América del Sur/Venezuela/22-04-2022/Autora: Erika Hernández/Fuente: www.elnacional.com
56% de los docentes del país se han visto obligados a intercambiar bienes por comida para poder subsistir, de acuerdo con la Encuesta del Observatorio de Universidades (Enobu) realizada en 2021.
La Encuesta del Observatorio de Universidades (Enobu), sobre las condiciones de vida de la población universitaria en Venezuela, reveló que 33% de los profesores universitarios come menos de tres veces al día.
El estudio, realizado entre los meses de mayo y junio de 2021, contó con la participación de 4.180 docentes de 42 universidades públicas y 22 privadas, distribuidas en los 14 estados del país.
50% de los encuestados señaló que con respecto a 2020 su alimentación en 2021 empeoró y 45% dijo que se mantuvo igual, de acuerdo con los datos obtenidos por el Observatorio de Universidades.
En cuanto a lo que comen los profesores universitarios, la Enobu señaló que solo 23% consume fuentes de proteínas como carne, pollo y pescado tres veces a la semana. «Se observa que se disminuyen las porciones de comida y se selecciona lo más económico como los cereales, en contraposición con los productos cárnicos, vegetales y frutas. Estos dos últimos coadyuvan al mantenimiento de la salud ósea y muscular, y refuerzan el sistema de defensa del organismo», indica el documento.
El boletín alertó que entre la población estudiada hay notorias desigualdades territoriales. Según la encuesta, en el nororiente del país 48% de los académicos come menos de tres veces al día.
«En Guayana, encontramos el mayor porcentaje de profesores que han visto disminuir su alimentación», indicó la Enobu.
56% de los docentes universitarios del país se han visto obligados a intercambiar bienes por comida para poder subsistir, mientras que 86% tuvo que disminuir las raciones alimenticias por día durante los últimos 12 meses.
El estudio señaló que los profesores de mayor edad son los más afectados, pues 35% con 60 años de edad o más y 34% de 40 a 59 años comen menos de tres veces al día.
Durante 2021 el salario máximo por mes de un docente universitario en el máximo escalafón de una institución pública venezolana era de 11 dólares. Mientras que la Canasta Alimentaria rondaba los 341 dólares en ese entonces.
Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/venezuela/33-de-los-profesores-universitarios-come-menos-de-tres-veces-al-dia/
«Lamentablemente, en la educación especial existe un paulatino pero constante desmantelamiento de servicios enfocados a esta población…»
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis, 2019), dos de cada 10 personas con discapacidad no saben leer ni escribir, apenas 40 de cada 100 terminan la primaria y sólo siete de cada 100 tienen estudios de educación superior.
El ejercicio del derecho a la educación especial enfrenta retos aún más grandes que la educación regular. La lucha por su defensa, visibilización e inclusión real en las políticas y acciones públicas se tornan cada día más complicadas, pues aunque en las leyes se ha reconocido su importancia y necesidad, en la práctica no sucede así.
Las exigencias de aquellas personas que requieren acciones y materiales específicos –ya sea por alguna discapacidad física o intelectual o, incluso, por ser sobresalientes–, aún no pueden ser cubiertas por nuestro sistema educativo.
Estas carencias se han venido revelando de manera más constante gracias a la pandemia y el modelo de educación a distancia, pues las desigualdades generadas y la poca sensibilidad de las autoridades educativas nos han llevado a un momento muy crítico.
Lamentablemente, en la educación especial existe un paulatino pero constante desmantelamiento de servicios enfocados a esta población, una enorme falta de expertos y docentes que atiendan sus necesidades en las escuelas y la insuficiencia de materiales e infraestructura escolar. Ello se agrava cuando hay nula voluntad política y administrativa para resarcir estas desigualdades y una franca invisibilización de sus resistencias y exigencias.
Además, resulta más preocupante cuando se sabe que 99 por ciento de las personas con discapacidad que asisten a la escuela en México lo hacen en una institución pública y el fortalecimiento de sus trayectorias y la construcción de entornos educativos incluyentes, parece no ser prioridad para la Secretaría de Educación Pública (SEP) (Hermidia, 2022).
