América del Sur/Ecuador/27-02-2022/Autor(a) y Fuente: www.lahora.com.ec
Se estima que un 30% de la droga incautada en el país tenía como destino el microtráfico en calles e instituciones educativas.
En Ecuador, cuatro de cada 10 estudiantes aseguraron que dentro de sus colegios había algún tipo de droga. Los datos los recoge la encuesta ‘Niñez y adolescencia desde la intergeneracionalidad’, en la que también se detalla que el 10% de niños y adolescentes de instituciones educativas confirma haber probado alguna vez una sustancia ilícita.
La encuesta es de 2018 y es uno de los pocos insumos que tiene el país sobre esta problemática ya que los últimos datos nacionales se recopilaron en 2016. Esto pese a que, desde 2015, Ecuador cuenta con la Ley de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de Drogas.
En 2020 el reglamento de esta normativa fue reformado, eliminando el inciso dos del artículo 27 y 18, que establecía que las entidades del sector público no requerirán de calificación ni de autorización ocasional para manejar sustancias catalogadas sujetas a fiscalización para las actividades y fines determinados en la Ley.
Pero uno de los puntos por los que se promocionó más a la norma fue la de combatir el consumo en niños y adolescentes pero, desde 2017, el Comité Interinstitucional de Drogas no tuvo reuniones, por lo que actualmente no existe una política pública contra las drogas en menores.
Faltan datos actualizados
El 24 de marzo de 2022, el Comité Interinstitucional de Prevención Integral de Drogas se reunió por primera vez en cinco años para elaborar una hoja de ruta hacia la política pública que se aspira poner en marcha en 2023.
Se realizará un mapeo del consumo de drogas en menores de edad, así como del expendio a las afueras de los colegios. Ambos temas están entre las principales preocupaciones de los miembros de la comunidad educativa, tras el retorno a las aulas, luego de dos años de educación virtual debido a la pandemia por COVID-19.
Solo con un protocolo es posible establecer lineamientos de actuación a nivel institucional cuando se registren casos ligados al consumo de drogas en adolescentes.
Según el estudio de 2018, el 46% de estudiantes de entre 12 y 17 años considera que hay drogas dentro de su centro educativo, mientras que el 24% de los adolescentes asegura haber visto a algún estudiante que pasa o vende dichas sustancias.
Esto permitirá ejecutar allanamientos, seguimiento a bandas dentro y fuera de las instituciones y reforzar los patrullajes en las zonas donde se determine que hay mayor vulnerabilidad.
Adicción temprana
Aunque los datos estatales datan del año 2016, no existe una clasificación sobre el tipo de drogas que más se venden dentro o fuera de los centros educativos. Aunque el consumo puede ir desde alcohol hasta metanfetaminas.
El Ministerio de Salud tiene algunas ‘luces’ sobre esta problemática a partir de los servicios de los Centros de Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (Cetad).
En los últimos tres años, por ejemplo, 60.082 niños y jóvenes, entre 10 y 18 años, han sido atendidos por problemas de consumo.
Aunque, en enero de 2022, Alexandra Vela, exministra de Gobierno, calificó como preocupante la temprana edad a la que está iniciando el consumo. “En muchos casos bordea los 8 años de edad”, señaló y ofreció que el consumo de drogas en el país será uno de los temas en los que en este 2022 se centrará el trabajo del Gobierno, la norma sigue sin aplicación.
Microtráfico y menores
Cuando la ley se creó se determinó que hasta el 30% de la droga decomisada iba al microtráfico que significa el consumo interno y la venta en las calles y exteriores de colegios.
Del total de droga incautada en 2021, 192 toneladas estaban destinadas al tráfico internacional y 18 al tráfico de consumo interno. En lo que va de 2022, se han decomisado 52 toneladas de droga: 48.5 toneladas estaban destinadas al mercado exterior y 3,6 al microtráfico, en el interior del país.
Juan Carlos Congo, Jefe del Servicio Otras Temáticas, dentro del cual está el Servicio de Atención Integral en Adicciones, del Patronato Municipal San José, señala que una de las responsabilidades de los municipios es tener centros de apoyo y crear campañas de sensibilización y prevención. Por eso, este 26 de mayo de 2022, se presentará la campaña acción contra la adicción.
Actualmente, en uno de los dos centros de adicciones de la capital (ver tome nota) hay diez menores, de entre 12 a 17 años, internados por consumo y en una rehabilitación de seis meses. Las principales sustancias consumidas son bazuco, marihuana, cocaína, alcohol y cigarrillo. Las dos últimas son consideradas drogas legales.
En la campaña participarán jóvenes de tres colegios: Mejía, Eugenio Espejo y Simón Bolívar (ubicados en el centro de Quito), donde se ha identificado altos índices de consumo, en relación a colegios de otros sectores de la ciudad.
Congo señala que la información se obtuvo por medio de los Departamento de Consejería Estudiantil, pero que no se tiene un estudio a profundidad que determine si existe venta dentro de las instituciones educativas.
En 2020, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos Humanos levantó una encuesta entre 2.000 estudiantes de 15 unidades educativas fiscales de Guayaquil, ubicadas en sectores vulnerables. El 60% de los encuestados, quienes tenían entre 12 y 17 años, dijo que era fácil conseguir drogas. En esa ciudad se ha determinado que, además de las drogas nombradas por Congo, se consume la ‘H’ una mezcla de heroína con anfetaminas, analgésicos, talco, cemento raspado de la pared y veneno para ratas. (AVV)
Centros municipales en Quito
Centro de Adicciones para Adultos (Calle Sucre y De los Milagros, esquina).
