Educación Universitaria

Argentina, 20 de mayo de 2016. Autor: Julián Mónaco. Fuente: UNIPE

Entrevista de Julián Mónaco a Adriana Puiggrós

“Anoche contesté el mensaje de una estudiante de la Universidad Nacional del Nordeste que me decía que en la subsede le cobraban 1.280 pesos por mes y me preguntaba si eso era legal. Le dije que en cuanto salga la reglamentación, presente un amparo”. Diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires hasta el pasado 10 de diciembre, Adriana Puiggrós impulsó la flamante Ley 27.204, a la que adjudica una gran importancia coyuntural. Antes de dejar su banca, consiguió que tome estado parlamentario un nuevo proyecto de Ley Nacional de Educación Superior.

¿Por qué era necesario introducir reformas en la Ley de Educación Superior? La Ley 24.521 es parte del paquete de leyes menemistas y aplica las recetas del Banco Mundial en educación. Tiene varios aspectos negativos. En primer lugar, abre el camino para una universidad restrictiva, porque les permite a las facultades poner, en determinadas circunstancias, exámenes de ingreso muy discriminatorios y sin tener en cuenta las decisiones de los consejos superiores o de los propios estatutos. Lo cual lleva a una disgregación de la universidad como tal. Además, abre la puerta al arancelamiento de un modo nada ambiguo, porque habla de la posibilidad de cobrar tasas o contribuciones. Por último, determina un escasísimo control de los fondos que utilizan las universidades. Vale recordar que el gobierno de Menem no tenía suficiente fuerza política como para abrir totalmente la entrada de inversiones privadas en educación superior, para tercerizar funciones, y para establecer directamente el arancel y las restricciones al ingreso. Entonces lo que hizo fue abrir alternativas de un modo no tan directo. Esas alternativas las incluyeron pero en ese momento no fueron totalmente tomadas por las universidades.

¿Por qué es importante que la Ley 27.204 prohíba totalmente los exámenes de ingreso? Lo que opusimos fue una valla para evitar lo que seguramente tratará de hacer este gobierno, que es aplicar el modelo chileno: poner un examen muy discriminatorio al terminar el secundario. Es la idea de la economía de mercado aplicada a la educación: para restringir al máximo la inversión estatal en universidades se restringe al máximo el número de alumnos mediante un examen de ingreso altamente seleccionador.

¿Qué pasa con las facultades que actualmente trabajan con este tipo de exámenes y con sistemas de cupos? En Argentina no tenemos universidades pero sí facultades, que son básicamente algunas de Medicina, que trabajan de este modo. Pero no son todas, sino solo algunas. Tenemos facultades más modernas, como la de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Matanza, que apuntan no sólo a formar médicos, sino también paramédicos, rubro en el que la Argentina tiene un gran déficit: por cada paramédico hay siete médicos. Faltan enfermeros, obstetras, acompañantes terapéuticos. El otro modelo es el de la Universidad Nacional de La Plata, que permite que entren 80 alumnos por año cuando se presentan 2.000 aspirantes. Y a los ingresantes se los admite con la única idea de que estén siete años cursando para luego incorporarse a la corporación médica de La Plata, que es la que fija el número, sin tener en cuenta las necesidades de la Provincia de Buenos Aires y del país en general.

¿Por qué la Ley 27.204 hace hincapié en poner a la universidad en un diálogo fuerte con el Estado? Porque corremos el peligro de que las universidades públicas ingresen completamente a la lógica del mercado. Hoy estamos frente a un capitalismo distinto al de los noventa. En esa década la idea dominante era privatizar todo lo posible y achicar el Estado. Ahora no es solamente eso, sino que también se agrega la idea de que el capital colonice el Estado. Hay grandes bancos como el HSBC o el Santander que han avanzado muchísimo en distintas universidades públicas de la región, que tercerizan parte de sus funciones. Por ejemplo, las cuentas sueldo de muchas universidades son administradas por el Banco Santander, así como los campus informáticos y las aulas informáticas son administradas por Google. El capital privado quiere colonizar las universidades públicas. Por eso la modificatoria dice también que las universidades públicas no podrán establecer convenios con organismos públicos o privados nacionales o extranjeros con objetivos de mercantilizar la educación.

Aun habiéndose concretado la salida de la modificatoria, ¿cree que es necesaria una nueva Ley de Educación Superior? Con mi equipo de trabajo y desde el Frente Para la Victoria hemos presentado un proyecto para una Ley Nacional de Educación Superior que tiene estado parlamentario. Hay algunos puntos fundamentales como la reafirmación de la responsabilidad principal del Estado en la educación superior y la articulación del sistema universitario, que habida cuenta de la proliferación de institutos, universidades, sedes, subsedes y colegios universitarios es muy caótico. También ocupan un lugar muy importante los derechos de los estudiantes, hay un paquete de beneficios que incluye becas, albergues y pedagogía universitaria de apoyo. Respecto de los derechos y las atribuciones de los docentes, entre otras cosas se establece que los docentes interinos a los que no les hayan abierto un concurso al cabo de dos años pasan a tener todos los mismos derechos que los docentes concursados.

Fuente: http://editorial.unipe.edu.ar/wp-content/uploads/2016/05/Unipe40.pdf.

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