Y no es cualquier cosa, estamos hablando de más de 20 millones de personas con alguna discapacidad y/o limitación (INEGI, 2020), por lo que la simulación y demagogia ya no pueden ser opciones.
La reforma educativa de 2018 trajo falsas esperanzas. Por un lado, se reconoce en la Constitución y la Ley General de Educación que la educación especial es fundamental en la búsqueda de la justicia y la equidad; sin embargo, parece letra muerta, pues las acciones emanadas desde las instancias gubernamentales caen en la omisión o la mala ejecución de las políticas públicas, lo que genera una doble victimización y la continuidad de modelos excluyentes y poco empáticos.
Esto también se ve reflejado en la reciente discusión y construcción de los nuevos planes y programas de estudio, donde no se tomaron en cuenta los amplios sectores organizados de personas con discapacidad ni hubo apertura a propuestas independientes de gran valor pedagógico.
Recientemente, el colectivo Educación Especial Hoy advirtió que, aunque la política de inclusión educativa ha transformado la percepción que se tiene del alumnado con discapacidad, lamentablemente casi todas las acciones de la SEP se han centrado en el magisterio, a cuyos miembros se les sigue utilizado para lavarse las manos y deslindarse de sus responsabilidades reduciendo la inclusión a un asunto de vocación y échaleganismo magisterial (2020).
Los retos políticos, administrativos y educativos parecen interminables. Sólo la organización colectiva e independiente puede mejorar el rumbo. No dejemos a nadie atrás.
Como al Olmo Seco de Machado, al que “algunas hojas verdes le han salido”, a deshoras de la vida dirán los cortos de vista, he vuelto al prodigio de sentarme en un pupitre y aprender. Párvulo a pesar de los surcos en la cara —en la escuela que volví eso no importa— me afano a trazar en el cuaderno bosquejos distintos del alfabeto de antaño, y deletreo, con torpeza, lo leído, mientras se apila en ese estante, herencia del abuelo, lo que habrá por leer.
“Muestra, Manuel, no digas”. Es la voz de mi maestro. Sí, es cierto, pues un abismo separa cuando afirmo que un perro está exhausto, a mostrar que camina rengo, con la lengua de fuera, y deja pequeñas huellas de sangre en la acera incendiada por el sol de un mediodía severo. “Mira: en lugar de informarnos que en Comala estaban a 48 grados centígrados, Rulfo escribe: “Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al Infierno regresan por su cobija”.
Esta experiencia me ha llevado a reflexionar en el papel que en la educación el arte tiene. No solo la literatura, aunque pensar desde ella me es accesible.
En la escuela aprendemos a leer y escribir, en general, de un modo plano: para descifrar manuales; hacernos de las instrucciones que permiten mecánicamente resolver problemas; como vehículo para “tomar notas”, o entender, es un decir, preguntas de exámenes de confusión múltiple. Incluso, en no pocas ocasiones, se llama lectura de comprensión a redactar lo que se lee de otra manera, sin advertir que no se quiebra el eco equidistante de lo literal: si coincide con lo establecido por la autoridad, palomita, y si no, tache. ¡Prohibido imaginar!
Para sobrevivir y trabajar tal vez sea suficiente. Pero más allá de aprobar las materias y pasar a otro curso, o ser adiestrado con el fin de ingresar al mercado de trabajo cuando existe empleo, hay, siempre, harto espacio: si de aprender a vivir, con todo lo que significa, se trata la educación, entonces no basta. Quedamos instruidos, no educados.
Acercar a las niñas y los niños a la literatura y, más aún, propiciar que la hagan suya, no es común en las escuelas del país. Tampoco a las artes plásticas, la música, la danza y otras formas de expresión artística. Mientras en el prescolar este proceso sí ocurre, en cuanto se deja ese nivel y se ingresa a “la escuela de verdad” —para nuestro infortunio— esa vereda formativa se angosta y luego cesa. Casi no hay teatro, menos fotografía o cine; tampoco el prodigio de dar forma al barro.