Centro de Adicciones para Adolescentes, desde los 12 años hasta los 17 años, 11 meses. (Urb. La Armenia 2, calle Benjamín Carrión y Sexta transversal N 11-129-Conocoto).
El Comité Interinstitucional de Drogas debe constituirse por los ministerios del Interior y de Salud.
El Patronato San José lanzará este 26 de mayo de 2022 la campaña acción contra la adicción.
La resistencia de las instituciones de educación superior para enfrentar una reforma con perspectiva de género es fortísima, el pacto patriarcal se reproduce cotidianamente y las mujeres siguen siendo víctimas frecuentes de agresiones y discriminaciones. Como si estuviéramos en la Edad Media o sujetos a los rigurosos criterios de la Inquisición, en las instituciones de educación superior todavía siguen vigentes disposiciones arbitrarias en las que descansa la dominación masculina.
Es inaudito que en pleno siglo XXI, en la Benemérita y centenaria escuela normal veracruzana, una institución históricamente feminizada, con órganos de gobierno integrados mayoritariamente por mujeres, con muchas mujeres en cargos directivos, sigan vigentes criterios que castigan a una estudiante embarazada. Es el caso de Karla, una chica de octavo semestre, que sufre discriminación y le han dado de baja administrativa.
Karla se embarazó, tuvo una amenaza de aborto y los médicos le prescribieron dos semanas de reposo absoluto. Por tanto, faltó a unas clases prácticas, tramitó su incapacidad y aunque tenía justificado faltar dos semanas sólo lo hizo durante cinco días. En la BENV se la aplicaron, por acumulación de faltas fue dada de baja.
Ha ocurrido un uso absurdo de la reglamentación, que ya debería de haber sido reformada con una perspectiva de género para eliminar cualquier sanción y discriminación a las chavas por ser mujeres, por embarazarse, o por tener hijos. La falta de actualización de las reglamentaciones universitarias es prueba de la resistencia misógina, como también lo es lo absurdo y rígido de su aplicación. Los reglamentos escolares de las instituciones de educación superior fueron elaborados desde la perspectiva masculina y están plagados de referentes que sostienen su dominación; su reforma democrática es una asignatura pendiente y no habrá pleno respeto a los derechos humanos si no se transforman a profundidad. Sin embargo, la reforma legal sólo cobrará sentido cuando se cambien las conciencias y las creencias de los agentes de la educación.
Pues también ocurre un trato discriminatorio cuando secretarias, funcionarios, profesoras y profesores coinciden en sancionar, despreciar y condenar a una chica por haberse embarazado. Predomina en la institución un sentido común, una creencia compartida y una representación social dominante claramente discriminatoria hacia las mujeres que rompen o desafían los estereotipos establecidos. En la Normal, el sector dominante de la institución, integrado sea por hombres o mujeres, comparte una visión ideológica conservadora sobre la mujer que se impone durante la socialización y se reitera cuando se castiga a quien disiente.
En lugar de ser un espacio para reivindicar la independencia, la libertad, la creatividad y el derecho al conocimiento como base de la emancipación social, en la Normal predomina una visión anticuada que se opone a la liberación femenina. En la socialización escolar se impone un currículum oculto de carácter misógino que está orientando la formación de maestros. En efecto, Karla y otras estudiantes no son las únicas víctimas que están siendo afectadas por la discriminación y la dominación masculina; pues si estamos hablando de maestros en formación, tendríamos que reconocer que los efectos de la dominación son más amplios y trascenderán a las prácticas profesionales de los maestros en funciones.
La denuncia de Karla corre a cargo de la Comisión de derechos humanos, porque los órganos colegiados de la BENV no pueden resolver el caso de discriminación de que ha sido objeto. Es deseable que su demanda sea atendida, que le permitan terminar y acreditar sus cursos al tiempo que tiene a su hijo. Sin embargo, la Normal debería tomar medidas para que estos problemas no se repitieran y se garantizaran plenamente los derechos humanos de los estudiantes. A la BENV y a otras escuelas normales les vendría bien reconocer que su diseño institucional corresponde a un pasado que ya pasó y que sus reglamentaciones deben estar acordes con la Constitución y con la Ley general de educación superior; que les urge una reforma con perspectiva de género que ponga por encima la emancipación y liberación femenina, y que haga de las maestras y maestros un ejemplo de renovación de las relaciones entre hombres y mujeres.
América del Sur/Argentina/27-02-2022/Autor(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar
Así lo expresó la secretaria de Educación, Ana Sánchez. Algunos docentes realizan una medida de fuerza a la que desde el ministerio catalogaron como «ilegal».
La secretaria de Educación, Ana Sánchez, se refirió a la protesta de docentes autoconvocados realizada ayer durante el desfile del 25 de Mayo y que derivó en que hoy algunos maestros lleven adelante una medida de fuerza.
«Ellos tienen la libertad para manifestarse, pero debemos buscar consenso dentro del marco del respeto y legal. Van a ser escuchados y vamos a recibir su reclamo que, seguramente, es legítimo», dijo la funcionaria a Diario de Cuyo.
Respecto al paro convocado hoy por el sector dijo que se trata de una medida «ilegal». «La ministra solicitó que se garantice el servicio educativo, que las escuelas estén abiertas y los niños no sean despachados. El pedido es que las clases se den con la mayor normalidad posible porque no es un paro en el marco de la legalidad y convocado por los gremios. Puede que el docente no vaya, sabremos en la mañana el nivel de presentismo, pero los directivos deben garantizar el dictado de clases hoy», agregó.
