogía y por ende al saber de los maestros y maestras de la región.

El neopositivismo con su afán de argumentar sostenido en la (imposible) evidencia, el “neuroliberalismo” (me encanta este neologismo) o las explicaciones de los economistas sobre la tasa de retorno en la inversión hacia la primera infancia, me ponen nerviosa.

Tenemos que aprender que ninguna ciencia explica por si misma un hecho tan complejo como la educación en la primera infancia, permeada por la complejidad y la velocidad del desarrollo humano, la recreación de la cultura por parte de cada cachorro humano, la importancia de la familia, los otros niños y niñas, los vínculos con los maestros y maestras, la vivencias en comunidad….

Por eso, trato de pensar desde un paradigma de complejidad, sin “evidencias” pero con “experiencias” y relatos provisorios provenientes de múltiples miradas, campos científicos y actores…

A veces esto es angustiante, porque, claro, es más fácil agarrarse de las recetas y de la correlación lineal “causa-consecuencia”. Sin embargo, para mi es desafiante, maravilloso y atractivo y me conecta más con la maravilla que sienten los niños y niñas frente al mundo a descubrir…

Volviendo a la caracterización de la educación infantil en la Región, afirmaba que otra nota es la desigualdad. En el continente más desigual no podría ser de otra manera. Pese a los grandes esfuerzos para garantizar el acceso a la educación de la primera infancia, este está altamente signado por las desigualdades.

Los niños y niñas de 4, 5, 6 y 7 años, tienen acceso, ligado a la obligatoriedad en muchos de los países. Sin embargo, los menores de 3 años no corren con la misma suerte y el acceso suele estar correlacionado directamente con la capacidad económica de las familias para pagar una institución privada.

La gran mayoría carece de una oferta pública y gratuita. Por eso, también se acentúa la presencia y oferta de los sectores de desarrollo social de los Estados, las iniciativas comunitarias, además del sector mercantil.

Obviamente, la desigualdad también se expresa en la calidad educativa, las instalaciones, los juguetes, libros y materiales, la higiene y la alimentación que rodean a cada niño… esto da para extenderse muchísimo…

¿Consideras que la formación de los y las futuras maestras(os) se corresponde a las necesidades de la región y los desafíos pedagógicos del siglo XXI?

Dentro del terreno de las desigualdades está también la situación y formación de los maestros y maestras dedicados a la educación infantil. Cuanto más pequeño es el niño, menos requerimientos y menos formación tienen los adultos a cargo.

También mayor es la informalidad en las relaciones laborales de cada educador, al punto de que existen programas que pagan con “propinas” a los “cuidadores” institucionales de los niños y niñas.

Además de la precarización laboral, vemos una alta feminización de la fuerza laboral docente, siendo muy pocos los varones que desean trabajar en el nivel.

Respecto de la formación, se han realizado muchos esfuerzos para mejorar los niveles de formación inicial. En algunos países coexisten universidades con institutos terciarios de buena calidad, herederos de las viejas Escuelas Normales.

Los estudios se han alargado y la conversación entre práctica y teoría en muchos países se ha tratado de resolver desde el primer año, con prácticas y pasantías. Sin embargo, estoy convencida de que por más intensa que sea la formación inicial, por meticuloso que haya sido un plan de estudios, esa formación inicial será insuficiente para asegurar todo lo que un docente debe saber en su vida profesional.

Por eso, se hace necesario un permanente proceso de formación a lo largo de la actividad profesional. Reflexionar sobre la práctica, estudiar siempre, y crear “experiencia” que no es lo mismo que “antigüedad”.

Y cuando digo sistemas de formación permanente, pienso en trayectos formativos que vayan acompañando el desarrollo profesional de maestros, profesores y directivos fuertemente articulados con su experiencia laboral. Por eso son tan importantes los buenos directores e inspectores, además del grupo de “pares-maestros” que comparten el proyecto de la escuela.

Asimismo, me vuelvo a referir a la imposibilidad de encontrar sistemas o teorías que nos brinden todas respuestas, ante las incertidumbres. Las preguntas son parte de nuestra profesión y será necesario apelar permanentemente a la reflexión activa en los problemas e involucrarse en los debates más importantes de la cultura, de la educación y de la política.

Lo que se requiere es robustecer la formación en teorías, enfoques y perspectivas que permitan una comprensión compleja del problema educativo, y que ayuden a construir un saber pedagógico en constante evolución y transformación.

El gran desafío, creo yo, es concebir a la educación como una práctica política (que se construye en el espacio público y con otros y otras; no se trata de una mera técnica para aplicar.

¿Qué ha significado el Coronavirus en lo educativo? ¿Consideras que las medidas educativas tomadas en el marco de la pandemia afectan al derecho a la educación?

Sin dudas muchas de las medidas sanitarias no han podido o no han querido considerar la ciudadanía (los derechos humanos) de las primeras infancias. Y lo pongo en plural, porque en esta Latinoamérica desigual, hay múltiples experiencias vitales que definen distintos modos de vivir la infancia.

Sin dudas, muchas decisiones fueron tomadas por lo imprevisto del momento, la debilidad de los sistemas de protección de derechos y tal vez con las mejores intenciones.