Camus decía: “Todo lo que yo sé de moral se lo debo al futbol y al teatro”. Hace años se discute el tema de la formación cívica y ética: ¿no será momento de dejar los cursos formales, y abrir el aprendizaje al contacto vivo con los escenarios donde aprendemos a ser otras, y al deporte que tanto contribuye a formar un nosotros; a saber perder, pero sobre todo a saber ganar, que es más difícil?
¿Cuántas preguntas brotan luego de una novela que atrapa y sacude, del lienzo que se resiste a dejar plasmada una emoción de muy adentro? Aprender a dudar, a cuestionar este mundo indecente y fundamentar la crítica, son todo un horizonte educativo. ¿El camino del arte no es uno de los más propicios para ello?
No sé cómo hacerlo, pero habrá quienes tengan ideas para ello. Hay que escucharlos y abrir las ventanas de las (j)aulas para que entre, con su dolor y luz, el arte que nos hace humanos. De nuevo volvamos a Machado: le brotaría, al edificio escolar, hendido por el rayo de la monotonía, gris y seco, “otro milagro de la primavera”.
Cerca de un centenar de mujeres concurrieron a la Legislatura porteña a una actividad convocada por la Comisión Especial contra la Violencia Institucional. El jefe de Gobierno porteño habia dicho que usaban a sus hijos como «escudos» durante las protestas.
Mujeres piqueteras dijeron este martes a Horacio Rodríguez Larreta que saldrán a las calles hasta que «garantice alimentos, salud y educación», luego de que el jefe de Gobierno porteño las acusara de usar a sus hijos como «escudos» durante las protestas en la vía pública.
«Larreta, vamos a salir a las calles a luchar por nuestros derechos hasta que usted garantice alimentos, salud y educación», dijo Alicia, vecina de la Villa 31, al participar de una actividad en el Salón Dorado de la Legislatura porteña.
Cerca de un centenar de mujeres concurrieron esta tarde de martes a la Legislatura porteña a una actividad convocada por la Comisión Especial contra la Violencia Institucional, presidida por el diputado porteño Gabriel Solano, del Frente de Izquierda.
«Llevamos a nuestros hijos porque alquilamos en lugares donde no es seguro dejarlos solos», dijo a su turno Reynalda, de la Villa 15, quien llevaba a su hijo en brazos, y agregó que «no se consiguen vacantes» en los jardines de infantes de la ciudad.
(Foto: Carlos Brigo).
«Somos la clase obrera y trabajadora, no somos delincuentes. Pedimos trabajo digno e igualitario para hombres y mujeres», agregó.
Otras oradoras del encuentro también reclamaron por un mejor funcionamiento de los Centros de Salud Comunitaria (Cesac) del Gobierno de la Ciudad, donde aseguraron que «no se consiguen turnos».
Las mujeres también pidieron acceso a un empleo registrado, y afirmaron que son «trabajadoras precarizadas» y que algunas de ellas trabajan en casas particulares, donde obtienen como salario «1.500 pesos por día».
La semana pasada, en declaraciones a la prensa, el jefe de Gobierno dijo que las mujeres que participaban de las protestas sociales en la Avenida 9 de Julio «usan a los chicos como escudo en los acampes para que la policía no los desaloje. Ellos tienen que estar en la escuela, no acampando en la ciudad».
En esa misma conferencia de prensa, Larreta dijo que pediría al Gobierno nacional que quite los planes sociales a quienes concurren a las protestas.
«Esos dichos después se transforman en hechos represivos graves», dijo durante el encuentro la legisladora porteña del Frente de Izquierda Alejandrina Barry, quien es la vicepresidenta de la comisión.
Cerca de un centenar de mujeres concurrieron a la Legislatura porteña a una actividad convocada por la Comisión Especial contra la Violencia Institucional.
Solano, a su turno, explicó que la comisión realizó esta actividad «para que las mujeres que día a día son atacadas por organizar reclamos contra la pobreza y contra el hambre tengan la oportunidad de expresar su verdad sobre la lucha que desarrollan».
Su compañera de bloque, Amanda Martín, acusó a Larreta de «hipócrita», ya que «reclama que los hijos de las movilizadas vayan a las escuelas, pero es su gobierno el que negó 50.000 vacantes para las solicitudes que hubieron este año».