Fuente e Imagen: https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/La-secretaria-de-Educacion-llamo-al-dialogo-a-los-docentes-autoconvocados-Van-a-ser-escuchados-20220526-0015.html
Los urbanistas me podrán decir que la rotonda tiene su utilidad. Como educadora, puedo decirles y demostrarles que no funciona para la transformación de la realidad social y educativa del país.
El 19 de mayo del año en curso, se celebró la 14a Asamblea Plenaria del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030. En esta sesión, estuvo presente un selecto grupo caracterizado por el trabajo y por la preocupación a favor de la calidad y de la equidad de la educación en la República Dominicana. Sin lugar a duda, el Pacto Educativo constituye uno de los hitos más importantes del quehacer educativo en los últimos años. De igual manera, evidencia, al menos en el discurso, el interés por liberar, al sistema educativo dominicano, del atraso y de la deficiencia sistémica. Este Pacto expresa la voluntad de la diversidad de sectores de la sociedad dominicana de hacer avanzar la educación y al país, desde la articulación de visiones, prácticas y recursos, de sectores gubernamentales y empresariales; así como del trabajo y experiencia de organizaciones de la sociedad civil y de los representantes de los partidos políticos. La composición del Pacto es plural; por ello, aunque no se aproveche, es un espacio idóneo para optimizar la construcción colectiva y la conjunción de talentos para ver y hacer más allá de los intereses particulares. Otro rasgo distintivo del Pacto Educativo es la presencia de diversidad de Ministerios comprometidos con su desarrollo. Asimismo, incluye la representación de ámbitos educativos, como la educación preuniversitaria, la educación superior y la educación de las personas con condiciones especiales. El ámbito de la educación técnica ha de retomar su participación activa.
A los 8 años de la firma del Pacto Educativo, nos encontramos con una plataforma que se especializa en dar la vuelta a la rotonda. Esta especialidad se caracteriza por girar en torno a la misma idea, sin aplicación práctica que eleve cualitativamente la educación nacional. Se plantea la necesidad de un sistema de indicadores que posibilite las concreciones y la calidad de la educación. El tiempo se va, y se descubren carencias en detrimento de una acción razonada y efectiva. Esta cultura no favorece el desarrollo institucional; tampoco contribuye a la aplicación de las razones y objetivos que les dieron sentido al Pacto. Por tal motivo, esta instancia tiene que redireccionar su dinámica de funcionamiento y su política, para darle cumplimiento a las metas que ha de impulsar y alcanzar. Es injustificable que, en 8 años, no se pueda exhibir ninguna acción creíble derivada del trabajo desde este organismo. Los pasos que se han dado no han tenido el impacto que la educación necesita y que la sociedad demanda. En cada sesión no podemos acordar y reacordar que vamos a fortalecer la calidad de la educación. Todos los actores del Pacto Educativo somos responsables de una acción más eficiente y eficaz. Hemos de poner los medios y los recursos necesarios para ello. De continuar dando la vuelta a la rotonda, se acentuará el desfallecimiento educativo nacional y paralizará a la sociedad dominicana. Me atrevo a afirmar que ninguno de los participantes en el Pacto Educativo está interesado en que esto ocurra. Por lo tanto, urge un cambio radical en la conducción, en el trabajo y en los resultados del Pacto Educativo. Es necesario cambiar el tecnicismo que domina el desarrollo de la Asamblea Plenaria. De la misma forma, es importante que la agenda contemple menos temas de reflexión y que estos sean trabajados previamente. Las sesiones han de ser para el análisis y debate de las propuestas surgidas del estudio y de la praxis de los temas de la agenda que previamente se acordó. Estas sesiones de trabajo han de ser también para tomar decisiones sobre las propuestas presentadas y aprobadas. Tenemos que retomar el sentido y la acción estratégica del Pacto. En este orden, la lógica de la acción-reflexión-acción se debe aplicar sin pusilanimidad. La articulación entre reflexión-procesos y resultados es imprescindible. Es preciso, también, imprimir un carácter más ágil y práctico a las estrategias utilizadas por el Pacto Educativo, sin que mengue la calidad. Los urbanistas me podrán decir que la rotonda tiene su utilidad. Como educadora, puedo decirles y demostrarles que no funciona para la transformación de la realidad social y educativa del país.
Sistemas de cuidados, prioridad para las mujeres en planes de educación y empleo, iniciativas para hacer frente a la violencia: distintas políticas de género se han abierto camino en los programas de gobierno de varios de los candidatos presidenciales de Colombia. A continuación, un vistazo a algunas de las propuestas clave.
En el primer trimestre de 2022, el desempleo entre hombres se situó en el 10,4% en Colombia. Entre las mujeres, ese porcentaje escaló hasta 17,1%, según los datos del DANE. Las mujeres dedican, en promedio, 7:14 horas diarias a los trabajos de cuidado no remunerado y tareas domésticas. En los hombres la cifra cae a 3:25 horas, según las estadísticas oficiales. En un estudio de la ONU sobre la situación de las mujeres en pandemia, más de 60% de mujeres dijo que ellas o mujeres que conocían habían experimentado algún tipo de violencia.
Las cifras, en todos los ámbitos, muestran la situación de desventaja en la que se encuentran las mujeres con respecto a los hombres en Colombia. Esto es lo que proponen los principales candidatos a las elecciones que se celebrarán el 29 de mayo en el país.