Pero, de golpe, aún con marcadas desigualdades de acceso y calidad, los niños que jugaban en las plazas, en los jardines de infantes, en las escuelas, en los diversos espacios públicos han quedado confinados al espacio del hogar.

Debemos tener en cuenta que el 80 % de la población latinoamericana vive en ciudades, y una gran mayoría de niños y niñas viven en condiciones habitacionales muy precarias.

Muchas familias no cuentan con suficiente comida y no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento. El Dr. Jaime Breich, nos señala que las infancias viven en ciudades tóxicas, caracterizadas por el urbanismo salvaje y en condiciones malsanas.

A esto se le suma, que la experiencia de vivir en familia en contextos de desigualdades y violencias puede ser muy doloroso. Ello se constata en que las denuncias por maltrato infantil y violencia de género han aumentado en la Región desde que comenzó el confinamiento.

Aun en las mejores condiciones habitacionales y sanitarias, para un niño o una niña pequeña la situación es incomprensible. El estar confinado en el hogar limita derechos y genera angustias, enojos y desconcierto en los niños pequeños.

El cuidado y la crianza, generalmente feminizada, se ve tensada por el encierro y por las casi nulas políticas públicas dirigidas a acompañar a las familias en la crianza a través de todos los medios posibles.

Así las formas de vida en las ciudades, los espacios reducidos, el aislamiento en el contacto con la naturaleza son factores de alienación, ansiedades y fobias aun más marcadas entre los infantes que no tienen aún la estructura psíquica que les permita comprender la situación.

En los últimos días, en varios países, algunas voces se han alzado reclamando por los derechos de la infancia: niños que muestran regresiones, rabietas y angustias, niños que hablan con amigos imaginarios preocupan a las familias…

Tampoco podemos seguir las recetas de los demás niveles educativos, que pretenden seguir enseñando a través del uso de Internet. Sin dudas, pensar el cuerpo del niño en el siglo XXI incluye pensarlo en relación con las nuevas tecnologías, pero el uso temprano y abusivo de las pantallas tiene consecuencias negativas para la niñez y, especialmente, en la primera infancia se presentan como un obstáculo para la construcción de su subjetividad, su corporeidad y su juego.

Tengamos en cuenta que las 4 características de las pantallas: luz, brillo, movimiento y continuidad, en conjunción producen la captura de la atención, sin un beneficio para el niño y niña pequeña.

Por ello el uso libre de las pantallas en la primera infancia ha llevado los especialistas a recomendar su restricción en los dos primeros años y que se paute rigurosamente el uso después de esta edad.

En este sentido recomendamos que las estrategias tecnológicas más bien se usen para orientar e informar a las familias y ampliar sus recursos culturales y educativos para el mejoramiento de la crianza y de las oportunidades de acceso al juego, a las artes y al conocimiento del mundo cultural y natural.

¿Cuáles consideras que son las propuestas más importantes para iniciar un proceso de transformación radical de los sistemas educativos?

¡Esta pregunta me desafía a escribir un libro! De hecho, con la compañera Gabriela Fairstein estamos terminando uno sobre los tres primeros años de vida y su educación.

Yo soy muy respetuosa con mis críticas a los sistemas educativos, y en especial vinculados a la educación inicial, dado que veo que a veces sirven de argumento para destruir todo lo construido y plantear opciones “baratas” y “de-simbolizadas” desde el punto de vista educativo, cultural y humano.

Tenemos que mirar para adelante, pero con los pies bien puestos en las mejores tradiciones, saberes y construcciones pedagógicas que tienen en el mundo, más de 200 años, sumándole nuestra recreación, nuestro rescate de las prácticas de crianza y formación humana de las culturas de Nuestra América.

Con mis compañeras de la OMEP, abogamos por una escuela infantil donde los niños sean respetados en su dignidad y percibidos, como ciudadanos que tienen derecho al goce de todos los derechos humanos.

Desde tiempos ancestrales sabemos que el juego y la exploración son vitales para la constitución subjetiva que se va construyendo en conversación con la cultura propia, la lengua materna y los otros y otras significativos.

Trabajemos por una escuela infantil en la que todos y todas accedan en condiciones de equidad a un contexto cultural y lúdico rico respetuoso y cuidado, donde los bebés, niños y niñas dispongan de adultos con una actitud y una acción generosa de entrega de la cultura, que se presten a la habilitación del juego, brindando espacios que permitan los desplazamientos y movimientos, actividades desafiantes y materiales potentes para el conocimiento y el desarrollo personal holístico y en armonía con la naturaleza, la comunidad, y el mundo.

Finalmente, deseo enfatizar que esta escuela del futuro no es posible sin democracia. Como decía Alessandro Baratta “la democracia es buena para los niños

Debemos construir un espacio donde los niños y niñas puedan desarrollar su ciudadanía, protagonismo y su potencia, donde las familias tengan participación activa y donde el colectivo de maestros, maestras y directivos desplieguen autonomía y solvencia profesional.

Así todas y todos podrán formar, formarse y transformarse en comunidad iluminados por el horizonte de la protección y realización de los derechos humanos.

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