El veto talibán a la educación femenina demuestra que los ultraconservadores mantienen el control del movimiento islamista y expone una pugna por el poder que pone en riesgo la ayuda internacional necesaria para la población de Afganistán, aseguran los expertos.
Los colegios de secundaria para mujeres fueron cerrados el mes pasado, apenas horas después de reabrir por primera vez desde el regreso de los talibanes al poder en agosto.
El giro, ocurrido tras una reunión secreta de los líderes del grupo en la ciudad de Kandahar, la cuna del movimiento, provocó indignación internacional y desconcierto en muchos de sus integrantes.
«La orden fue devastadora», indicó un alto responsable talibán a AFP. «El mismo líder supremo intervino», añadió.
Todas las autoridades talibanas que hablaron con AFP sobre la cuestión lo hicieron bajo condición de anonimato.
El movimiento nunca ha argumentado esta prohibición, más allá de señalar que la educación de las chicas debe concordar con los «principios islámicos».
Pero un alto responsable dijo a AFP que el líder supremo Hibatulá Akhundzada y otros dirigentes mantuvieron posturas «ultraconservadoras sobre este tema» y dominaron el debate.
Dentro del movimiento emergieron dos grupos: el urbano y los ultraconservadores, afirmó. Y «los ultraconservadores ganaron esta ronda», añadió.
En este grupo figuran influyentes clérigos como el jefe de justicia Abdul Hakim Sharai; el ministro de Asuntos Religiosos, Noor Mohamad Saqeb, o el ministro de la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, Mohamad Jalid Hanafi.
– Kandahar impone su influencia –
Estos clérigos se sienten excluidos de las decisiones del gobierno y expresan su oposición a la educación femenina como una forma de restaurar su influencia, dijo Ashley Jackson, una investigadora en Londres que ha trabajado extensamente sobre Afganistán.
Según ella, la «desproporcionada influencia de esta minoría desfasada» ha impedido que el país avance en algo que la mayoría de afganos respaldan, incluso gran parte de quienes están en el poder.
Esto «demuestra que Kandahar permanece como el centro de gravedad de la política talibana», opinó el analista Graeme Smith, del International Crisis Group.
Otro alto miembro talibán explicó que los radicales estaban tratando de apaciguar a miles de combatientes que proceden de zonas rurales profundamente conservadoras.
«Para ellos, incluso si una mujer sale de su casa, es inmoral. Imagínate lo que significa educarla», señaló.
El líder Akhundzada estaba en contra de la «educación moderna y secular» porque la asocia a la vida bajo los gobiernos respaldados por Occidente de Hamid Karzai y Ashraf Ghani. «Es su visión del mundo», añadió.
Los talibanes regresaron al poder el año pasado aprovechando la salida de las tropas internacionales lideradas por Estados Unidos dos décadas después de la invasión que propició la caída del primer régimen de los fundamentalistas (1996-2001).
En estos 20 años, las chicas pudieron ir a escuela y las mujeres pudieron buscar trabajo en todos los sectores, a pesar de que el país siguió siendo socialmente conservador.
El activista y académico islámico Tafsir Siyaposh indicó que las chicas en Afganistán siempre estudiaron en clases segregadas por sexo y seguían un currículo islámico, con lo que el veto enseña que los talibanes solo quieren «oprimir los derechos de las mujeres dando excusas».
– Golpe a la ayuda internacional –
Una fuente talibana en Pakistán confirmó las diferencias en la cúpula del movimiento sobre esta cuestión, pero aseguró que no había riesgo de fragmentación.
«Hay debate en este tema (…), pero estamos intentando superar nuestros defectos», dijo.
En cualquier caso, los analistas argumentan que esta prohibición socavó el intento de los talibanes de ganar reconocimiento internacional y recaudar ayuda para la grave crisis humanitaria del país.
Jackson aseguró que ni el líder Akhundzada ni las personas cercanas a él «entendieron completamente» las consecuencias en la comunidad internacional que ha vinculado el reconocimiento del movimiento al respeto de los derechos de las mujeres.
Incluso algunos altos mandos talibanes coinciden en esto.