Gustavo Petro
Gustavo Petro, candidato de Colombia Humana y de la coalición del Pacto Histórico, celebra su victoria en la consulta de izquierda del Pacto Histórico. (Crédito: Raúl Arboleda/AFP/Getty Images)
El capítulo sobre las políticas orientadas a las mujeres encabeza el programa de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, la fórmula que lidera las encuestas. Petro plantea que mujeres ocupen «el 50% de todos los cargos públicos en todos los niveles y las ramas del poder».
De ganar, proponen la creación de un Ministerio de la Igualdad que será el encargado de «articulartodaslaspolíticas para el empoderamiento integral de las mujeres, las diversidades de género y orientaciónsexual,generacionales, étnicas y regionales en Colombia». El plan también incluye la realización de campañas a nivel nacional para transformar los estereotipos de género.
Una de las propuestas en las que coincide con otros candidatos es la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que busca, según el programa, reconocer, recompensar, reducir y redistribuir las tareas de cuidado de las que históricamente se han hecho cargo las mujeres.
El tiempo dedicado al cuidado será reconocido como trabajo y recompensado. Al respecto, el plan afirma que las mujeres que durante toda su vida se han dedicado a los cuidados en el hogar serán integradas al sistema de pensiones. Además, a través de este sistema se buscará que el Estado y los privados brinden servicios de cuidado, para que se pueda reducir el tiempo que dedica la sociedad, especialmente las mujeres, a esas tareas.
En términos de aumentar el poder económico, el programa plantea que las mujeres tengan acceso prioritario a la educación superior pública, el crédito y la distribución y formalización de la propiedad de la tierra.
Petro también propone que se garantice un ingreso mínimo básico por encima de la línea de pobreza «para proteger y empoderar a las mujeres cabeza de familia».
En cuando a la violencia, proponen implementar un «plan de choque» para su prevención y erradicación, con un mención especial a los feminicidios, que se atacarán «creando un sistema nacional de alertas tempranas e instancias especializadas y capacitando funcionarios públicos«.
En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, el programa se compromete a acatar la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto, y hace énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo mediante el acceso efectivo a los métodos anticonceptivos y para una «higiene menstrual digna». También anuncia un plan nacional para prevenir los embarazados adolescentes.
En lo que refiere a la comunidad LGBTQ, Petro plantea avanzar en la inclusión laboral y en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. El candidato propone avanzar en «eliminar trabas y estigmas para reconocer la unión de parejas del mismo sexo y sus derechos a la adopción y a la seguridad social», así como que el sistema de salud apoye y acompañe el tránsito de género, entre otras medidas.
«Fico» Gutiérrez
El programa de Fico Gutiérrez y Rodrigo Lara Sánchez también tiene un capítulo exclusivo dedicado a las políticas diferenciales para reducir las desigualdades, en el que se enmarcan algunas metas vinculadas a la inclusión de las mujeres.
Una de las metas principales en el marco de la lucha contra la violencia hacia la mujer es mejorar y ampliar la línea 155 como canal para atención a las víctimas. El programa propone simplificar «la ruta de atención con una única puerta de entrada a la justicia que facilite el acompañamiento y la atención integral».
Además, se proponen la realización de campañas de comunicación para la prevención del acoso y la explotación sexual.
El programa hace énfasis en la «salud integral» de las mujeres y se propone, entre otras medidas, fortalecer la educación sobre derechos sexuales y reproductivas, así como las acciones para prevenir el embarazo de menores y las uniones tempranas. Aquí el programa hace un una mención especial a las migrantes.
En la política y los programas de generación de empleo las mujeres tendrán preferencia, especialmente en áreas de mayor potencian como la digitalización, agro, etc. Aquí hay un énfasis en la mujer rural, para la que se propone fortalecer los programas para el acceso y tenencia de tierras así como la formación de capacidades, entre otras acciones.
También se propone reforzar la formación para que las madres cabeza de familia recuperen las capacidades laborales deterioradas por la pandemia e incentivos para las mujeres que sigan carreras STEM, es decir en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas.
Las propuestas de Gutiérrez ponen también el foco en el emprendedurismo, comprometiéndose a aumentar la cantidad de emprendimientos de mujeres que reciben apoyo a través del Fondo Emprender del SENA, entre otros mecanismos.
«Fico» Gutiérrez también propone la creación de un Sistema de Cuidado y, en el marco del mismo, sostiene que se ampliarán los modelos de los programas Buen Comienzo y De Cero a Siempre, y que se implementará la Ley de licencia parental compartida.
En cuanto a la comunidad LGBTQ, una de sus principales metas es fortalecer los canales de denuncia y que los integrantes de la comunidad puedan tener un mejor acceso a la justicia. Además plantea levantar las «barreras de acceso al mercado laboral a través del Servicio Público de Empleo y alianzas con el sector privado», entre otras medidas.
Rodolfo Hernández
Rodolfo Hernández se compromete, según su programa de gobierno, a que por lo menos el 50% de los cargos en la función pública se asignen a mujeres y que también al menos la mitad de su gabinete lo ocupen mujeres, «con prioridad de la población joven, las madres cabezas de hogar y las personas con discapacidad».
Como parte de las medidas para favorecer la participación de las mujeres en el mercado laboral, Hernández plantea la construcción conjunta por parte del Gobierno y de empresas privadas de espacios donde se cuide a los hijos de las mujeres trabajadoras. También propone que se generen estrategias de flexibilización para que las mujeres que son cabeza de familia puedan trabajar.
El programa aspira a la cobertura universal de educación en todos los niveles y postula que, a partir de este hito, las mujeres podrían estar en una situación de más competitividad para ingresar en el mercado laboral.