«Les estamos diciendo (a los ultraconservadores) que gestionar un país es diferente a gestionar una madrasa», una escuela musulmana, confesó un responsable talibán en Kandahar.
«Todo iba bien hasta que esta dura orden llegó. Y llegó de nuestro líder, con lo que tenemos que seguirla, aunque intentamos cambiarlo», añadió.
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Esta prohibición reduce la predisposición de los gobiernos a cooperar con los talibanes, apuntó Smith, del International Crisis Group.
«Plantea la pregunta de con quién exactamente tienen que hablar dentro de los talibanes», agregó.
Los estadounidenses están profundamente divididos acerca de lo que se debe enseñar a alumnos de educación básica acerca del racismo y la sexualidad, de acuerdo con una nueva encuesta difundida en momentos que el Partido Republicano quiere hacer de la participación de los padres en la educación un tema central de su campaña electoral.
En general hay una leve tendencia a favor de ampliar —no reducir— las discusiones sobre racismo y sexualidad, pero cuatro de cada 10 dicen que el enfoque vigente es el correcto, y los porcentajes son similares en ambos partidos. Pero la encuesta realizada por la Facultad Harris de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research revela profundas diferencias entre republicanos y demócratas en cuanto a los ajustes a realizar.
Cuatro de cada 10 republicanos sostienen que los docentes en las escuelas públicas dedican demasiado tiempo a asuntos relacionados con la sexualidad, mientras que uno de cada 10 dice que es poco el tiempo. Entre los demócratas, esas cifras son a la inversa.
Las conclusiones reflejan un debate nacional altamente politizado que agita las juntas escolares y llega a las legislaturas estatales. Los republicanos ven en la pelea por los planes de estudio una guerra cultural que les puede ganar muchos votos en las elecciones legislativas de noviembre.
En los estados se han presentado nuevas leyes destinadas a limitar la enseñanza sobre el racismo y la sexualidad y sancionar una “carta de derechos de los padres” que daría una mayor trasparencia a los planes de estudio y les permitiría presentar quejas contra los docentes.
El impulso a favor de nuevas leyes para la educación elemental y media provino de la pandemia de COVID-19, cuando padres iracundos invadieron las reuniones de las juntas escolares para expresar su oposición al cierre de escuelas, la obligación de usar la mascarilla y otras medidas destinadas a impedir la trasmisión de la enfermedad.
Según la encuesta, el 50% de los estadounidenses dicen que los padres tienen influencia insuficiente en el plan de estudios, mientras que el 20% dice que es excesiva y el 27% está satisfecho con la situación tal como está.
En Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis sancionó una ley que prohíbe hablar de orientación sexual e identidad de género desde el jardín de infantes hasta tercer grado. La Casa Blanca y otros opositores a la ley la llaman “no digas gay”.
La encuesta revela una mayor tendencia a sostener que la tendencia a hablar de sexo y sexualidad en las escuelas es insuficiente en lugar de excesiva, 31% a 23%, pero el 40% aprueba la situación actual. La encuesta no preguntó sobre los grados.
La encuesta AP-NORC de 1.082 adultos se realizó del 17 al 21 de marzo con una muestra probabilística del AmeriSpeak Panel de NORC, diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error es de más o menos 4 puntos porcentuales.
Un número importante de mujeres no acuden a las instituciones médicas, en consecuencia, la causa de sus muertes no tienen un registro oficial.
Alrededor del 60 por ciento de las muertes maternas reconocidas y clasificadas como «infección» estaban asociadas a un aborto en Brasil y Colombia o tal vez ni aparezcan registradas, porque si el embarazo fue reciente no se mencionaba en el certificado.
De quedar vivas, recibirán quizá la infertilidad como secuela o la hemorragia, la perforación del útero y la infección, entre algunas de las complicaciones inmediatas. Si consideráramos que el número real de muertes maternas por aborto inseguro es aproximadamente el doble de lo que reflejan las estadísticas oficiales, quizá el análisis al tema sería otro en América Latina.
En este año 2022, Chile celebró la histórica votación de la Convención Constitucional que pone fin a la criminalización del aborto y asegura una Educación Sexual Integral. Colombia también despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación.
Anteriormente fue Argentina, ya cumple más de un año la ley que aprobó que el aborto inducido es legal y gratuito, cuando la gestación no supere la semana 14. Por su parte en el 2021, la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional criminalizar el aborto.
Foto: EFE
El cambio es notable, pero el tema también tiene detractores en América Latina. Sin excepciones, está prohibida la interrupción involuntaria del embarazo en los códigos penales de: El Salvador, Honduras, Haití y República Dominicana.
Paraguay, Perú, Costa Rica y Venezuela, sólo despenalizan el aborto en caso de que la salud de la embarazada corra peligro. Ecuador añade como motivos la inviabilidad del feto y violación a la mujer. En Bolivia se incluye la violación o incesto como causas y, en Belice, se agregan los factores socioeconómicos.
También el aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo, es ilegal según el Código Penal brasileño. Solamente puede acometerse cuando resulta de una violación, por riesgo la salud de la mujer o en el caso de anencefalia, una anomalía congénita.
Por el momento, los oficialistas conservadores del Congreso de Guatemala archivaron una ley polémica en marzo de este año. En medio de reclamos, contemplaron el endurecimiento de las penas por aborto y prohibirían el matrimonio homosexual.
La legisladora Lucrecia Hernández, de la bancada minorista de centroizquierda Semilla, dijo que, «la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, no dio la palabra para discutir las objeciones» contra la norma. «Les da vergüenza reconocer que teníamos razón y que ellos se equivocaron”, enfatizó.
La idea contenía la restricción en la enseñanza escolar sobre diversidad sexual y estimaba que «grupos minoritarios» amenazaban el “equilibrio moral” de la sociedad guatemalteca, proponían «modelos de conducta y de convivencia distintos al del orden natural del matrimonio y la familia”.
Salud Reproductiva
Hace 20 años, la División de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS) refirió en un informe que podrían ocurrir entre 83 y 250 muertes por cada 100.000 abortos. Refieren que en los países donde el aborto es legal, promedia una cifra de 0,6 fallecidas por cada 100.000 interrupciones del embarazo. Si comenzamos a sumar las posibles mujeres muertas por la práctica clandestina de un aborto, la cifra es espeluznante.
Todavía existe el temor a las consecuencias legales y a la censura, tanto como la deficiente estadística oficial relativa a la mortalidad materna, así como a la clandestinidad del procedimiento, afirma Erika Royston de la OMS, en su “Estimación del número de muertes por aborto”.
Por su parte, el Instituto Alan Guttmacher realizó un estudio en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana, los que reúnen al 70 por ciento de la población de América Latina. La investigación reflejó que en promedio se realizaron 2,8 millones de abortos inducidos en un año en Brasil. De haber sido estudiada toda la región latinoamericana, hipotéticamente, podrían superar los 4 millones.
Lo más terrible es que un número importante de mujeres no acuden a las instituciones médicas, en consecuencia, la causa de sus muertes no tienen un registro oficial. No convienen las investigaciones legales y sus consecuencias, por lo que tampoco el personal sanitario que participa incluye datos sobre complicaciones del aborto.
Cuando fallece una mujer después de los 40 días de practicado un aborto o de realizarse un nacimiento, generalmente no se considera en la categoría de muerte materna. Suponen que del 30 a 50 por ciento de las muertes maternas no queden registradas y pudieran ser el doble de lo que refieren las estadísticas oficiales.
Es razonable suponer que el subregistro sea mucho más alto para las muertes que ocurren como consecuencia de un aborto inducido en condiciones de clandestinidad, indica el estudio de Ana Langer: “El embarazo no deseado: impacto sobre la salud y la sociedad en América Latina y el Caribe”.
Muchas mujeres están expuestas a quedar embarazadas sin desearlo, por ser activas sexualmente, estar en edad reproductiva sin usar ningún método anticonceptivo o por utilizar los llamados métodos «tradicionales», como el ritmo o el coito interrumpido.