Hernández menciona la necesidad de reforzar los programas que existen de educación integral para las mujeres rurales y crear nuevos. Estos cubrirían temas como la prevención de la violencia, el emprendimiento y las buenas prácticas agrícolas, entre otros.
Varias líneas de su programa refieren a la violencia contra las mujeres, e incluyen la capacitación de funcionarios, ampliar la cobertura de los centros de acogida de víctimas de violencia y articular la gestión de las distintas instituciones que están involucradas en la atención a las mujeres que sufren violencia.
En lo que respecta a la comunidad LGBT, Hernández plantea «hacer efectivas e impulsar las políticas vigentes en materia de inclusión» con acciones afirmativas y crear espacios de diálogo para que las distintas orientaciones se encuentren representadas en los planes de desarrollo.
Sergio Fajardo
Sergio Fajardo fue el ganador de la coalición Centro Esperanza, pero obtuvo menos votos que la candidata de izquierda Francia Márquez. (Crédito: Juan Pablo Pino/AFP/Getty Images)
El «Programa por la igualdad y derechos de las mujeres» de Sergio Fajardo tiene tres ejes de trabajo principales: la creación de un Ministerio de las Mujeres y Equidad de Género, la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Cuidados e incluir el enfoque de género en todos los compromisos y propuestas hechas por el candidato.
En línea con propuestas mencionadas anteriormente, el Sistema Nacional de Cuidados que plantea Fajardo propone medir el aporte del trabajo de cuidados y doméstico no remunerado y promover la reducción y redistribución de las tareas. Para lograrlo menciona, entre otras acciones, lograr un alcance universal de los niños de 3 a 5 años en centros de desarrollo o educativo y ampliar las jornadas escolares extendidas, de manera que los adultos puedan utilizar esas horas para trabajar.
El Ministerio de las Mujeres, otro de los pilares de la propuesta de Fajardo, sería el encargado de promover y avanzar en el logro de la autonomía económica, física y para la participación de las mujeres, según el programa propuesto por el candidato.
Pero además Fajardo propone transversalizar el enfoque de género en los programas de otras áreas. Esto, por ejemplo, en el área del trabajo implica que de los 440.000 empleos nuevos que se plantea generar si gana, el 70% sea para mujeres, dado el impacto mayor en el desempleo.
En lo que respecta a la justicia, se plantea fortalecer el enfoque de género en el acceso, haciendo hincapié en herramientas como las Comisarías de Familia y las Unidades Móviles de Justicia.
Y, entre las acciones vinculadas a la salud, además de hacer énfasis en la promoción de la salud sexual y reproductiva y la prevención del embarazo adolescente, el programa también se refiere específicamente al aborto, afirmando que reglamentarán «de manera integral» la práctica del aborto en consonancia con la definición de la Corte Constitucional con el objetivo de que las mujeres puedan decidir «sin estigma social alguno».
Fajardo tiene un capítulo dedicado a la comunidad LGBTQ en el que propone, entre otras acciones, fomentar los entornos escolares seguros y la inclusión laboralmente, especialmente de las personas trans. También hace énfasis en la formación de los funcionarios públicos y especialmente del Ministerio de Salud, para que comprendan las necesidades que tienen las personas trans.
América Central/Puerto Rico/20-05-2022/Autor(a) y Fuente: www.metro.pr
Este año, el magisterio del sistema público recibió un aumento de 1,000 dólares al salario base.
El Departamento de Educación otorgó el jueves, estatus permanente a 968 maestros transitorios del sistema público según lo anunció el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.
“Nos sentimos sumamente satisfechos en poder darle permanencia a este grupo de maestros que han demostrado su compromiso para con los estudiantes de nuestro sistema público. Ellos, en conjunto con todos los demás componentes de las comunidades escolares, se convierten en un frente común para contribuir en forjar un futuro brillante para nuestros estudiantes y para Puerto Rico”, dijo Ramos Parés en conferencia de prensa.
Los maestros que obtuvieron sus permanencias pertenecen a distintas categorías, entre ellas: Educación Especial, Educación Temprana, Música, Idiomas, Educación Física, Bellas Artes, Educación Ocupacional y Técnica y Educación elemental y secundaria, en todas las materias.
El pasado mes de noviembre se anunció que se otorgaron permanencias a otros 1,034 maestros, y 821 cambiaron su estatus de transitorio a probatorio, lo que reforzó la plantilla de docentes en todas las regiones educativas.
Este año, el magisterio del sistema público recibió un aumento de 1,000 dólares al salario base. De la misma manera, el Departamento de Educación hizo acuerdos con la Universidad de Puerto Rico para ofrecer cursos, conducentes a obtener su certificación o completar estudios de Maestría o Doctorado para todos los docentes del sistema. Este año también se reactivará la Carrera Magisterial, por lo que estos cursos, les permitirán cualificar para participar del programa, lo que les permitiría obtener aumentos salariales, basados en sus grados académicos.
Fuente e Imagen: https://www.metro.pr/noticias/2022/05/19/educacion-otorga-permanencia-a-casi-mil-maestros-transitorios/
Pilar Alegría tiene una agenda extremadamente apretada. Nos recibe en Valencia, después de su intervención en el XII Encuentro Internacional sobre la Profesión Docente, organizado por la Internacional de la Educación (sindicato mundial de docentes) junto a la OCDE. Media hora escasa para hablar de las 24 medidas que deberán cambiar la profesión docente, de ratios o de los procesos de empleo público de los próximos años.
Pilar Alegría (Zaragoza, 1977), ministra de Educación y FP, nos recibe en el valenciano Palau de les Arts durante la celebración del XII Encuentro sobre la profesión docente que organiza la Internacional de la Educación y la OCDE con un buen número de ministros de Educación de medio mundo.