Aunque no hay datos comparativos con la actualidad, refieren que en 1998 esos embarazos no deseados fueron en Bolivia el 26 por ciento. Un año antes, en México fue un 12,1 por ciento. Para los especialistas en reproducción y demógrafos, estas mujeres tienen una «necesidad no satisfecha de planificación familiar o anticoncepción».
En 1994 existían 8 millones de mujeres con esta necesidad insatisfecha en Brasil, 1,8 millones en Colombia, 6,7 millones en México, 1,9 millones en Perú y 351 000 en la República Dominicana, según el Instituto Alan Guttmacher.
La Comisión Guttmacher-Lancet surge sin ánimo de lucro, en homenaje al ginecólogo y obstetra estadounidense que le da nombre, para promover cambios en las políticas, programas y prácticas públicas médicas relativas a la salud reproductiva. Las investigaciones señalan que ocurrieron aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados cada año, entre 2015 y 2019.
En la presentación del libro “El aborto en América Latina: estrategias jurídicas para su legalización y enfrentar las resistencias conservadoras”, de la Red Alas-Latinoamericana de Académicas y Académicos del Derecho, la especialista Agustina Ramón Michel resaltó que “en América Latina no se ha logrado el pleno acceso a la interrupción legal del embarazo, debido a la intervención de sectores religiosos y grupos conservadores, a que se le asocia con ‘lo malo’ y a que los partidos políticos no quieren asumir el riesgo”.
Pero el proceso de despenalización “se ha volteado hacia América Latina”, donde ha sido abierto y discutido, en comparación con el transcurso más elitista que tuvo lugar en Europa o Estados Unidos, precisó.
Embarazos involuntarios
Para el Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas (Unfpa), el embarazo no planeado y el aborto son experiencias compartidas por personas en todo el mundo, con un número especialmente alto en los países en desarrollo.
De estos embarazos no deseados, un 61 por ciento terminó en aborto, o sea, se practicaron 73 millones de abortos por año en el mundo. Muchas de estas prácticas fueron de forma insegura, lo que supone hasta un 13 por ciento del total de las muertes maternas.
“Para las mujeres afectadas, la decisión reproductiva más importante, ‘el quedarse o no quedarse embarazada’, no es una elección”, dijo a los periodistas la médica y directora ejecutiva del Unfpa, Natalia Kanem, la agencia del sistema para la salud sexual y reproductiva.
Foto: PL
La falta de educación, atención sexual y reproductiva, laceran tanto como los estigmas de las sociedades, la falta de opciones anticonceptivas, la pobreza y la violencia, el problema de la desigualdad de género.
Es especialmente grave cuando se trata de adolescentes, quienes apenas conocen sus cuerpos y en muchas ocasiones se ven presionadas y forzadas a establecer relaciones sexuales. Indica la ONU que unas 257 millones de mujeres de todo el mundo no desean quedar embarazadas, ni están usando métodos anticonceptivos modernos. Igualmente, refiere que hasta un 25 por ciento de ellas, no tienen capacidad para negarse a mantener relaciones sexuales.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas señala el aumento los casos de violencia sexual en situaciones de conflicto, donde las mujeres tampoco tienen acceso a métodos anticonceptivos.
La falta de acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a la participación política, el riesgo de las migraciones; todos estos factores están expuestos en un reciente informe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), el Colegio de México y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Las investigaciones de expertos de unas 20 naciones relatan las principales desigualdades de género y sus consecuencias para las juventudes. Plantean recomendaciones a las políticas públicas para atender estos conflictos, en tanto son las desigualdades sociales, un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos humanos, más aún en el caso de las mujeres jóvenes, indica la socióloga cubana María Isabel Domínguez, una de las especialistas.
Se incluyen las desigualdades socio-económicas, la condición e identidad de género, el grupo étnico racial, la orientación sexual discapacidad, los migrantes y las diferencias territoriales.
La relatoría incluye el tema del embarazo adolescente en la región. Para Cuba, esta situación tiene un peso mayor en las provincias rurales del oriente. A finales del 2020, se registraron 105.038 nacimientos, de los cuales en más del 15 por ciento las gestantes no superan los 19 años, y 369 eran niñas que aún no habían celebrado los 15 años.
En Cuba el aborto es legal y gratuito. El 1965, fue el primer país latinoamericano en despenalizar completamente esta práctica, dentro del primer trimestre de gestación. En 1979, un nuevo Código Penal sanciona el aborto ilícito, entendido cuando se comete por lucro; se realiza fuera de las instituciones oficiales; o se realiza por persona que no es médico o sin el consentimiento de la grávida.
En la mayor de las Antillas, las mujeres cuentan con una licencia de maternidad extensa y los progenitores con una licencia de paternidad. Las féminas tienen igual derechos sobre el salario y el 53,22 por ciento de los diputados en la Asamblea Nacional del Poder Popular son mujeres.
Se continúa trabajando entre el Ministerio de Salud Pública y el de Educación con fines didácticos, para lo cual fue aprobado en 2011 el programa de la sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales. El objetivo fue su aplicación en el currículo escolar de los niveles educacionales y el Programa de Atención Integral a la Salud de los Adolescentes del Ministerio de Salud Pública.
“Teniendo como referencia esos documentos, la educación en materia jurídica, implica que los profesores estén suficientemente preparados para dotar a los estudiantes de conocimientos relacionados con sus derechos universales y el acceso a los servicios de salud, por lo que es muy importante el perfeccionamiento y la actualización en educación integral de la sexualidad de todos los programas curriculares ya que permitiría actualizar los elementos cognitivos y preventivos, así como las conductas a seguir en caso de embarazo”, señala la asesora jurídica del Centro Oscar Arnulfo Romero, Liset Mailen Imbert Milán.
La especialista analiza que el espacio escolar no es el único ámbito. Considera también la relación con la cultura, las costumbres familiares y sociales. Así como la baja percepción de riesgo, la concesión de mayor independencia, la necesidad de reafirmación de la personalidad con “la búsqueda de independencia en la toma de decisiones en general y en salud en particular, más marcada en la adolescencia tardía y la posible presión de la pareja o grupo para no utilizar preservativo u otro método anticonceptivo”.
Aun así, se debe insistir en el trabajo de la educación sexual, porque ni el embarazo precoz, ni el aborto, deberían ser experiencias para una adolescente en cualquier parte del mundo.
El especialista en Ginecobstetricia y miembro de la Sociedad Cubana de Desarrollo de la Familia, profesor Miguel Sosa, afirmó que las adolescentes y jóvenes son más susceptibles a las complicaciones biológicas u orgánicas causadas por su propia condición de estar en proceso de maduración.
Por otra parte, advirtió que el embarazo en adolescentes menores de 18 años podría determinar cambios tanto hormonales, como metabólicos e influir negativamente en su proceso de desarrollo. Son particularmente importantes las afectaciones psicológicas que puede producir un embarazo no deseado en las adolescentes, en sus parejas y en su familia.
Dado el perjuicio que trae a la adolescente, a los hijos de esas madres casi niñas y a la sociedad que los acoge sin una maternidad y paternidad responsables, algo que parece dolorosamente común en Latinoamérica como el embarazo en la adolescencia, demuestra que el tratamiento de las políticas públicas, el trabajo en la educación y los nexos con la orientación de la salud, son insuficientes.
Derechos sexuales y reproductivos
Quedó para la historia cuando la Rusia soviética se convirtió el primer país en autorizar el aborto voluntario y gratuito en 1920.
Todavía en el Reino Unido, las mujeres deben acudir a dos médicos para que se les autorice el aborto, aunque el Servicio Nacional de Salud de ese país dice en su sitio web: “La decisión de tener un aborto es solo tuya”.
En la mayoría de los países del continente europeo, el aborto es legal. No obstante, el Parlamento Europeo insta a los países miembros a eliminar cualquier obstáculo en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y considerarlo como un “derecho humano”.
El ‘Proyecto Matic’ pretende que esta práctica sea garantizada por la salud pública, porque todavía se enfrentan al derecho de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, cuya negación de la atención médica se basa en las creencias religiosas o éticas para no realizar abortos.
Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro, constituye una violación elemental de la dignidad humana. Los derechos sexuales y reproductivos deben ser reconocidos indivisible e integralmente como derechos humanos y ejercidos responsablemente.
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