La agenda es muy apretada, de manera que en media hora hay que intentar hacer balance de casi un año al frente del Ministerio y ver algunos de los retos para los próximos meses: oposiciones, estatuto docente o los primeros pasos de la Lomloe en las aulas coparán la conversación.
Casi un año desde el nombramiento ¿Qué balance hace?
Hago un balance muy positivo. La agenda durante este año ha sido muy intensa y lo que todavía nos queda. Creo que el hecho positivo de haber sido capaces de aprobar una ley educativa, de empezar a desplegarla (el próximo curso en los años impares ya se pone en marcha los cambios), el haber posibilitado hace unas semanas aprobar la Ley de FP que era una deuda pendientes… Empezar con el debate, que me atrevo a decir que es la reforma más importante que tenemos, la de la profesión docente con ese documento de las 24 medidas y estamos trabajando para la puesta en marcha de una leu de las enseñanzas artísticas para la vuelta del verano. Agenda intensa y dando pasos importantes hacia adelante.
Hablando de las 24 medidas, me gustaría saber si hay algún calendario previsto después de que hayan pasado cuatro meses desde su presentación.
Cuando dimos a conocer el documento, una de las primeras decisiones que tomamos en el Ministerio fue arrancar con un texto que nos permitiera establecer el marco de las negociaciones con aquellas cuestiones que histórica y reiteradamente los propios docentes nos habían trasladado como importantes que mejorar o resolver. Digo esto porque la prioridad no ha sido ni es marcar un calendario fijo y exacto. Es más importante, creo, que tengamos esa capacidad de escucha activa, diálogo con todas las partes (profesorado, administraciones educativas, las organizaciones sindicales…); una flexibilidad para dialogar con las partes implicadas y vamos a empezar esa segunda fase ahora que hemos recogido un número importante aportaciones de todas las partes interesadas. Nos gustaría que en escasas semanas podamos juntarnos con un documentos más cerrado y que parta de las cuestiones básicas en las que estamos viendo que puede haber consenso. Lo más importante es continuar trabajando con aquello en lo que hay mayor posibilidad de llegar a acuerdos y consensos importantes. Hay importantes visos de acuerdo.
¿En qué cuestiones hay ese acuerdo?
Estamos ahora mismo recabando las aportaciones de las organizaciones sindicales, CCAA… Hay cierto consenso en que hay cuestiones en las que se podría mejorar, como la formación inicial. Pero por respeto a los interlocutores, lo queremos llevar de primera mano a las diferentes mesas.
Los sindicatos echaban en falta más concreción en el documento en lo relativo a la profesión docente. ¿Por qué el ministerio no se metió algo más en esa piscina y en qué dirección podrían ir las cosas?
Por parte del Ministerio no ha habido ninguna huída. No es cuestión de un mandato de la propia Lomloe. Pero es verdad que a la hora de plantear este documento de reforma de la profesión docente, nos pareció más oportuno no bajar tanto a la concreción sino marcar, como te decía, el perímetro de los temas que debatir y de esa manera abrir a que todos los agentes implicados pudieran plantear cuestiones para, en semanas, poder sentarnos con distintas concreciones.
Yo soy respetuosa con las decisiones u opiniones de los sindicatos o las CCAA, pero creo que todos los que estamos en este mundo educativo sabemos que frente a cualquier tipo de novedad, las opiniones son plurales y divergentes. Por eso, ya que hablamos de una reforma que lleva esperando 40 años, entendíamos que la mejor manera no era empezar planteando un debate cerrado. Quisimos hacerlo de otra manera. Y nos sentaremos con las partes implicadas con cuestiones más concretas.
¿Cuál es el objeto del documento? ¿Qué nos gustaría? Ojalá seamos capaces, a través del diálogo y los puntos de encuentro, de llegar a ese ansiado Estatuto de la Función Docente. La puerta se ha abierto y ojalá, de abajo arriba, podamos llegar a ese Estatuto. Ese es el objetivo. Como decía al principio, no hay un plazo claro y determinado para llegar porque hay que hacer un camino, poco a poco, y escuchando y hablando mucho que es lo que nos mejora también.
“El compromiso con la reducción de la temporalidad es un interés del Ministerio y de las administraciones educativas»
Hablando de profesorado, uno de los temas complicados es el de las oposiciones y el cambio del sistema. Los sindicatos no han visto con buenos ojos la separación de las pruebas, que puede impedir que una misma persona se presente a plazas de reposición o de estabilización…
El primer objetivo que teníamos, o uno de los objetivos más importantes era reducir uno de nuestros principales males, la temporalidad. Esas tasas de reposición 0, esos recortes presupuestarios del Gobierno del PP, con la situación de pandemia que hemos vivido, nos han llevado a unas cifras de temporalidad en el sistema educativo no universitario entre el 23 y 24 %. Teníamos, además, sentencias europeas que nos empujaban en esta dirección también, por lo que el objetivo era reducir al 8 %. Se aprobó una ley en diciembre pasado, en el Parlamento, y teníamos que aplicarla en el terreno de la docencia.
Hay dos planteamientos, por un lado los interinos que tiene plaza previa al 1 de enero de 2016. Es el caso de quienes tienen que pasar el concurso de méritos. Y una fase de concurso oposición para las fechas posteriores. El Consejo de Estado nos hizo una observación esencial en la que determina que las plazas de reposición: personas que se jubilan, personas que van a otro puesto y dejan la plaza, tenían que ser cubiertas a través de concurso oposición y no de uno de méritos. Fue un observación esencial y nosotros la recogimos. Lo que se aprobó en el Consejo de Ministros atiende, por un lado, a esos interinos que llevan más tiempo, que podrán consolidar su plaza en el concurso de méritos y el resto podrán participar en un concurso oposición, en el que, como sabes, se han cambiado diferentes cuestiones. En cualquier caso debemos ir hacia esa necesaria estabilización que, te diré, es una reclamación importante, histórica y, a mí, es uno de los temas que más me han planteado cuando voy a zonas rurales: la grandísima movilidad que tienen los docentes. Creo que con estas pruebas, que se desarrollarán hasta 2024, vamos a conseguir esa reducción de la temporalidad. Y eso redundará en la mejora de las condiciones laborales y, por tanto, en una mejora del sistema educativo.
El hecho de que las CCAA hayan planteado la convocatoria de este año con el sistema previo al negociado con los sindicatos, deja en dos convocatorias la posibilidad de bajar la interinidad al 8 %. ¿Va a dar tiempo?
No tengas ninguna duda de que, si hay interesadas en que se hagan, estas son las administraciones autonómicas. La prueba de concurso de méritos la tienen que hacer de aquí al 24. Hay un interés general, no solo por parte del Ministerio. El compromiso con la reducción de la temporalidad en el sector educativo es un interés del Ministerio y de las administraciones educativas.
Me alegra su optimismo…
Bueno, creo que compartimos el objetivo, el objeto de mejorar la educacion. Y mejorar la educación en nuestro país depende de muchos factores y uno de ellos es seguir mejorando o mejorar también las condiciones laborales de nuestros profesores y profesoras. Es una de las principales premisas. Mejorar nuestro sistema educativo también pasa por mejorar los recursos y medios que tenemos a disposición. Y el mejor recurso que tenemos a nuestra disposición son nuestros profesores. Cuanto más capaces seamos de mejorar su proyección laboral, mucho mejor para todos.
PGA
Y hablando de condiciones de trabajo, hay que preguntar por las ratios. Decías en una entrevista que te parecía más interesante no hacer una bajada de ratios lineal sino viendo en dónde tenía más impacto…
No es un tema sencillo ni que tenga una respuesta única. Todo el mundo apostaría por tener menos alumnos por aula, empezando por el profesorado que, a veces, lo tiene muy difícil y hay que reconocerlo. Pero, debemos partir siempre de un planteamiento: las ratios deben estar al servicio de los objetivos y los procesos educativos. Así, el número de alumnos que tengamos dentro de un aula deberá ser el adecuado a la actividad educativa que se realice.
Te pongo un ejemplo: no hace mucho, visité un centro público, el IES Julio Verne en Leganés (Madrid), en el que profesores de distintas especialidades tenían un proyecto educativo en el que juntaban varios grupos de alumnos en un mismo espacio. Así el aula podía alojar a 60 o 90 alumnos a la vez durante dos horas, no una vez, sino muchas. Pero la ratio no se medía por curso, sino por profesor, que trabajaban de forma cooperativa en la misma aula. Y todo el mundo valoraba la experiencia de forma enormemente positiva.
Por tanto, la ratio ideal debe ser aquella que mejor facilite el aprendizaje de nuestros alumnos, siempre, claro está dentro de los límites que nos podamos permitir. Pero debe posibilitar la atención a la diversidad, la inclusión, la socialización y la buena gestión de las aulas.
Dicho esto, en los últimos años las ratios se han ido reduciendo y ahora mismo tenemos unos niveles homologables a los de la OCDE, más bajos aún si nos referimos a la ratio por profesor. Y se ha hecho un esfuerzo enorme durante la pandemia, que sería bueno mantener en lo posible.
En la regulación de los requisitos mínimos de los centros se establecen ratios por grupo según las etapas educativas. Pero sabemos que en la práctica hay otras fórmulas para calcular qué es lo mejor. Por poner otro ejemplo: adaptarlas a las características de las áreas o materias. Suele ponerse el ejemplo del inglés, asignatura en la que son frecuentes los desdoblamientos de los grupos. Pero eso no podía ponerse en una Ley y por eso siempre se ha optado por la fórmula de ratio por grupo y nivel, dando a las comunidades autónomas la flexibilidad necesaria para adaptarla a sus diseños curriculares y organizativos. Desde luego, aquí entran también las medidas de refuerzo de personal que debieran tener los llamados “centros de difícil desempeño”.
Y, por último, una vez más, basémonos en la confianza en los docentes: Demos autonomía al profesorado para organizar sus grupos y su trabajo cooperativo, dentro de los límites que los espacios y los recursos permitan. Y debemos seguir esforzándonos en la mejora de esos recursos y su formación.
El aprendizaje por competencias en absoluto desprecia la memoria, ni la memorización
¿Esto lo puede regular el Ministerio, una norma estatal que marque que centros con determinadas circunstancias pueden bajar ratios en ellos?
Más que hacer una normativa estatal, tendríamos que llegar a un acuerdo generalizado con las CCAA. Al final tienen la competencia. Yo soy respetuosa y estoy convencida, después de lo vivido estos dos años, que los territorios estarían en disposición de hacer un debate en esta línea.
Cambiando el tercio… en unos meses empieza la Lomloe a dar los primeros pasos. Ya tenía bastante polémica a sus espaldas, con un porcentaje de docentes que no les gusta y hace unos días con un manifiesto firmado por intelectuales. Parece que uno de los problemas importantes siempre es el de las comptencias vs- contenido.
Es que no es una antítesis, no son antónimos el aprendizaje por competencias y el memorístico, que parecieran campos ajenos. El aprendizaje por competencias en absoluto desprecia la memoria, ni la memorización.
Ayer tuve una reunión con el secretario general de la OCDE y con el padre del informe PISA, Andreas Schleicher. Ambos me trasladaron la satisfacción que hay en la OCDE por la reforma educativa aprobada en España y que lo que estamos empezando a poner en marcha es lo que otros países europeos habían y están desplegando; y las consecuencias han sido positivas objetivamente.
Toda reforma conlleva un debate acalorado, históricamente. Esto, per se, no es negativo, ahora bien, respondiendo a lo del manifiesto, respeto todas las opiniones, en este caso, conservadoras. Pero si las propuestas para mejorar la educación de mi país son no hacer nada o buscar siempre soluciones en el pasado, creo que no es el camino. En la educación creo que hay que remar al futuro; fijarnos en y hacer nuestras alternativas que otros países europeos están desarrollando y que les están funcionando bien; hacer nuestras las recomendaciones de organismos internacionales, que es lo que hemos hecho en esta ley, y, en definitiva, poner todos los medios para mejorar nuestro sistema educativo de nuestro país.
El camino de la mejora de la educación no es no hacer nada o buscar soluciones en el pasado
Las críticas que se han oído sobre la reforma educativa son reiterativas, no son nuevas. Algunas me llaman la atención, por ejemplo: la repetición. Hay gobiernos claramente conservadores que tienen la promoción automática, como Gran Bretaña. Al propio secretario general de la OCDE o (Andreas) Schleicher, les he hablado de este debate y les sorprendía porque en gran parte de los países de Europa la promoción, el paso de curso es universal en la etapa obligatoria. En la mayor parte de los países europeos. Respeto todas las opiniones, pero tengo claro que para mejorar la educación de mi país hace falta remar hacia delante y no buscar, siempre, fórmulas que nos llevan siempre a un pasado que creo que no nos llevan a ninguna parte.
Como ministra tiene el papel de confiar en que las CCAA van a implantar la ley sin más dificultad, aunque hay pruebas de que en algunas pasa lo contrario…
El ruido… No, las pruebas, no, el ruido y la puesta en escena nos dicen lo contrario. Digo esto porque cuando rascas y lees los decretos que aprueban esas CCAA que tienen mayor interés en criticar, a veces exageradamente, la reforma educativa, son prácticamente análogos a lo que ha aprobado el Ministerio de Educación.
Pensaba en Murcia, también en Madrid, como los dos baluartes más complicados. ¿Seguirá habiendo este ruido a partir de septiembre? ¿Le tocará al Ministerio tener que reconvenir a las comunidades?
Una cosa es el debate acalorado o la puesta en escena y otra cosa es qué nos hemos encontrado. Desde la crítica a lo que se publica no es tan divergente. No deja de ser curioso que hagas una crítica pero lo que queda es lo que legislas y lo que trasladas a los boletines. Y si uno se toma la molestia de leer los documentos que se aprueban, se da cuenta de que no colisionan con las del Ministerio. Evidentemente, si hubiese alguna cuestión que colisiona con la ley de educación, hay unos mecanismos de trabajo, de respuesta entre ministerio y comunidades. La mayoría de casos se resuelven a través de conversaciones o solicitudes de información. Mecanismos muy bien engrasados. Cuando hay alguna duda lo trasladamos y vemos si se puede o no hacer. Espero que a partir de septiembre, que empezamos con los nuevos currículos, el curso funcione con normalidad y que, además, será así, creo, porque tenemos unos magníficos docentes.
Sé que los cambios en las leyes educativas conllevan más trabajo para ellos, pero lo decía al principio, el trabajo que hacen y han hecho en la pandemia nos lleva a sentir un profundo orgullo por ellos. Junto a los sanitarios, su trabajo es el que más y mejor nos permite tener cohesión social.
En gran parte de los países de Europa la promoción, el paso de curso es universal en la etapa obligatoria
En relación a este esfuerzo docente a partir de septiembre, pienso en quienes no tengan claro lo del enfoque competencial. No sé si habrá un esfuerzo formativo en este sentido.
Hombre, creo que una de las cuestiones más importantes, de cara a septiembre y como parte importante dentro del objetivo de mejora de la profesión docente, es esa formación permanente. No solo pensando en esta forma de enseñar por competencias, sino porque es una necesidad. Por ejemplo, con la digitalización a la que nos hemos visto obligadas este tiempo, desde 2020, ahora con los cambios de la formación por competencias…
Un número importante de docentes en nuestro país ya enseña por competencias. Faltaba, creo, explicarlo en una ley educativa. En las múltiples visitas que hago a los territorios te diré que he hablado con muchos profesores y curiosamente veían favorable que se recogiera el aprendizaje por competencias y te decían que es lo que llevan mucho tiempo haciendo, quizá, llamándolo de otra manera.
Aunque no sea parte de la pregunta, este objetivo de mejora de la profesión docente, ¿cómo te diría?, no queremos mejorar al docente; tenemos unos magníficos docentes de los que me siento profundamente orgullosa; queremos mejorar la docencia, con ellos, porque son quienes nos han trasladado la necesidad de dar una vuelta a las metodologías, al aprendizaje digital… en ese camino, en ese reto, estamos muy ilusionados y volcados. En el centro del sistema, por supuesto, están los chavales y, en la misma línea, están los docentes.
Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/05/16/pilar-alegria-junto-al-de-los-sanitarios-el-trabajo-de-los-docentes-es-el-que-mas-nos-permite-tener-cohesion-social/
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